TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 427/2018-RRC

Sucre, 13 de junio de 2018


Expediente                        : Santa Cruz 159/2017

Parte Acusadora                : Ministerio Público y otra

Parte Imputada                 : Leonardo Pérez Pinto    

Delito                                  : Violación a Niña, Niño o Adolescente

Magistrado Relator        : Dr. Olvis Eguez Oliva


RESULTANDO


Por memorial presentado el 14 de agosto de 2017, cursante de fs. 215 a 223, Leonardo Pérez Pinto, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 37 de 30 de mayo de 2017, de fs. 206 a 209, pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, Juana Salvatierra Escalera y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia contra el recurrente por la presunta comisión del delito de Violación de Niña, Niño o Adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 bis del Código Penal (CP), con las modificaciones realizadas por la Ley 2033 de 29 de octubre de 1999 (Ley de Protección a las Víctimas de Delitos contra la Libertad Sexual).


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


  1. Por Sentencia 01/2017 de 6 de enero (fs. 145 a 152 vta.), el Tribunal Primero de Sentencia de Vallegrande del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Leonardo Pérez Pinto, autor de la comisión del delito de Violación de Niña, Niño o Adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 bis del CP, con las modificaciones de la Ley 2033, imponiendo la pena de quince años de presidio, más el pago del daño civil ocasionado a la víctima y costas al Estado, averiguables en ejecución de Sentencia.


b)        Contra la mencionada Sentencia, el imputado Leonardo Pérez Pinto (fs. 165 a 170 vta.), interpuso recurso de apelación restringida, resuelto por Auto de Vista 37 de 30 de mayo de 2017, dictado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declaró admisible e improcedente el recurso planteado y confirmó la Sentencia apelada, con costas, motivando la interposición del presente recurso de casación.


I.1.1. Motivo del recurso de casación.


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 174/2018-RA de 21 de marzo, se extraen los siguientes motivos a ser analizados en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ). 

  1. Que la Sentencia de grado incurrió en el defecto contenido en el art. 370 inc. 6) del CPP, por brindar valor a una pericia psicológica que no cumplió con los requisitos ordenados por el art. 204 del CPP; ya que, solo fue una entrevista preliminar, aspecto que no fue tenido presente por el Tribunal de apelación.


Asevera que el Tribunal de alzada, pese al impedimento en el que se halla, procedió a valorar prueba, dando una opinión de fondo sobre la declaración de Juana Salvatierra de Escalera, al manifestar que en esa declaración no existiría ninguna contradicción; y por otro lado, brindar afirmaciones en torno a la comprobación del hecho a partir de lo expresado por el imputado, situaciones que a más de no tener marco normativo posible no condicen a la verdad de los hechos.


Manifiesta que la línea de argumentos sentados en el Auto Supremo 354/2014-RRC de 30 de julio, es taxativo al ordenar que son solo los Jueces y Tribunales de Sentencia los facultados para la valoración de la prueba, labor vedada a los Tribunales de apelación, quienes solo limitan su ejercicio al control de la valoración probatoria efectuada por los inferiores.


  1. Reclama que el Auto de Vista recurrido, solo se pronuncia -y de manera escueta- en relación a los reclamos del art. 370 incs. 5) y 6) del CPP, cuando el recurrente a momento de presentar su recurso de apelación restringida denunció la existencia también del defecto de la sentencia contenido en el numeral 8 de ese norma procesal; empero, el Auto de Vista omitió el dar ningún tipo de respuesta. Enfatiza que la respuesta del Auto de Vista “simplemente efectuó el análisis in extenso respecto a la actividad desarrollada en el juicio oral, realizando una especie de deducción de los elementos de pruebas desarrollados en el juicio, sin otorgar respuesta clara y específica” (sic) y concluye afirmando que esas condiciones conllevan la vulneración de los arts. 398 y 124 del CPP, constituyendo un defecto absoluto no susceptible de convalidación.


Dice también que, el Auto de Vista impugnado hace mención a la doctrina sobre el tipo penal de violación; empero, sin pronunciarse sobre los puntos puestos a su consideración en el recurso de apelación restringida. Al efecto sobre este motivo el recurrente invoca como precedentes contradictorios los Autos Supremos 218/2014 de 4 de junio, 199/2013 de 11 de julio y 393/2015-RRC-L de 4 de agosto.


I.1.2. Petitorio.


La parte recurrente solicita se disponga la nulidad del Auto de Vista recurrido. 


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 174/2018-RA de 21 de marzo, cursante de fs. 235 a 237, este Tribunal admitió el recurso de casación formulado por Leonardo Pérez Pinto, para su análisis de fondo.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se tiene lo siguiente:


II.1.  De la Sentencia. 


Por Sentencia 01/2017 de 6 de enero, el Tribunal Primero de Sentencia de Vallegrande del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Leonardo Pérez Pinto, autor de la comisión del delito de Violación de Niña, Niño o Adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 bis del CP, con las modificaciones de la Ley 2033, imponiendo la pena de quince años de presidio, más el pago del daño civil ocasionado a la víctima y costas al Estado, averiguables en ejecución de sentencia, con base a las siguientes conclusiones:


El 11 de febrero del 2015, Juana Salvatierra de Escalera madre de la menor J.E.S, de 13 años de edad en la actualidad, denuncia ante la Fiscalía de Comarapa, que su hija habría sido víctima de abuso sexual cometido por parte de su partidario que vivía y trabajaba con la familia, Leonardo Pérez Pinto, cuando su hija menor tenía siete años de edad en varias oportunidades hasta que tenía ocho años de edad en los pasillos de su casa y en el baño, aprovechando que los padres de la menor, se ausentaba de su casa, para trabajar en condición de agricultores en la Palizada, hecho corroborado por el correspondiente certificado médico forense, que certifica la existencia de desfloración antigua.


Que, el hecho se descubrió luego de casi cinco año de ocurridos los vejámenes sexuales, debido a que la menor de edad, estaba amenazada por el acusado y se encontraba con mucho miedo. De igual forma, la menor, al ser sometida a una entrevista psicológica preliminar como a un estudio psicológico posterior, la menor llegó a identificar plenamente a su agresor, el imputado Leonardo Pérez Pinto, otorgándosele a las entrevistas y pericias psicológicas, al testimonio expresado por la menor victima en ellos, un grado de "Altamente Creíble".


Que, el lugar donde las agresiones sexuales ocurrieron fue en los corredores y baño de la casa de la víctima menor de edad, en ausencia de sus padres y hermanos, cuando tenía siete años de edad. Se tiene, que la víctima, reconoció que pese a haber sufrido abusos sexuales desde que tenía siete años, aquella no había informado de eso a su madre, por las amenazas de las que había sido víctima por parte del imputado, quien le habría prevenido, que tanto a ella y su padre, podrían desaparecer, circunstancia que llevó a la menor y víctima a callar las agresiones sexuales que fueron reiteradas, hasta sus ocho años.


Que en el año 2010, la menor y victima J.E.S, tenía efectivamente siete años, teniéndose de la prueba documental al tipo penal a ser aplicado en la presente causa; toda vez, que si el tribunal le daba valides a la declaración, no correspondiendo, no subsumiéndose el hecho sometido a juicio, a Violación de Niño, Niña o Adolescente, si no vendría a ser una violación pura y simple.


El valor probatorio que el Tribunal le asigna a la prueba pericial ratificada en la audiencia de juicio y a la documental introducida a la mancomunidad probatoria del proceso, viene a ser suficiente para probar que el imputado Leonardo Pérez Pinto, si es el autor y culpable de la comisión del delito de violación, previsto y sancionado en el art. 308 del CP; toda vez, que los elementos probatorios reunidos y judicializados, han llevado al Tribunal a la convicción indubitable de la autoría y responsabilidad del imputado en el hecho punible, en la conducta típicamente antijurídica, punible y sancionable, habida cuenta que la lesión corporal o física, conforme se acredita por el certificado médico forense se encuentra demostrada, de igual forma, mediante los trabajos periciales realizados en la persona de la menor y el testimonio de la víctima menor de edad se ha llegado a la evidencia cierta que quien viene a ser la víctima del ilícito penal, ha quedado afectada emocionalmente con los abusos practicados en su humanidad, cuyo testimonio ha sido avalado convincentemente por las pericias psicológicas practicadas en la víctima, pericia practicadas por profesionales psicólogos, que dan credibilidad cierta y suficiente para acreditar la existencia del hecho y la responsabilidad del autor, amén de que las pruebas testificales, si bien referenciales, han venido a arrojar nuevas luces en cuanto a la existencia del abuso fehaciente de abuso sexual, sin que los argumentos en de la defensa, hayan podido crear duda razonable en la conciencia y criterio personal y profesional de los miembros del Tribunal.


Se ha tratado de desvirtuar la existencia de un daño físico en la menor, el cual, no se ha podido enervar, habida cuenta que el certificado médico legal es específico y claro (desfloración antigua).


En cuanto al daño psicológico, se tiene demostrada la existencia de un estrés postraumático que sufrió la menor cuando era víctima de las agresiones sexuales a las que fue sometida por el imputado, producto de los cuales, el comportamiento de la misma para con los demás e incluso su sufrió alteraciones negativas, ello corroborado por las pericias psicológicas, la entrevista psicológica preliminar y el Informe de Apoyo Terapéutico, que han coincidido en el daño psicológico de la menor, cuyas secuelas aun hoy las sigue padeciendo y se recomienda continuar con las terapias para lograr el restablecimiento emocional de la adolescente y evitar la revictimización.


El reconocimiento del autor del hecho, está práctica y sobradamente demostrado, con el reconocimiento expreso realizado por la víctima, toda vez que lógicamente se considera que no existe, por lo menos no se encuentra demostrado por ningún medio probatorio, o por lo menos por algún indicio, que exista un motivo fundado o justificado que haya llevado a la víctima del ilícito penal a acusar en forma falsa al imputado victimario, no se encuentran motivos serios o indíciales para presumir que la acusación de la víctima, sea motivada por otra circunstancia que no sea que el hecho haya ocurrido en la realidad.


Se tiene que la víctima, fue abusada sexualmente, por parte del imputado, cuando tenía siete años hasta sus ocho años habida cuenta que la menor señala el año 2010, como el inicio de las agresiones sexuales, pues en ese año y la fecha de la denuncia, varían los tipos penales y es obviamente importante para quantum de la pena, empero, a criterio de sus miembros del Tribunal de origen se aplica la ultra actividad de la ley anterior por ser más beneficiosa al imputado, se considera el tipo penal a ser aplicado al encausado, Violación de Niño, Niña o Adolescente previsto y sancionado por el art. 308 bis del CP (Incorporado por el art. 3 de la ley N°2033 del 29 de octubre del año 1999).

  

II.2.  De la apelación restringida.


Notificada la parte imputada con la referida Sentencia, interpuso recurso de apelación restringida denunciando en síntesis que la referida resolución judicial contendría defectos consistentes en: i) Que, no exista fundamentación de la sentencia o que ésta sea insuficiente o contradictoria, conforme prevé el art. 370 inc. 5) del CPP; y, ii) Que, la sentencia se base en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba de acuerdo a lo establecido por el art. 370 inc. 5) del CPP.


II.3.  Del Auto de Vista impugnado.


La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró admisible e improcedente el recurso de apelación restringida interpuesta por el recurrente, bajo los argumentos que a continuación se detallan:


En este caso se evidencia que el apelante invoca los defectos previstos en el art. 370 incs. 5) y 6) del CPP, referentes a la supuesta falta de fundamentación de la sentencia y la valoración defectuosa de la prueba, en ese entendido, los datos del proceso nos informan que el Tribunal inferior ha observado correctamente los alcances del art. 308 Bis del CP a tiempo de dictar la Sentencia condenatoria; es decir, el Tribunal inferior luego del análisis y valoración de las pruebas tanto de cargo como de descargo, documentales, literales, testificales y periciales, ha llegado a la precisa y firme convicción de que Leonardo Pérez Pinto es el responsable del delito de Violación Niño, Niña o Adolescente, por cuya razón ha adecuado el accionar del imputado dentro de los alcances del art. 308 Bis del CP; ya que, en la ejecución del hecho delictivo el imputado provocó un daño psicológico a la víctima, tal como lo afirma la perito psicóloga en su informe psicológico Lic. Vivian Cecilia Ortuño Mejía cuando señala que la menor llegó a su oficina o consultorio con llanto y que la declaración de la niña es altamente creíble porque ella relató con coherencia cuándo y en qué forma fue abusada sexualmente por el acusado Leonardo Pérez Pino cuando ella tenía solo siete años de edad, que se le ha provocado un trauma y daño psicológico; entonces vemos muy claramente que el Tribunal inferior ha adecuado el accionar antijurídico del acusado dentro de los alcances del art. 308 Bis del CP, sin incurrir en inobservancia ni errónea aplicación de la ley sustantiva.


Asimismo el recurrente indica que la Sentencia no estaría debidamente fundamentada, que se incurre en el defecto previsto por el art. 370 inc. 5) del CPP; al respecto diremos que tal afirmación no es correcta; ya que, se considera que la Sentencia condenatoria impugnada cumple con lo normado por los arts. 124 y 360 incs. 1), 2) y 3) del CPP; puesto que, contiene los motivos de hecho y de derecho en que basa sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba, el fallo de mérito contiene una relación del hecho histórico, es decir se ha fijado clara, precisa y circunstanciadamente la especie que se estima acreditada y sobre el cual se ha emitido el juicio, que es lo que se conoce como fundamentación fáctica.

Además del análisis de la sentencia impugnada, se puede extraer que la misma se sustenta en hechos existentes y debidamente acreditados en la audiencia del juicio oral y que fueron corroborados por las declaraciones de los testigos y los peritos que se hicieron presentes ante la presencia del Tribunal de Sentencia para ratificar sus informes periciales, por lo que no se incurre en lo previsto por el art. 370 inc. 5) de la citada Ley como alega el recurrente; toda vez, que el Tribunal inferior al valorar las pruebas de cargo y de descargo ha desarrollado una actividad u operación intelectual de forma conjunta y armónica de exclusividad jurisdiccional, con el fin de determinar, si los datos fácticos obtenidos en la producción de la prueba desfilada en la audiencia del juicio oral, público, continuado y contradictorio, poseían la entidad y cualidad suficiente y requerida para corroborar la presunción de inocencia o permitir con certeza plena é incontrastable sobre la pretensión punitiva del proceso, mediante el método de libre valoración racional y científica de acuerdo a las reglas de la sana crítica, la lógica y el sentido común, uniendo en este trabajo global e intelectual aspectos y elementos como la ciencia, conciencia y experiencia; es decir, la Sentencia condenatoria no se fundamenta solamente en el informe psicológico, como argumenta el recurrente, sino que también se ha llegado a demostrar la consumación del delito a través de las pruebas documentales, testificales é informe médico legal que fueron introducidas al juicio oral por su lectura conforme a las exigencias del art. 333 del CPP.


Por otra parte, con referencia a la supuesta valoración defectuosa de la prueba, defecto previsto en el art. 370 inc. 6) del CPP, debemos indicar que el recurrente simplemente se limita a hacer una serie de conjeturas y argumentaciones de orden doctrinal y cita los nombres de algunos testigos, pero de ningún modo señala de manera precisa cuáles son las pruebas que a su entender habrían sido valoradas defectuosamente y de qué manera le afecta a sus intereses, o si le causa agravios, es decir no cumple con las exigencias del art. 408 del CPP; sin embargo, lo rescatable es cuando dice que no se habrían valorado las declaraciones de Juana Salvatierra de Escalera; pero se evidencia que en dicha declaración no existe ninguna contradicción y se relaciona justamente con el hecho principal, pero lo cierto y comprobado es que cuando la niña fue abusada sexualmente tenía solo siete años de edad conforme lo admite el propio acusado; sin embargo, no existe ninguna diferencia si la violación se consumó a los 6, 7 o 8 años de edad, ya que el hecho está demostrado en el juicio oral, pues la desfloración antigua significa que la niña justamente ha sido abusada hace bastante tiempo, inclusive fue contagiada de una infección vaginal (candidiasis vulvo vaginal). El recurrente dice que no se puede dar valor a un informe psicológico que no cumple con las formalidades de Ley; sin embargo, el Informe Psicológico ha sido insertado y judicializado al juicio oral por su lectura conforme al art. 333 del CPP y tomado muy en cuenta por el Tribunal inferior para sustentar la Sentencia condenatoria al tenor del art. 365 del CPP, en el entendido que no se puede poner en duda la capacidad de la Psicóloga de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, pues como ya se dijo, el informe psicológico contiene declaraciones altamente creíble de la menor.


En el caso de autos nos encontramos ante una Violación por ejercicio del poder; ya que, para obtener supremacía y control sobre su indefensa víctima, no obstante la desproporción de fuerza física, el imputado empleó el engaño aprovechándose de la oportunidad y ocasión de tenerla sola a su alcance, utilizando la violencia psicológica para seducir y reducir la resistencia de la frágil víctima, aprovechando la ausencia de la madre para consumar el abuso sexual, lo cual finalmente consiguió, obligándola a consentir sobre el degradante y humillante abuso sexual al que fue sometida por el imputado. De lo examinado se colige que el imputado cometió el hecho delictivo de Violación motivado por su superioridad física, la fragilidad de la víctima y la oportunidad que se le presentó para tenerla al alcance indefensa, con escasa resistencia y totalmente desprevenida; en ese sentido el art. 308 Bis del CP, es claro al establecer que si concurren los requisitos de abuso sexual a una menor de edad, se consuma el delito de violación aunque la víctima haya dado su conformidad o consentimiento, esto siempre tomando en cuenta la edad de la víctima ya que su consentimiento se encuentra nulo por la minoridad. En este caso es viable aplicar el principio de verdad material que establece el art. 180.1 de la Constitución Política del Estado (CPE), pues debemos reconocer que las finalidades superiores de la justicia no puedan resultar sacrificadas por razones consistentes en el culto ciego a reglas procesales o a consideraciones de forma, que no son estrictamente indispensables para resolver el fondo de los casos que se somete a la competencia del juez, así lo establece la Sentencia Constitucional 2769/2010-R de 10 de diciembre de 2010.


Finalmente, un proceso penal tiene varias etapas y cada una de ellas precluye al comenzar otra; entonces las pruebas de cargo a las que el imputado impugna fueron recolectadas en las etapas preliminar y preparatoria y el imputado tuvo la oportunidad de presentar sus incidentes y excepciones ante el Juez de control jurisdiccional para que el proceso sea saneado antes de ingresar al juicio oral; sin embargo pese a ello, el recurso de apelación restringida interpuesto por el imputado Leonardo Pérez Pinto pese a haberse señalado audiencia de ampliación de su recurso, no cumple con las formalidades exigidas por el art. 408 del CPP; ya que, no hace una expresión de agravios, no cita concretamente las leyes que se consideren violadas o erróneamente aplicadas ni cuál es la aplicación que se pretende; es decir, no indica separadamente cada violación con sus fundamentos respectivos, tal como lo exige el procedimiento de la materia en sus arts. 370, 396 inc. 3) y 408.

III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN

CON LOS PRECEDENTES INVOCADOS


El presente recurso, los imputados a través de su representante denuncian que el Tribunal de alzada: 1) Hubiese efectuado una valoración probatoria, por cuanto se refrendó el valor dado en Sentencia a una pericia psicológica que no cumplió con los requisitos ordenados por el art. 204 del CPP; ya que, solo fue una entrevista preliminar; así como, manifestaciones que en la lógica del recurso constituyen juicios de valor sobre cuestiones del enjuiciamiento como es el caso de la aceptación que el imputado hubiera realizado sobre la comisión del hecho y cuestiones referidas a la valoración de la declaración de Juana Salvatierra de Escalera; y, 2) Hubiere incurrido en una incongruencia omisiva, ya que solo se hubiera pronunciado en relación a los reclamos del art. 370 incs. 5) y 6) del CPP, cuando el recurrente en apelación restringida denunció la existencia también del defecto de la sentencia contenido en el numeral 8 de ese norma procesal, lo que equivale a la vulneración de los arts. 398 y 124 del CPP, constituyendo un defecto absoluto no susceptible de convalidación; a cuyo fin, antes de identificar los entendimientos asumidos en los precedentes invocados por el recurrente y el análisis del recurso, previamente es menester efectuar una precisión legal, doctrinal y jurisprudencial sobre la labor de contraste en el recurso de casación por parte del Tribunal Supremo, que servirán de base para la presente resolución.


III.1.        La labor de contraste en el recurso de casación.


Conforme lo dispuesto por los arts. 42.I inc. 3) de la Ley de la LOJ y 419 del CPP, las Salas especializadas tienen la atribución de sentar y uniformar la jurisprudencia, cuando un Auto de Vista dictado por una de las Cortes Superiores de Justicia, sea contrario a otros precedentes pronunciados por las otras Cortes Superiores o por la Sala Penal del Tribunal Supremo.


El art. 416 del CPP, preceptúa: “Se entenderá que existe contradicción, cuando ante una situación de hecho similar, el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista recurrido no coincida con el del precedente sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance”. En ese ámbito, este Tribunal a través del Auto Supremo 322/2012-RRC de 4 de diciembre, puntualizó: “Cuando la norma se refiere a una situación de hecho similar, considera esta Sala que el legislador se refiere a supuestos fácticos análogos, siendo necesario precisar que en materia sustantiva el supuesto fáctico análogo exige que el hecho analizado sea similar; en cambio, en material procesal el supuesto fáctico análogo se refiere a una problemática procesal similar.


La atribución de este Tribunal, de sentar y unificar jurisprudencia, contiene íntima y estrecha relación con la garantía constitucional contenida en el art. 119.I de la CPE, que garantiza el ejercicio pleno del principio de igualdad de las partes ante el Juez dentro de las jurisdicciones del Estado, así como garantizar seguridad jurídica en la predictibilidad de las decisiones de los Tribunales y un igual tratamiento jurídico a los ciudadanos. En resumen, la labor de sentar doctrina legal a partir del recurso de casación dentro de la jurisdicción ordinaria, se sintetiza en: a) Respeto a la seguridad jurídica; b) Realización del principio de igualdad; y, c) Unidad y uniformidad en la aplicación del derecho por parte de los servidores judiciales en la jurisdicción ordinaria.


Por otro lado, la doctrina legal a ser dictada por este Tribunal en el supuesto caso de verificar la existencia de contradicción entre la Resolución impugnada y los precedentes invocados como contradictorios, será de aplicación obligatoria para los Tribunales y Jueces inferiores y sólo podrá
modificarse por medio de una nueva resolución dictada con motivo de otro recurso de casación, en previsión de lo dispuesto por el art. 420 del CPP.


III.2. Análisis de los motivos alegados en casación.


La parte recurrente como primer motivo, denuncia que la Sentencia de grado incurrió en el defecto contenido en el art. 370 inc. 6) del CPP, por brindar valor a una pericia psicológica que no cumplió con los requisitos ordenados por el art. 204 del CPP; ya que, solo fue una entrevista preliminar, aspecto que no fue tenido presente por el Tribunal de apelación.


Asevera que el Tribunal de alzada, pese al impedimento en el que se halla, procedió a valorar prueba, dando una opinión de fondo sobre la declaración de Juana Salvatierra de Escalera, al manifestar que en esa declaración no existiría ninguna contradicción y por otro lado brindar afirmaciones en torno a la comprobación del hecho a partir de lo expresado por el imputado; situaciones que a más de no tener marco normativo posible no condicen a la verdad de los hechos.


Manifiesta que la línea de argumentos sentados en el Auto Supremo 354/2014-RRC de 30 de julio, es taxativo al ordenar que son solo los Jueces y Tribunales de Sentencia los facultados para la valoración de la prueba, labor vedada a los Tribunales de apelación, quienes solo limitan su ejercicio al control de la valoración probatoria efectuada por los inferiores.


En el recurso de casación se invoca el Auto Supremo 354/2014-RRC de 30 de julio, que fue dictado dentro de un proceso penal seguido por la presunta comisión del delito de Giro Defectuoso de Cheque, donde inicialmente se dictó Sentencia condenatoria que apelda fue anulada por el Tribunal de alzada, disponiendo la reposición del juicio por otro Juez de Sentencia,  fallo que fue dejado sin efecto en razón a que tuvo como hecho generador: “…el Tribunal de alzada, al emitir el fallo, omitió expresar el razonamiento lógico-jurídico que le llevó a concluir que la valoración de la prueba no fue correcta y que la Sentencia carecía de fundamentación probatoria intelectiva, no siendo suficiente mencionar que de la revisión del registro de juicio oral llegó a esa convicción, cuando debió tomar en cuenta, que el control de logicidad respecto a la valoración de la prueba en infracción con las reglas de la sana crítica, requiere la explicación del por qué se considera que no se aplicaron dichas reglas con la precisión de cuál de ellas fue omitida o mal aplicada, identificando cuál fue el hecho no cierto, o cuál la afirmación imposible o contraria a las leyes de la lógica o a la experiencia, cuál o cuáles fueron los medios probatorios analizados arbitrariamente o erróneamente, con indicación de cómo debieron aplicarse dichas reglas, sin incurrir en nueva valoración, a efectos de un entendimiento claro y concreto; procedimiento semejante debió emplear en las afirmaciones referidas a la insuficiente fundamentación de la Sentencia, dado que la fundamentación intelectiva deriva de la valoración de la prueba, de modo que debió explicar si dicho fallo carece de valoración individual, integral o ambas, y de qué manera ello incidió en la fundamentación intelectiva de la Sentencia…”. Generando en aquella oportunidad la siguiente doctrina legal aplicable: “En cuanto a la determinación de la pena y su correspondiente imposición, la normativa procesal penal señala que, cuando se emita Sentencia condenatoria (art. 365 del CPP), la autoridad sentenciadora debe fijar con precisión la sanción que corresponda; lo que implica, que la misma debe encontrarse debidamente fundamentada, tomando en cuenta, no sólo las atenuantes y agravantes que pudieran concurrir, sino también la finalidad de las sanciones privativas de libertad, que se encuentra descrita en el art. 118 parágrafo III de la Constitución Política del Estado (CPE)”.


Precisado el precedente invocado por el recurrente, se advierte que del análisis del Auto Supremo 354/2014-RRC de 30 de julio, la doctrina legal aplicable que contiene dicha resolución, alude al aspecto que el Tribunal de alzada omitió expresar el razonamiento lógico-jurídico que le llevó a concluir que la valoración de la prueba no fue correcta.


Mientras que el agravio reclamado por parte del recurrente, el Tribunal de alzada, pese al impedimento en el que se halla, procedió a valorar prueba, dando una opinión de fondo sobre la declaración de Juana Salvatierra de Escalera, al manifestar que en esa declaración no existiría ninguna contradicción y por otro lado brindar afirmaciones en torno a la comprobación del hecho a partir de lo expresado por el imputado.


En consecuencia, se puede establecer que bajo ningún aspecto podría existir contradicción en la resolución entre uno y otro fallo, toda vez que el precedente invocado por el recurrente, trató de que el Tribunal de alzada omitió expresar el razonamiento lógico-jurídico que le llevó a concluir que la valoración de la prueba no fue correcta y que en el caso de autos la problemática versa en que se considera que el Auto de Vista impugnado revalorizó prueba; por tanto, el presente motivo deviene en infundado.


El recurrente como segundo motivo, reclama que el Auto de Vista recurrido, solo se pronuncia -y de manera escueta- en relación a los reclamos del art. 370 incs. 5) y 6) del CPP, cuando el recurrente a momento de presentar su recurso de apelación restringida denunció la existencia también del defecto de la sentencia contenido en el numeral 8 de esa norma procesal; empero, el Auto de Vista omitió el dar ningún tipo de respuesta. Enfatiza que la respuesta del Auto de Vista “simplemente efectuó el análisis in extenso respecto a la actividad desarrollada en el juicio oral, realizando una especie de deducción de los elementos de pruebas desarrollados en el juicio, sin otorgar respuesta clara y específica” (sic) y concluye afirmando que esas condiciones conllevan la vulneración de los arts. 398 y 124 del CPP, constituyendo un defecto absoluto no susceptible de convalidación.


Al efecto, invoca en calidad de precedentes contradictorios: i) Auto Supremo 218/ 2014-RRC de 4 de junio, emitido dentro de un proceso por los delitos de Falsificación de Documento Privado y Uso de Instrumento Falsificado, resolución judicial que declaró infundado el recurso de casación; ii) Auto Supremo 199/2013 de 11 de julio, emitido dentro de un proceso por el delito de Lesiones Gravísimas, mismo que también declaró infundado el recurso de casación; y, 3) Auto Supremo 393/2015-RRC-L de 4 de agosto, emitido dentro de un proceso por los delitos de Robo y Robo Agravado, resolución que declaró infundado el recurso de casación. Por lo que se establece, que los referidos precedentes declararon infundados los recursos de casación, por lo que carecen de doctrina legal aplicable y no pueden ser considerados para efectuar la labor de contraste, por consiguiente el presente motivo de casación deviene en infundado, pues no se explicó ni fundamentó como Autos Supremos que no dejaron sin efecto un Auto de Vista, podrían haber generado una situación diferente en la aplicación de la norma en un caso análogo. 


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Alberto Pozo Vedia.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos