TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 428/2018-RRC

Sucre, 13 de junio de 2018


Expediente                        : Cochabamba 73/2017

Parte Acusadora                : Ministerio Público

Parte Imputada                : Teodolindo Sejas Olivera

Delito                                : Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente

Magistrado Relator        : Dr. Edwin Aguayo Arando


RESULTANDO


Por memorial presentado el 13 de noviembre de 2017, cursante de fs. 592 a 599, Teodolindo Sejas Olivera, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 025/2017 de 9 de octubre, de fs. 559 a 564, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia a instancia de Filemón Sotomayor (padre de la víctima), contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 bis. del Código Penal (CP).


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


  1. Por Sentencia 61/2015 de 30 de noviembre (fs. 437 a 441), el Tribunal Cuarto de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, declaró a Teodolindo Sejas Olivera, autor de la comisión del delito de Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 bis. del CP, imponiendo la pena de veinte años de presidio, con costas.


  1. Contra la referida Sentencia, el imputado Teodolindo Sejas Olivera (fs. 520 a 528), interpuso recurso de apelación restringida, resuelto por Auto de Vista 025/2017 de 9 de octubre, emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que declaró improcedente el recurso planteado y confirmó la Sentencia apelada, motivando la interposición del presente recurso de casación.


I.1.1. Motivos del recurso de casación.


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 181/2018-RA de 21 de marzo, se extraen los siguientes motivos a ser analizados en la presente Resolución, conforme al mandato establecido por los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


  1.          El recurrente refiere que en apelación invocó el defecto previsto en el art. 370 inc. 1) del CPP; por cuanto, el Tribunal de Sentencia no pudo establecer que haya tenido participación en el delito acusado, al no haber acreditado que el día de los hechos se encontraba en su domicilio; sin embargo, el Tribunal de alzada contraviniendo los fundamentos jurídicos contenidos en el Auto Supremo 431 de 11 de octubre de 2006, en vez de acoger su reclamo ratificó la Sentencia, realizando un análisis por demás insuficiente y superficial, limitándose a hacer una subsunción del tipo penal al supuesto hecho y establecer concretamente su participación, agregando el recurrente que no apeló la Sentencia sobre la no existencia del hecho o sobre la falta de tipificación, sino sobre la debida relación de la circunstancia del delito de Violación y su determinación de quién fue el autor, tampoco discutió el test de ponderación de derechos entre el acusado y la víctima; por cuanto, sentenciar al acusado en base a prejuicios, suposiciones, conjeturas e indicios, es una exageración que no se admite dentro de las reglas de la buena justicia, cuando las pruebas de cargo no son suficientes, más aun cuando no existe prueba de comparación genética entre el producto de la violación y el perfil de ADN del agresor, por lo que ante la duda razonable debió aplicarse el principio in dubio pro reo -"[cuando] en duda, para el acusado".


  1. También apeló la Sentencia por el defecto previsto en el art. 370 inc. 3) del CPP, al no existir fundamentación sobre la determinación circunstancial de los hechos al no existir prueba idónea que establezca que fue agresor sexual de la víctima, por ejemplo trabajos de orden pericial o científico, como comparación genética entre el producto de la violación y el agresor, sólo existen pruebas que indican que la menor tuvo acceso carnal y que quedó en estado de gestación, pruebas que no son suficientes, porque no lo relacionan como el agresor; sin embargo, fue condenado a veinte años a través de una Sentencia confirmada por el Tribunal de alzada, que se limitó a relacionarla sin saberse cuándo o a qué hora se habría cometido el hecho, invocando en este punto el Auto Supremo 724/2004 de 26 de noviembre.


  1. Señala, que en el punto apelado con base al inc. 4) del art. 370 del CPP, denunció que el Tribunal de Sentencia a momento de permitir que la declaración de la menor, sea tomada en cuenta como prueba plena, sin que la misma haya sido objeto del contradictorio, vulneró su derecho a la defensa, a rebatir las pruebas en su contra y a la igualdad procesal de las partes; sin embargo, el Tribunal de alzada se circunscribió a relacionar los antecedentes y la Sentencia, conjeturando que el Tribunal de Sentencia obró correctamente; aspecto que, es contrario a las reglas de la debida fundamentación, enfatizando que en ninguna parte de los considerandos I y II o en todo el Auto de Vista impugnado, hace mención ni mucho menos se efectúa una fundamentación de hecho y derecho sobre los puntos apelados, invocando como precedente el Auto Supremo 62/2012 de 4 de abril.


  1. Expresa que en apelación también alegó el defecto previsto en el art. 370 inc. 5) del CPP, al denunciar que la Sentencia no tiene la debida fundamentación; ya que, respecto a la declaración y abordaje psicológico de la menor, al momento de dictarse la Resolución de mérito no se realizó una correcta valoración probatoria, omitiendo realizar un minucioso análisis para establecer la verdad histórica de los hechos, reiterando que su persona el día de los hechos se encontraba en otro lugar almorzando con su esposa conforme declaró en el acto de juicio, habiéndose omitido valorar correctamente las pruebas D-4 y D-5; sin embargo, la Sala Penal resaltó la importancia de una completa y suficiente fundamentación del fallo, cuando paradójicamente en su apelación denunció la falta de determinación de la circunstancia en que se produjo el hecho y la individualización del autor; además, de asumir un criterio de orden fáctico que resulta un contrasentido lógico y cronológico, al no establecerse quién sufrió el abuso sexual, ni cuándo fue la última vez que se produjo, si fue el 2 de diciembre o el 20 de noviembre de 2014; más cuando no se precisa cómo, cuándo y quién es el autor de violación de la menor, al no existir informe pericial psicológico de la víctima, pericia de comparación genética de ADN, entre el producto de la violación y el perfil genético del acusado, lo que implica que el Tribunal de alzada no tomó en consideración que si bien la Sentencia realizó una descripción de la prueba, fue en forma superficial y sin efectuar una correcta valoración de la prueba de descargo, invocando al respecto el Auto Supremo 319/2012 de 12 de abril.


  1. Con base al art. 370 inc. 6) del CPP, denuncia que en apelación, alegó que fue condenado con las pruebas A-4 y A-5, que sólo establecen que la menor sufrió una agresión sexual y que estaba en estado de gestación y ninguna prueba científica o establece que fue el autor de los hechos al encontrase en otro lugar, conforme las pruebas D-4 y D-5, sin que el Tribunal haya valorado estos extremos, pues la Sala Penal confirmó la Resolución apelada y se limitó a hacer un análisis minucioso y sólo se basó en los argumentos de la Sentencia, para dictar el Auto de Vista en contradicción con el Auto Supremo 474/2005 de 8 de diciembre.


I.1.2. Petitorio.


La parte recurrente solicita, “CASAR” el Auto de Vista recurrido.


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 181/2018-RA de 21 de marzo, cursante de fs. 606 a 608 vta., este Tribunal admitió el recurso de casación formulado por el imputado Teodolindo Sejas Olivera, para el análisis de fondo.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se tiene lo siguiente:


II.1.        De la Sentencia.


Por Sentencia 61/2015 de 30 de noviembre, el Tribunal Cuarto de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, declaró a Teodolindo Sejas Olivera, autor de la comisión del delito de Violación de Infante, Niña, Niño y Adolescente, bajo los siguientes hechos probados:


  1. Que, la conducta de Teodolindo Sejas Olivera (imputado), se subsume en el tipo penal acusado; toda vez, que de la prueba A-3, se tiene que la menor “AA”, a la fecha de los acontecimientos 2014, tenía la edad de trece años.


  1. El imputado agredió sexualmente a la adolescente de trece años de edad, y fruto de dichas agresiones quedó embarazada.


  1. Que, la conducta del imputado es dolosa y tiene como resultado el daño, tuvo acceso carnal con la adolescente, víctima que no ha expresado su consentimiento por la edad que tiene, siendo la agresión sexual violenta.


  1. El imputado, estaba consciente de sus actos, sabía de las consecuencias jurídicas; sin embargo, abuso de la adolescente, siendo su actitud típica, antijurídica y reprochable; ya que, lesionó el bien jurídico de la libertad sexual.


  1. El imputado actuó de manera libre y voluntaria, sin que medie presión alguna en el ilícito, estando consciente de sus actos al ser una persona mayor de edad.


II.2.        Del recurso de apelación restringida del imputado.


       Notificado con la Sentencia, Teodolindo Sejas Olivera, interpone recurso de apelación restringida, bajo los siguientes argumentos:

       

  1. Inobservancia o errónea aplicación de la Ley sustantiva, art. 370 inc. 1) del CPP; afirma que el Tribunal de Sentencia lo condenó en base a las pruebas A-1, A-2, A-4, A-5 y A-6, las que evidentemente acreditan el acceso carnal y estado de gestación de la menor; empero, no que su persona sea el autor, ni que su persona se encontraba en el lugar en el momento en el que hubiere sucedido el hecho; puesto que, desvirtuó con la prueba de descargo D-4 que no fue considerada, que demuestra que se encontraba dictando clases a 20 Km., fuera de su domicilio, lo que desvirtuó la declaración de la menor, que resultó contradictoria respecto a los momentos y tiempos en los que habría ocurrido el hecho, evidenciándose que su conducta no se subsumió al tipo penal, por el que fue condenado.


  1. Falta de enunciación del hecho objeto del juicio o su determinación circunstanciada, art. 370 inc. 3) del CPP; afirma, que la investigación se redujo a las denuncias ante el SLIM, Ministerio Público, los informes médicos forenses y del especialista, la entrevista psicológica y la declaración de la menor; empero, el asignado al caso no había realizado ningún acto investigativo con relación al círculo familiar, del vecindario o del centro educativo al que acude la menor; puesto que, no señaló cuando se habría producido el hecho, no considerándose su prueba de descargo D-4 así como las testificales de descargo que desvirtúan el hecho; toda vez, que las pruebas A-4 y A-6 solo acreditan que tuvo acceso carnal y el estado de gestación; pero de ninguna manera que su persona sea el autor del hecho, por lo que su conducta no se subsumiría al delito acusado.


  1. Que, se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente a juicio o adicionados por su lectura en violación a las normas de este título, art. 370 inc. 4) del CPP, asevera que en la Sentencia se consideró la declaración de la menor prestada ante el Fiscal el 4 de diciembre de 2014, como fundamento esencial para condenarle sin darle la oportunidad de desvirtuar las contradicciones contenidas en dicha declaración, vulnerándose el principio de contradicción, valoración de la prueba que desvirtúa lo dispuesto por el art. 13 del CPP.


  1. Que, no exista fundamentación de la Sentencia o que ésta sea insuficiente o contradictoria, art. 370 inc. 5) del CPP; refiere que la sentencia transcribe solo fragmentos de la declaración y del abordaje psicológico de la menor, omitiendo citar las partes contradictorias, las declaraciones testificales de “descargo”, solo fueron consideradas para ratificar la declaración de la menor que vivía con sus padres en su domicilio como inquilinos, lo que su persona nunca negó, no se consideró que en las horas que señaló la menor en los que supuestamente habría sucedido los hechos, su persona demostró con las pruebas D-4 y D-7 que se encontraba lejos de su casa, en la zona del cruce Taquiña, almorzando junto a su esposa, por lo que existe duda razonable; empero, la Sentencia no aplicó correctamente el principio in dubio pro reo, condenándole de manera contraria a los arts. 6 del CPP y 116 de la Constitución Política del Estado (CPE), resultando insuficiente y contradictoria, limitándose a la enunciación parcial de los hechos, no existiendo la valoración de la prueba.


  1. La Sentencia se base en hechos inexistentes o no acreditados o en una valoración defectuosa de la prueba, art. 370 inc. 6) del CPP; manifiesta, que no se dio el valor correcto al contenido de la pericia médico legal, signada como A-4 y el reporte de ecografía A-5, que menciona que la lesión es un signo de acceso carnal antiguo y la existencia de un embarazo, sin dar fecha exacta de cuando hubiere sucedido el hecho, los que no prueban que su persona sea el autor del delito. Que, las declaraciones testificales de descargo solo ratificaron la condición de inquilinos de la menor y sus padres en su domicilio; que las pruebas de descargo D-4 y D-7 no fueron consideradas ni tomadas en cuenta; no existiendo ni un solo elemento de prueba que le sitúe en el lugar del hecho en los momentos en los que la menor refiere hubiere sucedido los hechos, pese a que la menor refirió que habría sido en cinco oportunidades, no realizando el investigador asignado al caso, que solo se limitó a asistir a la audiencia de inspección y a realizar las notificaciones, no fundamentándose la prueba en su totalidad, evidenciándose duda razonable sobre la comisión del ilícito, haciendo aplicable el principio in dubio pro reo; toda vez, que las pruebas A-4 y A-5, acreditan la existencia del acceso carnal y el embarazo; empero, no el momento ni quién fuere el autor; además las pruebas A-1 y A-2 son solo formularios de denuncias, cuyo contenido no constituyen prueba, la prueba A-3, sólo acredita la edad de la menor y quiénes son sus padres; la A-6 consistente en la declaración de la menor, que contiene la narración de los hechos; empero, no fue corroborada en cuanto a los momentos, ni lugares en los que habrían sucedido los hechos; el bordaje psicológico prueba A-7 al igual que la prueba A-6 no fueron corroborados con las declaraciones y prueba de descargo, concluyendo el Tribunal de sentencia que la víctima vive en su domicilio y que el autor sería su persona.


II.3.  Del Auto de Vista impugnado.


La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, emitió el Auto de Vista impugnado, que declaró improcedente el recurso de apelación restringida; en consecuencia, confirmó la Sentencia apelada, bajo los siguientes argumentos:


  1. Respecto a los reclamos por defectos de la Sentencia, previstos por el art. 370 inc. 1), 3), 4), 5) y 6) del CPP, al encontrarse estrechamente ligados entre sí; toda vez, que la fundamentación debida, motivación y congruencia de la resolución, como elemento del debido proceso, es en esencia el resultado  de una adecuada fundamentación fáctica, probatoria que implica la valoración probatoria descriptiva e intelectiva de la prueba producida en juicio oral, de su contrastación con los supuestos de hecho expuesto por la parte y la subsunción jurídica de los mismos a las disposiciones legales pertinentes, que se traduce en la fundamentación jurídica, que se trasluce en argumentos claros, explícitos, lógicos, congruentes y completos, por lo que ingresa a resolver los puntos de apelación. Que la sentencia, guarda una secuencia lógica estructural que debe contener un fallo; por cuanto, contiene la enunciación del hecho y la determinación circunstanciada u objeto del juicio, cumpliendo con la fundamentación fáctica; asimismo, describió cada uno de los elementos probatorios producidos en la audiencia de juicio oral, anunciando el contenido esencial de cada una de las pruebas judicializadas y procedió a valorarlas intelectivamente, explicando los motivos por los que el Tribunal de Sentencia arribó a determinadas convicciones en su valoración conjunta, cumpliendo con la fundamentación probatoria, descriptiva e intelectiva conforme se puede verificar en el Considerando IV de la Sentencia en el que relatan y valoran todos los elementos de prueba, bajo las reglas de la sana crítica, justificando y fundamentado adecuadamente las razones por las cuales a través de la prueba, el Tribunal de mérito ha llegado al convencimiento de que el acusado cometió el hecho ilícito, habiendo sufrido agresión sexual en varias ocasiones, siendo la última vez el 20 de noviembre de 2014 y como consecuencia de ese abuso la paciente se encuentra embarazada, describiendo las circunstancias en las que la menor “AA” de trece años de edad, fue agredida sexualmente por el acusado, a quién describiendo además la forma en la cual fue vejada la primera vez y las demás veces, estableciendo además el hecho de que la víctima menor de edad, identificó a su agresor señalándolo al imputado, habiendo sometido a análisis el contenido de la prueba A-6 en su contenido íntegro, de lo que evidencia que el Tribunal de Sentencia tomó en cuenta el sistema finalista del proceso penal, conforme establece el art. 13 del CP, por lo que de conformidad al principio de congruencia, evidencia que en la fundamentación jurídica de la Sentencia, se subsume adecuadamente el hecho objeto de procesamiento penal, al tipo penal de Violación de Infante, Niño, Niña o Adolescente.


Añade, que la Sentencia motivó y fundamentó las razones de la decisión, explicando de manera clara y congruente, bajo una estructura lógica y racional, el porqué de la decisión asumida, no encontrándose en la Sentencia ninguna incongruencia argumentativa, ni siquiera al relacionar el desgarro himeneal con los toques impúdicos tomadas en cuenta, hará determinar el toque de las partes íntimas de la víctima por el agresor, lo que hace que tenga vinculación con una Violación y no solo de toques libidinosos, quedando demostrado la culpabilidad del acusado al concurrir los tres elementos que lo componen desde el punto de vista de la teoría finalista: la imputabilidad, el conocimiento de la antijuricidad del hecho cometido y la exigibilidad de otra conducta, lo que implica que el acusado tenía plena capacidad de culpabilidad, además de tener pleno conocimiento de que su conducta no estaba autorizada y que contravenía al orden jurídico, lesionando el bien jurídico protegido, que le era exigible abstenerse de cometer el delito, sabiendo las consecuencias penales, no pudiendo perderse el hecho ilícito y la calidad de la víctima, cuyos derechos se hallan prioritariamente amparados en el art. 60 de la CPE y arts. 5, 7 y 8 del Código Niño, Niña y Adolescente (CNNA), por lo que concluye que no se le causó indefensión alguna, no existiendo los defectos del art. 370 incs. 1), 3), 4), 5) y 6) del CPP.

  1. En cuanto, a la valoración ilegal y defectuosa de la prueba judicializada, los criterios de valoración y los supuestos manifestados por el apelante en relación al art. 370 inc. 6) del CPP; el apelante no puede pretender que el Tribunal de alzada vuelva a valorar las pruebas ni anular la Sentencia, más aún si del contenido de la apelación, se evidencia que no llega a identificar con plenitud la pretensión, cuando en reiterados momentos, el recurrente repite que las disposiciones que denuncia como agravio hayan sido violadas o erróneamente aplicadas, siendo que la violación del precepto debe ser establecido en la forma en la que se dio; así como también, en que consistió la errónea aplicación, en el entendido de que ambos conceptos difieren en su manejo que no solo atiende a una simple semántica y que estos deban ser acreditados de qué manera atacó la logicidad de la sentencia, en lo que atañe a la actividad probatoria y su relación con la vulneración de las reglas de la sana crítica racional, las que están constituidas por los principios de la lógica, experiencia común y psicología, evidenciando que el Tribunal de sentencia ha producido la racionalidad vinculante entre el hecho y la conducta determinando la culpabilidad exigida por el art. 13 del CP.


Agrega el Tribunal de alzada, que en el caso en particular el apelante se limitó a exponer criterios de valoración desde su perspectiva, sin indicar concretamente los motivos por los que considera que en la Sentencia existe valoración defectuosa de la prueba dentro de lo previsto por el art. 370 inc. 6) del CPP, no llegando a especificar qué reglas de la lógica, la experiencia y la psicología habrían sido quebrantados en la valoración probatoria y de qué manera, cuando de la lectura de la sentencia y revisión del acta de juicio oral, tiene que el Tribunal de Sentencia realizó la valoración integral de la prueba, aplicando las reglas de la sana crítica y haciendo una apreciación conjunta y armónica de toda la prueba judicializada o introducida en audiencia de juicio oral de conformidad a los arts. 173 y 359 del CPP, valorándolas según el aporte informativo de cada una de ellas, actividad en la que no advierte acciones u omisiones que evidencien una defectuosa valoración probatoria, por el contrario a través de la internalización y valoración probatoria bajo los principios de inmediación y contradicción, permitió al órgano juzgador, lograr el convencimiento  acerca de la cuestión fáctica del problema, la conducta, y la responsabilidad del autor, hasta llevarle al grado de certeza suficiente de que el imputado incurrió en el ilícito por el que fue condenado.

 

  1. En lo concerniente a los incs. 1), 3), 4) y 5) del art. 370 del CPP, en su fundamentación escrita, el apelante no logró identificar qué reglas previstas para la deliberación y redacción de la Sentencia fueron quebrantados por el Tribunal de mérito, por lo que al no haberse cumplido con la correspondiente carga argumentativa, carece de instrumento legal necesario para pronunciarse al respecto.


III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN

CON LOS PRECEDENTES INVOCADOS


En el presente caso, este Tribunal admitió el recurso de casación a los fines de evidenciar si el Auto de Vista recurrido a tiempo de confirmar la sentencia: i) Respecto al defecto del art. 370 inc. 1) del CPP, incurrió en un análisis insuficiente y superficial de subsunción del tipo penal y su participación en el hecho atribuido; ii) No observó que cuestionó el defecto del art. 370 inc. 3) del CPP, al no existir fundamentación sobre la determinación circunstancial de los hechos, al no existir prueba idónea que establezca que su persona fue el agresor sexual de la víctima; iii) Con relación al defecto del art. 370 inc. 4) del CPP,  se circunscribió a relacionar los antecedentes y la Sentencia, contrariando las reglas de la debida fundamentación; puesto que, en ninguna parte de los Considerandos de la Resolución recurrida haría mención al punto apelado; iv) En razón al defecto del art. 370 inc. 5) del CPP, no consideró que cuestionó la falta de determinación de la circunstancia en que se produjo el hecho y la individualización del autor, ni cuándo fue la última vez en que se produjo la agresión sexual; y, v) No valoró, su reclamo referente al defecto del art. 370 inc. 6) del CPP; puesto que, fue condenado por las pruebas A-4 y A-5 que no establecen quién fue el autor de los hechos. Consecuentemente, corresponde resolver las problemáticas planteadas mediante la labor de contraste con los precedentes invocados.


III.1. Naturaleza del recurso de casación.


       Como una consideración previa antes de ingresar a resolver la problemática planteada, mediante la labor de contraste entre los precedentes citados con el Auto de Vista recurrido, corresponde señalar que el recurso de casación es un mecanismo de impugnación que se encuentra garantizado por la Constitución Política del Estado y regulado por la Ley, así, la Constitución Política del Estado, en el marco de las garantías recogidas, establece el principio de impugnación en su art. 180.II, como un medio eficaz para buscar el control de la actividad de los administradores de justicia, precautelando la vigencia de los derechos y garantías constitucionales, esto es, la aplicación correcta de la norma sustantiva como adjetiva. En ese contexto normativo, este Tribunal, ha reiterado constantemente en sus exámenes de admisibilidad que el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar autos de vista dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción, cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincide con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente que en el actual régimen de recursos establecidos por el CPP, el recurso de casación tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia a fin de asegurar la vigencia del principio de igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y sustantiva será efectivamente aplicada por igual.


       De tal manera que, en la labor de verificación o contraste entre lo resuelto en un caso concreto, con lo resuelto en los precedentes invocados, primero se identifiquen plenamente la similitud de los supuestos de hecho, para que en segundo término, se analice si el fundamento jurídico que da origen a la doctrina legal, es aplicable al caso examinado, correspondiendo hacer hincapié en que el precedente establecido por el Tribunal Supremo o los Tribunales Departamentales de Justicia, es de estricta observancia conforme impone el art. 420 del CPP, en los casos en que se presente una situación de hecho similar, en coherencia con los principios de seguridad jurídica e igualdad.


       En esa línea esta Sala Penal a través del Auto Supremo 322/2012-RRC de 4 de diciembre, ha precisado que: “Cuando la norma se refiere a una situación de hecho similar, considera esta Sala que el legislador se refiere a supuestos fácticos análogos, siendo necesario precisar que en materia sustantiva el supuesto fáctico análogo exige que el hecho analizado sea similar; en cambio, en material procesal el supuesto fáctico análogo se refiere a una problemática procesal similar”.


III.2. Análisis de caso concreto.


III.2.1. Respecto a la ratificación de la Sentencia en base a un análisis insuficiente y superficial de subsunción del tipo penal y su participación al supuesto hecho atribuido.


Denuncia la parte recurrente, que en apelación reclamó el defecto previsto en el art. 370 inc. 1) del CPP; por cuanto, el Tribunal de Sentencia no pudo establecer que haya tenido participación en el delito acusado; sin embargo, el Tribunal de alzada, en vez de acoger su reclamo, ratificó la Sentencia realizando un análisis insuficiente y superficial, limitándose a hacer una subsunción del tipo penal al hecho y establecer su participación, cuando no apeló, sobre la no existencia del hecho o la falta de tipificación, sino sobre la debida relación de la circunstancia del delito de Violación y su determinación de quién fue el autor; puesto que, las pruebas de cargo no son suficientes, más aun cuando no existe prueba de comparación genética entre el producto de la violación y el perfil de ADN del agresor, por lo que ante la duda razonable debió aplicarse el principio in dubio pro reo.


Al respecto, invocó el Auto Supremo 431 de 11 de octubre de 2006, que fue dictado por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Suprema de Justicia, en la resolución de un recurso de casación en una causa seguida por el delito de Suministro de Sustancias Controladas, donde constató que el Auto de Vista confirmó la Sentencia inobservando que “mientras no se consuma la provisión de sustancias controladas del proveedor a la persona que requiere las sustancias controladas el hecho constituye tentativa de suministro de sustancias controladas, cuando la sustancia controlada haya pasado de manos del proveedor a la persona o personas requirentes, entonces el hecho se subsume al delito de suministro de sustancias controladas”; aspecto por el que fue dejado sin efecto, sentándose la siguiente doctrina legal aplicable: “que la calificación del hecho a un tipo penal determinado es en razón a describir primeramente el hecho para luego comparar las características de la conducta ilícita con los elementos constitutivos del delito; es necesario tomar en cuenta que la conducta general descrita por el tipo penal se encuentra en la norma, mientras que la conducta particular se identifica por la descripción de sus peculiaridades, si estas se subsumen a todos los elementos constitutivos de un tipo penal, recién podrá calificarse el hecho como delito incurso en tal normativa; en caso de que falte la adecuación de un elemento constitutivo del tipo penal, el hecho no constituye delito o en su caso se adecua a tentativa u otra figura delictiva”.


Del precedente invocado corresponde señalar, que la posibilidad o no del delito de suministro en grado de tentativa, fue superada por este Tribunal Supremo de Justicia; toda vez, que se asumió coherentemente que todos los ilícitos enmarcados en la Ley 1008, entre ellos el SUMINISTRO, son de carácter formal y no de resultado, lo que implica el reconocimiento pleno y completo de que en todas las figuras penales insertas en la citada ley no se puede aplicar la figura de la TENTATIVA, criterio que fue previsto en el Auto Supremo 417/2003 de 19 de agosto y asumida en varias Resoluciones emitidas por este Tribunal, estableciéndose que en todo el conglomerado de ilícitos vinculados a las actividades de narcotráfico, -entre ellos el Suministro- no corresponde la aplicación del art. 8 del CP, por el carácter formal y no de resultado que reviste esta clase de delitos.


Ahora bien, efectuada esa precisión, a los fines de resolver la problemática planteada necesariamente se debe acudir al Auto Supremo invocado, a objeto de verificar si se contradijo o no el mismo, teniendo en cuenta los criterios desarrollados por este Tribunal en el acápite III.1. de la presente Resolución, en relación a la labor de contraste que debe realizar a tiempo de resolver un recurso en el fondo, siendo necesario que en materia sustantiva el supuesto fáctico análogo, exige que el hecho analizado sea similar, en el caso de autos se observa, que no se está ante una situación similar; toda vez, que la doctrina contenida en el Auto Supremo 431 de 11 de octubre de 2006, si bien se refiere a una problemática de índole sustantiva; no obstante, fue desarrollada respecto al delito de Suministro de Sustancias Controladas en grado de Tentativa, que conforme se señaló en el párrafo anterior, fue superada; en cambio, en el presente caso, se sigue la causa sustantiva por el delito de Violación de Infante, Niño, Niña o Adolescente, donde el recurrente alega, que el Auto de Vista recurrido confirmó la Sentencia, limitándose a realizar una subsunción del tipo penal y su participación en el hecho atribuido, no observando que no existió la circunstancia del delito de Violación y su determinación de quién fue el autor, denuncia que no guarda relación alguna con los fundamentos del precedente invocado.

Por los fundamentos expuestos y por la naturaleza del recurso de casación, queda establecido que el precedente invocado respecto a este motivo no resulta aplicable al Auto de Vista recurrido; toda vez, que no contiene una problemática similar; en consecuencia, deviene en infundado.


III.2.2. Respecto a la confirmación de la Sentencia sin conocerse cuándo o a qué hora se cometió el hecho.


Reclama el recurrente, que apeló el defecto previsto en el art. 370 inc. 3) del CPP, al no existir fundamentación sobre la determinación circunstancial de los hechos, al no existir prueba idónea que establezca que fue agresor sexual de la víctima, existiendo solo pruebas que indican que la menor tuvo acceso carnal y que quedó en estado de gestación, las que no son suficientes, porque no lo relacionan como el agresor; sin embargo, fue condenado a veinte años, a través de una Sentencia confirmada por el Tribunal de alzada, que se limitó a relacionarla sin saberse cuándo o a qué hora se habría cometido el hecho.


A cuyo efecto, invocó el Auto Supremo 724/2004 de 26 de noviembre;  que fue dictado por la Sala Penal de la entonces Corte Suprema de Justicia, en la resolución de un recurso de casación en una causa seguida por los delitos de Estafa y Estelionato, donde constató que Auto de Vista no consideró todos los puntos apelados respecto a los defectos de la sentencia, situación por el que fue dejado sin efecto, estableciendo la siguiente doctrina legal aplicable: “Que el juicio oral, público y contradictorio conforme dispone el artículo 1 del Código de Procedimiento Penal, se halla tutelado por las garantías constitucionales y las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio. En su desarrollo las partes asumen el papel protagónico de someterse a las reglas del debido proceso en igualdad de condiciones. Los Tribunales de Sentencia o el Juez deben emitir la sentencia fundamentada consignando todos y cada uno de los hechos debatidos en el juicio, con un análisis de todas y cada una de las pruebas de cargo y descargo incorporadas legalmente en el proceso, debiendo la fundamentación ser clara sin contradicción entre la parte considerativa y la resolutiva, con indicación de las normas sustantivas o adjetivas que respalden el fallo requisitos que toda sentencia debe contener, constituyendo su omisión defectos de sentencia insubsanables al tenor del artículo 370 inciso 3) y 5) del Código de Procedimiento Penal, por lo que en esos casos corresponde aplicar el primer parágrafo del artículo 413 del Código de Procedimiento Penal”.


Al respecto, la doctrina establecida, refiere que el Tribunal de alzada debe observar los defectos de sentencia reclamados, cuestión que resulta similar a la denuncia planteada por la parte recurrente; consiguientemente, será considerada a efectos de conocer el análisis de fondo del presente motivo.


Ingresando al análisis del presente motivo, conforme se precisó en los antecedentes procesales vinculados al recurso, ante la emisión de la Sentencia condenatoria, el imputado interpuso recurso de apelación restringida, en el que reclamó la falta de enunciación del hecho objeto del juicio o su determinación circunstanciada, defecto del art. 370 inc. 3) del CPP; afirmando que la investigación se redujo a las denuncias ante el SLIM y el Ministerio Público, los informes médicos forenses y del especialista, la entrevista psicológica y la declaración de la menor; empero, el asignado al caso no había realizado ningún acto investigativo respecto a cuándo se habría producido el hecho, ni que su persona sea el autor del hecho; respecto a lo cual, el Tribunal de alzada abrió su competencia, alegando que la sentencia guarda una secuencia lógica estructural; por cuanto, contiene la enunciación del hecho y la determinación circunstanciada u objeto del juicio, cumpliendo con la fundamentación fáctica; ya que, describía cada uno de los elementos probatorios producidos en la audiencia de juicio oral, anunciando el contenido esencial de cada una de las pruebas judicializadas, las que procedió a valorarlas, explicando los motivos por los que arribó a determinadas convicciones en su valoración conjunta, cumpliendo con la fundamentación probatoria, descriptiva e intelectiva, conforme pudo verificar en el Considerando IV de la Sentencia, donde el Tribunal de mérito, llegó al convencimiento de que el acusado cometió el hecho ilícito, habiendo sufrido agresión sexual en varias ocasiones, siendo la última vez el 20 de noviembre de 2014 y como consecuencia de ese abuso la paciente se encuentra embarazada, describiendo las circunstancias en las que la menor “AA” de trece años de edad, fue agredida sexualmente por el acusado; además el hecho de que la víctima identificó a su agresor señalándolo al imputado, habiendo sometido a análisis el contenido de la prueba A-6 en su contenido íntegro, de lo que evidencia que el Tribunal de Sentencia tomó en cuenta el sistema finalista del proceso penal, conforme establece el art. 13 del CP, por lo que evidencia, que en la fundamentación jurídica de la Sentencia, se subsume adecuadamente el hecho objeto de procesamiento penal, al tipo penal de Violación de Infante, Niño, Niña o Adolescente.


De esa relación necesaria de antecedentes, se tiene que el Auto de Vista recurrido no se limitó a relacionar la Sentencia sin saber cuándo se habría cometido el hecho como arguye el recurrente; por el contrario, se observa que el Tribunal de alzada constató que la Sentencia contiene la enunciación del hecho y la determinación circunstanciada u objeto del juicio, además que contiene la debida fundamentación; toda vez, que de su contenido evidenció, que la menor víctima había sufrido agresión sexual en varias ocasiones, estableciéndose que la última vez fue el 20 de noviembre de 2014, que la víctima identificó a su agresor señalándolo al imputado, lo que había surgido del análisis de la prueba A-6 en su contenido íntegro, encontrando correcta la subsunción de la conducta del imputado al delito por el que fue condenado, aspecto por el que confirmó la Sentencia; conclusiones que resultan acordes a los fundamentos expuestos en el Considerando IV de la Sentencia, que también precisó el Tribunal de alzada, lo que evidencia que el Auto de Vista recurrido contiene una fundamentación en correspondencia a lo reclamado por la parte recurrente; toda vez, que explicó cuándo fue la última vez de la agresión sexual que sufrió la víctima y quién fue el autor de dicha agresión.


Ahora bien; en cuanto, a que el Auto de Vista recurrido, no hubiere considerado que podrían haberse realizado trabajos de orden pericial o científico, como la comparación de genética entre el producto de la violación y el agresor, limitándose a confirmar una Sentencia sin saber a qué hora se habría cometido el hecho. De la revisión del recurso de apelación restringida conforme se tiene de antecedentes, se advierte que los referidos cuestionamientos no fueron puestos a conocimiento del Tribunal de alzada; entonces, resultaría ilógico, exigir consideración alguna, sobre aspectos que dicho Tribunal no tuvo oportunidad de conocer; advirtiéndose que el Auto de Vista recurrido resolvió los puntos expresamente recurridos en apelación restringida, no encontrándose en ellos los cuestionamientos que recién trae a casación.


Por los argumentos expuestos, se tiene que el Tribunal de alzada respecto a este motivo no incurrió en contradicción con el precedente invocado; toda vez, que constató que la Sentencia no incurrió en el defecto del art. 370 inc. 3) del CPP; puesto que, contiene la fundamentación debida, en el que evidenció, la determinación circunstanciada de los hechos; además que de la valoración probatoria, tenía como hechos probados, la última fecha de la agresión sexual el 20 de noviembre de 2014 y que el agresor fue el recurrente, por lo que confirmó la Sentencia; consecuentemente, el motivo analizado deviene infundado.


III.2.3.        En cuanto, a la vulneración a las reglas de la debida fundamentación.


Denuncia el recurrente, que apeló el inc. 4) del art. 370 del CPP; puesto que, el Tribunal de Sentencia a momento de permitir que la declaración de la menor sea tomada en cuenta como prueba plena, sin que la misma haya sido objeto del contradictorio, vulneró su derecho a la defensa, a rebatir las pruebas en su contra y a la igualdad procesal de las partes; sin embargo, el Tribunal de alzada se circunscribió a relacionar los antecedentes y la Sentencia, conjeturando que el Tribunal de Sentencia obró correctamente, lo que le resulta contrario a las reglas de la debida fundamentación; puesto que, en ninguna parte de los Considerandos del Auto de Vista haría mención sobre los puntos apelados.


Resultándole contradictorio al Auto Supremo 62/2012 de 4 de abril, que fue dictado por la Sala Penal Primera de este Tribunal Supremo de Justicia, en la resolución de un recurso de casación en una causa seguida por los delitos de Peculado y Conducta Antieconómica, donde constató que Auto de Vista no observó que la Sentencia se sustentó en defectuosa valoración de la prueba, al haber valorado una prueba que no fue judicializada en juicio oral, encontrándose la subsunción realizada viciada; puesto que, había surgido de la compulsa de elementos probatorios no introducidos legalmente a juicio, aspecto por el que fue dejado sin efecto sentándose la siguiente doctrina legal aplicable: “Conforme a lo dispuesto en el art. 355 del Código de Procedimiento Penal, las pruebas literales para ser introducidas o judicializadas durante el debate del juicio oral deben ser leídas y exhibidas en audiencia, con indicación de su origen, a fin de que se cumpla y se haga efectivo el contradictorio, respetando el principio de inmediación; lo contrario vulnera el debido proceso, puesto que una sentencia pronunciada en base a medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio, así como aquellos no introducidos o judicializados durante el debate del mismo de acuerdo a los lineamientos de la norma, se constituye en defecto absoluto insalvable, que además incide en la infracción del inc. 1) del art. 370 del Código de Procedimiento Penal, por afectar a la aplicación de la ley sustantiva.


Por lo que, el Tribunal de Alzada, al advertir la existencia de que la prueba literal valorada no hubiese sido introducida o judicializada conforme a lo estatuido por el art. 355 del Código de Procedimiento Penal, deberá aplicar lo establecido por el art. 413 de la ley adjetiva”.


Sin embargo, en el caso en examen, no se presenta el mismo supuesto de hecho; toda vez, que el recurrente reclama una cuestión de índole procesal en sentido de que el Auto de Vista recurrido se circunscribió a relacionar los antecedentes y la Sentencia, conjeturando que el Tribunal de Sentencia obró correctamente, lo que le resulta contrario a las reglas de la debida fundamentación; toda vez, que en ninguna parte de los Considerandos del Auto de Vista recurrido haría mención sobre los puntos apelados concernientes a que el Tribunal de Sentencia permitió que la declaración de la menor sea tomada en cuenta sin que haya sido objeto del contradictorio; reclamo, que no guarda relación alguna con los fundamentos del precedente invocado, que estableció que Tribunal de alzada no observó la Sentencia basada en defectuosa valoración de la prueba debido a la incorporación ilegal de un elemento de prueba que no fue judicializado en juicio oral, por lo que la subsunción realizada se encontraba viciada.


Consecuentemente, por la naturaleza del recurso de casación que fue explicado en el acápite III.1 de esta Resolución, queda establecido que el precedente invocado respecto a este motivo no resulta aplicable al Auto de Vista recurrido; toda vez, que no contiene una problemática procesal similar; por lo que el presente motivo deviene en infundado.


III.2.4. Respecto, a la carencia de fundamentación.


Refiere el recurrente, que en apelación alegó el defecto del art. 370 inc. 5) del CPP; ya que, la Sentencia no tiene la debida fundamentación, respecto a la declaración y abordaje psicológico de la menor, al momento de dictarse la Resolución de mérito no se realizó una correcta valoración probatoria, omitiendo realizar un minucioso análisis para establecer la verdad histórica de los hechos; toda vez, que su persona el día de los hechos se encontraba en otro lugar almorzando con su esposa conforme declaró en el acto de juicio, habiéndose omitido valorar correctamente las pruebas D-4 y D-5; sin embargo, el Tribunal de alzada resaltó la importancia de una completa y suficiente fundamentación del fallo, no observando la falta de determinación de la circunstancia en que se produjo el hecho y la individualización del autor; además, de asumir un criterio de orden fáctico que resulta un contrasentido lógico y cronológico, al no establecerse quién sufrió el abuso sexual, ni cuándo fue la última vez que se produjo, ni quién es el autor de la violación, al no existir informe pericial psicológico de la víctima, pericia de comparación genética de ADN entre el producto de la violación y el perfil genético del acusado.

Al respecto invocó el Auto Supremo 319/2012 de “12 de abril”, la que no existe respecto a la fecha alegada por el recurrente; no obstante, de la transcripción de la doctrina legal aplicable que realizó en su recurso de casación, se tiene que, corresponde al Auto Supremo 319/2012-RRC de 4 de diciembre, que fue dictado por la Sala Penal Segunda de este Tribunal Supremo de Justicia, en la resolución de un recurso de casación en una causa seguida por el delito de Daño Simple, donde constató que Auto de Vista incurrió en insuficiente fundamentación a tiempo de resolver los puntos de apelación restringida; aspecto que, contraviene lo previsto por el art. 124 del CPP, situación por el que fue dejado sin efecto; estableciendo la siguiente doctrina legal aplicable: “El art. 115.I de la CPE, reconoce el derecho de acceso a la justicia, al disponer que toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos; este derecho, considerado como el que tiene, toda persona de recurrir ante un Juez o Tribunal superior competente e imparcial, para hacer valer sus pretensiones; también reconocido por los instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el art. 8; la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su art. 8.2 inc. h); y, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su art. 14.


Así, si una resolución cumple con la garantía de la debida motivación y está sustentada en argumentos claros, también cumple con otras dos garantías adicionales, una en interés de las partes y otra en interés de la sociedad en general: la de hacer asequible el acceso a la justicia mediante la utilización de los recursos y la de garantizar el derecho a la publicidad, pues una sentencia obscura no permite el acceso a este derecho, pero una sentencia clara la garantiza y la hace realmente efectiva, en tanto que no sólo se tiene acceso a ella, sino además que cumple con la función última de hacer saber a la sociedad por qué el juzgador falló de una determinada manera y no de otra.


De ahí que los fallos deben ser debidamente fundamentados, no siendo suficiente que el juzgador se limite a transcribir los antecedentes procesales, los fundamentos de las partes o hacer una relación de normas legales sin que se ponga en evidencia el iter lógico, o camino del razonamiento, a efecto de arribar a determinada conclusión, para de esta manera cumplir con la previsión del art. 124 del CPP, lo contrario significaría vulneración al debido proceso en su elemento de la debida fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales, como ocurrió en el presente caso, donde no se da respuesta fundamentada ni motivada a varias denuncias efectuadas en la apelación restringida, lo que hace que este Tribunal deje sin efecto el Auto de Vista impugnado.


La doctrina legal establecida surgió; toda vez, que constató que el Tribunal de alzada a tiempo de resolver los puntos de apelación incurrió en insuficiente fundamentación, que resulta similar a la denuncia planteada por el recurrente; consiguientemente, será considerada a efectos de conocer el análisis de fondo del presente motivo.


Ingresando al análisis del presente motivo, conforme se precisó en los antecedentes procesales vinculados al recurso, ante la emisión de la Sentencia condenatoria, el recurrente formuló recurso de apelación restringida en el que, como cuarto agravio alegó que la Sentencia incurrió en el defecto del art. 370 inc. 5) del CPP; toda vez, solo transcribiría fragmentos de la declaración y del abordaje psicológico de la menor, omitiendo citar las pates contradictorias, las declaraciones testificales de descargo, solo fueron consideradas para ratificar la declaración de la menor que vivía con sus padres en su domicilio como inquilinos, lo que su persona nunca negó, no considerándose que en las horas que señaló la menor que supuestamente hubiere sucedido el hecho, con las pruebas D-4 y D-7, demostró que se encontraba lejos de su casa, almorzando junto a su esposa, por lo que existiría duda razonable, no aplicando correctamente la Sentencia el principio in dubio pro reo, limitándose a la enunciación parcial de los hechos, no existiendo la valoración de la prueba.


Al respecto, conforme se tiene de lo extractado en el acápite II.3 de este Fallo, el Tribunal de alzada abrió su competencia y desestimó la denuncia, señalando previamente la importancia sobre la debida fundamentación que debe contener una Sentencia, concluyendo que en el caso de autos, la sentencia guarda una secuencia lógica estructural; por cuanto, contiene la enunciación del hecho y la determinación circunstanciada u objeto del juicio, cumpliendo con la fundamentación fáctica; ya que, describía cada uno de los elementos probatorios producidos en la audiencia de juicio oral, anunciando el contenido esencial de cada una de las pruebas judicializadas y procedió a valorarlas intelectivamente, explicando los motivos por los que arribó a determinadas convicciones en su valoración conjunta, cumpliendo con la fundamentación probatoria, descriptiva e intelectiva conforme verificó en el Considerando IV de la Sentencia, que relata y valora todos los elementos de prueba, bajo las reglas de la sana crítica justificando y fundamentado adecuadamente las razones por las cuales, llegó al convencimiento de que el acusado cometió el hecho ilícito, siendo la última vez el 20 de noviembre de 2014 y como consecuencia de ese abuso la paciente se encuentra embarazada, describiendo las circunstancias en las que la menor fue agredida sexualmente por el acusado, describiendo la forma en la cual fue vejada la primera vez y demás veces, estableciendo que la víctima identificó a su agresor señalándolo al imputado, encontrando que cuenta con la fundamentación jurídica, por el que encontró correcta la subsunción del hecho al tipo penal de Violación de Infante, Niño, Niña o Adolescente.


De esa relación necesaria de antecedentes, se tiene que el Tribunal de alzada no incurrió en carencia de fundamentación a tiempo de desestimar el presente motivo de apelación restringida como alega la parte recurrente; por el contrario, confirmó la sentencia condenatoria; puesto que, constató que contiene la debida fundamentación al establecer la enunciación del hecho y la determinación circunstanciada u objeto del juicio, encontrando que describió cada uno de los elementos probatorios producidos en la audiencia de juicio oral, anunciando el contenido de cada una de ellas, que posteriormente se encontraban valoradas, advirtiendo que ello se evidenciaba del Considerando IV de la Sentencia, donde encontró la descripción de la forma en la que fue vejada la menor víctima, siendo la última vez el 20 de noviembre de 2014, identificando la víctima como su agresor al imputado, por lo que de conformidad al principio de congruencia subsumió la conducta del imputado al tipo penal por el que fue acusado, evidenciando que en dicha calificación encontró la fundamentación jurídica; argumentos que evidencian, que el Auto de Vista recurrido cumplió con las reglas de una debida fundamentación en correspondencia a lo reclamado por la parte recurrente; toda vez, que guarda relación con los fundamentos expuestos en la Sentencia en su Considerando IV, donde se observa que el Tribunal de mérito procedió a consignar todos los elementos probatorios, mediante una referencia de los aspectos más sobresalientes del contenido de cada uno, estableciendo en base a ellos los hechos probados, dejando constancia de los aspectos que le permitieron concluir porque les dio determinado valor o no a las pruebas introducidas judicialmente, de donde se advierte que respecto a las pruebas D-4 y D-5, que cuestiona el recurrente su omisión de valoración correcta, aclaró que no aportaban al fondo de la causa, que no desvirtuaban el hecho acusado, por lo que subsumió la conducta del imputado al delito de Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente.


Ahora bien, respecto a la omisión correcta de valoración de la prueba de descargo que alega el recurrente, el Auto de Vista recurrido señaló que el apelante se habría limitado a exponer criterios de valoración desde su perspectiva; sin indicar concretamente porque consideraba que en la Sentencia existe valoración defectuosa de la prueba, no especificando qué reglas de la lógica, la experiencia y la psicología habrían sido quebrantados en la valoración probatoria y de qué manera, fundamentos que resultan coherentes; puesto que, de la revisión del contenido del recurso de apelación restringida respecto a la denuncia referente al defecto del art. 370 inc. 5) del CPP, que fue extractado en el acápite II.2 de este Auto Supremo, ciertamente la parte recurrente se limitó a describir las pruebas, omitiendo señalar de manera clara y precisa de qué manera el Tribunal de juicio hubiere inobservado las reglas de la sana crítica respecto a dichas pruebas; puesto que, es obligación de quien interpone un recurso en la inobservancia de las reglas de la sana critica, señalar qué partes de la sentencia constarían de errores lógico-jurídicos, proporcionando el recurrente la solución que pretende en base a un análisis explícito, entendimiento que fue asumido en el Auto Supremo 214 de 28 de marzo de 2007, donde se destacó los criterios respecto a la carga procesal que posee el recurrente para la interposición de un recurso de apelación restringida en los casos donde se denuncie defectuosa valoración probatoria, que al parecer es lo que pretendía señalar la parte recurrente cuando reclamó que la Sentencia incurrió en el defecto del art. 370 inc. 5) del CPP, ya “que no se realizó una correcta valoración probatoria”.

Por los argumentos expuestos, se tiene que el Tribunal de alzada respecto a este punto cumplió con los parámetros de fundamentación; puesto que, señaló con fundamentos expresos y claros del porqué confirmó la sentencia condenatoria; toda vez, que constató que en la Sentencia existía la descripción y valoración de todas las pruebas producida en juicio, de donde, estableció que el imputado se encontraba individualizado como el agresor de la víctima, constatando que la última vez que se produjo la agresión fue el 20 de noviembre de 2014, lo que evidencia que constató cuando y quién fue el autor de la Violación y no solo se basó en resaltar la importancia de la fundamentación como alega el recurrente, por lo que la Resolución recurrida no resulta contradictorio al Auto Supremo invocado; toda vez, que cumplió con una debida fundamentación; consecuentemente, el motivo sujeto a análisis deviene en infundado.


III.2.5. Respecto a la falta de valoración del defecto del art. 370 inc. 6) del CPP.


Reclama el recurrente que el Tribunal de alzada confirmó la Sentencia basándose en sus argumentos, no valorando que cuestionó el defecto del art. 370 inc. 6) del CPP; puesto que, fue condenado con las pruebas A-4 y A-5, que sólo establecen que la menor sufrió una agresión sexual y que estaba en estado de gestación y ninguna prueba científica o establece que fue el autor de los hechos al encontrase en otro lugar conforme las pruebas D-4 y D-5.


Al presente invocó el Auto Supremo 474/2005 de 8 de diciembre, que fue dictado por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Suprema de Justicia en la resolución de un recurso de casación en una causa seguida por el delito de Violación, en el que determinó el Tribunal de casación “NO HABER LUGAR a la extinción de la acción penal y, en desacuerdo con el requerimiento fiscal cursante de fojas 197 a 198, en aplicación del artículo 307-3) del Código de Procedimiento Penal anterior, CASA el Auto de Vista impugnado y, deliberando en el fondo, mantiene firme y subsistente la sentencia de primer grado cursante de fojas 167 a 170 de obrados”.


Al respecto, se tiene que el precedente que invocó el recurrente, corresponde a una causa en vigencia del Código de Procedimiento Penal aprobado por Decreto Ley 10426 de 23 de agosto de 1972; por tanto, no puede considerarse precedentes oponibles al presente caso, por corresponder a un sistema procesal distinto al acusatorio.


Por los fundamentos expuestos y por la naturaleza del recurso de casación que fue establecido en el acápite III.1 de esta Resolución, queda establecido que el precedente invocado respecto a este motivo no resulta aplicable al Auto de Vista recurrido; toda vez, que corresponde a un sistema procesal distinto al acusatorio; en consecuencia, deviene en infundado.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto Teodolindo Sejas Olivares.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Edwin Aguayo Arando 

Magistrado Dr. Olvis Eguez Oliva

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos