TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 441/2018-RRC

Sucre, 25 de junio de 2018


Expediente                        : Santa Cruz 174/2017

Parte Acusadora                : Mario Álvaro Martínez Gamarra

Parte Imputada                : Vania Limpias Loras 

Delito                                : Apropiación Indebida 

Magistrado Relator        : Dr. Edwin Aguayo Arando


RESULTANDO


Por memorial presentado el 13 de octubre de 2017, cursante de fs. 265 a 267, Vania Limpias Loras, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 34 de 9 de junio de 2017, de fs. 253 a 256, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por la Sociedad Promotora de Eventos S.A. “PROESA S.A.”, representada legalmente por Mario Álvaro Martínez Gamarra contra la recurrente, por la presunta comisión del delito de Apropiación Indebida, previsto y sancionado por el art. 345 del Código Penal (CP).


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


  1. Por Sentencia 44/2016 de 3 de noviembre (fs. 194 a 199 vta.), el Juez Primero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Vania Limpias Loras absuelta de culpa y pena de la comisión del delito de Apropiación Indebida, previsto y sancionado por el art. 345 del CP.


  1. Contra la mencionada Sentencia, Mario Álvaro Martínez Gamarra en su condición de representante legal de “PROESA S.A.” (fs. 228 a 235), interpuso recurso de apelación restringida, resuelto por Auto de Vista 34 de 9 de junio de 2017, dictado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declaró admisible y procedente el recurso planteado y anuló la Sentencia apelada disponiendo la reposición del juicio por otro Juez de Sentencia llamado por Ley, motivando la interposición del presente recurso de casación.


I.1.1. Motivo del recurso de casación.


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 200/2018-RA de 21 de marzo, se extrae el motivo a ser analizado en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


La recurrente refiere que el Auto de Vista no contó con la debida fundamentación debido a: a) La parte apelante manifestó que existe una errónea aplicación de la ley sustantiva, al no haberse tomado en cuenta los requisitos exigidos por los arts. 171, 173, 363 y 365 del CPP; sin embargo, no toma en cuenta que el Juez de Sentencia hizo un minucioso y correcto análisis de las pruebas ofrecidas, por la querellante Edda Rojo Mendoza; en consecuencia, dicha afirmación carecería de sustento ya que las mismas no son respaldadas con ningún otro tipo de prueba para poder demostrar la existencia de los ilícitos que se acusa a la imputada, siendo que son pruebas que emergieron valiéndose de su cargo administrativo dentro de la empresa PROESA S.A. (querellante), dejando muchas dudas al respecto siendo que en ningún momento se realizó una auditoría; b) La parte principal del proceso en todo momento era la querellante Edda Rojo Mendoza la misma que tenía la representación legal de la empresa PROESA S.A.; sin embargo, nunca presentó para respaldar sus acusaciones y supuestas pruebas dentro de un juicio oral el instrumento público de acreditación, situación que habría generado más dudas, que verdades sobre las acusaciones de los supuestos ilícitos imputados; c) No se realizó un análisis correcto sobre la participación del Juez de Sentencia, en la aplicación de los arts. 124 y 360 incs. 1), 2) y 3) del CPP, en la ejecución de la Sentencia, con la valoración fáctica de todos los elementos presentados durante el juicio, d) El Auto de Vista no tomó en cuenta el art. 362 del CPP, siendo que se le imputó y acusó por el delito de Apropiación Indebida y no por Abuso de Confianza; asimismo, no se tomó en cuenta que la acusación era contra otras dos personas más ya que dentro del primer supuesto delito se demostró que no había nada en contra de la imputada, e) Hace referencia al art. 3 del CPP, para señalar que el Auto de Vista vulneró dicho principio al no dar a ambos sujetos procesales lo que por equidad les correspondía a cada uno de una situación que ya estaba definida, con ello vulneró dicho presupuesto jurídico, puesto que al entrar a analizar las supuestas pruebas producidas, actúa parcializado con la parte querellante al favorecerle a la querellante, anulando una Sentencia sustentada. Dejando con este accionar de lado la igualdad jurídica que deben tener las partes en litigio tal como lo establecen los arts. 3 y 12 del CPP.


Con esos argumentos señala que el Auto de Vista se limitó a describir las pruebas de la parte querellante y las documentales, sin indicar porqué le merecieron crédito y cómo lo enlazó entre sí para formar un bloque sólido que dé sustento a los motivos de hecho y de derecho que se menciona en la Sentencia y que tampoco menciona cuales habrían sido los hechos probados y/o los no probados, conforme a la interpretación del Tribual de Supremo de Justicia, como ocurre en el presente caso. Esta fundamentación es precisamente la que se encuentra ausente en el Auto de Vista, porque en su inc. b) del último considerando se menciona que cuando no fuera posible reparar directamente, entonces podría anular total o parcialmente la Sentencia disponiendo la reposición del juicio por potro Juez o Tribunal, dando a entender que habría una falta de fundamentación o motivación y que estas omisiones en las que incurrió el Tribunal de mérito, dan lugar al defecto denunciado en la valoración de la prueba realizada por el Juez de Sentencia concluyendo de que fue fragmentada y descriptiva, pero de ninguna manera conjunta y armónica, fue fragmentada esta actividad, por lo que no lo hubiera hecho correctamente el Tribunal de alzada por lo que existiría el efecto denunciado, del fallo apelado por la apoderada de PROESA S.A., no se adecua a las normas procesales penales vigentes y que existen algunos de los defectos acusados por el recurrente por lo que corresponde declarar procedente el recurso y anular la Sentencia y disponer el juicio por lo que debiera haberse declarado nulos los reclamos e improcedente el recurso de apelación restringida contra la Sentencia. En tal sentido, el Auto de Vista carece de todos los requisitos, siendo fácil darse cuenta a través de su lectura se denota parcialidad del Tribunal de alzada hacia la querellante. También se constituiría en revalorización de la prueba. En consecuencia, señala que todos estos presupuesto fueron vulnerados por el Auto de Vista como ser el derecho al debido proceso y la seguridad jurídica previsto en la Constitución Política del Estado, el art. 8 del Pacto de San José de Costa Rica y el art. 14 de la Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; en consecuencia, señala que se debe respetar los principios procesales de publicidad, inmediatez, libre apreciación de la prueba, los derechos fundamentales como el derecho a la defensa, a la igualdad, a ser oído y juzgado en un proceso legal, etc., derechos que no pueden ser ignorados.


I.1.2. Petitorio.


La recurrente solicita que se analicen los argumentos de su recurso de casación en resguardo del debido proceso; en consecuencia, se deje sin efecto el Auto de Vista para que se confirme la Sentencia absolutoria.


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 200/2018-RA de 21 de marzo, cursante de fs. 275 a 277 vta., este Tribunal admitió el recurso de casación formulado por Vania Limpias Loras, para el análisis de fondo del motivo identificado precedentemente.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación y precisado el ámbito de análisis del recurso, se establece lo siguiente:


II.1.        De la Sentencia.


Por Sentencia 44/2016 de 3 de noviembre, el Juez Primero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Vania Limpias Loras absuelta de culpa y pena de la comisión del delito de Apropiación Indebida, previsto y sancionado por el art. 345 del CP, en base a los siguientes argumentos:


El delito de Apropiación Indebida se ve plasmado cuando el agente recibió valores en posesión o tenencia legítima; en el presente caso, lo único que se tiene acreditado y por versión de la acusada es que hubiera un manejo administrativo negligente al registrar unas facturas que no debía registrarse y no se ha generado prueba alguna para establecer que la imputada haya recibido ese dinero que se menciona en la acusación peor aún que se comprometió a devolver ese dinero; es decir, al no demostrar la entrega de ese dinero el autor, menos puede haber devolución de un dinero que ni siquiera se recibió; dicho de otro modo, la acusadora no demostró cómo es que hubiera entregado ese dinero a la imputada; en consecuencia, no se demostró que existiría entrega de algún valor, al tornarse la prueba en insuficiente y escasa para generar la convicción en el Juzgador sobre la responsabilidad de la imputada, ha existido la falencia en la prueba aportada; porque los hechos acusados se puede establecer que los mismos no se adecuan típicamente al delito acusado. En consecuencia, correspondió absolver a la imputada de conformidad al art. 363 inc. 2) del CPP.


II.2.  De la apelación restringida.

Contra la precitada Sentencia, el querellante Mario Álvaro Martínez Gamarra, presentó recurso de apelación restringida; del cual, se pasarán a detallar los argumentos atinentes al motivo admitido, por ser de interés al caso de análisis:


  1. El recurrente indica que el Juez inferior hizo una incorrecta y errónea interpretación de la adecuación de la conducta de la querellante a la norma, extremo que no condice con lo que establece el art. 345 del CP.


  1. Por otra parte, señala que la Sentencia absolutoria se basa en valoración defectuosa de la prueba documental, testifical; ya que por un lado, señala que se ha probado que lo señalado en la querella la querella aprovechando de la confianza se apropió del dinero que era de la empresa en el monto de Bs. 73.874.- y que generó una gran perjuicio a la empresa que representa, pero que el Juez en su Sentencia, dice que no se ha probado que Vania Limpias Loras sea responsable de la comisión del delito de Apropiación Indebida, no se habría demostrado el concepto ni el objeto del dinero que determine responsabilidad; asimismo, el recurrente señala que la Sentencia no se encuentra debidamente fundamentada conforme al art. 124 del CPP; ya que, no cumple con una estructura que debe contener una Sentencia; por lo que finalmente el recurrente, luego de hacer una serie de argumentos de orden legal, solicita que se ordene un nuevo juicio y se anule toda la Sentencia conforme el art. 413 del CPP.


II.3.  Del Auto de Vista impugnado.


La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, resolvió el recurso de apelación restringida, por Auto de Vista 34 de 9 de junio de 2017, que declaró admisible el recurso interpuesto y anuló la Sentencia y ordenó la reposición del juicio por otro Juez de Sentencia llamado por Ley, en base a los siguientes argumentos:


Refiere que el Juez de Sentencia, procedió de forma incorrecta sin tomar en cuenta e interpretar lo determinado por los arts. 345 y 346 del CP, porque el art. 377 del CPP, señala claramente el procedimiento a seguir para los delitos acusados de acción privada, donde las partes principales son el querellante y el imputado, prescindiéndose de la intervención del Ministerio Público, de tal forma que la querella constituye el mecanismo de acusación y la base del juicio que pone en movimiento el sistema judicial para el ingreso en forma directa al juicio oral público contradictorio y continuado, motivo por el cual deben cumplirse en ella los requisitos formales previstos por los arts. 290 y 341 del CPP; en este caso, se informa que la ciudadana Edda Rojo Mendoza mediante memorial presenta querella contra Vania Limpias Loras por dos delitos que son el de Apropiación Indebida y Abuso de Confianza, previstos y sancionados por los arts. 345 y 346 del CP, por lo que en esos casos el Juez de Sentencia no tiene atribuciones para modificar la querella; ya que, la acusación particular es una atribución de la víctima al tratarse de delitos de orden privado, entonces se ve que el Juez, el 25 de abril de 2014 admite la querella solamente por el delito de Apropiación Indebida previsto y sancionando por el art. 345 del CP, sin explicar porque no admitió por el otro delito de Abuso de Confianza, luego en 27 de septiembre de 2016 después de casi dos años de mora procesal el Juez de Sentencia dicta Auto de Apertura de Juicio oral solo por el delito de Apropiación Indebida y termina el Juicio oral hasta dictar la Sentencia absolviendo a la acusada Vania Limpias Loras del delito de Apropiación Indebida, sin explicar en qué situación queda el otro delito de Abuso de Confianza, entonces se observa que existe una total contradicción e incongruencia entre la acusación y la Sentencia, defecto previsto por el art. 370 inc. 11) del CPP, situación que se constituye en un claro motivo para anular la Sentencia.


El Juez de Sentencia no tomó en cuenta lo previsto por los arts. 171, 173, 363, 365, 370 incs. 1), 5) y 6) del CPP; en ese entendido la Sentencia absolutoria dictada por el Juez de Sentencia se advierte que tiene vicios absolutos de procedimiento, siendo que la Sentencia no se encuentra debidamente fundamentada, motivada, conforme lo previsto por el art. 124 del CPP, siendo que la Sentencia absolutoria no cumple con lo normado por el art 124 y 360 incs. 1), 2) y 3) del CPP; puesto que, no contiene los motivos de hecho y de derecho en que basa sus decisiones ni el valor otorgado a los medios de prueba; el fallo de mérito, si bien contiene una relación de los hechos históricos; sin embargo, en el mismo no se fijó, precisó y circunstanciadamente, la especie de que se estima acreditada y sobre el cual se emitió el juicio, que es lo que se conoce como fundamentó fáctico. Además del análisis de la Sentencia impugnada, se puede extraer que la misma se sustenta en hechos inexistentes que no fueron debidamente acreditados en la audiencia del juicio oral, incurriendo en lo previsto por el art. 370 inc. 5) del CPP; toda vez, que el Juez de Sentencia al valorar las pruebas de cargo y de descargo no analizó un uso del método de libre valoración racional y científica de acuerdo a las reglas de la sana crítica, la lógica y el sentido común, conforme a los arts. 171 y 173 del CPP, en el entendido de que no ha redactado su Sentencia de acuerdo a la estructura que establece la norma; ya que, existen premisas básicas que son de aplicación obligatoria, sino se cumple con la norma se incurre en defecto de la Sentencia; por lo que, la Sentencia absolutoria dictada por el Juez de Sentencia se aleja del orden estructural, es inexacta en los términos jurídicos, lo que provoca que no sea factible, comprensible; por esos motivos, se transgrede el derecho al debido proceso establecido en el art. 115 y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE), porque el Juez incurre en omisiones de estructura de su fallo judicial respecto a la fundamentación descriptiva e intelectiva, simplemente se limita a la descripción del tipo penal y su ubicación en el CP, dedicándose a hacer una cita de las pruebas tanto de cargo como de descargo, pero incurre en omisión de fundamentación de la Sentencia, con lo cual también se incurre en los defectos previstos por el art. 370 incs. 5) y 6) del CPP. Finalmente, si bien el Juez de Sentencia absuelve a la imputada apoyado en el art 363 del CPP; sin embargo, no especifica de manera precisa en cuál de los supuestos previstos por los incs. 1), 2), 3) o 4) basa la absolución, pues cada uno de ellos hace referencia a los motivos de absolución, diferentes uno del otro.


III. VERIFICACIÓN DE LA PROBABLE EXISTENCIA DE VULNERACIÓN DE SUS DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES SEÑALADAS

En el presente recurso de casación, la recurrente denuncia que el Auto de Vista, no contó con la debida fundamentación, se parcializó a favor del querellante e incurrió en revaloración de la prueba; lo que generó la vulneración del derecho al debido proceso y la seguridad jurídica; y principios procesales de publicidad, inmediatez, libre apreciación de la prueba, los derechos fundamentales como el derecho a la defensa, a la igualdad, a ser oído y juzgado en un proceso legal; aspectos por los cuales, corresponde ingresar al análisis de fondo a efectos de verificar dichos extremos.

III.1. Obligación de los Tribunales de emitir resoluciones fundadas en derecho y motivadas adecuadamente.


El Código de Procedimiento Penal, en el art. 124, establece: “Las sentencias y autos interlocutorios serán fundamentados. Expresarán los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba.


La fundamentación no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes”.


Conforme la normativa legal precitada, este Tribunal de Justicia, en la amplia doctrina legal emanada (Autos Supremos 342 de 28 de agosto de 2006, 207 de 28 de marzo de 2007, 319 de 4 de diciembre de 2012 y 149 de 29 de mayo de 2013), concordante con la jurisprudencia constitucional, estableció que la fundamentación de las resoluciones judiciales, constituye uno de los elementos esenciales del debido proceso, toda vez que brinda seguridad jurídica a las partes en conflicto, respecto a que sus pretensiones fueron escuchadas y merecieron el debido análisis de fondo, emergiendo  de él una Resolución, no sólo con base y sometimiento en la Ley, sino con explicación clara y precisa de las circunstancias y razones por las cuales las denuncias fueron acogidas de forma positiva o negativa, asegurando con ello, que el fruto de la Resolución, no es el resultado del capricho de los juzgadores, sino, de un estudio analítico y jurídico en procura de otorgar justicia.


También es preciso señalar que las resoluciones para su validez y eficacia, requieren cumplir determinadas formalidades, dentro las cuales se encuentra el deber de fundamentarlas y motivarlos adecuadamente, debiendo entenderse por fundamentación la obligación de emitir pronunciamiento con base en la ley y por motivación el deber jurídico de explicar y justificar las razones de la decisión asumida, vinculando la norma legal al caso concreto; al respecto, el Auto Supremo 111/2012 de 11 de mayo, señaló que: “Este deber se halla sustentado en el principio lógico de la razón suficiente; al respecto, Juan Cornejo Calva, en su publicación Motivación como argumentación jurídica especial, señala: El derecho contemporáneo ha adoptado el principio de la Razón Suficiente como fundamento racional del deber de motivar la resolución judicial. Dicho principio vale tanto como principio ontológico cuanto como principio lógico. La aplicación o, mejor, la fiel observancia, de dicho principio en el acto intelectivolitivo de argumentar la decisión judicial no solamente es una necesidad de rigor (de exactitud y precisión en la concatenación de inferencias), sino también una garantía procesal por cuanto permite a los justificables y a sus defensores conocer el contenido explicativo y la justificación consistente en las razones determinantes de la decisión del magistrado. Decisión que no sólo resuelve un caso concreto, sino que, además, tiene impacto en la comunidad: la que puede considerarla como referente para la resolución de casos futuros y análogos. Por lo tanto, la observancia de la razón suficiente en la fundamentación de las decisiones judiciales contribuye, también, vigorosamente a la explicación (del principio jurídico) del debido proceso que, a su vez, para garantizar la seguridad jurídica.


En definitiva, es inexcusable el deber de especificar por qué, para qué, cómo, qué, quien, cuando, con que, etc., se afirma o niega algo en la argumentación de una decisión judicial en el sentido decidido y no en sentido diferente. La inobservancia del principio de la razón suficiente y de los demás principios lógicos, así como de las reglas de la inferencia durante la argumentación de una resolución judicial, determina la deficiencia en la motivación, deficiencia que, a su vez, conduce a un fallo que se aparta, en todo o en parte, del sentido real de la decisión que debía corresponder al caso o lo desnaturaliza. Esa deficiencia in cogitando, si es relevante, conduce a una consecuencia negativa que se materializa en una decisión arbitraria, (injusta)."


Por otra parte, la fundamentación y motivación de Resoluciones implica el deber jurídico de explicar y justificar de forma lógica y con base en la Ley, las razones de la decisión asumida en apego al principio de congruencia, que es aquella exigencia legal que obliga a establecer una correlación total entre la pretensión de quien recurre y la decisión de la autoridad jurisdiccional; es decir, a la existencia de concordancia entre lo planteado por las partes y la decisión asumida por el Juez o Tribunal; pero además, exige la concordancia o coherencia entre los fundamentos de la Resolución y su parte resolutiva, caso contrario la resolución podría incurrir en vicio de incongruencia que puede ser interna o externa.


III.2. Análisis del caso concreto.


Con la finalidad de resolver la denuncia planteada, es preciso evidenciar si existió vulneración a sus derechos y garantías constitucionales por parte del Auto de Vista, con relación a que dicha resolución no hubiera contado con la debida fundamentación, porque se parcializó a favor del querellante e incurrió en revaloración de la prueba; al respecto, es preciso acudir al contenido del texto del Auto de Vista a efectos de verificar el argumento que empleó el Tribunal de alzada respecto de dichas denuncias y si estas fueron sustentables y basadas en un correcto control de legalidad y logicidad; en consecuencia, es preciso observar que:


Respecto de la denuncia de que el Auto de Vista no contó con la debida fundamentación porque se limitó a describir las pruebas de la parte querellante y las documentales, sin indicar porqué le merecieron crédito y cómo lo enlazó entre sí para formar un bloque sólido que dé sustento a los motivos de hecho y de derecho que se menciona en la Sentencia y que tampoco realizó el debido control sobre cuáles fueron los hechos probados y/o los no probados; al respecto, revisada la referida resolución se tiene que la misma incorpora como motivos para anular la Sentencia el hecho de que el Juez de Sentencia no tomó en cuenta la aplicación de los arts. 171, 173, 363, 365, 370 inc. 1), 5) y 6) del CPP; motivos por los cuales hubiera advertido que la resolución del inferior hubiera sido dictada con defectos, siendo que la Sentencia no se encontraría debidamente fundamentada, motivada, conforme lo previsto por el art. 124 del CPP, siendo que no hubiera cumplido con las previsiones contenidas por los arts. 124 y 360 incs. 1), 2) y 3) del CPP al evidenciarse que la resolución del inferior no contenía los motivos de hecho y de derecho en que sustentó su resolución sin advertirse de donde emerge su decisión enmarcando los elementos probatorios que hubiera creído que llevaban a ese resultado; así también, se identificó que si bien en la Sentencia se advierte una relación del hecho; empero, no se estableció de manera circunstanciada como acredita lo manifestado, argumento que hubiera emergido del juicio oral y contradictorio, sobre el cual se hubiera emitido el juicio; es decir, la ausencia del fundamentó fáctico que inexcusablemente deben encontrarse apropiadamente sustentadas por los medios probatorios incorporados legalmente al juicio y que deben ser descritos de forma individual en la Sentencia; por otro lado, a efecto de constatar si lo argumentado por el Tribunal de alzada  resulta evidente o no, verificada la resolución de primera instancia, se corrobora que la misma contiene las deficiencias manifestadas siendo que existe una fundamentación contradictoria debido a que en un fragmento de la Sentencia se expresa que: “...la prueba ha sido suficiente para acreditar que, el hecho ha existido y que la acusada ha participado en el mismo en calidad de autora”; y por otro lado, “Con esto se tiene dicho que la conducta de la acusada no se ha adecuado a la descripción del tipo penal de Apropiación indebida; asimismo, el Tribunal de alzada hubiera advertido que la Sentencia se sustentó en hechos inexistentes que no fueron debidamente acreditados en la audiencia del juicio oral, incurriendo en lo previsto por el art. 370 inc. 5) del CPP; toda vez, que el Juez de Sentencia al valorar las pruebas de cargo y de descargo no analizó un uso del método de libre valoración racional y científica de acuerdo a las reglas de la sana crítica, la lógica y el sentido común, conforme a los arts. 171 y 173 del CPP, siendo que no se redactó su Sentencia de acuerdo a la estructura que establece la norma; ya que, existen premisas básicas que son de aplicación obligatoria, sino se cumple con la norma se incurre en defecto de la Sentencia; en ese sentido, explica que la Sentencia absolutoria dictada por el Juez de Sentencia no contiene la estructura que prevé la norma, siendo que la misma fuera inexacta en los términos jurídicos, lo que provoca que no sea comprensible; por esos motivos, afirma que se transgredió el derecho al debido proceso, porque el Juez incurrió en omisiones de estructura de su fallo judicial respecto a la fundamentación descriptiva e intelectiva, debido a que la Sentencia sólo se limitó a realizar una descripción del tipo penal y señalar a la norma que corresponde, haciendo posteriormente una cita de las pruebas de cargo y descargo; pero sin embargo de ello, incurrió en omisión de fundamentación de la Sentencia, con lo cual también se incurre en los defectos previstos por el art. 370 incs. 5) y 6) del CPP; al respecto, se observa que el Tribunal de alzada de manera puntual identifica las deficiencias en las que incurrió el Juez de Sentencia en la emisión de su fallo; explicando además, que incluso la estructura de la misma no responde a las exigencias previstas en la norma; en consecuencia, se advierte que el Tribunal de alzada identificó los aspectos que hacen a la nulidad de la Sentencia de manera fundada, lo que hace ver que lo señalado por la recurrente no es evidente.


Por otro lado, respecto a su argumentación respecto de que existiría parcialización a favor del querellante e incluso se hubiera incumplido la doctrina que hace a la revalorización de la prueba; al respecto, revisado el fallo ahora impugnando, es preciso señalar que tal como se refrió en el anterior párrafo, se observa que el Tribunal de alzada no incurrió en los aspectos señalados debido a que identificó los defectos de la Sentencia, los cuales llevaron a una argumentación basada en las denuncias manifestadas por el recurrente de apelación restringida, en cumplimiento de las previsiones contenidas en los arts. 124 y 398 del CPP, aspectos que hacen ver que la Sentencia incurrió en defectos que no pueden ser confirmados por el Tribunal de alzada siendo que los mismos van en contra de la normativa; no siendo evidente, la denuncia planteada por la recurrente.


En consecuencia, el Auto de Vista al encontrarse fundado bajo los lineamientos jurisprudenciales expresados en el punto III de la presente resolución, cumplió con su deber de control de legalidad y logicidad de la Sentencia; en consecuencia, por los argumentos expresados en el presente fallo se pone en evidencia que el Auto de Vista realizó un correcto análisis al resolver los aspectos denunciados; en consecuencia, no corresponde dar curso a lo denunciado al no haberse evidenciado la vulneración de los derechos y garantías constitucionales, correspondiendo en consecuencia, declarar infundado el recurso de casación intentado; al haberse el mismo baso en las previsiones contenidas por los arts. 124 y 398 del CPP, al momento de resolver el recurso de apelación restringida interpuesto.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en aplicación de lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Vania Limpias Loras.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Edwin Aguayo Arando 

Magistrado Dr. Olvis Eguez Oliva

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos