TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 405/2018-RRC

Sucre, 11 de junio de 2018


Expediente                        : Oruro 34/2017        

Parte Acusadora                : Ministerio Público y otro

Parte Imputada                : René Villarroel Vidaurre

Delito                        : Lesiones Graves y Leves

Magistrado Relator        : Dr. Olvis Eguez Oliva


RESULTANDO


Por memorial presentado el 4 de octubre de 2017, cursante de fs. 99 a 103, René Villarroel Vidaurre, interpone recurso de casación impugnando, el Auto de Vista 14/2017 de 4 de septiembre, de fs. 84 a 87, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Félix Vásquez Ayala contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Lesiones Graves y Leves, previsto en el art. 271 segunda parte del Código Penal (CP).


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


  1. Por Sentencia 37/2015 de 23 de octubre (fs. 46 a 52), la Juez Primero de Sentencia en lo Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, declaró a René Villarroel Vidaurre, autor de la comisión del delito de Lesiones Leves, previsto y sancionado por el art. 271 segunda parte del CP, imponiendo la pena de un año de reclusión, con costas y responsabilidad civil a favor del Estado averiguables en ejecución de Sentencia.


  1. Contra la mencionada Sentencia, el imputado René Villarroel Vidaurre (fs. 57 a 61 vta.), interpuso recurso de apelación restringida, resuelto por Auto de Vista 14/2017 de 4 de septiembre, emitido por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, que declaró improcedente el recurso interpuesto y confirmó la Sentencia apelada, motivando la interposición del presente recurso de casación.


I.1.1. Motivo del recurso de casación.


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 088/2018-RA de 26 de febrero, se extrae el motivo a ser analizado en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


El recurrente refiere que con base a los arts. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE), 37 y 38 del CP; y, 370 incs. 1), 4), 5) y 6) del CPP, recurrió de apelación restringida alegando la falta de fundamentación y defectuosa valoración de la prueba que dio como resultado que se estructure una Sentencia en su perjuicio, por lo que invocó en ese recurso las Sentencias Constitucionales “1075/1003 y 727/2003”, a tiempo de fundamentar que la pena se debe imponer en función de la existencia de elementos de convicción y que para la imposición de la pena debía considerarse su tercera edad.


Con relación a los defectos de Sentencia previstos por el art. 370 incs. 4) y 5) del CPP, referidos a que se incorporó prueba ilegal, señala que fueron denunciados oportunamente por memoriales presentados dentro del proceso, así como en apelación señalando que la nota con el título “Invitación a inspección” de 24 de diciembre de 2012 y codificada como PC-12, fue presentada por el Fiscal en clara contravención al Auto Supremo 337/2010; es más, esa no fue la nota de invitación ofrecida en el memorial de querella (MP-D3) en su punto 12, que tenía el título de “Invitación a asamblea” sin fecha, pero con nota de recepción de 9 de septiembre de 2011; es decir, de un año antes del supuesto hecho, quedando demostrada la confabulación de los dirigentes de la zona en su contra, que suplantaron la primera nota con otra con una fecha más próxima al supuesto hecho, pues incluso cuando en audiencia se pidió la explicación, el Fiscal respondió que no fue presentada por razones tácticas; lo que significa, que se ocultó esta prueba que no solo le favorecía, sino ponía en descubierto la confabulación para perjudicarlo de un hecho que sucedió, pero no como declararon los dirigentes vecinales, de modo que no puede decirse que no se hubiera incorporado ilegalmente la literal PC-12.


Refiere que además hubo una valoración defectuosa de la prueba; ya que, respecto a los certificados médicos, la inferior de manera general refirió que se hubiera ocasionado una herida en el dorso de la nariz por mecanismo cortante, sin haberse demostrado cuál fue ese mecanismo, sin expresar la juzgadora que la desviación fue ligera y no grave como se tiene de la prueba literal PC-6; tampoco hizo alusión a la prueba PC-8, consistente en un informe de tomografía de la cabeza que estableció que no existía sangrado y que el cerebro se encontraba dentro de parámetros normales. Tampoco se valoró la prueba PC-14, donde la testigo y dirigente vecinal Virginia Paez, estampó su firma por cinco veces en dicha literal.


Por otro lado, agrega que la médico forense en la prueba PC-7, sugirió una reducción de fractura y una rinoplastía, pero la supuesta víctima no se sometió a ninguna de esas recomendaciones médicas para establecerse la gravedad del hecho (PC-3); por el contrario, se adjuntó las facturas codificadas como PC-11, por la compra de analgésicos y calmantes de escaso valor monetario; incluso la Jueza inferior no contrastó esos medios, como la factura de 8 de enero de 2012 por Bs. 480; es decir, una factura expedida 10 meses antes del supuesto hecho de diciembre de 2012, recalcando que de haberlo hecho por justicia se hubiese emitido una Sentencia absolutoria por duda razonable conforme el art. 363 inc. 3) del CPP.


Con estos datos, denuncia en primer lugar que el Tribunal de alzada no dio lectura al contenido de las dos Sentencias Constitucionales que invocó en apelación, menos hizo mención a que ambas partes son de la tercera edad al ser jubilado sujeto a tratamiento distinto; además, corroboró los defectos denunciados en alzada en vez de revisarlos, obrando contrariamente a sus propias afirmaciones contenidas en el considerando II del Auto de Vista impugnado, de modo que no puede sostenerse que el Tribunal de alzada después de una exposición innecesaria y ampulosa, establezca que la inferior hubiera valorado esos medios de prueba al subsumir su conducta en el tipo penal del art. 271 del CP, recurriendo al cómodo expediente de confirmar una decisión ilegal; agregando la parte recurrente, que el contenido de la Resolución recurrida de casación denota que su relatora lo hizo de memoria, sin considerar que cada caso en particular por las características del hechos y las circunstancias, hace necesaria la revisión del cuaderno principal.


Añade que, por estas razones y la falta de fundamentación en la sentencia, invoca como precedentes contradictorios los Autos Supremos 5 de 26 febrero y 30 de 26 de enero de 2007, que resultarían contradictorios con la Resolución recurrida.


I.1.2. Petitorio.


El recurrente solicita que deliberando en el fondo se deje sin efecto el Auto de Vista impugnado.


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 088/2018-RA de 26 de febrero, este Tribunal admitió el recurso de casación formulado por René Villarroel Vidaurre, dejando constancia que, en el análisis de fondo, la labor de contraste no abarcará al Auto Supremo 30 de 26 de enero de 2007.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación y precisado el ámbito de análisis del recurso, se establece lo siguiente:


II.1.        De la Sentencia.


Por Sentencia 037/2015 de 23 de octubre, el Juez Primero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, declaró a René Villarroel Vidaure, autor y culpable de la comisión del delito de “Lesiones Leves” (sic), previsto y sancionado por la segunda parte del art. 271 del CP, en base a los siguientes argumentos:


  1. El imputado y la víctima son vecinos de barrios ubicados en la zona noreste de la ciudad, con conflictos por la dirigencia de Juntas Vecinales, en las obras que realiza el municipio en la zona del barrio Cochiraya.


  1. Mediante voto resolutivo, los vecinos de la zona desconocen al imputado, quien en representación del barrio, había hecho suspender la obra que realiza el municipio.


  1. El 26 de diciembre de 2012 a horas 9 de la mañana a.m., la víctima se encontraba en las calles Fortín Boquerón y Tte. León, según declaraciones de los testigos, a dos cuadras del domicilio del imputado, justificando su presencia en el lugar por una invitación realizada a su persona por los dirigentes de la zona.


  1. El imputado luego de agredir verbalmente a la víctima, le propina un golpe la nariz, ocasionando según los certificados médicos “…herida oblicua en el dorso de la nariz, 3.5 cm., así como excoriaciones en el mentón izquierdo y equimosis en el labio superior e inferior derecho. Ocasionados por mecanismo cortante y contuso. Los Certificados Médicos realizados por especialistas evidencian que evidentemente tiene desviación de septum nasal ocasionado por el golpe por el trauma de los huesos propios de la nariz, ampliando veintisiete (27) días de impedimento…”


  1. El imputado afirma que sufrió agresiones por parte de la víctima, de las cuales no se presentó documental referida, o certificado idóneo de las consecuencias si las hubo.


II.2. De la apelación restringida.


El imputado René Villarroel Vidaurre, interpuso recurso de apelación restringida contra la Sentencia pronunciada, con los siguientes argumentos:


  1. Acusa que la literal 12 ofrecida con la querella, fue sustituida por otra por el Fiscal de la causa, para hacerlo parecer como agresor.


  1. Señala que el Tribunal de mérito vulneró el art. 124 del CPP, al no valorar correctamente las pruebas literales observadas.


  1. Se ignoró la literal codificada como PC12; asimismo, se dictó Sentencia sin resolver la extinción de la acción interpuesta en audiencia conclusiva.


  1. Con relación a la prueba testifical de cargo, puntualiza que demuestran una duda razonable sobre la supuesta comisión del hecho delictivo endilgado.


  1. Respecto a la testifical de descargo, luego de rememorar las declaraciones de Eulogio Velásquez Mamani, Juan Carlos Montesinos y Héctor Arce Paniagua, indica que todos los medios de prueba deberían ser considerados de manera integral conforme prescribe el art. 359 del CPP.


  1. Acusa inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva y haciendo alusión a la fijación de la pena, arguye que no existen los elementos de prueba suficientes como para establecer la pena impuesta.


II.3.  Del Auto de Vista impugnado. 

       

La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, declaró improcedente el recurso de apelación restringida interpuesto, bajo los siguientes argumentos:


  1. Del examen del recurso interpuesto por Rene Villarroel Vidaurre, se advierten insalvables omisiones respecto de la concepción misma del recurso de apelación restringida vinculadas a la fundamentación y especificidad.


  1. Respecto al defecto de Sentencia contenido en el inc. 1) del art. 370 del CPP, no se expresa qué supuestos de estas normas fueron erróneamente aplicados y cómo se traduce el error, estando lejos de cumplir con los requisitos previstos para la interposición del recurso, la simple mención de la norma resulta impertinente.


  1. De los defectos de Sentencia contenidos en los incs. 4) y 5) del art. 370 del CPP, no se percibe cuál de los supuestos o ambos conforman parte del ámbito de impugnación y en relación a qué medios o elementos probatorios, careciendo los defectos denunciados de sustento legal.


  1. De la denuncia de defecto de Sentencia previsto por el inc. 6) del art. 370 del CPP, no se tiene especificación del o los supuestos establecidos en la norma; por cuanto, en la Sentencia impugnada se establece la existencia del hecho y las circunstancias esenciales del lugar, antecedentes de la causa y la conducta desplegada, extraídos del examen integral de los elementos de prueba, incurriendo el recurrente en omisión de especificar el componente de la sana crítica infringido.


De la enunciación de los elementos de prueba no considerados para fundamentación y valoración, se desconoce haber sido ofrecidos, presentados y producidos por alguna de las partes.


III. VERIFICACIÓN DE LA PROBABLE CONTRADICCIÓN ENTRE EL PRECEDENTE INVOCADO Y LA VULNERACIÓN DE DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES

Precisado el motivo alusivo a la falta de fundamentación del Auto de Vista impugnado, al corroborar los defectos denunciados en alzada sin revisarlos, este Tribunal deberá verificar si la Resolución recurrida contradice la doctrina legal aplicable contenida en el Auto Supremo 5 de 26 de enero de 2007. En consecuencia, corresponde resolver la problemática planteada.


III.1.        Obligación de los Tribunales de emitir resoluciones fundadas en derecho y motivadas adecuadamente.


Las resoluciones para su validez y eficacia, requieren cumplir determinadas formalidades, dentro las cuales se encuentra el deber de fundamentar y motivar adecuadamente las mismas, debiendo entenderse por fundamentación la obligación de emitir pronunciamiento con base en la ley y por motivación, el deber jurídico de explicar y justificar las razones de la decisión asumida, vinculando la norma legal al caso concreto; al respecto, el Auto Supremo 111/2012 de 11 de mayo, señaló que: “Este deber se halla sustentado en el principio lógico de la razón suficiente; al respecto, Juan Cornejo Calva, en su publicación Motivación como argumentación jurídica especial, señala: El derecho contemporáneo ha adoptado el principio de la Razón Suficiente como fundamento racional del deber de motivar la resolución judicial. Dicho principio vale tanto como principio ontológico cuanto como principio lógico. La aplicación o, mejor, la fiel observancia, de dicho principio en el acto intelectivolitivo de argumentar la decisión judicial no solamente es una necesidad de rigor (de exactitud y precisión en la concatenación de inferencias), sino también una garantía procesal por cuanto permite a los justificables y a sus defensores conocer el contenido explicativo y la justificación consistente en las razones determinantes de la decisión del magistrado. Decisión que no sólo resuelve un caso concreto, sino que, además, tiene impacto en la comunidad: la que puede considerarla como referente para la resolución de casos futuros y análogos. Por lo tanto, la observancia de la razón suficiente en la fundamentación de las decisiones judiciales contribuye, también, vigorosamente a la explicación (del principio jurídico) del debido proceso que, a su vez, para garantizar la seguridad jurídica.


En definitiva, es inexcusable el deber de especificar por qué, para qué, cómo, qué, quien, cuando, con que, etc., se afirma o niega algo en la argumentación de una decisión judicial en el sentido decidido y no en sentido diferente. La inobservancia del principio de la razón suficiente y de los demás principios lógicos, así como de las reglas de la inferencia durante la argumentación de una resolución judicial, determina la deficiencia en la motivación, deficiencia que, a su vez, conduce a un fallo que se aparta, en todo o en parte, del sentido real de la decisión que debía corresponder al caso o lo desnaturaliza. Esa deficiencia in cogitando, si es relevante, conduce a una consecuencia negativa que se materializa en una decisión arbitraria, (injusta)."


Por otra parte, la fundamentación y motivación de Resoluciones implica el deber jurídico de explicar y justificar de forma lógica y con base en la Ley, las razones de la decisión asumida en apego al principio de congruencia, que es aquella exigencia legal que obliga a establecer una correlación total entre la pretensión de quien recurre y la decisión de la autoridad jurisdiccional; es decir, a la existencia de concordancia entre lo planteado por las partes y la decisión asumida por el Juez o Tribunal; pero además, exige la concordancia o coherencia entre los fundamentos de la Resolución y la parte resolutiva de la misma, caso contrario la resolución podría incurrir en vicio de incongruencia que puede ser interna o externa.


III.2.        Análisis del caso concreto.


       La parte recurrente denuncia que el Tribunal de apelación obvió considerar de manera fundamentada, los aspectos cuestionados en el recurso de apelación restringida referidos a los defectos de Sentencia contenidos en los incs. 1), 4), 5) y 6) del art. 370 del CPP y elementos de prueba no considerados para su fundamentación y valoración; realizando por el contrario, una exposición innecesaria y ampulosa sin revisar los actuados del cuaderno procesal.


       Como precedente contradictorio, se invocó el Auto Supremo 5 de 26 de febrero de 2007, dictado dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y otros, contra Macario Chambi Tapia, por la presunta comisión del delito de Homicidio y otros, donde se constató que el Auto de Vista impugnado, no entró a resolver ninguna de las cuestiones planteadas en el recurso de apelación; sino que, tras reproducir en sus fundamentos, los motivos denunciados por la parte procesada y por la acusadora, reitera los motivos del Juzgado de mérito, olvidándose de las cuestiones que fueron alegadas en los recursos planteados; razón por la cual fue dejado sin efecto, estableciendo como doctrina legal aplicable que: “La exigencia de motivación es una garantía constitucional de justicia, fundada en el régimen republicano de gobierno que, al asegurar la publicidad de las razones que tuvieron en cuenta los jueces para pronunciar sus sentencias, permiten el control del pueblo, sobre su conducta, resguardando con ello a los particulares y a la colectividad contra las decisiones arbitrarias de los jueces; la motivación responde también a otros fines, ya que podrán los interesados conocer las razones que justifican el fallo y decidir su aceptación o fundar su impugnación por los medios que la ley concede. Al mismo tiempo brinda al Tribunal de alzada el material necesario para ejercer su control, y finalmente sirve para crear la jurisprudencia, entendida como el conjunto de las enseñanzas que derivan de las sentencias judiciales.


       De ahí que la motivación de los fallos emergentes de los recursos, debe ser expresa, clara, legítima y lógica:


       a) Expresa: porque el Tribunal, no puede suplirla por una remisión a otros actos, o a las constancias del proceso, o reemplazarlas por una alusión de la prueba. La ley exige que el juzgador consigne las razones que determinan su decisorio, expresando sus propias argumentaciones de modo que sea controlable el iter lógico seguido por él, para arribar a la conclusión.


       b) Clara: en la resolución, el objeto del pensar jurídico debe estar claramente determinado, de manera que produzca seguridad en el ánimo de quienes la conozcan, aún por los legos.


       c) Completa: la exigencia comprende a todas las cuestiones planteadas por las partes en los diferentes recursos que se analizan, y a cada uno de los puntos decisivos que justifican cada conclusión. El Tribunal está obligado a considerar todas las cuestiones esenciales o fundamentales que determinan el fallo. En este sentido, cualquier aspecto de la indagación susceptible de valoración propia, asume individualidad a los fines de la obligación de motivar; y sobre la base del principio de exhaustividad habrá falta de motivación, cuando se omita la exposición de los razonamientos efectuados sobre un punto esencial de la decisión y sobre los hechos secundarios alegados en el mismo, porque la obligación de motivar alcanza también a ellos en cuanto comprenden el iter a través del cual el Tribunal llega a la conclusión sobre la causa petendi.


       La motivación de los fallos emergentes de los recursos, para ser completa, debe referirse al petitum y al derecho, analizando la resolución impugnada y expresando las conclusiones a las que se arribe luego de un examen sobre la veracidad de las denuncias formuladas, resolver apartándose del petitum significa que el fallo incurre en un vicio de incongruencia.


       El vicio de incongruencia como desajuste entre el fallo judicial y los términos en los que las partes han formulado su pretensión o pretensiones, en definitiva constituyen el objeto del recurso. Al conceder más, menos o cosa distinta a lo pedido, el órgano judicial incurre, en las formas de incongruencia conocidas como ultra petita, citra petita o extra petita partium.


       d) Legítima: la legitimidad de la motivación se refiere tanto a la consideración de las denuncias formuladas, como a la obligación de revisar ex oficio la legitimidad del proceso. Por lo tanto, el fallo que se funda en la consideración de cuestiones alejadas del objeto particular del recurso deducido, no está debidamente motivada.


       e) Lógica: finalmente se exige que la sentencia cumpla con las reglas de logicidad, de ahí que el Tribunal valorará las cuestiones formuladas de un modo integral, empleando el razonamiento inductivo, verificando la observancia de las reglas de la sana crítica y exponiendo los razonamientos en que se fundamenta la decisión; es decir, sustentándolos en las reglas de la lógica, psicología y experiencia.”


Del análisis del precedente invocado se advierte que la problemática dilucidada, mantiene relación con la problemática procesal del motivo de casación; por lo que, existiendo un supuesto fáctico análogo entre el precedente invocado y el motivo de casación, corresponde ingresar a verificar la posible existencia o no de la contradicción denunciada.


       De la revisión de antecedentes, se advierte que los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, a tiempo de dictar el Auto de Vista impugnado, rememoraron los fundamentos de la apelación restringida interpuesta por el imputado, en lo que corresponde a: “1) Defectos de sentencia, previstos en el Art. 370 inc. 1), 4), 5) y 6) del Código de Procedimiento Penal.” y “2) Inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva”; de igual forma, la contestación interpuesta por la parte querellante en cuanto a los agravios denunciados.


       Continúa la Resolución de alzada bajo el acápite “CONSIDERANDO II.- FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCION” (sic); en cuanto, a los fundamentos de los aspectos cuestionados de la Sentencia, hace referencia a la garantía del principio de impugnación establecido en el art. 180.II de la CPE, luego puntualiza que la inobservancia de la ley o su errónea aplicación pueda darse tanto de la ley sustantiva como la adjetiva; en cuanto a la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva y del examen del recurso interpuesto por el imputado, haciendo énfasis en lo previsto por el art. 408 del CPP -en cuanto a la especificación en términos claros, fundamentados y precisos, de las disposiciones que se consideren violadas o erróneamente aplicadas, los motivos y fundamentos por separado de cada violación y cual la aplicación pretendida-, el Tribunal de alzada concluye que “Del examen del recurso interpuesto por Rene Villarroel Vidaurre, se advierten insalvables omisiones respecto de la concepción misma del recurso de apelación restringida vinculadas a la fundamentación y especificad, cuando se denuncia defectos de sentencia previstos en los inc. 1), 4), 5) y 6) del Art. 370 del Código de Procedimiento Penal; concibiendo que aquella errónea aplicación estaría vinculada a la defectuosa valoración de pruebas literales y testificales.” (sic).


       Asimismo, el Tribunal de apelación dilucida en cuanto al defecto de Sentencia previsto por el art. 370 inc. 1) del CPP, que el recurrente no dio cumplimiento a las previsiones estatuidas por el art. 408 del CPP, limitándose a enunciar los preceptos contenidos en los arts. 37 y 38 del CP, inherentes a la aplicación de la pena sin la debida fundamentación, concluyendo que “la simple enunciación de la norma resulta impertinente ante la sentencia que por su estructura sistemática debe interpretarse en su integridad.”.


       En cuanto a los defectos de Sentencia previstos por el art. 370 incs. 4) y 5) del CPP, el Tribunal de alzada luego de explicar en cuanto a los dos supuestos procesales contenidos en el inc. 4) del citado artículo -prueba no incorporada legalmente a juicio o incorporada por su lectura en vulneración de normas procesales-, señala que el recurrente no precisó cuál de los dos supuestos o ambos conforman el ámbito de impugnación y en relación a qué medios o elementos probatorios, careciendo de sustento legal el defecto denunciado; y en cuanto, al inc. 5) del art. 370 del CPP, concluye también que carece de sustento legal al no proporcionar el recurrente los argumentos demostrativos y susceptibles de confrontación sobre la falta de fundamentación de la Resolución de mérito.


       Del mismo modo, respecto al defecto de Sentencia previsto por el art. 370 inc. 6) del CPP, la Resolución impugnada, luego de remitirse a la Resolución de mérito en cuanto a su argumentación, señala que el recurrente incurre en omisión de especificar el componente de la sana crítica infringido por la Sentencia impugnada, lo cual no permite al Tribunal de apelación, “establecer el hecho inexistente, hecho no acreditado o defectuosa valoración de la prueba” (sic).


       Finalmente, en cuanto a la denuncia de elementos de prueba no considerados para fundamentación y valoración, el Tribunal de alzada explica que la codificación citada por el recurrente a tiempo de interponer su apelación restringida, no condice con la codificación de pruebas producidas por alguna de las pruebas en juicio oral; a tal efecto, expone la codificación utilizada por el Ministerio Público, la parte querellante y la parte imputada, infiriendo la falta de fundamentación del apelante respecto a qué elementos de prueba no fueron incorporados al juicio. 

       

       Ahora bien, ya ingresando a la labor de contrastación, se advierte que el Tribunal de alzada en la emisión del Auto de Vista impugnado, no se pronunció sobre el fondo de los puntos cuestionados en el recurso de apelación restringida, tal y como se tiene expuesto en los párrafos precedentes; ya que, si bien el Tribunal de alzada rememoró cuáles las denuncias del apelante en su alzada, se limitó a fundamentos o argumentaciones evasivas sin otorgar respuesta material a cada uno de los agravios expuestos, arguyendo omisiones de forma en cuanto a la interposición del recurso de apelación restringida; en consecuencia, resulta evidente que la Resolución impugnada no es expresa, al limitarse a la remisión de los agravios denunciados en alzada y la constancia de la Sentencia, como tampoco es completa; ya que, el Tribunal de alzada el dictar el Auto de Vista impugnado omitió el pronunciamiento de las cuestiones controvertidas planteadas por el apelante vulnerando el principio de exhaustividad, circunstancias que contradicen a la doctrina legal aplicable contenida en el Auto Supremo 5 de 26 de febrero de 2007; por cuanto, la Resolución de apelación no cumplió con la exigencia de fundamentación al corroborar los defectos denunciados en alzada sin la debida revisión.


De lo expuesto, es evidente lo denunciado por el recurrente, en sentido que el Tribunal de alzada a tiempo de emitir el Auto de Vista impugnado, incumplió con su deber de fundamentación y motivación que deben contener las Resoluciones judiciales respecto al pronunciamiento de fondo de los agravios interpuestos en alzada; puesto que, la motivación no necesariamente tiene que ser ampulosa y con consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo coherente, que justifique los razonamientos en los cuales apoya su decisión de manera expresa y completa, aspecto por el cual, el Auto de Vista resulta contrario al precedente invocado; deviniendo por ende en fundado.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara FUNDADO el recurso de casación interpuesto por René Villarroel Vidaurre, de fs. 99 a 103 y en aplicación del art. 419 del CPP, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 14/2017 de 4 de septiembre, de fs. 84 a 87, disponiendo que la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, previo sorteo y sin espera de turno, dicte un nuevo fallo en conformidad a la doctrina legal establecida en la presente Resolución.


A los efectos de lo previsto por el art. 420 del CPP, hágase conocer mediante fotocopias legalizadas el presente Auto Supremo a los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, para que por intermedio de sus Presidentes, pongan en conocimiento de los Jueces en materia penal de su jurisdicción.


En aplicación del art. 17.IV de la LOJ, por secretaría de la Sala comuníquese el presente Auto Supremo al Consejo de la Magistratura.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos