TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 418/2018

Sucre, 11 de junio de 2018


Expediente        : Cochabamba 71/2017

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otros  

Parte Imputada        : Jorge Arteaga Maldonado

Delitos        : Asesinato y otro


RESULTANDO


Por memorial presentado el 14 de febrero de 2018, cursante de fs. 1806 a 1810 vta., Jorge Arteaga Maldonado, opone excepción extinción de la acción penal por Prescripción, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público y la acusación particular de Teresa Carvalho Rivero de Guzmán, Alfredo Martin Guzmán Carvalho y Roció Peñaranda Gamarra, por la presunta comisión de los delitos de Asesinato y Lesiones Culposas, previstos y sancionados por los arts. 252 inc. 3) y 274 del Código Penal (CP).


I. ARGUMENTOS DE LA EXCEPCIÓN OPUESTA


El imputado Jorge Arteaga Maldonado, formula su pretensión en base a los siguientes argumentos:


  1. Señala que el hecho data de 1 de octubre de 2009, según la intervención policial preventiva y de acción directa, también refiere que a fs. 1, consta el aviso de inicio de investigación. Asimismo, expresa que cursa en documentos probatorios que adjunta, que el 3 de octubre de 2009 se llevó audiencia de medidas cautelares; por otro lado, hace referencia a que no tiene rebeldía declarada como se establecería en el certificado del Registro de Antecedentes Penales (REJAP), siendo que de esa manera se acredita el inicio del cómputo para la prescripción, de acuerdo al art. 30 del CPP; también, señala que el art. 31 del Código de Procedimiento Penal (CPP), prevé que la interrupción de la prescripción se da por la declaratoria de rebeldía del imputado.


  1. Bajo esos antecedentes señala que se ampara en la normativa establecida en el art. 113 de la Constitución Política del Estado (CPE), para establecer que se delega a los Jueces o Vocales, el plazo razonable; aspecto que, también se encuentra regulado por el art. 8.1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; por otro lado, manifiesta que art. XXV de la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, el art. 9.3, 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Político y el art. 115 dela CPE, que señalan el derecho del imputado a ser juzgado sin dilaciones indebidas o injustificadas; de la misma forma expresa que para la Corte interamericana, el derecho a ser juzgado en un plazo razonable tiene como finalidad impedir que los acusados permanezcan a largo tiempo bajo acusación y asegurar que esta se decida prontamente. Para lo que, el Estado ha creado mecanismos que constituyen un límite material al Estado, siendo uno de ellos la prescripción de la acción, que doctrinalmente significa la cancelación del derecho que tiene el Estado para ejercer su potestad represiva; al respecto, invoca la Sentencia Constitucional 1971/2013 de 16 de julio.


  1. Refiere la normativa que hace la materia prevista en los arts. 27 inc. 8), 308 inc. 4) con relación al 29 del CPP, que establecen la prescripción por el transcurso del tiempo; posteriormente señala que el art. 30 del CPP, señala como inicio de la prescripción la media noche del día en que se cometió el delito, que en este caso es el 1 de octubre de 2009, situación por la cual la acción hubiera prescrito de acuerdo al 29 inc. 1) del CPP en ocho años para los delitos que tengan señalada pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea de seis o más años, resultando que este plazo se venció el 1 de octubre de 2017, conforme el siguiente cuadro:


Pena prevista para el delito de Asesinato

Art. 29 inc. 1) del CPP


Art. 30 del CPP

Art. 31 del CPP

Cómputo

Prescripción

30 años

En 8 años para los delitos que tengan pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea de 6 o más de 6 años.

Media noche del día que se cometió del delito.

Se interrumpe por declaratoria de rebeldía, según el REJAP, no tengo rebeldía declarada

Del 01 de octubre de 2009 al 1 de febrero de 2018

8 años y 4 meses. Es decir 120 días más de lo que la Ley permite

 

Señala que esta petición la hace al amparo de los arts. 113.I.II y 115.I.II de la CPE, 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 14.3.c del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; además, de las Sentencia Constitucionales 2233/2013 de 16 de diciembre, 010/2012, 0641/2015-S1 de 22 de junio; además, de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por previsión del art. 410 del CP, consistentes en la Sentencia CIDH en el Caso Genie Lacayo vs Nicaragua, Sentencia Valle Jaramillo vs Colombia, voto concurrente razonado del Juez de la CIDH Sergio García Ramírez, el Auto Supremo 167 de 4 de julio de 2014.


Motivos por los cuales señala que el delito por el cual está siendo procesado vencía a los 8 años; en consecuencia, siendo que a la fecha ya venció dicho plazo solicita se declare extinguida la presente casusa.

 

II. RESPUESTA A LA EXCEPCIÓN OPUESTA


Por decreto de 15 de febrero de 2018 (fs. 1812), conforme lo dispuesto por la Sentencia Constitucional 1061/2015-S2 de 26 de octubre y el art. 314 del CPP, se corrió traslado a la parte adversa teniendo como respuesta, la siguiente:


La representación del Ministerio Público mediante memorial presentado el 28 de febrero de 2018 argumentó lo siguiente:


  1. Refiere que a fs. 1795, consta que el impetrante el 18 de octubre de 2017 en la ciudad de Cochabamba presenta solicitud de prescripción con la misma argumentación, memorial que mereció una providencia para que se acuda a la vía pertinente. Posteriormente, analizado el memorial presentado el 8 de febrero de 2017 (Excepción de extinción de la acción penal por prescripción)  señala que el mismo carece de fundamentación siendo que dicho presupuesto no solo es propio de la labor del Juez sino también para la parte recurrente; y en este caso, se advierte que no acompañó prueba idónea y pertinente, la cual posteriormente quienes administran justicia expresaran de manera adecuada  a los argumentos sobre todas las pretensiones planteadas se pronunciara conforme el art. 314 del CPP; toda vez, que el pronunciamiento sobre un recurso u otra cuestión planteada se encuentra previsto en los Autos Supremos 93/2016-RRC de 16 de febrero, 810/2015-L de 6 de noviembre, 554/2016 de 15 de julio, 750/2016-RRC de 28 de septiembre y la Sentencia Constitucional 1306/2011.

  1. La única puntualización que alega el recurrente es que no fue declarado rebelde, por lo que no existió interrupción del término de la prescripción; empero, no se advierte la referencia de que no se haya operado alguna causal de suspensión del término de la prescripción prevista en el art. 32 del CPP; sin adjuntar la prueba pertinente o las fojas donde se encuentran dichas actuaciones para demostrar lo afirmado; por lo que este, va en contradicción con lo establecido por los Autos Supremos 554/2016 de 15 de julio, 750/20116-RRC de 28 de septiembre, 593/2017 de 14 de agosto y las Sentencias Constitucionales 713/2010-R de 26 de julio y 1787/2014 S-3; por esas circunstancias, se debe tener en cuenta que las exigencias jurisprudenciales se encuentran enmarcadas en los arts. 308 y 314 del CPP, que señalan que el excepcionista tiene la caga respecto de la forma de presentación de toda excepción, que deberá presentarse con prueba idónea y pertinente de modo que permita al Juez o Tribunal emitir un pronunciamiento correcto sobre la pretensión planteada.


  1. Por otro lado, refiere el entendimiento de la verdad material y sus límites, los cuales se encontrarían contenidos en la Sentencia Constitucional 1462/2013, de donde señala que no puede dejarse de lado, la exigencia del ofrecimiento probatorio que constituye, no solo como mero formalismo sino como requisito esencial para al cualquier solicitud en el ámbito jurisdiccional; por lo que exigir dicho cumplimiento no vulnera el derecho al debido proceso y menos al principio de verdad material, sino que al no hacerlo se vulnera el equilibrio armónico entre la carga procesal exigible a los fines del instituto de la prescripción.


  1. Se advierte, que el excepcionista no cumplió con la carga de la prueba idónea y pertinente que demuestre la causa desde su inicio hasta la fecha no concurrirían causales de suspensión del término de la prescripción y al no haberlo hecho el Tribunal Supremo no puede realizar un análisis de fondo ni valoración alguna respecto a la dicha pretensión, argumento que se encuentra sustentado en la Sentencia Constitucional 0551/2010-R de 12 de julio.


  1. Sin bien, el impetrante realiza varias citas constitucionales y jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos éstos últimos sin desarrollar cada una de ellas, no ha demostrado la existencia de dilaciones innecesarias que podría haber existido durante la tramitación del presente proceso penal; además, sin tomar en cuenta que el simple transcurso del tiempo no es suficiente para que proceda la prescripción de la acción penal, efectivamente todo imputado tiene el derecho a ser juzgado en tiempo oportuno y sin dilaciones innecesarias; al respecto, la Sentencia Constitucional 0023/2007 de 16 de enero desarrollo los fundamentos para la prescripción en sentido de que la misma se traduce en los efectos que produce el transcurso de tiempo, sobre el ejercicio de una determinada facultad.


  1. Concluye señalando que al no existir una fundamentación coherente relacionada con la solicitud de extinción de la acción penal por prescripción y menos el ofrecimiento de prueba idónea y pertinente conforme al art. 314 del CPP, modificado por la Ley 586 hace ver que se debe declararse infundada la excepción de extinción de la acción penal por prescripción.


Mediante decreto de 1 de junio de 2018, se establece que cumplido el plazo para la contestación de las partes, al ser la excepción a resolver de puro derecho, pase a despacho para dictar resolución.


III. ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE LA EXCEPCION OPUESTA


Del análisis de los antecedentes y fundamentos expuestos por el excepcionista y la respuesta de la parte contraria, corresponde analizar y resolver la pretensión planteada, a través de una resolución fundamentada en observancia del art. 124 del CPP.


III.1.        De la competencia de este Tribunal para resolver cuestiones incidentales referidas a la extinción de la acción penal.


El Tribunal Constitucional Plurinacional, efectuando una reconducción de la línea asumida por el Tribunal Constitucional de transición en cuanto a los Jueces y Tribunales competentes para resolver las Excepciones o Incidentes de solicitud de Extinción de la Acción Penal, estableció el siguiente razonamiento, que este Máximo Tribunal de Justicia ordinaria, tiene el deber de acatar en mérito al carácter vinculante y cumplimiento obligatorio que los pronunciamientos constitucionales ostentan en mérito al art. 203 de la CPE.


Así la Sentencia Constitucional 1061/2015-S2 de 26 de octubre, estableció el siguiente entendimiento: “Pues bien, al estar fijados los entendimientos desarrollados precedentemente, los fundamentos de la SC 1716/2010-R, no constituyen argumentos suficientes para determinar que la única autoridad competente para asumir el conocimiento de los incidentes de extinción de la acción penal, sean las autoridades jurisdiccionales que emitieron la sentencia de primera instancia, sino que, en virtud a lo establecido por el art. 44 del CPP, Él juez o tribunal que sea competente para conocer de un proceso penal, lo será también para decidir todas las cuestiones e incidentes que se susciten en el curso de su tramitación, así como para dictar las resoluciones respectivas y ejecutarlas´. En este sentido, es menester dejar establecido que, la autoridad competente para asumir el conocimiento y resolver los incidentes de extinción de la acción penal, ya sea por duración máxima del proceso o por prescripción, es el juez o Tribunal donde radica la causa principal, así, si el planteamiento de la excepción se da en etapa de apelación o casación, las decisiones emergentes de las salas penales y del Tribunal Supremo de Justicia, en virtud los entendimientos plasmados precedentemente, pero fundamentalmente por la naturaleza de la etapa procesal, no admiten impugnación; en efecto, lo que se pretende es evitar las exageradas dilaciones que conllevan las peticiones y envíos de expedientes entre el Tribunal Supremo de Justicia y los tribunales o jueces conocedores de la causa principal, que a cuya consecuencia, en muchos casos, se han postergado innecesariamente las decisiones oportunas en cuanto al fondo del proceso se refiere, muchas veces por las comunicaciones inoportunas de los jueces y tribunales conocedores de la causa principal, como ocurrió en el caso analizado; asimismo, como se expresó, la interposición de los incidentes ante las prenombradas autoridades, en la práctica sirvió para paralizar el pronunciamiento de fondo, ya que inclusive, estando sorteada la causa, el máximo Tribunal de justicia ordinaria, se vio impedido de emitir la resolución mientras no esté resuelta la excepción ante el Juez de instancia, lo que sin duda constituye una clara vulneración de los derechos a ser juzgado dentro de un plazo razonable, de acceso a la justicia y una afrenta a la vigencia del principio de celeridad y también de concentración de actos. En este sentido, cuando el justiciable decida plantear extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, deberá formularlo ante el Juez o Tribunal que conoce la causa principal; sin embargo, también es imperioso aclarar que, si el incidente fuere suscitado ante el Juez de Instrucción en lo Penal o, ante los Tribunales o Jueces de Sentencia Penal, sus decisiones efectivamente son impugnables, ya que la naturaleza de la etapa procesal así lo permite. El presente entendimiento implica la reconducción de la línea jurisprudencial establecida en la SC 1716/2010-R a los entendimientos asumidos en la SC `0245/2006´, que emergió de los razonamientos establecidos en las SSCC `0101/2004, 1868/2004-R, 0036/2005, 0105-R, 1365/2005-R´y AC 0079/2004-ECA.”


III.2. De la base legal y jurisprudencial sobre la extinción de la acción penal por prescripción.


El art. 315 del CPP, modificado por el art. 8 de la Ley 586 de 30 de octubre de 2014, señala que: i. La o el Juez o Tribunal, dictará resolución fundamentada conforme a los plazos previstos en el Artículo precedente, declarando fundada o infundada las excepciones y/o incidentes, según corresponda; ii. Cuando las excepciones y/o incidentes sean manifiestamente improcedentes, por carecer de fundamento y prueba, la o el Juez o Tribunal, deberá rechazarlas in limine sin recurso ulterior, en el plazo de veinticuatro (24) horas, sin necesidad de audiencia y sin mayor trámite; iii. En caso de que las excepciones y/o incidentes sean declaradas manifiestamente dilatorias, maliciosas y/o temerarias, interrumpirán los plazos de la prescripción de la acción penal, de la duración de la etapa preparatoria y de duración máxima del proceso, computándose nuevamente los plazos. Consecuentemente, la o el Juez o Tribunal, previa advertencia en uso de su poder coercitivo y moderador, impondrá a la o el abogado una sanción pecuniaria equivalente a dos salarios mínimos nacionales, monto de dinero que será depositado en la cuenta del Órgano Judicial y en caso de continuar con la actitud dilatoria, la o el Juez o Tribunal apartará a la o el abogado de la actuación del proceso en particular, designando a un defensor público o de oficio; y, iv.  El rechazo de las excepciones y de los incidentes impedirá que sean planteados nuevamente por los mismos motivos.

Por su parte el art. 29 del CPP, señala que la acción penal prescribe: 1. En ocho años, para los delitos que tengan señalada una pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea de seis o más de seis años; 2. En cinco años, para los que tengan señaladas penas privativas de libertad cuyo máximo legal sea menor de seis y mayor de dos años; 3. En tres años, para los demás delitos sancionados con penas privativas de libertad; y, 4. En dos años para los delitos sancionados con penas no privativas de libertad.

Asimismo, el art. 30 del CPP refiere que el término de la prescripción empezara a correr desde la media noche del día en que se cometió el delito o en que cesó su consumación.  

Conforme el art. 31 del Código de Procedimiento Penal, sólo se interrumpirá por la declaratoria de rebeldía del imputado, momento desde el cual el plazo se computará nuevamente.

Por otro lado, se establece que sólo se suspenderá en los casos previstos por el art. 32 del C.P.P., los cuales son:

“1) Cuando se haya resuelto la suspensión de la persecución penal y esté vigente el periodo de prueba correspondiente;                

2) Mientras esté pendiente la presentación del fallo que resuelva las cuestiones prejudiciales planteadas;

3) Durante la tramitación de cualquier forma de antejuicio o de la conformidad de un gobierno extranjero de la que dependa el inicio del proceso; y,

4) En los delitos que causen alteración del orden constitucional e impidan el ejercicio regular de la competencia de las autoridades legalmente constituidas, mientras dure ese estado”.

El art. 252 del CP, tipifica el delito de Asesinato y refiere que: “será sancionado con la pena de presidio de treinta años, sin derecho a indulto, el que matare:


1. A sus descendientes o cónyuge o conviviente, sabiendo que lo son.

2. Por motivos fútiles o bajos.

3. Con alevosía o ensañamiento.

4. En virtud de precio, dones o promesas.

5. Por medio de substancias venenosas u otras semejantes.

6. Para facilitar, consumar u ocultar otro delito, o para asegurar sus resultados.

7. Para vencer la resistencia de la víctima o evitar que el delincuente sea detenido”.


III.3.   Análisis del caso concreto.


Previamente, al análisis del caso, es preciso tener presente que de acuerdo al art. 17.II de la Ley de Organización Judicial (LOJ), en grado de apelación, casación o nulidad, los tribunales deberán pronunciarse sólo sobre aquellos aspectos solicitados en los recursos interpuestos, lo que obedece a la congruencia que deben observar los fallos a tiempo de resolver las cuestiones planteadas, sujetándose a los puntos expresamente observados o impugnados en la interposición de los recursos.


Sobre la solicitud de extinción de la acción penal por prescripción.

Se debe tener en cuenta que en el caso de autos el imputado plantea su pretensión basada en que el hecho ocurrió de 1 de octubre de 2009, según la intervención policial preventiva y de acción directa, también refiere que a fs. 1 consta el aviso de inicio de investigación; asimismo, expresa que cursa en documentos probatorios que adjunta que hasta la fecha ya transcurrió el tiempo de ocho años que se precisa para que se proceda a la extinción del acción penal por prescripción; por otro lado, hace referencia a que no tiene rebeldía declarada como se establecería en el certificado del Registro de Antecedentes Penales (REJAP), siendo que de esa manera se acredita el inicio del cómputo para la prescripción, de acuerdo al art. 30 del CPP; en consecuencia, señala que el art. 31 del CPP, prevé que la interrupción de la prescripción se da por la declaratoria de rebeldía del imputado; de lo mencionado, hace un cómputo para la señalar que al 1 de octubre de 2017 se cumplió ocho años que prevé el art. 29 inc. 1) del CPP; siendo que, hasta la fecha de la presentación de su memorial ya transcurrió ocho años y cuatro meses, tal como afirma en el cuadro de referencia; lo que haría ver que este delito ha prescrito por que el tiempo transcurrido sobrepaso el establecido por esta norma, por lo que a la fecha, el plazo se encuentra vencido; en consecuencia, se tendría que declarar extinta la acción penal por prescripción. Al respecto, se debe tener en cuenta que si bien el recurrente señala que el plazo empieza a correr desde el 1 de octubre de 2009, haciendo referencia a la intervención policial preventiva y de acción directa y el aviso de inicio de investigación; se advierte que, con relación a que no se encuentra inmerso dentro de las previsiones contenidas en los arts. 31 y 32 del CPP; es decir, que no fuera declarado rebelde ni mucho menos incurrió en la adecuación de alguna de las cuatro causales previstas en el art. 32 de la referida norma penal; en ese contexto, se verifica que el excepcionista, soslaya su deber de exponer fundadamente de qué modo se produce la extinción de la acción penal por prescripción, porque no demostró objetivamente que no concurrió las causales de suspensión o interrupción del término en cuestión; si bien, respecto del art. 31 del CPP expresa que presenta certificado del REJAP para acreditar que no fue declarado rebelde; sin embargo, en la documental adjunta no cursa dicho documento; y particularmente, respecto del incumplimiento o cumplimiento del art. 32 del CPP, tampoco adjunta prueba idónea y pertinente debido a que en el texto de su excepción no hace mención al cumplimiento o no de este artículo, conforme exige el art. 314 del CPP; por cuanto, de manera simple sin respaldo probatorio señala que no incurrió en la causal de suspensión de la prescripción, expresando solamente que no se cumplió la previsión del art. 31 del CPP, por lo que se advierte el incumplimiento de la previsión del ya señalado art. 314 del CPP.


Por lo referido, queda claro que el impetrante no adjunta a la presente solicitud algún documento que acredite y/o evidencie los extremos mencionados respecto de que no incurrió en las causales de interrupción prevista en el art. 31 del CPP: “…El término de la prescripción de la acción se interrumpirá por la declaratoria de rebeldía del imputado, momento desde el cual el plazo se computa nuevamente”; y por lo otro, se advierte que tampoco sustentó los previsto en el art. 32 de la misma norma: “…1. Cuando se haya resuelto la suspensión de la persecución penal y esté vigente el período de prueba correspondiente; 2. Mientras esté pendiente la presentación del fallo que resuelva las cuestiones prejudiciales planteadas; 3. Durante la tramitación de cualquier forma de antejuicio o de la conformidad de un gobierno extranjero de la que dependa el inicio del proceso; y, 4. En los delitos que causen alteración del orden constitucional e impidan el ejercicio regular de la competencia de las autoridades legalmente constituidas, mientras dure ese estado”; siendo que si bien adjunta a su excepción abundante documental, no precisa cuales de dichos documentos desvirtúan que hubiera incurrido en dichas causales establecidas en el art. 32 del CPP. 


En consecuencia, no se puede analizar la pretensión del excepcionista siendo que no adjunta los elementos probatorios mínimos para realizar dicha labor, de modo que el imputado en el ámbito del art. 314 del CPP, tenía el deber de acreditar lo fundamentado en su memorial de solicitud de Extinción del Acción Penal por Prescripción; debiendo comprender las impetrantes que a esta Sala Penal le corresponde resolver las pretensiones de las partes con base a su planteamiento fundamentado y a las pruebas que las sustenten, no pudiendo de manera oficiosa suplir la omisión de las partes, porque ello importaría un desconocimiento del principio de imparcialidad, en el que se sustenta entre otros, la potestad de impartir justicia conforme el art. 178.I de la CPE.

Por lo expuesto, al no existir el ofrecimiento de prueba idónea y pertinente que respalde lo solicitado por el imputado al exponer de manera simple actuados sin el sustento probatorio debido, no corresponde ser analizados dichos extremos a tiempo de resolver la presente excepción; toda vez, que este Tribunal no puede subsanar las falencias en las que incurrió; por lo que corresponde declarar infundada la excepción planteada, teniendo en cuenta el incumplimiento a una carga procesal básica y elemental que hace al planteamiento de cualquier pretensión ante una autoridad judicial y al deber que tienen las recurrentes de ofrecer prueba idónea y pertinente.

POR TANTO

La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en los arts. 44 in fine y 315 del CPP, RESUELVE:


Declarar INFUNDADA la Excepción de Extinción de la Acción Penal por prescripción, opuesta por Jorge Arteaga Maldonado.


En cumplimiento de la Sentencia Constitucional 1061/2015-S2 de 26 de octubre, se advierte a las partes que la presente resolución no es recurrible, debiendo notificarse a los sujetos procesales conforme al art. 163 del CPP y posteriormente procederse a la prosecución de la presente casusa.


Regístrese y notifíquese.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos