TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 445/2018-RA

Sucre, 29 de junio de 2018


Expediente                : Tarija 6/2018

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otra

Parte Imputada        : Bernardo Péres Ortis

Delito        : Violación


RESULTANDO


Por memorial presentado el 16 de febrero de 2018, cursante de fs. 433 a 435, Bernardo Péres Ortis, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 04/2018 de 23 de enero, de fs. 416 a 419 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, Dionicia Villarroel Vásquez y Erlinda Abrigo Villarroel contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Violación, previsto y sancionado por el art. 308 del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia 08/2017 de 20 de junio (fs. 351 a 358 vta.), el Tribunal de Sentencia de Entre Ríos del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, declaró a Bernardo Péres Ortis, autor de la comisión del delito de Violación, previsto y sancionado por el art. 308 del CP, imponiendo la pena de quince  años de presidio, con costas a calificarse en ejecución de Sentencia.


  1. Contra la mencionada Sentencia, el imputado Bernardo Péres Ortis formuló recurso de apelación restringida (fs. 399 a 404 vta.), que fue resuelto por Auto de Vista 04/2018 de 23 de enero, dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, que declaró sin lugar el recurso planteado; en consecuencia, confirmó la Sentencia apelada.


  1. Por diligencia de 7 de febrero de 2018 (fs. 422), el recurrente fue notificado con el referido Auto de Vista; y, el 16 del mismo mes y año, interpuso el recurso de casación que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del recurso de casación interpuesto, se extraen los siguientes agravios:


El recurrente haciendo referencia a los agravios sufridos por el Auto de Vista, ampara su recurso de casación, en los siguientes aspectos: i) Alega con relación al incidente de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, que el Auto de Vista recurrido declaró sin lugar a dicha apelación, confirmando la resolución impugnada con el argumento de que solo se habría realizado una relación de hechos en el recurso interpuesto respecto al rechazo del incidente y que no se habría expresado los agravios ni en qué sentido se vulneró los derechos, expresando además el recurrente que en el recurso de apelación restringida se mencionó que el Auto Interlocutorio vulneró el debido proceso, previsto en el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE), como los arts. 133, 27 inc. 10), 308 inc. 4) del Código de Procedimiento Penal (CPP), invocando las Sentencias Constitucionales 2121/2013, 1061/2015-S2, 445/2012 y el Auto Supremo 222/2007 de 7 de marzo. Asimismo refirió que se encuentra detenido desde el 24 de mayo de 2013 en la carceleta de Entre Ríos, sin realizar ningún acto dilatorio pero contrariamente el Tribunal de mérito resolvió en forma contraria al precedente. ii) Con relación al inc. 1) del art. 370 del CPP, respecto a la inobservancia y errónea aplicación de la ley sustantiva, expresó que invocó como precedentes contradictorios los Autos Supremos 329/2006 de 29 de agosto y 236/2007 de 7 de marzo, referentes a la adecuada calificación de los elementos configurativos del tipo penal y que en el mismo sentido habría sido fundamentado el voto disidente del Juez Técnico Leonor Martínez porque en el juicio no se habría demostrado la intimidación, violencia física o psicológica, menos acceso carnal y que la única persona que habría visto al imputado fue Celinda Téllez; sin embargo, los vocales complementaron los supuestos hechos que el día domingo 5 de mayo de 2013, la víctima salió a orinar donde supuestamente el imputado la redujo y procedió a accederla sexualmente, interpretación subjetiva que configura la contradicción con el precedente invocado. iii) Respecto al inc. 6) del art. 370 del CPP, referente a que la Sentencia se basa en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba, expresó que el Tribunal de Sentencia se basó en la acusación fiscal del supuesto hecho ocurrido el 9 de mayo de 2013; empero, se le condenó por un delito cometido el 5 de mayo de 2013, al respecto el Tribunal de alzada mencionó que no tiene facultad de revalorizar prueba; sin embargo, afirma que el certificado médico establecería moretones sin percatarse que dichas secuelas no corresponderían a la fecha del hecho endilgado, como también interpretaron la declaración de los testigos contradiciendo el Auto Supremo 221/2006 de 7 de junio, referente a la debida subsunción que deben realizar los juzgadores de acuerdo al principio de legalidad. iv) Referente al inc. 11) del art. 370 del CPP, respecto a la inobservancia de las reglas relativas a la congruencia entre acusación y la Sentencia, expresó que se configura este defecto de Sentencia debido a que el Tribunal de alzada mencionó que no se alteraron los hechos y que se sancionó por el delito de Violación, y por lo tanto no hay ruptura del principio de congruencia, sin valorar que se acusó por un hecho ocurrido el 9 de mayo de 2013 y se condenó por un delito inherente al 5 de mayo de 2013, contradiciendo el Auto Supremo 221/2006 de 7 de junio.


III.        REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)          Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)         Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)         Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de Julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos se advierte que el recurrente fue notificado con el Auto de Vista impugnado el 7 de febrero de 2018, interponiendo su recurso de casación el 16 del mismo mes y año; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que le otorga la ley, en cumplimiento del requisito temporal exigido por el art. 417 del CPP; toda vez, que el 12 y 13 de febrero fueron declarados feriados a nivel nacional por la festividad de carnaval, por lo que corresponde verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.


Como primer motivo el recurrente alega que el Auto de Vista impugnado declaró sin lugar a la apelación incidental de extinción de acción penal por duración máxima del proceso, con el argumento de que el recurso interpuesto se limitaría a una relación de hechos sin la debida fundamentación; asimismo expresa el impetrante, que el Auto Interlocutorio que rechazó su incidente, vulneró el debido proceso, invocando las Sentencias Constitucionales 2121/2013, 1061/2015-S2, 445/2012 y el Auto Supremo 222/2007 de 7 de marzo. Finalmente refirió que al estar detenido preventivamente no pudo realizar ningún acto dilatorio.


Al respecto, en la formulación del presente motivo se evidencia que se recurre en casación una apelación incidental que fue objeto de análisis y también resuelta por el Tribunal de alzada, por lo que conforme a lo dispuesto por las diferentes líneas jurisprudenciales contenidas entre otros, en los Autos Supremos 547/2003 de 29 de octubre y 131/2011 de 11 de marzo, no se puede recurrir en casación cuestiones incidentales que no correspondan a la esfera del recurso, por lo que deviene en inadmisible el motivo en análisis.


En cuanto al segundo motivo, refiere que invocó como precedentes los Autos Supremos 329/2006 de 29 de agosto y 236/2007 de 7 de marzo, respecto a la inobservancia y errónea aplicación de la ley, previsto en el inc. 1) del art. 370 del CPP, argumentando que en el juicio no se habría demostrado la intimidación, violencia ni acceso carnal, teniéndose como único testigo a Celinda Téllez; sin embargo, el Tribunal de alzada habría complementado los hechos basándose en una interpretación subjetiva contraria al precedente invocado.


Sobre el particular, analizado el motivo traído en casación se tiene que el recurrente realiza argumentaciones que van dirigidas contra la Sentencia, al invocar el defecto de Sentencia ya denunciado ante el Tribunal de alzada y sostener que en el juicio no se habría configurado los elementos constitutivos del tipo penal y por otro lado no señala de forma clara en qué consiste la contradicción entre el Auto de Vista impugnado con los precedentes invocados, pues se limita a referir que los Vocales complementaron los hechos de manera subjetiva y no fundamenta el motivo del agravio que le haya podido causar vulneración de derechos, omisión incurrida que no puede ser suplida de oficio por esta Sala Penal, incumpliendo los requisitos exigidos por el art. 417 del CPP, por lo que resulta inadmisible el presente motivo.   


Con relación al tercer motivo expresó que denunció el defecto de Sentencia previsto en el inc. 6) del art. 370 del CPP, referente a que la Sentencia se basó en hechos inexistentes, no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba, argumentando que el Tribunal de Sentencia se basó en la acusación fiscal de un hecho con una fecha distinta a la que posteriormente fue condenado y que el Tribunal de alzada al respecto mencionó que no tiene facultad de revalorizar prueba; sin embargo, afirmó que el certificado médico establecería moretones, sin tomar en cuenta que dichas secuelas no corresponderían a la fecha del hecho como también interpretaron las declaraciones de los testigos contradiciendo el Auto Supremo 221/2006 de 7 de junio.


Al respecto, se evidencia que el recurrente realiza argumentaciones que van dirigidos contra la Sentencia, al invocar el defecto de Sentencia ya denunciado ante el Tribunal de alzada y sostener que el Tribunal de origen se basó en la acusación de un hecho con una fecha diferente a la que fue condenado y por otro lado no señala de forma clara en qué consiste la contradicción entre el Auto de Vista impugnado con el precedente invocado, limitándose a referir que el Tribunal de alzada no consideró que los moretones no correspondían al hecho y que además interpretaron las declaraciones testificales contrariamente al precedente, sin explicarlo en qué consiste dicha interpretación, ni fundamenta el motivo del agravio que le haya podido causar vulneración a sus derechos o sus garantías constitucionales, omisión incurrida que no puede ser suplida de oficio por esta Sala Penal, incumpliendo los requisitos exigidos por los arts. 416 y 417 del CPP, resultando también este motivo en inadmisible.   


Finalmente respecto al cuarto motivo, expresó que se configura el defecto de Sentencia previsto en el inc. 11) del art. 370 del CPP, respecto a la inobservancia de las reglas relativas a la congruencia entre acusación y la Sentencia, debido a que el Tribunal de alzada mencionó que no se alteraron los hechos al sancionar por el delito de Violación, y que no existiría ruptura del principio de congruencia, sin valorar que se acusó por un hecho ocurrido el 9 de mayo de 2013 y se condenó por un delito inherente al 5 de mayo de 2013, contradiciendo el Auto Supremo 221/2006 de 7 de junio.


Sobre el particular, analizado y revisado este motivo traído en casación se evidencia que el Auto Supremo 221/2006 de 7 de junio, invocado en calidad de precedente, respecto a la denuncia de inobservancia de las reglas a la congruencia entre la acusación y la Sentencia previsto en el inc. 11) del art. 370 del CPP, no fue invocado en apelación restringida, siendo otros los precedentes citados en dicho recurso como los Autos Supremos 239/2012 de 3 de octubre y 166/2012 de 20 de julio, por lo que se incumple lo previsto por el art. 416 del CPP, omisión incurrida que no puede ser suplida de oficio por esta Sala Penal, incumpliendo los requisitos de admisibilidad, no pudiendo ingresar al fondo de la problemática planteada.


Las falencias advertidas en el planteamiento del recurso, como se vertió anteriormente no pueden ser suplidas de oficio ni con la mera referencia de vulneración al debido proceso o concurrencia de defectos absolutos como se observa también en todos los motivos, pues a efectos de ingresar al fondo de los agravios vía flexibilización, el recurrente tenía la obligación de cumplir con los presupuestos explicados en la parte final del acápite anterior de esta Resolución, mismos que fueron omitidos, al no realizar mayor argumentación, al no señalar en qué consistiría la restricción o disminución de las citadas garantías, y menos se explica el resultado dañoso, derivando en que los agravios resulten inadmisibles, aún acudiendo a los criterios de flexibilización.   


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Bernardo Péres Ortis, de fs. 433 a 435.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos