TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 407/2018-RRC

Sucre, 11 de junio de 2018


Expediente        : Santa Cruz 145/2017        

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otra

Parte Imputada        : Carlos Sumoya Montaño y otro

Delitos        : Estafa Agravada con Agravante y otros

Magistrado Relator         : Dr. Olvis Eguez Oliva


RESULTANDO


Por memorial presentado el 9 de octubre de 2017, cursante de fs. 2283 a 2290 vta., Carlos Sumoya Montaño, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 66 de 15 de agosto de 2017, de fs. 2241 a 2248 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, Lucia Vallejos Vda. de Claros y Elías Vallejos Baldivieso contra el recurrente y Miguel Ángel Aguirre Antelo (+) habiendo dispuesto la extinción de la acción penal, por la presunta comisión de los delitos de Estafa Agravada, Falsedad Material, Falsedad Ideológica, Estelionato y Uso de Instrumento Falsificado, previstos y sancionados por los arts. 335 con relación al 346 bis., 198, 199, 337 y 203 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


  1. Por Sentencia 23/2016 de 20 de abril (fs. 1947 a 1962), el Tribunal Cuarto de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Carlos Sumoya Montaño, autor y responsable de la comisión de los delitos de Estafa Agravada por Víctimas Múltiples y Uso de Instrumento Falsificado, previstos y sancionados por los arts. 335 con relación al 346 bis y 203 del CP, imponiendo la pena de cinco años de presidio y el pago de Bs.- 2500 (dos mil quinientos bolivianos), correspondiente a quinientos días multa a razón de Bs.- 5.- por día, así como al pago de costas y gastos ocasionados al Estado estimados en Bs.- 5000 (cinco mil bolivianos), calificables en ejecución de Sentencia; asimismo, lo absolvió de los delitos de Estelionato, Falsedad Material y Falsedad Ideológica.


  1. Contra la referida Sentencia, los acusadores particulares Lucía Vallejos Vda. de Claros y Elías Vallejos Baldivieso (fs. 1971 a 1979), además del imputado Carlos Sumoya Montaño (fs. 2026 a 2047 vta.), interpusieron recursos de apelación restringida, resueltos por Auto de Vista 64 de 18 de octubre de 2016 (fs. 2102 a 2107 vta.), que fue dejado sin efecto por Auto Supremo 316/2017 de 3 de mayo (fs. 2155 a 2159 vta.); en cuyo mérito, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió el Auto de Vista 66 de 15 de agosto de 2017, que declaró admisibles e improcedentes ambos recursos; por ende, confirmó la Sentencia apelada, siendo rechazada la solicitud de complementación y enmienda del imputado, mediante Resolución 215 de 14 de septiembre de 2017 (fs. 2256 y vta.), motivando la interposición del presente recurso de casación.


I.1.1. Motivos del recurso de casación.


Del recurso de casación y del Auto Supremo 091/2018-RA de 26 de febrero, se extraen los siguientes motivos admitidos para ser analizados en la presente Resolución, conforme al mandato establecido por los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


  1. Previa referencia al Auto Supremo 316/2017-RRC de 3 de mayo, emitido en la presente causa, el recurrente denuncia que el Tribunal de alzada con el sexto considerando pretendió cumplir con lo observado en aquel fallo en lo referente a la falta de pronunciamiento sobre la falta de fundamentación de la sentencia y en el mismo considerando se pronunció sobre la aplicación de la pena sin efectuar una debida fundamentación con criterios jurídicos de acuerdo a los Autos Supremos 41/2013 de 21 de febrero, 38/2013-RRC de 18 de febrero, citado en el Auto Supremo 321/2016-RRC de 21 de abril, cuando le correspondía efectuar un control, limitándose a realizar una argumentación retórica sin especificar si el Tribunal de Sentencia cumplió con los presupuestos al momento de determinar y aplicar la pena en el caso concreto.


  1. Señala que en el séptimo considerando, el Tribunal de alzada concluyó que el Tribunal de origen detalló cada uno de los tipos penales adecuando y subsumiendo su conducta, al haber transferido dos lotes de terreno que estaban en posesión y habían sido vendidos a otras personas y que la oferta la hizo él comprometiéndose a entregar las minutas proporcionando sólo planos de ubicación falsos; en ese sentido, denuncia que el Tribunal de apelación incumplió lo establecido por el Tribunal Supremo en el anterior fallo, que determinó que debía pronunciarse sobre cada uno de los puntos cuestionados; sin embargo, estableció que el art. 203 del CP, fue correctamente aplicado, sin extrañar que en la Sentencia no se estableció si el documento falsificado era de carácter público o privado, como lo estableció el Auto Supremo 679/2010 de 17 de diciembre, por lo que se vulneró el principio de tipicidad generando un defecto absoluto.


  1. En el considerando octavo del Auto de Vista recurrido, el Tribunal de apelación se pronunció sobre la prueba Nº 20, señalando que era cierto que el derecho propietario de Francisco Mendoza Rosales fue anulado el 2 de diciembre de 2011, pero el imputado tuvo una conducta renuente al preparar el terreno delictivo de acuerdo al iter criminis, ya que conocía anticipadamente que esos terrenos eran litigiosos y así los ofertaba, denunciando que el Tribunal de alzada en vez de determinar si la prueba fue valorada correctamente por el inferior, revalorizó la prueba conculcando el principio de inmediación, incurriendo nuevamente en incongruencia omisiva al no pronunciarse sobre las otras pruebas cuestionadas de mal valoradas como las testificales 1, 5, 6 y 7. En este punto, señala que el Auto de Vista no cumple con los Autos Supremos 316/2017-RRC de 3 de mayo, 176/2013-RRC de 24 de junio, 438 de 15 de octubre de 2005, 504/2007 de 11 de octubre, 277/2008 de 13 de agosto, 200/2012-RRC de 24 de agosto y 014/2013-RRC de 6 de febrero.


I.1.2. Petitorio.


El recurrente solicita que se deje sin efecto el Auto de Vista 66/2017 de 15 de agosto, por carecer de fundamentación contraviniendo las previsiones establecidas en los arts. 124, 171, 173, 370 incs. 1), 4), 5), 6) y 8) del CPP.

 

I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 091/2018-RA de 26 de febrero, de fs. 2300 a 2302 vta., este Tribunal admitió el recurso de casación de Carlos Sumoya Montaño, para el análisis de fondo de los motivos primero, segundo y tercero.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación y precisado el ámbito de análisis del recurso, se tiene lo siguiente:


II.1.        De la Sentencia.


Por Sentencia 23/2016 de 20 de abril, el Tribunal Cuarto de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Carlos Sumoya Montaño, autor de la comisión de los delitos de Estafa Agravada por víctimas múltiples y Uso de Instrumento Falsificado, previstos y sancionados por los arts. 335 con relación al 346 bis y 203 del CP, imponiendo la pena de cinco años de presidio; asimismo, lo absolvió de los delitos de Estelionato, Falsedad Material y Falsedad Ideológica, en mérito a los siguientes hechos probados:

 



II.2.  De la apelación restringida de los querellantes.


Los querellantes Lucía Vallejos Vda. De Claros y Elías Vallejos Baldivieso, interpusieron recurso de apelación restringida, bajo las siguientes consideraciones:


  1. Denuncian fundamentación insuficiente y contradictoria de la Sentencia, defecto del art. 370 inc. 5) del CPP, que luego de una exposición de motivos, doctrina y  jurisprudencia, refieren que se ha violentado flagrantemente el debido proceso, ya que la Sentencia carecería de fundamentación en derecho y constituye una clara muestra de torpeza, capricho, mala voluntad, desapego a la verdad material evidenciada en el caso, con respecto al principio de congruencia de la Sentencia 23/2016 (cita SC 0387/2012). No hay congruencia entre las partes considerativas y dispositivas, que se demuestra en su parte resolutiva que en cuanto al delito de Estelionato, lo absuelven de culpa y pena, y en cuanto a los hechos, la valoración de la prueba, llegan a la conclusión de que se ha creado convicción de la autoría y responsabilidad del imputado por el delito de Estelionato, existiendo una total incongruencia en la parte considerativa con la resolutiva, siendo que en ninguna parte de la Sentencia se ha hecho mención a la Estafa.


  1. Denunciaron defecto del art. 370 inc. 8) del CPP, ante los hechos probados y no valoración de la prueba documental y testifical, respecto a las declaraciones de los testigos de cargo como Lucía Vallejos, Elías Vallejos, Pedro Gilmar Villagómez y Gerardo Gutiérrez Alderete, y las documentales que no han sido consideradas por el Tribunal de Sentencia al momento de fundamentar de manera congruente su Sentencia.


II.2.  De la apelación restringida de Carlos Sumoya Montaño.


Notificado el acusado con la referida Sentencia, interpuso recurso de apelación restringida arguyendo:


  1. Falta de fundamentación de la Sentencia y que carecería de una debida motivación.


  1. El Tribunal de Sentencia hubiere incurrido en una errónea valoración de toda la prueba literal y testifical, señala además que no se hubiere realizado la fundamentación intelectiva.


II.3.  Del Auto de Vista 64/2016 de 18 de octubre.


La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió el Auto de Vista 64/2016 de 18 de octubre, que declaró admisibles e improcedentes los recursos de apelación interpuestos por las partes y confirmó la Sentencia, bajo los argumentos que a continuación se sintetizan y que tienen relación a los motivos que se analizan:

  1. Respecto al recurso de apelación interpuesto por los querellantes, el Tribunal de alzada considera que la Sentencia absolutoria impugnada por los querellantes cumple con lo normado por los arts. 124 y 360 incs. 1), 2) y 3) del CPP, puesto que contiene los motivos de hecho y de derecho en que basa sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba, el fallo de mérito contiene una relación del hecho histórico; es decir, está fijado clara, precisa y circunstanciadamente la especie que se estima acreditada y sobre la cuál se ha emitido el juicio, que es lo que se conoce como fundamentación fáctica, sin incurrir en lo previsto por el art. 370 incs. 5) y 8) del CPP; toda vez, que el Tribunal al valorar las pruebas de cargo y de descargo ha desarrollado una actividad u operación intelectual de forma conjunta y armónica de exclusividad jurisdiccional, con el fin de determinar, si los datos fácticos obtenidos en la producción de la prueba desfilada en la audiencia del juicio oral; es decir, que el Tribunal de mérito ha dado las razones jurídicas del porqué ha absuelto al acusado por los delitos inmersos en los arts. 337, 198 y 199 del CP. Se evidencia que no existe ninguna contradicción entre la parte resolutiva con la parte considerativa, ya que el Tribunal de primera instancia ha considerado y analizado las pruebas presentadas por las partes, ha valorado dichas pruebas tratando de relacionar la conducta del acusado para emitir la Sentencia.


  1. Respecto a la falta de fundamentación denunciada por el acusado, concluyó que ese aspecto ya fue desarrollado en un acápite anterior, manifestando que el Tribunal inferior otorgó razones jurídicas del porqué está dictando Sentencia condenatoria contra el imputado por los delitos de Estafa Agravada y Uso de Instrumento Falsificado, concluyendo que el Tribunal de Sentencia habría descrito la actividad probatoria con fundamentos sólidos cumpliendo con lo dispuesto por el art. 124 del CPP. Sobre el quantum de la pena concluyó que se cumplió con lo establecido por los arts. 37, 38 y 40 del CP, siendo el resultado de la personalidad del imputado, su conducta anterior al hecho, el grado de peligrosidad, el grado de instrucción y otros aspectos que deben tomarse en cuenta a tiempo de imponer la pena, situación que habría sido cumplida a cabalidad por el Tribunal inferior.


II.4.  Del Auto Supremo 316/2017-RRC.


Mediante Auto Supremo 316/2017-RRC de 3 de mayo, se dejó sin efecto el Auto de Vista 64/2016, bajo los siguientes argumentos:


“…Ahora bien, sobre la base de estos datos y teniendo en cuenta que este Tribunal delimitó el ámbito de análisis del presente recurso al dejar constancia en el Auto de admisión 068/2017-RA de 24 de enero, que se limitaría a la verificación de la existencia o no de una falta de pronunciamiento sobre los motivos alegados por el imputado en su apelación, se advierte que la denuncia de incongruencia omisiva es evidente, puesto que el tribunal alzada no respondió a los cuestionamientos del imputado a la sentencia relativos a una supuesta falta de fundamentación, al remitirse a un análisis anterior contenido en otro acápite destinado a resolver la apelación restringida de la parte contraria, cuando le correspondía en el ámbito de las denuncias propias y particulares del imputado, emitir un pronunciamiento particular sobre cada una de ellas; y, si bien no es cierto que haya omitido resolver los aspectos relativos a la fijación de la pena (arts. 37, 38, 39, 40 y 40 bis del CP), también omitió pronunciarse respecto a los motivos alegados por el imputado con base a las normas previstas por los arts. 203, 346 bis y 335 del CP, cuando era menester sobre la base de todo el desarrollo normativo y doctrinal, descrito en el considerando cuarto del Auto de Vista impugnado, resolver a través del respectivo pronunciamiento, las cuestionantes planteadas por el imputado en su apelación restringida.


A lo señalado debe agregarse que el imputado a través de su apelación en el acápite III alegó como motivo la errónea valoración de prueba en vulneración del art. 173 del CPP, haciendo puntual referencia a la prueba literal 20 que consistiría en una certificación de derechos reales de 14 de marzo de 2013, sin que dicha problemática haya sido abordada por el Tribunal de alzada al emitir el Auto de Vista impugnado de casación, que por un lado se remitió en una primera parte al análisis efectuado al recurso de la parte contraria emitiendo pronunciamiento únicamente sobre la denuncia de falta de fundamentación respecto a la imposición de la pena, incurriendo en una evidente incongruencia omisiva que además de significar la inobservancia del art. 398 del CPP que impone a los tribunales de alzada circunscribir sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución,  genera contradicción con los Autos Supremos invocados en calidad precedentes, cuya doctrina establece la obligación del Tribunal de alzada de atender y resolver todas las cuestiones alegadas en apelación, extremo no sucedido en el caso de autos…”.


II.5.  Del nuevo Auto de Vista 66 de 15 de agosto de 2017.


La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió el Auto de Vista 66/2017 de 15 de agosto, que declaró admisibles e improcedentes los recursos de apelación interpuestos por las partes y confirmó la Sentencia, bajo los argumentos siguientes:







III. VERIFICACIÓN DE CONTRADICCION DE LOS PRECEDENTES INVOCADOS


De acuerdo a los argumentos del recurrente, circunscritos en la admisión del recurso de casación contenidos en el Auto Supremo 091/2018-RA, se aduce que: 1) Previa referencia al Auto Supremo 316/2017-RRC de 3 de mayo, emitido en la presente causa, el recurrente denuncia que el Tribunal de alzada con el sexto considerando pretendió cumplir con lo observado en aquel fallo en lo referente a la falta de pronunciamiento sobre la falta de fundamentación de la Sentencia y en el mismo considerando se pronunció sobre la aplicación de la pena sin efectuar una debida fundamentación de acuerdo a los Autos Supremos 41/2013 de 21 de febrero, 38/2013-RRC de 18 de febrero, citado en el A.S. 321/2016-RRC de 21 de abril; 2) Señala que en el séptimo considerando, el Tribunal de alzada concluyó que el Tribunal de origen detalló cada uno de los tipos penales adecuando y subsumiendo su conducta. En ese sentido denuncia que el Tribunal de apelación incumplió lo establecido por el Tribunal Supremo en el anterior fallo, que determinó que debía pronunciarse sobre cada uno de los puntos cuestionados; sin embargo, estableció que el art. 203 del CP, fue correctamente aplicado, sin extrañar que en la Sentencia no se estableció si el documento falsificado era de carácter público o privado, como lo estableció el Auto Supremo 679/2010 de 17 de diciembre; y, 3) En el considerando octavo del Auto de Vista recurrido, el Tribunal de apelación se pronunció sobre la prueba Nº 20, señalando que era cierto que el derecho propietario de Francisco Mendoza Rosales fue anulado el 2 de diciembre de 2011, pero el imputado tuvo una conducta renuente al preparar el terreno delictivo de acuerdo al iter criminis, denunciando que el Tribunal de alzada en vez de determinar si la prueba fue valorada correctamente por el inferior, revalorizó la misma conculcando el principio de inmediación, incurriendo nuevamente en incongruencia omisiva al no pronunciarse sobre las otras pruebas cuestionadas de mal valoradas como las testificales 1, 5, 6 y 7. Invocando los Autos Supremos 316/2017-RRC de 3 de mayo, 176/2013-RRC de 24 de junio, 438 de 15 de octubre de 2005, 504/2007 de 11 de octubre, 277/2008 de 13 de agosto, 200/2012-RRC de 24 de agosto y 014/2013-RRC de 6 de febrero.


III.1. Sobre la obligatoriedad de la doctrina legal aplicable.


       El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.


       En este contexto, el recurso de casación previsto en el art. 416 del CPP, procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los ahora Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; siendo la tarea principal de este Tribunal, el de unificar la jurisprudencia a fin de asegurar la vigencia del principio de igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual, evitando de esta manera que se produzca una anarquía en la aplicación de la ley; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la LOJ, que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia.


       Asimismo, es importante destacar que la doctrina legal aplicable establecida en los Autos Supremos y que constituye la interpretación de la Ley efectuada por este máximo Tribunal de Justicia, tiene como efecto fundamental su obligatoriedad en cuanto a su cumplimiento; es decir, una vez puesto en conocimiento de las salas penales de los Tribunales Departamentales de Justicia, es de cumplimiento obligatorio y debe ser acatado por jueces y tribunales inferiores, tal cual lo establece el art. 420 del CPP, dado que sólo así se garantiza una protección efectiva e igualdad de los litigantes ante la ley; consecuentemente, ningún juez o Tribunal inferior podrá sustraerse de su cumplimiento bajo ningún motivo, puesto que obrar en contrario implica evidente vulneración a los principios de celeridad y economía procesal constitucionalizados bajo el concepto de justicia pronta, oportuna, transparente y sin dilaciones; y, en caso de evidenciarse su cumplimiento, el Juez o Tribunal será pasible de las responsabilidades que emerjan de tal inobservancia; tal como lo prevé el Auto Supremo 322/2013-RRC de 6 de diciembre, que sobre la obligatoriedad de aplicación de la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia por parte de los Tribunales inferiores, señaló: “Bajo la premisa que los actos jurisdiccionales son la vía de materialización de la Ley, se concibe que ésta opere a partir de su puesta en frente ante una situación o problemática de conocimiento de la autoridad jurisdiccional; es decir, la aplicación de la ley, proviene de la interpretación que el juzgador le otorgue para la solución de un hecho en concreto, estableciendo a través de los fallos que emita la relación entre una y otra. En la eventualidad de aplicación divergente de una misma norma en diversos casos o bien que en la resolución de diversos hechos se aplique un alcance distinto de una misma norma, y dada la naturaleza abstracta de la Ley, emerge la necesidad de uniformar criterios de su aplicación, ello en pos de asegurar la igualdad de las partes ante la Ley, forjando un sentimiento colectivo de seguridad jurídica y predictibilidad en la aplicación de la norma. Tales criterios no sólo trascienden ámbitos de índole procesal y sustantivo, sino adquieren vigor y comprensión en los postulados que la propia Constitución Política del Estado sienta, véanse los arts. 119.I, 178.I. Una contingente inobservancia de los parámetros establecidos a partir de la doctrina legal aplicable, vulneraría los principios de celeridad y economía procesal que han sido plasmados en el art. 115.II de la CPE y 3.7 de la LOJ, que establecen que el Estado debe garantizar una justicia sin dilaciones.


El ordenamiento jurídico boliviano en materia penal, establece claramente que los fallos del Tribunal Supremo de Justicia son de cumplimiento obligatorio por los jueces inferiores; en ese sentido, el art. 420.II del CPP, establece como efectos de los fallos emergentes de un recurso de casación que: “La doctrina legal establecida será obligatoria para los tribunales y jueces inferiores y sólo podrá ser modificada por medio de una nueva resolución dictada con motivo de otro recurso de casación, de tal consecuencia que el cumplimiento de los fallos de este Tribunal, no está sujeto o reatado a la circunstancialidad o a la voluntad de las autoridades jurisdiccionales, sino que es el resultado de una estructura procesal recursiva, como de la vigencia de los principios de igualdad, tutela judicial efectiva y seguridad jurídica, que son base de la jurisdicción ordinaria; más aún en el ámbito penal, donde se debate la responsabilidad penal del procesado, que puede generar en su caso, la restricción de su derecho a la libertad o la imposición de una sanción penal.


El art. 419.II del propio CPP, a su turno señala: “Si existe contradicción, la resolución establecerá la doctrina legal aplicable, caso contrario lo declarará infundado y devolverá los antecedentes a la Corte Superior de Justicia. En el primer caso y cuando se deje sin efecto el fallo que motivó el recurso, se devolverán actuados a la Sala Penal de la Corte Superior que dictó el Auto de Vista recurrido para que pronuncie nueva resolución de acuerdo con la doctrina legal establecida; de esta norma, se desprende un entendimiento básico, sin lugar a interpretaciones, que se trata de la insoslayable obligación de parte de Jueces o Tribunales inferiores, de cumplir con los razonamientos jurídicos y la doctrina establecida en un Auto Supremo, ello en la circunstancia que se identifiquen hechos fácticos análogos o similares, así como tal obligación se ve visiblemente amplificada cuando un Auto Supremo deje sin efecto un Auto de Vista recurrido de casación y ordene el pronunciamiento de un nuevo, bajo los entendimiento de la doctrina legal emergente de un Auto Supremo; una omisión de naturaleza contraria a la expuesta, importa incumplimiento directo de la ley, trascendiendo en vulneración también de los principios de tutela judicial efectiva, igualdad, celeridad y economía procesal”.


III.2.        De la Fundamentación de las Resoluciones. La incongruencia omisiva.


El art. 180.I de la CPE, entre los principios rectores en los que se fundamenta la jurisdicción ordinaria, establece el debido proceso como principio que garantiza a todo sujeto procesal, tener acceso a un pronunciamiento motivado y fundamentado, sobre todos los motivos alegados en cualquier recurso que la ley prevé, por lo mismo las autoridades que ejercen jurisdicción a nombre del Estado, deben manifestar por escrito los motivos de sus resoluciones, resguardando de esa manera tanto a los particulares como a la colectividad, de decisiones arbitrarias.


Orlando A. Rodríguez Ch, en su obra “Casación y Revisión Penal”, refiriéndose a la fundamentación y motivación, señala: “(…) constituye un sello de garantía a los usuarios de la administración de justicia, porque con ello se evita la arbitrariedad, el capricho, decisiones contrarias, errores de lógica jurídica, y el actuar irrazonado de los funcionarios judiciales”.


El mismo autor citando a Joan Pico I Junoy,  manifiesta que la motivación cumple las siguientes finalidades: a) Permite controlar a la sociedad la actividad judicial y cumplir así con el de publicidad; b) Garantía intraprocesal de los derechos y libertades fundamentales de las partes; c) Logra el convencimiento de las partes sobre la justicia y corrección de la decisión judicial, eliminando la sensación de arbitrariedad y estableciendo su razonabilidad, al conocer el por qué concreto de su contenido; y, d) Garantiza a las partes procesales la posibilidad de control de la resolución judicial interponiendo ante los tribunales superiores que conocen de los correspondientes recursos.


Ese entendimiento fue asumido por este Tribunal en varios Autos Supremos, entre otros, el Auto Supremo 218/2014-RRC de 4 de junio, que refiere “Es así, que en consideración a la exigencia contenida en la Constitución Política del Estado y el Código de Procedimiento Penal, la doctrina legal aplicable de este Tribunal estableció (…), entre otros, determinados parámetros o exigencias mínimas en el contenido de la fundamentación o motivación de un fallo; es decir, que toda resolución debe ser expresa, clara, completa, legítima y lógica; i) Expresa por qué se debe señalar los fundamentos que sirvieron de soporte para sustentar su tesis, sin remisión a otros actos procesales; ii) Clara, en sentido que el pensamiento del juzgador debe ser aprehensible, comprensible y claro, no dejando lugar a dudas sobre las ideas que expresa el juzgador; iii) Completa, debiendo abarcar los hechos y el derecho; iv)Legítima, ya que debe basarse en pruebas legales y válidas. Para que exista legitimidad en la denuncia de valoración defectuosa de la prueba en la Sentencia, el Tribunal de alzada debe realizar el análisis de iter lógico por el que se evidencie la correcta o incorrecta valoración de la prueba efectuada por el Juez a quo; y, v) Lógica, que es el requisito transversal que afecta a los otros requisitos; debiendo la motivación, en términos generales, ser coherente y debidamente derivada o deducida, pero utilizando las máximas de la experiencia, la psicología y las reglas de la sana crítica.


Estos requisitos de la fundamentación o motivación, deben ser tomados en cuenta por el Tribunal de alzada a momento de emitir la Resolución, a fin de que sea válida; lo contrario significaría incurrir en falta de fundamentación y de motivación. Asimismo, para una fundamentación o motivación no se precisa que esta sea extensa o redundante de argumentos y cita de normas legales, sino ser clara, concisa y responder todos los puntos denunciados.


Lo anterior significa, que sólo se estará ante una falta de fundamentación o motivación cuando la resolución emitida por el Juez o Tribunal carezca de alguno de los elementos (expresa, clara, completa, legítima y lógica) del iter lógico o camino del razonamiento efectuado, a efecto de llegar a una determinada conclusión, incumpliendo de esta manera lo determinado por el art. 124 del CPP, y vulnerando los derechos al debido proceso y debida fundamentación”.


En virtud a aquello, los Tribunales de alzada asumen competencia funcional, únicamente sobre los aspectos cuestionados de la resolución, conforme lo dispuesto por los arts. 398 del CPP y 17.II de la LOJ, disposiciones legales inspiradas en el principio de limitación, en virtud del cual el Tribunal de alzada no puede desbordar la propuesta formulada por el impugnante en su recurso de apelación restringida; es decir, que el Tribunal de Alzada, sólo debe pronunciarse sobre los motivos de impugnación en los que se fundó el recurso de apelación restringida, sin tener la posibilidad de suplir, rectificar o complementar las falencias en que incurra el recurrente a tiempo de impugnar una sentencia y sin que pueda considerar motivos en los cuales no se fundó el recurso de apelación.

El incumplimiento a las normas adjetivas penales referidas precedentemente, por falta de circunscripción del Tribunal de alzada a los motivos que fundaron el recurso de apelación restringida, se traduce en una incongruencia que implica vulneración del principio tantum devolutum quantum apellatum, principio que impone a la autoridad judicial, pronunciarse sólo sobre los motivos que fundaron un recurso de apelación.


En cuanto a las formas de vulneración de este principio, se tiene en primer lugar el pronunciamiento ultra petita, que hace incongruente la resolución del Tribunal de alzada, por pronunciarse sobre aspectos no demandados o que no fueron motivo de apelación, desbordando los límites de su competencia a aspectos no cuestionados y los cuales llegan firmes ante el de alzada, este hecho también conocido como exceso de jurisdicción, vulnera el debido proceso por violación del principio de legalidad; pues al pronunciarse el Tribunal de alzada sobre aspectos en los que no se fundó el recurso de apelación restringida, se impide a la parte contraria a contestar de forma fundamentada, conforme lo dispuesto por el art. 408 del CPP, hecho que amerita la nulidad de la resolución por constituir defecto absoluto conforme lo dispuesto por el art. 169 inc. 3) del CPP. 


Otra forma de incongruencia de una resolución y que también vulnera el principio tantum devolutum quantum apellatum, es la falta de pronunciamiento sobre todos los motivos en los que se fundó un recurso de apelación restringida, conocido como pronunciamiento infra petita o citra petita o incongruencia omisiva, que también constituye un defecto absoluto conforme lo dispuesto por el art. 169 inc. 3) del CPP, al dejar al impugnante en incertidumbre sobre el resultado del motivo planteado en apelación.


En ese contexto, se incurre en el defecto de la incongruencia omisiva (citra petita o ex silentico) al no pronunciarse una autoridad jurisdiccional sobre las denuncias planteadas; vulnerando las disposiciones contenidas en los arts. 124 y 398 del CPP, temática que fue ampliamente desarrollada por este Tribunal en el Auto Supremo 297/2012-RRC de 20 de noviembre, refiriendo que: “…sin embargo, debe exigirse el cumplimiento de los siguientes requisitos para la concurrencia del fallo corto: i) Que la omisión denunciada se encuentre vinculada a aspectos de carácter jurídico y no a temas de hecho o argumentos simples; ii) Que las pretensiones ignoradas se hayan formulado claramente y en el momento procesal oportuno; iii) Que se traten de pretensiones en sentido propio y no de meras alegaciones que apoyan una pretensión; y, iv) Que la Resolución emitida no se haya pronunciado sobre problemáticas de derecho, en sus dos modalidades; la primera que la omisión esté referida a pretensiones jurídicas, y la segunda cuando del conjunto de los razonamientos contenidos en la Resolución judicial puede razonablemente deducirse no sólo que la autoridad jurisdiccional ha valorado la pretensión deducida, sino además los motivos que fundamentan la respuesta tácita.


Siendo así, que la incongruencia omisiva o fallo corto constituye un defecto absoluto, referido en esencia a la vulneración por el juez o tribunal del deber de atender y resolver a las pretensiones que se hayan traído al proceso oportuna y temporalmente, frustrando con ello el derecho de la parte a obtener un respuesta fundada en derecho sobre la cuestión formalmente planteada.


La incongruencia omisiva quebranta el principio tantum devolutum quantum apellatum, así lo ha establecido la doctrina legal aplicable citada en el Auto Supremo 6 de 26 de enero de 2007; aforismo que a decir del tratadista Hugo Alsina, significa que los poderes del Tribunal de apelación se hallan limitados por la extensión del recurso, por lo cual, ...sufre una limitación en los casos en que el recurso se interpone contra una parte determinada de la sentencia, pues, entonces, el tribunal no puede pronunciarse sino sobre lo que es materia del mismo (Alsina, Hugo. Tratado teórico práctico de derecho procesal civil y comercial. Editorial Ediar Soc. Anón. Buenos Aires 1961. Segunda Edición, Tomo IV, Pág. 416).


Igualmente, refiere el versado Couture, que: El juez de la apelación conviene repetir, no tiene más poderes que los que caben dentro de los límites de los recursos deducidos. No hay más efecto devolutivo que el que cabe dentro del agravio y del recurso: tantum devolutum quantum apellatum (Couture, Eduardo J. Fundamentos del Derecho Procesal Civil. Editorial IB de F. Montevideo - Buenos Aires 2005. Euro Editores S.R.L. 4ta. Edición. Pág. 300).


Lo anterior significa que el Tribunal de alzada debe dar respuesta fundamentada a todos y cada uno de los agravios denunciados por el apelante; lo contrario significaría la vulneración del art. 124 del CPP, que señala que las Sentencias y Autos interlocutores serán fundamentados; expresarán los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba; la fundamentación no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; finalmente el art. 398 del CPP textualmente refiere: Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución, se entiende con la adecuada motivación en las resoluciones que pronuncie el Tribunal de alzada…”.


III.3. De la Fijación y Determinación de la Pena.        


La fijación de la pena es una labor no solo de facultad exclusiva de los Jueces o Tribunales de primera instancia, sino también de los Tribunales de segunda instancia, donde en ambos casos, debe otorgarse una adecuada fundamentación de la pena al momento de imponerla o modificarla. Sobre el particular, el Auto Supremo 38/2013-RRC de 18 de febrero, que ha sido emitido dentro un proceso por el delito de Estafa, donde se asumió la siguiente doctrina legal aplicable: “….La determinación judicial de la pena que comprende todo el procedimiento; es decir, la evaluación, decisión y justificación del tipo y la extensión de la pena, tiene líneas de orientación previstas legalmente, de manera que no puede considerarse una cuestión propia de la discrecionalidad del juez. La individualización de la pena está sometida al principio de proporcionalidad recogido por el Código Penal en sus diferentes artículos y a la finalidad de la pena establecida constitucionalmente como la educación, habilitación e inserción social de los condenados, con respeto a sus derechos. En este ámbito, el juez o tribunal que fija una pena tiene la obligación de someterse a dichos principios, correspondiendo al Tribunal de alzada, ante la constatación de su incumplimiento, proceder directamente a la modificación del quantum de la pena, en sujeción a los principios constitucionales y procesales, en ejercicio de la facultad reconocida por el art. 414 del CPP, considerando los siguientes criterios para la fijación de la pena: a) La personalidad del autor, el cometido que la ley penal boliviana asigna al juez de apreciar la personalidad del autor, es una tarea compleja; aunque debe reconocerse que el Código Penal en los arts. 37 y 38 (atender la personalidad del autor) no exige la realización de un diagnóstico científico "de la personalidad", sino un perfil de la personalidad, vinculado al hecho concreto para aplicar la pena en la dimensión que corresponda a esa persona concreta e individual, distinta a los demás seres humanos. De tal manera que el reproche jurídico que merezca su comportamiento, guarde armonía con el hecho, su personalidad y las circunstancias. La edad, es un factor que, dependiendo del caso, puede operar como agravante o atenuante. En cuanto a la educación, por regla general como circunstancia agravante, pues el reproche será mayor cuando el autor ha tenido acceso a la educación y, por lo tanto, ha disminuido su vulnerabilidad al sistema penal. En similar sentido opera la posición económica, sobre todo en los casos vinculados a delitos económicos. La vida anterior libre de sanciones penales no se debe tomar sin más como atenuante para la determinación de la pena. Lo que sí debe considerarse como factor de atenuación, es que el autor haya desarrollado hasta la comisión del hecho punible una vida ordenada y acorde al derecho, de tal manera que el hecho delictivo signifique una notoria contracción con su conducta anterior. Respecto a la conducta posterior, debe tomarse en cuenta como factor para la fijación de la pena, el esfuerzo del autor por reparar el daño causado. También puede apreciarse como favorable la conducta del procesado en el proceso penal, cuando: i) Se haya entregado a la autoridad policial o judicial voluntariamente, pese a haber contado con la posibilidad de una fácil huida, o tener la posibilidad de no ser descubierto, y, ii) La confesión que manifieste arrepentimiento, o bien que haya ayudado significativamente al establecimiento de la verdad mediante su declaración. Sin embargo, la sola falta de arrepentimiento o confesión no puede valorarse para hacer más rigurosa la sanción. Ahora bien, si la confesión no es tal, sino un intento de lograr la impunidad y si el "arrepentimiento" no es sincero, sino una manera de procurar un trato benigno de los jueces, cuando se sabe, por la prueba, que no hay forma alguna de eludir la acción de la justicia, los jueces deben examinar ese dato como parte de las manifestaciones defensivas, pero deben ignorarlo al momento de fijar la pena, pues ni las mentiras, ni las falsas actitudes del acusado constituyen un factor que deba perjudicarlo cuando se decida sobre la sanción a imponer.La reparación del daño, consiste fundamentalmente en aliviar las consecuencias materiales del hecho delictivo son también factor de atenuación; empero, también pueden tener un efecto atenuante de la pena, los actos que denoten voluntad de reparar.


La extensión del daño causado debe ser delimitada sólo para aquello que tenga vinculación con el hecho típico, directamente. Además, debe tenerse en cuenta que no es necesaria la concurrencia de todas las circunstancias descritas, pues dependerá de cada caso concreto. b) La mayor o menor gravedad del hecho, que tiene que ver con lo previsto por el art. 38 inc. 2) del CP; es decir, la naturaleza de la acción, los de los medios empleados, la extensión del daño causado y del peligro corrido. c) Circunstancias y las consecuencias del delito, que también deben ser consideradas en el caso concreto. La fundamentación de la fijación de la pena es inexcusable, en este ámbito la exigencia de fundamentación que debe satisfacer la sentencia condenatoria en el proceso de individualización de la pena, obliga al juez a observar los parámetros descritos por el legislador; por lo tanto la resolución debe contener un razonamiento capaz de dar cuenta de que se consideraron dichos parámetros de tal modo que a través de la exposición razonada del juez o tribunal se pueda evidenciar que su resolución se ha fundado en parámetros legales, y no es fruto de la apreciación estrictamente personal o arbitraria al efecto debe explicar cómo aplicó la pena, en término considero las previsiones de los arts. 37, 38 y 40 del CP, al caso concreto y qué atenuantes y agravantes tomo en cuenta para establecer la sanción dentro de los límites legales…”. En el mismo sentido ha resuelto el precedente invocado en el Auto Supremo 50/2007 de 27 de enero, resolviendo que: “(…) Es facultad del Tribunal de alzada, ante la evidencia de que concurren en el fallo de mérito errores u omisiones formales que se refieran a la imposición o el cómputo de penas, modificar directamente el quantum observando los principios constitucionales y procesales (…)”.


III.4. Análisis del caso concreto.


Sobre el primer motivo denunciado por el recurrente, previa referencia al Auto Supremo 316/2017-RRC de 3 de mayo, emitido en la presente causa, el recurrente denuncia que el Tribunal de alzada con el sexto considerando pretendió cumplir con lo observado en aquel fallo en lo referente a la falta de pronunciamiento sobre la falta de fundamentación de la Sentencia y en el mismo considerando se pronunció sobre la aplicación de la pena sin efectuar una debida fundamentación de acuerdo a los Autos Supremos 41/2013 de 21 de febrero, 38/2013-RRC de 18 de febrero, citado en el A.S. 321/2016-RRC de 21 de abril.


Para ingresar a considerar el análisis del motivo venido en casación es menester remitirse al Auto Supremo 316/2017-RRC de 3 de mayo, el cual dejó sin efecto el primer Auto de Vista, que sobre el agravio de la falta de fundamentación de la pena, dicha resolución estableció: “…se advierte que la denuncia de incongruencia omisiva es evidente, puesto que el tribunal alzada no respondió a los cuestionamientos del imputado a la sentencia relativos a una supuesta falta de fundamentación (…) y, si bien no es cierto que haya omitido resolver los aspectos relativos a la fijación de la pena (arts. 37, 38, 39, 40 y 40 bis del CP), también omitió pronunciarse respecto a los motivos alegados por el imputado con base a las normas previstas por los arts. 203, 346 bis y 335 del CP (…)”; lo que conlleva a establecer que el Auto Supremo anteriormente emitido en el caso de autos, no ha señalado taxativamente que fue evidente la omisión referente a la fundamentación de la pena por parte del Tribunal de alzada, simplemente hace alusión a la falta de fundamentación sobre los demás puntos apelados contra la Sentencia; empero, a mayor abundamiento y seguridad sobre lo observado por el recurrente, de la revisión del SEXTO CONSIDERANDO del Auto de Vista ahora impugnado, el Tribunal de alzada hace un análisis de logicidad sobre las razones que llevaron al Tribunal de mérito a establecer la pena impuesta, considerando en lo particular, la personalidad del acusado y su grado de instrucción, así como su comportamiento y conducta; circunstancias que considera el Tribunal de alzada fueron tomadas en cuenta en la Sentencia, que al remitirnos a la Sentencia, evidentemente en las CONCLUSIONES DE DERECHO, hace un análisis de la personalidad y conducta con relación a los delitos cometidos para imponer la pena correspondiente; entonces, el Tribunal de alzada simplemente ha hecho un control de logicidad sobre ese razonamiento relativo a la imposición de la pena, lo que no le obliga a esgrimir nuevos criterios de fundamentación de la pena, siendo que la misma está plasmada en la Sentencia, que en caso de carecer de ella, recién el Tribunal de alzada podría emitir una nueva fundamentación de la pena, lo que no se ha verificado en el caso de autos; por lo que el razonamiento del Auto de Vista impugnado sobre la fundamentación de la pena, simplemente ratifica los extremos señalados en la Sentencia, considerando que estos serían suficientes para poder haber determinado el quantum de la pena impuesta al recurrente en primera instancia, obedeciendo mínimamente a los parámetros previstos en el citado Auto Supremo 38/2013-RRC de 18 de febrero, glosado en el apartado III.4 de la presente resolución e invocado por el recurrente, por lo que se deduce que no existe contradicción con el precedente invocado, y tampoco se observa el incumplimiento de lo establecido en la doctrina del Auto Supremo 316/2017-RRC de 3 de mayo, en lo que se refiere a la fundamentación de la pena.


Asimismo, realizando el contraste del precedente invocado del Auto Supremo 41/2013 de 21 de febrero, se señaló como doctrina que: “…Constituye uno de los elementos esenciales del "debido proceso" la correspondiente fundamentación de las resoluciones, las mismas que deben ser motivadas, individualizando la responsabilidad penal del imputado, tomando en cuenta las atenuantes y agravantes que establece la Ley Penal sustantiva, a objeto de imponer la sanción. El Tribunal de Alzada ante la evidencia de que concurren en la Sentencia impugnada errores u omisiones formales que se refieran a la imposición de penas, cuenta con la facultad para modificar directamente el quantum observando los principios constitucionales y procesales conforme lo prescrito en la primera parte del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal; sin embargo ésta corrección debe realizarse observando los principios constitucionales, procesales y los aspectos contemplados en los artículos 37, 38, 39 y 40 del Código Penal, debiendo contener suficiente fundamentación, emitiendo criterios jurídicos relativos al tipo penal y a la valoración de los hechos, las acciones y del imputado mismo, su personalidad, la motivación y otras circunstancias concomitantes que corresponden al caso concreto, en el que se explique de manera clara y expresa cuáles son los aspectos o circunstancias que agravan o atenúan la pena, sin perjuicio de destacar que las citadas reglas de fijación de la pena inclusive se aplican aún en el caso de advertirse el concurso ideal o el concurso real de delitos en los cuales se aplica la sanción con la pena del delito más grave, siendo facultad privativa del juez aumentar el máximo hasta en una cuarta parte o hasta la mitad, conforme determinan los artículos 44 y 45 del citado adjetivo penal, respectivamente, sin que los argumentos vertidos importen modificación de los hechos probados en juicio que se hallan sujetos al principio de intangibilidad, siendo que el recurso de apelación restringida no es un medio legítimo para la revalorización de la prueba…”. De la lectura precedentemente expuesta, se puede establecer claramente que si bien es una obligación del Tribunal de alzada pronunciarse adecuadamente sobre la fundamentación de la pena en la Sentencia, cabe considerar que el precedente determina tal obligación, sine qua non el Tribunal de alzada identifique una falta de fundamentación de la pena en la Sentencia, situación ante la cual se habilita su labor reparadora de manera directa, caso contrario, no es posible emitir nueva fundamentación, si el Tribunal de alzada no ha identificado errores u omisiones formales en la imposición de la pena, no estando, en consecuencia obligado a nuevamente fundamentar y subsanar el error u omisión; por lo que del precedente no se considera contradictorio con el Auto de Vista impugnado, careciendo de objetividad y veracidad lo denunciado por el impetrante.


El recurrente, en el motivo también- ha invocado el precedente establecido en el Auto Supremo 321/2016-RRC de 21 de abril, el cual ha consignado que: “…Por lo referido y ratificando el entendimiento de que el Tribunal de alzada tiene la facultad de rectificar en forma directa las omisiones relativas a la imposición de la pena, se concluye que el Tribunal de apelación incurrió en contradicción con el precedente invocado por la parte recurrente, pues ante la ausencia de fundamentación en la Sentencia respecto a la imposición de la pena, debió proceder a una complementación fundada y no limitarse a consignar afirmaciones genéricas de que el juez de mérito cumplió con esas formalidades, sin que ello sea evidente, y sin precisar cada una de las circunstancias que deben tomarse en cuenta para el quantum de la pena, (…) Otro aspecto denunciado en el motivo de análisis, es la falta de control del Tribunal de alzada sobre la denuncia de falta de fundamentación de la Sentencia (…) “. En el mismo sentido ya expuesto, de la remisión a la Sentencia, se ha establecido la suficiencia de la fundamentación de la pena considerando los aspectos plasmados en los arts. 37, 38, 39 y 40 del CP, la que ha sido analizada por el Tribunal de alzada, estando conforme con lo fundado por el Tribunal de mérito, que no requiere mayores consideraciones siendo que el Auto de Vista no ha determinado falencias u omisiones de la Sentencia al momento de concluir la fundamentación de la pena, impuesta acorde a los hechos, la conducta y la personalidad del recurrente en la comisión de los tipos penales sancionados.


En lo que se refiere a la segunda parte del agravio denunciado en el presente motivo, se ha alegado el incumplimiento del Auto Supremo 316/2017-RRC de 3 de mayo, referente a la falta de fundamentación del Auto de Vista al resolver la denuncia de carencia de fundamentación de la Sentencia, al respecto el citado Auto Supremo emitido dentro del caso de autos señaló que: “…Ahora bien, sobre la base de estos datos y teniendo en cuenta que este Tribunal delimitó el ámbito de análisis del presente recurso al dejar constancia en el Auto de admisión 068/2017-RA de 24 de enero, que se limitaría a la verificación de la existencia o no de una falta de pronunciamiento sobre los motivos alegados por el imputado en su apelación, se advierte que la denuncia de incongruencia omisiva es evidente, puesto que el tribunal alzada no respondió a los cuestionamientos del imputado a la sentencia relativos a una supuesta falta de fundamentación, al remitirse a un análisis anterior contenido en otro acápite destinado a resolver la apelación restringida de la parte contraria, cuando le correspondía en el ámbito de las denuncias propias y particulares del imputado, emitir un pronunciamiento particular sobre cada una de ellas (…) cuando era menester sobre la base de todo el desarrollo normativo y doctrinal, descrito en el considerando cuarto del Auto de Vista impugnado, resolver a través del respectivo pronunciamiento las cuestionantes planteadas por el imputado en su apelación restringida (…)”.



Considerando que, el Auto de Vista dejado sin efecto habría incurrido en incongruencia omisiva y por ende en falta de fundamentación, por lo que correspondía al Tribunal de alzada, emitir nuevo pronunciamiento en respuesta adecuada al recurso de apelación restringida planteado por el recurrente respecto a la falta de fundamentación de la Sentencia, que revisando el recurso de apelación restringida, el recurrente en su oportunidad denunció ante la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz que la Sentencia carecía de una fundamentación probatoria descriptiva, respecto a las pruebas Nº 1 y 3, mismas señalan y explican concretamente el recurrente en su exposición de motivos, añadiendo que la Sentencia no solamente se debió consignar la relación de las pruebas testificales de cargo, sino también, consignar la fundamentación sobre las pruebas literales de cargo, donde procede a describir a las pruebas Nº 1 y 3. Asimismo observó que la Sentencia no habría hecho una correcta fundamentación probatoria intelectiva, donde disgrega los 13 incisos contenidos en la Sentencia, lo que se identifica como la fundamentación probatoria intelectiva, cuestionando al finalizar las conclusiones de hecho y derecho expuestas en la Sentencia.


Tales cuestionamientos, debieron primeramente ser resueltos en cumplimiento del Auto Supremo 316/2017-RRC de 3 de mayo, por parte del Tribunal de alzada, donde se advirtió en su oportunidad esa falta de pronunciamiento expreso, lo que se estableció como un vicio de incongruencia omisiva y falta de fundamentación. Es así que de la revisión del segundo Auto de Vista emitido (ahora impugnado), de la lectura del SEXTO CONSIDERANDO en su primer párrafo, se resuelve la denuncia de falta de fundamentación de la Sentencia por defecto del art. 370 inc. 5) del CPP, casi en el mismo sentido resuelto en el Auto de Vista 64/2016 de 18 de octubre, no llegándose a comprender del porqué el Tribunal de alzada habría nuevamente omitido dar cumplimiento a su obligación de ejercer el control de logicidad y legalidad de la Sentencia impugnada, bajo los parámetros expuestos en la apelación restringida del recurrente, pese de haberse emitido un anterior Auto Supremo en el caso de autos que obligaba al Tribunal de alzada a pronunciarse expresamente sobre los puntos apelados, que precedentemente se han identificado como parte del fundamento apelado por el recurrente, evidenciándose una total falta de motivación y fundamentación del Auto de Vista al resolver el agravio apelado relativo a la falta de fundamentación probatoria descriptiva e intelectiva de la Sentencia, reincidiendo en los mismos errores de fundamentación y congruencia identificados con anterioridad, incumpliendo el precedente obligatorio al cual concretamente debieron dar cumplimiento los Vocales del Tribunal de alzada, generando incertidumbre de los fallos para el recurrente, quién ante una resolución con notoria falta de fundamentación y motivación al resolver el agravio del recurso alegado, no fue satisfecho en la búsqueda a la respuesta de los agravios que considera prudentes de revisión, cuando la labor del Tribunal de alzada es precisamente otorgar respuestas efectivas en derecho que conlleven a garantizar la seguridad jurídica el principio de certeza en base a los fallos que se emitan en el marco de su competencia y jurisdicción. Estos entendimientos fueron asumidos por este Tribunal, mediante varios Autos Supremos y concretamente en referencia a las formas de incongruencia entre lo demandado y lo resuelto por los Tribunales de alzada, se emitió entre otros el Auto Supremo 701/2015-RRC-L de 25 de septiembre, en el que se expresó: “El debido proceso, reconocido por la Constitución Política del Estado (CPE), como derecho, garantía y principio en sus arts. 115.II, 117.I y 180.I de la CPE, garantiza a todo sujeto procesal, tener acceso a un pronunciamiento motivado y fundamentado, sobre todos los motivos alegados en cualquier recurso que la ley prevé, hecho conocido también como el principio de `congruencia´, que en términos simples significa la correlación que debe existir entre lo demandado y lo resuelto, y el cual está reconocido en nuestra Ley del Órgano Judicial (Ley 025) en su art. 17.II que estipula `En grado de apelación, casación o nulidad, los tribunales deberán pronunciarse sólo sobre aquellos aspectos solicitados en los recursos interpuestos´, así como también por el art. 398 del CPP estipula `Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución´. 


El incumplimiento a las disposiciones legales referidas precedentemente, se puede dar a través de dos situaciones, la primera sería pronunciándose sobre aspectos no demandados `ultra petita´, y la segunda al no pronunciarse sobre lo solicitado `infra petita o citra petita´; formas de resolución que vulneran el principio `tantum devolutum quantum apellatum´; y que constituyen una de las formas de incongruencia…” (Las negrillas son nuestras).


Una de las premisas del procedimiento penal y del ejercicio de la jurisdicción ordinaria es precisamente el relacionado a la correcta aplicación de la Ley, como parte del respeto al principio de legalidad, previsto implícitamente por el art. 3 del CPP, concordante con la regulación constitucional de los arts. 115 y 180 par. I de la CPE y por mandato de los arts. 3 inc. 3) y 30 inc. 6) de la LOJ, que integra el debido proceso, reconocido ampliamente por la jurisprudencia de la extinta Corte Suprema (ahora Tribunal Supremo de Justicia), considerado como un imperativo que debe ser observado por todo aquel que ejerza facultades de jurisdicción. Asimismo, en ese sentido, los Jueces y Tribunales, están obligados a dar cumplimiento al art. 124 del CPP, el cuál esta referido a la debida fundamentación de las resoluciones judiciales como reflejo de las cuestiones debatidas en la tramitación del proceso penal, que en el caso de los Tribunales de alzada, se adiciona como parte de la debida fundamentación, la debida motivación, cual se encuentra regulada por el art. 398 del CPP, que impele a fundar las resoluciones sobre todos los aspectos cuestionados de la resolución, cuyas expresiones necesariamente deben responder a argumentos taxativos, que respondan al análisis lógico, intelectivo y de legalidad como expresión de los argumentos de la resolución, tanto de manera formal, material como pragmático, para así arribar a las debidas conclusiones respecto a la comprobación de veracidad o no de las comprensiones expuestas en el recurso y/o la pretensión, que una vez de darse observancia a aquello, es considerable establecer una acorde resolución.


Por ello, respecto a la falta de fundamentación del Auto de Vista y su debida motivación, conforme a lo puntualizado y anotado precedentemente, se evidencia el incumplimiento a la doctrina legal aplicable y obligatoria por parte del Tribunal de alzada, sentada particularmente en el Auto Supremo 316/2017-RRC de 3 de mayo, inobservando no solo su atención, sino también sobre la doctrina sentada por el citado Auto Supremo 322/2013-RRC de 6 de diciembre, desarrollado en el apartado III.1 de la presente resolución, y por ende incurriendo en afectación del principio de legalidad, al no dar debida aplicación a las normas procesales, en específico al art. 420 segunda parte del CPP, correspondiendo en su efecto y consecuencia dejar sin efecto nuevamente el Auto de Vista 66/2017 de 15 de agosto, para que se emita nueva resolución y se de respuesta a los puntos identificados de la apelación restringida conforme al análisis hecho por este Tribunal.


Analizando el segundo motivo en casación, se señala que en el séptimo considerando, el Tribunal de alzada concluyó que el Tribunal de origen detalló cada uno de los tipos penales adecuando y subsumiendo su conducta. En ese sentido denuncia que el Tribunal de apelación incumplió lo establecido por el Tribunal Supremo en el anterior fallo, sin extrañar que en la Sentencia no se estableció si el documento falsificado era de carácter público o privado, como lo estableció el Auto Supremo 679/2010 de 17 de diciembre.


Nuevamente en el motivo de análisis, el recurrente acude al incumplimiento del Auto Supremo 316/2017-RRC de 3 de mayo en relación a la falta de pronunciamiento sobre los puntos de apelación, en particular sobre el control de legalidad en la denuncia que el impetrante hizo sobre la errónea aplicación de los arts. 335, 346 bis y 203 del CP, que al respecto el precedente estableció que el Tribunal de alzada debía también- pronunciarse sobre los motivos de apelación en relación a los arts. 335, 346 bis y 203 del CP, evidenciándose una omisión al no dar una adecuada fundamentación sobre el motivo apelado.


Se ha establecido por parte de este Tribunal Supremo de Justicia que el Tribunal de alzada al momento de resolver aspectos que tengan que ver con la inobservancia o errónea aplicación de le Ley sustantiva, tiene facultades para realizar el control de subsunción y verificar si evidentemente el Juez o Tribunal de mérito ha incurrido en un error de tipicidad al adecuar el hecho a la conducta del imputado, conforme se ha señalado en el Auto Supremo 134/2013-RRC de 20 de mayo, al aludir a la labor de subsunción que: “…Una vez desarrollada la audiencia en sus distintas fases, incluida la actividad probatoria de las partes, corresponde al Juez o Tribunal de Sentencia resolver aquellas cuestiones relativas a la comisión del hecho punible, que determine en su caso la absolución o la condena del imputado, debiendo la sentencia contener la exposición de los motivos de hecho y de derecho en que se funda conforme se tiene establecido en el art. 360 inc. 3) del CPP. En este ámbito, debe tenerse en cuenta que la labor de subsunción, es una tarea lógica del aplicador para determinar si el hecho específico legal, o la consecuencia jurídica establecida por la norma coincide o difiere; consecuentemente, lo que debe hacer el juzgador es encuadrar el hecho específico concreto en el hecho específico legal.


Por tal razón, toda sentencia condenatoria se conforma de dos operaciones, sin perjuicio de que las mismas se descompongan en otras varias. Una primera operación, se concentra en determinar el hecho probado; y la segunda, una vez conocido el hecho se ocupa de la labor de subsunción del hecho en alguno o algunos preceptos penales. A la primera se la llama juicio histórico o fundamentación fáctica y la segunda es conocida como juicio jurídico o fundamentación jurídica y ambas deben gozar de una adecuada fundamentación. Esta exigencia de la motivación tiene un fundamento de carácter constitucional y permite que la Sentencia se justifique objetivamente, además de exteriorizar una ineludible convicción judicial. Esto implica que la Sentencia ha de ser racional, de manera que la convicción del Juez no puede basarse en la intuición o sospecha, sino que el mismo debe proceder de la prueba practicada en el juicio. Solo una convicción derivada de la prueba es atendible, por lo que cualquier otra convicción que procede de un motivo ajeno no es adecuada al razonamiento judicial y es pura arbitrariedad, por lo que la motivación sirve de control para evitar que se dicten las sentencias basadas únicamente en certidumbres subjetivas del Juez, pero carentes de todo sustento probatorio. 


En cuanto al control de la subsunción jurídica, corresponde precisar que la exteriorización del razonamiento efectuado por el Juez o Tribunal de Sentencia, permite su control al Tribunal de apelación, por ello la motivación de la Sentencia debe reflejar el razonamiento encaminado a la aplicación de la norma general al caso juzgado, trasladando la valoración genérica que el legislador ha expresado en la norma general a un supuesto de hecho concreto. La legitimidad de este procedimiento depende de la corrección con la que se haya inferido la decisión jurídica.


Por otra parte, debe tenerse presente que en el juicio sobre la observancia de la ley sustantiva existen limitaciones, como la falta o insuficiencia de determinación del hecho que sirve de sustento a la calificación jurídica, que impide constatar si la ley ha sido bien o mal aplicada y fundamentalmente los problemas ligados a la interpretación de los conceptos jurídicos que integran la ley sustantiva y a la subsunción jurídica. Para superar estas limitaciones, el Tribunal de apelación al realizar la labor de control de la subsunción debe partir del hecho acusado, para saber si corresponde o no subsumirlo en el tipo o tipos penales acusados, siendo además importante interpretar los conceptos jurídicos que integran la ley sustantiva; de ese modo, el Tribunal de casación podrá cumplir con su labor de uniformar la jurisprudencia, estableciendo criterios rectores que permitan la aplicación del principio de seguridad jurídica…”. Con base a lo expuesto, se establece que ante la formulación del recurso de apelación restringida por aspectos sustantivos, corresponde al Tribunal de apelación en ejercicio de la competencia que la ley le asigna, de controlar a partir de los elementos constitutivos de cada delito, si el Juez o Tribunal a quo realizó la adecuada subsunción del hecho a los tipos penales acusados, realizando al efecto la correspondiente motivación.


De lo circunscrito, analizando el SEPTIMO CONSIDERANDO del Auto de Vista impugnado, si bien da cumplimiento a lo manifestado por el Auto Supremo 316/2017-RRC de 3 de mayo, en relación a resolver expresamente la apelación respecto a la aplicación de los arts. 335, 346 bis y 203 del CP; empero, no fundamenta ni motiva de manera alguna si la labor de subsunción del Tribunal de mérito fue la correcta mediante la realización de la operación lógica de control de legalidad para determinar si evidentemente corresponde aplicar los tipos penales al hecho acusado en la conducta manifestada por el imputado, estableciendo además- si el documento considerado como falso por el Tribunal de Sentencia, es de tipo privado o público, observando de manera correcta la doctrina legal del precitado Auto Supremo 134/2013-RRC de 20 de mayo, bajo cuyos parámetros debió actuar el Tribunal de alzada, lo cual no se observa en la exposición de los argumentos trazados en el Auto de Vista sobre el agravio denunciado, no pudiendo eludir tal obligación en base a alegatos evasivos, carentes de sustento legal y de razón suficiente, conforme se ha llegado a evidenciar objetivamente en la resolución impugnada.

De aquello se deja claramente establecido que al momento en que se produce la determinación del hecho y su correspondencia con algún tipo penal que describe una conducta como delictiva, es necesario que en esa labor el juzgador se encuadre al cumplimiento del principio de legalidad. Se entiende que ésta labor es netamente de puro derecho, por ende no se trata de una cuestión de hecho, ya que se circunscribe a la labor eminentemente de subsunción; fundando la resolución en verificar la existencia o no del defecto sustantivo o el llamado error in iudicando, lo que conlleva a la obligación del Tribunal de alzada a verificar si la subsunción hecha por el de mérito fue la correcta y si en esta verificación se ha respetado la correcta atención al principio de legalidad pura. Por ello, al no  haberse respetado el debido control de legalidad sobre la subsunción de la conducta y del hecho a los tipos penales condenados por el Tribunal de instancia, es evidente que el Tribunal de apelación ha incurrido en incongruencia omisiva, al no otorgar una respuesta clara sobre la cuestión planteada en apelación, no respetando los parámetros de los principios de tutela judicial efectiva, motivación y fundamentación como componentes del debido proceso, provocando con ello indefensión y negación de acceso a la justicia y falta de idoneidad al momento de emitir un fallo, que relativo al motivo apelado, no ha sido justamente resuelto, recayendo en la necesidad de dejar sin efecto el Auto de Vista impugnado por tales motivos y falencias identificadas.


Concluyendo, al respecto se tiene que de la revisión del precedente invocado por el recurrente en el Auto Supremo 679/2010 de 17 de diciembre, en su doctrina legal se ha establecido que: “…Los tribunales de apelación y de casación tienen la labor de revisión minuciosa de los antecedentes del proceso y verificar si los tribunales o jueces inferiores observaron el cumplimiento de las normas que regulan su tramitación, y advirtiendo defectos absolutos, éstos deben ser corregidos, aún de oficio, por el Tribunal de alzada o casación, según el caso. Frente a la calificación del hecho endilgado a un delito en la querella, es responsabilidad del a quo tratándose de delitos de falsificación de documentos realizar un análisis y determinar si el instrumento alterado es de carácter público o de orden privado a los efectos de la calificación del hecho. De acuerdo a la dogmática penal, una minuta, a la que se otorga por acuerdo de partes en una de sus cláusulas la calidad de escritura privada y estando a su vez reconocida, ostenta sin lugar a duda la naturaleza indiscutible de documento privado porque no reúne los requisitos señalados en el artículo 1287 del Código Civil, y artículos 1, 22, 23, 24 y 25 de la Ley del Notariado. En consecuencia, el tipo adecuado para el presente caso de falsedad es el tipificado en el artículo 200 del Código Penal y no el 198 del Código Penal, como falsa y erróneamente fue tipificado, dado que una protocolización no convierte un documento privado en público, tenida cuenta que la protocolización según el derecho notarial tiene peculiares efectos…”. En relación a ello, es menester hacer referencia a los principios moduladores del recurso de casación, concebidos en el Auto Supremo 322/2012-RRC de 4 de diciembre, que puntualizó: “…Cuando la norma se refiere a una situación de hecho similar, considera esta Sala que el legislador se refiere a supuestos fácticos análogos, siendo necesario precisar que en materia sustantiva el supuesto fáctico análogo exige que el hecho analizado sea similar; en cambio, en materia procesal el supuesto fáctico análogo se refiere a una problemática procesal similar…”. Entonces se dice que para que el precedente sea similar en materia sustantiva, debe estar relacionado a un hecho análogo o similar, sin la cual no es posible realizar correctamente la labor de contrastación, y en base a lo señalado, de la revisión del hecho que resuelve el Auto de Vista y del hecho que resuelve el precedente, se comprueba que los hechos resueltos no son similares, debido a que el precedente resuelve la labor de subsunción de los delitos descritos en los arts. 198 y 200 del CP, respecto a su errónea aplicación; empero no resuelve concretamente la subsunción en relación al delito inmerso en el art. 203 del CP y su control de legalidad, por lo que careciendo de entidad fáctica análoga, el precedente no es contradictorio con el Auto de Vista.


Resolviendo el tercer motivo de casación, admitido para el efecto, se recurre aduciendo que en el considerando octavo del Auto de Vista, el Tribunal de apelación se pronunció sobre la prueba Nº 20, señalando que era cierto que el derecho propietario de Francisco Mendoza Rosales fue anulado el 2 de diciembre de 2011, denunciando que el Tribunal de alzada revalorizó la prueba, incurriendo nuevamente en incongruencia omisiva al no pronunciarse sobre las otras pruebas cuestionadas de mal valoradas como las testificales 1, 5, 6 y 7.  Invoca los Autos Supremos 316/2017-RRC de 3 de mayo, 176/2013-RRC de 24 de junio, 438 de 15 de octubre de 2005, 504/2007 de 11 de octubre, 277/2008 de 13 de agosto, 200/2012-RRC de 24 de agosto y 014/2013-RRC de 6 de febrero.


El recurrente, invoca una vez más el incumplimiento de lo dispuesto por el  Auto Supremo 316/2017-RRC de 3 de mayo, que sobre la denuncia de defectuosa valoración de la prueba sostuvo que: “…A lo señalado debe agregarse que el imputado a través de su apelación en el acápite III alegó como motivo la errónea valoración de prueba en vulneración del art. 173 del CPP, haciendo puntual referencia a la prueba literal 20 que consistiría en una certificación de derechos reales de 14 de marzo de 2013, sin que dicha problemática haya sido abordada por el Tribunal de alzada al emitir el Auto de Vista impugnado de casación, que por un lado se remitió en una primera parte al análisis efectuado al recurso de la parte contraria emitiendo pronunciamiento únicamente sobre la denuncia de falta de fundamentación respecto a la imposición de la pena, incurriendo en una evidente incongruencia omisiva que además de significar la inobservancia del art. 398 del CPP que impone a los tribunales de alzada circunscribir sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución,  genera contradicción con los Autos Supremos invocados en calidad precedentes, cuya doctrina establece la obligación del Tribunal de alzada de atender y resolver todas las cuestiones alegadas en apelación, extremo no sucedido en el caso de autos…”.


Del precedente emitido en el caso de autos, se colige con meridiana claridad que al momento de interponer el primer recurso de casación, el 16 de noviembre de 2016, de fs. 3033 a 3040 vta., y de acuerdo al entonces Auto Supremo 68/2017-RA de 24 de enero, de fs. 3049 a 3051 vta., que declaró la admisión de dicho recurso, el recurrente únicamente hizo alusión a la falta de control del iter lógico en que hubiera incurrido el Tribunal de alzada sobre la defectuosa valoración de la prueba Nº 20, que resulta contrario a lo que afirma en el presente recurso de casación, no ha denunciado en aquel entonces al momento de interponer su recurso de casación, la falta de control del iter lógico de las pruebas testificales 1, 5, 6 y 7, por lo que el Auto Supremo 316/2017-RRC de 3 de mayo, únicamente, entre otros fundamentos, dejó sin efecto el Auto de Vista 64/2017 a los fines de que el Tribunal de alzada se pronuncie sobre la denuncia de defectuosa valoración de la prueba documental Nº 20, en correspondencia al principio recursivo tantum devolutum, quantum apellatum; al que se apegó estrictamente el Tribunal Supremo de Justicia al resolver el recurso de casación de entonces, por lo cual, al no haber sido cuestionado en casación la falta de control del Tribunal de alzada por la defectuosa valoración de las pruebas testificales 1, 5, 6 y 7 en que hubiera incurrido el Tribunal de Sentencia, por lógica razón el Tribunal Supremo de Justica al emitir el Auto Supremo 316/2017-RRC de 3 de mayo, no podía declarar su omisión e incongruencia omisiva, circunstancias por las cuales, habiendo superado anteriores etapas de impugnación, y delimitado el objeto del reenvío que se dispuso por parte de esta Sala Penal al dejar sin efecto el anterior Auto de Vista, no corresponde considerar aspectos que no han merecido consideración previa, que el recurrente pretende retrotraer, cuando en ejercicio de su propia facultad recursiva, en casación no ha denunciado lo que al presente aduce en casación, siendo que se ha dispuesto de manera determinante que el Tribunal de alzada se pronuncie sobre el control del iter lógico respecto a la prueba Nº 20 denunciada como defectuosa en su valoración en la apelación restringida.


Habiendo realizado necesariamente una correcta compulsa de lo obrado al presente, internándose a la revisión del Auto de Vista impugnado, en su OCTAVO CONSIDERANDO, el Tribunal de alzada, evidentemente ingresa a hacer un control de logicidad sobre la prueba Nº 20 que en la Sentencia se ha plasmado dicho análisis en sus CONCLUSIONES DE HECHO numeral 2, a lo que el Tribunal de alzada expresa pronunciamiento respecto al iter lógico que llevó a deducir la incidencia de la prueba cuestionada como defectuosamente valorada, lo que no significa necesariamente revalorización de la prueba indicada, sino únicamente un control respecto de los razonamientos arribados por el Tribunal de Sentencia y sus conclusiones, por lo que la denuncia efectuada respecto a la revalorización de la prueba Nº 20, no es evidente para poder declarar como fundado el motivo en casación, al no considerarse que la exposición y motivación del Auto de Vista en lo particular, sea una revalorización probatoria como tal, por tratarse de un control de logicidad simplemente y concreto.


El recurrente a su vez invoca como precedente contradictorio el Auto Supremo 176/2013-RRC  de 24 de junio, el cual señaló que: “…El resumen anterior, demuestra que el Tribunal de alzada evidentemente incurrió en revalorización de prueba como denuncia el recurrente, pues en el contenido de la Resolución impugnada, efectuó un análisis de la prueba introducida en el juicio oral, respecto a la cual no tuvo una relación directa con los beneficios que conlleva el principio de inmediación, que hace al juicio oral en el actual sistema procesal penal; más aún, cuando examinando la prueba testifical recibida en el contradictorio, llegó a la conclusión de que existió el delito, y peor aún, estableció la responsabilidad penal de los tres imputados, lo que indudablemente vulnera principios elementales del proceso penal, tales como la inmediación, la contradicción, la legítima defensa y la prohibición de doble instancia, contrariando groseramente los postulados del proceso penal acusatorio, en los que se sustenta el procedimiento penal boliviano y también la profusa doctrina legal que insistentemente estableció cuál la función que debe cumplir el Tribunal de alzada al resolver los recursos de apelación restringida, así como la prohibición de ingresar a una revalorización de la prueba judicializada en el acto de juicio…”. Del análisis del Auto de Vista impugnado, en la resolución del motivo apelado, el Tribunal no establece responsabilidad penal, tampoco como se adelantó- revalorizó la prueba documental Nº 20, no existiendo por defecto la contradicción alegada con el precedente invocado, que de ninguna manera atenta contra el principio de inmediación.


Asimismo, invoca el precedente como contradictorio del Auto Supremo 438 de 15 de octubre de 2005, que estableció la siguiente doctrina legal aplicable: “…que la línea jurisprudencial sobre la valoración de la prueba y los hechos es de exclusiva facultad de Jueces y Tribunales de Sentencia, son ellos los que reciben en forma directa la producción de la prueba y determinan los hechos poniendo en práctica los principios que rigen el juicio oral y público; el análisis e interpretación del significado de las pruebas y de los hechos son plasmados en el fundamento de la sentencia, ahí es donde se expresa la comprensión del juzgador con claridad, concreción, experiencia, conocimiento, legalidad y lógica; esa comprensión surge de una interacción contradictoria de las partes, de esa pugna de validación de objetos, medios e instrumentos de prueba que se da dentro del contexto del juicio oral y público; la objetividad que trasciende de la producción de la prueba no puede ser reemplazada por la subjetividad del Tribunal de Apelación; éste se debe abocar a controlar que el fundamento sobre la valoración de la prueba y de los hechos tenga la coherencia, orden y razonamientos lógicos que manifiesten certidumbre…” En el mismo sentido, ante la no revalorización, ni tampoco ante la evidencia de subjetivismos por parte del Tribunal de alzada al momento de exponer los razonamientos lógicos que llevaron al Tribunal de Sentencia a considerar en sus conclusiones la prueba Nº 20 como indicativo que conmuta con las otras pruebas, como base del principio de comunidad probatoria, no es procedente declarar cierta la contradicción del Auto de Vista y del precedente, siendo que no se ha podido establecer de qué manera el Auto de Vista impugnado podría ser contradictorio al precedente invocado.


Se invocó también por el recurrente el precedente del Auto Supremo 504/2007 de 11 de octubre, el cual no puede ser sujeto de contradicción debido a que el mismo no contiene doctrina legal aplicable para poder realizar una correcta labor de contrastación con el Auto de Vista, siendo equívocamente invocado por el recurrente.


Consiguientemente, el recurrente invocó como precedente también- el Auto Supremo 277/2008 de 13 de agosto, que resolvió: “…La función principal del Tribunal de alzada es pronunciarse respecto de la existencia de errores "injudicando" o errores "improcedendo" en que hubiera incurrido el tribunal a quo (Juez o Tribunal de Sentencia) de acuerdo a la previsión del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, consecuentemente el Tribunal de alzada sin necesidad de reenvío puede subsanar errores de derecho existentes en el proceso pero sin revalorizar la prueba, ya que lo contrario significaría desconocer el principio de inmediación que se constituye en el único eje central en la producción probatoria reservada exclusivamente para los Tribunales de sentencia sean estos colegiados o unipersonales. El Tribunal de Sentencia, sea unipersonal o colegiado llega a la certeza de culpabilidad o absolución examinando todas las pruebas introducidas y valorando las mismas bajo el sistema de la sana crítica, en consecuencia el Tribunal de apelación no se encuentra en condiciones de cambiar la situación jurídica de absuelto a culpable o a la inversa, por no tener facultades de revalorización de la prueba y por la imposibilidad material de aplicación del principio de inmediación, lo contrario significaría volver a la posibilidad de revocar los fallos valorando pruebas que nunca se presenciaron ni fueron parte de estos actos procesales y en consecuencia incurrir en violación a la garantía constitucional del debido proceso. Que, si el Tribunal de apelación advierte error injudicando en la sentencia, en la fundamentación de la resolución que no haya influido en la parte resolutiva, en aplicación a lo previsto por el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, podrá corregir sin necesidad de reenvío del proceso, empero, si el error en la fundamentación es determinante para el cambio en la situación jurídica del imputado, observando lo dispuesto por el artículo 413 del mismo Código Adjetivo Penal, debe anular la sentencia total o parcialmente, dado el caso específico y ordenar la reposición del juicio por otro juez o tribunal, precisando en forma concreta el objeto del nuevo juicio. Finalmente, por lo expuesto, este Tribunal de casación considera innecesario ingresar a considerar el fondo de las demás argumentaciones del recurso, sin dejar de lado que, cuando se violan las formas sustanciales del debido proceso, la anulación es válida y también la consecuente retracción del proceso a etapas anteriores con el fin de renovar los actos invalidados, consecuentemente el plazo transcurrido como emergencia de la invalidez no podría ser refutado como injustificado o indebido…”. Circunscribiendo el análisis del agravio al precedente, en este último se debaten cuestiones ajenas a la analogía de la cuestión procesal planteada por el recurrente, siendo que el precedente resuelve la problemática procesal respecto a la facultad de los arts. 413 y 414 del CPP, al tiempo de considerar cambiar la situación jurídica del imputado por parte el Auto de Vista, empero no resuelve de manera particular y análoga la cuestión relativa al control del iter lógico que hace el Tribunal de alzada sobre la denuncia en apelación de defectuosa valoración de la prueba, tal como lo ha establecido el ya citado Auto Supremo 322/2012-RRC de 4 de diciembre, al establecer las condiciones que debe cumplir el precedente en cumplimiento al art. 416 y 417 del CPP, a los fines de realizar la labor de contraste; por lo que no siendo análogas las problemáticas procesales planteadas del precedente con el Auto de Vista, no tiene razón suficiente lo alegado por el recurrente. En el mismo sentido, se aplica el razonamiento expuesto sobre el siguiente precedente que se invoca como contradictorio descrito en el Auto Supremo 200/2012-RRC de 24 de agosto, que ha resuelto en similar sentido a lo argumentado en el presente análisis, no estableciéndose su contradicción.


Finalmente se invoca el Auto Supremo 014/2013-RRC de 6 de febrero, que ha sido emitido dentro un proceso penal por los delitos de Violación a Niño, Niña o Adolescente, cuya doctrina fundó que: “…Una vez introducida la prueba de cargo y descargo al proceso, desarrollados  los actos y pasos procesales inherentes a la sustanciación del juicio oral, realizados los actos de cierre por las partes y clausurado el debate, corresponde al Juez o Tribunal dictar una Sentencia, cimentada en la decisión asumida en la deliberación, sobre la base de lo visto, oído y percibido en la audiencia de juicio, efectuando la labor de valoración e interpretación siguiendo las reglas de la sana crítica, apreciando individual e integralmente las pruebas desfiladas y sometidas a la contradicción ante sus sentidos. Aquellas expresiones y la exposición de las razones que hacen a la decisión asumida permitirá al Tribunal de alzada, establecer si la sentencia recurrida responde a cánones de racionalidad en la decisión sobre los hechos sometidos al debate de juicio, o bien entrar en la corrección de la aplicación del derecho con el objetivo de que sea posible su control por los órganos judiciales superiores competentes, para evitar toda posible arbitrariedad en el ejercicio de la función jurisdiccional y, al mismo tiempo, ofrecer satisfacción al derecho de los ciudadanos del Estado a la tutela judicial efectiva.


Es así que, el Tribunal de alzada al resolver el recurso de apelación restringida, tiene el deber, dentro de un juicio de legalidad, de ejercer el control de la valoración de la prueba realizada por el Juez o Tribunal de Sentencia, a efecto de constatar si se ajusta a las reglas de la sana crítica y contenga una debida fundamentación; además, que las conclusiones contenidas en la sentencia no sean contradictorias o conducentes a un absurdo lógico en desmedro de la parte imputada, no correspondiendo la anulación de la sentencia, por ende la reposición del juicio, cuando aquella contiene la debida fundamentación fáctica, descriptiva e intelectiva, conforme las exigencias previstas en el art. 173 del CPP, por tanto expresa la razonabilidad y motivación de parte del Tribunal o Juez de Sentencia…”. Se establece que el precedente evidentemente resulta ser análogo a la cuestión planteada en el Auto de Vista y observada por el recurrente, e introduciendo la contrastación del precedente con la resolución impugnada, se deduce que el Auto de Vista al ingresar a realizar el control lógico de la prueba Nº 20, de acuerdo a lo ampliamente manifestado durante la exposición de los fundamentos expuestos en el análisis del presente motivo en casación, no es evidente la revalorización que se aduce, siendo que el Tribunal de alzada no ha establecido contradicciones en la valoración de la prueba, sino que ha establecido la lógica que ha asumido el Tribunal de Sentencia en la valoración que hace del medio de prueba cuestionado con los demás elementos probatorios incorporados al juicio oral, exponiendo su logicidad, concluyéndose por ello, que el Auto de Vista, tampoco es contradictorio con el precedente invocado citado al presente, deviniendo en consecuencia el tercero motivo en infundado conforme al art. 419 del CPP.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara  FUNDADO en parte el recurso de casación únicamente sobre los motivos primero y segundo interpuesto por Carlos Sumoya Montaño, de fs. 2283 a 2290 vta.; y por consiguiente, con los fundamentos expuestos precedentemente; y en aplicación del art. 419 del CPP, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 66 de 15 de agosto, disponiendo que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, previo sorteo y sin espera de turno, pronuncie una nueva resolución en conformidad a la doctrina legal establecida en la presente resolución y conforme a los alcances establecidos.


A los efectos de lo previsto por el art. 420 del CPP, hágase conocer mediante fotocopias legalizadas el presente Auto supremo a los tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, para que por intermedio de sus Presidentes, pongan en conocimiento de los Jueces en materia penal de su jurisdicción.


En aplicación del art. 17-IV de la LOJ, por secretaría de la Sala comuníquese el presente auto supremo al Consejo de la Magistratura.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos