TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 433/2018-RRC

Sucre, 13 de junio de 2018


Expediente                        Santa Cruz 167/2017

Parte Acusadora                Ministerio Público y otro

Parte Imputada                Víctor Hugo Aguilar Serrudo y otros

Delito                                Robo Agravado

Magistrado Relator        : Dr. Edwin Aguayo Arando


RESULTANDO


Por memorial presentado el 31 de octubre de 2017, de fs. 972 a 976 y vta., Romel Benjamín Ortuño Tordoya, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 75 de 12 de octubre de 2017, de fs. 925 a 929, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido contra Isaac Mendoza Gonzales, Avelino Molina Roca, Víctor Hugo, Carlos Eduardo ambos de apellidos Aguilar Serrudo e inter partes, por la presunta comisión del delito de Robo Agravado, previsto y sancionado por el art. 332 incs. 1) y 2) del Código Penal (CP).


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


  1. Por Sentencia 25/2017 de 5 de junio de 2017 (fs. 774 a 784 vta.), el Tribunal Primero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró: 1. Víctor Hugo Aguilar Serrudo autor y culpable del delito de Robo Agravado, previsto y sancionado por el art. 332 incs. 1) y 2) del CP, condenando a cumplir la pena de 10 años de presidio; 2. Juan Daniel Molina Serrudo, autor del delito de Robo Agravado, tipificado por el art. 332 incs. 1) y 2) del CP, imponiendo la pena de 8 años de presidio; y, 3. Carlos Eduardo Aguilar Serrudo, autor del delito de Robo Agravado, previsto y sancionado por el art. 332 incs. 1) y 2) del CP, condenando a cumplir la pena de 7 años de reclusión. Asimismo, se determinó que el pago de costas procesales serían calificadas en ejecución de sentencia.


  1. Contra la mencionada Sentencia, los imputados (fs. 877 a 888 vta.), formularon  recurso de apelación restringida, resuelto por Auto de Vista 75 de 12 de octubre de 2017, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que lo declaró admisible y procedente en parte, anulando totalmente la Sentencia pronunciada, disponiéndose la reposición del juicio por el Tribunal de Sentencia llamado por Ley, motivando la interposición del presente recurso de casación.


I.1.1. Motivo del recurso de casación.


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en juicio de admisibilidad, pronunció el Auto Supremo 188/2018-RA de 21 de marzo, por medio del cual declaró la inadmisibilidad de los recursos de casación de interpuestos por el Ministerio Público, y Juan Daniel Molina Serrudo; así como declarar admisible el recurso planteado por Romel Benjamín Ortuño Tordoya, para su análisis de fondo conforme los siguientes parámetros:

  1. Romel Benjamín Ortuño Tordoya, expresa el Auto de Vista no debió considerar como prejuzgamiento los fundamentos de la Sentencia de procedimiento abreviado, pues el acuerdo suscrito entre el acusado Avelino Molina Roca y el Ministerio Público, se basó en la aceptación voluntaria de su responsabilidad y culpabilidad en el hecho enjuiciado. Añade que la aplicación de un procedimiento abreviado como forma extraordinaria de finalización del proceso, no extingue ni suspende el ejercicio de la acción penal pública, situación que sumada a varios aspectos sobre las características de esa salida alternativa, llevaron al recurrente a afirmar que “los jueces del tribunal en ningún momento vertieron opinión en cuanto a los otros acusados” (sic). En la tramitación, del juicio oral fueron producidas las pruebas que dieron convicción a los hechos probados; sin embargo, a criterio de los Vocales de la Sala Penal Segunda, los miembros del Tribunal de Sentencia debieron alejarse del conocimiento de la causa, aspecto que no era pertinente por la admisión verosímil de culpabilidad del imputado Molina Roca y la renuncia voluntaria al juicio oral. Invoca como precedente contradictorio el Auto Supremo 331/16-RRC de 21 de abril de 2016.

 

  1. El recurrente afirma que el Tribunal de apelación no observó las reglas del debido proceso incurriendo en defecto absoluto, argumentando que ello es sostenido por el precedente contradictorio contenido en el Auto Supremo 141/06 de 22 de abril. Arguye que el Auto de Vista que impugna es contradictorio entre sus partes considerativa y dispositiva, pues ya que los Vocales no especificaron los actos que infringieron las normas invocadas, lo que “siembra una total inseguridad jurídica…los acusados que fueron sentenciados en primera instancia, ahora resultan beneficiados con el Auto de Vista que a todas luces siembra la incertidumbre jurídica, poniéndose en riesgo la paz social” (sic).


I.1.2. Petitorio.


Solicita que previa concesión de su recurso se declare su procedencia y constatándose contradicción con los precedentes contradictorios invocados se deje sin efecto el Auto de Vista 75 de 12 de octubre de 2017, disponiéndose que la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz dicte un nuevo fallo conforme la doctrina legal aplicable al caso.


II. ANTECEDENTES PROCESALES VINCULADOS AL RECURSO


II.1.  Acusación y juicio oral.


Por requerimiento conclusivo de 20 de octubre de 2014 (fs. 303 a 307), el Ministerio Público acusa formalmente a Isaac Mendoza Gonzales, Avelino Molina Roca, Victor Aguilar Serrudo, Juan Daniel Molina Serrudo la comisión del delito de Robo y Robo agravado, previstos y sancionados en los arts. 331 y 332 inc. 1) y 2) del CP.


Por Auto de 28 de noviembre de 2014 el proceso fue radicado en el Tribunal Primero de Sentencia del Distrito Judicial de Santa Cruz, ante lo cual la víctima presentó acusación particular (fs. 325 a 326 vta.)


II.1.1. Requerimiento de aplicación de Procedimiento Abreviado - Sentencia 14/2016 de 28 de marzo.


En el marco de la Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal (L586), el 28 de marzo de 2015, fue llevada a cabo la audiencia de consideración de aplicación de procedimiento abreviado a Isaac Mendoza Gonzáles, solicitud que considerada por el Tribunal Primero de Sentencia, fue deferida ante la verificación del cumplimiento de las exigencias requeridas por norma en este tipo de casos,  condenándose a Isaac Mendoza Gonsales la comisión del delito de Robo Agravado condenándolo a cumplir una pena de siete años de presidio.


II.1.2.        Requerimiento de aplicación de procedimiento abreviado Sentencia 34/2016 de 30 de mayo


La Sentencia que hace título a este apartado (fs. 371 a 373 vta.) fue pronunciada, en el marco de la Ley N° 586, a requerimiento del Ministerio Público, por el Tribunal Primero de Sentencia del Distrito Judicial de Santa Cruz, declarando a Avelino Molina Roca la comisión del delito de Robo Agravado contenido en el art. 332 del CP, imponiéndole la pena de seis años de reclusión. Este fallo, de manera idéntica al anterior- se sostuvo en los siguientes elementos:


  1. “…en fecha 08 de enero del 2014 Romel Benjamín Ortuño Tordoya, formaliza denuncia en contra de autores por la comisión del delito de robo agravado del vehículo marca Toyota, tipo runner, de clase vagoneta en circunstancia que había dejado estacionado…en el interior de su domicilio con todas las puertas aseguradas, por el lapso de 6 horas aproximadamente mientras se encontraba en el interior de su domicilio, sin embargo 3 sujetos con armas de fuego ingresaron donde lo obligaron con amenazas de muerte a entregarles las llaves del vehículo, golpeándolo para obtener y saber dónde está el bloqueador dejándolo maniatado y amordazado cuando logró desatarse verificó que el vehículo y se percató del robo en base a las actuaciones policiales se acumularon elementos de prueba que fueron recogidos durante la investigación, los cuales proporcionaron la certeza sin lugar a dudas de que Avelino Molina Roca es autor del delito de robo agravado” (sic).


  1. La fundamentación fáctica da cuenta que: “…revisado el extracto de llamadas se puede evidenciar que el número telefónico registrado a nombre de [la] madre de la víctima…que habría sido robado por los acusados. Habrían realizado ocho llamadas al número registrado a nombre de Avelino Molina Roca, logrando individualizar a uno de los autores del hecho” (sic).


Por informe de los investigadores asignados al caso se emite y ejecuta requerimiento de aprehensión contra Víctor Aguilar Serrudo, Carlos Eduardo Aguilar Serrudo, Isaac Mendoza Gonzáles y Juan Daniel Mlina Serrudo. Más adelante “realizado el acto de desfile identificativo y reconocimiento de personas…la víctima, reconoce e identifica a Avelino Molina Roca [3], Daniel Molina Serrudo [6], Isaac Mendoza Gonzáles, Victor Hugo Aguilar Serrudo [4] y Carlos Eduardo Aguilar Serrudo [7].


Por las investigaciones realizadas se tiene que Avelino Roca, se encargaba de trasladar a los otros acusados en el vehículo motorizado que trabajaba como taxi, así mismo se tiene que Juan Daniel Molina Serrudo, fue la persona que maniato y agredió  físicamente a la víctima con un arma de fuego, que por su parte Víctor Hugo Aguilar Serrudo, fue quien maniató al acompañante de la víctima. De igual manera Carlos Eduardo Aguilar Serrudo, fue la persona que cargó los objetos; asimismo, Isaac Mendoza Gonzáles, fue el encargado de pedir la llave del motorizado a la víctima para luego trasladarlo hacia la carretera a Pailón Santa Cruz donde se reventó la llanta y abandonaron el vehículo” (sic).


II.2.  De la Sentencia.


El 5 de junio de 2017, el Tribunal Primero de Sentencia del Distrito Judicial de Santa Cruz pronunció la Sentencia 25/2017, por la que declaró a Víctor Hugo Aguilar Serrudo, Juan Daniel Molina Serrudo y Carlos Eduardo Aguilar Serrudo la comisión del delito de Robo Agravado previsto y sancionado por el art. 332 incs. 1) y 2) del CP, imponiéndoles las penas de privación de libertad de 10, 8 y 7 años respectivamente. Este fallo sostuvo como hechos probados:


Romel Benjamín Ortuño Tordoya, formaliza denuncia en DIPROVE en contra de autores coautores cómplices encubridores por la comisión del delito de Robo Agravado de vehículo, en circunstancia que había dejado estacionado el motorizado en el interior de su domicilio, con todas las puertas aseguradas y alarma de sonio activada por el lapso de 6 horas aproximadamente, mientras se encontraba en el interior de su domicilio, descansando a altas horas de la noche; sin embargo, tres sujetos con armas de fuego, habían ingresado a su domicilio donde lo obligaban con amenazas de muerte a entregarle las llaves del vehículo, golpeándolo para obtener y saber dónde está el bloqueador dejándole maniatado y amordazado para que no puedan retirarse del lugar, cuando logró desatarse verificó el vehículo y se percató del robo porque ya no se encontraba donde lo había dejado estacionado.


Está probado la participación de los acusados por el acta de reconocimiento de personas donde la victima plenamente reconocer a los acusados y en audiencia de juicio oral también reconoció a los acusados e indicó q individualizó la participación en el hecho ilícito de cada uno de ellos los acusados, indicando que los sujetos que ingresaron a su cuarto eran tres personas Víctor Hugo Aguilar Serrudo quien lo apuntaba con el arma de fuego gritando que lo iba a matar, detrás de él se encontraba Juan Daniel Molina, quien sacó la llave de su motorizado y su dinero en la suma de BS. 10.000.- (diez mil bolivianos) y $us. 740.- (setecientos cuarenta dólares estadounidenses) que se encontraba en su pantalón; también lo agredió físicamente y Carlos Eduardo Aguilar Serrudo, fue la persona que llevaba los objetos de valor a la movilidad y se fue con el señor Avelino Molina, que ya se encuentra sentenciado y había otras personas más, sacado los objetos que se encontraban en la propiedad como televisores, motores, ropa, zapatos, entre otras cosas de valor que cargaron en vehículo Toyota (que fue robada) y lo que sobró lo cargaron e el vehículo que llegaron los acusados (Toyota de color blanco) el señor Víctor Hugo Serrudo, era quien ordenaba y dirigía a los demás acusados entre ellos a Juan Daniel Molina, Carlos Eduardo Aguilar Serrudo” (sic). 


II.3. De apelación restringida.


Víctor Aguilar Serrudo, Carlos Eduardo Aguilar Serrudo y Juan Daniel Molina Serrudo, interpusieron recurso de apelación restringida, saliente en memorial de fs. 877 a 888 vta., presentando los siguientes agravios:


  1. Apelación sobre el incidente de falta de fundamentación de la acusación y falta de control jurisdiccional, reclamando que al brindárseles libertad irrestricta por no existir indicios en su contra y haberse ejecutoriado tal resolución, cual la razón por la que se los acusó. Agregaron que la acusación no expresa cual fue su participación en el hecho no estimando si fueron autores, cómplices o encubridores.


  1. “error en la valoración de la prueba” (sic) cuestionando una presunta falta de objetividad en las autoridades fiscal y jurisdiccional, sobre la base de cuatro apreciaciones hechas sobre las declaraciones de Juan Carlos Dueña Mamani, Cerapio Arancibia Cruz y la víctima; así como cuestionar la no realización de toma de huellas dactilares.


  1. “defecto absoluto; evidencia de sentencia sin criterios sólidos que fundamenten la valoración de la prueba” (sic) alegando la infracción al art. 173 del CPP, por no realizarse una valoración integral de la prueba.


  1. “defecto absoluto: resolución incompleta con respecto a la sentencia” (sic) al no existir nexo causal que vincule al hecho, las personas y la subsunción de la conducta al tipo penal acusado.


  1. Falta de individualización del imputado [art. 370 inc. 2) del CPP] por cuanto no existiese prueba que determine la participación de cada uno de los acusados, más cuando no existió reconstrucción de los hechos.


  1. Defecto de la sentencia inmerso en el art. 370 inc. 4) del CPP; ya que, “no existió por parte de la Fiscalía la acusación por asociación delictuosa y fue esta la acusación sobre la cual se abrió el juicio, al condenarlos por otro delito no acusado el tribunal incurrió en un defecto de la sentencia ya que incorpora aspectos ilegales al juicio” (sic).


  1. Defecto de la sentencia contenido en el art. 370 inc. 5) del CPP, en el argumento que pues en la parte considerativa de determinó la comisión de los delitos contenidos en las sanciones del art. 332 incs. 1) y 2), y el art. 132 ambos del CP; empero, en la parte resolutiva solo se declara la comisión del primer tipo penal.


  1. “vulneración al derecho de la seguridad jurídica” (sic).
  2. “no existe congruencia sobre la pena aplicada” (sic), pues a pesar de identificarse al autor intelectual, las penas aplicadas no fueron fijadas de manera proporcional además que ellas no se basan en fundamentación alguna de parte del Tribunal de juicio.


  1. Bojo el epígrafe de “Auto Supremo N° 414/2014 Fecha: Sucre, 23 de septiembre de 2014 Sobre la presunción de inocencia” (sic) transcribiendo un pasaje de ese Fallo, dijeron los apelantes que en su caso se había vulnerado el principio de presunción de inocencia con el caso de las “dos sentencias previas” (sic).


II.4.  Del Auto de Vista impugnado.


Previa realización de audiencia de fundamentación oral (acta de fs. 918 a 923 vta.) la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz emitió el Fallo que hace título a este apartado, por medio del que se anuló la Sentencia de grado y dispuso el reenvío del juicio. Este fallo únicamente encontró la existencia de agravio en dos planteamientos, a saber:


  1. “…el tribunal de mérito no cumplió con todas las exigencias que establecen los arts. 37 y 38 del Código Penal para aplicar una sanción penal de acuerdo a la participación criminal…se evidencia una falta de fundamentación en cuanto a la fijación de la penal, lo cual no significa que no se habría impuesto una pena al margen de la Ley, sino que, no se halla sustentada en elementos valorativos sobre los hechos probados en sentencia, las circunstancias que rodean al caso, la gravedad del hecho [etc.]” (sic).


  1. “La sentencia N° 25/2017 fue dictado el 5 de junio de 2017, sin embargo cursa en actuados (fs. 658 a 660) una sentencia de procedimiento abreviadp del coimputado Avelino Molina Roca, quien fue coindenado a 6 años de privación de libertad como producto de ese hecho. Un aspecto que fue observado por los hoy recurrentes y que consta en la sentencia No. 34/2016 de procedimiento abreviado de 30 de mayo de 2016, es que en el punto 1 Fundamentación fáctica o relación de hechos el Tribunal de Sentencia en lo Penal de la Capital [expresó una relación fáctica que] significa a todas luces un prejuzgamiento que violenta el principio de seguridad jurídica y presunción de inocencia de los hoy recurrentes,pues han sido tenidos como culpables desde el 30 de mayo de 2016, cuando el juicio iniciado para los tres coacusados aún no había concluido, lo cual evidentemente violenta el principio de seguridad jurídica y el derecho que tienen los acusados de ser juzgados por un tribunal imparcial que esté constituido con anterioridad al hecho, así como también el derecho que tiene los acusados al debido proceso. En la sentencia de procedimiento abreviado No. 34/2016 el Tribunal de Sentencia realiza una relación de hechos, no se refiere a supuestos partícipes y tampoco se aclara por parte del tribunal que sería una hipótesis del acusador fiscal, sino que se habla en primera persona, por tanto se entiende que es un prejuzgamiento respecto a la culpabilidad de los acusados que fueron sentenciados mediante la sentencia No. 25/2017. Con este antecedente el Tribunal de mérito debió apartarse del conocimiento del proceso de oficio, es decir si ya existía un pronunciamiento respecto a la culpabilidad de los acusados…debió excusarse de conocer el proceso y al no haberlo hecho así violenta el principio de presunción de inocencia que tiene todas persona mientras no se demuestre su culpabilidad en un debido proceso, en un juicio en el que los juzgadores deben estar con la mente en blanco, sin prejuicios, sin influencias, manejándose en el marco de la Ley. Este aspecto, constituye un defecto absoluto no susceptible de convalidación, toda vez que con anterioridad ya existió un prejuzgamiento que invalida todos los actos posteriores con relación a los acusados…por ende también se invalida la sentencia recurrida, pues los acusados tienen el derecho a ser juzgados por un tribunal imparcial y por un juez natural, desprendido de todo prejuicio y manifestación previa de culpabilidad o inocencia de los acusados” (sic)


III. FUNDAMENTOS DE LA SALA


En casación el recurrente acusa que el Auto de Vista 75 de 12 de octubre de 2017, es contradictorio a la doctrina legal aplicable contenida en los Autos Supremos 331/2016-RRC de 21 de abril y 141/06 de 22 de abril; en el primer caso cuestionando los argumentos por los que el Tribunal de alzada consideró a la sentencia de procedimiento abreviado impuesta a uno de los coacusados como criterio de prejuzgamiento y vulneración al juez natural, riñendo con la postura de haber vertido criterio anticipado; y, en el segundo caso, se acusa falta de fundamentación, contradicción entre las partes considerativa y la dispositiva, y ausencia de claridad en torno a los actos que los Vocales consideraron que vulneraron las normas y derechos conculcados.


En suma, el recurrente riñe con los argumentos por los que el Tribunal de apelación consideró violado el principio de presunción de inocencia y vulnerado el derecho al juez natural, en el entendido de que los contenidos de la Sentencia de procedimiento abreviado de 30 de mayo de 2016, constituyeron criterio anticipado sobre la culpabilidad de los acusados Víctor Aguilar Serrudo, Carlos Eduardo Aguilar Serrudo y Juan Daniel Molina Serrudo; de ahí en más, con el fin de contextualizar y determinar de modo más preciso la existencia o no de la contradicción planteada, corresponde de inicio establecer el momento y situación procesal en específico en el que se hubiera generado los agravios identificados por el Tribunal de apelación, para luego estimar si estas consideraciones se adecuaron a norma y finalmente precisar el análisis sobre la  contradicción propuesta.

 

III.1. Procedimiento Abreviado naturaleza y oportunidad procesal.


El Auto Supremo 109/2013-RRC de 22 de abril, en referencia a los fundamentos expuestos por la Comisión Redactora del Órgano Legislativo, sobre el Procedimiento Abreviado expresó: “… constituye una simplificación de los trámites procesales, ya que se elimina el debate oral, público y contradictorio, quedando el juez plenamente facultado para dictar la sentencia sobre la base de la admisión de los delitos por parte del propio imputado…”.


El Procedimiento Abreviado como salida alternativa dentro de la legislación nacional, no constituye de modo alguno un acto vertical e incriminatorio, pues su procedencia exige, no solo la demostración suficiente del hecho y la participación del imputado en él, sino que esa demostración supere un estado indiciario. El procedimiento abreviado, en suma es la renuncia al debate contradictorio del juicio oral y su base de aceptación se orienta en la renuncia voluntaria a ese debate, más no es consecuencia de la admisión de culpa. De hecho, la regulación de trámite impuesta a la autoridad jurisdiccional, estima la verificación sobre la suficiencia fáctica y probatoria de la solicitud pretendida por el Ministerio Público para una eventual emisión de sentencia, fallo que debe ser redactado en el orden del art. 360 del CPP, conforme lo aplicable a cada caso en concreto.


El Procedimiento Abreviado, dentro de la legislación nacional posee dos momentos, por una parte se establecimiento a través de la Ley 1970, que determinaba como momento procesal de su solicitud y tramitación a la emisión de requerimiento conclusivo concluida la fase preparatoria, ante el Juez Cautelar. Luego por las modificaciones de la Ley 586 de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal de 30 de octubre de 2014, amplió su viabilidad procesal, incluso en etapa de juicio oral hasta antes de la emisión de sentencia. 


La aplicación esta salida alternativa, tiene como base que el acusado reconozca haber cometido el hecho acusado, teniendo como característica la celeridad, en el cual ya no es necesaria la producción de pruebas periciales ni testificales, porque ya no existen hechos contradictorios que demostrar, el contenido fundamental del procedimiento es el acuerdo firmado entre el fiscal, el imputado y su abogado defensor, donde renuncia al juicio oral; además, de contener la pena privativa de libertad a imponerse, resaltando que la admisión de los hechos por parte del imputado debe ser libre y voluntaria sobre su culpabilidad.


Hasta aquí resulta claro que el procedimiento abreviado es una salida alternativa a juicio oral, basada en la renuncia del imputado a someterse a debate contradictorio y la aceptación de la comisión del hecho y su participación en él, es decir a partir de la comprobación suficiente de la comisión de un hecho, es ampliamente posible, la aplicación parcelada de esta salida alternativa, si es que en ese hecho (investigado y juzgado) existan varios imputados. En ese sentido el último parágrafo del art. 373 del CPP. 


III.2.        Doctrina legal aplicable contenida en los precedentes contradictorios invocados.


  1. Auto Supremo Nº 331/2016-RRC de 21 de abril.


Ante el cuestionamiento en casación de que el obrar del tribunal de apelación inobservó las reglas de la sana crítica a momento de emitir resolución y extralimitó su competencia brindando una calificación legal sobre un hecho determinado en Sentencia, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia pronunció el Auto Supremo 331/2016-RRC de 21 de abril, que concluyó que el tribunal de apelación no observó la doctrina legal aplicable al no efectuar el control del iter lógico esgrimido por el Tribunal de Juicio en la correcta valoración de la prueba, a cuya consecuencia reafirmó la doctrina legal contenida en el Auto Supremo 104/2015-RRC de 12 de febrero, en sentido que: “…el Tribunal de alzada tiene específicas atribuciones cuando revisa la valoración probatoria de la prueba ejercitada por el juez o tribunal de instancia, debiendo constatar si se ajusta a las reglas de la sana crítica, conteniendo la debida fundamentación, cuidando que las conclusiones contenidas en la sentencia no sean contradictorias o conducentes a un absurdo lógico en desmedro (…) en aplicación de la sana crítica, el juzgador puede afianzar su convencimiento no en el número de pruebas o testigos introducidos al juicio, sino más bien en torno a su pleno convencimiento conducido por su recto entendimiento…”


Añadiendo además que: “…el Tribunal de alzada tiene la atribución de verificar la correcta valoración probatoria realizada por el juez constatando que se ajuste a las reglas de la sana crítica, juzgador que afianza su convicción no en el número de pruebas sino en su recto entendimiento”.


  1. Auto Supremo 141 de 22 de abril de 2006.


Dictado dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y otras contra JAM, por la presunta comisión del delito de Homicidio y tentativa de homicidio, tuvo como antecedente fáctico que el Tribunal de alzada infringió el art. 398 del CPP, al haberse pronunciado sobre aspectos no apelados, bajo la incorrecta aplicación del art. 15 de la Ley de Organización Judicial. Este antecedente generó la emisión de la siguiente doctrina legal aplicable:


El Tribunal de Apelación debe circunscribir su resolución a los puntos apelados o en su caso advertir el defecto absoluto; en ambos casos debe fundamentar cada punto con argumentos que soporten toda la resolución; los puntos apelados y los defectos absolutos limitan la competencia del Tribunal de Alzada; mientras que el fundamento es la descripción del hecho y explicación de derecho de las relaciones existentes en cada punto de impugnación.


Que el Tribunal de Apelación al circunscribir su competencia a los puntos impugnados o a los defectos absolutos, los mismos deben encontrarse con el fundamento respectivo, obligación que debe cumplir ineludiblemente, la falta de uno de ellos en la resolución emitida por el Tribunal de Alzada vulnera los principios de tutela judicial efectiva, derecho a la defensa y debido proceso.


Que los defectos absolutos no son susceptibles de convalidación, no así los defectos relativos los mismos que se encuentran claramente identificados en los artículos 169 y 170, respectivamente, del Código de Procedimiento Penal; cuando son detectados en la resolución motivo de impugnación, cada uno de ellos necesariamente debe llevar el fundamento pertinente”


III.3. Análisis del caso en concreto.


En consideración de la Sala el Auto de Vista en análisis posee tres momentos que orientaron su decisorio. Apoyados en un párrafo del contenido de la Sentencia de Procedimiento Abreviado 34/2016 de 30 de mayo, los Vocales pronunciantes, concluyeron la existencia de un prejuzgamiento que violentó el principio de presunción de inocencia y seguridad jurídica; el derecho al juez natural, visto en su faz de juez imparcial; y, el derecho al debido proceso. 


III.3.1 En cuanto a la vulneración del principio de presunción de inocencia y seguridad jurídica, el Auto de Vista impugnado sostiene que el Tribunal de Sentencia a partir de la emisión de la fundamentación fáctica de la Sentencia 34/2016, emitió un prejuzgamiento pues los en ese momento apelantes- fueron tenidos como culpables desde el 30 de mayo de 2016, fecha de emisión de este Fallo, y cuando el juicio iniciado para los tres coacusados aún no había concluido.


En perspectiva, a fines de procedimiento y para esclarecer los motivos mismos del presente trámite recursivo, debe tenerse presente la iniciación formal del juicio oral como fase procesal, apunta a la presentación de la acusación formal de parte del Ministerio Público y la emisión de las resoluciones posteriores que conforme a procedimiento dan apertura a esta fase. Fue así que, por memorial de 20 de octubre de 2014, el Ministerio Público acusó a Isaac Mendoza Gonzáles, Avelino Molina Roca, Victor Aguilar Serrudo, Juan Daniel Molina Serrudo y Carlos Eduardo Aguilar la comisión del delito de Robo Agravado conforme la descripción y sanción del art. 332 num. 1) y 2) del CP, requerimiento que conforme al art. 341 del CPP, precisó una relación circunstanciada de los hechos.


Abierta la competencia del Tribunal de sentencia, en el trayecto de actos previos a la emisión de sentencia, medió la consideración de dos solicitudes de procedimiento abreviado, motivando la emisión de una primera Sentencia (anulada por Auto de 2 de enero de 2016) y después las Sentencias 14/2016 de 28 de marzo y 24/2016 de 30 de mayo, en cuyos fallos se impuso condena a los coacusados Isaac Mendoza Gonzáles y Avelino Molina Roca. Esta precisión, trasciende en la consideración que el momento procesal en el que se solicitó la aplicación de un procedimiento abreviado, fue en fase de juicio oral antes de la dictación de sentencia, vale decir, en el momento en el que la hipótesis fáctica de la acusación ya había sido expresada, y consecuentemente el objeto del juicio oral ya había sido delimitado.


Si se tiene presente que el juzgamiento en materia penal ronda la probanza o no de hechos que puedan ser subsumidos a conductas descritas en la Ley positiva, no podría ser comprensible que el objeto del proceso delimitado con la presentación de la acusación tienda a variar en las circunstancias que el propio proceso ofrezca; vale decir, no se trata de abrir el debate hacia direcciones impredecibles a partir de la aparición de situaciones procesales (incidentes, excepciones, solicitudes de salidas alternativas, etc.), sino que el mismo se encuentre delimitado de inicio, de ahí la importancia del señalamiento del objeto del proceso como primera actuación a partir de la emisión del Auto de Apertura de Juicio. La posibilidad de variación de la relación circunstanciada de un hecho sostenida por el Ministerio Público previa a la producción de prueba, no podría ser aceptable. La base de la emisión de las Sentencias 14 y 24 ambas de 2016, por su naturaleza de ser emergentes de una solicitud de requerimiento abreviado, no podían ser susceptibles a emitir criterio alguno sobre un determinado hecho de parte del Tribunal de sentencia, por la limitante competencial dispuesta por el art. 374 del CPP (“la comprobación de la existencia del hecho y la participación del imputado”) considérese que el requerimiento abreviado, como se previno antes, no es un juicio como tal sino la renuncia a un debate contradictorio, y su naturaleza es el reconocimiento de una determinada culpabilidad, extremos ante los que el Juez deberá comprobar la existencia del hecho, más nunca determinar hechos como ocurre en juicio oral.


De hecho el procedimiento abreviado, constituye una facultad privativa del Ministerio Público solamente supeditada al control jurisdiccional ejercido por el Juez o Tribunal y a la eventualidad de oposición fundada de parte de la víctima; en lo demás, en las resoluciones que acepten su aplicación no podría suponerse que los hechos propuestos por el Ministerio Público tiendan a variar o ser modulados, por cuanto en este específico la autoridad jurisdiccional, ejerce una labor de eminente control. Esto no quiere decir de modo alguno que en los casos en los que el requerimiento de procedimiento abreviado se vea teñido de anomalías, insuficiencia probatoria, indeterminación en la relación circunstanciada del hecho o bien ausencia de las condiciones procesales contenidas en los arts. 373 y ss del CPP, el Juez, no se halle facultado a rechazar la solicitud.


Estas razones no fueron observadas por el Tribunal de apelación, la lógica de su razonamiento conduce a un terreno en el que se orille a una posible modulación o modificación de los hechos acusados, dado que el Juez o Tribunal ante una solicitud de aplicación de procedimiento abreviado, limita su actuar a la comprobación del hecho endilgado y el cumplimiento de los requisitos procesales que la norma dispone; empero no, determinar hechos u opiniones como concluye el Tribunal de apelación en el Auto de Vista impugnado, por lo que los contenidos de las sentencias 14/2016 y 24/2016, no podrían ser tenidas como criterio anticipado o prejuzgamiento.


III.3.2 Otra de las consecuencias halladas por el Tribunal de apelación fue el sostener la existencia de un aparente prejuzgamiento el derecho que tienen los acusados de ser juzgados por un tribunal imparcial que esté constituido con anterioridad al hecho, así como también el derecho que tiene los acusados al debido proceso.


Está sentado que la imparcialidad es un elemento que compone al Juez Natural en su esencia, conjuntamente los componentes de independencia y competencia. En consideración de la Corte Internacional de Derechos Humanos (CIDH), se puede dilucidar que el estándar básico en cuanto al juez natural comprende los siguientes elementos: a) Que, se trate de un tribunal competente, independiente e imparcial; y, b) Que, el tribunal haya sido establecido con anterioridad por la ley y sus decisiones se enmarquen en un proceso legal. Esa Corte tiene dicho que: “El artículo 8 de la Convención que se refiere a las garantías judiciales consagra los lineamientos del llamado “debido proceso legal” o “derecho de defensa procesal”, que consisten en el derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra o para la determinación de sus derechos de carácter civil, laboral, fiscal u otro cualquiera” (Caso Genie Lacayo Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de enero de 1997).


El art. 120.I de la CPE señala: “Toda persona tiene derecho a ser oída por una autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial, y no podrá ser juzgada por comisiones especiales ni sometida a otras autoridades jurisdiccionales que las establecidas con anterioridad al hecho de la causa”. En lo que toca al presente caso, para otorgar una definición de imparcialidad, se acude a lo dicho por aquel Tribunal Interamericano ente que ha tomado los parámetros brindados por su homólogo europeo, estableciendo parámetros subjetivos y objetivos, de este modo ha dicho que: “Primero, el tribunal debe carecer, de una manera subjetiva, de prejuicio personal. Segundo, también debe ser imparcial desde un punto de vista objetivo, es decir, debe ofrecer garantías suficientes para que no haya duda legítima al respecto. Bajo el análisis objetivo, se debe determinar si, aparte del comportamiento personal de los jueces, hay hechos averiguables que podrán suscitar dudas respecto de su imparcialidad. En este sentido, hasta las apariencias podrán tener cierta importancia. Lo que está en juego es la confianza que deben inspirar los tribunales a los ciudadanos en una sociedad democrática y, sobre todo, en las partes del caso” (Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Sentencia de 2 de julio de 2004).


Entonces, el Juez Natural debe ser imparcial, competente e independiente, donde la imparcialidad, no puede entenderse como un ente aislado y autónomo, siendo que forma parte del todo que caracteriza la naturaleza del Juez Natural, a la que están sujetas todas las autoridades jurisdiccionales. En caso de denunciarse la afectación del elemento de la imparcialidad judicial, es menester poder abocarse a determinar si el Juez al momento de administrar justicia, ha comprometido su criterio, incurriendo en apreciaciones subjetivas que influyan en su decisión, alejándose de toda objetividad, generando desconfianza en la potestad que imparte al justiciable; siendo que, de identificarse tales aspectos, ante la vulneración de la imparcialidad, el mismo procedimiento, ha establecido cánones para apartar a la autoridad del conocimiento de una causa cuando se vea afectado algunos de los componentes que caracteriza al Juez Natural.


El Tribunal de apelación sostiene el criterio que el contenido de la Sentencia de procedimiento abreviado comprometiese la imparcialidad del Tribunal de juicio; así las cosas, debió partirse de determinar de qué manera el Tribunal emitió criterios prejuiciosos para poder resolver al asunto sometido a su conocimiento, que evidencie una afectación de su objetividad, así como también debe apreciarse en el ámbito objetivo, porque se consideró que su criterio no sería confiable al momento de resolver la sentencia de grado; lo que en definitiva no es perceptible en el Auto de Vista impugnado, por cuanto basar apreciaciones a partir de un contenido, invariable como es la relación fáctica de la acusación, y considerar que el mismo por carecer de expresiones como supuestos partícipes, o bien exigir la aclaración de que se haya usado una hipótesis del acusador fiscal, es un argumento sin base sólida y objetiva, por cuanto no podría establecerse una supuesta falta de imparcialidad con base en la sola apreciación literal de un fallo, sin haberse tenido presente cuál la actuación precisa relacionada con el establecimiento de un hecho o bien el acto que denote susceptibilidad. El Tribunal de apelación, especula sobre una afirmación y el resultado final de la Sentencia de grado, sin que de por medio exista un juicio objetivo de por qué se tiene vulnerada la imparcialidad del Tribunal, no se olvide que la forma procesal escogida para generar este agravio fue encuadrada en un defecto absoluto por vulneración a derechos y garantías constitucionales, marco que abre el espectro de análisis de manera amplia para un análisis profundo y objetivo, aspecto que en autos no sucedió.


III.3.3 Finalmente, en cuanto al argumento de que “el Tribunal de mérito debió apartarse del conocimiento del proceso de oficioy al no haberlo hecho así violenta el principio de presunción de inocencia que tiene todas persona mientras no se demuestre su culpabilidad en un debido proceso”; debió considerarse cuáles fueron los actos por los que el Tribunal de sentencia incurrió en causal de excusa, pues partiendo del hecho de que los de apelación expresan que un deber de excusa fue conculcada, más allá de tenerse presente que dicho dispositivo es de exclusiva aplicación de las partes, debió expresarse cual la razón objetiva por la que el principio de presunción de inocencia fue quebrantado, por cuanto como ya se dijo, la hipótesis fáctica que fue objeto del proceso no hubo sido determinada como hecho probado de manera mecánica, sino atravesó un proceso de probanza sometido al debate contradictorio y el principio de inmediación, siendo ese justamente el núcleo que debió rondar un análisis que prospere una presunta violación de la presunción de inocencia, empero conforme se sintetizó líneas atrás no sucedió.


Una de las características de la acción penal pública, es su indivisibilidad, que comprende a todas las personas que presuntamente participaron en la comisión de un hecho, y que se halla prevista en el art. 45 del CPP señalando que por un mismo hecho no se podrá seguir diferentes procesos aunque los imputados sean distintos. La acción penal es única, es una unidad que no se puede desagregar, por tanto la eventual realización de un hecho punible no genera distintas acciones para perseguir independientemente cada una de las conductas o cada uno de los agentes que participasen. Aunque un hecho es siempre una pluralidad de hechos menores, su singularización se materializa en el objeto del proceso y que emerge de la pretensión penal.


La pretensión penal puede ser delineada como la solicitud para una consecuencia jurídica (aplicación de una pena o medida de seguridad) que dirigida al Órgano Jurisdiccional por parte de quien detenta la acción penal es puesta frente a una persona, fundamentando los hechos que se afirman como delitos, lo que en suma, lleva a afirmar que la pretensión penal es formada por los hechos, la pena y la calificación jurídica.


Del juicio oral, se espera como resultado un análisis jurídico de las circunstancias del hecho y, sobretodo, de sus consecuencias, todo enfrascado dentro del objeto del proceso, que delimita los poderes del Juez o Tribunal para la confección de la sentencia y ésta ha de resolver la totalidad del objeto procesal, aspecto que tiende a ser vulnerado por la decisión del Auto de Vista impugnado por cuanto la afirmación sobre prejuzgamiento creará en los hechos una suerte de individualización del proceso penal, suponiéndose que la hipótesis fáctica sea fragmentada para cada uno de los acusados, en un punto que va mucho más allá de la incomunicabilidad de circunstancias, contenida en el art. 24 del CP, por el que se orienta que cada participante en un supuesto hecho penal será penado conforme a su culpabilidad sin tomar en cuenta la culpabilidad de los otros.


Todos estos aspectos hacen que la Sala determine que en efecto el Tribunal de apelación, tomó un sentido contrario a la doctrina legal aplicable contenida en el Auto Supremo  331/2016-RRC de 21 de abril, al rebasar las específicas atribuciones de constatar si el razonamiento y argumentos de la sentencia se sujetaron al recto entendimiento humano y contenía una debida fundamentación, pues restó mérito a la integralidad de un fallo pasando por alto que el mismo se hallaba sostenido en razones, argumentos y una actividad judicial emergente de un juicio oral; además el Auto de Vista en cuestión, fue contrario a la línea jurisprudencial contenida en el Auto Supremo 141 Sucre 22 de abril de 2006, al no fundamentar de manera correcta el defecto absoluto advertido, con argumentos que soporten toda la resolución; extralimitando su competencia sin considerar y analizar el motivo de apelación del recurso, y su relación entre los antecedentes del proceso, los argumentos de la Sentencia y la fundamentación en torno a la normativa legal inherente al caso


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP, declara FUNDADO el recurso de casación interpuesto Romel Benjamín Ortuño Tordoya; y, en aplicación del art. 419 del CPP, DEJA SIN EFECTO Auto de Vista 75 de 12 de octubre de 2017, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, disponiendo que el Tribunal de alzada, previo sorteo y sin espera de turno, de manera directa pronuncie nueva resolución de conformidad a la doctrina legal establecida en la presente Resolución.


A los efectos de lo previsto por el art. 420 del CPP, hágase conocer mediante fotocopias legalizadas el presente Auto Supremo a los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, para que por intermedio de sus Presidentes, pongan en conocimiento de los Jueces en materia Penal de su jurisdicción.


En aplicación del art. 17.IV de la LOJ, por Secretaría de Sala, comuníquese el presente Auto Supremo al Consejo de la Magistratura.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Edwin Aguayo Arando 

Magistrado Dr. Olvis Eguez Oliva

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos