TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 448/2018-RA

Sucre, 29 de junio de 2018


Expediente                : Tarija 9/2018

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otros

Parte Imputada        : Alexander Dorado Contreras y otros

Delitos        : Conducta Antieconómica y otros


RESULTANDO


Por memoriales presentados el 14 y 16 de febrero de 2018, el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija representado por Miguel Ángel Exeni Clemente, de fs. 1346 a 1353 vta. y el Ministerio Público, de fs. 1355 a 1356 vta., interponen recursos de casación impugnando el Auto de Vista 17/2018 de 31 de enero, de fs. 1328 a 1334, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso penal seguido por el Servicio Departamental de Caminos (SEDECA) y las partes recurrentes contra Miguel Ángel Rojas Zamora, Eusebio Ortega Alvarado y Dante Marcelo Pardo Pérez, por la presunta comisión de los delitos de Incumplimiento de Deberes, Conducta Antieconómica y Complicidad, previstos y sancionados por los arts. 154, 224 y 23 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia 03/2017 de 6 de febrero (fs. 1227 a 1232 vta.), el Tribunal Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, mediante procedimiento abreviado declaró a Miguel Ángel Rojas Zamora, autor y culpable de la comisión del delito de Conducta Antieconómica, previsto y sancionado por el segundo párrafo del art. 224 con relación al art. 15 del CP, imponiendo la pena de dos años de reclusión, con costas a favor del Estado y al pago de reparación de daños y perjuicios a favor de la víctima. Asimismo en juicio oral el Tribunal resolvió aplicar criterio de oportunidad reglada a favor de Dante Marcelo Pardo Pérez y aplicar la suspensión condicional del proceso en favor de Eusebio Ortega Alvarado.


  1. Contra la referida Sentencia, el imputado Miguel Ángel Rojas Zamora, interpuso recurso de apelación restringida e incidental sobre las cuestiones accesorias planteadas en juicio oral (fs. 1242 a 1263), que fue resuelto por Auto de Vista 17/2018 de 31 de enero, dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, que declaró con lugar la excepción de extinción de la acción penal por prescripción planteada por el imputado, ordenando en consecuencia el archivo de obrados.


  1. Por diligencias de 5 y 7 de febrero 2018 (fs. 1341), las partes recurrentes fueron notificados con el referido Auto de Vista; y, el 14 y 16 del mismo mes y año, interpusieron los recursos de casación, que son objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN.


De los memoriales de los recursos de casación, se extraen los siguientes motivos:


II.1. Del recurso de casación del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija.


La parte recurrente hace una transcripción y cita de los fundamentos del Auto de Vista impugnado, haciendo énfasis en la resolución emitida respecto a las cuestiones incidentales, como también sobre los tres puntos resueltos de la apelación restringida del acusado, argumentando que de acuerdo a los arts. 326, 373 y 374 del Código de Procedimiento Penal (CPP), teniéndose anotado los antecedentes en el cuaderno procesal de autos, consistentes en Acta de Juicio Oral, Sentencia de Procedimiento Abreviado, Memorial del acusado solicitando Perdón Judicial y Auto Interlocutorio 63 de 9 de febrero de 2017, por el cuál se concede el beneficio del Perdón Judicial conforme al art. 368 del CPP; el recurrente manifiesta que resulta contradictorio e incomprensible que luego de que el mismo acusado acepta la admisión del hecho y su participación en el; además de la condena a imponerse (cita extracto de Sentencia), plantee su apelación restringida, teniéndose clara evidencia que la apelación por parte del acusado, no es más que otra cosa el buscar revalorizar los argumentos utilizados al momento de la interposición de las excepciones de extinción por prescripción y duración máxima del proceso, que tuvieron respuesta mediante Auto Interlocutorio 50/2017, por el cual se rechazó las mismas, no resultando prudente la apelación del acusado por no haberse demostrado que la Sentencia haya recaído en los defectos del art. 370 del CPP y por haber voluntariamente reconocido su participación en el hecho fáctico endilgado y renunciando al juicio oral y ordinario. De manera particular, la víctima es la única que puede plantear su oposición a la aplicación del procedimiento abreviado, de modo que establecer limitaciones a este derecho sería vulnerar el derecho que tiene la víctima de oponerse a tal pretensión, por lo que no es evidente según el recurrente- que el Tribunal de mérito haya inobservado la aplicación de la Ley sustantiva prevista en el art. 224 del CP o haya omitido la valoración de la prueba con las reglas de la lógica y la sana crítica, correspondiendo declarar sin lugar los agravios.


II.2. Del recurso interpuesto por el Ministerio Público.


La parte recurrente previo a realizar la cita textual del Auto de Vista con relación al CONSIDERANDO III. DE LA APLICACIÖN AL CASO CONCRETO, en su apartado III.1.9; denuncia, que la Resolución impugnada habría incurrido en contradicción y falta de motivación. Se tiene que de manera contradictoria con carencia de sindéresis jurídica el Auto de Vista en el apartado III.1.3 (cita texto), en el caso de autos, ya se habría resuelto anteriormente la situación del acusado Miguel Ángel Rojas Zamora conforme a la Sentencia 03/2017, siendo incongruente que las propias autoridades de la Sala Penal Segunda den lugar a la excepción interpuesta por el recurrente, indicando que tal interposición es factible hasta antes que se dicte la Sentencia, por lo que tanto a prima facie, no se debía ni siquiera analizar de fondo la excepción interpuesta. Por otro lado se observa que en el apartado III.1.8, el Auto de Vista señala lo establecido por el art. 11.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como el art. 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el art. 15.I del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; sin embargo, de ello es menester aclarar que tanto el delito de Incumplimiento de Deberes como el de Conducta Antieconómica no fueron incorporados por la Ley 004 de 31 de marzo de 2010, sino que fueron modificados por la Ley 004, considerando que los mismos fueron instaurados mediante la Ley 1768 de 1997, por lo que tampoco resulta congruente que los Vocales hayan fundamentado la resolución mediante la aplicación de tales normas, vulnerando las garantías y derechos fundamentales previstos en los arts. 115.I, 119.I, 123, 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE), así como los arts. 8 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; art. 8.2 inc. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, considerando el recurrente que el Auto de Vista es contrario a los Autos Supremos 253/2009 de 23 de abril y “158/2012”, emitiendo un fallo alejado del marco legal del art. 124 del CPP.


III.        REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)          Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)         Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)         Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de Julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos se advierte que las partes recurrentes fueron notificadas con el Auto de Vista impugnado el 5 y 7 de febrero de 2018, interponiendo sus recursos de casación el 14 y 16 del mismo mes y año; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que les otorga la ley, en cumplimiento del requisito temporal exigido por el art. 417 del CPP; toda vez, que el 12 y 13 de febrero fueron declarados feriados a nivel nacional por la festividad de carnaval, por lo que corresponde verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.


IV.1. Respecto al recurso del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija.


La parte recurrente en su único motivo señala que de acuerdo a los arts. 326, 373 y 374 del CPP, teniéndose anotado los antecedentes del cuaderno procesal de autos, consistentes en Acta de Juicio Oral, Sentencia de Procedimiento Abreviado, Memorial de acusado solicitando Perdón Judicial y Auto Interlocutorio 63 de 9 de febrero de 2017, por el cuál se concede el beneficio del Perdón Judicial conforme al art. 368 del CPP; resulta contradictorio e incomprensible que luego de que él mismo acusado acepta la admisión del hecho y su participación en el; plantee su apelación restringida, siendo que los incidentes tuvieron respuesta mediante Auto Interlocutorio 50/2017, por el cual se rechazó las mismas. Refiere que la víctima es la única que puede plantear su oposición a la aplicación del procedimiento abreviado, de modo que establecer limitaciones a este derecho sería vulnerar el derecho que tiene la víctima de oponerse a tal pretensión, por lo que no es evidente según el recurrente- que el Tribunal ad quo haya inobservado la aplicación de la Ley sustantiva prevista en el art. 224 del CP o haya omitido la valoración de la prueba con las reglas de la lógica y la sana crítica.


Del análisis del recurso de casación planteado, se evidencia que en sus argumentos y motivos, más allá de señalar disconformidad con la apelación restringida del acusado sometido a procedimiento abreviado, no establece ni alega precedente contradictorio alguno así como la contradicción que se pretendería de haberse invocado; determinándose el incumplimiento de los arts. 416 y 417 del CPP, cuyos preceptos legales han impuesto una carga procesal obligatoria a las partes recurrentes que deben observar en el momento de plantear sus recursos, requisitos sine qua non, es inviable poder considerar los recursos en el fondo, tomando en cuenta la labor nomofiláctica que cumple este Tribunal Supremo de Justicia, correspondiendo en consecuencia la inadmisibilidad del presente recurso de casación.


IV.2. Respecto al recurso del Ministerio Público.


La parte recurrente en su único motivo de casación, denuncia que el Auto de Vista impugnado habría incurrido en contradicción y falta de motivación, considerando que en el apartado III.1.3 (cita texto), la cuestión planteada ya se habría resuelto anteriormente conforme sale de la Sentencia 03/2017, siendo incongruente que las propias autoridades de la Sala Penal Segunda den lugar a la excepción interpuesta, indicando que tal interposición es factible hasta antes que se dicte la Sentencia. Por otro lado se observa que en el apartado III.1.8, el Auto de Vista señala lo establecido por el art. 11.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como el art. 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el art. 15.I del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; sin embargo, de ello es menester aclarar que tanto el delito de Incumplimiento de Deberes como el de Conducta Antieconómica no fueron incorporados por la Ley 004, sino que fueron modificados por la Ley 004, considerando que los mismos fueron instaurados mediante la Ley 1768 de 1997, por lo que tampoco resulta congruente que los Vocales hayan fundamentado la resolución mediante la aplicación de tales normas, vulnerando las garantías y derechos fundamentales previstos en los arts. 115.I, 119.I, 123, 180.I de la CPE, así como los arts. 8 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; art. 8.2 inc. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Invoca los Autos Supremos 253/2009 de 23 de abril y “158/2012”, emitiendo un fallo alejado del marco legal del art. 124 del CPP.


En el recurso de casación, si bien la parte recurrente invoca precedentes contradictorios, no refiere de forma taxativa y clara cuál es la contradicción de estos precedentes con el Auto de Vista, respecto a la facultad en que se ha acogido el Tribunal de alzada, como refiere la parte impetrante, cuando resuelve la cuestión incidental, declarando el archivo de obrados, en particular con el Auto Supremo 253/2009 de 23 de abril, siendo tal argumento, necesario al momento de interponer el recurso, conforme dispone el art. 416 del CPP, ya que no basta con señalar o denunciar defectos del Auto de Vista e invocar los precedentes, sino que se debe realizar una labor argumentativa del porqué los precedentes son aplicables al caso concreto y su relación positiva o negativa con el Auto de Vista, determinando expresamente la contradicción que pretende, caso contrario, como en el caso de autos, no es posible aperturar la competencia del Tribunal para ingresar al fondo de la casación planteada.


Asimismo, respecto al Auto Supremo “158/2012”, de la revisión del sistema integrado de jurisprudencia, cursan registros de tres resoluciones en número y gestión idénticas, pero de diferentes fechas (17 de julio de 2012, 12 de julio de 2012 y 28 de junio de 2012); donde cada uno resuelve declarar infundado y admisible las casaciones planteadas, que advertido de aquello, esta Sala Penal, considera que ante esta errónea invocación del precedente, que no permite establecer la correspondencia de la resolución con los argumentos vertidos en el recurso, tampoco es posible ingresar a la labor de contrastación por parte de este Tribunal.


Finalmente, el recurrente ha advertido que con el Auto de Vista existiría vulneración a garantías procesales y derechos fundamentales al haber el Tribunal de alzada resuelto la extinción de la acción penal por prescripción planteada conjuntamente la apelación restringida como cuestión incidental, alegando la afectación de los arts. 115.I, 119.I, 123, 180.I de la CPE, así como en inobservancia de los arts. 8 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; arts. 8.2 inc. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en desmedro de los derechos de la víctima particular y social.


Consiguientemente, este Tribunal conforme lo plasmado en el acápite anterior última parte de la presente Resolución, ha establecido criterios de flexibilización para aperturar la competencia del Tribunal casacional, vía excepcional, precisamente en atención a advertirse vulneración de derechos que generen posibles defectos absolutos que merezcan su atención; que como se señaló precedentemente, la parte recurrente invoca preceptos constitucionales y normativa internacional inobservada en vulneración de derechos y garantías, explicando escuetamente dichos agravios en base a los antecedentes y el daño emergente por el fallo judicial causado, por lo que en vía de flexibilización, ante dichas denuncias, corresponde ingresar al análisis de fondo del recurso para evidenciar la afectación o no de tales derechos y garantías constitucionales señalados supuestamente causados por la Resolución recurrida al momento de resolver la extinción de la acción penal por prescripción, resultando admisible el recurso de casación en análisis, únicamente dentro de los alcances establecidos de forma excepcional.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija representado por Miguel Ángel Exeni Clemente, de fs. 1346 a 1353 vta.; y, ADMISIBLE en parte el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público, de fs. 1355 a 1356 vta., únicamente dentro de los alcances establecidos de forma excepcional vía flexibilización, tomando en cuenta los alcances establecidos en la presente resolución. Asimismo, en cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, se dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo. 


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos