TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 422/2018-RRC

Sucre, 13 de junio de 2018


Expediente                        : Santa Cruz 35/2017

Parte Acusadora                : Ministerio Público y otros

Parte Imputada                : Edilberto Calderón Moreno y otros

Delitos                        : Robo, Lesiones graves y leves y otros

Magistrado Relator        : Dr. Olvis Eguez Oliva


RESULTANDO


Por memorial presentado 13 de enero de 2017, cursante de fs. 536 a 538, Edilberto Calderón Moreno y Silvia Varón Orellana, interponen recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 84 de 26 de octubre de 2016, de fs. 495 a 503, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, Luis Murillo Mendoza, Yolanda León y Apolinar Murillo contra Sandra Noco Vargas, María Selvy Asaeda Hurtado, Claudia Flores Calderón, Yolanda Masabi Vargas, Juan Marca Lima y los recurrentes, por la presunta comisión de los delitos de Robo, Lesiones Graves y Leves, Allanamiento de domicilio o sus Dependencias y Asociación Delictuosa, previstos y sancionados por los arts. 331, 271, 298 y 132 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


  1. Por Sentencia 12/2016 de 31 de marzo (fs. 438 a 444), el Tribunal Primero de Montero del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Sandra Noco Vargas, María Selvy Asaeda Hurtado, Claudia Flores Calderón, Yolanda Masabi Vargas, Juan Marca Lima, Edilberto Calderón Moreno y Silvia Varón Orellana, autores y culpables de la comisión de los delitos de Allanamiento de Domicilio, Lesiones Leves y Asociación Delictuosa, previstos y sancionados por los arts. 298, 271 segundo párrafo y 132 del CP, imponiendo la pena de cuatro años de reclusión, siendo absueltos de los delitos de Robo y Lesiones graves.


  1. Contra la mencionada Sentencia, los imputados Sandra Noco Vargas, María Selvy Asaeda Hurtado, Claudia Flores Calderón, Yolanda Masabi Vargas, Juan Marca Lima, Edilberto Calderón Moreno y Silvia Varón Orellana (fs. 453 a  457 y 458 a 468), interpusieron recursos de apelación restringida, resueltos por Auto de Vista 84 de 26 de octubre de 2016, dictado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declaró admisibles e improcedentes los recursos planteados, motivando la interposición del recurso de casación.


I.1.1. Motivo del recurso de casación.


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 405/2017-RA de 5 de junio, se extrae el motivo a ser analizado en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


Los recurrentes manifiestan que el Tribunal de Sentencia no valoró que éstos, no se encontraban presentes en el momento en que se suscitaron los hechos, pues afirman que ninguna de las pruebas documental, pericial o testifical presentadas en juicio los sindicó como autores del hecho denunciado. Refieren que dentro del proceso nunca se llegó a determinar la identidad de los agresores, considerando que ellos no estuvieron presentes en el lugar de los hechos. Denuncian que el Tribunal de juicio incurrió en errónea aplicación de la ley sustantiva por errónea calificación de los hechos.


Asimismo, denuncian también falta de fundamentación y errores en la motivación en la Sentencia, reiterando que no se consideró que ambos no se encontraban en el lugar de los hechos, la fecha y hora de la comisión del ilícito, vulnerando de esta manera el principio de presunción de inocencia y falta de individualización de los sujetos que hubieren cometido el delito.


Contra el Auto de Vista impugnado, señalan que no subsanó los agravios expresados en el recurso de apelación restringida, omitiendo considerar los principios de legalidad, in dubio pro reo y presunción de inocencia y vulnerando la garantía constitucional del debido proceso, al advertir falta de motivación en la resolución respecto a la identificación e individualización plena de los acusados y por presumir su culpabilidad, gracias a una mala valoración de las pruebas efectuada por el Tribunal de Sentencia, aclarando que no se solicitó la revalorización de las pruebas, sino más bien que el Tribunal de alzada ejerza el control de la valoración de la prueba realizada. Invocando como precedente contradictorio al Auto Supremo 452/2015-RRC, referido a la falta de motivación.


I.1.2. Petitorio


La parte recurrente solicita se “dicte resolución declarando anulada la Sentencia condenatoria”.


I.2. Admisión del recurso


Mediante Auto Supremo 405/2017-RA de 5 de junio, cursante de fs. 549 a 551, este Tribunal admitió el recurso de casación interpuesto por Edilberto Calderón Moreno y Silvia Varón Orellana, para su análisis de fondo.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


II.1.        De la Sentencia.


Sustanciado el juicio, el Tribunal Primero de Montero del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Sandra Noco Vargas, María Selvy Asaeda Hurtado, Claudia Flores Calderón, Yolanda Masabi Vargas, Juan Marca Lima, Edilberto Calderón Moreno y Silvia Varón Orellana, autores de la comisión de los delitos de Allanamiento de Domicilio, Lesiones Leves y Asociación Delictuosa, previstos y sancionados por los arts. 298, 271 segundo párrafo y 132 del CP, imponiendo la pena de cuatro años de reclusión, siendo absueltos de los delitos de Robo y Lesiones Graves, al establecer que el 13 y 14 de febrero del 2013 a horas 18:00 aproximadamente (festejo de carnaval) y aprovechando que los denunciantes habían salido a comprar ladrillos y arena para la construcción de sus viviendas, un grupo de gente ingresó en los lotes de terreno 12 y 14 de la manzana 2 del barrio Coronel Ignacio Warnes, zona de Valle Sánchez del municipio de Warnes, que correspondía a la madre fallecida de los denunciantes, respecto a quien se declararon herederos Apolinar y Luis Murillo Mendoza. Enfatiza que ingresaron cortando los alambres y destruyendo todo y tomaron posesión de dichos terrenos; posteriormente, el 17 de febrero del 2013, unas 40 a 60 personas entre mujeres y hombres ingresaron a los lotes de terrenos 16 y 17 que correspondían a los esposos Luis Murillo Mendoza y Yolanda León, cortando los árboles y saqueando sus pertenencias, quienes no dejaron que se acerquen a sus lotes y desde afuera vieron que sus viviendas habían sido destruidas por completo siendo sacadas todas sus pertenencias y objetos a la calle, llevándose todo lo que pudieron y que los denunciados habían hecho destrozo total de sus bienes. En este grupo de personas se encontraban los imputados Claudia Flores Calderón, Edilberto Calderón, Moreno, Silvia Varón Orellana, Yolanda Masabi Vargas, María Selvi Asaeda Hurtado, Sandro Noco Vargas y Juan Marca Lima, que agredieron física y verbalmente a los denunciantes, propinando una golpiza que provocó lesiones leves con ocho días de impedimento a Luis Murillo Mendoza y Yolanda León de Murillo; es decir, que no los dejaron acercarse a su vivienda, por el contrario, los condujeron a la casa del dirigente de la junta vecinal del barrio, Edilberto Calderón Moreno y les hicieron firma un acta de que no volverían más al barrio.


II.2.  Del recurso de apelación restringida y su resolución.


Contra la mencionada Sentencia, los imputados Edilberto Calderón Moreno y Silvia Varón Orellana formularon recurso de apelación restringida, denunciando valoración errónea de la prueba, porque ninguno de los testigos declararon que hayan participado en el delito atribuido y que no se efectuó una valoración objetiva respecto a las pruebas materiales de cargo; mereciendo el pronunciamiento del Auto de Vista impugnado que declaró improcedente el recurso.


III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN

CON EL PRECEDENTE INVOCADO


En el presente recurso, los recurrentes denuncian que el Tribunal de alzada no subsanó los agravios de falta de fundamentación, errónea aplicación de la ley sustantiva y defectuosa valoración de la prueba denunciados en apelación restringida, al no haberse pronunciado de manera fundamentada sobre la falta de individualización de los acusados y al presumir su culpabilidad, validando una defectuosa valoración de la prueba, aclarando que no pretendieron una revalorización de la prueba, sino que cuestionaron su mala valoración, correspondiendo resolver la problemática planteada.

III.1. La labor de contraste en el recurso de casación.


Conforme lo dispuesto por los arts. 42.I inc. 3) de la LOJ y 419 del CPP, las Salas especializadas tienen la atribución de sentar y uniformar la jurisprudencia, cuando un Auto de Vista dictado por una de las Cortes Superiores de Justicia, sea contrario a otros precedentes pronunciados por las otras Cortes Superiores o por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia.


El art. 416 del CPP, preceptúa: “Se entenderá que existe contradicción, cuando ante una situación de hecho similar, el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista recurrido no coincida con el del precedente, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance”. En ese ámbito, este Tribunal a través del Auto Supremo 322/2012-RRC de 4 de diciembre, puntualizó: “Cuando la norma se refiere a una situación de hecho similar, considera esta Sala que el legislador se refiere a supuestos fácticos análogos, siendo necesario precisar que en materia sustantiva el supuesto fáctico análogo exige que el hecho analizado sea similar; en cambio, en material procesal el supuesto fáctico análogo se refiere a una problemática procesal similar.


La atribución de este Tribunal, de sentar y unificar jurisprudencia contiene íntima y estrecha relación con la garantía constitucional contenida en el art. 119.I de la Constitución Política del Estado (CPE), que garantiza el ejercicio pleno del principio de igualdad de las partes, ante el Juez dentro de las jurisdicciones del Estado, así como garantizar seguridad jurídica en la predictibilidad de las decisiones de los Tribunales y un igual tratamiento jurídico a los ciudadanos. En resumen, la labor de sentar doctrina legal a partir del recurso de casación dentro de la jurisdicción ordinaria, se sintetiza en: a) Respeto a la seguridad jurídica; b) Realización del principio de igualdad; y, c) Unidad y uniformidad en la aplicación del derecho por parte de los servidores judiciales en la jurisdicción ordinaria.


Por otro lado, la doctrina legal a ser dictada por este Tribunal en el supuesto caso de verificar la existencia de contradicción entre la Resolución impugnada y los precedentes invocados como contradictorios, será de aplicación obligatoria para los Tribunales y Jueces inferiores; y, sólo podrá modificarse por medio de una nueva resolución dictada con motivo de otro recurso de casación, en previsión de lo dispuesto por el art. 420 del CPP.


III.2.        La debida fundamentación de las resoluciones judiciales.


El art. 180.I de la CPE, entre los principios rectores en los que se fundamenta la jurisdicción ordinaria, establece el debido proceso como principio que garantiza a todo sujeto procesal, tener acceso a un pronunciamiento motivado y fundamentado, sobre todos los motivos alegados en cualquier recurso que la ley prevé, por lo mismo las autoridades que ejercen jurisdicción a nombre del Estado, deben manifestar por escrito los motivos de sus resoluciones, resguardando de esa manera tanto a los particulares como a la colectividad, de decisiones arbitrarias.


Orlando A. Rodríguez Ch., en su obra “Casación y Revisión Penal”, refiriéndose a la fundamentación y motivación, refiere: “constituye un sello de garantía a los usuarios de la administración de justicia, porque con ello se evita la arbitrariedad, el capricho, decisiones contrarias, errores de lógica jurídica, y el actuar irrazonado de los funcionarios judiciales”.


El mismo autor citando a Joan Pico I Junoy, manifiesta que la motivación cumple las siguientes finalidades: a) Le permite controlar a la sociedad la actividad judicial y cumplir así con el de publicidad; b) Garantía intraprocesal, de los derechos y libertades fundamentales de las partes; c) Logra el convencimiento de las partes sobre la justicia y corrección de la decisión judicial, eliminando la sensación de arbitrariedad y estableciendo su razonabilidad, al conocer por qué concreto de su contenido; y, d) Les garantiza a las partes procesales la posibilidad de control de la resolución judicial interponiendo ante los tribunales superiores que conocen de los correspondientes recursos.


Al respecto, este Tribunal, por Auto Supremo 210/2015-RRC de 27 de marzo, estableció: “Es importante que en el análisis de las circunstancias alegadas, para una mejor comprensión, el Tribunal realice una reseña de los hechos denunciados en contra de la Sentencia (motivos del recurso), sin que ello signifique todo el argumento del fallo, sino debe tener el debido cuidado de estructurar la Resolución, de forma tal que contenga: i) el objeto de impugnación (motivos del recurso); ii) las consideraciones argumentativas que servirán de sustento a la decisión final, es decir, fundamentación (normativa legal, doctrinal o jurisprudencial que respalda el fallo) y motivación (explicación clara, específica, completa, legítima y lógica del porqué la normativa o doctrina es aplicable al caso en concreto); iii) las conclusiones, que deben ser el fruto racional del análisis de las cuestionantes denunciadas, contrastadas con las actuaciones cursantes en el proceso y la normativa aplicable citada en el fallo, finalmente; iv) la parte resolutiva o dispositiva que debe ir en coherencia con lo analizado y las conclusiones arribadas (congruencia interna).


III.3. Análisis del motivo alegado en casación.


Los recurrentes refieren en calidad de antecedentes, que el Tribunal de Sentencia no valoró que no se encontraban presentes en el momento en que se suscitaron los hechos; ya que, ninguna de las pruebas documental, pericial o testifical presentadas en juicio, los sindicó como autores del hecho denunciado y que dentro del proceso, nunca se llegó a determinar la identidad de los agresores, considerando que ellos no estuvieron presentes en el lugar de los hechos, incurriendo el Tribunal de origen en errónea aplicación de la ley sustantiva por errónea calificación de los hechos, a tiempo de alegar la falta de fundamentación y errores en la motivación en la Sentencia, reiterando que no se consideró que ambos no se encontraban en el lugar de los hechos, la fecha y hora de la comisión del ilícito, vulnerando de esta manera el principio de presunción de inocencia y falta de individualización de los sujetos que hubieren cometido el delito.


Con ese antecedente, cuestionan el Auto de Vista impugnado, porque en su planteamiento el Tribunal de alzada no subsanó los agravios expresados en el recurso de apelación restringida, omitiendo considerar los principios de legalidad, in dubio pro reo y presunción de inocencia y vulnerando la garantía constitucional del debido proceso, al advertir falta de motivación en la
resolución respecto a la identificación e individualización plena de los acusados, y por presumir su culpabilidad, gracias a una mala valoración de las pruebas efectuada por el Tribunal de Sentencia, aclarando que no se solicitó la revalorización de las pruebas, sino más bien que el Tribunal de alzada ejerza el control de la valoración de la prueba realizada; a cuyo efecto, invocan como precedente contradictorio, el Auto Supremo 452/2015-RRC de 29 de junio, que fue dictado dentro de un proceso penal seguido por el delito de Violación de Niño, Niña o Adolecente, por el cual se advirtió que el Tribunal de alzada si bien alegó que el Tribunal de Sentencia no interpretó correctamente el art. 360 del CPP, afirmando que inobservó la Ley adjetiva penal; dejó en incertidumbre tanto a las partes en particular como a la sociedad en general, al ignorarse las razones que lo llevaron a tal conclusión, al no expresar de manera clara, cuál de los cinco requisitos de sentencia previstos por el art. 360 del CPP, fueron erróneamente interpretados o aplicados y cuya trascendencia ameritaría la nulidad de la Sentencia apelada, falencia que constituía inobservancia del art. 124 de la norma adjetiva penal y en los hechos una vulneración al debido proceso por falta de fundamentación, al carecer la Resolución impugnada, de una exposición clara y expresa, de los motivos de hecho y derecho, en los que basó el Tribunal de apelación su decisión de anular la Sentencia, razón por la cual se estableció la siguiente doctrina legal aplicable: “…Este deber de motivación alcanza no solo a los tribunales de mérito, sino también a los de alzada, pues al emitir una resolución que resuelve un recurso extraordinario, la misma debe ser imprescindiblemente expresa, clara, completa, legítima y lógica; parámetros establecidos con la finalidad de garantizar la efectividad en la aplicación del art. 124 del CPP; en el caso de resoluciones de alzada, es deber del Tribunal de alzada, además de cumplir con los parámetros de una debida fundamentación, declarar la procedencia o improcedencia de un recurso de apelación con base al análisis de los hechos reflejados por la Sentencia, no pudiendo el Tribunal de alzada, fundar su resolución en especulaciones, conjeturas, afirmaciones carentes de demostración o en situaciones ausentes en quebranto de la norma penal…


Del análisis del precedente invocado se advierte que la problemática dilucidada, tiene relación con el hecho fáctico alegado en el motivo de casación, donde se denuncia falta de motivación en la resolución, por lo que existiendo una situación fáctica similar entre el precedente invocado y el motivo de casación, corresponde ingresar a verificar la posible existencia o no de la contradicción denunciada.


En ese sentido, se constata de los antecedentes que emitida la sentencia condenatoria, los recurrentes en su recurso de apelación restringida denunciaron como agravio, que al momento de dictar la Sentencia, el Tribunal de Sentencia de Montero valoró erróneamente las pruebas testificales de cargo, pues respecto a los imputados Claudia Flores Calderón, Edilberto Calderón Moreno, Silvia Varón Orellana, Sandra Noco Vargas, María Selvy Asaeda Hurtado, Yolanda Masabi Vargas y Juan Marca Lima, asumió que habrían participado en el ilícito penal acusado por el Ministerio Público basándose en las pruebas de cargo testificales y documentales; sin embargo, las declaraciones de los testigos de cargo Gonzalo Saavedra Saavedra, Amelia Castro León, Gilberto Torrico Canaza, Luis Murillo Mendoza, Apolinar Murillo Merdoza, Yolanda León de Murillo y Ruth Colque Caraite, a las que el Tribunal les asignó aptitud y suficiencia probatoria, no describen que los imputados hubieran participado en el delito acusado conforme se puede  evidenciar en la misma Sentencia y en las pruebas referidas por la acusación fiscal, que el Tribunal de Sentencia otorgó el valor suficiente para enervar el principio constitucional de inocencia, llegando con un análisis subjetivo a dictar sentencia condenatoria.


Asimismo, los recurrentes alegaron que el Tribunal de Sentencia no efectuó una valoración objetiva respecto a las pruebas materiales de cargo, que fueron referidas como hechos probados en la Sentencia, afirmando que la Prueba 1 (Informe de Inicio de Investigación) no es una prueba material, sino una obligación que tiene el Ministerio Público para actuar siempre bajo el control jurisdiccional, las pruebas: 2 (Muestrario fotográfico), 7 (Informe del asignado) y 8 (informe de la asignada sobre aspectos investigativos), no identifican a los autores ni mucho menos sindican a los imputados de los delitos denunciados. Con relación a las Pruebas 4 y 5 consistentes en Requerimiento fiscal e Informe Médico Forense, sólo se refieren a las lesiones de las víctimas Yolanda León y Luis Murillo Mendoza, quienes tienen 8 días de impedimento; sin embargo, no establecen quién o quiénes fueron los que ocasionaron dichas lesiones. La prueba 9 consistente en avisos de cobranza por consumo de energía, no específica si corresponden al lugar donde sucedieron los hechos y finalmente la Prueba 10 consistente en un CD, no prueba en ningún momento que los imputados sentenciados hubieran agredido a los acusadores particulares o víctimas.


Al respecto, el Tribunal de apelación, sobre el defecto de valoración defectuosa de la prueba prevista por el art. 370 inc. 6) del CPP y denunciada por los recurrentes, asumió en principio que no era cierto ni evidente; toda vez, que en lo que respecta a las pruebas de cargo tanto testificales como documentales, el Tribunal inferior ejerció las reglas de la sana crítica a tiempo de valorar en forma conjunta dichas pruebas, otorgándose a cada prueba el valor correspondiente, además de haberse realizado una relación de las pruebas producidas, con la respectiva  pertinencia en el presente caso, máxime si se tomaba en cuenta que la prueba 1 (Informe de Inicio de Investigación), fue valorada para demostrar que desde el inicio de la presente causa se contaba con un Juez de garantías que ejerció el control jurisdiccional, las pruebas 2 (Muestrario fotográfico), 7 (Informe del asignado) y 8 (informe de la asignada sobre aspectos investigativos), fueron correctamente valoradas y fundamentadas por el Tribunal inferior, para probar los hechos ilícitos cometidos en contra de las víctimas, con relación a las pruebas 4 y 5, consistentes en Requerimiento fiscal e Informe Médico Forense, el Tribunal inferior las valoró correctamente para declarar como hecho probado las lesiones leves sufridas por las víctimas Yolanda León y Luis Murillo Mendoza, a la prueba 9 consistente en avisos de cobranza por consumo de energía, el Tribunal inferior le dio el correcto valor probatorio en forma conjunta con otras pruebas de cargo, para llegar a establecer que las víctimas estaban en posesión del inmueble que posteriormente fue ilegalmente allanado por los acusados, no siendo necesario para que se configure la comisión de este delito, que las víctimas tengan que demostrar su legal derecho propietario sobre el inmueble allanado; y finalmente, la prueba 10 consistente en un CD, también fue debidamente valorada por el tribunal inferior, al otorgarle el correcto valor probatorio en conjunto con las demás pruebas para llegar a la conclusión de que se ejerció violencia premeditada en contra de las víctimas.


Por otra parte, el Tribunal de apelación señaló que si bien era cierto que en las declaraciones testificales de cargo producidas en juicio oral, los testigos no reconocieron ni sindicaron de manera directa a ninguno de los imputados como autores de los delitos sentenciados, lo que valoró correctamente el Tribunal inferior para fundamentar el hecho probado, fue que los testigos de cargo manifestaron y confirmaron que un grupo de entre 40 a 50 personas asociadas delictuosamente, allanaron de forma arbitraria y violenta el domicilio de las víctimas, además de que producto de esa violencia ejercida causaron lesiones a las víctimas Luis Murillo Mendoza y Yolanda León, habiendo estas víctimas posteriormente en sus declaraciones testificales, sindicado de manera directa a los acusados Claudia Flores Calderón, Edilberto Calderón Moreno, Silvia Varón Orellana, Sandra Noco Vargas, María Selvy Asaeda Hurtado, Yolanda Masabi Vargas y Juan Marca Lima, como los autores de los delitos sentenciados. Es decir, que el Tribunal de Sentencia de Montero dio a cada prueba de cargo tanto testifical como documental, el correspondiente valor probatorio para posteriormente en forma armónica y conjunta concluir que la prueba aportada fue suficiente para generar en ellos la convicción sobre la responsabilidad penal de los acusados en los delitos de Asociación Delictuosa, Allanamiento de Domicilio y Lesiones Leves, existiendo en consecuencia una correcta valoración en forma conjunta de la prueba de cargo producida.


De esta relación necesaria de antecedentes, un aspecto que debe ser destacado inicialmente, es el hecho de que los recurrentes al impugnar de apelación restringida la sentencia, únicamente alegaron como defecto de Sentencia el referido a la valoración defectuosa de la prueba que correctamente fue identificado por el Tribunal de alzada en las previsiones contenidas en el art. 370 inc. 6) del CPP, como norma habilitante; lo que supone,  que las referencias que hacen los recurrentes a una errónea aplicación de la ley sustantiva y de falta de fundamentación en la sentencia, resultan inoportunas al no haber sido planteadas ante el Tribunal de apelación y que por lógica consecuencia no emitió pronunciamiento alguno, por lo que menos podría denunciarse en casación una falta de motivación al respecto en el contenido del Auto de Vista impugnado.


               Efectuada esa precisión, puede advertirse que los planteamientos formulados por los recurrentes en apelación restringida, convergen en el reclamo de que ninguno de los testigos de cargo hubiesen descrito que los imputados participaron en el delito acusado y que la prueba literal judicializada en el acto de juicio tampoco hubiese acreditado que los imputados incluidos los recurrentes, agredieron a los acusadores particulares, constatándose que el Tribunal de alzada a través de razones claras y precisas, estableció que no se incurrió en vulneración a las reglas de la sana crítica con relación a la prueba literal, sin que su respuesta pueda ser considerada como carente de motivación, habida cuenta que de manera específica destacó a partir de la pertinencia de cada prueba, el elemento fáctico acreditado por cada una de ellas; no pudiendo soslayarse que los recurrentes se limitaron a observar que esas pruebas no acreditaron la agresión de los imputados a los víctimas, sin mayor argumentación en el ámbito del defecto previsto por el art. 370.6) del CPP, teniendo en cuenta que el Auto Supremo 214 de 28 de marzo de 2007, estableció como doctrina fundadora que: “(….) es obligación de quienes motivan sus recursos en la inobservancia de las reglas de la sana crítica, señalar las partes del decisorio donde constan los errores lógico-jurídicos, proporcionando la solución que pretenden en base a un análisis lógico explícito; será pues obligación del recurrente, al alegar la infracción basada en la inadecuada aplicación de las reglas de la sana crítica, atacar en sus argumentaciones el silogismo desarrollado en la sentencia y no referirse a actuaciones procesales sin incidencia directa en la resolución de mérito, la inobservancia de estas reglas emergentes de lo expresamente determinado en la ley adjetiva penal deberán ser observadas por los Tribunales que conocen el recurso de apelación restringida previamente ha admitirse los recursos por estos motivos y en caso de no ser debidamente subsanada la observación referida, los Tribunales deberán declarar inadmisibles los recursos por este motivo, en cuyo caso no podrán reiterarse estos argumentos en el recurso de casación”; estableciéndose en consecuencia que el Tribunal de alzada en consideración al planteamiento simple y concreto formulado en apelación por los recurrentes, otorgó una respuesta en similares términos que de ningún modo puede ser considerada como carente de motivación.

Ahora bien, con referencia al segundo tópico referido a la prueba testifical, el Tribunal de alzada funda la desestimación del reclamo de los recurrentes al destacar que de la prueba testifical producida se acreditó que un grupo de 40 a 50 personas allanaron el domicilio de las víctimas causándoles lesiones y con relación al reclamo puntual de los recurrentes, no sólo formulado en apelación sino también en casación, hizo hincapié que las dos víctimas, Luis Murillo Mendoza y Yolanda León, sindicaron directamente a los imputados como los autores de los hechos sentenciados; lo que implica, que la aseveración de los recurrentes en sentido de que ninguna prueba les sindicó como autores del hecho denunciado no resulta evidente, conforme lo estableció el Tribunal de origen en su sentencia que fue correctamente confirmada por el Tribunal de alzada, que resolvió el defecto alegado por los recurrentes en apelación, de acuerdo a los datos que informan el caso al advertirse que efectivamente las víctimas en las declaraciones prestadas en juicio identifican plenamente a los recurrentes como partícipes de los hechos atribuidos, de modo que la denuncia formulada en casación no resulta evidente porque los planteamientos formulados  por los recurrentes en su apelación, fueron abordados en el Auto de Vista, para finalmente ser desestimados con base a razones que esta Sala Penal las encuentra suficientes, teniendo en cuenta que conforme se asumiera de manera reiterada y uniforme en la jurisprudencia, la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión, tal como sucede en el caso presente, por lo que el recurso sujeto a análisis deviene en infundado.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Edilberto Calderón Moreno y Silvia Varón Orellana.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos