TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 416/2018-RRC

Sucre, 11 de junio de 2018


Expediente                        : Santa Cruz 155/2017

Parte Acusadora                : Ministerio Público y otra

Parte Imputada                : Richard Conde Flores y otra

Delitos                : Falsedad Material y otros

Magistrado Relator          : Dr. Olvis Eguez Oliva


RESULTANDO


Por memorial presentado el 30 de agosto de 2017, cursante de fs. 429 a 432, Ana María Nasica Azogue, en su condición de apoderada legal de Alice Aguilera Sosa, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 52 de 17 de julio de 2017, de fs. 420 a 424 vta., pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y la parte recurrente contra Richard Conde Flores y Paul Flores López, por la presunta comisión de los delitos de Falsedad Material, Falsedad Ideológica y Uso de instrumento Falsificado, previstos y sancionados por los arts. 198, 199 y 203 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


  1. Por Sentencia 9 de 10 de marzo de 2017 (fs. 347 a 362), el Tribunal Sexto de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Richard Conde Flores y Paul Flores López, autores de la comisión de los delitos de Falsedad Material y Uso de Instrumento Falsificado, previstos y sancionados por los arts. 198 y 203 del CP, imponiendo al primero la pena de seis años de presidio y al segundo la pena de cinco años de reclusión, más el pago de costas procesales a calificarse en ejecución de Sentencia y trescientos días multa a razón de Bs. 1.- (un boliviano) por día, siendo absueltos el primero del delito de Falsedad Ideológica y el segundo de los delitos de Falsedad Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado.


  1. Contra la mencionada Sentencia, los imputados Richard Conde Flores (fs. 384 a 393 vta.) y Paul Flores López (fs. 395 a 400 vta.) y adhesión por parte del segundo imputado al primero, interpusieron recursos de apelación restringida, que fueron resueltos por Auto de Vista 52 de 17 de julio de 2017, dictado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declaró admisible y procedente simplemente el recurso de Richard Conde Flores y anuló totalmente la Sentencia apelada y dispuso la reposición del juicio por otro Tribunal de Sentencia, motivando la interposición del presente recurso de casación.


I.1.1. Motivo del recurso de casación.


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 123/2018-RA de 12 de marzo, se extrae el motivo a ser analizado en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


La recurrente denuncia que el Tribunal de apelación revalorizó pruebas testificales y periciales, pues concluyó respecto a las declaraciones de Abraham Cairo y Raúl Jordán que no se valoró el hecho de manifestar si los actores estuvieron presentes en la Notaría de Fe Pública que elaboraron el contrato de venta de fecha 19 de enero de 2009; respecto el informe del testigo Raúl Jordán Arauz al argumentar que parecería que implican a Gerianis Aguilera Arteaga; y finalmente, con relación al informe pericial emitido por Nikita Bernal en la cual se afirmó que la firma estampada en el documento de 19 de enero de 2009, corresponde a Gerianis Aguilera, situación que sería contraria al Auto Supremo 151/2007-RRC de 2 de febrero.


I.1.2. Petitorio.


La parte recurrente solicita se deje sin efecto el Auto de Vista impugnado, ordenando que se dicte nuevo Auto de Vista de acuerdo a la doctrina legal establecida.


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 123/2018-RA de 12 de marzo, cursante de fs. 444 a 446 vta., este Tribunal admitió el recurso formulado por Ana María Nasica Azogue, en su condición de apoderada legal de Alice Aguilera Sosa, para su análisis de fondo del motivo identificado precedentemente.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se establece lo siguiente:


II.1.        De la Sentencia.


Por Sentencia 9 de 10 de marzo de 2017, el Tribunal Sexto de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Richard Conde Flores y Paul Flores López, autores de la comisión de los delitos de Falsedad Material y Uso de Instrumento Falsificado, previstos y sancionados por los arts. 198 y 203 del CP, imponiendo al primero la pena de seis años de presidio y al segundo la pena de cinco años de reclusión, más el pago de costas procesales a calificarse en ejecución de Sentencia y trescientos días multa a razón de Bs. 1.- (un boliviano) por día, siendo absueltos el primero del delito de Falsedad Ideológica y el segundo de los delitos de Falsedad Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado.


Richard Conde Flores falsificó materialmente a través de su forjado en parte, de la minuta de 19 de enero de 2009, de la cual emerge el documento público de compra y venta, con testimonio No.- 31/2009 del 20 de enero de 2009 emanado por la Notaría de Fe Pública No.- 53, en el que aparecería supuestamente de vendedora Gerianis Aguilera Arteaga como apoderada de Alice Aguilera Sosa la propietaria de un bien inmueble ubicado en la UV 129, manzana 61, Lote No.- 3 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, que habría transferido a su favor, para posteriormente utilizar dicho documento falso para garantizar una deuda emergente de una letra de cambio No.- 000746 serie "A" 2011 por la suma de $us.- 45.000.- (cuarenta y cinco mil bolivianos) a favor de su acreedor Roberto Suarez Romero. Ocasionando perjuicio a la verdadera propietaria del indicado inmueble Alice Aguilera Sosa, quién se vio privada de poder disponer el mismo como garantía de un préstamo, así como tener que incurrir en gastos judiciales para conseguir la anulación de este documento en la vía civil y la sanción correspondiente en la vía penal a este autor.


Paul Flores López, prestó su cooperación dolosamente a Richard Conde Flores, sin la cual este último no habría podido cometer la falsificación material a través del forjado en parte, de la minuta de fecha 19 de enero de 2009 de la cual emerge el documento público de compra y venta, con testimonio No.- 31/2009 del 20 de enero de 2009, emanado por la Notaría de Fe Pública No.- 53 en el que aparecería supuestamente de vendedora Gerianis Aguilera Arteaga como apoderada de Alice Aguilera Sosa la propietaria de un bien inmueble ubicado en la UV 1297 manzana 61, Lote No.- 3 de esta ciudad de Santa Cruz, que habría transferido este último a su favor. Ocasionando con este accionar Paul Flores López, perjuicio a la verdadera propietaria del indicado inmueble Alice Aguilera Sosa, quién se vio privada de poder disponer el mismo como garantía de un préstamo, así como tener que incurrir en gastos judiciales para conseguir la anulación de este documento en la vía civil y la sanción correspondiente en la vía penal a este autor.


II.2.        De la apelación restringida del co-acusado Richard Conde Flores.


Richard Conde Flores, interpuso recurso de apelación restringida, señalando en lo que respecta al hecho de este recurso de casación:


Denuncia que la Sentencia contiene el defecto de la Defectuosa Valoración de la Prueba, argumentando que si bien es cierto y evidente que el Tribunal de Apelación no puede realizar una nueva valoración o revalorizar la prueba producida en el juicio oral, no es menos cierto que por imperio de la ley, el Tribunal de Alzada tiene la obligación de efectuar un "Control "jurídico de la valoración de la prueba, verificando que la conclusión del Tribunal o Juzgador, sea al declarar la culpabilidad o inocencia del acusado, sea materialmente correcta y corresponda a la derivación concordada de los elementos de pruebas producidas en el juicio, esta valoración debe ser ejercida de conformidad a criterios lógicos-objetivos y explicada de manera racional por la conclusión a la que arriba el juzgador o tribunal, en el presente caso si el Tribunal ha valorado correctamente los medios probatorios producidos en el debate del juicio penal.


Defectuosa Valoración de la Prueba Testifical.- El Tribunal Sexto en lo Penal, ha efectuado una defectuosa valoración de la Prueba Testifical de los siguientes testigos:


El Testigo, Abraham Cairo Barba, en su declaración informativa policial e introducida y judicializada en el juicio oral, así como en su declaración en juicio puso en evidencia elementos importantes para el esclarecimiento de la verdad de los hechos como los que se señala a continuación: "... Si la conozco a la nombrada por que se presentó en mi oficina de la plazuela 6 de agosto entre Seaone y Cuellar con el objeto de realizar una minuta de transferencia de un bien inmueble la misma que se presentó con su esposo Paúl Flores..." Esto nos demuestra de forma clara e inequívoca que Gerianis Aguilera Arteaga y su esposo, Paúl Flores López, concurrieron al Estudio Jurídico del Dr. Cairo, a solicitar se le faccione un Contrato de Venta. Luego agrega lo siguiente: "Primeramente le pedí el título de propiedad, certificado alodial y cédula de identidad de ambas partes, en este caso no presente su cedula de identidad, si su licencia de conducir, su presentar la licencia de conducir saque los datos de la licencia coadyuvando con los datos del Poder Notarial que me presento.". Esta prueba testifical nos prueba de forma real que: Gerianis Aguilera Arteaga, junto con su esposo el co-procesado: Paul Flores López, elaboraron el Contrato de Venta de 19 de enero del 2009, los coloca en la escena del supuesto crimen. Declaración que fue ratificada en juicio penal.


El Testigo Raúl Jordán Araúz, en su informe escrito así como en su declaración testifical prestada en los debates, puso en evidencia elementos importantes para el esclarecimiento de la verdad de los hechos como los que se señala a continuación: "...fue realizado en mi notaria, yo tengo una declaración sobre dicho instrumento para que yo aclaré e informé que no estaba el libro empastado 01 al 33 no se encontraba por haber sido sustraído donde se encuentra dicho instrumento..." y más adelante agrega lo siguiente:"...el libro índice es control del notario que no lleva firma, mi libro empieza del 1 al 33 y estaba consignado el objeto del juicio...". Estas declaraciones son claras, el protocolo del Instrumento Público N° 31/2009 de 20 de enero, se encontraba en el empastado que fue robado a la Notaría y que sin embargo, se encuentra Registrado en el Libro Índice de Escrituras Públicas que se presenta en forma anual al Tribunal Departamental a los efectos del control y archivo correspondiente. Nuevamente se la coloca a Gerianis Aguilera Arteaga, en la escena del crimen, es decir, que si concurrió a la Notarla de Fe Pública N° 53, y no como ha falseado a la verdad cuando dice: "... yo nunca fui a la calle Ballivián, nunca yo firme en blanco para el que recuerdo no fui a ninguna notaria más solo a la Cañoto unas dos veces...", sin embargo se tiene demostrado documentalmente y de forma material que Gerianis Aguilera Arteaga, concurrió a la Notaria de Fe Pública Nº 53 ubicada en la calle Ballivián, el 20 de enero del 2009, a horas 10.00 am. y suscribió un contrato de rescisión de otro contrato de venta con el Sr. Enrique Erland Añez Peña, es decir, que suscribió otro contrato con una persona diferente y firmo el protocolo de la Escritura Pública N° 30/2009 de 20 de enero, este documento público, como es el Registro Notarial, es decir de un funcionario público, constituye una prueba irrefutable e inobjetable de la presencia de Gerianis Aguilera Arteaga, en la Notaría N° 53, de donde se infiere que sí firmó me protocolo notarial en el libro correspondiente.


El Testigo Paul Flores López, en su declaración informativa policial e introducida y judicializada en el juicio oral, así como en su declaración en juicio puso en evidencia elementos importantes para el esclarecimiento de la verdad de los hechos como los que se señala a continuación: "...Gerianis Aguilera, que era mi esposa conocía de este tipo de préstamos de dinero, con respecto al delito que se me acusa ambos sabíamos que teníamos poder sobre la Urbanización Paititi casas entregadas por el Fonvis, ella en calidad de apoderada solicitamos un préstamo de $us. 6.000 o $us. 8.000 no recuerdo exactamente el monto, se hace un documento de préstamo con la garantía de los papeles de la urbanización Paititi, ella solicita el préstamo le deja la documentación se firma toda la documentación creo que elabora el documento el Dr. Cairo Barba, ella no portaba su C.l., porque lo tenía vencido y los hacen con la licencia de conducir que ella tenía y luego se va a protocolizar ante la Notaria del Dr. Raúl Jordán..." y más adelante agrega lo siguiente: "...ella lo leyó y dio su consentimiento y firmo, si le entrega el dinero el Sr. Richart Conde a Gerianis...", además agrega lo que sigue: "...fue la decisión mutua de esposos de prestarnos dinero..." luego expresa con claridad y precisión como lo gastaron dicho dinero que les entrego Richart Conde Flores y lo expresa de la siguiente manera: "...nació prematuro y gran parte de ese dinero lo ocupamos en mi hijo, el saldo del dinero utilizo Gerianis, en traer ropa de la Argentina para vender...". Estas declaraciones testificales, mismos que son uniformes en tiempos, hechos y lugares, no fueron valoradas correctamente, son claras en sentido que la Sra. Gerianis Aguilera Arteaga, concurrió al Estudio Jurídico de Abraham Cairo Barba, donde se elaboró el contrato de venta y que posteriormente se dirigieron a la Notaria de Fe Pública N° 53 a protocolizar el contrato de venta, mismo que concurrió y la Notaria N° 53 donde firmó los Protocolos de las Escrituras Públicas N° 30/2009 y N° 31/2009 respectivamente, esto se tiene plenamente demostrado mediante las pruebas materiales, testificales y periciales, de forma lógica, cronológica y racional, ya que no otra cosa se puede inferir de dichas pruebas, que fueron valoradas defectuosamente por el Tribunal.


De la Defectuosa Valoración de la Prueba Documental.- El Tribunal Sexto de Sentencia en lo Penal, ha realizado una defectuosa valoración de la prueba documental, ya que no ha siguió las reglas de la logicidad y racionalidad conforme se tiene:


El Notario de Fe Pública Nº 53, a cargo de Raúl Jordán Araúz, a requerimiento Fiscal y posteriormente judicializada esta prueba documental por su lectura en juicio, ha establecido de forma clara y precisa lo siguiente: "... sobre la escritura N° 031/2009 del año 2.009, cabe mencionar que dicha escritura no se encuentra el protocolo en nuestros archivos de la Notaria a mi cargo, puesto que el libro N° 1 de protocolos de escrituras del año 2009, que estaban empastados los protocolos del N° 1 al N° 33, no se encuentran en la Notaría ya que los mismos han sido extraviados o sustraído, indicando que en el año dos mil once, en el mes de octubre ingresaron a nuestra notaria malvivientes que robaron computadoras, teléfonos, enceres personales, y algunos libros de registro para lo cual se hizo la denuncia correspondiente por el delito de robo ante la FELCC, sin embargo se encuentra anotado en el libro de registro de escrituras del 2009...". Esta prueba emitida por un funcionario público, tiene la eficacia probatoria absoluta, misma que no ha sido valorada en forma lógica, armónica, en su conjunto y de forma racional.


Los Certificados R.P. N° 10/2014 y 11/2014, así como los Recibos de Venta de Valores Notariales, emitidos por el Consejo de la Judicatura a Requerimiento Fiscal, por medio del cual se demuestra que tanto la Carátula, así como los formularios nos informan de forma irrefutable que fueron vendido a la Notaria de Fe Pública N° 53 a cargo del Dr. Raúl Jordán Arauz.


Las fotocopias legalizada expedida a Requerimiento Fiscal del Libro Índice de Escrituras Públicas de la Notaria de Fe Pública N° 53, nos informan que la ciudadana: Gerianis Aguilera Arteaga, concurrió en fecha 20 de enero a la Notaria de Fe Pública N° 53 a firmar los Protocolos de las Escrituras Públicas N° 30/2009 y 31/2009.


De la Defectuosa Valoración de la Prueba Pericial.- La prueba pericial realizada por el Perito Cap. Cristhian Sánchez, nos informa de forma concluyente y queda materialmente demostrado que los sellos circulares, el sello lineal personal del Notario, así como la firma y rúbrica del Notario de Fe Pública Nº 53, corresponden a la Notaria Nº 53 y a la autoría de Raúl Jordán Araúz.


Se tiene también demostrado pericialmente que la huella dactilar colocada en la fotocopia de la Licencia de Conducir le corresponde a: Gerianis Aguilera Aratega, misma que es completamente concordante con las declaraciones de Abraham Cairo Barba y Paúl Flores López respectivamente.


Finalmente, el Dictamen Pericial del Perito Grafólogo My. Dr. Kiko Nikita Bernal, se establece de forma clara y precisa que la firma estampada en el Contrato de Venta de fecha 19 de enero del año 2009, suscrita entre la Sra. Gerianis Aguilera Arteaga y Richart Conde Flores, corresponde a la autoría de Gerianis Aguilera Arteaga, la misma que es completamente auténtica.


Se establece claramente que el Contrato de Venta de fecha 19 de enero del 2.009, ha sido transcrito en forma íntegra y sin alteración alguna al Instrumento Público N° 31/2009 de 20 de enero.


Por lo que concluye indicando que los miembros del Tribunal 6° de Sentencia en lo Penal, han realizado una defectuosa valoración de los medios probatorios, ya que no han valorados con criterios lógico-objetivo y explicadas de forma racional, es decir, que no han valorado con criterios técnico-científica, en forma lógica, cronológica y racional, razón por la cual no les ha permitido llegar a la conclusión de la inocencia del apelante, así como la de Paúl Flores López.


II.3.  Del Auto de Vista impugnado.


La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió el Auto de Vista recurrido de casación, por el que declara admisible y procedente la apelación restringida interpuesta por Richard Conde Flores y anula la Sentencia absolutoria, ordenando la reposición del juicio por otro Tribunal de Sentencia llamado por ley, respecto al objeto de este recurso de casación ha determinado:


Que, en cuanto a la supuesta valoración defectuosa de la prueba, que este defecto está previsto en el art. 370 inc. 6) del CPP y al respecto se evidencia que el Tribunal inferior no ha valorado correctamente la prueba testifical relativa a los testigos Abraham Cairo Barba y Raúl Jordán Arauz, pues el Tribunal les asigna un valor bastante subjetivo y sesgado a las declaraciones de ambos testigos, pero no valora el hecho de manifestar si los actores estuvieron presentes en la oficina del Notario de Fe Pública, quienes elaboraron el contrato de venta de 19 de enero de 2009; no se ha valorado correctamente el Informe elaborado y presentado por Raúl Jordán Arauz y que ha sido ratificado en audiencia de juicio oral, quien afirma que el documento fue elaborado en su Notaría, y que supuestamente habría sido sustraído su Libro Índice que lleva el control de los actos, y en este ínterin las declaraciones del Notario parecería que implican a una tercer persona que es Gerianis Aguilera Arteaga, que junto a su esposo Paúl Flores López habrán elaborado el contrato de venta, por lo que existe una notoria contradicción entre lo informado por el Notario y la declaración de ésta última; por otro lado, también se ha incurrido en valoración defectuosa de la prueba documental, referente al Informe presentado por el Notario de Fe Pública Raúl Jordán Arauz, prueba emitida por un funcionario público que tiene eficacia probatoria pero que no ha sido valorada por el Tribunal Sexto de Sentencia en lo Penal, lo cual concuerda con los Certificados R.P. N° 10/2014 y 11/2014, los Recibos de Venta de Valores Notariales emitidos por el Consejo de la Magistratura, que demostrarían que la Carátula y formularios habrían sido vendidos a la Notaria de Fe Pública N° 53; documentos que tampoco fueron valorados debidamente por el Tribunal inferior, incurriendo así en el defecto previsto por el art. 370 inc. 6) del CPP; finalmente la prueba pericial tampoco ha sido valorada correctamente por el Tribunal, prueba pericial presentada por el My. Dr. Kiko Nikita Bernal, quien informa que las firmas estampadas en el documento de 19 de enero de 2009, le corresponden a la autoría de Gerianis Aguilera Arteaga, que es auténtica la firma.

III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN

CON EL PRECEDENTE INVOCADO


En el caso presente, el recurrente denuncia que el Auto de Vista recurrido el Tribunal de alzada revalorizó pruebas testificales y periciales, invocando al efecto el Auto Supremo 151/2007-RRC de 2 de febrero, para el análisis de fondo, correspondiendo resolver la problemática planteada.


III.1. Requisitos que debe cumplir el precedente contradictorio.


Siendo el recurso de casación un mecanismo que busca otorgar a los ciudadanos la posibilidad de cuestionar la inadecuada aplicación o interpretación de las disposiciones legales realizadas por el Tribunal de apelación, contrarios a otros precedentes, debe señalarse que el precedente contradictorio en materia penal, constituye una decisión judicial, previa al caso analizado, que al ser emanado por un Tribunal superior en grado o por uno análogo, debe ser aplicado a casos que contengan similitud con sus hechos relevantes; al respecto, la normativa procesal penal en el país, ha otorgado al precedente contradictorio carácter vinculante (art. 420 del CPP). La importancia de precedente contradictorio, deviene del objetivo y fin del recurso casacional; toda vez, que el más alto Tribunal de Justicia del Estado, tiene la tarea u objetivo de unificar o uniformar la jurisprudencia nacional, con el fin de brindar seguridad jurídica a las partes inmersas en un proceso judicial, asegurando la aplicación uniforme de la ley y por ende la efectivización del principio de igualdad y la tutela judicial efectiva,  atribución que se encuentra descrita en los arts. 419 del CPP y 42 inc. 3) de la Ley del LOJ y que es conocida como función nomofiláctica (interpretación de la norma en procura de una jurisprudencia uniforme e integrada).


Refiriéndose a la labor de contraste que debe realizar este Tribunal, el Auto Supremo 219/2014-RRC de 4 de junio señaló: “El art. 416 del CPP, instituye que: El recurso de casación procede para impugnar autos de vista dictados por las Cortes Superiores de Justicia contrarios a otros precedentes pronunciados por otras Cortes Superiores o por la sala penal de la Corte Suprema, en esa línea el art. 419 del CPP, establece como formas de resolución de aquel recurso dos supuestos, a saber: Si existe contradicción la resolución establecerá la doctrina legal aplicable, caso contrario lo declarará infundado y devolverá los antecedentes a la Corte Superior de Justicia. En el primer caso y cuando se deje sin efecto el fallo que motivó el recurso, se devolverán actuados a la sala penal de la Corte Superior que dictó el Auto de Vista recurrido para que pronuncie nueva resolución de acuerdo con la doctrina legal establecida.


En el caso que este Tribunal llegue a determinar la existencia de la contradicción señalada en el art. 419 del CPP; es decir, contradicción entre la Resolución recurrida en casación y el precedente contradictorio invocado, el art. 420 del CPP, señala que los efectos de la doctrina legal establecida: …será obligatoria para los tribunales y jueces inferiores y sólo podrá modificarse por medio de una nueva resolución dictada con motivo de otro recurso de casación, norma que es afín con el inc. 3) del art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que instituye como atribución de las Salas especializadas del Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo a las materias de su competencia, el sentar y uniformar la jurisprudencia.


La cuestión y el efecto de la doctrina legal a ser sentada por este Tribunal Supremo, contiene íntima y estrecha relación con la garantía constitucional contenida en el art. 119.I de la CPE, que garantiza el ejercicio pleno del principio de igualdad de las partes ante el Juez dentro de las jurisdicciones del Estado, así como garantizar seguridad jurídica en la predictibilidad de las decisiones de los tribunales y un igual tratamiento jurídico a los ciudadanos. En resumen la labor de sentar doctrina legal a partir del recurso de casación dentro de la jurisdicción ordinaria, se sintetiza en: a) respeto a la seguridad jurídica; b) realización del principio de igualdad; y c) unidad y uniformidad en la aplicación del derecho por parte de los servidores judiciales en la jurisdicción ordinaria.


En cuanto al precedente contradictorio exigido como requisito procesal de cumplimiento obligatorio a momento de la interposición del recurso de casación, es necesario precisar que el mismo en esencia constituye una cuestión jurídica que ha sido discutida y resuelta anteriormente, la cual puede aplicarse a casos similares, con posterioridad a ese primer pronunciamiento, como vía de solución a la propuesta o reclamo pretendido en casación; vienen a constituir, entonces, criterios interpretativos que han sido utilizados por los entes que conforman la estructura de la jurisdicción ordinaria en materia penal en el Estado, integrada por los Autos Supremos pronunciados por el Tribunal Supremo de Justicia y Autos de Vista emitidos por las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia.


Bajo esa línea, la legislación nacional dentro del tercer párrafo del art. 416 del CPP, manifiesta: Se entenderá que existe contradicción, cuando ante una situación de hecho similar, el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista recurrido no coincida con el del precedente sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance. En ese ámbito, este Tribunal a través del Auto Supremo 322/2012-RRC de 4 de diciembre, ha puntualizado: Cuando la norma se refiere a una situación de hecho similar, considera esta Sala que el legislador se refiere a supuestos fácticos análogos, siendo necesario precisar que en materia sustantiva el supuesto fáctico análogo exige que el hecho analizado sea similar; en cambio, en material procesal el supuesto fáctico análogo se refiere a una problemática procesal similar”.


De ello se concluye que el requisito de invocar un precedente contradictorio dentro del sistema de recursos que el CPP prevé, atinge a señalar a una resolución en específico, ya sea un Auto Supremo y/o un Auto de Vista, que dentro la materia, vislumbre la aplicación de la norma sustantiva o adjetiva a un caso determinado, donde se haya formado un criterio de decisión a un caso anterior, para que posteriormente en función de la identidad o de la analogía entre los hechos del primer caso (precedente contradictorio) y los hechos del segundo caso (resolución impugnada), se proceda a la determinación delegada por Ley a este Tribunal.

III.2. Del precedente invocado.

En el recurso de casación se invoca el 151/2007-RRC de 2 de febrero, que fue dictado dentro de un proceso penal seguido por la presunta comisión del delito de Hurto, donde inicialmente se dictó sentencia absolutoria que apelada fue revocada por el Tribunal de alzada que deliberando en el fondo declaró al imputado culpable de la comisión del delito, imponiendo la condena correspondiente, fallo que fue dejado sin efecto en razón de que tuvo como hecho generador: “…el Auto impugnado al valorar nuevamente la prueba y cuestiones de hecho ha vulnerado los principios del debido proceso, derecho a la defensa y seguridad jurídica…” generando la siguiente doctrina legal aplicable: “Que con el nuevo sistema procesal penal garantiza la valoración de la prueba y las cuestiones de hecho son de exclusiva competencia del Juez o Tribunal de Sentencia, además toda resolución dictada por el Tribunal de Alzada debe fundamentarse; dentro del subsistema de recursos penales no existe doble instancia de manera que el Tribunal de Apelación conoce solo asuntos de puro derecho; asimismo deberá observar los defectos absolutos para reparar los derechos y garantías constitucionales vulnerados.


Que con referencia a la valoración de la prueba se ha pronunciado el Auto Supremo Nº 196 de fecha 3 de junio de 2005 donde se emitió la siguiente: "DOCTRINA LEGAL APLICABLE: que la facultad de valorar la prueba corresponde con exclusividad al Juez o Tribunal de Sentencia, quien al dirigir el juicio oral y recibir la prueba, adquiere convicción a través de la apreciación de los elementos y medios de prueba: convicción que se traduce en el fundamento de la sentencia que lleva el sello de la coherencia y las reglas de la lógica; consiguientemente, el Tribunal de Alzada en caso de revalorizar la prueba, dicho acto convierte en defecto absoluto contemplado en el artículo 169 inciso 3) del Código de Procedimiento Penal; por haber aplicado el articulo 173 contradiciendo el Auto de Vista Nº 45 de 7 de septiembre de 2004 pronunciado por la Sala Penal Segunda del mismo Distrito Judicial de Casación; se indica que el Juez o Tribunal de Sentencia tiene la facultad de valorar la prueba y no así el Tribunal de apelación como ocurrió en el Sub lite".


III.3. Análisis del caso.


Precisado el precedente invocado por la recurrente, se advierte del análisis del Auto Supremo 229/2012 de 27 de septiembre, que la problemática procesal dilucidada en el referido precedente, no responde al mismo hecho fáctico motivo de casación, en razón a que:




Es decir, que la problemática procesal dilucidada en el referido precedente, no responde al mismo hecho fáctico motivo de casación, en razón a que en el caso de autos el Tribunal de alzada, anuló la Sentencia condenatoria, ordenando la reposición del juicio por otro Tribunal de Sentencia llamado por ley; es decir, el Tribunal de alzada no resolvió directamente, ni modificó la situación jurídica de los recurrentes de absueltos a condenados; tampoco, se observa de que producto de ello haya valorado nuevamente la prueba y cuestiones de hecho, al contrario establece que la Sentencia contendría el defecto previsto por el art. 370 inc. 6) del CPP, razón por la que si bien la doctrina legal invocada, se refiere a la prohibición de revalorización de la prueba por parte de un Tribunal de alzada, los hechos fácticos no son símiles.


En definitiva, al haberse establecido que dicho precedente invocado no tienen situación de hecho similar a la planteada por la recurrente, no puede visualizarse la existencia de contradicción en los términos previstos por el art. 416 del CPP, siendo menester destacar que en casos semejantes al presente, este Tribunal dejó sentado el siguiente criterio contenido en el Auto Supremo 396/2014-RRC de 18 de agosto de 2014, respecto a los requisitos que deben cumplir los precedentes contradictorios: “Siendo el recurso de casación un mecanismo que busca otorgar a los ciudadanos la posibilidad de cuestionar la inadecuada aplicación o interpretación de las disposiciones legales realizadas por el Tribunal de apelación, contrarios a otros precedentes, debe señalarse que el precedente contradictorio en materia penal, constituye una decisión judicial, previa al caso analizado, que al ser emanado por un Tribunal superior en grado o por uno análogo, debe ser aplicado a casos que contengan similitud con sus hechos relevantes; al respecto, la normativa procesal penal en el país, ha otorgado al precedente contradictorio carácter vinculante (art. 420 del CPP). La importancia de precedente contradictorio, deviene del objetivo y fin del recurso casacional, toda vez que el más alto Tribunal de Justicia del Estado, tiene la tarea u objetivo de unificar o uniformar la jurisprudencia nacional, con el fin de brindar seguridad jurídica a las partes inmersas en un proceso judicial,
asegurando la aplicación uniforme de la ley y por ende la efectivización del principio de igualdad y la tutela judicial efectiva;  atribución, que se encuentra descrita en los arts. 419 del CPP y 42 inc. 3) de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) y que es conocida como función nomofiláctica (interpretación de la norma en procura de una jurisprudencia uniforme e integrada).


De lo anterior, se establece que únicamente son recurribles en casación, aquellos Autos de Vista que resulten indudablemente contrarios a la jurisprudencia establecida en un hecho similar; por este motivo, para que el planteamiento del recurso casacional sea certero, el recurrente no debe limitarse únicamente a presentarlo dentro el plazo dispuesto por ley y señalar la contradicción en la que creyere que incurrió el Tribunal de alzada respecto al fallo citado, lo que podría derivar en la admisibilidad del recurso, sino, debe asegurarse que el o los precedentes invocados, correspondan a situaciones fácticas análogas, como exige el art. 416 del CPP; lo contrario, por simple lógica, imposibilita a este Tribunal, verificar en el fondo la denuncia de contradicción por ser inexistente; es decir, que al no tratarse de situaciones fácticas similares, bajo ningún aspecto podría existir contradicción en la resolución entre uno y otro fallo(las negrillas no cursan en el texto original). Por lo referido, el presente recurso deviene en infundado.

POR TANTO

La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Ana María Nasica Azogue, en su condición de apoderada legal de Alice Aguilera Sosa.

Regístrese, hágase saber y devuélvase.

Firmado


Magistrado Relator Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos