TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 406/2018-RRC

Sucre, 11 de junio de 2018

 

Expediente                        Cochabamba 69/2017

Parte Acusadora                Ministerio Público y otro

Parte Imputada                Mario Orellana Mamani 

Delitos                        Falsedad Ideológica y otro

Magistrado Relator        Dr. Edwin Aguayo Arando

 

RESULTANDO

 

Por memorial presentado el 10 de octubre de 2017, cursante de fs. 375 a 377,  Ruddy Pérez Arias en su calidad de apoderado de Iván Jorge Canelas Alurralde Gobernador del Departamento de Cochabamba, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 21/2017 de 26 de septiembre, de fs. 355 a 359 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y la parte recurrente contra Mario Orellana Mamani, por la presunta comisión de los delitos de Falsedad Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado, previstos y sancionados por los arts. 199 y 203 del Código Penal (CP), respectivamente.

 

I. DEL RECURSO DE CASACIÓN

 

I.1.  Antecedentes.

 

  1. Por Sentencia 49/2015 de 25 de agosto (fs. 251 a 268), el Tribunal Primero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, declaró a Mario Orellana Mamani absuelto de culpa y pena de la comisión de los delitos de Falsedad Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado, previsto y sancionado por los arts. 199 y 203 del CP, disponiendo la cesación de las medidas cautelares impuestas en su contra.

 

b)           Contra la mencionada Sentencia, Francisco Iván Valenzuela Quevedo y Alfredo Villarroel Matamoros en representación de la Gobernación del Departamento de Cochabamba (fs. 279 a 284 vta.), interpusieron recurso de apelación restringida, que fue resuelto por Auto de Vista 21/2017 de 26 de septiembre, dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que declaró improcedente el recurso planteado; en consecuencia, confirmó la Sentencia apelada.

 

I.1.1. Motivo del recurso de casación.

       

En conocimiento del mencionado recurso, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia emitió juicio de admisibilidad mediante Auto Supremo 089/2018-RA de 26 de febrero, por medio del que se dispuso la apertura extraordinaria de competencia flexibilizando los requisitos procesales contenidos en los arts. 416 y siguientes del Código de Procedimiento Penal (CPP), ante la denuncia fundamentada de vulneración de derechos y garantías constitucionales, de tal cuenta se determinó el margen de análisis de fondo bajo los siguientes parámetros:


La parte recurrente denuncia que a pesar que el imputado enmarcó su conducta a los tipos penales imputados, ni la Sentencia ni el Auto de Vista por realizaron una valoración de la prueba MP-2 (Formulario de residencia que otorgaba la “Corte Nacional del Estado Plurinacional de Bolivia”), en el cual hubiera insertado datos falsos de forma dolosa estampando su firma y nombre al pie del mismo siendo el perjuicio la falsedad y la utilización de ese instrumento falsificado que le permitió al imputado ser Asambleísta del Departamento de Cochabamba. La Sentencia y el Auto de Vista no consideraron las pruebas aportadas en juicio que demostraban la comisión del hecho, lo cual generó la existencia de defectos de la Sentencia contenidos en los arts. 370 incs. 1), 5) y 6) del CPP, teniendo como resultado la vulneración de su derecho constitucional al debido proceso en su vertiente de la debida fundamentación y la correcta valoración de las pruebas.

 

Agregó, que de la revisión del considerando II de la Sentencia en la valoración de la prueba documental del Ministerio Público, con relación a las pruebas MP-2, MP-3, MP-4, MP-5, MP-6, MP-7 y MP-8, solamente realiza la valoración descriptiva y no se le otorga una valoración intelectiva, sin llegar a valorar de manera concreta y explicita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, tampoco se les asigna valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada; es decir, no se mencionan si dichas pruebas son relevantes o irrelevantes, de importancia o sin importancia o por ultimo si tan solo son corroborativas, sin tener en cuenta que el presente proceso penal nació desde el conocimiento de la documentación asignada como MP-2 y las pruebas MP-16, MP-19, MP-20, AP-16, AP-17 y MP-5 que corroboraban la falsedad; por lo tanto, al valorar dichas pruebas no existió un manejo correcto de las normas de la sana crítica, como ser la lógica, la experiencia común y la psicológica, lo cual conlleva a que la Sentencia impugnada incurre en lo previsto en el art. 370 incs. 5) y 6) del CPP y la vulneración de los arts. 124 y 173 del CPP; aspecto que, fue ratificado ilegalmente por el Auto de Vista.

 

I.1.2. Petitorio.

 

Solicitó que previa admisión del recurso la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, lo declare fundado dejando sin efecto el Auto de Vista 21/2017 de 26 de septiembre.

 

II. ANTECEDENTES PROCESALES VINCULADOS AL RECURSO

 

II.1.  De la Sentencia.

 

Por Sentencia 49/2015 de 25 de agosto, el Tribunal Primero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, declaró a Mario Orellana Mamani absuelto de culpa y pena de la comisión de los delitos de Falsedad Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado, previsto y sancionado por los arts. 199 y 203 del CP, disponiendo la cesación de las medidas cautelares impuestas en su contra. Este fallo tuvo los siguientes argumentos:

 

  1. En cuanto al hecho objeto del proceso: el 2009, cuando el acusado cumplía funciones de Consejero Departamental por la provincia Murillo de la Prefectura del Departamento de La Paz, fue designado Consejero Departamental en representación del Municipio de La Paz. Con ello al margen de que Mario Orellana Mamani establecer su domicilio en la ciudad de La Paz, en las gestiones 2008 y 2009 el mismo tenía como centro de actividades laborales esa ciudad. A pesar de ello llegadas los comicios electorales del 2010, el imputado se presentó como postulante a asambleísta departamental de Cochabamba y entre la documentación habilitante presentó Declaración Jurada de 6 de febrero de 2010, sosteniendo que residía en el departamento de Cochabamba de forma permanente dos años anteriores a la elección, omitiendo que hasta el año 2009 tenía residencia, domicilio y actividad laboral en el departamento de La Paz, por lo que habría insertado declaraciones falsas en un documento público respecto a extremos y hechos que el documento debía demostrar para su posterior presentación, ante una entidad pública como lo es el Órgano Electoral, con el fin de habilitarse como candidato y posteriormente ser designado como Asambleísta Departamental de Cochabamba.   

 

  1. En cuanto a los hechos probados se tuvo sobre el acusado Mario Orellana Mamani que: 1) Fue miembro del extinto partido político Movimiento sin Miedo, efectuaba actividad partidaria en las ciudades de La Paz y Cochabamba, en esta última los fines de semana; 2) La gestión 2006, ejerció funciones en la Asamblea Constituyente representando a la ciudad de La Paz, el 2009 como Consejero Departamental también en La Paz, municipio La Paz, en consecuencia, tenía también su domicilio asentado en aquel departamento; y, 3) Se presentó como candidato a Asambleísta Departamental de Cochabamba en las Elecciones Departamentales y Municipales 2010, presentando entre varios requisitos la Declaración Jurada de Candidata/Candidato llenando sus datos en un formulario        pre-impreso de la Corte Nacional Electoral (CNE), estampando su firma al pie del mismo.

 

  1. En cuanto a los hechos no probados, la Sentencia en descripción señalo: i) El formulario pre impreso emitido por la CNE que lleva el rótulo de Elecciones Departamentales y Municipales 2010, suscrito por el acusado, una vez llenado sus datos, constituya un instrumento público, tampoco un documento público; ii) La presentación de la candidatura a Asambleísta Departamental en esos comicios electorales, sin cumplir uno de los requisitos habilitantes para ello, generó perjuicio al Departamento de Cochabamba; iii) El perjuicio de acción desplegada por el acusado con la presentación de la Declaración Jurada de Candidata/Candidato menoscabó otro bien jurídico protegido por el Estado distinto a la fe pública; iv) El acusado utilizó un instrumento público para presentar su candidatura; v) El acusado incorporó datos falsos en un instrumento público, tampoco un documento público.

 

  1. Las consideraciones en torno a la descripción y valoración de las pruebas se centraron en:


“P-2: consistente en literal en fotocopia legalizada del formulario extendido por la CNE, bajo el título de Elecciones Departamentales y Municipales 2010, Declaración Jurada de Candidata/Candidato, suscrita en la parte inferior por Mario Orellana Mamani, en Cochabamba el 6 de febrero de 2010, además de llevar el sello del Movimiento sin Miedo Justicia y Dignidad, la Fuerza del Cambio.

 

Se tiene dos puntos, el a) Los datos del candidato; y, b) Declaración impresa de cumplimiento de los requisitos establecidos en la Constitución Política del Estado (CPE) y las Leyes del estado, respecto a la residencia de forma permanente al menos los dos años inmediatamente anteriores a la elección en el departamento, región o municipio correspondiente y que el candidato no está comprendido en los casos de prohibición y de incompatibilidad establecidos en el art. 238 de la CPE y el art. 27 de la Ley 4021 Ley del Régimen Electoral Transitorio.

   

“MP-5, fotocopia de la cédula de identidad correspondiente al imputado Mario Orellana Mamani obtenida el 16 de enero de 2010, consignándose sus datos de nacimiento en Sicaya Capinota Cochabamba, soltero, estudiante y domicilio c/ Juan Román 10.

 

Valoración: Dentro del conjunto de las pruebas se acreditó que el imputado presentó la documentación habilitante ante la entonces CNE, acreditándose también el cumplimiento de los requisitos habilitantes para acceder al cardo de Asambleísta Departamental.

 

MP-16: certificado extendido por la Prefectura del Departamento de La Paz a través del Secretario General a.i., el 28 de mayo de 2010, indicando que el acusado ejerció el cargo de Consejero Departamental representante de la Provincia Murillo, La Paz, desde el mes de febrero de 2009 al mes de diciembre de la misma gestión.

 

MP-19: Fotocopias legalizadas de los formularios de verificación del quorum para las sesiones del Consejo Departamental de La Paz, ordenadas por representación provincial, consignándose Provincia Murillo, La Paz, como concejero a Mario Orellana Mamani.  

 

MP-20: fotocopias legalizadas de la certificación y declaraciones juradas efectuadas por el acusado a la conclusión de la relación laboral con la HAM de La Paz, en el cargo de asesor y antes de tomar posesión del cargo de Asambleísta Departamental del Gobierno Autónomo departamental de Cochabamba, el 27 de mayo de 2010, consignándose como cargos del declarante Asesor del HAM de La Paz y Consejero de la Prefectura de La Paz.

 

Valoración: relevantes a efectos de verificar que el acusado mucho antes del 2008 vivía en la ciudad de La Paz, donde obtuvo su cédula de identidad el 2 de abril de 2008, tenía actividades laborales tanto en el municipio de esa ciudad en calidad de Asesor; por un lado y por otro, desempeñó la función de Consejero Departamental por la Provincia Murillo de ese Departamento designado por el entonces Alcalde Municipal Juan del Granado Cosio, ejerciendo dicha función según certifica el Secretario General de la entonces Prefectura del Departamento y en tal condición asistió a todas las sesiones ordinarias y extraordinarias. 


 AP-16: fotocopia del certificado de inscripción electoral del acusado acreditando su inscripción en el Padrón Nacional Electoral, con domicilio en el departamento de La Paz, provincia Murillo, dirección San Pedro Av. 20 de octubre No. 1821.

 

AP-17: fotocopia de la certificación extendida por la Junta de vecinos Alto Sopocachi, Cristo Rey, indicando que el acusado es vecino de ese barrio, teniendo como domicilio la casa ubicada en la Calle Carlos Romero No. 2266.

 

  1. Fundamentación jurídica: la actividad probatoria desplegada por la acusación se basa en el formulario extendido por la entonces CNE, con el título de declaración Jurada de Candidata/Candidato, suscrita en la parte inferior por el acusado. Dos testificales coinciden en afirmar que dicho formulario era obtenido no precisamente por entrega de algún funcionario de la CNE, mucho menos de un Notario de Fe Pública, sino de la fotocopiadora instalada en inmediaciones del edificio, a objeto que sea el propio candidato quien llene los datos, suscriba y sea entregado por el delegado de la agrupación a la CNE, este fue el procedimiento utilizado en las elecciones subnacionales del 2010, en las que precisamente el acusado fue designado delegado del partido político MSM, según también fue reconocido por el testigo Oscar Villafán Gonzales, que respalda esta afirmación y su visión en calidad de entonces candidato es que a partir de las elecciones del 2014, la acreditación de domicilio ya era más seria porque se realizaba ante un Notario de Fe Publica con dos testigos lo que no ocurrió el año 2010.     

 

“El documento base que sostiene la hipótesis de la acusación fiscal y particular es el indicado formulario que a criterio de esa parte sería un documento público que contiene declaraciones falsas, para verificar su aquello es así, se tiene en primer término que si bien es cierto que dicho formulario…está contenido en un formulario de la CNE, empero no es menos cierto que su ingreso al tráfico jurídico para acreditar el domicilio del acusado…no se realizó a través de la intervención del funcionario autorizado para darle fe pública como exige el art. 1287 del Código Civil que incorpora el concepto de documento público, señalando que se entiende por documento público o auténtico el extendido con las solemnidades legales por un funcionario autorizado para darle fe pública, que resulta ser el Notario de Fe Pública o el funcionario público designado para dicho fin…por ello son considerados documentos públicos no por el simple hecho de ser extendidos por funcionario público, sino que dicho funcionario ha sido designado por el Estado para dicho propósito. Extremo que no acontece en el caso que nos ocupa, por cuanto si bien la prueba MP-2 reiterada con la D-24, es un formulario que lleva el rótulo de la CNE, conforme se tiene sentado, ello per se no le otorga de forma automática calidad de documento público, por cuanto no lleva la firma de funcionario público que de fe de su contenido, sino únicamente de la persona que en ese momento quiere habilitarse como candidato en las Elecciones Subnacionales que se desarrollaron el año 2010. Si esto es así, al no mediar en la extensión del documento las solemnidades legales propias del documento público, recae en el ámbito del documento privado por una lógica deducción, o lo que la doctrina denomina exclusión. En suma, el elemento constitutivo exigido por el tipo penal instrumento público que debería estar constituido por la prueba MP-2 no ha sido probado por la acusación que basa su hipótesis en que el documento es un formulario extendido por la CNE, que como se tiene referido no es suficiente para otorgarle dicha calidad, siendo imprescindible contar con la intervención de un funcionario público sobre el que recae la fe pública por delegación estatal. Si esto no es así, no existe constatación realizada por el funcionario público de la declaración contenida en el formulario por la simple y sencilla razón que no intervino un tercero en la incorporación de esos datos y mucho menos para otorgar los signos de autenticidad o fedatarios que le otorguen la calidad de documento público” (sic). Este razonamiento concluye dirigida a la aplicación de la doctrina legal aplicable contenida en el Auto Supremo 236 de 7 de marzo de 2007, que hace alusión al principio de legalidad en proporción a la necesaria existencia de todos los elementos constitutivos del tipo penal.

 

“…el tipo penal en cuestión, exige también la demostración que los datos insertos constituyan declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento deba probar, en el caso específico, la acusación sostiene [que el acusado] no obstante que su actividad laboral principal estaba en la ciudad de La Paz, donde el año 2009 cumplió funciones de Consejero Departamental, por ende su domicilio estaba ubicado en dicho departamento, inscrito en el Padrón Electoral del departamento de La Paz en la mesa 1391; sin embargo de ello, ante la Convocatoria del Órgano Electoral Plurinacional para las elecciones del año 2010, se presentó como postulante a la Asamblea Departamental de Cochabamba afirmando en el contenido de la declaración jurada de fecha 6 de febrero de 2010, que su domicilio estaba asentado en la ciudad de Cochabamba, el Tribunal verifica que resulta incuestionable que [el acusado] ejerció funciones en el Consejo Departamental de La Paz, desde el mes de febrero de 2009 hasta el mes de diciembre de similar año, cual convence no solo la prueba MP-16, también la MP-17, AP-16 y AP-17, sin dejar de lado que en tal condición asistió y participó en las sesiones del Consejo Departamental de La Paz, así se extrae de la prueba MP-19 y D-45, de cuya lectura minuciosa se concluye que el acusado, asistió una vez por semana y tres sesiones al mes. Si esto es así, resulta creíble lo afirmado por las testimoniales de Luis Magin Bellot Montalvo, René Vacaflores Chalar, Jaime Betancourt Ticona y Jorge Alcocer Romero que afirmaron que el acusado en el departamento de Cochabamba por ser el lugar de su nacimiento, donde radica su familia y empezó su actividad política como candidato de la localidad de Sicaya, respaldado por la prueba D-1; realizaba actividades correspondientes a su partido los días viernes, sábado y domingo por ser su lugar de nacimiento, en dicho cometido se reunía con los prenombrados en la vivienda ubicada en la zona Sud, donde precisamente tendría su domicilio en esta ciudad. Elemento que sumado a las declaraciones juradas prestadas por el acusado, ante la Contraloría General del Estado como prueba MP-20, permiten verificar que tanto la declaración jurada por conclusión de la relación laboral, así como la realizada antes de tomar posesión del cargo, fueron efectuadas en el departamento de Cochabamba citando como domicilio la calle Juan Román N° 10. Estos elementos valorados de forma integral generan duda en el Tribunal respecto a la hipótesis acusatoria que el procesado tenía asentado su centro de actividades y domicilio únicamente en la ciudad de La Paz, cuando se advierte que las sesiones del Consejo Departamental de aquella ciudad no se desarrollaban de manera diaria sino una vez a la semana, tres al mes e incluso menos, así se tienen de la prueba…MP-19” (sic).

 

“…finalmente el tipo penal inserto en el art. 199 del Código Penal, también exige la acreditación del elemento …de modo que pueda resultar perjuicio. En suma la posibilidad de perjuicio que caracteriza el delito de falsedad ideológica está íntimamente ligado a la característica del documento público y su naturaleza, ello se justifica en la fe que se deposita en dichos documentos, que como se concluyó al ser el reflejo de la fe pública que inspira el funcionario público depositante del mismo, es lógico que debe hablarse de la posibilidad de perjuicio la falsedad documental no se castiga por el mismo hecho de la falsedad, sino porque ella acarrea el peligro para bienes jurídicos distintos de la fe pública la hipótesis acusatoria sostiene que el perjuicio de la acción desplegada por el acusado provocó daño a las arcas de la Gobernación del Departamento de Cochabamba; a efectos de verificar aquello, pero esencialmente si existe perjuicio necesario pata la configuración del delito de falsedad de documento, se tiene: I de acuerdo a las pruebas…MP-2, MP-3, MP-4, MP-5, MP-6, MP-7. MP-8 y D-25, [el acusado] se presentó como candidato…para ello, presentó la documentación mínima habilitante exigida, conformada precisamente por las indicadas literales. II. Efectuadas las elecciones el entonces candidato…gana los comicios y es elegido Asambleísta por Población, según convencen las pruebas MP-15 y MP-11, por ello obtiene la credencial correspondiente, sin observación alguna. III. De acuerdo a la certificación emitida por el Primer Secretario de la Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba, incorporada como prueba MP-14 [el acusado] ejerció como servidor público, desde el 30 de mayo de 2010. IV. Las documentales D-2, D-3, D-20, D-21, D-47, D-48 y D-49 demuestran [que el acusado] no tiene registrado antecedentes penales, cuenta con familia constituida, tiene domicilio en…Cochabamba comprendido en la OTB San Juan Bosco y está inscrito en el Servicio de Registro Cívico de Cochabamba las literales incorporadas en el debate del juicio, de manera coincidente reportan un hecho indiscutible [el acusado] accedió a la Asamblea Legislativa Departamental por elección popular, ejerció el cargo y no existe elemento probatorio primero para respaldar a cuanto habría ascendido el salario presupuestado para cada Asambleísta, que de no haber obtenido el triunfo en los comicios electorales gozan de un derecho expectaticio; segundo, que el salario cancelado no estuviere justificado; es decir, que el ahora acusado no hubiera cumplido con la función encomendada o que no existiendo el presupuesto para la cancelación de haberes para los Asambleístas hubiere obtenido un rédito indebido; y, tercero que sin ejercer la función cobre salario.” (sic).

 

  1. Sobre el delito de Uso de Instrumento Falsificado, el Tribunal de sentencia, consideró: “el Auto Supremo 055/2014-RRC de 24 de febrero concluye en la imposibilidad de sancionar al mismo sujeto como autor de un delito de Falsedad y también de Uso de Instrumento Falsificado, pues [este último tipo penal] está dirigido a castigar precisamente la conducta de agentes que no han intervenido en la elaboración del documento falso, pero que hacen uso de él.” (sic).

 

“…advertido como está que el formulario incorporado bajo el código MP-2, que por reconocimiento de la propia acusación, así como de las testimoniales de María Elizabeth Arze de Granado y Orlando Villafán Gonzáles, contiene datos que fueron incorporados por el acusado; personalmente, estampando su firma en la parte inferior de la misma en señal de aquello, originando que la hipótesis acusatoria se sustente en la autoría de la falsedad y ello per se, aplicando la Doctrina Legal Aplicable antes señalada determina la imposibilidad que pueda acusarse al procesado además por el delito de Uso de Instrumento Falsificado.” (sic).

 

II.2.  Del recurso de apelación restringida.

 

Por memorial saliente de fs. 279 a 284 vta., la parte querellante opuso recurso de apelación restringida, planteando:

 

  1. Inobservancia de la Ley Penal adjetiva y sustantiva, por cuanto el Tribunal de sentencia no consideró a partir de los hechos probados- que el acusado hizo constar que residía en el Departamento de Cochabamba de manera permanente al menos dos años anteriores a las elecciones, cuando tenía su residencia en el Departamento de La Paz por cumplir funciones en esta Prefectura (señalando que así lo demostrasen las pruebas MP-16, AP-16 y AP-17). Asimismo, por la literal MP-5 su domicilio estaba ubicado en la Calle Juan Román del Departamento de La Paz. Con este efecto se demostraría que el acusado introdujo datos falsos en el formulario de declaración jurada emitida por la CNE, con el fin de habilitarse como candidato para Asambleísta Departamental por Cochabamba. Este documento: “debe ser considerado como público ya que el mismo sirve como requisito para acceder a un cargo público.” (sic).

 

  1. La Sentencia 49/2015, no está debidamente fundamentada; ya que, se debió fundamentarse el valor que se da a cada una de las pruebas conforme el art. 360 del CPP; empero, contrario a ello se incurrió en el defecto de Sentencia contenido en el inc. 5) del art. 370 también del CPP, pues existe la valoración descriptiva de la prueba empero no la valoración intelectiva, dado que los de sentencia se limitaron a realizar la primera de forma incompleta. Si bien, se realizó mención de las pruebas y los puntos que se consideraron más relevantes, jamás se realizó la segunda, violentando el art. 124 del CPP.

 

  1. Defecto de sentencia contenido en el art. 370 inc. 6) del CPP, bajo el argumento que por las pruebas MP-1, MP-2, MP-3, MP-4, MP-5, MP-6, MP-7, MP-8, MP-9, MP-11, MP-12, MP-13, MP-14, MP-15, MP-16, MP-17, MP-18, MP-19, MP-20, AP-16, AP-17 y AP-21, se demostró que el acusado incorporó datos falsos sobre su domicilio en “una fotocopia legalizada del formulario extendido por la Corte Nacional Electoral, bajo el título de Elecciones Departamentales y Municipales 2010.” (sic), cuando se acreditó que poseía domicilio en la ciudad de La Paz desde febrero del 2009 a diciembre del mismo año.

 

II.3. Del Auto de Vista 21/2017 de 26 de septiembre.

 

La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, resolviendo el citado recurso, emitió el fallo que hace título a este apartado declarándolo improcedente y confirmando la sentencia apelada en todos sus extremos, bajo el siguiente detalle:

 

  1. Previa mención del Auto Supremo 417/03 de 19 de agosto y reseñar entendimientos doctrinarios en torno al elemento “pueda resultar perjuicio”, el Tribunal de apelación concluyó que: “la actividad probatoria desplegada por la acusación no ha cumplido con su obligación de acreditar la existencia de los elementos constitutivo y específicos del delito, no ha demostrado su hipótesis acusatoria básicamente que la documentalMP-2 constituya un documento público que a raíz de su utilización se ocasione un perjuicio a la gobernación del Departamento de Cochabamba y por ende, tratándose de los elementos constitutivos y específicos del delito su ausencia importa la existencia del ilícito. Si esto es así, no es posible considerar que la conducta del acusado se subsuma al mismo” (sic).


  1. Asimismo, en el caso de las consideraciones en torno al delito contenido en el art. 203 del CPP, el Tribunal de apelación haciendo eco de las conclusiones de los de sentencia, culminó que no se puede sancionar al mismo sujeto como autor de un delito de falsedad y también de uso. Agregando en torno a la documental MP-2, que: “de la revisión de la sentencia impugnada, se evidencia que no existe errónea aplicación de la ley sustantiva, por cuanto no se ha probado el hecho acusado, por lo que se puede concluir que la apelación con relación este punto resulta también improcedente.” (sic).


  1. Sobre el defecto de la sentencia inmerso en el art. 370 inc. 5) del CPP, transcribiendo una porción del Auto Supremo 114 de 20 de abril de 2006, sobre el deber de aplicación del art. 124 de la misma norma procesal, los de apelación manifestaron que “de la lectura de la resolución apelada [se] ha podido verificar que el Tribunal a-quo, sí realizó una fundamentación fáctica y una fundamentación probatoria descriptiva e intelectiva sobre la base de los elementos de prueba de cargo que fueron producidos durante el juicio oral, además cumple con las reglas relativas para la deliberación y la sentencia.” (sic).


  1. En relación a la errónea valoración de la prueba planteada por el apelante, el Tribunal de alzada haciendo hincapié en sus limitantes sobre esa tarea expresó que “el apelante no ha demostrado de manera alguna acciones u omisiones que evidencien la defectuosa valoración probatoria, menos señala que norma del correcto entendimiento fue inaplicada o aplicada erróneamente, contrariamente se advierte que la sentencia se encuentra debidamente motivada, siendo la misma expresa, clara y completa, correspondiendo reflexionar en este punto que el apelante efectúa sus propias apreciaciones y conclusiones con relación a la prueba testifical, sin mencionar qué reglas de  la lógica habrían sido inobservadas, al momento de dictar la sentencia, para que de esta forma, pueda ejercer el control sobre la logicidad de la resolución cuestionada, concibiéndose con todo ello que la sentencia es suficiente para sustentar el fallo y n contiene los defectos de la sentencia aludidos por el apelante.” (sic).

 

                III. FUNDAMENTOS DE LA SALA


La parte recurrente denuncia vulneración a sus derechos y garantías constitucionales relacionados al debido proceso, por la infracción de los arts. 124 y 173 del CPP, alegando que el Auto de Vista 21/2017 de 26 de septiembre, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, convalidó los defectos comprendidos en el art. 370 incs. 1), 5) y 6) del CPP y no realizó el control de legalidad respecto de la valoración de las pruebas MP-2, MP-3, MP-4, MP-5, MP-6, MP-7, MP-8, MP-16, MP-19, MP-20, AP-16 y AP-17), precisando asimismo la vulneración de sus derechos constitucionales.


III.1.        Debida fundamentación y motivación.


La extinta Corte Suprema de Justicia como este Tribunal, en concordancia con la jurisprudencia constitucional, emitieron amplia doctrina legal que deja claramente establecida la obligación de toda autoridad que emita un fallo, de motivar y fundamentar de forma adecuada las resoluciones expedidas, razón por la cual, ninguna autoridad jurisdiccional debe omitir esa parte esencial del fallo y que le otorga validez y/o legalidad, pues constituye uno de los elementos fundamentales del debido proceso; toda vez, que debe quedar demostrado que la Resolución emitida, es fruto de un análisis racional y objetivo del caso puesto a conocimiento, y no un acto mecánico y arbitrario, por lo que la autoridad jurisdiccional está constreñida a emitir Resoluciones que respondan a cada  denuncia, desarrollando de manera suficiente y coherente, los motivos o razones que determinaron su decisión (el porqué), con base en la Ley, otorgando seguridad jurídica y con ello el convencimiento de que se actuó de forma transparente y en procura de otorgar justicia, permitiendo el control del iter lógico seguido en el razonamiento.


Así, el Auto Supremo 512 de 11 de octubre 2007, estableció la siguiente doctrina legal aplicable: “I. Los fallos judiciales deben ser debidamente fundamentados, no siendo suficiente que se limiten a transcribir los antecedentes procesales, los criterios del juzgador expuestos en la resolución en análisis, los fundamentos de las partes o a hacer una relación de normas legales sin que se ponga en evidencia el iter lógico, o camino del razonamiento, seguido por el juzgador a efecto de arribar a determinada conclusión, cumpliendo de esa manera con la previsión del Art. 124 del Código de Procedimiento Penal y asegurando la efectividad de una amplia gama de derechos constitucionales.


En efecto, la norma citada establece que: Las sentencias y autos interlocutorios serán fundamentados, expresarán los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. La fundamentación no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes.. Entretanto, el art. 370 numeral 5 de la Ley Nº 1970, señala que será defecto de la sentencia cuando: no exista fundamentación de la sentencia o que ésta sea insuficiente o contradictoria.


II. El vicio de incongruencia, entendido como desajuste entre el fallo judicial y los términos en los que las partes han formulado sus pretensiones, concediendo más o menos o cosa distinta de lo pedido, puede entrañar una verdadera denegación del derecho a la tutela judicial efectiva siempre y cuando la desviación sea de tal naturaleza que suponga una modificación sustancial de los términos en los que fueron planteados los términos de los recursos.


El juicio sobre la congruencia de la resolución judicial precisa de la confrontación entre su parte dispositiva y el objeto del recurso delimitado por el petitum, la adecuación debe extenderse tanto al resultado que el litigante pretende obtener, como a los hechos que sustentan la pretensión y al fundamento jurídico que la nutre, sin que las resoluciones judiciales puedan modificar la causa petendi, alterando de oficio los alcances de la solicitud, pues el tribunal se estaría pronunciando sin oportunidad de debate ni de defensa sobre las nuevas posiciones en que el órgano judicial sitúa el thema decidendi.


A este fin, el art. 398 del mismo adjetivo penal señala que: Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución”.


En sentido similar, el Auto Supremo 86/2013 de 26 de marzo de 2013 estableció: “La garantía del debido proceso, consagrada en el parágrafo II del artículo 115 y parágrafo I del artículo 180 de la Constitución Política del Estado, cuyo fin es garantizar que los procesos judiciales se desarrollen en apego a los valores de justicia e igualdad, se vulnera y, con ella la tutela judicial efectiva y la seguridad jurídica cuando se infringe el derecho a la debida fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales que establece que toda resolución expedida por autoridad judicial o administrativa necesariamente tiene que encontrarse adecuadamente fundamentada y motivada.


En alzada, conforme ha establecido la amplia doctrina emanada por el Máximo Tribunal de Justicia, los Tribunales a momento de resolver las apelaciones restringidas, deben pronunciarse de forma puntual, precisa, y bajo ningún aspecto esgrimir fundamentos generales, evasivos, vagos o imprecisos que generen confusión y dejen es estado de indeterminación a las partes por ser vulneratorias del debido proceso en sus elementos derecho a la motivación de los recursos, a la tutela judicial efectiva, a la seguridad jurídica y al artículo 124 del Código de Procedimiento Penal, pues no es fundamentación suficiente la simple remisión a obrados o cita de alguna parte del proceso, doctrina y/o jurisprudencia, seguida de conclusiones, sin respaldo jurídico, ni explicación razonada del nexo entre la normativa legal y lo resuelto; es decir, el Tribunal de Apelación debe plasmar el porqué del decisorio, emitiendo criterios lógico-jurídicos sobre la base de las conclusiones arribadas por el Tribunal de mérito en cumplimiento a su obligación de ejercer el control de logicidad, con el cuidado de no expresar nuevos criterios respecto a la prueba producida en juicio.


En consecuencia, una vez más se deja establecido que el Tribunal de Apelación, al momento de resolver el o los recursos interpuestos, está obligado constitucionalmente (parágrafo II del artículo 115 de la Constitución Política del Estado) a circunscribir su actividad a los puntos 
apelados en cada recurso, dentro los límites señalados por los artículos 398 del Código de Procedimiento Penal y parágrafo II del artículo 17 de la Ley del Órgano Judicial, en sujeción a los parámetros especificidad, claridad, completitud, legitimidad y logicidad; respondiendo a cada recurso por separado o en conjunto cuando las denuncias estén vinculadas, dejando conocer claramente a cada recurrente la parte de la resolución que responde a cada pretensión; además, debe fundamentar y motivar sus conclusiones respecto a cada una de las alegaciones, las que inicialmente podrían clasificarse por motivo alegado, resumiendo y describiendo cada una de ellas por separado o de forma conjunta si estuvieran vinculadas (aclarando ese aspecto), con la finalidad de expresar los fundamentos y la motivación de la resolución de manera ordenada, lo contrario implica incurrir en defecto inconvalidable o insubsanable, al tenor del artículo 169 inciso 3) del Código de Procedimiento Penal, pues todo acto que vulnere derechos y/o garantías constitucionales, cuyo resultado dañoso no se enmarquen a la salvedad dispuesta en el artículo 167 de la misma norma legal, deriva en defecto absoluto y corresponde renovar el acto”.


En coherencia con lo manifestado, la jurisprudencia constitucional, desarrolló el alcance y finalidad del derecho a una resolución motivada, en la Sentencia Constitucional Plurinacional 0893/2014 de 14 de mayo, señalando: “…que las finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etcétera) que resuelva un conflicto o una pretensión son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad… (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre); y, …5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo, que implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos… (SCP 0100/2013 de 17 de enero)”.


La doctrina legal precedente, así como la normativa legal citada en el apartado anterior, obliga a todo Tribunal de impugnación en la emisión de un fallo, analizar todas las cuestiones alegadas en los recursos, justificando cada conclusión con base en los hechos y el derecho, las que deben ser vinculadas de forma lógica con lo alegado por la o las partes, permitiendo advertir respuesta cabal a cada denuncia, sin incurrir en vicios de incongruencia [omisiva o ex silentio, incongruencia por exceso o extra petita (petitum) y por error], ello, en cumplimiento a lo establecido por los arts. 124 y 398 del CPP y 17.II de la LOJ, pues lo contrario significa infracción al debido proceso en su componente de debida fundamentación y a las garantías de seguridad jurídica y tutela judicial efectiva, lo que constituye defecto absoluto inconvalidable al tenor del art. 169 inc. 3) del CPP.


III.1. Verificación de la existencia del defecto absoluto denunciado.


En casación el recurrente arguyendo vicios de falta de fundamentación en la Sentencia que fueron convalidados por el Auto de Vista, alega que en apelación restringida denunció los vicios de sentencia contenidos en el art. 370 incs. 1), 5) y 6) del CPP, relacionados a las pruebas MP-2, MP-3, MP-4, MP-5, MP-6, MP-7 y MP-8, precisando que únicamente se realizó valoración descriptiva mas no intelectiva, enfatiza que no se mencionó si dichas pruebas son relevantes o irrelevantes, de importancia o sin importancia o por ultimo si tan solo son corroborativas, no existiendo de tal cuenta, un manejo correcto de las reglas que regulan la sana crítica, lo cual conlleva a que la Sentencia impugnada incurra en lo previsto en el art. 370 incs. 5) y 6) del CPP y la vulneración de los arts. 124 y 173 del CPP; aspecto que, fue ratificado ilegalmente por el Auto de Vista.


Ciertamente el recurso de apelación restringida presentado por la parte querellante, es clara en contenidos. En su texto se halla una directa orientación a cuestionar las razones de calificación del hecho realizadas por el Tribunal de sentencia, centrando su atención en la valoración que el Tribunal de sentencia tuvo sobre la prueba MP2 y a partir de la cual se desmontan el resto de los reclamos que pretendieron la anulación de la sentencia y la disposición de juicio de reenvío. Sobre aquella prueba se reclama aspectos sustanciales al fondo del proceso y una serie de cuestionamientos en torno a las conclusiones de la Sentencia.


De inicio la Sala aclara que no le corresponde formar convicción a partir del examen de unas pruebas cuya producción no presenció; por cuanto, tal facultad incluso les está vedada a los tribunales de apelación, pues como se tiene abundantemente señalado, tal acto conllevaría la afectación del principio de inmediación que rige las actuaciones procesales en juicio oral, siendo éste la parte medular del sistema acusatorio adoptado por nuestro país. Lo que corresponde a este momento procesal, en primer lugar, es verificar si el Auto de Vista impugnado dio respuesta a las denuncias que sobre incongruencia omisiva el recurrente desarrolló en casación; y seguidamente, corresponderá ejercer control de logicidad sobre esas respuestas.

En el caso presente, la fuente probatoria primal, es justamente la prueba MP2. Lo dicho en ella organizó la actividad probatoria en juicio oral y determinó que los razonamientos de los de grado se orienten a determinar su naturaleza y fue precisamente sobre la que la apelación restringida asumió oposición


La Sala tiene presente que la resolución impugnada posee orden y secuencia en su redacción, empero advierte que no serán necesariamente esas condiciones las que le doten de validez. El art. 398 del CPP a tiempo de pronunciarse sobre la competencia de los Tribunales de alzada, ordenando que circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución, ordena una regla de doble vía pues, si bien expresamente impide el pronunciamiento de fallos ultra petita, a la par prohíbe también la emisión de fallos infra petita. Ordenando el deber de exhaustividad en la respuesta de las cuestiones puestas en su consideración.


La labor de control de logicidad reconocida a los tribunales de apelación es en sí la función de mayor operatividad e importancia dentro la estructura orgánica de la jurisdicción ordinaria, pues son los jueces de apelación aquellos que marcarán la pauta y ejercerán el control en las manifestaciones que sobre la Ley se produzca en juzgados y tribunales y controlarán la intensidad de aplicación de los derechos y garantías constitucionales aplicadas en materia penal y principalmente. Por estas razones su labor, no se restringe a la llana función de verificación de cumplimiento de requisitos de validez, sino en reportar que el trabajo de Juzgados y Tribunales tanto ha sido adecuado en norma como representa la más correcta de las decisiones.


En el caso en análisis, el Auto de  Vista en cuestión ofrece un panorama de revisión general de la Sentencia, transcribiéndola o bien recurriendo a su paráfrasis; empero, sin haber agotado las pretensiones del imputado en su recurso de apelación restringida y menos brindar respuesta jurídicamente razonada sobre el mérito o no de los agravios expuestos, lo que conlleva no haber ejercido el deber de control sobre el tribunal inferior en grado; es así que, el Tribunal de apelación se pronunció desde fs. 356 a 359 vta., esquematizando consideraciones en torno al contenido de los arts. 198 y 203 del CP, transcripciones de los Autos Supremos 329 de 29 de agosto de 2006, 417/03 de 19 de agosto, 055/2014-RRc de 24 de febrero [todos dentro de la respuesta al defecto del art. 370 inc. 1) del CPP]; 114 de 20 de abril de 2006, 131 de 31 de enero de 2007 [todos dentro de la respuesta al defecto del art. 370 inc. 5) del CPP]; 104 de 20 de febrero de 2004, 111 de 31 de febrero de 2007, 214 de 28 de marzo de 2007 [en la respuesta al defecto del art. 370 inc. 6) del CPP], para finalizar afirmando que la Sentencia de grado no incurrió en los defectos señalados.


Resalta a simple vista que la recurrencia a la cita textual de jurisprudencia en el Auto de Vista que se recurre es abundante; aspecto que, no es cuestionable en la medida que su inherencia sea vinculada para ofrecer una respuesta fundamentada a los planteamientos de apelación restringida; es decir, ayuden sean el puente que una a los reclamos del apelante, los argumentos de la sentencia y el marco normativo que opere en el caso en concreto; en esa triada yace la labor de argumentación y fundamentación confiada a los tribunales de apelación y que en sentido contrario el Auto de Vista recurrido ha incumplido abiertamente.


El tribunal de apelación a fs. 355 vta. Identifica los argumentos del apelante sobre su denuncia relativa al inc. 1) del art. 370 del CPP, a continuación en su Considerando II, apartado II.1, precisa contenidos jurisprudenciales, reproduce un fragmento de la sentencia relacionada a la configuración típica del art. 199 del CPP, para finalmente dar por sentado que esa reproducción es correcta. Sin duda por la simple organización de recursos de texto y gramaticales, es natural que un argumento jurídico sea inexistente y más aún si se tiene presente que la conclusión del propio tribunal de apelación (a fs. 356 vta.) sea también una reproducción textual de un párrafo de la sentencia (a fs. 267) y un ejercicio igual es utilizado para la respuesta de los demás tópicos de apelación restringida.


Por lo expuesto y descrito, la Sala llega a la convicción que la denuncia de infracción al art. 124 del CPP, es evidente por cuanto el hecho de una respuesta aparente sobre los planteamientos de defectos comprendidos en el art. 370 incs. 1), 5) y 6) del CPP y el requerido control de legalidad respecto de la valoración de las pruebas MP-2, MP-3, MP-4, MP-5, MP-6, MP-7, MP-8, MP-16, MP-19, MP-20, AP-16 y AP-17, debiendo fallarse en tal sentido.


POR TANTO


La Sala Penal Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 21/2017 de 26 de septiembre y determina que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, sin espera de turno y previo sorteo, dicte nuevo fallo conforme a la doctrina legal aplicable en el presente Auto Supremo. Para fines del art. 420 del CPP; remítase fotocopias legalizadas del presente Auto Supremo a todos los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, para que por intermedio de sus Presidentes hagan conocer a los jueces penales la presente Resolución.


En aplicación del art. 17.IV de la Ley del Órgano Judicial, por Secretaría de Sala, comuníquese el presente Auto Supremo al Consejo de la Magistratura.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Edwin Aguayo Arando 

Magistrado Dr. Olvis Eguez Oliva

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos