TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 435/2018-RRC

Sucre, 13 de junio de 2018


Expediente                        : Santa Cruz 172/2017

Parte Acusadora                : Ministerio Público y otra

Parte Imputada                : Rubén Barbery Hurtado 

Delito                                : Avasallamiento

Magistrado Relator        : Dr. Olvis Eguez Oliva


RESULTANDO


Por memorial presentado el 1 de noviembre de 2017, cursante de fs. 630 a 637 vta., Celso Santillán Velásquez en su condición de apoderado legal de Beatriz Villca Ramírez, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 58 de 15 de agosto de 2017, de fs. 528 a 605 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y la parte recurrente contra Rubén Barbery Hurtado, por la presunta comisión del delito de Avasallamiento, previsto y sancionado por el art. 351 bis. del Código Penal (CP).


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


  1. Por Sentencia 14/2017 de 15 de febrero (fs. 475 a 484 vta.), el Tribunal Cuarto de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Rubén Barbery Hurtado, absuelto de culpa y pena de la comisión del delito de Avasallamiento, previsto y sancionado por el art. 351 bis. del CP, ordenando el levantamiento de toda medida cautelar dispuesta en su contra.


  1. Contra la referida Sentencia, el acusador particular Celso Santillán Velásquez en su condición de apoderado legal de Beatriz Villca Ramírez (fs. 495 a 501 vta.) y Ministerio Público (fs. 503 a 505 vta.), interpusieron recursos de apelación restringida, resueltos por Auto de Vista 58 de 15 de agosto de 2017, emitido por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declaró admisibles e improcedentes ambas apelaciones y confirmó la Sentencia apelada, motivando la interposición del recurso de casación.


I.1.1. Motivos del recurso de casación.


Del recurso de casación y del Auto Supremo 193/2018-RA de 21 de marzo, se extraen los siguientes motivos a ser analizados en la presente Resolución, conforme al mandato establecido por los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


  1. La parte recurrente denuncia incumplimiento del deber de fundamentación y motivación en el Auto de Vista impugnado, expresando con la invocación del Auto Supremo 492/2015-RRC de 17 de julio, que ambas exigencias fueron sustituidas por larguísimas copias de doctrina legal que no son aplicables al caso concreto, afectando su claridad al analizar elementos y aspectos que no fueron objeto de apelación, incurriendo en un discurso retórico intrascendental que implica falta de claridad y especificidad en relación a lo que se pretendía dilucidar en la resolución, pues las referencias de Autos Supremos citados en el Auto de Vista impugnado, versan sobre elementos de la apelación que son ajenos al presente proceso y que no fueron mencionados en el recurso de apelación o su contestación; además de que la resolución es reiterativa hasta el hartazgo, en la conceptualización de lo que llama “Fundamentación descriptiva y fundamentación probatoria intelectiva” (sic), sin que dichos conceptos tengan trascendencia en el objeto mismo de la apelación, al no explicar cómo o porqué presume que la valoración de prueba fue correcta, incluso asumiendo la afirmación de que se valoraron acertadamente las pruebas para llegar a la conclusión que la víctima Beatriz Villca Ramírez, no se encontraba ejerciendo posesión sobre el terreno, cuando esa afirmación era falsa, puesto que la Sentencia nunca llegó a dicha conclusión. En ese ámbito, refiere que la fundamentación retórica y reiterativa no es en realidad una fundamentación jurídica, sino dañina para la correcta comprensión de los motivos y fundamentos de la Resolución que impide a la parte conocer con certeza el motivo por el cual se negó el recurso; pero además, hace gravosa la tarea de revisar la adecuación de la resolución a las normas del bloque de constitucionalidad y de la ley en relación al caso específico, temática sobre la cual invoca el Auto Supremo 509/2014-RRC de 1 de octubre.


  1. Señala que en el recurso de apelación, reclamó que en la Sentencia se valoró la prueba de forma ilógica; puesto que, la prueba fue concluyente en relación a que el imputado habría aperturado un forado para tomar posesión del inmueble y contradictoriamente a este hecho valorado como cierto y del cual se desprende como lógica consecuencia de que antes de realizar el forado no se encontraba en posesión del lote, manifestó que la víctima no se encontraba en posesión del bien; es así que, el Auto de Vista en un acto totalmente alejado del silogismo jurídico, mezcla las cuestiones de posesión y el modo en el que la posesión fue adquirida por el imputado, con los temas de derecho de propiedad, aclarando que no se pidió al Tribunal de apelación revalorice la prueba, sino ejerza el control exhaustivo de la lógica que debe existir en la valoración de la prueba, analizando que las conclusiones a las que llega en relación a una prueba no sean groseramente contradictorias con las conclusiones a las que arriba en relación a los demás elementos de prueba; sin embargo, el Tribunal de alzada no realizó ese análisis, sino que se aferró a la valoración anacrónica de los elementos probatorios, alegando que el haber citado los elementos de prueba que se debieron valorar, se habría satisfecho automáticamente la necesidad de una valoración integral de la prueba. Amplía su reclamo refiriendo que las conclusiones apuntan a que existió una perturbación a la posesión de la víctima que no fue valorada por el Tribunal de Sentencia en forma armónica y el Tribunal de alzada sobre el mismo tema cae en el mismo timo, aseverando que lo único que se puede demostrar es que existe un muro y lo único que se puede concebir es que el imputado se encuentra en posesión, cuando lógicamente adquirió la posesión de forma ilegal ingresando a través de un forado.


Por otra parte, el Tribunal de Sentencia realiza una serie de preguntas retóricas para hacer evidente supuestamente la duda que se generó, cuando una pregunta no puede y no debe ser una conclusión de la Sentencia, pues en ella se deben plasmar las conclusiones a las que arriba el tribunal y no sus cuestionamientos, respecto a lo cual, el Tribunal de apelación no se pronunció ni positiva menos negativamente, afirmando que se valoró correctamente la prueba, pero de ninguna forma analiza o estudia el iter lógico inexistente en la valoración de la prueba; es decir, no se percata que la valoración de la prueba no fue integral y no respetó las reglas de la lógica, pues existen contradicciones entre lo que se concluye en un punto con relación a lo que se concluye en el siguiente. En este motivo, la parte recurrente invoca el Auto Supremo 308/2006 de 25 de agosto.


I.1.2. Petitorio.


La parte recurrente solicita se deje sin efecto la resolución impugnada y se ordene al tribunal llamado por ley dicte un nuevo Auto de Vista, siguiendo la doctrina legal establecida.

I.2. Admisión del recurso.


Por Auto Supremo 193/2018-RA de 21 de marzo, este Tribunal admitió el recurso de casación interpuesto para el análisis de fondo de los dos motivos identificados precedentemente.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


II.1.        De la Sentencia.


El Tribunal Cuarto de Sentencia de Santa Cruz, declaró a Rubén Barbery Hurtado, absuelto de culpa y pena de la comisión del delito de Avasallamiento, al establecer los siguientes hechos.


  1. El 27 de mayo de 2015, Dionicia Villca de Santillán dedujo denuncia en contra del imputado Rubén Barbery Hurtado, por la presunta comisión del delito de Avasallamiento, al considerar que el terreno de su propiedad había sido objeto de ese hecho delictivo, cuando el imputado en su calidad de vecino, había procedido a abrir un forado en el muro sur de la barda perimetral del señalado lote, forado inicialmente pequeño, que fuera ampliado hasta convertirse en un parte de la barda en cuestión derribada, permitiendo con ello el ingreso directo de las personas del terreno colindante.


  1. De la prueba testifical presentada en el juicio, se tienen dos versiones diametralmente opuestas apoyadas por sus respectivos testigos, los cuales, cada uno por su lado, afirman haber construido la barda o muro perimetral del lote de terreno objeto del litigio, mientras tres testigos de descargo, afirman haber ayudado hasta cierta parte en la construcción de la barda, principalmente la del lado sur al imputado Rubén Barbery Hurtado, aparecen otros que dicen haber ayudado a Dionicia Villca de Santillán o a Beatriz Villca a construir por su parte, el mismo muro, dicen haber ayudado pasando agua con manguera y luz por afuera del lote para la construcción del señalado muro, mientras los otros dicen haberse pasado agua y luz de la casa de su madre al lado, mientras otros dicen haber cancelado la suma de Bs. 90.- (noventa bolivianos) al día a sus ayudantes, otros dicen haber contratado y haberles cancelado sus honorarios a cuatro albañiles de Tarija y a dos ayudantes del barrio, siendo lo único cierto con ambas versiones, como hecho cierto e innegable, de que la barda, aquel muro perimetral, estuvo levantado y cercando la totalidad del lote de terreno número cuatro de la calle Laguna Azul del Barrio Los Tajibos, dejando para el ingreso al señalado terreno, una puerta de metal por la cual, sólo podían ingresar personas.


  1. El imputado Rubén Barbery Hurtado, procedió de manera paulatina, al derribamiento de parte del muro perimetral, más concretamente el lado sur, colindante con el terreno de propiedad de la familia Barbery, habiendo ambas partes presentado sus respectivos derechos propietario a través de documentación inscrita en Derechos Reales del Departamento, presumiblemente ambos sobre el mismo bien. Por ello, el imputado habría procedido a aperturar un forado pequeño primero, más grande después, para luego derribar una parte del muro, conectando así ambos inmuebles, los lotes 5 y 4 entre sí, tomando o asumiendo posesión del indicado terreno Rubén Barbery, para posteriormente entregarlo a una tercera persona, que es quien detenta actualmente el bien, ante la promesa de venta y de pago parcial que le habría realizado al encausado.


  1. En consecuencia, se tienen dos derechos propietarios controvertidos, que aparentemente recaen sobre un mismo inmueble, sobre el cual el imputado ejercería un derecho real de manera material y no la acusadora particular, cuyo derecho propietario deriva de una transferencia que le habría efectuado un ciudadano que no interviene dentro de la presente causa, quien según la documental de cargo, habría adquirido su derecho propietario del imputado Rubén Barbery y que una vez adquirido, le habría vendido a la acusadora, tildando el imputado esa transferencia como falsa o nula, ya que el menor de ambos hermanos Barbery, habría sido menor de edad en la fecha de la transferencia del bien a Pedro Cresencio Pinto Costas, que viene a ser el causahabiente del derecho propietario que hoy reclama la víctima Beatriz Villca de Ramírez.


  1. Durante el juicio oral el imputado alegó su inocencia, quien reconoció ser el propietario o co-propietario juntamente su hermano menor, por lo que se tiene que alguien miente, por cuanto ambas partes, se atribuyen la construcción del citado muro o embardado total del terreno, enfatizando que el imputado construyó la barda incluso para su perjuicio, porque el supuesto dinero que gastó en levantarla, lo derribó con el forado que realizó, pues no existe duda alguna, que el forado al lado sur de la barda, fue realizado por el mismo imputado.


  1. La acusadora particular para demostrar efectivamente la existencia de ese su derecho real sobre el bien, debía ejercer como todo dueño, facultades materiales, medidas de hecho que demuestren que a su persona le asistía como a cualquier propietario esas facultades por encima de cualquier otra persona; al efecto, durante la sustanciación del juicio oral, se intentó demostrar que fue con su peculio y a su cargo que se levantó aquella barda, pues la manera para que los demás ciudadanos, conozcan quien es el propietario de un bien inmueble, viene a ser necesariamente el ejercicio de ese derecho de forma material, lo cual en este caso, viene a resultar confuso, pues se tiene que el proceso investigativo levantado durante seis meses tanto por el Ministerio Público, los efectivos policiales y los querellantes, no han servido para arrojar mayores luces en cuanto al proceso investigativo, su valides y profundidad, lo que ha impedido que se  pueda llegar a la verdad absoluta de los hechos sometidos a juzgamiento, al no haberse aportado en absoluto elemento de prueba incontrastable que respalde los extremos de la acusación presentada por parte del Ministerio Público, lo que ha resultado contradictorio con lo manifestado en su denuncia.


  1. Por lo referido, concluye no haberse creado la plena convicción de la autoría y responsabilidad del imputado Rubén Barbery Hurtado, en la comisión del delito de Avasallamiento, teniéndose como resultado sobradas dudas, no siendo suficiente la prueba testifical contradictoria y literal controvertida entre sí; peor aún sobre un derecho propietario replicado aparentemente, que merecería ser dilucidado en un proceso civil de conocimiento.


II.2.        De la apelación restringida y su resolución.


El acusador particular formuló recurso de apelación restringida argumentado; por un lado, la existencia de errónea valoración de la prueba; y por otro, de incongruencia en la sentencia, siendo resuelto el citado medio de impugnación por el Auto de Vista recurrido de casación por el cual el Tribunal de alzada declaró la improcedencia de las cuestiones planteadas, que además son coincidentes con las formuladas en la apelación del Ministerio Público.


III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN

CON LOS PRECEDENTES INVOCADOS


En el presente recurso, el recurrente denuncia que el Tribunal de alzada: a) Incumplió el deber de fundamentación y motivación que fue sustituido con copias de doctrina legal inaplicable a los aspectos mencionados en la apelación restringida; y, b) No realizó el control exhaustivo de la lógica que debe existir en la valoración probatoria ante las conclusiones contradictorias asumidas por el Tribunal de Sentencia, por lo que corresponde resolver la problemática planteada.

III.1. En cuanto a la denuncia de incumplimiento al deber de    fundamentación y motivación.


En este motivo el recurrente invoca como precedente contradictorio el Auto Supremo 492/2015-RRC de 17 de julio, que fue emitido en un proceso penal seguido por los delitos de Falsedad Material, Falsedad Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado, por el cual en casación se verificó previa referencia a la debida fundamentación que debe contar toda resolución judicial y ante la denuncia de violación al debido proceso en la vertiente de la fundamentación de la resolución y la valoración integral de la prueba, que el Tribunal de alzada al resolver el primer motivo expuesto en apelación, se redujo a una simple afirmación, que privó a las partes del conocimiento de su razonamiento, por no plasmar las razones que tuvo para arribar a la conclusión asumida, creando inseguridad en las partes en cuanto a la certeza de que la forma de su fallo sea la correcta; cuando debió identificar en qué parte de la Sentencia se encontraba esa valoración probatoria individual y expresar cuál fue el argumento del Tribunal de Sentencia, que evidenciaba esa valoración; además afirmó que el Tribunal de mérito aplicó correctamente las reglas de la sana crítica, sin explicar a qué correspondía tal afirmación, suponiendo que la misma se hallaba referida a la denuncia y al cuestionamiento de la conclusión presuntamente: “errónea del A quo con base a la declaración de Sergio Gustavo Camargo”, sin explicar de forma clara y expresa, porqué en la conclusión arribada por el Tribunal de mérito respecto a la declaración testifical referida, no se incumplió o se aplicó correctamente las reglas de la sana crítica y porqué la misma fue lógica, o correspondía a las reglas del recto entendimiento humano; asimismo, no expresó nada con relación a que el Tribunal de instancia  no hubiese observado la supuesta falta de la firma del imputado en el memorial presentado en el Colegio de Abogados de La Paz, el depósito realizado por otra persona y que no se estableció que documento era falso.


También se constató que el Tribunal de alzada, se limitó a señalar que la sentencia fue motivada y que incluso el Tribunal de Sentencia amparó su decisión en las Sentencias Constitucionales 1369/2011-R de 19 de octubre y 1489/2004-R de 17 de diciembre; argumento que perceptiblemente no resolvía el motivo apelado, por lo que la resolución impugnada de casación, resultaba arbitraria al privar a las partes del conocimiento del razonamiento seguido por el Tribunal de alzada para arribar a tal conclusión, incumpliendo nuevamente con los parámetros de una resolución expresa, clara y lógica y vulnerando el derecho al debido proceso por falta de fundamentación; y por último, se verificó que la Sala de apelación en forma similar a los otros motivos alegados en apelación, se limitó a señalar que el principio de congruencia no fue vulnerado, porque el Tribunal de Sentencia, se refirió a los hechos probados que están fundamentados de hechos y derechos, sin expresar de qué manera arribó a esa conclusión.


El recurrente también invocó el Auto Supremo 509/2014-RRC de 1 de octubre, pronunciado en un caso seguido por el delito de Estelionato, verificándose en casación previa la emisión de criterios relativos al deber de fundamentación de los Tribunales de alzada, que la Sala de apelación, de manera general y sin especificar a cuál de los puntos recurridos hacía referencia, asumió un fundamento denotando una evidente contradicción con el contenido del recurso de apelación restringida y con las facultades atribuidas a los Tribunales de apelación, en su labor de revisión de la inobservancia o aplicación de la ley sustantiva y/o adjetiva por parte del juez interior, plasmadas en los arts. 407, 413 y 414 del CPP, al pretender suplir la resolución del fondo de los puntos cuestionados con fundamentos distractivos, genéricos y contradictorios, incurriendo en vulneración del debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, por lo que el Auto de Vista impugnado fue dejado sin efecto.


Por lo señalado, se tiene que los dos precedentes invocados se refieren a la misma problemática planteada en casación; en cuanto, a un alegado incumplimiento del deber de fundamentación y motivación por parte del Tribunal de alzada, evidenciándose de los antecedentes que el recurrente en su recurso de apelación restringida, alegó como primer motivo la errónea valoración de la prueba, refiriendo que la Sentencia apelada declaró la absolución del imputado básicamente basada en que no se habría demostrado sin lugar a duda la posesión de la víctima sobre el inmueble en el momento en que el imputado realizó un forado en el muro divisorio del inmueble de su propiedad para ingresar al inmueble de la víctima; y por tanto, no se habría demostrado la perturbación del derecho posesorio sobre dicho inmueble, siendo esa conclusión carente de lógica, pues se denunció el delito de Avasallamiento por la invasión que se sufrió sobre el inmueble de propiedad de la víctima, por lo que estando invadido, obviamente en el momento del proceso penal el inmueble se encontrará en posesión del imputado, posesión ilegal por haberse obtenido por medio de la violencia sobre las cosas (destruyendo el muro perimetral), por lo que extrapolar la posesión actual y desconocer el modo en el que la propia sentencia reconoció que se ingresó al inmueble era totalmente ilógica.


Previa referencia al tercer hecho probado por la sentencia, señaló que el Tribunal de Sentencia estableció que el imputado tomó o asumió posesión del lote 4 de propiedad de la víctima, realizando un forado; y por lo tanto, se probó su acción típica antijurídica y culpable; sin embargo, de manera contradictoria más adelante asumió que no se habría demostrado la posesión de la víctima, simple y llanamente porque existirían testigos de ambas partes que se habrían pronunciado en relación a la autoría de la construcción del muro, careciendo la Sentencia de lógica en el análisis en relación a la construcción del Muro Perimetral que cerraba el inmueble y lo protegía.


A estos planteamientos, el Tribunal de apelación señaló que el de origen efectuó una correcta fundamentación fáctica que fue correctamente plasmada en la sentencia recurrida, habiéndose indicado que en las acusaciones presentadas por el Ministerio Público como por la víctima Dionisia Villca de Santillán, se alegó que el acusado Rubén Barbery Hurtado es autor del delito de Avasallamiento; toda vez, que la víctima en  mayo del 2006, procedió a adquirir un lote de terreno de Pedro Crescencio Pinto Costas; sin embargo, por razones personales se ausentó del país dejando a cargo del terreno a su padre y a sus hermanos; es así que, su vecino y ahora imputado Rubén Barbery Hurtado, procedió a realizar un forado en la pared divisoria de su propiedad con la finalidad de realizar actos posesorios y otra clase de construcciones que afectaron su terreno, negando el acceso de la víctima al terreno de su propiedad, no existiendo en ningún momento derechos propietarios controvertidos sobre su terreno, habiéndose configurado el delito de Avasallamiento.


Asimismo, la Sentencia recurrida contenía una debida y correcta fundamentación descriptiva de los elementos probatorios judicializados e incorporados durante el juicio; toda vez, que evidenció un detalle ordenado de cada elemento probatorio útil producido en juicio, con su respectiva referencia explicativa de los aspectos más sobresalientes de su contenido, en especial de lo manifestado por los testigos y documentales tanto de cargo como de descargo, tal como se tiene demostrado en la sentencia en la parte que el tribunal inferior denominó en su sentencia como pruebas producidas durante el juicio.


Además, constató que en la sentencia recurrida, el tribunal inferior también realizó una correcta fundamentación doctrinal del ilícito penal acusado de Avasallamiento, delito que sirvió como base del juicio oral, tal como lo establece el art. 342 del CPP, para lo cual los acusadores tenían que demostrar la participación del acusado en el mencionado ilícito penal, todo en base a sus pruebas de cargo presentadas y producidas en juicio. Por otra parte, también en la sentencia recurrida existía una correcta fundamentación probatoria intelectiva, en la que se apreciaron en conjunto las pruebas judicializadas, dejando constancia sobre los aspectos que le permitieron concluir el por qué un medio de prueba testifical de descargo merece mayor credibilidad sobre uno de cargo, lo mismo que en las pruebas documentales; es decir, que del elemento probatorio testifical y documental, el Tribunal de sentencia supo fundamentar de manera expresa porqué llegó a la conclusión de que la prueba de cargo resultó insuficiente para generar la convicción sobre la inexistencia de responsabilidad penal contra el acusado en la comisión del delito de Avasallamiento, lo que originó que al momento de dictarse sentencia absolutoria exista una correcta valoración de la prueba; y por consiguiente, una acertada fundamentación jurídica, que permitía comprender por qué no se encuadró la conducta del acusado en el delito atribuido; toda vez, que durante todo el juicio no se llegó a demostrar mediante prueba correcta y legal, que el mismo hubiera sido autor del acto ilícito acusado.


Con relación al defecto denunciado y establecido en el art. 370 ¡nc. 6) del CPP, el Tribunal de alzada estableció que el de origen al momento de fundamentar la sentencia apelada, ejerció las reglas de la sana crítica a tiempo de valorar las pruebas; tanto de cargo como de descargo, aplicando los arts. 124 y 173 del CPP, evidenciándose además que en la fundamentación de la Sentencia denominada Hechos Probados y Valoración de la Prueba, observó y aplicó las reglas fundamentales de la lógica, la psicología y la experiencia, para dar el valor correspondiente a las pruebas de acuerdo a su utilidad y pertinencia, evidenciándose además que en esa parte de la sentencia se expresó con claridad, concreción, experiencia, conocimiento, legalidad y lógica, sobre la base de las pruebas producidas en juicio oral, dándole a cada prueba el valor correspondiente, por lo que lo denunciado por los apelantes con relación a este numeral no era cierto ni evidente; toda vez, que en la sentencia recurrida se constataba que el tribunal inferior valorando tanto las pruebas testificales y documentales de cargo y de descargo, valoró acertadamente dichas pruebas testificales, mismas que a criterio del tribunal contenían dos versiones diametralmente opuestas, en el sentido de que no se llegó a demostrar o establecer si fue el acusado o la víctima quien construyó la barda perimetral que dividía los dos terrenos en conflicto; toda vez, que cada uno por su lado a través de sus testigos manifestaron haber sido contratados para construir por encargo de la víctima y del acusado la barda o muro perimetral, habiendo concluido el tribunal inferior con ambas versiones testificales, que lo único cierto y probado era el hecho de que existía una barda o muro perimetral que dividían dos terrenos signados con los números de lotes 4 y 5.


Añadió que, si bien era cierto que el Tribunal inferior declaró como hecho probado que el imputado procedió paulatinamente a derribar desde su terreno una parte del muro perimetral que unía ambos lotes; sin embargo, también valoró correctamente el hecho de que este acto fue realizado por el acusado, apoyándose en un supuesto derecho propietario que tenía sobre ambos lotes de terreno; también valoró de manera correcta el hecho de que la víctima presentó documentación que acreditó su derecho propietario sobre el mismo terreno; es decir, que ambas partes tendrían inscrito sus derechos propietarios sobre el supuesto terreno avasallado, situación ésta que el tribunal consideró como derechos propietarios controvertidos y que debían dilucidarse en un proceso civil de conocimiento.


Agregó que, el tribunal inferior de manera correcta también fundamentó y valoró el hecho de que en juicio oral, aparte de probarse documentalmente que tanto el acusado como la víctima tendrían diferentes derechos propietarios sobre el mismo terreno; y también, de forma acertada valoró las pruebas en forma conjunta para llegar a la conclusión de que la víctima Beatriz Villca Ramírez, no se encontraba ejerciendo posesión sobre el terreno al momento del ingreso de terceras personas, lo que motivó al tribunal a establecer dudas sobre la comisión del delito de Avasallamiento por parte del acusado Rubén Barbery Hurtado, tomando en cuenta además que por la documentación presentada por las partes y valorada correctamente por el tribunal, se probó la existencia de derechos propietarios controvertidos sobre el terreno motivo de la litis.


Previo pronunciamiento expreso sobre un cuestionamiento relativo a la prueba de cargo No. 18 que no fue reclamado en casación-; finalmente, el Tribunal de alzada concluyó que la motivación y valoración de las pruebas eran convincentes y correctas, que llevaron al total convencimiento al Tribunal, de que las pruebas de cargo eran insuficientes para generar certeza de culpabilidad por el delito de Avasallamiento en la conducta del acusado Rubén Barbery Hurtado, siendo que todas las pruebas no fueron concluyentes al momento de probar la acusación, imposibilitando de esta manera demostrar todos sus extremos, aplicándose correctamente el principio constitucional de "presunción de inocencia", prevista en el art. 116 parágrafo 1) de la Constitución Política del Estado (CPE) y 6 del CPP.


Una vez que se encuentran identificados los motivos expuestos por la parte recurrente en su recurso de apelación restringida, esta Sala Penal establece que el primer motivo de apelación estuvo referido a una alegada errónea valoración de la prueba que de acuerdo a los supuestos previstos en el art. 370 del CPP, se halla inscrito en el inc. 6) de la citada disposición legal, lo que implica que el Tribunal de alzada al referirse  ampliamente al tema relativo a la fundamentación fáctica, descriptiva, doctrinal e intelectiva, lo hizo en el ámbito del defecto del art. 370-5) del CPP; es decir, fuera del ámbito de los  motivos alegados por el recurrente en apelación y pese a que de acuerdo al art. 398 del CPP, los Tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones  a los aspectos cuestionados de la resolución, por lo que se evidencia inicialmente que el tribunal de alzada tal como denuncia la parte recurrente hizo referencia a aspectos y elementos que resultaban ajenos a los mencionados en el recurso de apelación restringida.


No obstante, se puede establecer del contenido del Auto de Vista recurrido, que en forma posterior al innecesario análisis relativo a la fundamentación de la sentencia en sus distintas modalidades, el Tribunal de alzada ingresó al análisis del defecto previsto por el art. 370 inc. 6) del CPP, para desestimar la denuncia de la parte apelante, al verificar sobre la base de la valoración efectuada por el Tribunal de origen, de la existencia de un derecho controvertido de ambas partes con relación a los terrenos en cuestión y fundamentalmente a la construcción de la barda o muro perimetral que dividía ambos terrenos, por lo que concluyó que la motivación y valoración de las pruebas resultaba convincente y correcta y que derivó en la absolución de la parte imputada, de modo que el Tribunal de alzada aun de manera sucinta estableció las razones de porqué la valoración de la prueba por el Tribunal de Sentencia fue correcta, identificándose del texto del Auto de Vista los motivos que permitieron establecer el por qué el recurso fue denegado, sin que se advierta la contradicción alegada con el Auto Supremo 492/2015-RRC de 17 de julio, pues a diferencia del precedente, en el presente caso se identifican las razones que permitieron al Tribunal de alzada concluir el por qué el Tribunal de origen aplicó correctamente los arts. 124 y 173 del CPP, razón por la cual la denuncia de incumplimiento al deber de fundamentación y motivación, resulta infundada. 


III.2.        Respecto a la denuncia de falta de control exhaustivo de la lógica que debe existir en la valoración probatoria.


En el segundo motivo planteado de casación, el recurrente invoca el Auto Supremo 308/2006 de 25 de agosto, emitido en una causa seguida por el delito de Despojo, por el cual este Tribunal estableció que analizados los alcances concretos de las pruebas cuya validez fue determinada por el Juez de mérito, existía ambigüedad en la valoración de la prueba, no siendo posible la coexistencia de pruebas con idéntico valor al ser, a la vez, contrarias entre sí vulnerándose, de este modo, las reglas lógicas, concluyéndose que existió una mala praxis del sistema de la sana crítica; además que, en sentencia se hizo referencia a la existencia y consideración de atenuantes por lo que el Juez de origen no efectuó una adecuada determinación de la pena; y en consecuencia, el Tribunal de alzada tampoco ejerció un control sobre la referida actuación jurisdiccional, al resultar excesiva la pena impuesta; verificándose que además, omitió relacionar y considerar el recurso de apelación restringida interpuesto por el procesado restringiendo con ello el derecho a la defensa y el derecho a la impugnación de las resoluciones jurisdiccionales, en infracción del art. 124 del CPP, debido a la fundamentación insuficiente, restringiendo los derechos de la parte recurrente e incurriendo en las mismas omisiones de la resolución del Tribunal sentenciador, al no observar la ausencia del criterio de valor de cada uno de los elementos de prueba, limitándose a realizar -conforme sale de la denuncia del recurrente- una trascripción de los fundamentos de la querellante particular, por lo que se extrañó en la resolución del Tribunal de alzada la consideración de los aspectos cuestionados en el recurso, referidos, entre otros, a la inadecuada determinación de la pena impuesta con absoluta discrecionalidad, sin que conste una adecuada fundamentación para tal determinación que, en los hechos, era próxima al máximo legal a pesar de concurrir las atenuantes señaladas de manera expresa en la Sentencia, en inobservancia del art. 398 del CPP, por lo que se dejó sin efecto el Auto de Vista recurrido estableciendo la siguiente doctrina legal aplicable: “El espíritu de la normativa penal, en consonancia con la doctrina penal contemporánea, establece que la apelación restringida constituye el único medio legal para impugnar una sentencia, por lo tanto los Tribunales de apelación deben fundamentar sus decisiones expresando los motivos de hecho y de derecho en que se basan, no pudiendo ésta ser reemplazada por la simple relación de las pruebas o requerimientos de las partes vulnerando, de tal manera, derechos constitucionales. Ante eventuales denuncias de defectuosa valoración de la prueba o errónea aplicación de la ley sustantiva, es menester que los Tribunales de alzada, realicen un efectivo control del sistema de valoración de la prueba y se pronuncien, de manera expresa, absolviendo los fundamentos del recurso de apelación en análisis.


Nuestro ordenamiento penal acoge el sistema de la Sana Crítica, pretendiendo explicar que sus contenidos y fines son el sometimiento de la prueba a las leyes o reglas que regulan el razonamiento deductivo, los fenómenos materiales y las conductas frente a la sociedad de acuerdo a lo admitido por ella misma para hacer viable la existencia y verificación de sus comunes objetivos, todo cumplido en forma `sana´, esto es, bajo la premisa de reglas generales admitidas como aplicables, y `crítica´ es decir que, con base en los `criterios de verdad´ otorgados a cada elemento de prueba, los hechos probados sean confrontados para establecer si una acción determinada pudo suceder o si ello fue posible de una u otra manera explicable dentro de las reglas de la lógica, la ciencia y la experiencia, postulados generales que rigen el razonamiento, las transformaciones materiales y la vida social, formal y dialécticamente comprendidos.


La máxima expresión del sistema emerge del juicio de mérito y se traduce en la resolución del a quo, quien debe analizar en su integridad los elementos probatorios introducidos legalmente al proceso para, con fundamento y límite en la sana crítica, colegir cuáles ameritan probar un hecho y cuáles no, labor intelectual que obliga a una apreciación, inicialmente individual pero, acto seguido, como en todo proceso analítico, una actividad confrontativa con el universo probatorio, única forma de establecer la verdad procesal, pues el grado de certeza no puede ser abstracto sino referido a un objeto determinado, esto es, que el juicio probatorio, imprescindiblemente, debe fundamentarse en los medios de prueba dinamizados en la correspondiente actividad procesal.


En un primer momento, a partir de la inmediación y de la percepción directa de la prueba, el juez o Tribunal, de manera subjetiva, adquiere convicción. Posteriormente, debe expresar ese razonamiento y darle el necesario soporte racional al juicio que realizó sobre la prueba en el que se le exige que traduzca, de manera objetiva, el valor asignado a cada elemento de la misma y explique la operación lógica realizada para llegar a determinada conclusión; esta actividad debe ser expresa de manera que garantice a las partes el control del razonamiento del Juez o Tribunal y la correcta aplicación del sistema de valoración de la prueba, para el posible control de legalidad ulterior.


Este control, en consecuencia, debe incluir la verificación de la correcta motivación de las sentencias y recae primeramente en el ad quem quien, ante la oscuridad, contradicción o falta de motivación de las resoluciones judiciales, debe disponer lo que corresponda, conforme la previsión de los artículos 413 y 414 del Código de Procedimiento Penal”.


Por lo referido, se establece que el precedente resulta útil para efectuar la labor de contraste el verificarse que su doctrina legal aplicable se originó en la falta de control del Tribunal de apelación respecto a la valoración probatoria efectuada por el de origen, hecho denunciado en el segundo motivo de casación sujeto al presente análisis; advirtiéndose de los antecedentes que la parte recurrente en el primer motivo de apelación restringida, destacó una serie de interrogantes formuladas por el propio Tribunal de Sentencia, demostrando esos cuestionamientos que no se encontraría lógica en las afirmaciones de la defensa en relación a la construcción del muro perimetral por parte del imputado y sin embargo, luego señaló que le generaba duda en relación a la posesión de la víctima a pesar de haber descartado la hipótesis por su falta de lógica, que constituye uno de los elementos de la sana crítica; es decir, al señalar como un hecho improbado que la víctima se encontraba en posesión de dicho inmueble basó esta afirmación en una hipótesis que fue destruida por su propia carencia de lógica y ese era precisamente el defecto en la valoración de la prueba.


Agregó que el Tribunal de Sentencia se planteó la pregunta de cuál el motivo para decidirse la víctima a contratar albañiles foráneos, interrogante que resultó xenófoba y discriminatoria; puesto que, asumió que el costo de los albañiles provenientes de la ciudad de Tarija costarían "el doble" que los albañiles locales, lo que no resultaba evidente a cuyo efecto presentó un índice de costo de construcción, que demostraría que el valor de la mano de obra en Santa Cruz era superior al promedio de todo el país; además, sin considerar el componente de confianza, teniendo en cuenta que la víctima se encontraba en el exterior y su hija en Tarja y declaró que los trajo porque los conocía y confiaba en los albañiles.


Con esos argumentos, reclamó que la valoración de la prueba fue defectuosa, aclarando que a través de la apelación no pretendía la valoración de los hechos o de las pruebas producidas en juicio, sino que se vele por la correcta valoración de dichos elementos con base a la lógica, que debe contener la resolución, habiendo anotado de manera clara las faltas de lógica y las contradicciones en las cuales ingresó el Tribunal de sentencia por cuanto a pesar de reconocer la "falta de lógica" de la hipótesis del contrario, en vez de descartarla la mantuvo en la misma escala que la hipótesis de la acusación, la cual si es perfectamente lógica, y entre una hipótesis ilógica y una hipótesis lógica se decanta por la posición menos razonable cual es la hipótesis de la defensa.


Por otra parte, el recurrente en su segundo motivo de apelación denunció incongruencia en la sentencia, expresando que en los hechos probados manifestó que el imputado habría procedió a aperturar un forado pequeño primero, más grande después, para luego, simple y llanamente derribar una parte del muro antes referido, conectando así ambos inmuebles, lotes 5 y 4 entre sí, tomando o asumiendo posesión del indicado terreno para posteriormente entregarlo a una tercera persona que detenta actualmente el bien; sin embargo, líneas más abajo señaló que no se creó la plena convicción de la autoría y responsabilidad del imputado Rubén Barbery Hurtado, en la comisión del Delito de Avasallamiento, lo que implica una fundamentación y motivación Incongruente por cuanto en la primera parte de la sentencia realiza una afirmación, relativa al modo en el que ha tomado o asumido posesión del terreno y en la misma resolución luego señala que no tiene convicción de la autoría y responsabilidad en la comisión del delito de avasallamiento, siendo estas divagaciones una muestra palpable y suficiente de la errónea motivación y fundamentación de la Sentencia al vulnerar el principio de congruencia interna de la resolución, al realizar afirmaciones contrarias y excluyentes entre sí, en contravención al ¡ter lógico que debe contener la decisión y que ha sido reconocido como un elemento de la congruencia que debe contener toda Resolución Judicial; por tanto, al haber incurrido en una ruptura de la armonía lógico jurídica por la cual reconoce que el avasallador obtuvo la posesión a través de la destrucción del muro perimetral para invadir el predio y al mismo tiempo en la misma resolución duda sobre la posesión de la víctima y la autoría, participación y responsabilidad del imputado en relación a los mismos hechos, existe un claro defecto en relación a la congruencia que debe existir en la resolución judicial.

       

Respecto a estas problemáticas, el Tribunal de alzada asumió que el tribunal inferior al momento de fundamentar y respaldar su resolución en la sentencia recurrida, realizó una correcta fundamentación, habiendo ejercido las reglas de la sana crítica a tiempo de valorar tanto las pruebas de cargo como de descargo, aplicando los arts. 124 y 173 del CPP; además, que la motivación de la sentencia era convincente, ante la insuficiente producción probatoria por parte de los acusadores, para generar certeza de culpabilidad contra el acusado; ya que, de la revisión del acta del juicio oral y en especial el fundamento del tribunal, se estableció un correcto fundamento del porqué las pruebas documentales de cargo producidas en juicio oral, resultaron insuficientes para generar la convicción sobre la responsabilidad penal del acusado.


Agregó que, el recurrente manifestó que existía incongruencia en la fundamentación y motivación de la sentencia recurrida; puesto que, a su criterio en los hechos probados se estableció como autor de la apertura del forado en la barda al acusado Rubén Barbery Hurtado; sin embargo, más adelante afirmó que no se creó la plena convicción de la autoría y responsabilidad del acusado en el delito de Avasallamiento; al respecto, el Tribunal de alzada consideró correcto el fundamento utilizado por el inferior; toda vez, que si bien era cierto se declaró como hecho probado que el acusado realizó un forado en la barda que dividía los lotes 4 y 5; sin embargo, también se fundamentó correctamente, que esta acción fue realizada en el entendido de que el acusado al tener su derecho propietario inscrito en Derechos Reales, podía ejercer su derecho real de manera material sobre dichos terrenos, al haberse probado y acreditado que el acusado ejercía su derecho posesorio; es decir, que al momento de realizar el forado en la barda, dicho acusado se encontraba detentando los mencionados terrenos; habiendo dejado claramente establecido que si bien era cierto la acusadora también acreditó su derecho propietario sobre el mismo terreno (dos derechos propietarios controvertidos), esta situación debía ser dilucidada por la vía civil de conocimiento.


Asimismo, destacó haber manifestado en el análisis del recurso que el inferior procedió a realizar correctamente una fundamentación descriptiva de los elementos probatorios judicializados e incorporados durante el juicio, para posteriormente proceder a fundamentar los hechos probados y no probados conforme lo establece la fundamentación fáctica, basándose en los elementos probatorios incorporados al juicio, habiéndose realizado también, una fundamentación analítica e intelectiva en la que se aprecian en conjunto las pruebas judicializadas, donde el inferior dejó constancia sobre los aspectos que le permitieron concluir el por qué las pruebas de cargo no fueron suficientes para generar la convicción sobre la responsabilidad penal del acusado, lo que originó que al momento de dictarse sentencia absolutoria exista una correcta fundamentación jurídica que permite comprender de manera correcta porqué dichas pruebas de cargo resultaron insuficientes.


Ahora bien, con relación al segundo motivo del recurso de casación, se establece que el recurrente en la segunda parte de su apelación restringida alegó la existencia de incongruencia en la sentencia identificando  el razonamiento que en su criterio resultaría contrario a la lógica como elemento del sistema de valoración probatoria vigente en el actual sistema procesal penal, lo que motivó conforme la relación que se tiene del Auto de Vista impugnado, que el Tribunal de alzada asumiera que el fundamento asumido por el Tribunal de origen resultaba correcto, de cuyo análisis se advierte que el Tribunal de alzada a diferencia de lo sostenido por el recurrente ejerció el control sobre la denuncia alegada en apelación; puesto que tal como se precisó en el acápite anterior de este fallo, destacó que las circunstancias relativas al forado en la barda que dividía los lotes en cuestión fue realizado por el imputado en ejercicio de un derecho propietario debidamente registrado y que si bien había documentación respaldatoria también respecto a los derechos de la parte contraria, se estaba ante derechos controvertidos que debían dilucidarse en una vía distinta a la penal, por lo que no se verifica la existencia de contradicción con el Auto Supremo 308/2016 de 25 de agosto, invocado como precedente contradictorio; por cuanto, ante la actividad probatoria desarrollada por ambas partes, se determinó la absolución del imputado ante la falta de convicción sobre su autoría y responsabilidad penal, de modo que el Tribunal de alzada resolvió el recurso conforme los antecedentes y los aspectos relevantes de orden fáctico y legal que derivaron en la absolución del imputado; en cuyo mérito, el presente motivo también deviene en infundado.


Debe dejarse constancia que esta Sala constata que el Tribunal de alzada respecto a la observación efectuada por el recurrente relativa a la preguntas formuladas que se hizo el propio Tribunal de Sentencia, no emite un pronunciamiento concreto; sin embargo, en el planteamiento del recurrente no se advierte cuál la relevancia de la omisión, en términos de precisar de qué modo el accionar del Tribunal de origen pudo haber incidido en el resultado final, pues conforme se destacara en los dos motivos de casación sujetos a análisis, se tiene que la absolución tuvo como base esencial la controversia existente entre los derechos propietarios reclamados por ambas partes que debieran dilucidarse en otra vía.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Celso Santillán Velásquez en su condición de apoderado legal de Beatriz Villca Ramírez cursante.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos