TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 413/2018-RRC

Sucre, 11 de junio de 2018


Expediente                        La Paz 87/2017

Parte Acusadora                Dolly Lorena Velásquez Gamón

Parte Imputada                Adalberto Medina Rocabado

Delitos                        Apropiación Indebida y otro

Magistrado Relator        : Dr. Olvis Eguez Oliva        


RESULTANDO


Por memorial presentado el 24 de agosto de 2017, cursante de fs. 262 a 266, Adalberto Medina Rocabado, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 39/2017 de 30 de mayo, de fs. 249 a 254, pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por Dolly Lorena Velásquez Gamón contra el recurrente, por la presunta comisión de los delitos de Apropiación Indebida y Abuso de Confianza, previstos y sancionados por los arts. 345 y 346 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


  1. Por Sentencia 11/2016 de 27 de abril (fs. 172 a 179), el Juez Tercero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a Adalberto Medina Rocabado, autor de la comisión de los delitos de Apropiación Indebida y Abuso de Confianza, previstos y sancionados por los arts. 345 y 346 del CP, imponiendo la pena de dos años y ocho meses de reclusión, más el pago de costas y daños a calificarse en ejecución de sentencia.


  1. Contra la mencionada Sentencia, el imputado Adalberto Medina Rocabado (fs. 183 a 188) que previo memorial de subsanación (fs. 237 a 240 vta.), interpuso recurso de apelación restringida, resuelto por Auto de Vista 39/2017 de 30 de mayo, dictado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que declaró admisible e improcedente el recurso planteado y confirmó la Sentencia apelada, motivando la interposición del recurso de casación.


I.1.1. Motivos del recurso de casación.


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 115/2018-RA de 12 de marzo, se extrae el motivo a ser analizado en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


Por otra parte, el recurrente reclama que el Auto de Vista recurrido incumplió el art. 124 del CPP; puesto que, se limitó a realizar un resumen de los recursos y respuestas presentadas, extrañándose la fundamentación para la declaración de improcedencia de su apelación restringida, limitándose en los puntos 4., 4.1 y 4.2 del quinto Considerando a determinar de manera genérica que la Sentencia contaría con la fundamentación debida, que el Juez actuó correcta y proporcionalmente, sin realizar una adecuada explicación de los hechos observados en su apelación restringida, lo que vulnera la garantía del debido proceso incurriendo en contradicción con los Autos Supremos 114/2006 de 20 de abril y “724/2004”.


I.2.3. Petitorio.


El recurrente solicita disponer la anulación total de la Sentencia y la reposición del juicio por otro Tribunal.


I.3. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 115/2018-RA de 12 de marzo, cursante de fs. 276 a 279, este Tribunal admitió el recurso de casación formulado por Adalberto Medina Rocabado, para el análisis de fondo del motivo identificado precedentemente.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


II.1.  De la Sentencia.


Por Sentencia 11/2016 de 27 de abril, el Juez Tercero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a Adalberto Medina Rocabado, autor de la comisión de los delitos de Apropiación Indebida y Abuso de Confianza, previstos y sancionados por los arts. 345 y 346 del CP, imponiendo la pena de dos años y ocho meses de reclusión, más el pago de costas y daños a calificarse en ejecución de Sentencia, en base a los siguientes argumentos:


Como hecho generador del proceso, señala la parte querellante que el 22 de abril de 2010, suscribió un documento privado con reconocimiento de firmas de depósito de dinero por la suma de $us. 10.000.- (diez mil dólares estadounidenses), con los esposos Adalberto Medina Rocabado y Patricia Castillo García, dineros que deberían ser entregados el 22 de abril de 2011; por otra parte, en la cláusula cuarta se ha instituido que en caso de incumplimiento los depositarios serán pasibles a proceso penal privado de Abuso de Confianza y Apropiación Indebida, haciendo referencia que su persona conoce al imputado desde niña. Pasado el tiempo Adalberto se casó con Patricia Castillo, siendo propietario del restaurant COROICO ubicado en tres lugares diferentes, que cumplido el plazo para la devolución del dinero pese a los reclamos reiterados, el año 2014 fallece la conyugue del imputado, por lo que se niega a devolver el dinero, dando lugar a la presente acción penal.


Que, el Juzgado Tercero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, producida las pruebas y judicializada las mismas, se establece y se demuestra que conforme el documento privado de depósito de 22 de abril de 2010, elevado a categoría de instrumento público con reconocimiento de firmas, se demuestra la obligación que tenía el imputado de devolver la cantidad de $us. 10.000.- (diez mil dólares estadounidenses) entregado en depósito hasta el 22 de abril de 2011 y al no haberse efectivizado conforme la cláusula cuarta se sometía el depositante a ocurrir a la vía penal, facultad que el juzgador no puede desconocer por tratarse de delitos de orden privado, que al fallecer la esposa en el mes de mayo de 2014, no le exime de asumir su responsabilidad conforme a las reglas de la sucesión; por cuanto, las pruebas documentales, literales y testificales analizadas así demuestran. Que, la relación al ser el imputado ahijado de la madre de la querellante, llega a demostrar la relación de afinidad traducida en confianza, por lo que dicha conducta asumida por el imputado se adecúa a los delitos incriminados, por lo que se le condenó a Adalberto Medina Rocabado como Autor de los delitos de Apropiación Indebida y Abuso de Confianza, previstos en los arts. 345 y 346 del CP, sancionándolo a una pena de reclusión de dos años y ocho meses a cumplir en el penal de San Pedro de La Paz, con costas y daños a calificarse en ejecución de Sentencia.

   

II.2.  De la apelación restringida.


Contra la mencionada Sentencia, Adalberto Medina Rocabado, interpuso recurso de apelación restringida, denunciando los siguientes aspectos:


1.- Denuncia la errónea aplicación de la norma sustantiva acorde al art. 370 inc. 1) del CPP, en relación a los arts. 345 y 346 del CP, en la cual argumenta que los tipos penales acusados serian dolosos, se exterioriza la Apropiación Indebida, cuando el sujeto activo tendría la posesión o tenencia con la obligación de devolverla, en cambio el documento resulta ser un depósito de índole civil, contemplado por los arts. 838 y 862 del Código Civil (CC), por lo que habría sido erróneamente aplicado la ley penal, debido a que el depósito al ser un contrato irregular y la norma proveería que el dinero puede ser dispuesto por el depositario, porque se transforma en el propietario del dinero; por cuanto, consideró que el juez aplicó indebidamente la norma al referir que estaría en posesión legítima del valor, no pudiendo consumar el delito, por lo que se debió emitir fallo absolutorio, ocurriendo algo similar respecto al Abuso de Confianza por no haberse demostrado por la inexistencia del dolo y los cuatros testigos que atestiguaron que se procedió a devolver los dineros recibidos, demostrando que no hubo la intención de quedarse con los mismos situación acreditada con los depósitos bancarios con fecha posterior al documento.


2.- Como segundo motivo invocó la violación de las reglas de la sana crítica, violentándose los arts. 173, 359 y 370 incs. 5) y 6) del CPP, porque con ningún elemento se acredita la existencia de los delitos. Analiza el apartado referido a la valoración y fundamentación jurídica de la prueba, respecto al primer considerando de la Sentencia habría una referencia textual de las declaraciones de testigos de cargo como de descargo sin otorgarle valor a cada una de ellas, sin establecer que testigos son o no creíbles y cuál declaración sirva para fundar la Sentencia, pues los testigos se limitaron a expresar la firma y la cantidad, situación que no tiene asidero pues no se negó nunca la existencia de dicha obligación, vulnerándose la sana crítica. Algo similar ocurrió con los testigos de descargo, respecto a la devolución de dineros que estaban en posesión de su esposa hasta que falleció, además que no se le hizo conocer al imputado el incumplimiento del contrato situación que desvirtúa el dolo. En este mismo apartado consigna fundamentos referidos a conclusiones de la Sentencia, contenidos en los puntos 1, 2 y 3 resaltando las contradicciones incurridas por el Juez. Analiza asimismo el documento base del caso penal cuestionando el último considerando de la Sentencia; pues dicho fundamento, no puede servir de base para asumir competencia y menos para una Sentencia condenatoria porque la ley penal no se conviene a través de un contrato, la comisión de un delito no se conviene entre partes, violentándose el principio de legalidad y verdad material, exponiendo vulneraciones de la sana crítica cuando se indica que el fallecimiento de la esposa no le eximiría de responsabilidad penal por la obligación contraída conforme las reglas de la sucesión y la parte cancelada debería ser considerada en ejecución de fallos situación que determinaría la nulidad del fallo.


3.-        En cuanto, al tercer agravio denunciado invoca la violación al derecho a la defensa por falta de fundamentación  del fallo, violentándose los arts. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE), 124, 160 inc. 3), 342, 173, 370 inc. 5) todos del CPP, concluyendo que el Juez se habría limitado a enunciar los hechos probados, omitiéndose la fundamentación probatoria, consigna en sus términos las críticas al fallo en relación a las normas legales invocadas.


II.3.  Del Auto de Vista impugnado.


La apelación restringida expuesta precedentemente, fue resuelta por el Auto de Vista impugnado, emitido por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que declaró improcedente el recurso interpuesto por el recurrente, en base a los siguientes argumentos:


  1. El primer agravio está referida a la errónea aplicación de la ley sustantiva, en particular los arts. 345 y 346 del CP, en relación al art. 370 inc. 1) del CPP, para lo que el apelante se limita a analizar solo el art. 345 del CP, en relación al documento base del proceso penal, documento de depósito de dinero, arguyendo haber adquirido la propiedad del dinero, que es de índole civil; ya que, estuviese regulado por el CC, en sus arts. 838 y 862, además no haberse demostrado el dolo, afirmando que la prueba testifical de descargo demostró haberse devuelto dinero. Resolviendo este primer agravio es necesario dejar expresa constancia que los elementos constitutivos del tipo penal acusado del art. 345 del CP, determina que debe tratarse de una cosa mueble, valor ajeno como joyas, dineros, títulos valores, la apropiación debe ser en beneficio de uno mismo como autor o un tercero que tuviera relación directa, que el autor debe estar en posesión o tenencia legítima de un bien o valor, finalmente debe existir compromiso obligatorio de entregar o de devolver el bien o valor ajeno y no haberlo devuelto.


Asimismo, se hace referencia a que al Tribunal de alzada no le está permitido revalorizar prueba y el apelante debe citar en términos claros la ley infringida o erróneamente aplicada, entonces para resolver el agravio lo que corresponde es dar una lectura analítica y detallada de la Sentencia, estas conclusiones emitidas por dicha autoridad judicial, se tiene que: a) Adalberto Medina recibió un monto de dinero, pero no como afirma haber adquirido la propiedad de dicho dinero, sino que lo hace en calidad de depósito; b) Se hace la entrega legítima; ya que, la víctima lo hace mediante documento presentado como prueba; y, c) También se estableció devolver en una fecha determinada el dinero recibido, argumento por el que se descarta haber adquirido la propiedad.


La Sentencia que se analiza, determina que el acusado no ha procedido a la devolución del dinero recibido, por lo que al haber recibido el dinero en calidad de depósito y no haberlo devuelto teniendo la obligación de hacerlo, se concluye que ha obrado con dolo y adecúa su conducta al tipo penal, previsto por el art. 345 del CP, no existiendo lo invocado como errónea aplicación de la ley sustantiva. Es del caso de advertir que no está determinando montos de dinero, sino de hechos y en esa base el hecho concreto es recibir dineros en calidad de depósitos y tener la obligación de devolverlos en una fecha concreta y no hacerlo subsume al art. 345 del CP.


Con relación al delito de Abuso de Confianza, el art. 346 del CP, si bien sobre este ilícito el apelante no expone fundamentos como lo ha hecho como en el primer delito, no es menos evidente que de manera genérica refiere también la errónea aplicación del mismo, en esa base dicho delito habla de la confianza entre partes; es decir, sujeto activo y sujeto pasivo, pues según la Sentencia a partir de sus conclusiones y único considerando resalta la existencia de esa relación de confianza entre partes; por ello la entrega de dineros, el daño o perjuicio de no devolver dicho dinero, por lo que también se tiene que se configura el ilícito no habiendo incurrido en lo denunciado, por lo que debe concluirse que está conforme con las conclusiones a las que arribó la autoridad A quo.


2.- Respecto al segundo argumento referido a la violación de las reglas de la sana crítica, al violarse los arts. 173, 359 y 370 incs. 5) y 6) del CPP, cuestionando la Sentencia en sus pruebas documentales como testificales, incurriendo también en falta de fundamentación, sobre este particular resalta el hecho que el Tribunal de alzada no puede revalorizar pruebas; empero, se reconoce su facultad respecto al control sobre la fundamentación del fallo y la valoración de la prueba, para lo que corresponde acudir al contenido de la resolución llegando a constatar en el único considerando y las conclusiones segunda y tercera que se fundamenta el fallo en relación a los hechos sometidos a juzgamiento y los elementos de prueba producidos existiendo proporción de la Sentencia en relación a dichos hechos y elementos no existiendo necesidad de considerar otros aspectos no discutidos, en la misma línea se consignan fundamentos referidos a la labor de subsunción de hechos a los tipos penales acusados.


En relación a la valoración de la prueba y las reglas de la sana crítica, hace una relación de las pruebas para luego valorar una por una, respecto a lo que cada una de ellas demostraría, para seguidamente cumplir con la valoración integral, conjunta y armónica de todas ellas, por lo que se tiene haberse cumplido las normas legales invocadas, inclusive se advierte la valoración de la prueba de descargo, que acreditan otros hechos referidos a préstamos anteriormente efectuados. Asimismo, cita el Auto Supremo 623/2007 de 26 de noviembre, referente a los parámetros a considerar para la denuncia de la sana crítica. En este comprendido y de una revisión prolija de la Sentencia se advierte que el Juez de Sentencia; en cuanto, a la valoración de la prueba observa las reglas de la sana crítica, porque no se llegó a advertir que haya invocado afirmaciones contrarias a las leyes de la lógica, ciencia, experiencia y el sentido común, constatando que cumple con el art. 173 del CPP y primera parte del art. 359 del CPP; contrariamente a lo fundamentado, el apelante se limita a cuestionar aspectos genéricos sin proporcionar ningún detalle respecto a qué reglas de la sana crítica fueron inobservadas o incumplidas, en qué sentido y cómo debieron de ser valorados las pruebas cuestionadas.


Respecto a lo que el apelante resalta la aplicación que se pretende que el Juez de la causa debió apartarse del conocimiento del proceso por incompetencia en razón de materia. El Tribunal de alzada, refiere que si no lo hizo la autoridad judicial de oficio correspondía a la parte acusada excepcionarlo acorde al art. 308 inc. 2) del CPP, no lo hizo no pudiendo invocarlo en el recurso de apelación restringida porque ello sería pretender corregir su negligencia, además esta pretensión no guarda relación alguna con el segundo agravio invocado y referido a la falta de fundamentación y vulneración de la sana crítica.


3.- Con relación al último agravio que invocó el apelante referente al quebrantamiento del principio de defensa por falta de fundamentación del fallo, recurrido para lo que se ha invocado los arts. 115 de la CPE, 1, 124, 169 inc. 3), 342, 173, 360 inc. 3) y 370 inc. 5) del CPP, como se fundamentó a tiempo de resolver el segundo agravio, de los datos que informan la Sentencia se advierte que la misma consigna de fundamentación fáctica en relación a los hechos que fueron sometidos a conocimiento de la autoridad judicial a quo consigna; asimismo, la fundamentación probatoria, en lo que se ha fundamentado y valorado todos y cada uno de los elementos de prueba aportados, valoración que se la hizo de manera individual y seguida de la conjunta e integral; consta asimismo, la fundamentación jurídica en la que se resalta la adecuación de los hechos a los tipos penales; por lo tanto, no es evidente la denuncia sobre la falta de fundamentación en el fallo. Respecto al quebrantamiento al principio de inviolabilidad de defensa; empero, no se acredita la vertiente que se afecta, en su caso si se ha privado de ofrecer o producir algún elemento o medio probatorio o si no se le permite algún recurso. Finalmente, referente a lo que se reclama que la Sentencia debió consignar los elementos de prueba y fundamentos para la condena y cómo se subsumiría su conducta a los dos delitos. Al respecto, estos cuestionamientos resultan ser reiterativos de los dos primeros agravios y en esa base el Tribunal de alzada, se remite a los fundamentos expuestos anteriormente; ya que, se fundamentó de manera amplia que se reúnen todos y cada uno de los elementos constitutivos de los delitos de Apropiación Indebida y Abuso de Confianza, se resaltó asimismo las conclusiones del fallo y la valoración de los elementos de prueba que sustentan dicha condena, así como también se confirmó que la autoridad judicial a quo no vulneró las reglas de la sana crítica.


III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN CON LOS PRECEDENTES INVOCADOS


El presente caso, el recurrente denuncia la falta de fundamentación del Auto de Vista impugnado, en violación del art. 124 del CPP, al resolver los puntos 4, 4.1 y 4.2 mismos que serían contrarios a los precedentes citados. Por lo que, corresponde resolver las problemáticas planteadas.


III.1. La labor de contraste en el recurso de casación.


Conforme lo dispuesto por los arts. 42.I inc. 3) de la LOJ y 419 del CPP, las Salas especializadas tienen la atribución de sentar y uniformar la jurisprudencia, cuando un Auto de Vista dictado por una de las Cortes Superiores de Justicia, sea contrario a otros precedentes pronunciados por las otras Cortes Superiores o por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia.


El art. 416 del CPP, preceptúa: “Se entenderá que existe contradicción, cuando ante una situación de hecho similar, el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista recurrido no coincida con el del precedente, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance”. En ese ámbito, este Tribunal a través del Auto Supremo 322/2012-RRC de 4 de diciembre, puntualizó: “Cuando la norma se refiere a una situación de hecho similar, considera esta Sala que el legislador se refiere a supuestos fácticos análogos, siendo necesario precisar que en materia sustantiva el supuesto fáctico análogo exige que el hecho analizado sea similar; en cambio, en material procesal el supuesto fáctico análogo se refiere a una problemática procesal similar.


La atribución de este Tribunal, de sentar y unificar jurisprudencia contiene íntima y estrecha relación con la garantía constitucional contenida en el art. 119.I de la CPE, que garantiza el ejercicio pleno del principio de igualdad de las partes, ante el Juez dentro de las jurisdicciones del Estado, así como garantizar seguridad jurídica en la predictibilidad de las decisiones de los Tribunales y un igual tratamiento jurídico a los ciudadanos. En resumen, la labor de sentar doctrina legal a partir del recurso de casación dentro de la jurisdicción ordinaria, se sintetiza en: a) Respeto a la seguridad jurídica; b) Realización del principio de igualdad; y, c) Unidad y uniformidad en la aplicación del derecho por parte de los servidores judiciales en la jurisdicción ordinaria.


Por otro lado, la doctrina legal a ser dictada por este Tribunal en el supuesto caso de verificar la existencia de contradicción entre la Resolución impugnada y los precedentes invocados como contradictorios, será de aplicación obligatoria para los Tribunales y jueces inferiores; y, sólo podrá modificarse por medio de una nueva resolución dictada con motivo de otro recurso de casación, en previsión de lo dispuesto por el art. 420 del CPP.


III.2. Análisis del caso concreto.


En cuanto al único motivo de casación admitido, en el que se reclama que el Auto de Vista recurrido incumplió el art. 124 del CPP; por cuanto, en los puntos 4., 4.1 y 4.2 del quinto Considerando, se habría limitado a determinar de manera genérica que la Sentencia contaría con la fundamentación debida, que el Juez actuó correcta y proporcionalmente, sin realizar una adecuada explicación de los hechos observados en su apelación restringida, lo que vulnera la garantía del debido proceso; al respecto invocó los Autos Supremos 114/2006 de 20 de abril y “724/2004”, que establecerían que la autoridad a cuyo conocimiento es sometida una causa debe dar estricta aplicación al art. 124 del CPP y que los Tribunales de Sentencia deben emitir una Sentencia fundamentada; explicando el recurrente, que dicho deber de fundamentación fue incumplido en el Auto de Vista recurrido en los puntos 4., 4.1 y 4.2 del quinto Considerando; en ese sentido, y a los fines de efectuar la labor de contraste corresponde desarrollar el referido precedente:


Así, el Auto Supremo 308/2016 de 21 de abril, fue emitido dentro del proceso de Despojo, que siguió PFMC y otra contra EDA, teniéndose como antecedente  la indebida fundamentación por parte del Tribunal de alzada y la vulneración del art. 124 del CPP, siendo este el antecedente que dio origen a la emisión de la siguiente doctrina legal aplicable:


DOCTRINA LEGAL APLICABLE.- Que el espíritu de la nueva normativa procesal penal en consonancia con la doctrina contemporánea sobre la apelación restringida que constituye el único medio para impugnar la sentencia; enseñan que la autoridad a cuyo conocimiento es sometida una causa en la que se denuncia la presencia de "defectos de la sentencia"; con el propósito de lograr su revisión, y evidenciar o rechazar los vicios revelados, debe dar estricta aplicación al artículo 124 de la Ley Nº 1970 que dice que: "Las sentencias y autos interlocutorios serán fundamentados, expresando los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. La fundamentación no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos o los requerimientos de las partes", debiendo circunscribir sus actos a la resolución de los puntos que constituyen el fundamento del recurso.


Actuar de manera contraria a la señalada precedentemente implicaría vulneración de las normas del debido proceso, en sus componentes del derecho a la defensa y derecho a obtener tutela judicial efectiva, en el sub lite mediante un fallo o segunda opinión que resuelva la pretensión de los afectados con la resolución del A-quo.


Ahora bien, tratándose de incremento de la pena en la resolución del recurso de Apelación, el Ad-quem debe tomar en cuenta los artículos, 37, 38, 39 y 40 del Código Penal para aplicar la sanción que corresponda con la adecuada fundamentación de aquella decisión, considerando que la pena se constituye en una consecuencia jurídica del delito y debe responder en la orientación filosófica de la norma cuya finalidad es la enmienda y readaptación social del delincuente, lo que equivale a desterrar criterios de atribuir a la pena carácter vengativo, de ahí que en la actualidad la pena no persigue castigar ni retribuir el mal sino educar al criminal. En consecuencia la gravedad de la pena no debe medirse en razón de la culpabilidad, sino atendiendo la necesidad de controlar la intensidad del impulso a delinquir. Por todo ello, en casos en que la pena establecida en sentencia sea incrementada por un Tribunal Superior, necesariamente -como se tiene dicho-, deberá existir el sustento legal que justifique tal decisión.


Bajo este preámbulo, corresponde verificar si el Tribunal de alzada incumplió dicho precedente con relación a la falta de fundamentación del Auto de Vista impugnado; a tal efecto, corresponde examinar la respuesta otorgada en los diferentes puntos observados por el recurrente como a continuación se detalla:


4.- Con relación al último agravio que invoca el apelante hace al quebrantamiento al principio de inviolabilidad de defensa por falta de fundamentación del fallo recurrido para lo que se ha invocado los arts. 115 de la CPE, 1, 124, 169 inc. 3) 342, 173, 360 inc. 3) y 370 inc. 5) del CPP. Como ya se ha fundamentado a tiempo de resolver el segundo agravio, de los datos que informan la Sentencia se advierte que la misma consigna de fundamentación fáctica en relación a los hechos que fueron sometidos a conocimiento de la autoridad judicial A quo, consigna asimismo la fundamentación probatoria, en lo que se ha no solamente fundamentado, sino también valorado todos y cada uno de los elementos de prueba aportados, valoración que se la hizo de manera individual y seguida de la conjunta e integral, consta asimismo la fundamentación jurídica en la que se resalta la adecuación de los hechos a los tipos penales; por lo tanto, no es evidente la denuncia sobre la falta de fundamentación en el fallo, máxime si la fundamentación es coherente y en proporción a lo discutido en audiencia de juicio.


4.1.- Se denuncia asimismo el quebrantamiento al principio de inviolabilidad de defensa, empero no se acredita la vertiente que se afecta, en su caso si se ha privado de ofrecer en su caso producir algún elemento o medio probatorio, si no se le permite algún recurso.


4.2.- En este mismo apartado se reclama que la Sentencia debió consignar los elementos de prueba y fundamentos que sirvieron a la condena y cómo se subsumiría su conducta a los dos delitos. Estos cuestionamientos, resultan ser reiterativos de los dos primeros agravios y en esa base el Tribunal de apelación se remite a los fundamentos expuestos anteriormente a tiempo de resolver los dos primeros agravios, porque en ellas ya que se fundamentó de manera amplia que en el caso presente se reúnen todos y cada uno de los elementos constitutivos de los delitos de Apropiación Indebida y Abuso de Confianza, se resaltó asimismo las conclusiones del fallo y la valoración de los elementos de prueba que sustentan dicha condena, así como se confirmó que la autoridad judicial A quo, no había vulnerado las reglas de la sana crítica.

Analizado lo fundamentado y expuesto por el Tribunal de alzada no resulta ser evidente que de forma genérica, con carencia de motivación, o que no haya realizado una adecuada explicación de los hechos observados en su apelación restringida como denuncia en su motivo admitido de casación; debido a que, en apelación restringida denunció un quebrantamiento al principio de inviolabilidad de la defensa por falta de fundamentación de la Sentencia, careciendo de motivación descriptiva, intelectiva y probatoria, que se vulneró la sana crítica, que haría alusión a un documento para fundar condena; y finalmente, que se debió explicar cómo se cometió el delito y de qué forma se subsumiría su accionar a los tipos penales. Sin embargo, de la explicación que hace el Tribunal de alzada respecto a cada denuncia refiere lo siguiente:


Respecto al punto 4, referente al supuesto quebrantamiento del principio de inviolabilidad de la defensa por falta de fundamentación del fallo recurrido, en primer lugar expresó que ya se había fundamentado a tiempo de resolver el segundo agravio, que en la fundamentación fáctica los hechos fueron sometidos a conocimiento de la autoridad judicial, que la fundamentación probatoria se ha fundamentado como valorado todos los elementos de prueba, mediante la valoración individual, conjunta e integral y que la fundamentación jurídica resalta la adecuación de los hechos a los tipos penales; ahora bien, remitiéndonos a lo fundamentado en el segundo agravio se puede observar lo siguiente:


“Referente a la violación de las reglas de la sana crítica y la falta de fundamentación de la Sentencia, arts. 173, 359 y 370 núm. 5) y 6) del CPP, a lo que resolvió acudiendo al fallo llegando a constatar en el único considerando y las conclusiones segunda y tercera que se fundamenta el fallo en relación a los hechos sometidos a juzgamiento y los elementos de prueba producidos, existiendo proporción de la Sentencia en relación a dichos hechos y elementos, en la misma línea se consignan fundamentos referidos a la labor de subsunción de hechos a los tipos penales acusados.


En relación a la valoración de la prueba y las reglas de la sana crítica, hace una relación de las pruebas para luego valorar una por una, respecto a lo que cada una de ellas demostraría, para seguidamente cumplir con la valoración integral, conjunta y armónica de todas ellas, por lo que se tiene haberse cumplido las normas legales invocadas, inclusive se advierte la valoración de la prueba de descargo que acreditan otros hechos referidos a préstamos anteriormente efectuados. Asimismo cita el A.S. 623/2007 de 26 de noviembre, referente a los parámetros a considerar para la denuncia de la sana crítica. En este comprendido y de una revisión prolija de la Sentencia se advierte que el Juez de Sentencia, en cuanto a la valoración de la prueba observa las reglas de la sana crítica, porque no se llegó a advertir que haya invocado afirmaciones contrarias a las leyes de la lógica, ciencia, experiencia y el sentido común, constatando que cumple con el art. 173 del CPP y primera parte del art. 359 del CPP, contrariamente a lo fundamentado, el apelante se limita a cuestionar aspectos genéricos sin proporcionar ningún detalle respecto a qué reglas de la sana crítica fueron inobservadas o incumplidas, en qué sentido y cómo debieron de ser valorados las pruebas cuestionadas.


Respecto a lo que el apelante resalta la aplicación que se pretende que el juez de la causa debió apartarse del conocimiento del proceso por incompetencia en razón de materia. El Tribunal de alzada refiere que si no lo hizo la autoridad judicial de oficio correspondía a la parte acusada excepcionarlo acorde al art. 308 núm. 2) del CPP, no lo hizo no pudiendo invocarlo en el recurso de apelación restringida porque ello sería pretender corregir su negligencia, además esta pretensión no guarda relación alguna con el segundo agravio invocado y referido a la falta de fundamentación y vulneración de la sana crítica”.


Por lo que con relación al punto 4 referido en el recurso de casación, de que no existe fundamentación al resolver el recurso de apelación restringida no es evidente pues al margen de motivar su respuesta de que sí se realizaron las debidas motivaciones descriptiva, intelectiva y probatoria y que no existió vulneraciones a la sana crítica, el Tribunal de alzada se remite a la fundamentación del segundo agravio, donde de forma más detallada otorga al recurrente sus razones por las cuales consideró que la Sentencia se encuentra debidamente fundamentada y que no existe vulneración a las reglas de la sana crítica.


En cuanto al punto 4.2 en la que se reclamó que se debió consignar elementos de prueba y fundamentos para la condena y cómo se subsumiría su conducta a los dos delitos. El Tribunal de alzada expresó que esos cuestionamientos serían reiterativos de los dos primeros agravios y en esa base se remitió a sus fundamentos expuestos en dichos primeros motivos resueltos, pues se habría motivado de forma amplia que sí se reúnen todos y cada uno de los elementos constitutivos de los delitos de Apropiación Indebida y Abuso de Confianza, como las conclusiones del fallo y la valoración de los elementos de prueba que sustentan la condena, confirmando además que el juez a quo no vulneró las reglas de la sana crítica. Por lo que, a efectos de verificar sí la denuncia formulada en su agravio tercero es reiterativo de los dos primeros corresponde verificar dichos extremos. A tal efecto, en el primer motivo resuelto por el Tribunal de alzada referente a la errónea aplicación de la ley sustantiva art. 370 inc. 1) del CPP, con relación a los arts. 345 y 346 del CP, expresó:


“El apelante se limita a analizar solo el art. 345 del CP, en relación al documento base del proceso penal, documento de depósito de dinero, arguyendo haber adquirido la propiedad del dinero, que es de índole civil ya que estuviese regulado por el CC, en sus arts. 838 y 862, además no haberse demostrado el dolo, afirmando que la prueba testifical de descargo demostró haberse devuelto dinero. Resolviendo este primer agravio es necesario dejar expresa constancia que los elementos constitutivos del tipo penal acusado del art. 345 del CP, determina que debe tratarse de una cosa mueble, valor ajeno como joyas, dineros, títulos valores, la apropiación debe ser en beneficio de uno mismo como autor o un tercero que tuviera relación directa, que el autor debe estar en posesión o tenencia legítima de un bien o valor, finalmente debe existir compromiso obligatorio de entregar o de devolver el bien o valor ajeno y no haberlo devuelto.


Asimismo se hace referencia a que al Tribunal de alzada no le está permitido revalorizar prueba, y el apelante debe citar en términos claros la ley infringida o erróneamente aplicada, entonces para resolver el agravio lo que corresponde es dar una lectura analítica y detallada de la Sentencia, estas conclusiones emitida por dicha autoridad judicial se tiene que a) Adalberto Medina recibió un monto de dinero pero no como afirma haber adquirido la propiedad de dicho dinero sino que lo hace en calidad de depósito; b) Se hace la entrega legítima ya que la víctima lo hace mediante documento presentado como prueba; c) También se estableció devolver en una fecha determinada el dinero recibido argumento por la que se descarta haber adquirido la propiedad.


La Sentencia que se analiza determina que el acusado no ha procedido a la devolución del dinero recibido, por lo que al haber recibido el dinero en calidad de depósito y no haberlo devuelto teniendo la obligación de hacerlo se concluye que ha obrado con dolo y adecúa su conducta al tipo penal previsto por el art. 345 del CP, no existiendo lo invocado como errónea aplicación de la ley sustantiva. Es del caso de advertir que no está determinando montos de dinero sino de hechos y en esa base el hecho concreto es recibir dineros en calidad de depósitos y tener la obligación de devolverlos en una fecha concreta y no hacerlo subsume al art. 345 del CP.


Con relación al delito de Abuso de Confianza, el art. 346 del CP, si bien sobre este ilícito el apelante no expone fundamentos como lo ha hecho como en el primer delito, no es menos evidente que de manera genérica refiere también la errónea aplicación del mismo, en esa base dicho delito habla de la confianza entre partes, es decir sujeto activo y sujeto pasivo, pues según la Sentencia a partir de sus conclusiones y único considerando resalta la existencia de esa relación de confianza entre partes, por ello la entrega de dineros, el daño o perjuicio de no devolver dicho dinero, por lo que también se tiene que se configura el ilícito no habiendo incurrido en lo denunciado, por lo que debe concluirse que está conforme con las conclusiones a las que arribo la autoridad a quo”.  


Asimismo, remitiéndonos al segundo agravio resuelto por el Tribunal de alzada respecto a la violación de las reglas de la sana crítica, al haberse ya analizado y motivado respecto a la denuncia de casación del punto 4, corresponde de manera didáctica sintetizar de la siguiente forma:


“Referente a la violación de las reglas de la sana crítica y la falta de fundamentación de la Sentencia, arts. 173, 359 y 370 núm. 5) y 6) del CPP, resolvió que existe proporción de la Sentencia en relación a dichos hechos y elementos, como a la labor de subsunción de hechos a los tipos penales acusados, que no habría vulneración de la sana crítica al advertir que no se violaron las leyes de la lógica, ciencia, experiencia y el sentido común, cumpliendo el art. 173 del CPP”


Por lo que con relación al punto 4.2 referido en el recurso de casación, de que no existe fundamentación al resolver el recurso de apelación restringida no es evidente, pues al margen de motivar su respuesta de que en el caso presente se reúnen todos y cada uno de los elementos constitutivos de los delitos de Apropiación Indebida y Abuso de Confianza, que se resaltó las conclusiones del fallo y la valoración de los elementos de prueba que sustentan dicha condena y que se confirmó que el Juez a quo no vulneró las reglas de la sana crítica; el Tribunal de alzada, se remitió a la fundamentación realizada de los dos primeros agravios, donde de forma amplia otorgó al recurrente respuesta de que no existió errónea aplicación de la ley sustantiva y que éste subsumió su conducta a ambos tipos penales condenados, debido a que mediante la confianza existida entre partes se realizó dicho contrato de depósito y al no devolver el dinero depositado el imputado actuó con dolo, situación analizado mediante el control de legalidad por parte del Tribunal de alzada, situación referente a la subsunción de los hechos a los tipos penales. Finalmente, con relación a que se debió consignar elementos de prueba y fundamentos para la condena en vulneración de la sana crítica, en la respuesta plasmada del segundo agravio signada en el Auto de Vista impugnado, otorga una amplia motivación al recurrente donde a través del control de logicidad que faculta al Tribunal de alzada verificar si el juzgador valoró correctamente los elementos probatorios; y asimismo, no se vulneró las reglas de la sana crítica, procedió a verificar y concluir que no existe tal defecto denunciado, por lo que no es evidente que el Auto de Vista impugnado contenga una indebida fundamentación el punto 4.2.


Es más con relación al punto 4.1 el Tribunal de alzada cuestiona que no se acreditó que vertiente afecta la supuesta violación del derecho a la defensa, si fuese privado de ofrecer o producir alguna prueba o interponer algún recurso. Es decir, tampoco se limitó a expresar que faltaría precisión en el cuestionamiento de la supuesta vulneración sino que resuelve en ambos puntos, es decir 4.1 y 4.2, motivadamente y remite a los diferentes agravios donde ampliamente expuso sus fundamentaciones.      


Por otro lado, el Auto Supremo 724/2004 de 26 de noviembre, fue emitido dentro del proceso de Estafa y Estelionato, que siguió WLMC y otra contra VACG, teniéndose como antecedente la omisión de dar respuestas a los puntos apelados por parte del Tribunal de alzada, siendo este el antecedente que dio origen a la emisión de la siguiente doctrina legal aplicable:


DOCTRINA LEGAL APLICABLE


Que el juicio oral, público y contradictorio conforme dispone el artículo 1 del Código de Procedimiento Penal, se halla tutelado por las garantías constitucionales y las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio. En su desarrollo las partes asumen el papel protagónico de someterse a las reglas del debido proceso en igualdad de condiciones. Los Tribunales de Sentencia o el Juez deben emitir la sentencia fundamentada consignando todos y cada uno de los hechos debatidos en el juicio, con un análisis de todas y cada una de las pruebas de cargo y descargo incorporadas legalmente en el proceso, debiendo la fundamentación ser clara sin contradicción entre la parte considerativa y la resolutiva, con indicación de las normas sustantivas o adjetivas que respalden el fallo requisitos que toda sentencia debe contener, constituyendo su omisión defectos de sentencia insubsanables al tenor del artículo 370 inciso 3) y 5) del Código de Procedimiento Penal, por lo que en esos casos corresponde aplicar el primer parágrafo del artículo 413 del Código de Procedimiento Penal. 


Sobre el particular, habida cuenta que la problemática traída en casación respecto a la falta de fundamentación y motivación del Auto de Vista impugnado, fue resuelta ampliamente en el párrafo anterior con el primer precedente y considerando que el presente Auto Supremo también refiere a la debida fundamentación, a efectos de no ser reiterativos en los fundamentos de la contrastación por lo fundamentado anteriormente, ya se llegó a establecer que no existe carencia de fundamentación en el mencionado Auto de Vista, en consecuencia este precedente tampoco resulta contradictorio.


De lo anteriormente aseverado, se puede establecer que el Auto de Vista impugnado no carece de fundamentación o motivación en las conclusiones llegadas por las cuales ha confirmado la referida Sentencia, puesto que se encuentran debidamente motivadas con los contenidos doctrinales y esenciales, por lo que resulta infundado el motivo traído en casación.


Por los fundamentos expuestos precedentemente, este Tribunal llega a la conclusión de que el Tribunal de apelación, al momento de pronunciar el Auto de Vista impugnado fundamentó correctamente; y por lo tanto, no resulta contradictorio.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP y lo previsto por el art. 42.I.1 de la LOJ, declara INFUNDADO el  recurso de casación interpuesto por Adalberto Medina Rocabado.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos