TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 439/2018-RRC

Sucre, 25 de junio de 2018


Expediente        : La Paz 94/2017        

Parte Acusadora        : Iván Butrón Quisbert

Parte Imputada        : Carmela Corine Mamani y otra

Delitos        : Calumnia y otro

Magistrado Relator         : Dr. Olvis Eguez Oliva


RESULTANDO


Por memorial presentado el 22 de noviembre de 2017, cursante de fs. 247 a 249, Carmela Corine Mamani y Neli Santa Butrón Corine, interponen recurso de casación impugnando el Auto de Vista 16/2017 de 10 de octubre, de fs. 236 a 239, pronunciado por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por Iván Butrón Quisbert contra las recurrentes, por la presunta comisión de los delitos de Calumnia e Injuria, previstos y sancionados por los arts. 283 a 287 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


  1. Por Sentencia 2/2016 de 22 de febrero (fs. 199 a 207), la Juez Séptimo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a Carmela Corine Mamani y Neli Santa Butrón Corine, absueltas de los delitos de Calumnia e Injuria, previstos y sancionados por los arts. 283 a 287 del Código Penal (CP), respectivamente, sin costas.


  1. Contra la mencionada Sentencia, el acusador particular Iván Butrón Quisbert (fs. 209 a 211), formuló recurso de apelación restringida, siendo resuelto por Auto de Vista 16/2017 de 10 de octubre, emitido por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que declaró procedente en parte los argumentos expuestos en el recurso, anulando la Sentencia apelada y ordenando la reposición del juicio por otro Juez de Sentencia, velando que el hecho acusado referente al 2 de mayo de 2015 a horas 19:00, sea considerado y valorado, velando que el hecho acusado referente al 2 de mayo de 2015, horas 19:00 sea considerado y valorado; asumiendo su rol de director del proceso, motivando la interposición del presente recurso de casación.


I.1.1. Motivo del recurso de casación.


Del recurso de casación y del Auto Supremo 202/2018-RA de 21 de marzo, se extrae el siguiente motivo admitido para ser analizado en la presente Resolución, conforme al mandato establecido por los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


Las recurrentes denuncian que el Tribunal de alzada al pronunciar el Auto de Vista impugnado, no consideró de manera objetiva los antecedentes del proceso, pues además de incurrir en error en la mención del acusador particular como imputado, así como al memorial de contestación que presentaron al recurso de apelación restringida formulada por la parte contraria; no consideró que conforme la querella, lo relevante constituyen las fechas del 1 y 2 de mayo de 2015, teniendo en cuenta que dejando de existir la señora Aurora el 30 de abril, fue conducida a una casa funeraria donde era velada el 1 de mayo y que a horas 7 de la noche se hubiesen producido los hechos en contra del querellante, pues si los acontecimientos se produjeron el 2 de mayo que era el día del entierro, con seguridad se hubiese indicado o mencionado en la acusación particular; sin embargo, en ese escrito no se dice nada de esta situación. Añaden que de los más de diez testigos que declararon, se tiene que en el velorio no se produjo ningún hecho de violencia, insultos o amenazas, conforme la certificación de la misma funeraria; además que los testigos declararon que Neli Santa Butrón no estaba presente en el velorio, de modo que el acusador particular jamás pudo probar lo sostenido en la querella de 25 de mayo de 2015, más cuando el mismo acusador once días antes de presentar la querella que origina esta causa, formuló otra ante el Ministerio Público el 14 de mayo de 2015, que después de los rechazos y objeciones, motivó la emisión de la Resolución 12/2016 de la Fiscalía Departamental, que ratificó el rechazo, quedando demostrado el obrar malintencionado del querellante.


Con estos antecedentes, denuncia que el Auto de Vista impugnado que dispuso la nulidad de la Sentencia emitida en la causa, no es el verdadero reflejo del contenido de dicha resolución, no efectuó una verdadera valoración de los hechos manos de las fechas cronológicas contenidas en la querella presentada, resultando la resolución recurrida contradictoria e incongruente, porque no tiene conocimiento pleno de la Sentencia; agregando además que el Tribunal de alzada hubiese efectuado una revalorización de la prueba, pese a no ser un Tribunal de segunda instancia. Con esta nulidad de Sentencia dictada se estría vulnerando el art. 4 del CPP, que se refiere de manera objetiva y substancial a la persecución penal única, existe claramente un principio jurídico que claramente dice “no dos veces sobre lo mismo o de inadmisibilidad de la persecución penal múltiple, vulnerando y violando la misma Constitución Política del Estado en su art. 117. II”.


I.1.2. Petitorio.


Las recurrentes solicitan que se deje sin efecto el Auto de Vista impugnado con el fundamento en supra, pidiendo que el Supremo Tribunal de Justicia, se sirva casar el Auto de Vista y deliberando en el fondo se pronuncie disponiendo que el Tribunal de alzada proceda a emitir otro Auto de Vista.

 

I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 202/2018-RA de 21 de marzo, cursante de fs. 257 a 259 vta., este Tribunal admitió el recurso de casación de Carmela Corine Mamani y Neli Santa Butrón Corina para el análisis de fondo únicamente en aplicación de los criterios de flexibilización.



II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación y precisado el ámbito de análisis del recurso, se tiene lo siguiente:


II.1.        De la Sentencia.


Por Sentencia 2/2016 de 22 de febrero (fs. 199 a 207), la Juez Séptimo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a Carmela Corine Mamani y Neli Santa Butrón Corine, absueltas de los delitos de Calumnia e Injuria previstos por los arts. 283 y 287 del CP, en conformidad al art. 363 inc. 1) del CPP, porque no se ha probado la acusación; es decir, la veracidad de los hechos incriminados, generando en la juzgadora duda razonable que no permiten establecer convicción sobre la responsabilidad contra las imputadas; sin costas, por ser excusable, en mérito a los siguientes argumentos:

 

  1. Que, en consideración al memorial de acusación y fundamentado oralmente en audiencia de juicio oral, público y contradictorio de fecha 29 de octubre de 2015, corresponde analizar si la parte querellante demostró los hechos acusados. Que a efectos de demostrar los hechos acusados, la parte querellante produce por una parte las declaraciones de Zulema Silvia Aruvis Ramos, Orlando Alarcón Guerra, Félix Gabriel Pérez Márquez, Blanca Rosario Escalante Omonte, Simón Poma Quispe, Virginia Arrieta Ramos, quienes uniformemente refieren al día dos de mayo entre horas 14 a 15:00 pm del día del entierro en el velatorio de la funeraria “ALIAGA”.


  1. Que por otra parte las imputadas producen declaraciones de 14 testigos quienes de manera uniforme refieren que el 1ro de mayo asistieron al velorio en la funeraria “ALIAGA” en la Av. Busch entre horas 20:30 a 21:00 y que a horas 11:30 de la noche, el dueño de la funeraria les dijo que era hora de retirarse, que todo estaba tranquilo, que la acusada Neli Santa Butrón no se encontraba en el velorio pero sí en el entierro, y al día siguiente 2 de mayo era el sepelio a horas 14:00 pm.


  1. Que, en definitiva las pruebas ofrecidas y producidas, evidencian que los testigos de cargo se refieren a hechos sucedidos el día del entierro 2 de mayo de 2015 y a su vez los testigos de descargo al día 1 de mayo de 2015; quienes manifestaron que no hubieron agresiones ni discusiones, que todo estaba tranquilo el día del velorio.


  1. Que, las declaraciones de testigos tratándose de delitos contra el honor, como en el presente caso, sus atestaciones resultan determinantes a efectos de establecer o no responsabilidades, si consideramos que son personas que según manifiestan se hallaban en el lugar de los hechos denunciados, en el presente caso, dichas declaraciones no han probado los hechos acusados como se tiene expuesto, generando en la juzgadora duda razonable sobre la veracidad acusada.


  1. Por todos los antecedentes descritos que hacen al presente proceso y por la valoración jurídica de forma íntegra, se tiene que las acusadas no han subsumido su conducta a los tipos penales de Calumnia e Injuria.


II.2.  De la apelación restringida del querellante.


El querellante Iván Butrón Quisbert, interpuso recurso de apelación restringida, bajo las siguientes consideraciones:


  1. Se denunció la infracción del art. 169 del CPP, citando el art. 407 del CPP, que claramente en la última parte del segundo parágrafo cita: “…salvo en los casos de nulidad absoluta o cuando se trate de los vicios d la Sentencia, de conformidad a lo previsto por los arts. 169 y 370 de este código...”. Que el art. 167 del CPP, instituye que no podrán ser valorados para fundar una decisión judicial, ni utilizar como presupuestos de ella, los actos cumplidos con inobservancia de las formas y condiciones previstas en la Constitución Política del Estado, Convenciones y Tratados Internacionales vigentes, salvo que el defecto pueda ser subsanable.


  1. En el presente caso se configura defectos absolutos, previstos por el art. 169 inc. 3) del CPP, que con la finalidad de demostrar estos defectos absolutos que no son susceptibles de convalidación, invoca el art. 371 del CPP, que determina clara y expresamente que el juicio debe ser registrado en acta escrita o por un medio audio visual. En el juicio se emite la Sentencia 2/2016, donde en la fundamentación jurídica (cita el párrafo sexto); sin embargo, de la revisión minuciosa del acta de audiencia de 29 de octubre de 2015, se evidencia que no se transcribió la fundamentación de la acusación, que en dicha audiencia se realizó, ya que en ningún momento se habría afirmado que los hechos querellados se habrían suscitado el 1 de mayo de 2015, vulnerando el debido proceso ya que no se hubiere registrado la fundamentación oral de la defensa de la querella presentada, siendo que dichas actas deben ser transcritas inmediatamente por la secretaría de Juzgado, lo que no habría ocurrido en el presente caso, por tanto el valor del registro del juicio de acuerdo al art. 372 del CPP, tiene valor probatorio para demostrar en el presente recurso los defectos absolutos.


  1. También se apeló por defectos de la Sentencia, previstos por el art. 370 inc. 5) del CPP, señalando que uno de los presupuestos esenciales de la Sentencia, es la fundamentación que responde a la valoración objetiva de las pruebas, que imponen una motivación racional y crítica de la prueba, no una simple relación de hechos de acuerdo con el art. 173 del CPP (cita el Auto Supremo 724 de 26 de noviembre de 2004). Doctrina legal que es vinculante a la presente causa, debido a que en relación a las pruebas testificales de cargo, el Juez enunciativamente se limitó a hacer una apreciación que no valora las declaraciones de cada uno de los testigos. Hace notar que en la querella presentada y acusación particular claramente es habría denunciado y descrito los siguientes hechos: “…En 30 de abril de 2015 mi señora madre de nombre Aurora Quisbert fallece, es así que el viernes 1 de mayo, procedemos a realizar el velatorio y el sábado 2 de mayo de 2015, para efectos del entierro de los restos de mi señora mamita, a horas 7 de la noche aproximadamente, las dos mujeres se presentaron en el funeral siendo reconocidas por varias personas que nos acompañaban, donde me indicaron sus nombres Carmela Corine Mamani y la hija Neli Santa Butrón Corina, quienes en ese momento se encontraban acompañadas de un tumulto de personas……” Con este enunciado, expresamente en la querella se ha establecido que dichos hechos han ocurrido el 2 de mayo y no así el 1 de mayo como afirma la Juez en una falsa apreciación de los hechos querellados; asimismo, nunca se ha señalado que los hechos hubieren ocurrido en la funeraria “ARCANGEL”; sin embargo, la Juez claramente lo señala (cita extracto).


  1. En la Sentencia existe una flagrante contradicción ya que se puede advertir que de la enunciación fáctica de los hechos atribuidos, se tiene en el primer párrafo que la Juez reconoce los hechos denunciados; es decir, que reconoce que estos sucedieron el 2 de mayo de 2015, existiendo una contradicción ya que en el subtítulo de la fundamentación jurídica en su párrafo sexto, señala que se hubiere evidenciado que se habría denunciado los hechos ocurridos el 1 de mayo de 2015, siendo incongruente y contradictoria la Sentencia apelada.


  1. Por lo expuesto las recurrentes pretenden la anulación de la Sentencia.


II.3.  De la Contestación a la apelación restringida.


       Carmela Corine Mamani y Neli Santa Butrón Corine, contestaron el recurso de apelación restringida en los siguientes términos:


  1. Es de conocimiento de quienes participaron en las diferentes audiencias señaladas por su autoridad, que durante el transcurso de las mismas, siempre se gravaron dichas actuaciones, así claramente está en las actas respectivas transcritas, por tanto alegar esta situación y pretender una nulidad de lo que legalmente se realizó, solo es una simple excusa o buscar un pretexto sobre algo que no existe. Tampoco de forma clara y objetiva se señalan cuáles son los derechos y garantías que hubiesen sido vulnerados. También  se dice que no se hubiera transcrito el acta de audiencia de fecha 29 de octubre de 2015, en la que se hubiese realizado la fundamentación de la acusación, y que los hechos que dieron lugar a esta acción penal no se produjeron en fecha 1 de mayo de 2015; claramente se indican dos fechas (1 de mayo y 2 de mayo de 2015). En la primera se realizo el velorio de la Sra. Aurora Quisbert, y que en dicho acto se hubiesen cometido los delitos querellados, sin embargo en su misma prueba presentada, a través de testigos, de una manera clara y objetiva se refirieron que los hechos se habrían producido el 2 de mayo de 2015, es decir el día del entierro. Precisamente esta contradicción fue la que determinó se dicte Sentencia absolutoria a favor, y lo más importante que en velorio, la segunda acusada no se encontraba presente, es decir el día 1 de mayo de 2015. Todo demuestra que la Sentencia es el reflejo claro de una correcta valoración, no existen vicios de ninguna naturaleza.


  1. Se hace referencia al art. 370 inc. 5) del CPP, que no existe fundamentación de la Sentencia, es insuficiente y contradictoria; esta apreciación es totalmente irrelevante, la Sentencia dictada es bastante clara y precisa, bajo las previsiones del art. 173 del CPP.


  1. En el otrosí, la parte acusada, refiere que fueron sorprendidas por policías con mandamientos de aprehensión librados por una autoridad Fiscal, dentro de otro caso denunciado y querellado por el mismo Iván Butrón Quisbert y otras dos personas por el delito de Amenazas, bajo el caso Nº LPZ1507388. En ese hecho también referían a hechos del 2 de mayo de 2015, cuando se realizaba el entierro de la Sra. Quisbert, que dentro de la investigación se demostró la falsedad de la denuncia, habiéndose dictado el 15 de enero de 2016 la Resolución No. 010/2016 de rechazo, que se adjunta en calidad de prueba al tenor del art. 410 del CPP; así como un certificad emitido por la funeraria “ALIAGA”.


II.4.  Del Auto de Vista impugnado.


El Auto de Vista 16/2017 de 10 de octubre, emitido por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que declaró admisible y procedente en parte el recurso de apelación restringida interpuesto; en consecuencia se dispuso anular la Sentencia emitida por el Juzgado de Sentencia Penal Séptimo de la Capital, ordenando la reposición del juicio por otro Juzgado de Sentencia de la capital, velando que el hecho acusado referente al 2 de mayo de 2015, horas 19:00 sea considerado y valorado; asumiendo su rol de director del proceso, bajo los argumentos que a continuación se sintetizan y que tienen relación a los motivos que se analizan:

  1. Que, de la revisión de la Sentencia pelada, en la fundamentación jurídica, se puede establecer que la Juez de  Sentencia hace una valoración e interpretación de los delitos y cita la SC 0460/2011-R para fundamentar el principio de congruencia; concluyendo que por lo evidenciado en el desarrollo del juicio, se estableció que el querellante en su acusación particular y fundamentación oral, refirió que los hechos ocurridos en el velorio de su madre el 1 de mayo a horas 19:00 en la funeraria “ARCANGEL”, mientras que la prueba testifical de cargo señalaría el 2 de mayo en el entierro; entre horas 14:00 a 15:00, que por la prueba testifical de descargo, se tendría el hecho el 1 de mayo en el velorio en la funerario “ALIAGA” y que además no estaba una de las acusadas Neli Santa Butrón.


  1. Que, en cuanto a que no se habría transcrito en el acta de 29 de octubre de 2015, la fundamentación del querellante, se puede establecer de la revisión de dicha acta, que sí cursa transcripción del querellante; asimismo, se debe establecer que este aspecto es una cuestión de forma; toda vez, que la transcripción del acta es un resumen de lo sucedido en las actuaciones, existiendo convalidación; toda vez, que la misma señaló otra fecha de audiencia para la recepción de los testigos de cargo, posteriormente se volvió a tratar otra fecha para los testigos de descargo, lo que implica que durante todo ese tiempo, no ha sido objeto de observación.


  1. Que, en cuanto a los defectos absolutos, se puede establecer una simple mención, cuando se debe fundamentar la forma y precepto del derechos fundamental y garantía constitucional que considera que está siendo vulnerado o violado.


  1. Que, respecto al defecto del art. 370 inc. 5) del CPP, de la revisión de la Sentencia apelada, se puede establecer que evidentemente la Juez de Sentencia señala los nombres de las personas ofrecidas como testigos de cargo y descargo; sin embargo, también la Juez refiere valorar cada uno de los elementos de prueba producidos, bajo las reglas de la sana crítica; siendo además que la Juez asumió el conocimiento de todas las pruebas ofrecidas, llegando a la convicción de los mismos y concluir consecuentemente en su Sentencia, aspecto que debe ser resguardado como el principio del Juez natural, no generando agravio.


  1. Que, en cuanto no se habría referido a los hechos del 2 de mayo y no el 1 de mayo, se puede establecer de la verificación de la acusación, que evidentemente señala el 2 de mayo de 2015; y que de la revisión de la Sentencia, evidentemente en su punto de fundamentación probatoria y contraste intelectivo, la Juez considera como base del juicio los hechos que se habrían producido el 1 de mayo; asimismo, no establece una consideración y valoración respecto al 2 de mayo, que hace referencia el recurrente, estableciéndose el agravio generado.


  1. Que, en cuanto nunca se hubiera señalado la funeraria “ARCANGEL” se puede establecer de la verificación del acta de audiencia de 29 de octubre de 2015, que el abogado del querellante se ratifica en su acusación particular refiriendo que el hecho se hubiera cometido a horas 7 en el velatorio de la funerario “ARCANGEL”, no siendo evidente lo argumentado y consecuentemente no generando agravio.


  1. Que, si bien el Tribunal de apelación se encuentra impedido, conforme lo establece la norma, de revalorizar la prueba; sin embargo, debe controlar que la valoración de la prueba hecha por el inferior se encuentre conforme a las reglas de la sana crítica, correspondiendo entrar a la verificación de las mismas, de lo cual en el presente caso se ha podido establecer, que la Juez habría basado sus conclusiones del desarrollo del juicio, sólo en cuanto a la fecha del 1 de mayo, sin considerar y valorar el 2 de mayo, como cita el querellante en su acusación particular, aspecto que conlleva a evidenciar la incongruencia entre la acusación y la Sentencia, no considerando adecuadamente lo establecido por el art. 370 inc. 11) de CPP (cita Auto Supremo 239/2012-RRC).


  1. En el presente caso, si bien la Sentencia apelada se refiere al principio de congruencia, ésta no fue aplicado, puesto que en la acusación refiere el querellante que el hecho habría ocurrido el 2 de mayo y la Sentencia absuelve a las acusadas por el supuesto hecho del 1 de mayo, existiendo violación al debido proceso en su elemento de debida fundamentación e incumplimiento de las reglas de la sana crítica, pues se absuelve por otro hecho el de 2 de mayo y no como refiere la acusación que el hecho habría ocurrido el 1 de mayo.


III. VERIFICACIÓN DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNFAMENTALES Y GARANTÍAS JURISDICIONALES


De acuerdo a los argumentos de las recurrentes, circunscritos en la admisión del recurso de casación contenidos en el Auto Supremo 202/2018-RA, vía flexibilización se aduce que: el Tribunal de alzada al pronunciar el Auto de Vista impugnado, no consideró que conforme la querella, lo relevante constituyen las fechas del 1 y 2 de mayo de 2015; sin embargo, en ese escrito no se dice nada de esta situación. De modo que el acusador particular jamás pudo probar lo sostenido en la querella de 25 de mayo de 2015, más cuando el mismo acusador once días antes de presentar la querella que origina esta causa, formuló otra ante el Ministerio Público el 14 de mayo de 2015, que después de los rechazos y objeciones, motivó la emisión de la Resolución 12/2016 de la Fiscalía Departamental que ratificó el rechazo, quedando demostrado el obrar malintencionado del querellante.


Que el Auto de Vista impugnado que dispuso la nulidad de la Sentencia emitida en la causa, no efectuó una verdadera valoración de los hechos menos de las fechas cronológicas contenidas en la querella presentada, resultando la resolución recurrida contradictoria e incongruente, porque no tiene conocimiento pleno de la Sentencia. Con esta nulidad de Sentencia dictada se está vulnerando el art. 4 del CPP, que se refiere de manera objetiva y substancial a la persecución penal única, existe claramente un principio jurídico que claramente dice “no dos veces sobre lo mismo o de inadmisibilidad de la persecución penal múltiple, vulnerando y violando la misma Constitución Política del Estado en su art. 117. II”.


III.1.        El Debido Proceso como Derecho, Garantía y Principio Constitucional.


A los fines de resolver la problemática planteada se debe tener presente que la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo de Justicia, respecto al debido proceso ha señalado a través del Auto Supremo 199/2013 de 11 de julio, lo siguiente: “El debido proceso, es un principio legal por el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitir la oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones legítimas frente al juez o tribunal, quienes deben observar los derechos fundamentales de las partes, principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso como instrumento de tutela de los derechos subjetivos; la Constitución Política del Estado, en sus artículos 115 y 117, reconoce y garantiza la aplicación del debido proceso al constituirse en fundamento esencial del Estado Plurinacional, que tiene entre sus fines y funciones esenciales garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en ella. Entre los elementos que configuran el debido proceso se encuentran: a) el derecho a la defensa, b) el derecho al juez natural, c) la garantía de presunción de inocencia, d) el derecho a ser asistido por un traductor o intérprete, e) el derecho a un proceso público, f) el derecho a la conclusión del proceso dentro de un plazo razonable, f) el derecho a recurrir, g) el derecho a la legalidad de la prueba, h) el derecho a la igualdad procesal de las partes, i) el derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable, j) el derecho a la motivación y congruencia de las resoluciones, k) la garantía del non bis in ídem, l) el derecho a la valoración razonable de la prueba, ll) el derecho a la comunicación previa de la acusación; m) la concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; n) el derecho a la comunicación privada con su defensor; o) el derecho a que el Estado le otorgue un defensor proporcionado por el Estado cuando el imputado no tuviere medios o no nombrare un defensor particular.


Por otra parte, el debido proceso reconocido en la Constitución Política del Estado, en su triple dimensión como derecho, garantía y principio, se encuentra establecido en el art. 115.II que señala: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”; el art. 117.I de la referida Ley fundamental, dispone: “Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada”; finalmente, el art. 180.I de la referida CPE, declara que: “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez”.


III.2.        La incongruencia omisiva como falta de Fundamentación de las Resoluciones.


El art. 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE), entre los principios rectores en los que se fundamenta la jurisdicción ordinaria, establece el debido proceso como principio que garantiza a todo sujeto procesal, tener acceso a un pronunciamiento motivado y fundamentado, sobre todos los motivos alegados en cualquier recurso que la ley prevé, por lo mismo las autoridades que ejercen jurisdicción a nombre del Estado, deben manifestar por escrito los motivos de sus resoluciones, resguardando de esa manera tanto a los particulares como a la colectividad, de decisiones arbitrarias.


Orlando A. Rodríguez Ch, en su obra “Casación y Revisión Penal”, refiriéndose a la fundamentación y motivación, señala: “(…) constituye un sello de garantía a los usuarios de la administración de justicia, porque con ello se evita la arbitrariedad, el capricho, decisiones contrarias, errores de lógica jurídica, y el actuar irrazonado de los funcionarios judiciales”.


El mismo autor citando a Joan Pico I Junoy,  manifiesta que la motivación cumple las siguientes finalidades: a) Permite controlar a la sociedad la actividad judicial y cumplir así con el de publicidad; b) Garantía intraprocesal de los derechos y libertades fundamentales de las partes; c) Logra el convencimiento de las partes sobre la justicia y corrección de la decisión judicial, eliminando la sensación de arbitrariedad y estableciendo su razonabilidad, al conocer el por qué concreto de su contenido; y, d) Garantiza a las partes procesales la posibilidad de control de la resolución judicial interponiendo ante los tribunales superiores que conocen de los correspondientes recursos.


Ese entendimiento fue asumido por este Tribunal en varios Resoluciones, entre ellos el Auto Supremo 142/2013 de 28 de mayo, donde se tiene como antecedente que el Tribunal de alzada hubiese omitido pronunciarse sobre el fondo de cada uno de los cuestionamientos insertos en la apelación, por lo que resultaba evidente que incumplió la previsión contenida en el art. 398 del CPP, además de vulnerar el art. 115 de la CPE, que resguarda y protege los derechos al debido proceso y defensa y las garantías fundamentales de seguridad jurídica y tutela judicial efectiva, constituyendo efectivamente un defecto absoluto a tenor del art. 169 inc. 3) del CPP, no susceptible de convalidación, siendo este antecedente el que dio origen a la emisión de la siguiente doctrina legal aplicable: “Se considera que existe incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio) cuando en el Auto de Vista no se resolvieron todos y cada uno de los puntos denunciados en el recurso de apelación restringida, los cuales deben ser absueltos uno a uno con la debida motivación y en base a argumentos jurídicos sólidos e individualizados, a fin de que se pueda inferir respuesta con criterios jurídicos al caso en concreto; lo contrario constituye infracción del principio de `tantas respuestas, a tantas impugnaciones´ y del deber de fundamentación que vulnera lo establecido por los artículos 124 y 398 del Código de Procedimiento Penal, siendo obligación del Tribunal de Apelación, realizar la adecuada motivación en las resoluciones que pronuncie cumpliendo con los parámetros de especificidad, claridad, completitud, legitimidad y logicidad establecidos en los Autos Supremos Nros. 12 de 30 de enero de 2012, 20 de 7 de febrero de 2012  y  171 de 9 de julio de 2012”.


En virtud a aquello, los Tribunales de alzada asumen competencia funcional, únicamente sobre los aspectos cuestionados de la resolución, conforme lo dispuesto por los arts. 398 del CPP y 17.II de la LOJ, disposiciones legales inspiradas en el principio de limitación, en virtud del cual el Tribunal de alzada no puede desbordar la propuesta formulada por el impugnante en su recurso de apelación restringida; es decir, que el Tribunal de alzada, sólo debe pronunciarse sobre los motivos de impugnación en los que se fundó el recurso de apelación restringida, sin tener la posibilidad de suplir, rectificar o complementar las falencias en que incurra el recurrente a tiempo de impugnar una sentencia y sin que pueda considerar motivos en los cuales no se fundó el recurso de apelación.

El incumplimiento a las normas adjetivas penales referidas precedentemente, por falta de circunscripción del Tribunal de alzada a los motivos que fundaron el recurso de apelación restringida, se traduce en una incongruencia que implica vulneración del principio tantum devolutum quantum apellatum, principio que impone a la autoridad judicial, pronunciarse sólo sobre los motivos que fundaron un recurso de apelación.


En cuanto a las formas de vulneración de este principio, se tiene en primer lugar el pronunciamiento ultra petita, que hace incongruente la resolución del Tribunal de alzada, por pronunciarse sobre aspectos no demandados o que no fueron motivo de apelación, desbordando los límites de su competencia a aspectos no cuestionados y los cuales llegan firmes ante el de alzada, este hecho también conocido como exceso de jurisdicción, vulnera el debido proceso por violación del principio de legalidad; pues al pronunciarse el Tribunal de alzada sobre aspectos en los que no se fundó el recurso de apelación restringida, se impide a la parte contraria a contestar de forma fundamentada, conforme lo dispuesto por el art. 408 del CPP, hecho que amerita la nulidad de la resolución por constituir defecto absoluto conforme lo dispuesto por el art. 169 inc. 3) del CPP. 


Otra forma de incongruencia de una resolución y que también vulnera el principio tantum devolutum quantum apellatum, es la falta de pronunciamiento sobre todos los motivos en los que se fundó un recurso de apelación restringida, conocido como pronunciamiento infra petita o citra petita o incongruencia omisiva, que también constituye un defecto absoluto conforme lo dispuesto por el art. 169 inc. 3) del CPP, al dejar al impugnante en incertidumbre sobre el resultado del motivo planteado en apelación.


III.3. Análisis del caso concreto.


Sobre el motivo denunciado por las recurrentes, vía flexibilización, el Tribunal de alzada al pronunciar el Auto de Vista impugnado, no consideró que conforme la querella, lo relevante constituyen las fechas del 1 y 2 de mayo de 2015; sin embargo, en ese escrito no se dice nada de esta situación. De modo que el acusador particular jamás pudo probar lo sostenido en la querella de 25 de mayo de 2015, resultando la resolución recurrida contradictoria e incongruente, más cuando el mismo acusador once días antes de presentar la querella que origina esta causa, formuló otra ante el Ministerio Público el 14 de mayo de 2015, que después de los rechazos y objeciones, motivó la emisión de la Resolución 12/2016 de la Fiscalía Departamental, que ratificó el rechazo, quedando demostrado el obrar malintencionado del querellante.


Primeramente corresponde ingresar a desarrollar uno de los agravios identificados por las recurrentes relacionado a la vulneración de su derecho a no ser procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho; o lo que también se denomina “non bis in ídem”; que efectivamente se encuentra regulado por el art. 4 del CPP, también establecido en el art. 117 par. II de la CPE; respecto al cual se infiere que el Auto de Vista no ha considerado que once días antes de presentar la querella en esta causa, se formuló otra ante el Ministerio Público el 14 de mayo de 2015, que motivó la emisión de la Resolución 12/2016, que ratificó un rechazo, quedando demostrado el obrar malintencionado del querellante.


Atendiendo lo alegado por las recurrentes, es menester remitirse a la fase de apelación restringida, donde cursa el memorial de contestación de las recurrentes (fs. 219 a 220 vta.), en donde se habría adjuntado por su parte la Resolución 010/2016 de 15 de enero de 2015, que ofrecen como prueba documental, así como también ofrecen una Certificación expedida por el Gerente de Operaciones de la funeraria “ALIAGA” de 15 de diciembre de 2015, siendo aceptada la contestación, y por ende su documental, mediante decreto de 3 de mayo de 2016 (fs. 221), remitiéndose los antecedentes para resolver el recurso de apelación el 28 de junio de 2016 (fs. 228), que una vez radicada la causa, las recurrentes se apersonan ante la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante memorial de 4 de julio de 2017 (fs. 231), donde adjuntan Resolución FDLP/EJBS-R 1398/2016 de 6 de diciembre, mediante la que se ratifica la resolución de rechazo adjuntada anteriormente en la contestación a la apelación restringida, siendo resuelta la misma mediante decreto de 5 de julio de 2017 (fs. 231).


Que, establecidos los antecedentes que cursan en obrados, respecto a la tramitación de la apelación restringida y su resolución, es evidente que las recurrentes en su momento adjuntaron prueba documental a su memorial de contestación, cumpliendo con lo previsto por el art. 410 del CPP, que otorga precisamente esa facultad a las partes en apelación restringida; empero, nuevamente en alzada, presentan documental complementaria que solicitan se tome en cuenta por parte de los Vocales de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Que al haber las autoridades, tanto del Juzgado Séptimo de Sentencia como en alzada, aceptado las documentales ofrecidas por las recurrentes conforme cursa a fs. 221 y fs. 231, en cumplimiento al citado art. 410 del CPP, tenían la obligación de pronunciarse sobre las mismas al momento de resolver el recurso de apelación restringida, considerando la contestación realizada por las recurrentes, para efectivamente estimar si correspondía o no su pertinencia e incidencia dentro del caso de autos al momento de analizar la Sentencia impugnada; lo que no se evidencia en autos, siendo que el Tribunal de alzada únicamente resuelve la apelación de la parte querellante; empero, no realiza ninguna ponderación de los argumentos así como de la documental presentada por la parte acusada, cuando el mismo Tribunal de alzada acepta la misma y se la da por presentada, sin observación alguna, así como también se procedió en igual sentido al momento de presentar la contestación a la apelación restringida.


Sobre el particular el Auto Supremo 311/2015-RRC de 20 de mayo, ha dejado establecido, con relación a los traslados en fase de apelación restringida: “…el recurrente señala que en su memorial de respuesta al recurso de apelación restringida de los imputados, observó el incumplimiento de los requisitos de admisión; sin embargo, el Auto de Vista impugnado no hizo ninguna referencia a su respuesta, pese a que ese derecho se halla previsto por el art. 409 del CPP, cuya valoración es obligación del Tribunal de alzada y cuya omisión vulnera su derecho a la igualdad jurídica y debido proceso, incurriendo en un vicio insubsanable conforme el inc. 3) del art. 169 del CPP, extremo que le causa agravio, pues el hecho de no valorarse su contestación, derivó en que se le mantenga en incertidumbre al remitirse a un tercer juicio, violentando también los derechos de acceso a la justicia, inmediatez y celeridad.


De la verificación del Auto de Vista impugnado, resulta evidente lo argumentado por el recurrente, ya que no se advierte la consideración y menos pronunciamiento alguno al memorial de respuesta al traslado de la apelación restringida que cursa de fs. 469 a 471 vta., pues debe tenerse presente que el traslado a las partes con la apelación restringida dispuesta por el art. 409 del CPP, no representa el cumplimiento de un simple formalismo, sino en el ámbito de la igualdad de las partes, la otorgación de la posibilidad de oponerse fundadamente sobre la pretensión alegada en alzada;  ya que el traslado dispuesto por la citada norma, implica el llamamiento que hace el órgano jurisdiccional para que la parte emplazada efectúe un determinado acto procesal, es decir, responda a la apelación formulada; en consecuencia, la omisión en la consideración de ese acto procesal traducido en la respuesta, representa efectivamente la vulneración al derecho de igualdad jurídica, ya que no se le otorgó al recurrente una respuesta sobre su pretensión jurídica…”. Es decir que los Tribunales de alzada, existiendo contestación al recurso de apelación restringida, debe incluir en sus razonamientos al momento de emitir el Auto de Vista, lo argumentado emergente del traslado a las partes.


El art. 409 del CPP ha señalado que: “…Interpuesto el recurso, se pondrá en conocimiento de las otras partes, para que dentro del término de diez días lo contesten fundamentadamente. Si se ha producido una adhesión, se emplazará a contestarla dentro de los cinco días. Vencidos los plazos, con contestación o sin ella, se remitirán las actuaciones…..”; lo que evidentemente demuestra que el trámite a las contestaciones en apelación restringida, así como sus adhesiones, no pueden ser simplemente discurridos como una formalidad, sino que emerge precisamente de la tramitación de la apelación restringida, que merece ser considerada y resuelta por los Tribunales de alzada, precautelando el derecho a la igualdad procesal, así como el derecho de acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva, debiendo dar cumplimiento al deber de motivación y fundamentación, como elementos integradores del derecho al debido proceso conforme también lo habría entendido el citado Auto Supremo 199/2013 de 11 de julio, cuyo instituto se encuentra reconocido por la Constitución Política del Estado en sus arts. 115 y 117 par. II; por lo que desmerecer o restarle importancia procesal a los traslados y contestaciones de las partes, infringe la correcta administración de justicia, restringiendo significativamente los derechos y garantías de los justiciables, siendo necesario dejar por sentado que las contestaciones y traslados a las partes dentro la tramitación de las apelaciones restringidas, deben ser absueltas y resueltas motivada y fundadamente por los Tribunales de alzada, realizando una adecuada compulsa de los antecedentes, de acuerdo a lo preceptuado por el art. 17 de la LOJ, observando los alcances del art. 398 del CPP, máxime, si como en el caso de autos, se habría presentado inclusive- prueba documental en segunda instancia en atención al art. 410 del CPP, que ante su no objeción o desestimación por parte de los Tribunales de alzada, es imperativo que de manera integral se otorgue una respuesta efectiva en relación a lo alegado por las partes en sus memoriales de contestación y traslados, a fin de garantizar una justicia con equidad que garantice y afiance certeza jurídica en la emisión de sus fallos.


Es por ello, que el Tribunal de alzada al momento de emitir el Auto de Vista impugnado, al no haberse pronunciado sobre la contestación emergente del recurso de apelación restringida planteada por la parte acusadora y al no pronunciar criterio alguno respecto a la documental aceptada en segunda instancia por las mismas autoridades jurisdiccionales, han incurrido en una resolución incongruente, indebidamente motivada y fundamentada, restringiendo los derechos de igualdad procesal, tutela judicial efectiva y por ende el debido acceso a la justicia, debiendo aplicarse, por todo lo anotado, el efecto establecido al art. 169 inc. 3) del CPP, y en consecuencia, dejar sin efecto el Auto de Vista impugnado, al evidenciarse la denuncia de incongruencia denunciada por las recurrentes, para que se emita nueva resolución y se de respuesta a todas las cuestiones identificadas en la tramitación de la apelación restringida y su contestación conforme al análisis realizado por este Tribunal y la doctrina legal establecida, en aplicación de los arts. 419 y 420 del CPP.


Consiguientemente, en relación a la denuncia de haberse afectado el principio constitucional del “non bis in ídem”, no observado por el Tribunal de alzada, si bien las recurrentes adjuntaron y ofrecieron como prueba la Resolución 010/2016 de 15 de enero de 2015 y con posterioridad la Resolución FDLP/EJBS-R 1398/2016 de 6 de diciembre, no hicieron inferencia y fundamentación en base a esta documental a la vulneración de este derecho fundamental y su relación con el proceso penal, realizando dicha labor de manera superficial únicamente en el recurso de casación, y que al no haberlo realizado de esa manera en fase de apelación restringida, no es posible exigirse a este Tribunal de casación pronunciamiento al respecto, máxime si se considera lo manifestado precedentemente, a cuya doctrina legal debe circunscribirse la parte recurrente.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara  FUNDADO en parte el recurso de casación interpuesto por Carmela Corina Mamani y Neli Santa Butrón, de fs. 247 a 249; y por consiguiente, con los fundamentos expuestos precedentemente; y en aplicación del art. 419 del CPP, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 16/2017 de 10 de octubre, disponiendo que la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, previo sorteo y sin espera de turno, pronuncie una nueva resolución en conformidad a la doctrina legal establecida en la presente resolución y conforme a los alcances establecidos.


A los efectos de lo previsto por el art. 420 del CPP, hágase conocer mediante fotocopias legalizadas el presente Auto supremo a los tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, para que por intermedio de sus Presidentes, pongan en conocimiento de los Jueces en materia penal de su jurisdicción.


En aplicación del art. 17.IV de la LOJ, por secretaría de la Sala comuníquese el presente auto supremo al Consejo de la Magistratura.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos