TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 409/2018-RRC

Sucre, 11 de junio de 2018


Expediente                        : Santa Cruz 147/2017

Parte Acusadora                : Ministerio Público y otros

Parte Imputada                : Víctor Villca Choque y otros

Delitos                : Perturbación de Posesión y otros

Magistrado Relator        : Dr. Olvis Eguez Oliva


RESULTANDO


Por memorial presentado el 5 de octubre de 2017, cursante de fs. 3800 a 3858 vta., Víctor Villca Choque, Andrés Churqui Mamani, Graciela Perca Choquehuanca y Emilio Choque Ajhuacho, interponen recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 64 de 28 de agosto de 2017, de fs. 3698 a 3701 vta., y el Auto Complementario 208 de 7 de septiembre de 2017, de fs. 3704 a 3705, pronunciados por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por Ximena Esther Quispe Quino, Eusebia Esther Quino Urquizo, Rogelio Quispe Quispe y Zulma Lilian Ruiz Bravo contra los recurrentes, por la presunta comisión de los delitos de Robo, Robo Agravado, Tentativa de Despojo, Perturbación de Posesión y Daño Simple, previstos y sancionados por los arts. 332 incs. 2) y 8), 351, 353 y 357 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


  1. Por Sentencia 7/2017 de 3 de febrero (fs. 3306 a 3333), el Juez Cuarto de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Víctor Villca Choque, Andrés Churqui Mamani, Graciela Perca Choquehuanca y Emilio Choque Ajhuacho, autores y culpables de la comisión de los delitos de Perturbación de Posesión y Daño Simple, previstos y sancionados por los arts. 353 y 357 del CP, imponiendo la pena de tres años de reclusión, más el pago de costas y reparación de daños civiles a calificarse en ejecución de Sentencia, siendo absueltos de los delitos de Robo, Robo Agravado y Tentativa de Despojo.


  1. Contra la mencionada Sentencia, los imputados Víctor Villca Choque, Andrés Churqui Mamani, Graciela Perca Choquehuanca (fs. 3384 a 3407 vta.), Emilio Choque Ajhuacho (3433 a 3458); asimismo, la parte acusadora particular Ximena Esther Quispe Quino, Eusebia Esther Quino Urquizo, Rogelio Quispe Quispe y Zulma Lilian Ruiz Bravo (fs. 3409 a 3414), interpusieron recursos de apelación restringida, que fueron resueltos por Auto de Vista 64 de 28 de agosto de 2017, dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declaró admisibles e improcedentes los recursos de apelación restringida e incidentales intentados; por ende, manteniendo incólume la Sentencia apelada, siendo rechazada la solicitud de complementación y enmienda formulada por la parte imputada, mediante Resolución 208 de 7 de septiembre de 2017 (fs. 3704 a 3705), motivando la interposición del recurso de casación en análisis, motivando la interposición del presente recurso de casación.


I.1.1. Motivos del recurso de casación.


Del memorial del recurso de casación y del Auto Supremo 093/2018-RA de 26 de febrero de 2018, se extraen los siguientes motivos a ser analizados en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


  1. Alegan la falta de fundamentación y motivación del Auto de Vista impugnado, al resolver el defecto de Sentencia previsto en el inc. 1) del art. 370 del CPP, respecto a la inobservancia y errónea aplicación de la ley sustantiva en cuanto a los delitos de Perturbación de Posesión y Daño Simple, pues en forma general el Tribunal de alzada concluyó que el Juez de mérito desarrolló cada uno de los delitos, así como la subsunción, y también el iter críminis; sin fundamentar ni explicar la conducta de los imputados con relación a la subsunción de los tipos penales acusados.


  1. Asimismo, denuncian la falta de motivación del Auto de Vista impugnado, al resolver el defecto de Sentencia, previsto en el inc. 5) del art. 370 del CPP, referente a que no exista fundamentación en la Sentencia o ésta sea insuficiente o contradictoria, pues se limitó a expresar en forma genérica que la Sentencia estuvo debidamente fundamentada sin que se haya establecido en términos claros el grado de participación y la correcta sanción.


  1. Denuncian que el Tribunal de alzada convalidó el defecto de Sentencia previsto en el inc. 6) del art. 370 del CPP, referente a la valoración defectuosa de la prueba, puesto que se limitó a señalar en el considerando octavo de forma genérica y sin la debida fundamentación que las pruebas de cargo y de descargo fueron analizadas y valoradas correctamente por el Juez de Sentencia, sin referir a las pruebas con las cuales dicho Juez valoró para determinar la autoría de los ilícitos acusados.


I.1.2. Petitorio.


Los recurrentes solicitan se deje sin efecto el Auto de Vista impugnado, disponiendo que el mismo Tribunal dicte un nuevo Auto de Vista.


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 093/2018-RA de 26 de febrero, cursante de fs. 3867 a 3871, este Tribunal admitió el recurso de casación formulado por Víctor Villca Choque, Andrés Churqui Mamani, Graciela Perca Choquehuanca y Emilio Choque Ajhuacho, para su análisis de fondo.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se establece lo siguiente:

II.1.   De la Sentencia.


Por Sentencia 7/2017 de 3 de febrero, el Juez Cuarto de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declararon a Víctor Villca Choque, Andrés Churqui Mamani, Graciela Perca Choquehuanca y Emilio Choque Ajhuacho, autores  de la comisión de los delitos de Perturbación de Posesión y Daño Simple, previstos y sancionados por los arts. 353 y 357 del CP, imponiéndoles la pena de tres años de reclusión, más el pago de costas y reparación de daños civiles a calificarse en ejecución de sentencia, siendo absueltos de los delitos de Robo, Robo Agravado y Tentativa de Despojo.


El Juez de mérito bajo la titulación “HECHOS PROBADOS Y VALORACIÓN DE LA PRUEBA”, concluyó:


Dentro del comercial "La Madrugadora" el 19 de Julio de 2011, Emilio Ajhuacho, Víctor Villca Choque, Graciela Perca Choquehuanca y Andrés Churqui, conjuntamente con otras personas ingresaron de manera violenta a los puestos comerciales Nros. 74 y 78, de propiedad de los querellantes. El 21 de agosto de 2011, pretendieron cortar las cortinas metálicas, al haber contratado al cerrajero Edwin Cayani Huanca, quien al comenzar dicho trabajo encomendado salió presurosamente del lugar, debido a que en ese momento hubiera llegado la Policía, aseverando que conocía al coimputado Víctor Villca en razón a que le estaría realizando trabajos de cerrajería en su vivienda particular, motivo por el cual hubiera sido contratado por la Asociación "La Madrugadora", llegando a deteriorar, e inutilizar dichos puestos comerciales.


Que los comerciantes que tuvieron sus puestos comerciales en el Centro Comercial "La Madrugadora", hubieran sido desalojados el 4 de julio de 2011, por orden de la Sala Penal Segunda, producto de una Acción de Amparo Constitucional, regresando el 18 de Julio de 2011 por orden de esa misma Sala, habiendo existido enfrentamientos esta última fecha, como también el 21 de agosto del 2011, habiéndose procedido al arresto del Víctor Villca.


II.2.  Del recurso de apelación restringida de los coacusados Víctor Villca Choque, Andrés Churqui Mamani y Graciela Perca Choquehuanca.


Víctor Villca Choque, Andrés Churqui Mamani y Graciela Perca Choquehuanca, presentaron recurso de apelación restringida, señalando que:


De manera ilegal se les rechazaron: i) La excepción de extinción de la acción penal por prescripción de la acción del delito de Daño Simple; ii) La excepción de falta de acción; iii) El incidente de exclusión probatoria de la prueba documental de cargo Nº 9; y, iv) El incidente de exclusión probatoria de la prueba audiovisual de cargo Nº 1 (CD).


La Sentencia contendría defectos, consistentes en: i) La inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, previsto en el art. 370 inc. 1) del CPP, habiéndose erróneamente aplicado los arts. 13, 353 y 357 del CP, argumentando, que la Sentencia impugnada contiene una errada aplicación de la ley sustantiva penal, ya que la adecuación típica, no se adecúa a las previsiones y exigencias de los arts. 356 y 357 del CP; no se ha demostrado con exactitud, ni tampoco hace referencia de lo que realmente sucedió en las casetas comerciales, por lo que los acusadores sindican que los hechos hubiesen ocurrido en distintas fechas (19 de julio y 21 de agosto de 2011) y en 3 casetas comerciales (64, 74 y 78), no habiéndose establecido en Sentencia qué clase de violencia ejercieron los acusados sobre las supuestas víctimas o si las mismas fueron amenazadas, no se estableció qué hechos ocurrieron en cada una de las fechas que sindican los acusadores y en qué casetas hubiera ocurrido, no establece si se llegó a demostrar que los acusadores estuvieran en quieta y pacífica posesión de las casetas comerciales donde supuestamente los acusados realizaron la perturbación de posesión, en la Sentencia se transcriben aspectos generales sin individualizar las características y la descripción de la existencia y especificación del lugar exacto de cada una de las casetas comerciales, para establecer si en éstos puestos hubo perturbación de la posesión como manifiestan los acusadores, además no se probó, ni se presentó un plano de ubicación para saber de qué casetas comerciales se están hablando, máxime si durante el desarrollo del Juicio Oral las supuestas víctimas no recordaban ni el número de Caseta que supuestamente eran propietarios, ni explicaron desde cuando estuvieran en posesión de las mismas, cuando la testigo y víctima Eusebia Esther Quino Urquizo claramente señala en su declaración que ella vende en Pro Mayor, la Sentencia no establece cómo es que las víctimas estuvieron en posesión de la caseta y fueron perturbados, no existió medio probatorio alguno que pueda establecer ni la ubicación de las casetas comerciales, no se estableció la posesión de las víctimas ni el medio que utilizaron los acusados para perturbar la posesión, menos se establece en la Sentencia que las víctimas hayan estado en quieta y pacífica posesión (Requisito indispensable para que se adecúe el tipo penal a la conducta de los acusados) tomando en cuenta que el bien jurídico protegido en el delito tipificado en el art. 353 del CP, es la posesión pacífica y armoniosa de un inmueble puesto que la acción típica es la de perturbar la misma con acciones violentas o amenazantes. La Sentencia impugnada no establece, ni especifica que cosa ajena los acusados deterioraron, destruyeron, inutilizaron, hicieron desaparecer o dañaron, no establece cuál de éstas conductas asumieron cada uno de los acusados, no se ha acreditado la propiedad del bien que se deterioró, destruyó, inutilizó, que se hizo desaparecer o se dañó, ya que el bien jurídico protegido en el tipo penal establecido en el art. 357 del CP (Daño Simple) es la propiedad y el sujeto pasivo será únicamente el propietario del bien que fue dañado, destruido, deteriorado, inutilizado, se hizo desaparecer o se dañó, ya que no existe medio probatorio en la cual la Sentencia se funde para establecer la propiedad ni de las casetas comerciales que argumentan los acusadores ni de los supuestos bienes que se encontraban en ellas; ii) Que, el imputado no esté suficientemente individualizado, de acuerdo al art. 370 inc. 2) del CPP; iii) Que, se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación a las normas de éste título, conforme prevé el art. 370 inc. 4) del CPP, respecto a la prueba documental de cargo Nº 9, y a la prueba audiovisual de cargo Nº 1; iv) Que, no exista fundamentación de la sentencia o que ésta sea insuficiente o contradictoria, previsto en el art. 370 inc. 5) del CPP, fundamentando, que la Sentencia impugnada no cumple con lo normado por el art. 124 en relación al art. 173 del CPP; puesto que, no contiene los motivos de hecho y de derecho completos en que se basa su decisión y el valor otorgado a los medios de prueba, al no contener una relación completa de los hechos históricos que se suscitaron en las supuestas fechas indicadas por los acusadores; es decir, el 19 de julio y 21 de agosto de 2011, no se ha fijado de forma clara, precisa y circunstanciada los hechos que fueron probados por parte de los acusadores y los hechos acreditados sobre los cuales se ha emitido el juicio. Si bien la Sentencia contiene un título que se denomina "fundamentación" de la lectura del contenido, no es otra cosa, que la copia exacta del Acta de la Audiencia de Juicio Oral, existiendo un subtítulo "relación del hecho y circunstancias objeto del juicio oral" que es copia textual de la fundamentación que realizó la defensa técnica de los acusadores, no siendo suficiente esta narración de los supuestos hechos y derechos, ya que se los ha condenado a los acusados por una supuesta Perturbación de Posesión de tres casetas comerciales, como de ocasionar daños en bienes de propiedad de los acusadores en dos distintas fechas, por lo tanto, en la Sentencia debió haberse establecido de manera clara las circunstancias en las que se ha perturbado la posesión, de cada una de las casetas comerciales y en cada una de las fechas alegadas por los acusadores y no realizar narraciones simples y argumentaciones genéricas; y, v) Que, la Sentencia se base en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba, de acuerdo al art. 370 inc. 6) del CPP, argumentando: a) La declaración de segundo testigo de descargo, Carlos Arroyo Arebalo, quien manifestó que el 19 y 20 de julio de 2011, el centro comercial la Madrugadora se encontraba totalmente cerrado, enmallado y con custodias policiales, bajo una orden de desapoderamiento. Asimismo, las documentales ofrecidas como pruebas de descargo signadas como N° 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18, las mismas que se ha ofrecido y producido en el juicio, elementos que no han sido valorados en la Sentencia. La defensa, tanto al inicio como en las conclusiones cursante a fs. 4206 y siguientes del acta, en todo momento ha establecido que el supuesto hecho del 19 de julio de 2011, no pudo haber ocurrido demostrando tanto con la prueba testifical de Carlos Arroyo Arebalo, como por las pruebas documentales de descargo signadas con los N° 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38;  que el 19 de Julio de 2011, el Centro Comercial donde se encuentran las casetas, en el cuál supuestamente se hubieran cometidos los supuestos hechos delictivos, se encontraba totalmente custodiado por funcionarios policiales, se encontraba cerrado, totalmente enmallado y únicamente ingresaban las personas con autorización de Carmela Alanoca Quispe; b) La declaración de Edwin Cayani Huanca, en el entendido que fue contratado para realizar un trabajo y que al momento de su realización salió del lugar al momento en el que se acercaba una patrulla policial, cuando ese testigo declaró claramente que él no fue contratado por ninguno de los acusados y a la persona que reconoce es a la acusada Graciela Perca, porque ella antes lo había contrato para que le haga su caseta. Argumentando además en la Sentencia que "al llegar la patrulla policial derivó en la aprehensión del Sr. Víctor Villca el 21 de agosto de 2011" cuando se demostró de manera documental que Víctor Villca el 21 de agosto de 2011, fue arrestado por efectivos de radio patrullas 110, por riñas y peleas, ya que Carmela Alanoca informó al funcionario policial que Víctor Villca quería golpear a su hijo menor de edad, situación que quedo plenamente demostrado por los informes realizados tanto por el Funcionario Policial que arrestó a Víctor Villca, como el encargado de la Comisaría de Lazareto y de las fotocopias legalizadas del libro de novedades de la mencionada comisaria, pruebas documentales de descargo signadas como N° 18 y 20, que demuestran que la Sentencia se basa en hechos inexistentes, no habiéndose valorado la prueba documental de descargo de manera correcta ya que de los muestrarios fotográficos aportados como prueba de cargo por parte de los acusadores en ninguna de ellas se puede evidenciar que estén los acusados Emilio Choque Ajhuacho y Andrés Churqui Maman¡, logrando ver que aparecen entre otras personas no identificadas Víctor Villca y Graciela Perca, pero en ningún momento se los ve realizando ningún hechos ilícito; c) Además, de probar que si bien los acusadores no establecieron la hora aproximada cuando sucedieron los hechos de las pruebas documentales se llegó a demostrar que los acusadores al momento de realizar la denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC), establecieron que los supuestos hechos hubieran ocurrido aproximadamente a las 7 de la noche y del muestrario fotográfico introducido al juicio se puede evidenciar primero, que es de día y que todos se encuentran bien abrigados por lo que se supone que hacía frío al momento de tomar las fotografías y por ende cuando hace frio anochece más temprano, por lo que es imposible que esas fotografías demostrarían la culpabilidad de los acusados, desconociendo la declaración de todos los acusadores que declararon como testigos en el juicio, cuando establecieron el rencor que existe por parte de sus personas en contra de los acusados por haberlos denunciado ante la FELCC y "casi meterlos presos a todos" como textualmente refirieron, por lo que existiría una enemistad manifiesta por parte de los acusadores, por lo que la simple sindicación de ellos no prueba la culpabilidad de los acusados ya que a parte de las supuestas víctimas no se recepcionó la declaración de ningún testigo que sindique a los acusados de haber incurrido en algún delito; y, d) Denuncian la falta de valoración de la prueba judicializada en atestaciones de testigos, al momento de la declaración de los testigos Edwin Cayani Huanca (de cargo) y Carlos Arroyo Arévalo (de descargo) según consta en Acta de Juicio (No en Sentencia) (fs. 4136 y 4155 a 4157), se judicializaron dos pruebas las cuales no constan ni en la valoración de la prueba testifical ni documental. Consistentes en prueba documental de cargo N° 8 (fs. 108) consistente en la declaración informativa policial que el testigo había prestado en las dependencias de la FELCC y prueba documental de descargo N° 32 (fs. 882 a 888).


II.3.  Del recurso de apelación restringida de los acusadores particulares Ximena Esther Quispe Quino, Rogelio Quispe Quispe, Eusebia Esther Quispe Urquizo y Zulma Lilian Ruiz Bravo.


Ximena Esther Quispe Quino, Rogelio Quispe Quispe, Eusebia Esther Quispe Urquizo y Zulma Lilian Ruiz Bravo presentaron recurso de apelación restringida, denunciando que la Sentencia contendría el defecto consistente en la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, previsto en el art. 370 inc. 1) del CPP, habiéndose erróneamente aplicado los arts. 331, 332 inc. 2), 351 con relación al 8 del CP, con relación a la absolución de culpa y pena a los acusados por los delitos de Robo Agravado y Tentativa de Despojo, sin tomar en cuenta y valorar todas las circunstancias de concreción del hecho y la calificación jurídica.


II.4.  Del recurso de apelación restringida del coacusado Emilio Choque Ajhuacho.


Emilio Choque Ajhuacho, presentó recurso de apelación restringida, con los mismos fundamentos desarrollados en el recurso de apelación restringida de Víctor Villca Choque, Andrés Churqui Mamani y Graciela Perca Choquehuanca, aclarando que no hubiese participado en ninguno de los hechos acusados.


II.3.  Del Auto de Vista impugnado.


La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Auto de Vista impugnado, resolvió los recursos de apelación restringida, interpuesto por: a) Víctor Villca Choque, Andrés Churqui Mamani y Graciela Perca Choquehuanca; b) Ximena Esther Quispe Quino, Rogelio Quispe Quispe, Eusebia Esther Quispe Urquizo y Zulma Lilian Ruiz Bravo; y, c) Emilio Choque Ajhuacho, confirmando la Sentencia impugnada, señalando que:


Que, en cuanto al recurso de apelación interpuesto por los acusados Víctor Villca Choque, Andrés Churqui Mamani y Graciela Perca Choquehuanca, invocan los defectos de Sentencia previstos en el art. 370 incs. 1), 2), 4), 5) y 6) del CPP, así como la excepción de prescripción de la acción penal descrita en el art. 29 inc. 3) del CPP, respecto al delito de Daño Simple; excepción de falta de acción, incidente de exclusión probatoria de la prueba documental de cargo N° 9, de la prueba audiovisual; al respecto sobre el primer motivo del recurso, los acusados a tiempo de presentar la excepción de fondo de prescripción de la acción penal, no han ofrecido ningún tipo de pruebas para demostrar sus aseveraciones conforme al art. 315-III del CPP, modificado por la Ley 586, en este caso anteriormente se ha dictado resolución judicial admitiendo la excepción de litispendencia, por cuya razón ha sido suspendido el plazo de la prescripción y el plazo deberá ser computado nuevamente, por lo cual no se dan las condiciones previstas en el art. 29 inc. 3) del CPP. En cuanto, a la excepción de falta de acción según lo establece nuestra economía jurídica penal, desde el momento que se inicia el proceso penal, todo querellado o imputado tiene el amplio derecho de asumir su defensa, para demostrar su inculpabilidad y proponer excepciones; entre otras, de falta de acción ante el Juez de la causa, así como usar de otros medios de defensa que crea conveniente; es así que los arts. 308 inc. 3) y 312 del CPP, determinan que la falta de acción es una excepción que puede ser planteada por el imputado o querellado para suspender temporalmente la acción penal, hasta que se la promueva legalmente o desaparezca el impedimento legal para proseguirla.


La acción penal es un acto de instancia que se promueve con la denuncia, querella o informe de intervención policial preventiva, en la etapa preliminar y preparatoria, lo que implica que si concurre cualquiera de las tres formas, la acción está legalmente promovida. Ahora bien la excepción de falta de acción por tanto, como vía de oposición a la acción penal, responde a dos motivos: porque no fue legalmente promovida y porque existe un impedimento legal para proseguirla, por lo que el presente caso ha sido iniciado a través de una querella o acusación particular presentada por las víctimas, eso significa que la acción fue legalmente promovida; por otro lado, a la fecha no existe ningún impedimento para proseguir con la acción penal ya que los querellantes han demostrado su calidad de víctimas y tienen legitimación activa para continuar con el proceso penal respecto a las casetas 64, 74 y 78, ellos han presentado su Minuta de Transferencia debidamente registradas en Derechos Reales; sin embargo, pese a ello tratándose de delitos de Despojo, Perturbación de Posesión, Daño Simple, no es necesario demostrar el derecho propietario sobre el bien inmueble, bastando demostrar la posesión legítima, situación que no es de aplicación los arts. 308 inc. 3) y 312 del CPP. Pero tampoco es menos cierto que, en el incidente de objeción de querella planteada anteriormente por los querellados, fueron debatidos y considerados los mismos argumentos que hoy exponen los querellados recurrentes.


Respecto al incidente de exclusión probatoria de la prueba N° 9, los recurrentes no especifican de manera precisa de qué forma les causa agravio dicha prueba, no dicen de qué forma es ilegal esa prueba, y cuál fue el acto que no habría verificado el Juez de Sentencia en lo Penal de la Capital, por lo que la apelación incidental no cumple con las formalidades exigidas por el art. 404 del CPP.


En relación a la prueba audiovisual de cargo N° 1, es necesario mencionar que dicha prueba no es principal para fundar una Sentencia condenatoria o absolutoria, ya que es una simple ilustración al igual que el muestrario fotográfico, pero los apelantes no han tenido en cuenta que dicha prueba fue obtenida en la etapa preliminar y preparatoria de la investigación y debieron accionar su derecho a reclamar en su debida oportunidad ante el Juez de control jurisdiccional, teniendo en cuenta que existen etapas que precluyen y comienzan otras para avanzar en el juicio oral.


Que, respecto a los defectos de Sentencia previstos en el art. 370 incs. 1), 2), 4), 5) y 6) del CPP, invocados por los recurrentes, el Juez Cuarto de Sentencia en lo Penal de la Capital dentro del juicio oral adecuó el accionar de los querellados dentro de los alcances de los arts. 353 y 357 del CP, respecto a los delitos de Perturbación de Posesión y Daño Simple, el Juez ha desarrollado cada uno de esos delitos, la forma de su subsunción al tipo penal, el iter criminis y las consecuencias de las mismas, habiendo llegado a la conclusión de que los querellados son responsables de los delitos antes descritos, por tal razón fueron condenados cada uno de ellos a cumplir la pena de tres años de reclusión; los recurrentes basándose en el art. 370 inc. 1) del CPP, pretenden que se aclare cuál es la propiedad, quién es el propietario y qué fue lo que se destruyó, argumentos que no condicen con lo que establece dicha norma legal como defecto absoluto; ya que, en este caso solo debe limitarse a verificar la correcta o incorrecta calificación jurídica, la correcta o incorrecta concreción de los hechos o la incorrecta aplicación de la pena, por lo que en este caso los recurrentes no hacen referencia a ninguno de esos supuestos. Con relación a que los imputados no estarían debidamente individualizados, debemos mencionar que lo argumentado en este punto no demuestra de ningún modo el objetivo de este defecto de sentencia, en todo caso el Juez Cuarto de Sentencia en lo Penal de la Capital consideró y llegó a la conclusión de que todos los querellados han intervenido en conjunto en el mismo hecho y que no existe necesidad de establecer el grado de participación de cada uno de ellos, ya que se ha aplicado lo previsto en el art. 20 del CP.


Sobre la supuesta incorporación de pruebas de manera ilegal, indicar que los recurrentes se refieren a las pruebas N° 9 y 1 respecto al muestrario fotográfico y la prueba del CD, pruebas que fueron obtenidas de manera lícita durante la investigación preliminar é incorporada al juicio oral por su lectura conforme lo manda el art. 333 del CPP; sin embargo, ese aspecto ya fue motivo de análisis y consideración a través del incidente de exclusión probatoria que ya fue resuelto por el Juez y por este Tribunal de alzada, por lo que no se da el defecto de sentencia previsto en el art. 370 inc. 4) del CPP.


Respecto a la supuesta falta de fundamentación de la Sentencia, se tiene que la Sentencia condenatoria impugnada cumple con lo normado por los arts. 124 y 360 incs. 1), 2) y 3) del CPP; puesto que, contiene los motivos de hecho y de derecho en que basa sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba, el fallo de mérito contiene una relación amplia y precisa del hecho histórico; es decir, se ha fijado clara, precisa y circunstanciadamente la especie que se estima acreditada y sobre el cual se ha emitido el juicio, que es lo que se conoce como fundamentación fáctica. Además del análisis de la Sentencia impugnada, se puede extraer que la misma se sustenta en hechos existentes y debidamente acreditados en la audiencia del juicio oral, sin incurrir en lo previsto por el art. 370 inc. 5) del CPP, como alegan los recurrentes; toda vez, que el Juez Cuarto de Sentencia en lo Penal de la Capital al valorar las pruebas de cargo y de descargo ha desarrollado una actividad u operación intelectual de forma conjunta y armónica de exclusividad jurisdiccional, con el fin de determinar, si los datos fácticos obtenidos en la producción de la prueba desfilada en la audiencia del juicio oral, público, continuado y contradictorio, poseían la entidad y cualidad suficiente y requerida para corroborar la presunción de inocencia o permitir con certeza plena é incontrastable sobre la pretensión punitiva del proceso, mediante el método de libre valoración racional y científica de acuerdo a las reglas de la sana crítica, la lógica y el sentido común, uniendo en este trabajo global e intelectual aspectos y elementos como la ciencia, conciencia y experiencia, haciendo uso correcto de las facultades otorgadas por los arts. 171 y 173 del CPP; el Juez ha determinado la subsunción a los tipos penales de manera objetiva, indicando cada uno de los elementos de prueba que fueron incorporados y judicializados por su lectura al tenor del art. 333 del CPP, de lo que se evidencia que la Sentencia está correctamente fundamentada al tenor del art. 124 del CPP.


En relación a la supuesta valoración defectuosa de la prueba, defecto previsto en el art. 370 inc. 6) del CPP, todas y cada una de las pruebas tanto de cargo como de descargo fueron analizadas y valoradas correctamente por el Juez Cuarto de Sentencia, esto debido a que los querellados plantearon excepción de litispendencia que fue aceptada por el Juez, por tal motivo se acumularon dos procesos para dictarse una sola Sentencia por hechos sucedidos el 19 de julio y 21 de agosto, ambos del 2011, hechos ilícitos que fueron demostrados por los querellantes de manera precisa y clara y que el mismo testigo, Edwin Cayana Huanca, en su condición de cerrajero admite que cortó las cortinas, que llegó la policía y que tuvo que escapar del lugar el 21 de agosto de 2011, de lo que se establece que la prueba tanto de cargo como de descargo fue debidamente valorada y que justamente fue la base para dictar la Sentencia condenatoria en apego al art. 365 del CPP.


En cuanto al recurso de apelación restringida interpuesto por el querellado Emilio Choque Ajhuacho a fs. 3433 a 3458, debemos aclarar que éste se basa en los mismos é idénticos agravios expuestos por los otros querellados a fs. 3384 a 3407 vta.; por lo que corresponde remitirnos a los mismos argumentos respondidos a todos y cada uno de los recurrentes, al contener los mismos agravios sobre la apelación restringida y las apelaciones incidentales.


Que, respecto a la apelación restringida interpuesta por los querellantes Ximena Esther Quispe Quino, Eusebia Esther Quino Urquizo, Rogelio Quispe Quispe y Zulma Lilian Ruiz Bravo, invocan el defecto previsto en el art. 370 inc. 1) del CPP, indicando que al haber sido absueltos los querellados de los delitos de Robo Agravado y Tentativa de Despojo, se habría hecho una incorrecta concreción del hecho y la calificación jurídica; al respecto los querellantes tienen la intención de que se los condene a los acusados por los delitos de Robo Agravado y Tentativa de Despojo; sin embargo, el testigo Carlos Arroyo Arévalo en su debida oportunidad aclaró que el tiempo en que se quedaron los policías para el resguardo del Centro Comercial fue desde el momento del desalojo el 4 de julio hasta el 19 o 20 de julio del mismo año; es decir, hasta que quedó sin efecto el desapoderamiento; y por otro lado, el testigo Edwin Cayani Huanca corroborando con lo dicho, manifestó que no se hizo ningún destrozo a ninguna caseta y que había mucha gente en el lugar, en ese momento llegó la Policía y él se fue, no hizo nada, tampoco vio nada; por lo tanto, no se puede forzar una figura jurídica cuando no existen todos los elementos de prueba necesarios para adecuar la conducta de los querellados a los tipos penales de Robo Agravado y Tentativa de Despojo.


III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE VULNERACIÓN A DERECHOS CONSTITUCIONALES


En el presente caso, la parte recurrente denuncia la falta de debida fundamentación al resolver el defecto de Sentencia contenido en: i) El inc. 1) del art 370 del CPP, respecto a la inobservancia y errónea aplicación de la ley sustantiva en cuanto a los delitos de Perturbación de Posesión y Daño Simple; ii) El inc. 5) del art. 370 del CPP, referente a que no exista fundamentación en la Sentencia o está sea insuficiente o contradictoria, pues se limitó a expresar en forma genérica que la Sentencia estuvo debidamente fundamentada; y, iii) El inc. 6) del art. 370 del CPP, referente a la valoración defectuosa de la prueba, puesto que se limitó a señalar en el considerando octavo de forma genérica, por lo que corresponde resolver las problemáticas planteadas.

III.1. Fundamentación y motivación de los fallos.


Por mandato de lo preceptuado por el art. 124 del CPP, los Jueces y Tribunales de Justicia están obligados a expresar en sus resoluciones, los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones, así como citar las normas que sustentan la parte resolutiva o dispositiva del fallo, fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes. Es una premisa consolidada por este Órgano de justicia ordinaria, que todas las resoluciones, entre ellas las emitidas por el Tribunal de alzada, deben cumplir con esta exigencia constitucional, emitiendo criterios jurídicos sobre cada punto impugnado que se encuentra en el recurso de casación, en virtud a lo establecido por el art. 398 del CPP.


En ese orden, el Auto Supremo 248/2012-RRC de 10 de octubre, determinó la siguiente doctrina legal: “Concluido el juicio oral, corresponde al Juez o Tribunal de Sentencia, emitir la Sentencia que corresponda a través de una resolución debidamente fundamentada que comprenda una fundamentación descriptiva, fáctica, analítica o intelectiva y jurídica, lo que supone la precisión del conjunto de hechos que se tienen por ciertos o debidamente probados con los requisitos de claridad y precisión; la trascripción sintética pero completa del contenido de la prueba; la valoración propiamente dicha de la prueba o el análisis de los elementos de juicio con que se cuenta; la calificación jurídica de la conducta desplegada por el imputado, lo que importa analizar los elementos del delito como la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad, esto es la labor de adecuación o no del hecho al presupuesto normativo; y, la aplicación de la pena; sólo así, se permitirá que los sujetos procesales y cualquier persona que lea la Sentencia, comprenda de dónde obtiene el Juez o Tribunal, la información que le permite llegar a una conclusión, sólo de esta manera, la Sentencia se explica por sí sola; incurriéndose en fundamentación insuficiente por la ausencia de cualquiera de los elementos o requisitos señalados; por ende, en el defecto previsto por el art. 370 inc. 5) del CPP, cuidando además, de no caer en contradicción entre su parte dispositiva o entre ésta y la parte considerativa, puesto que de ser así, se incurriría en la previsión del art. 370 inc. 8) del CPP”.


Asimismo, los Autos Supremos 342 de 28 de agosto de 2006, 207 de 28 de marzo de 2007 y 319/2012 de 4 de diciembre; entre otros, han establecido que toda resolución debe ser expresa, clara, completa, legítima y lógica; i) Expresa, porque se debe señalar los fundamentos que sirvieron de soporte para sustentar su tesis, sin remisión a otros actos procesales; ii) Clara, en sentido que el pensamiento del juzgador debe ser aprehensible, comprensible y claro, no dejando lugar a dudas sobre las ideas que expresa el juzgador; iii) Completa, debiendo abarcar los hechos y el derecho; iv) Legítima, ya que debe basarse en pruebas legales y válidas. Para que exista legitimidad en la denuncia de valoración defectuosa de la prueba en la Sentencia, el Tribunal de alzada debe realizar el análisis de iter lógico, por el que se evidencie la correcta o incorrecta valoración de la prueba efectuada por el Tribunal de Sentencia; y, v) Lógica, que es el requisito transversal que afecta a los otros requisitos, debiendo la motivación, en términos generales, ser coherente y debidamente derivada o deducida, pero utilizando las máximas de la experiencia, la psicología y las reglas de la sana crítica.


La obligación de fundamentar las resoluciones es extensible a los Tribunales de alzada, los que también deben observar el cumplimiento de los requisitos esenciales de claridad, completitud, legitimidad, logicidad y de ser expresa, respecto de los puntos de agravio denunciados a fin de emitir una resolución formal y materialmente válida. Así lo estableció el Auto Supremo 49/2012 de 16 de marzo, al determinar lo siguiente: ”De acuerdo al entendimiento ratificado por el AS 12 de 30 de enero de 2012, es una premisa consolidada que todo Auto de Vista se encuentre debidamente fundamentado y motivado, cumpliendo con los parámetros de especificidad, claridad, completitud, legitimidad y logicidad; respondiendo y emitiendo los criterios jurídicos sobre cada punto impugnado que se encuentre en el recurso de apelación restringida, además de revisar de oficio si existen defectos absolutos, en cuyo caso, es necesario que en la fundamentación se vierta los criterios jurídicos del porqué dicho acto se considera defecto absoluto y qué principios, derechos o garantías constitucionales fueron afectados.


De la doctrina legal aplicable contenida en los Autos Supremos glosados precedentemente, es posible determinar que el derecho a una debida fundamentación es un elemento esencial del debido proceso, se encuentra consagrado en los arts. 115.II, 117.I y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE), se trata del derecho de todo ciudadano a contar con resoluciones debidamente motivadas, de tal manera que brinden certeza de su contenido y alcances de la decisión asumida.


Tiene la finalidad de precautelar el juzgamiento adecuado, justo, equitativo, oportuno, efectivo y eficaz de los ciudadanos, asegurando que toda persona involucrada en un proceso, reciba del órgano competente o administradores de justicia, la protección oportuna de sus derechos fundamentales y/o garantías constitucionales, materializada en una decisión justa y ecuánime. Dichos presupuestos constituyen un límite para el poder del Estado frente al individuo; y por tanto, constriñe a las autoridades públicas a desarrollar sus actividades ajustadas al cumplimiento del núcleo esencial del debido proceso en su triple dimensión, sometidas siempre; entre otros, al principio de legalidad, como elemento componente del anterior, ajustando su actividad al acatamiento irrebatible de lo que la ley manda.


III.3. Análisis del caso concreto.


       Como primer motivo del recurso de casación, la parte recurrente denuncia la falta de fundamentación y motivación del Auto de Vista impugnado, al resolver el defecto de Sentencia previsto en el art. 370 inc. 1) del CPP, respecto a la inobservancia y errónea aplicación de la ley sustantiva en cuanto a los delitos de Perturbación de Posesión y Daño Simple, pues en forma general el Tribunal de alzada concluyó que el Juez de mérito desarrolló cada uno de los delitos, así como la subsunción; y también, el iter críminis, sin fundamentar ni explicar la conducta de los imputados con relación a la subsunción de los tipos penales acusados.


En consecuencia, el Tribunal de apelación resolvió con el siguiente fundamento: respecto a los defectos de Sentencia previstos en el art. 370 incs. 1), 2), 4), 5) y 6) del CPP invocados por los recurrentes, el Juez Cuarto de Sentencia en lo Penal dentro del juicio oral, adecuó el accionar de los querellados dentro de los alcances de los arts. 353 y 357 del CP, respecto a los delitos de Perturbación de Posesión y Daño Simple, el Juez ha desarrollado cada uno de esos delitos, la forma de su subsunción al tipo penal, el iter criminis, y las consecuencias de los mismos, habiendo llegado a la conclusión de que los querellados son responsables de los delitos antes descritos, por tal razón fueron condenados cada uno de ellos a cumplir la pena de tres años de reclusión; los recurrentes basándose en el art. 370 inc. 1) del CPP, pretenden que se aclare cuál es la propiedad, quién es el propietario y qué fue lo que se destruyó, argumentos que no condicen con lo que establece dicha norma legal como defecto absoluto; ya que, en este caso solo debe limitarse a verificar la correcta o incorrecta calificación jurídica, la correcta o incorrecta concreción de los hechos o la incorrecta aplicación de la pena, por lo que en este caso los recurrentes no hacen referencia a ninguno de esos supuestos.


De lo descrito precedentemente, se establece que el Tribunal de apelación, pese a haber identificado de manera correcta el agravio denunciado por la parte recurrente en su recurso de apelación, acudió a argumentos generales indicando que se adecuaron las conductas de los querellados a los tipos penales de Perturbación de Posesión y Daño Simple, desarrollando los delitos, la subsunción, el proceso de desarrollo del delito y sus consecuencias para no dar una respuesta clara, precisa y lógica a los argumentos de los apelantes, quienes reclamaron: a) No se han demostrado con exactitud, ni tampoco hace referencia de lo que realmente sucedió en las casetas comerciales; b) No se estableció en Sentencia que clase de violencia ejercieron los acusados sobre las supuestas víctimas o si las mismas fueron amenazadas; c) No se estableció que hechos ocurrieron en cada una de las fechas que sindican los acusadores y en que casetas hubiera ocurrido; d) No establece si se llegó a demostrar que los acusadores estuvieran en quieta y pacifica posesión de las casetas comerciales donde supuestamente los acusados realizaron la perturbación de posesión; e) No se probó, ni se presentó un plano de ubicación para saber de qué casetas comerciales se están hablando, máxime si durante el desarrollo del juicio oral las supuestas víctimas no recordaban ni el número de caseta que supuestamente eran propietarios, ni explicaron desde cuando estuvieran en posesión de las mismas; f) No se estableció la posesión de las víctimas ni el medio que utilizaron los acusados para perturbar la posesión, menos se establece en la Sentencia que las víctimas hayan estado en quieta y pacifica posesión; y, g) No establece, ni especifica que cosa ajena los acusados deterioraron, destruyeron, inutilizaron, hicieron desaparecer o dañaron, no establece cuál de éstas conductas asumieron cada uno de los acusados, no se ha acreditado la propiedad del bien que se deterioró, destruyó, inutilizó, que se hizo desaparecer o se dañó.


Un segundo motivo del recurso de casación, en el que los recurrentes denuncian la falta de motivación del Auto de Vista impugnado, al resolver el defecto de Sentencia, previsto en el inc. 5) del art. 370 del CPP, referente a que no exista fundamentación en la Sentencia o ésta sea insuficiente o contradictoria, pues se limitó a expresar en forma genérica que la Sentencia estuvo debidamente fundamentada sin que se haya establecido en términos claros el grado de participación y la correcta sanción.


Al respecto, el Tribunal de apelación concluyo en base al siguiente razonamiento, “la Sentencia condenatoria impugnada cumple con lo normado por los arts. 124 y 360 incs. 1), 2) y 3) del CPP, puesto que contiene los motivos de hecho y de derecho en que basa sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba, el fallo de mérito contiene una relación amplia y precisa del hecho histórico; es decir, se ha fijado clara, precisa y circunstanciadamente la especie que se estima acreditada y sobre el cual se ha emitido el juicio, que es lo que se conoce como fundamentación fáctica. Además del análisis de la Sentencia impugnada, se puede extraer que la misma se sustenta en hechos existentes y debidamente acreditados en la audiencia del juicio oral, sin incurrir en lo previsto por el art. 370 inc. 5) del CPP, como alegan los recurrentes; toda vez, que el Juez Cuarto de Sentencia en lo Penal de la Capital al valorar las pruebas de cargo y de descargo ha desarrollado una actividad u operación intelectual de forma conjunta y armónica de exclusividad jurisdiccional, con el fin de determinar, si los datos fácticos obtenidos en la producción de la prueba desfilada en la audiencia del juicio oral, público, continuado y contradictorio, poseían la entidad y cualidad suficiente y requerida para corroborar la presunción de inocencia o permitir con certeza plena é incontrastable sobre la pretensión punitiva del proceso, mediante el método de libre valoración racional y científica de acuerdo a las reglas de la sana crítica, la lógica y el sentido común, uniendo en este trabajo global e intelectual aspectos y elementos como la ciencia, conciencia y experiencia, haciendo uso correcto de las facultades otorgadas por los arts. 171 y 173 del CPP; el Juez ha determinado la subsunción a los tipos penales de manera objetiva, indicando cada uno de los elementos de prueba que fueron incorporados y judicializados por su lectura al tenor del art. 333 del CPP; de lo que se evidencia que la Sentencia está correctamente fundamentada al tenor del art. 124 del CPP”.


De esta relación necesaria de antecedentes, se establece que el Tribunal de apelación, aunque reconoció de manera correcta el agravio denunciado por los recurrentes en su recurso de apelación, de la misma manera que en el anterior punto analizado, acude a fundamentos genéricos, que cumplió con lo exigido en la norma procesal al contener los motivos de hecho y derecho, el valor otorgado a la prueba y una relación “amplia y precisa del hecho histórico”, que se sustenta en hechos acreditados, existe una subsunción objetiva, por lo que se encontraría debidamente fundamentada, sin otorgar expresión clara, precisa y lógica a los argumentos de la parte apelante, quienes denunciaron que: a) No contiene los motivos de hecho y de derecho completos en que se basa su decisión y el valor otorgado a los medios de prueba, al no contener una relación completa de los hechos históricos que se suscitaron en las supuestas fechas indicadas por los acusadores; es decir, el 19 de julio y 21 de agosto de 2011; b) No se ha fijado de forma clara, precisa y circunstanciada los hechos que fueron probados por parte de los acusadores y los hechos acreditados sobre los cuales se ha emitido el juicio; y, c) Si bien la Sentencia contiene un título que se denomina "fundamentación" de la lectura del contenido, no es otra cosa, que la copia exacta del Acta de la Audiencia de Juicio Oral, existiendo un subtítulo "relación del hecho y circunstancias objeto del juicio oral" que no es otra cosa, que la copia textual de la fundamentación que realizo la defensa técnica de los acusadores, no siendo suficiente esta narración de los supuestos hechos y derechos.


Finalmente se tiene como tercer motivo del recurso de casación, la parte recurrente denuncia que el Tribunal de alzada convalidó el defecto de Sentencia previsto en el inc. 6) del art. 370 del CPP, referente a la valoración defectuosa de la prueba, puesto que se limitó a señalar en el considerando octavo de forma genérica y sin la debida fundamentación que las pruebas de cargo y de descargo fueron analizadas y valoradas correctamente por el Juez de Sentencia, sin referir a las pruebas con las cuales dicho Juez valoró para determinar la autoría de los ilícitos acusados.


En consecuencia, el Tribunal de apelación, resolvió con el siguiente fundamento, respecto a la supuesta valoración defectuosa de la prueba, defecto previsto en el art. 370 inc. 6) del CPP, todas y cada una de las pruebas tanto de cargo como de descargo fueron analizadas y valoradas correctamente por el Juez Cuarto de Sentencia en lo Penal de la Capital, esto debido a que los querellados plantearon excepción de litispendencia que fue aceptada por el Juez, por tal motivo se acumularon dos procesos para dictarse una sola Sentencia por hechos sucedidos el 19 de julio y 21 de agosto, ambos del 2011, hechos ilícitos que fueron demostrados por los querellantes de manera precisa y clara y que el mismo testigo, Edwin Cayana Huanca, en su condición de cerrajero admite que cortó las cortinas, que llegó la policía y que tuvo que escapar del lugar el 21 de agosto de 2011, de lo que se establece que la prueba tanto de cargo como de descargo fue debidamente valorada y que justamente fue la base para dictar la Sentencia condenatoria en apego al art. 365 del CPP.


Por lo que se llega a establecer que el Tribunal de apelación, identificó de manera correcta la denuncia efectuada por el recurrente en sus recursos de apelación restringida; sin embargo, concluyó que los hechos fueron demostrados de manera precisa y clara, habiéndose valorado debidamente la las pruebas, además que el testigo que sería cerrajero admitió que el 21 de agosto de 2011 corto las cortinas y que tuvo que escapar por que llego la policía; sin otorgar una respuesta clara, precisa y lógica a los argumentos de los apelantes, quienes denunciaron que: a) La declaración del segundo testigo de descargo, Carlos Arroyo Arebalo, quien manifestó que el 19 y 20 de julio de 2011, el centro comercial la Madrugadora se encontraba totalmente cerrado. Asimismo, las documentales ofrecidas como pruebas de descargo no fueron valorados en la Sentencia. La defensa, tanto al inicio como en las conclusiones ha establecido que el supuesto hecho del 19 de julio de 2011, no pudo haber ocurrido demostrando tanto con la prueba testifical, como por las pruebas documentales; b) La declaración de Edwin Cayani Huanca, en el entendido que fue contratado para realizar un trabajo y que al momento de su realización salió del lugar al momento en el que se acercaba una patrulla policial, cuando ese testigo declaró claramente que él no fue contratado por ninguno de los acusados y a la persona que reconoce es a la acusada Graciela Perca, porque ella antes lo había contrato para que le haga su caseta; c) Además, de probar que si bien los acusadores no establecieron la hora aproximada cuándo sucedieron los hechos de las pruebas documentales se llegó a demostrar que los acusadores al momento de realizar la denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), establecieron que los supuestos hechos hubieran ocurrido aproximadamente a las 7 de la noche y del muestrario fotográfico introducido al juicio se puede evidenciar primero, que es de día; y, d) Denuncian la falta de valoración de la prueba judicializada en declaración de testigos, al momento de la declaración de los testigos Edwin Cayani Huanca (de cargo) y Carlos Arroyo Arévalo (de descargo). Situación similar a la acaecida en el primer motivo, incumpliendo con la premisa consolidada que todo Auto de Vista se encuentre debidamente fundamentado y motivado, cumpliendo con los parámetros de especificidad, claridad, completitud, legitimidad y logicidad.


Como se observa, en los motivos primero y tercero, el Tribunal de apelación, efectivamente vulneró el debido proceso en su elemento a la debida fundamentación, al acudir a argumentos generales para no resolver los agravios denunciados que en lo fundamental se centran en los supuestos defectos de Sentencia previstos en el art. 370 incs. 1), 5) y 6 del CPP; cuando lo que correspondía era que la resolución impugnada debió ser expresa, clara, completa, legítima y lógica.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, FUNDADO el recurso de casación interpuesto por Víctor Villca Choque, Andrés Churqui Mamani, Graciela Perca Choquehuanca y Emilio Choque Ajhuacho y en aplicación del art. 419 del CPP, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 64 de 28 de agosto de 2017 y el Auto Complementario 208 de 7 de septiembre de 2017, disponiendo que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, previo sorteo y sin espera de turno, pronuncie nuevo Auto de Vista, en conformidad a la doctrina legal establecida en la presente Resolución.


A los efectos de lo previsto por el art. 420 del CPP, hágase conocer mediante fotocopias legalizadas el presente Auto Supremo a los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, para que por intermedio de sus Presidentes, pongan en conocimiento de los Jueces en materia Penal de su jurisdicción.


En aplicación del art. 17.IV de la LOJ, por Secretaría de Sala, comuníquese el presente Auto Supremo al Consejo de la Magistratura.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos