TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 438/2018-RRC

Sucre, 25 de junio de 2018


Expediente                        : Potosí 54/2017        

Parte Acusadora                : Orlando Cárdenas Núñez

Parte Imputada                : Juan Miguel Sanabria Soliz y otros

Delitos                        : Calumnia y otro

Magistrado Relator        : Dr. Olvis Eguez Oliva


RESULTANDO


Por memorial presentado el 15 de noviembre de 2017, cursante de fs. 784 a 788 vta., Orlando Cárdenas Núñez, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 49/17 de 14 de agosto de 2017, de fs. 755 a 762, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, dentro del proceso penal seguido por el recurrente contra Juan Miguel Sanabria Solíz, Luis Román Villafuerte Colquechambi, Freddy Oscar Gonzales Orozco, Bruno Jorge Aruquipa López y Carlos Omar Dávila Díaz, por la presunta comisión de los delitos de Calumnia e Injuria, previstos y sancionados por los arts. 283 y 287 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


  1. Por Sentencia 002/2017 de 18 de enero (fs. 683 a 695), el Juez Primero de Sentencia Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; declaró a Juan Miguel Sanabria Solíz, Luis Román Villafuerte Colquechambi, Freddy Oscar Gonzales Orozco, Bruno Jorge Aruquipa López y Carlos Omar Dávila Díaz, absueltos de pena y culpa de la comisión de los delitos de Calumnia e Injuria, previstos y sancionados por los arts. 283 y 287 del CP, ya que la prueba incorporada a juicio no fue suficiente para generar la responsabilidad penal de los acusados, con costas.


  1. Contra la mencionada Sentencia, el acusador particular Orlando Cárdenas Núñez, interpuso recurso de apelación restringida (fs. 702 a 708 vta.), que previo memorial de subsanación (fs. 732 a 737), fue resuelto por Auto de Vista 49/17 de 14 de agosto de 2017, emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, que declaró improcedente el recurso planteado; por ende, confirmó la Sentencia apelada, motivando la interposición del presente recurso de casación.


I.1.1. Motivos del recurso de casación.


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 198/2018-RA de 21 de marzo, se extraen los motivos a ser analizados en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del órgano Judicial (LOJ).


  1. El recurrente denuncia la infracción al derecho de fundamentación y motivación en el Auto de Vista impugnado, al no resolver en el fondo los agravios denunciados en alzada, los cuales detalla en casación: "En el parágrafo 1V-primer motivo-numeral 2 del Auto de Vista, se asevera que el cuestionamiento sobre la sana crítica aplicada por el Juez de Sentencia, conlleva una perspectiva e interpretación particular (..) En el parágrafo IV-primer motivo-numeral 2 del Auto de Vista, se asevera que es necesaria una ponderación subjetiva para analizar si la perspectiva inferencial del recurrente es o no es correcta (...) En el mismo punto se advierte que el agravio referido a la valoración de la prueba radica en el plano descriptivo de la misma, desde una perspectiva particular (..) En el parágrafo IV-segundo motivo-numeral 2 del Auto de Vista, se asevera que para inferir o percatarse que el texto de la Resolución de despido contiene una sindicación, es necesaria una consideración subjetiva...”. Asimismo puntualiza, que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, debió pronunciarse respecto a si es una adecuada interpretación del art. 283 del CP, el exigir que la sindicación sea directa; si es correcto que la prueba no muestra la existencia de los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal, o si por el contrario la valoración hecha de ella es incorrecta; y, si el texto objeto de este proceso se subsume o no a los tipos penales de Calumnia e Injuria.


Señala como precedente contradictorio el Auto Supremo 111 de 31 de enero de 2007, referido según la glosa transcrita por el recurrente a la exigencia de motivación de las Resoluciones judiciales. De igual forma cita la Sentencia Constitucional Plurinacional 0780/2014 de 21 de abril, referida a la debida fundamentación y su vinculación con el debido proceso; y, la Sentencia Constitucional Plurinacional 1206/2013 de 1 de agosto, referida al debido proceso y la preminencia que debe darse al derecho fundamental antes que al formal.


  1. Cita el Auto Supremo 282/2014-RRC de 27 de junio, referido según la glosa transcrita en su recurso, al deber de control de la valoración de la prueba por parte del Tribunal de alzada, señalando que el Auto de Vista impugnado contradice el precedente invocado pues no cumple el deber de controlar la correcta valoración de la prueba realizada por el Juez de mérito, limitándose a analizar el cumplimiento de formalidades y de la estructura de la Sentencia, sin analizar si la Resolución de instancia explica claramente los elementos del tipo, si fundamenta adecuadamente el valor otorgado a la prueba, y si las conclusiones en ella contenidas son acordes a la prueba o si por el contrario resultan arbitrarias y caprichosas. Asimismo; señala las conclusiones reclamadas en alzada, las cuales no aclaró el Tribunal de alzada si son resultado del análisis lógico y recto entendimiento de la prueba: Si aseverar que el texto NO es una “sindicación”, conlleva una conclusión respaldada o arbitraria; Si cuando afirma que NO estarían presentes “las circunstancias” en que se habrían cometido los delitos que me sindican; realiza un análisis lógico de la prueba o se aparta de lo evidente; Si al decir que la expresión no sería ofensiva ni existiría animus injuriandi; está respaldando su afirmación en un análisis lógico acorde a la sana crítica; Si cuando dice que la sindicación no tendría relevancia jurídica; está analizando el texto a la luz de los criterios de la lógica y la sana critica; Si cuando se afirma que NO estaría presente el DOLO, se está realizando una afirmación razonable y justa o se está apartando de una valoración adecuada de la prueba.” (sic).


  1. Invoca también el Auto Supremo 190/2014-RRC de 15 de mayo, referido según la glosa transcrita por el recurrente al principio de legalidad en cuanto a la adecuada subsunción y su control por el Tribunal de alzada; denunciando que el Auto de Vista impugnado es contrario al precedente invocado pues omitió controlar la correcta subsunción de los tipos penales acusados realizada por el Juez de Sentencia.


I.1.2. Petitorio.


El recurrente solicitó que deliberando en el fondo, se declare fundado su recurso, disponiendo se dicte un nuevo Auto de Vista de forma fundamentada, controlando la valoración de la prueba y el ejercicio de subsunción del hecho al tipo.


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 198/2018-RA de 21 de marzo, cursante de fs. 798 a 800 vta., este Tribunal admitió el recurso de casación formulado por Orlando Cárdenas Núñez, para el análisis de fondo de los motivos descritos precedentemente, dejando constancia respecto a la invocación de las Sentencias Constitucionales 0780/2014 de 21 de abril y 1206/2013 de 1 agosto que no serán tomadas en cuenta para el análisis de fondo del primer agravio.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación y precisado el ámbito de análisis del recurso, se establece lo siguiente:


II.1.        De la Sentencia.


Por Sentencia 002/2017 de 18 de enero, el Juez Primero de Sentencia Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, declaró a Juan Miguel Sanabria Soliz, Luis Román Villafuerte Colquechambi, Freddy Oscar Gonzales Orozco, Bruno Jorge Aruquipa López y Carlos Omar Dávila Díaz, absueltos de pena y culpa de la comisión de los delitos de Calumnia e Injuria, previstos y sancionados por los arts. 283 y 287 del CP, en base a los siguientes argumentos:


  1. El acusador solo produjo la prueba literal consistente en la Resolución Administrativa C.A. Nº 41/2013 de 11 de septiembre de 2013, con la cual señala que se ha demostrado la existencia del hecho y la participación de los imputados.


  1. La citada Resolución Administrativa consigna en su tercer considerando de manera textual: “inciso d) Administración de dineros entregados por parte de empresas que apoyaron a cotap Ltda., en la FIPOSI, por la cual cotap Ltda., viene elaborando demanda penal en contra del gerente general y gerente administrativo por los delitos de apropiación indebida, abuso de confianza y enriquecimiento ilícito y/o apropiación indebida”.


  1. El hecho de que los cinco imputados en su calidad de miembros del Consejo de Administración hubieren emitido la Resolución Administrativa C.A. Nº 41/2013, no puede subsumirse al tipo penal de Calumnia, pues no existe de forma directa la atribución de un delito o de una conducta criminal dolosa en contra del ahora acusador particular.


  1. En cuanto al delito de Injuria, no se ha demostrado en el presente caso el menosprecio mediante palabra oral o escrita, la cual debe ser plenamente despreciativa dirigida hacia cualidades o calidades de una persona, tampoco la manifestación injuriosa y el dolo como elemento subjetivo del tipo, pues en la Resolución a la que hace referencia el acusador particular, en ninguna parte existen las aseveraciones que exige el tipo penal.


II.2. De la apelación restringida.


El acusador particular Orlando Cárdenas Núñez, interpuso recurso de apelación restringida contra la Sentencia pronunciada, arguyendo en síntesis que:  


  1. La Sentencia se basó en defectuosa valoración de la prueba, incurriendo en el defecto de Sentencia contenido en el inc. 6) del art. 370 del CPP, al apreciar la prueba de forma fraccionada porque no se consideró que el despido del acusador particular tiene como causa la conclusión arribada por la Resolución Administrativa observada, la cual contiene una sindicación, que es equivalente a una aseveración de conducta criminosa, aspecto que se aparta de las reglas de la sana crítica y la lógica.


  1. Defecto de Sentencia contenido en el inc. 1) del art. 370 del CPP en relación al art. 283 del CP, al afirmar que la Resolución Administrativa C.A. N° 41/2013 no contiene los elementos objetivos del tipo penal de Calumnia por no ser una sindicación directa, cuando el citado delito expresa que la sindicación puede efectuarse por cualquier medio.


  1. Vulneración del art. 124 del CPP, al ser la Resolución de mérito un acta mal redactada y copia de un Auto Supremo, la cual carece de ejercicio intelectivo al no fundamentar por qué se considera que el texto observado en la Resolución Administrativa carece de significación ofensiva, incurriendo en el defecto de Sentencia contenido en el inc. 5) del art. 370 del CPP.


II.3.  Del Auto de Vista impugnado. 

       

La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, declaró improcedente el recurso de apelación restringida interpuesto, confirmando la Sentencia 002/2017 de 18 de enero, bajo los siguientes argumentos:


  1. Respecto al defecto de Sentencia previsto por el art. 370 inc. 6) del CPP, se advierte que la prueba en cuestión fue valorada positivamente, se otorga credibilidad correspondiente, siendo la misma eficaz para demostrar los hechos extractados de su contenido, en consecuencia, de la relación fáctica no se devela un incoherente valor otorgado, o que sea contrario a las máximas de la experiencia, conocimientos científicos y la lógica, ya que tampoco se cuestiona la logicidad en sí del valor otorgado.


  1. Respecto a la denuncia de inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva en relación al art. 283 del CP, la redacción contenida en la "conclusión d" de la Resolución 41/2013, no configura directamente y con precisión una sindicación en los términos dogmáticos señalados y que sustentan la Resolución como marco jurídico, por lo que se debe entender que esa interpretación no puede ser salvada o subsanada por una interpretación inferencial o deductiva en torno a la mencionada base fáctica.


  1. En cuanto a la ausencia de fundamentación, se puede constatar que la Sentencia en su estructura tiene un apartado titulado como fundamentación jurídica, en el cual respecto a la determinación de que no concurrirían los elementos constitutivos del delito, tiene la explicación suficiente y se encuentra motivada, con la determinación de que no concurre el dolo, advirtiendo una actividad intelectiva.


III. VERIFICACIÓN DE LA PROBABLE CONTRADICCIÓN ENTRE LOS  PRECEDENTES INVOCADOS Y LA VULNERACIÓN DE DERECHOS

Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES


Precisados los motivos, este Tribunal deberá verificar si el Auto de Vista recurrido incurrió en contradicción con los precedentes invocados respecto a las denuncias de: i) el Auto de Vista impugnado no resolvió el fondo de los agravios planteados en alzada; ii) el Tribunal de alzada no controló la correcta valoración de prueba por parte del Juez de Sentencia; iii) el citado Tribunal no realizó el control de la subsunción jurídica de los tipos penales de Calumnia e Injuria encomendada al Juez de Sentencia. En consecuencia, corresponde resolver las problemáticas planteadas.


III.1. Obligación de los Tribunales de emitir Resoluciones fundadas en derecho y motivadas adecuadamente.


Las Resoluciones para su validez y eficacia, requieren cumplir determinadas formalidades, dentro las cuales se encuentra el deber de fundamentar y motivar adecuadamente las mismas, debiendo entenderse por fundamentación la obligación de emitir pronunciamiento con base en la ley y por motivación, el deber jurídico de explicar y justificar las razones de la decisión asumida, vinculando la norma legal al caso concreto; al respecto, el Auto Supremo 111/2012 de 11 de mayo, señaló que: “Este deber se halla sustentado en el principio lógico de la razón suficiente; al respecto, Juan Cornejo Calva, en su publicación Motivación como argumentación jurídica especial, señala: El derecho contemporáneo ha adoptado el principio de la Razón Suficiente como fundamento racional del deber de motivar la resolución judicial. Dicho principio vale tanto como principio ontológico cuanto como principio lógico. La aplicación o, mejor, la fiel observancia, de dicho principio en el acto intelectivolitivo de argumentar la decisión judicial no solamente es una necesidad de rigor (de exactitud y precisión en la concatenación de inferencias), sino también una garantía procesal por cuanto permite a los justificables y a sus defensores conocer el contenido explicativo y la justificación consistente en las razones determinantes de la decisión del magistrado. Decisión que no sólo resuelve un caso concreto, sino que, además, tiene impacto en la comunidad: la que puede considerarla como referente para la resolución de casos futuros y análogos. Por lo tanto, la observancia de la razón suficiente en la fundamentación de las decisiones judiciales contribuye, también, vigorosamente a la explicación (del principio jurídico) del debido proceso que, a su vez, para garantizar la seguridad jurídica.


En definitiva, es inexcusable el deber de especificar por qué, para qué, cómo, qué, quién, cuándo, con qué, etc., se afirma o niega algo en la argumentación de una decisión judicial en el sentido decidido y no en sentido diferente. La inobservancia del principio de la razón suficiente y de los demás principios lógicos, así como de las reglas de la inferencia durante la argumentación de una resolución judicial, determina la deficiencia en la motivación, deficiencia que, a su vez, conduce a un fallo que se aparta, en todo o en parte, del sentido real de la decisión que debía corresponder al caso o lo desnaturaliza. Esa deficiencia in cogitando, si es relevante, conduce a una consecuencia negativa que se materializa en una decisión arbitraria, (injusta)."


Por otra parte, la fundamentación y motivación de Resoluciones implica el deber jurídico de explicar y justificar de forma lógica y con base en la Ley, las razones de la decisión asumida en apego al principio de congruencia, que es aquella exigencia legal que obliga a establecer una correlación total entre la pretensión de quien recurre y la decisión de la autoridad jurisdiccional; es decir, a la existencia de concordancia entre lo planteado por las partes y la decisión asumida por el Juez o Tribunal; pero además, exige la concordancia o coherencia entre los fundamentos de la Resolución y la parte resolutiva de la misma, caso contrario la Resolución podría incurrir en vicio de incongruencia que puede ser interna o externa.


III.2.  Análisis del caso concreto.


III.2.1.        De la falta de fundamentación y motivación del Auto de Vista impugnado al no resolver en el fondo los agravios denunciados en alzada.


El recurrente denuncia que el Auto de Vista impugnado no resolvió en el fondo los agravios interpuestos en su recurso de apelación restringida referidos a la defectuosa valoración de la prueba y errónea aplicación de la ley sustantiva, infringiendo el derecho de fundamentación y motivación de los fallos; extrañando además que el Tribunal de alzada debió pronunciarse respecto a la interpretación otorgada por parte del Juzgado de Sentencia en cuanto a la exigencia de sindicación directa del art. 283 del CP; si es correcto que la prueba no muestra la exigencia de los elementos objetivos y subjetivos del delito de Calumnia; y si el texto objeto del proceso se subsume o no a los tipos penales endilgados.


Como precedente contradictorio, invocó el Auto Supremo 111 de 31 de enero de 2007, dictado dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y otro en contra de Luis Arturo Vargas Mejía y otro, por la presunta comisión del delito de Peculado, donde se constató que el Auto de Vista impugnado incurrió en falta de fundamentación, toda vez que si bien el Tribunal de alzada observó el esquema nomológico deductivo, como medio de control para evaluar la consistencia del Fallo de mérito, empero no observó a tiempo de dictar Resolución que la motivación de los fallos emergentes de recursos debe ser expresa, clara, legitima y lógica, razón por la cual fue dejado sin efecto, reiterando la doctrina legal aplicable que este máximo Tribunal de justicia ha desarrollado respecto a la motivación de los fallos: "estos deben ser: a) Expresos: Porque el tribunal no puede suplirlos con una remisión a otros actos, o a las constancias del proceso, o reemplazar sus fundamentos con una alusión de la prueba. La ley exige que el juzgador consigne las razones que determinan su decisorio, expresando sus propias argumentaciones de modo que sea controlable el iter lógico seguido por él, para arribar a la conclusión; b) Claros: En la resolución, el objeto del pensar jurídico debe estar claramente determinado, de manera que produzca seguridad en el ánimo de quienes la conozcan, aun por los legos; c) Completos: La exigencia comprende a todas las cuestiones planteadas por las partes en los diferentes recursos que se analizan y a cada uno de los puntos decisivos que justifican cada conclusión. El tribunal está obligado a considerar todas las cuestiones esenciales o fundamentales que determinan el fallo. En este sentido, cualquier aspecto de la indagación susceptible de valoración propia, asume individualidad a los fines de la obligación de motivar, y sobre la base del principio de exhaustividad habrá falta de motivación, cuando se omita la exposición de los razonamientos efectuados sobre un punto esencial de la decisión y sobre hechos secundarios alegados en el mismo, porque la obligación de motivar alcanza también a ellos en cuanto comprenden el iter a través del cual el tribunal llega a la conclusión sobre la causa petendi.


La motivación debe ser d) Legítima: La legitimidad de la motivación se refiere tanto a la consideración de las denuncias formuladas, como a la obligación de revisar ex oficio la legitimidad del proceso. Por lo tanto, el fallo que se funda en la consideración de cuestiones alejadas del objeto particular del recurso deducido, no está debidamente motivada y finalmente de ser e) Lógica: Exigiéndose que la sentencia cumpla con las reglas de logicidad, de ahí que el tribunal valorará las cuestiones formuladas de un modo integral, empleando el razonamiento lógico, verificando la observancia de las reglas de la sana crítica y exponiendo los razonamientos en que se fundamenta la decisión; es decir, sustentándolos en las reglas de la lógica, psicología y experiencia."


Del análisis del precedente invocado se advierte que la problemática dilucidada, mantiene relación con la problemática procesal del motivo de casación, por lo que existiendo un supuesto fáctico análogo entre el Auto Supremo 111 y el presente motivo de casación, corresponde ingresar a verificar la posible existencia o no de la contradicción denunciada.


En el caso presente, de la revisión de antecedentes cursantes en actuados, se advierte que el recurrente a tiempo de interponer su recurso de apelación restringida, denunció como defectos incurridos por la Resolución de mérito, los contenidos en los incs. 6), 1) y 5) del art. 370 del CPP, expuestos en el acápite 11.2. de la presente Resolución; es decir, la valoración defectuosa de la Resolución Administrativa C.A. N° 41/2013 de 11 de septiembre de 2013; la errónea aplicación del art. 283 de nuestra norma sustantiva penal; y, la falta de fundamentación de la Sentencia respecto a la expresión de razones del por qué considera que la redacción contenida en la "conclusión d" de la Resolución Administrativa 41/2013, no contienen una significación ofensiva.


Por su parte, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, mediante el Auto de Vista ahora impugnado, precisó - luego de rememorar los tres agravios denunciados por el apelante y la aplicación pretendida- respecto a la denuncia de defecto de Sentencia contenido en el inc. 6) del art. 370, que lo señalado por el apelante respecto a la valoración defectuosa de la Resolución Administrativa 41/2013, ya sea por haberse apartado de la sana crítica o apreciado de forma fragmentada, es una interpretación particular. A continuación, el Tribunal de alzada glosó partes de la Resolución de mérito, en las cuales se aprecia la prueba aludida y el texto extrañado como conclusión equivocada por el apelante: "la expresión del texto de despido no es ofensiva ni despreciativa, ni existe una especial intención de injuriar, pues en ella no se afirma que Orlando Cárdenas haya sido despedido por delincuente siendo “la conclusión D" solo uno más de los considerandos; y porque no se ha probado dolo dado que el autor tiene que tener conocimiento de la falsedad de la declaración lo cual no ha ocurrido en la especie" (sic) advirtiendo que lo extraído no es irracional y que la valoración descriptiva realizada por parte del Juez de Sentencia contiene cánones de objetividad y racionalidad. Finalmente el Tribunal de alzada precisa que la prueba en cuestión fue valorada positivamente y se le otorgó la credibilidad correspondiente, sin que se advierta que el valor otorgado sea contrario a las máximas de la experiencia, conocimientos científicos y la lógica.


Respecto a la denuncia de defecto de Sentencia contenido en el inc. 1) del art. 370, en relación al art. 283 del CP; el Tribunal de alzada citó las consideraciones asumidas en Sentencia, en cuanto al elemento subjetivo exigido por el tipo penal de referencia: "En relación a la calumnia, la doctrina refiere que este tipo penal exige dolo directo, es decir que el sujeto activo sepa que la víctima no ha cometido el delito que se le imputa”; luego, continuó el Tribunal de apelación ilustrando con doctrina referida al tipo penal de Calumnia, exponiendo las principales características del delito referido -entre ellas la acción típica consistente en la atribución a otra persona de un delito; y los elementos objetivos del tipo compuestos de elementos normativos como ser el sujeto pasivo que puede tener como destinatarios a uno o más sujetos a quienes se los relaciona con un hecho delictuoso, y como sujeto activo al agente que a sabiendas que la sindicación de un delito es falsa, la atribuye de igual forma-, concluyendo que la conclusión consignada en el inciso "d)" de la Resolución Administrativa C.A. N° 41/2013 suscrita por los imputados, no puede subsumirse al tipo penal de Calumnia, “pues no existe de forma directa la atribución de un delito o de una conducta criminal dolosa en contra del ahora acusador... la parte considerativa de esta resolución señala que la cooperativa viene elaborando demanda penal en contra del gerente general y gerente administrativo por los delitos de apropiación indebida abuso de confianza y enriquecimiento ilícito, así expuesto el hecho de manera alguna cumple con los elementos objetivos y subjetivos que exige el tipo penal de calumnia y la doctrina legal aplicable emitida por el Tribunal Supremo de Justicia.”; por ende, no se advierte la inadecuada interpretación del tipo penal previsto y sancionado por el art. 283 del CP.


Finalmente, en cuanto al defecto de Sentencia contenido en el inc. 5) del art. 370, el Tribunal de alzada de manera concreta indicó que constató en la Resolución de mérito el apartado titulado como "fundamentación jurídica" (sic), el cual tiene la explicación suficiente y se encuentra motivada al determinar que en el caso presente no concurre el dolo, advirtiéndose además una actividad intelectiva. Para concluir, el Tribunal de apelación precisa que las observaciones que aluden una actividad desarreglada en la Resolución de instancia, no inciden respecto al defecto de Sentencia denunciado -art. 370 inc. 5)-, ya que no es causal que determine la vulneración del debido proceso en su elemento fundamentación motivada; no obstante, en el decisorio de la Resolución de alzada, se dejó sentado que "por última vez se llama severamente la atención al juzgador", en atención a la introducción de un Auto Supremo de manera íntegra en el texto de la Sentencia.


En suma, de los antecedentes expuestos líneas precedentes, se constata que el Tribunal de apelación resolvió en el fondo los tres agravios denunciados en alzada, pronunciándose además respecto a las cuestionantes extrañadas por el apelante.


Ahora bien, ya realizando la labor de contraste entre el Auto de Vista impugnado y el precedente contradictorio invocado, no se advierte violación al debido proceso toda vez que el Tribunal de apelación dio cumplimiento a las previsiones establecidas por el art. 124 del CPP y la doctrina legal aplicable contenida en el Auto Supremo 111 de 31 de enero de 2007 -transcrita por el recurrente a tiempo de interponer su recurso de casación-, en lo que respecta a determinados parámetros o exigencias mínimas en el contenido de la fundamentación o motivación de un fallo; en sentido de que toda Resolución debe ser expresa, clara, completa, legítima y lógica.


De manera que, estos parámetros fueron cumplidos por el Tribunal de apelación, al ser el Auto de Vista impugnado expreso, al señalar de manera concreta y clara que no resulta evidente lo acusado respecto a los defectos de Sentencia contenidos en los incs. 6), 1) y 5) del art. 370 del CPP; es decir, el Tribunal de alzada consideró que el valor otorgado a la prueba no es contrario a las máximas de la experiencia, conocimientos científicos y la lógica; que el Juzgado de Sentencia no incurrió en una errónea interpretación del art. 283 del CP, ya que no concurren los elementos constitutivos del tipo penal aludido en el accionar de los imputados al emitir la Resolución Administrativa C.A. N° 41/2013; acotando además que la Sentencia impugnada si bien contiene cierto descuido en su redacción, contiene explicación y motivación suficiente; claro, ya que no deja lugar a dudas lo expresado por los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí a momento de declarar improcedente lo acusado, precisando en cuanto a lo extrañado por el recurrente, que es correcta la interpretación otorgada por el Tribunal de instancia respecto al art. 283 del CP en cuanto no existe una sindicación "directa" por parte de los imputados hacia el acusador particular; la valoración probatoria fue correcta, toda vez que el texto de la Resolución Administrativa C.A. N° 41/2013, no es ofensivo ni despreciativo, como tampoco existe una especial intención de injuriar, pues en este no se afirma que el acusador particular hubiere sido despedido por delincuente; por ende el citado texto no puede subsumirse a los tipos penales endilgados; completo, porque en su respuesta abarca los hechos y el derecho que se aplica, estableciendo el Tribunal de alzada su determinación en previsión del art. 407 y 408 del CPP; y, el art. 370 del CPP en sus incs. 6), 1) -con relación al art. 283 del CP- y 5), estableciendo la improcedencia de la apelación restringida interpuesta por el acusador particular; legítimo, pues de conformidad a la norma adjetiva penal y la doctrina legal aplicable emitida por este Tribunal otorgó respuesta sobre las razones para la determinación de declarar inadmisibles los agravios denunciados; y, lógico, al estar correcta y coherentemente fundamentado.


Por ende, respecto a que el Auto de Vista carece de fundamentación y motivación en cuanto a la problemática expuesta en el presente título, no resulta evidente, cumpliendo además con lo previsto por el art. 124 del CPP; puesto que, el Tribunal de alzada verificó la correcta motivación de la Resolución de mérito absolviendo de manera expresa las denuncias de defectos de Sentencia contenidos en los incs. 6), 1) y 5) del art. 370 del CPP, sin entrar en contradicción con el precedente invocado -Auto Supremo 111 de 31 de enero de 2007-; en consecuencia, el motivo analizado deviene en infundado.


III.2.2. De la denuncia de falta de control de la valoración de la prueba.


El segundo motivo puntualizado por el ya citado Auto Supremo 198/2018-RA, es el referido a la supuesta falta de control incurrida por el Tribunal de alzada, respecto a la valoración probatoria ejercida por el Juez de Sentencia.


Para fines de contraste, el recurrente invocó el Auto Supremo 282/2014 de 27 de junio, dictado dentro del proceso penal seguido por Gueisa Mary Suarez Chávez, por la presunta comisión del delito de Estafa, donde se constató que Tribunal de alzada incurrió en revalorización de prueba e infringió el debido proceso en su elemento de la debida fundamentación y motivación, al haber revocado la Sentencia condenatoria en base a argumentos subjetivos, reiterando como doctrina legal aplicable el entendimiento asumido por el Auto Supremo 304/2012-RRC de 23 de noviembre, sobre la competencia del Tribunal de alzada relacionada a la valoración de la prueba: "El Tribunal de alzada al resolver el recurso de apelación restringida, tiene el deber de ejercer el control de la valoración de la prueba realizada por el Juez o Tribunal de Sentencia, a efecto de constatar si se ajusta a las reglas de la sana crítica y que se halle debidamente fundamentada; sin embargo, esto no supone un reconocimiento a la posibilidad de que aquel Tribunal pueda ingresar a una nueva revalorización y en consecuencia cambiar la situación jurídica del imputado, de absuelto a condenado o viceversa; porque de hacerlo desconocerá los principios rectores de inmediación y contradicción que rigen la sustanciación del juicio penal, incurriendo en un defecto absoluto no susceptible de convalidación emergente de la vulneración de los derechos a la defensa y al debido proceso; debiendo reiterarse que si bien el art. 413 in fine del CPP, establece que: 'Cuando sea evidente que para dictar una nueva sentencia no es necesaria la realización de un nuevo juicio, el tribunal de alzada resolverá directamente; el alcance de la referida disposición legal, no otorga facultad al Tribunal de apelación de hacerlo respecto a temas relativos a la relación de los hechos o a la valoración de la prueba, que al estar sujetos a los principios citados de inmediación y contradicción, propios del sistema procesal acusatorio vigente en el Estado boliviano, resultan intangibles.”


Precedente cuya problemática tiene relación con el motivo ahora en análisis, por lo que verificando la posible contradicción denunciada, se tiene conforme los antecedentes expuestos precedentemente, que el apelante denunció en su alzada el defecto de Sentencia contenido en el inc. 6) del art. 370 del CPP, arguyendo la defectuosa valoración probatoria de la Resolución Administrativa C.A. N° 41/2013.


Por su parte, el Tribunal de alzada verificó en la Sentencia que la valoración otorgada a la citada Resolución Administrativa respetó las reglas relativas a la carga de la prueba y la legalidad de la misma, verificando que la prueba aludida fue obtenida en etapa preparatoria en sujeción al art. 134 del CPP, habiendo el Juez de Sentencia otorgado la eficacia jurídica correspondiente; asimismo, advirtió que las apreciaciones de la Resolución de mérito respecto a la documental valorada, no son contrarias a la sana crítica, por cuanto se tiene explicitado que el contexto de la mencionada prueba no es ofensiva ni despreciativa, no contiene intensión de injuriar pues no se afirma que el acusador particular haya sido despedido por delincuente, como tampoco se ha demostrado el dolo en el actuar de los sujetos activos del delito.


Por ende, tampoco se advierte contradicción entre el Auto de Vista impugnado y el Auto Supremo 282/2014 de 27 de junio invocado como contradictorio, toda vez que el Tribunal de apelación, ejerció su deber de control de la prueba realizada por el Juzgado Primero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí respecto a la Resolución Administrativa C.A. N° 41/2013 observada como erróneamente valorada, constatando que la misma se ajusta a las reglas de la sana crítica y la debida fundamentación; consecuentemente, al no resultar evidente lo denunciado, corresponde declarar infundado el motivo expuesto.


III.2.3. De la denuncia de falta de control de la valoración de la prueba.


En cuanto al tercer agravio referido la falta de control por parte del Tribunal de alzada respecto a la subsunción jurídica de los tipos penales de Calumnia e Injuria encomendada al Juez de Sentencia, el recurrente invocó el Auto Supremo 190/2014 de 15 de mayo, dictado dentro del proceso penal seguido por Néstor Julio Enríquez Quiroga, por la presunta comisión de los delitos de Difamación y otro, donde se constató que el Tribunal de alzada al resolver la denuncia de errónea aplicación de la ley sustantiva en cuanto al delito de Calumnia, concluyó que la Sentencia realizó una correcta subsunción de los hechos al tipo penal, sin ejercer el control sobre el contenido de la citada Resolución a los fines de verificar si se identificó qué delitos fueron atribuidos falsamente al querellante, reiterando la doctrina legal aplicable desarrollada por este Tribunal referida al principio de legalidad en cuanto a la adecuada subsunción y su control por el Tribunal de alzada: "La Constitución Política del Estado al establecer normas relativas a la jurisdicción ordinaria, garantiza en su art. 180.1 el principio de legalidad en los procesos judiciales, que de acuerdo a la doctrina, se considera fundamental en todo procedimiento; ahora bien, en cuanto a la adecuada subsunción es necesario recordar que el Auto Supremo 431 de 11 de octubre de 2006 estableció: "que la calificación del hecho a un tipo penal determinado es en razón a describir primeramente el hecho para luego comparar las características de la conducta ilícita con los elementos constitutivos del delito; es necesario tomar en cuenta que la conducta general descrita por el tipo penal se encuentra en la norma, mientras que la conducta particular se identifica por la descripción de sus peculiaridades, si estas se subsumen a todos los elementos constitutivos de un tipo penal, recién podrá calificarse el hecho como delito incurso en tal normativa; en caso de que falte la adecuación de un elemento constitutivo del tipo penal, el hecho no constituye delito o en su caso se adecua a tentativa u otra figura delictiva”.


Esto implica, que una vez desarrollada la audiencia en sus distintas fases, incluida la actividad probatoria de las partes, corresponde al Juez o Tribunal de Sentencia resolver aquellas cuestiones relativas a la comisión del hecho punible que determine en su caso la absolución o la condena del imputado, debiendo la sentencia contener la exposición de los motivos de hecho y de derecho en que se funda conforme se tiene establecido en el art. 360.3) del CPP.


En este ámbito, debe tenerse en cuenta que la labor de subsunción, es una labor lógica del aplicador, para determinar si el hecho específico legal, o la consecuencia jurídica establecida por la norma coincide o difiere, consecuentemente, lo que debe hacer el juzgador es encuadrar el hecho específico concreto en el hecho específico legal.


Por tal razón, toda sentencia condenatoria se compone de dos operaciones, sin perjuicio de que las mismas se descompongan en otras varias. Una primera operación se concentra en determinar el flecho probado, y la segunda, una vez conocido el hecho se ocupa de la labor de subsunción del hecho en alguno o algunos preceptos penales. A la primera se la llama juicio histórico o fundamentación fáctica y la segunda es conocida como juicio jurídico o fundamentación jurídica y ambas deben gozar de una adecuada fundamentación. Esta exigencia de la motivación tiene un fundamento de carácter constitucional y permite que la Sentencia se justifique objetivamente; además, de exteriorizar una ineludible convicción judicial. Esto implica que la Sentencia ha de ser racional, de manera que la convicción del juez no puede basarse en la intuición o sospecha, sino que el mismo debe proceder de la prueba practicada en el juicio. Solo una convicción derivada de la prueba es atendible, por lo que cualquier otra convicción que procede de un motivo ajeno no es adecuada al razonamiento judicial y es pura arbitrariedad, por lo que la motivación sirve de control para evitar que se dicten las sentencias basadas únicamente en certidumbres subjetivas del juez, pero carentes de todo sustento probatorio.


En cuanto al control de la subsunción jurídica, corresponde precisar que la exteriorización del razonamiento efectuado por el Juez o Tribunal de Sentencia, permite su control al Tribunal de apelación, por ello la motivación de la Sentencia debe reflejar el razonamiento encaminado a la aplicación de la norma general al caso juzgado, trasladando la valoración genérica que el legislador ha expresado en la norma general a un supuesto de hecho concreto. La legitimidad de este procedimiento depende de la corrección con la que se haya inferido la decisión jurídica.


Por otra parte, debe tenerse presente que en el juicio sobre la observancia de la ley sustantiva existen limitaciones, como la falta o insuficiencia de determinación del hecho que sirve de sustento a la calificación jurídica, que impide constatar si la ley ha sido bien o mal aplicada, y fundamentalmente los problemas ligados a la interpretación de los conceptos jurídicos que integran la ley sustantiva y a la subsunción jurídica. Para superar estas limitaciones, el Tribunal de apelación al realizar la labor de control de la subsunción debe partir del hecho acusado, para saber si corresponde o no subsumirlo en el tipo o tipos penales acusados, siendo además importante interpretar los conceptos jurídicos que integran la ley sustantiva; de ese modo, el Tribunal de casación podrá cumplir con su labor de uniformar la jurisprudencia, estableciendo criterios rectores que permitan la aplicación del principio de seguridad jurídica.


Además, cabe recordar la necesidad de que las resoluciones en general y las resoluciones judiciales en particular, estén debidamente motivadas, por ser este un principio básico que informa el ejercicio de la función jurisdiccional; y, al mismo tiempo, un derecho de los justiciables a obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones oportunamente propuestas; de tal manera, los jueces o tribunales cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, están obligados a expresar la argumentación jurídica que los ha llevado a decidir una controversia, asegurando que el ejercido de la potestad de administrar justicia se haga en sujeción a la ley; pero también, con la finalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa de los justiciables.


Con base a lo expuesto, se establece que ante la formulación de recurso de apelación restringida, corresponde al Tribunal de apelación en ejercido de la competencia que la ley le asigna, de controlar a partir de los elementos constitutivos de cada delito, si el Juez o Tribunal de Sentencia, realizó la adecuada subsunción del hecho a los tipos penales acusados, realizando al efecto la correspondiente motivación."


Efectuada la precisión que delimita el ámbito de análisis del recurso de casación y glosada la doctrina legal aplicable en el precedente invocado como contradictorio -la cual es transcrita por el recurrente en casación-, previo a desarrollar la labor de contraste encomendada a este Tribunal, es menester puntualizar que el apelante en su alzada denunció el defecto de Sentencia previsto en el inc. 1) del art. 370 del CPP en relación al art. 283 del CP, es decir, la errónea aplicación del delito de Calumnia, y no así, del delito de Injuria previsto y sancionado por el art. 287 del mismo cuerpo sustantivo penal; aspecto por el cual, este Tribunal limitará su análisis únicamente a la constatación de la denuncia de falta de control por parte del Tribunal de alzada respecto a la subsunción jurídica del tipo penal de Calumnia encomendada al Juez de Sentencia, por cuanto no resulta coherente que el apelante denuncie directamente en casación la falta de control respecto a la subsunción jurídica del delito de Injuria, desconociendo la imposibilidad de aplicar el principio “per saltum” en nuestro ordenamiento penal.


Ahora bien, ya realizando la labor de contraste, se evidencia que la Resolución de alzada no es contradictoria al Auto Supremo 190/2014 de 15 de mayo, por cuanto de los antecedentes cursantes en actuados -ampliamente expuestos en la presente Resolución-, se tiene que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, de manera motivada comprobó que el Juez de Sentencia realizó la adecuada labor de subsunción encomendada, de la cual advirtió la falta de dolo como elemento constitutivo del tipo penal aludido en la conducta de los imputados en su calidad de miembros del Consejo de Administración de Cotap, a tiempo de emitir la Resolución Administrativa C.A. N° 41/2013, circunstancia determinante para poder calificar el hecho denunciado como delito incurso en el art. 283 del CP; en consecuencia, el motivo presente deviene también en infundado.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Orlando Cárdenas Núñez.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos