TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 402/2018-RRC

Sucre, 11 junio de 2018


Expediente                        La Paz 85/2017

Parte Acusadora                Ministerio Público y otro

Parte Imputada                : Lexin Ramel Arandia Saravia y otro

Delitos                                Incumplimiento de Deberes y otro

Magistrado Relator        : Dr. Edwin Aguayo Arando


RESULTANDO


Por memorial presentado el 21 de agosto del 2017, cursante de fs. 998 a 1005 vta., Lexin Ramel Arandia Saravia, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 24/2017 de 4 de abril, de fs. 966 a 972, pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, el Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción y la Caja Nacional de Salud por intermedio de los apoderados del representante legal Dr. Juan Carlos Meneses Copa contra Milton Gómez Mamani y el recurrente, por la presunta comisión de los delitos de Incumplimiento de Deberes y Conducta Antieconómica, previstos y sancionados por los arts. 154 y 224 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


I.1.  Antecedentes.


a)    Por Sentencia 08/2015 de 19 de febrero (fs. 607 a 623), el Tribunal Octavo de Sentencia de la capital del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a Lexin Ramel Arandia Saravia, autor de la comisión del delito de Incumplimiento de Deberes, previsto y sancionado por el art. 154 del CP, imponiendo la pena de un año de reclusión, más el pago de daños civiles y costas a calificarse en ejecución de Sentencia, absolviéndolo del delito de Conducta Antieconómica, concediendo el beneficio de Perdón Judicial, respecto a Milton Gómez Mamani, fue absuelto de pena y culpa por los delitos endilgados en su contra, siendo complementado y enmendado el fallo de primera instancia mediante Resolución de 3 de marzo de 2015. (fs. 624 a 627). 


b)         Contra la mencionada Sentencia, el imputado Lexin Ramel Arandia Saravia  (fs. 637 a 648 y 716 a 718 vta.), la Caja Nacional de Salud a través de su Gerente General José Rene Bustillos Calderón (fs. 731 a 735 vta.), interpusieron recursos de apelación restringida, que fueron resueltos por Auto de Vista 24/2017 de 4 de abril, dictado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que declaró admisibles e improcedentes las cuestiones planteadas en los recursos y confirmó la Sentencia apelada y el Auto de Complementación de 3 de marzo del 2015, motivando l interposición del presente recurso de casación.



I.2. Motivo del recurso de casación.


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 085/2018-RA de 26 de febrero, se extrae el motivo a ser analizado en la presente Resolución, conforme al mandato establecido por los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


I.2.1. Del recurso de casación de Lexin Ramel Arandia Saravia.



  1. El Auto de Vista habría confirmado la vulneración al principio de congruencia porque de manera ultra petita, sin que conste en la acusación determinó responsabilidad no mencionada ni acusada por el Ministerio Público, cuando en el considerando IV punto 5.1, argumentó que ante la existencia de divergencias entre la acusación fiscal y particular, el Tribunal de Sentencia sentará la base del juicio, conforme lo dispuesto por el art. 342 del CPP, afirmación que transgrede el Auto Supremo 239/2012 de 3 de octubre -el cual es transcrito parcialmente-; argumenta después de transcribir la acusación fiscal, que el Tribunal de origen, en el título VII de la Sentencia, destinada a los hechos probados, determinó que el recurrente fungía como Gerente General de la Caja Nacional de Salud, cuando su cargo en realidad era de Director Ejecutivo; asimismo, habría establecido que la entrega o recepción de medicamentos fue el mes de septiembre y octubre del 2004, según la prueba MP-4, aspectos por los cuales al no ser parte de la acusación, y conformar fundamento de la sentencia, no le habían dado la oportunidad de defenderse.


I.1.2. Petitorio.


El recurrente solicita que se declare la absolución del delito de Incumplimiento de Deberes y la nulidad de la Sentencia por vulneración al principio de congruencia.


I.3. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 085/2018-RA de 26 de febrero, este Tribunal admitió el recurso de casación formulado por Lexin Ramel Arandia Saravia, para el análisis de fondo.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


II.1.  De la Sentencia.


Por Sentencia 08/2015 de 19 de febrero, el Tribunal Octavo de Sentencia de la capital del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a Lexin Ramel Arandia Saravia, autor de la comisión del delito de Incumplimiento de Deberes, previsto y sancionado por el art. 154 del CP, imponiendo la pena de un año de reclusión, más el pago de daños civiles y costas a calificarse en ejecución de sentencia, absolviéndolo del delito de Conducta Antieconómica, concediendo el beneficio de Perdón Judicial, respecto a Milton Gómez Mamani, fue absuelto de los delitos endilgados en su contra, siendo complementado y enmendado el fallo de primera instancia mediante Resolución de 3 de marzo de 2015, (fs. 624 a 627) en base a los siguientes argumentos:


Como hechos generadores del proceso penal, se tiene que conforme al informe de auditoría realizado por la Caja Nacional de Salud signado como  ADAI-R-31/05 sobre “Examen de confiabilidad de estados financieros de la oficina central de La Paz, gestiones 2003-2004 control interno” y en razón a las explicaciones de los regentes de las farmacias del Policlínico 9 de abril, Hospital Materno Infantil y Hospital Obrero, en la gestión 2004 , se realizó una práctica irregular y fuera de toda norma básica de administración de bienes y servicios, la entrega de medicamentos a farmacias de la C.N.S. por parte de diferentes proveedores, en calidad de anticipo por licitaciones futuras, medicamentos que habrían sido registrados a momento de su recepción, en la tarjeta kardex como solicitados por inexistencia de medicamentos, los mismos habrían sido regularizados posteriormente como entrega de almacenes generales, estableciéndose que la responsabilidad recaerían directamente en los cargos que ocupaban los Sres. Milton Gómez Mamani como ex presidente ejecutivo de la C.N.S., Fernando Rojas Torrejón y Lexin Ramel Arandia Saravia como ex gerentes generales de dicha entidad de salud; consecuentemente, al ser ex-servidores públicos subsumen su accionar en la tipificación de los delitos de Incumplimiento de Deberes y Conducta Antieconómica, previstos en los arts. 154 y 224 del CP.


El Tribunal Octavo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, valorado las de cargo consistentes en testificales y documentales, asimismo las pruebas documentales de descargo, llegaron a la convicción que se entregaron medicamentos en calidad de anticipo de licitaciones por diferentes proveedores y siendo que Lexin Ramel Arandia, fungía el cargo de Gerente General de la C.N.S. teniendo la función específica de control y seguimiento de la actividad administrativa que cumplían los funcionarios públicos de nivel inferior quienes han permitido la entrega de medicamentos sin cumplir un procedimiento legal, por lo cual fue responsable subsumiendo su conducta a los ilícitos acusados. Por otro lado, respecto a Milton Gómez Mamani en su condición de presidente de la C.N.S. al cumplir funciones de orden normativa y no tener facultados operativas se le absolvió de culpa y pena, más aún cuando la parte acusadora no aportó prueba plena que sustente su participación en los delitos acusados.

 

II.2.  De la apelación restringida.


Contra la mencionada Sentencia, Lexin Ramel Arandia Saravia y José René Bustillos Calderón en representación de la C.N.S., interpusieron recursos de apelaciones  restringidas,  que tomando en cuenta el motivo admitido en casación corresponde desarrollar los argumentos esgrimidos en el recurso de Lexin Ramel Saravia, como a continuación se detalla:


En el recurso de Lexin Ramel Arandia Saravia señaló como primer motivo que el Tribunal a quo habría perdido competencia al incumplir el plazo para la redacción, firma y lectura de la Sentencia vulnerando el debido proceso, invocando el Auto Supremo 131/2005 de 13 de mayo, el cual refiere sobre el trámite que debe efectuarse en la lectura de Sentencia y respecto a la perdida de competencia, en virtud a que el Tribunal recurrido clausuró el debate el 19 de febrero de 2015, suspendiéndose para el 24 de febrero y posteriormente para el 27 de febrero, finalmente previo mandamiento de apremio contra los jueces ciudadanos se llevó a cabo el 3 de marzo de 2015, transcurriendo un total de 12 días que el Tribunal habría perdido competencia, solicitando la nulidad del juicio.


Como otro agravio, refiere la errónea aplicación de la ley sustantiva por inexistencia de hechos y pruebas que demuestren la comisión del delito de Incumplimiento de Deberes, invocando el Auto Supremo 17/2014 de 24 de marzo, en cual refiere el encuadramiento del hecho al tipo penal, señalando que el acusado habría sido designado Director Ejecutivo de la C.N.S. y en Sentencia menciona que fuese Gerente General mención errónea pues alude a un cargo inexistente como tampoco en Sentencia señala cual habría sido la omisión que atentaría al reglamento interno de la Caja, reiterando que dicha situación se encontraría en el acápite VII sobre la exposición de motivos de derecho y doctrinales, asimismo hace referencia que en Sentencia no se señala la función que se rehusó a hacer en calidad de Director de la Caja, pues el informe de 30 de diciembre de 2005 hace referencia a una auditoría del estado financiero de la institución, con relación a que retardare un acto propio de su función el cual tampoco habría reunido dicho elemento pues realiza presunciones en el acápite de los hechos probados.


Por otro lado, hace referencia al voto disidente que emitió el Presidente del Tribunal a quo, concluyendo que no se reflejaría los elementos constitutivos del tipo penal de Incumplimiento de Deberes; ya que, solo identifican la Jefatura de farmacias como únicos responsables de los anticipos y la infracción era deberes propios de otras unidades farmacéuticas.


Asimismo, expresa que el análisis de la Sentencia resulta insuficiente para determinar la condena al no contar con hechos probados para demostrar la culpabilidad correspondiendo reparar directamente disponiendo la absolución o anulación de la Sentencia.


Denuncia también que la Sentencia no cumple con el principio de congruencia debido a que la Sentencia se sustenta en hechos no solicitados y demostrados, en virtud a que en acusación de 16 de noviembre de 2010, en el titulo 5 hace referencias a dos informes de auditorías, en los cuales se encontrarían responsabilidad penal respecto a la forma de contratación de empresas que hubieran sido favorecidas con los anticipos; sin embargo, el Tribunal Sentenciador valoró hechos distintos señalando que habrían realizado entrega de anticipos de medicamentos y que en calidad de Gerente General de la Caja, no realizó la supervisión de la farmacia o gerencia farmacéutica, concluyendo en su agravio que el Tribunal a quo en forma ultra petita, sin constar en acusación determinó responsabilidad en favor de la Caja Nacional, sin considerar el informe que expresaba que las reparticiones fueron responsabilidad de la Regencia Nacional de Farmacias asignando responsabilidades administrativa a dicho personal.


Finalmente, expresa que la Sentencia se basa en hechos inexistentes y en una valoración defectuosa de la prueba ya que el Ministerio Público y la C.N.S., no aportaron pruebas suficientes que demuestren su participación en el hecho, art. 370 inc. 2) del CPP, pues el Tribunal conforme a la sana crítica debe valorar  las pruebas más allá de la duda razonable, refiriendo que las pruebas testificales de David Huanca, María Rosa Torrejón, Marcela Fátima Burgoa, Digna Mercedes Vera y Rita Ximena, atestiguaron información relevante sobre el informe de auditoría, no determinaron responsabilidad para el procedimiento de compra, adquisición, dotación de medicamentos, que es responsabilidad de la Jefatura Nacional de Farmacias, refiere también que la prueba MP-1 correspondiente a la auditoria de estados financieros que no emite responsabilidad a funcionario de la Caja, la prueba MP-4 referente al informe complementario mismo que no corresponde a la gestión del acusado, la prueba MP-5 referente a un oficio de 26 de febrero de 2010, que no indica ningún dato de anticipo de medicamento que fueron suficiente para los jueces ciudadanos para sentenciar al acusado incurriendo en vulneración de la sana crítica, presunción de inocencia y debido proceso.


II.3.  Del Auto de Vista impugnado.


La apelación restringida expuesta precedentemente, fue resuelta por el Auto de Vista impugnado, emitido por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que declaró Improcedente la apelación formulada, confirmando la Sentencia apelada, en base a los siguientes argumentos:


Como primer agravio refiere que el Tribunal a quo habría perdido competencia al incumplir los plazos para la redacción, firma y lectura de la Sentencia, invocando el Auto Supremo 131/2005 de 13 de mayo, en virtud a que el a quo clausuró el debate el 19 de febrero de 2015 horas 13:45, disponiendo cuarto intermedio, dando lectura a la parte resolutiva a horas 14:30, no ajustándose al art. 361. II del CPP, suspendiendo la lectura íntegra para el 24 luego para el 27 de febrero; y finalmente para el 3 de marzo, transcurriendo 12 días hábiles de retraso atribuibles al Tribunal de Sentencia. Al respecto con la finalidad de identificar la veracidad del agravio alegado el Tribunal de alzada se remite a las actuaciones de fs. 594 a 602 vta., referente a la audiencia pública de 19 de febrero de 2015 lo cual en consideración de lo avanzado de la hora se difirió para el 27 de febrero, suspendiéndose para el 3 de marzo, audiencia donde se llevó a cabo la lectura íntegra; por consiguiente, transcurrieron 12 días; sin embargo, se debe tener presente que los señalamiento fueron dentro del intervalo de los tres días conforme lo ordena el segundo párrafo del art. 361 del CPP, para ello suma las suspensiones del 24 y 27 de febrero de 2015 fue a raíz de la inasistencia de dos jueces ciudadanos no existiendo la mayoría para llevarse a cabo dicha audiencia, de llevarse a cabo se vulneraría el art. 60 con relación al art. 53 de la ley 025 transgrediendo el debido proceso.


En relación al agravio referido a que la audiencia de 19 de febrero de 2015 solo se dio lectura a la parte dispositiva de Sentencia cuando se hubiese dado lectura en su integridad. Con referencia a este extremo se debe citar el segundo párrafo del art. 361 que señala “Por la complejidad del proceso o lo avanzado de la hora podrá diferirse la redacción de los fundamentos de la Sentencia y ser leerá solo la parte resolutiva, señalando día y hora de audiencia para su lectura integra, la cual se realizará en el plazo máximo de tres días posteriores al pronunciamiento de la parte dispositiva”. Precepto legal que establece la posibilidad de diferir la lectura integra de la Sentencia, dentro de los tres días, en tal sentido la audiencia de 19 de febrero de 2015 inicio a horas 09:00 am concluyendo a 14:30 pm identificando el avance y prolongación de las horas, y también existe disidencias por uno de los jueces por lo  que se traduce en la complejidad, deliberando de manera amplia. Consiguientemente en el caso de autos se encuadra las condiciones que prevé el art. 361 del CPP, a ello se suma los lineamientos del Auto invocado.


Otro extremo a tenerse en cuenta es el hecho que el Presidente del Tribunal velando el debido proceso libro orden de mandamiento de apremio contra los dos jueces ciudadanos, por lo que no incurrió en agravios invocados por el apelante y el Tribunal de alzada no identifica la vulneración de derechos para disponer la nulidad de la Sentencia.


Asimismo, señala la errónea aplicación de la ley sustantiva por inexistencia de hechos y pruebas que demuestren la comisión del delito de Incumplimiento de Deberes, señalando que el acusado demostró que habría sido funcionario de la Caja Nacional de Salud, sin embargo la Sentencia en ninguno de los fundamentos no señala cual habría sido la omisión o deber en la que incurrió en calidad de Director de la Caja, como tampoco refiere si dicha omisión atentaría al reglamento interno de dicha institución, reiterando que dicha omisión se encuentra en el acápite VII Sobre la Exposición de derecho en relación a que rehusare hacer un acto propio de su función; ya que, la Sentencia no señala la función que se rehusó hacer en su calidad de Director de la Caja; ya que, el informe de auditoría solo hace referencia al estado financiero de la institución identificando como responsables a ciertos personeros, refiriendo también que la Sentencia señala solo presunciones en el acápite de los hechos probados.


Con relación a este agravio, expresa el Tribunal de alzada que invoca el tipo penal por el cual el apelante fue condenado traduciendo el art. 154 del CP, por consiguiente es menester realizar el siguiente análisis, este tipo penal responde a la naturaleza  de un tipo penal propio en virtud a que están sujetos los personeros de la función público, acciones que son propias de la función pública, de este análisis se puede advertir ciertos elementos constitutivos para el encuadramiento del tipo penal.


Bajo este lineamiento es menester remitirnos a los fundamentos del acápite VIII Exposición de motivos de derecho y doctrinales, del cual el Tribunal a quo ha realizado una correcta interpretación del tipo penal haciendo una subsunción del hecho al delito, debido a que se ha identificado los elementos constitutivos al señalar que el acusado era servidor público que estaba a cargo de Gerente General de la C.N.S., identificó la función en la que estaba obligado a cumplir las funciones de cuidado, control y seguimiento de la actividad administrativa que cumplan los funcionarios de nivel inferior, a lo que seguidamente el Tribunal a quo realiza la descripción de los elementos del tipo penal encuadrando al accionar del acusado; consecuentemente, la labor desplegada por el inferior ha sido dentro del marco normativo y no se identifica la errónea aplicación de la ley sustantiva penal.

Como otro agravio infiere que la Sentencia no cumple con el principio de congruencia debido a que se sustenta en hechos no acreditados en virtud a que la acusación en el título 5 hace referencia a dos informes de auditoría en los cuales se encontraría responsabilidad penal contra los acusados, concluyendo que los mismos se pueden colegir la forma de contratación de las empresas que hubieran sido favorecidas con los anticipos; sin embargo, el Tribunal a quo valoró hechos distintos pues en acusación señala que se habría realizado la entrega de anticipos de medicamentos y el hecho de que en calidad de Gerente General de la Caja no supervisó la Gerencia Farmacéutica, denunciando que actuó en forma ultra petita pues determinó una responsabilidad no acusada, más aún si de los testigos e informe las reparticiones fueron responsabilidad de la Regencia Nacional de Farmacias ya que asigna responsabilidades administrativas al personal de dicha unidad, por lo que alegó la vulneración del principio de congruencia.


En relación a este agravio es del caso de invocar el art. 342 del CPP, referente a las bases del juicio, de este precepto se determina que ante la existencia de contradicciones entre la acusación fiscal y particular, el Tribunal de Sentencia determinará los hechos por los cuales se apertura el juicio oral, en virtud a que tiene  la obligación de juzgar hechos y en torno a una labor intelectual realizará el encuadramiento de los tipos penales que correspondan, otorgando el ordenamiento jurídico dicha facultad a autoridades jurisdiccionales; en tal sentido, de la revisión de actuados se tiene que el auto de apertura de juicio ha sido en base a delitos de Incumplimiento de Deberes y Conducta Antieconómica tipificados por los arts. 142 y 224 del CP y de la determinación arribada del Tribunal a quo precisamente ha sido por dichos tipos penales; en consecuencia, no se identifica la vulneración del principio de incongruencia como alega el hoy apelante.


En relación, al agravio de que la Sentencia se basa en hechos inexistentes y valoración defectuosa de la prueba por no aportar suficientes pruebas que demuestren su participación, pues el Tribunal de Sentencia debe realizar una valoración exhaustiva de la prueba más allá de la duda razonable, por lo que en el presente caso por las declaraciones testificales introdujeron información relevante sobre el informe de auditoría de los estados financieros no determinando responsabilidad para el procedimiento de compra y adquisición de medicamentos  pues sería responsabilidad de la Jefatura Nacional de Farmacias, en las que también refiere la prueba MP-1 que no designa responsabilidad al funcionario de la C.N.S., prueba MP-4 informe complementario que no sería de la gestión del acusado, la prueba MP-5, oficio de 26 de febrero de 2010 que no indica ningún dato de anticipo de medicamento, elementos que fueron suficientes y que se encuentran plasmados en el acápite VII de Hechos Probados, vulnerando la sana crítica.


En cuanto a dicho agravio se tiene las pruebas producidas encontrados en el acápite VI VALORACION INTELECTIVA DE EVIDENCISA Y ELEMENTOS PROBATORIOS, lo cual de su lectura íntegra y analítica se tiene el cumplimiento de los arts. 173 y 359 del CPP, “El juez o Tribunal asignará el valor correspondiente a cada uno de los elementos de prueba…..” “El Tribunal valorará las pruebas producidas en juico de modo integral conforme las reglas de la sana crítica…”  en virtud a que el Tribunal a quo ha realizado una valoración objetiva de las pruebas documentales presentadas por el Ministerio Público, acusación particular como de los acusados.


Por último se debe tener presente que un Tribunal de alzada queda supeditado por competencia conforme al art. 398 del CPP y ello se traduce en la prohibición de revalorización de la prueba y ha sido objeto de análisis por parte del Auto Supremo 224/2006 de 3 de julio, “una forma de resolución de autos de vistas defectuosos se refiere a los casos de revalorizar pruebas….”  como también por el Auto Supremo 525/2004 de 20 de septiembre “que de acuerdo a la nueva concepción la apelación restringida es un medio de impugnar errores de procedimiento o de aplicación de normas sustantivas que hubieran ocurrido durante el juicio, no siendo medio para revalorizar cuestiones de hecho que hacen los jueces o tribunales inferiores”.


III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN


En el presente proceso penal, fue admitido el recurso de casación interpuesto por Lexin Ramel Arandia Saravia, por el cual denuncia la vulneración del principio de congruencia por parte del Tribunal de alzada al confirmar la Sentencia que incorporó hechos no acusados, como el cargo de Gerente General y entrega de medicamentos, contrario al Auto Supremo invocado, por lo que corresponde resolver la problemática planteada.


III.1. La labor de contraste en el recurso de casación.


Conforme lo dispuesto por los arts. 42.I inc. 3) de la LOJ y 419 del CPP, las Salas especializadas tienen la atribución de sentar y uniformar la jurisprudencia, cuando un Auto de Vista dictado por una de las Cortes Superiores de Justicia, sea contrario a otros precedentes pronunciados por las otras Cortes Superiores o por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia.


El art. 416 del CPP, preceptúa: “Se entenderá que existe contradicción, cuando ante una situación de hecho similar, el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista recurrido no coincida con el del precedente, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance”. En ese ámbito, este Tribunal a través del Auto Supremo 322/2012-RRC de 4 de diciembre, puntualizó: “Cuando la norma se refiere a una situación de hecho similar, considera esta Sala que el legislador se refiere a supuestos fácticos análogos, siendo necesario precisar que en materia sustantiva el supuesto fáctico análogo exige que el hecho analizado sea similar; en cambio, en material procesal el supuesto fáctico análogo se refiere a una problemática procesal similar.


La atribución de este Tribunal, de sentar y unificar jurisprudencia contiene íntima y estrecha relación con la garantía constitucional contenida en el art. 119.I de la Constitución Política del Estado (CPE), que garantiza el ejercicio pleno del principio de igualdad de las partes, ante el Juez dentro de las jurisdicciones del Estado, así como garantizar seguridad jurídica en la predictibilidad de las decisiones de los Tribunales y un igual tratamiento jurídico a los ciudadanos. En resumen, la labor de sentar doctrina legal a partir del recurso de casación dentro de la jurisdicción ordinaria, se sintetiza en: a) Respeto a la seguridad jurídica; b) Realización del principio de igualdad; y, c) Unidad y uniformidad en la aplicación del derecho por parte de los servidores judiciales en la jurisdicción ordinaria.


Por otro lado, la doctrina legal a ser dictada por este Tribunal en el supuesto caso de verificar la existencia de contradicción entre la Resolución impugnada y los precedentes invocados como contradictorios, será de aplicación obligatoria para los Tribunales y jueces inferiores; y, sólo podrá modificarse por medio de una nueva resolución dictada con motivo de otro recurso de casación, en previsión de lo dispuesto por el art. 420 del CPP.


III.2.        Análisis del caso concreto.


En cuanto al único motivo, que se admitió a través del Auto Supremo 85/2018 de 26 de febrero, el recurrente acusa que el Auto de Vista, confirmó la vulneración del principio de congruencia, al ratificar una Sentencia que incorporó hechos que no fueron acusados, como el supuesto cargo de Gerente General de la Caja Nacional de Salud y entregas de medicamentos en los meses de septiembre y octubre del 2004; invoca como precedente el Auto Supremo 239 de 3 de octubre de 2012, el cual habría establecido que la Sentencia no puede modificar, anexar, quitar o modificar los hechos.


A tal efecto se invocó como precedente contradictorio el Auto Supremo 239/2012 de 3 de octubre, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en contra de P.C.C. y otra por el delito de Asesinato, que se tiene como hecho generador la falta de fundamentación respecto al tipo penal sentenciado, que establece la siguiente doctrina legal aplicable:

“Los jueces y tribunales deben considerar que el papel de la "acusación" en el debido proceso penal frente al derecho de defensa. La descripción material de la conducta imputada contiene los datos fácticos recogidos en la acusación, que constituyen la referencia indispensable para el ejercicio de la defensa del imputado y la consecuente consideración del juzgador en la sentencia. De ahí que el imputado tenga derecho a conocer, a través de una descripción clara, detallada y precisa, los hechos que se le imputan. La calificación jurídica de éstos puede ser modificada durante el proceso por el órgano acusador o por el juzgador, sin que ello atente contra el derecho de defensa, cuando se mantengan sin variación los hechos mismos y se observen las garantías procesales previstas en la ley para llevar a cabo la nueva calificación. El "principio de congruencia o coherencia entre acusación y sentencia" implica que la sentencia puede versar únicamente sobre hechos o circunstancias contemplados en la acusación”.

Bajo este preámbulo corresponde verificar si existe contradicción entre los precedentes citados, por lo que a efectos de contrastar los fundamentos contenidos en el Auto de Vista impugnado respecto a los aspectos apelados, corresponde analizar lo siguiente:


El apelante como motivo de agravio refiere que la Sentencia no cumple con el principio de congruencia debido a que se sustenta en hechos no acreditados en virtud a que la acusación en el título 5 hace referencia a dos informes de auditoría en los cuales se encontraría responsabilidad penal contra los acusados, concluyendo que los mismos se pueden colegir la forma de contratación de las empresas que hubieran sido favorecidas con los anticipos, sin embargo el Tribunal a quo valoró hechos distintos pues en acusación señala que se habría realizado la entrega de anticipos de medicamentos y el hecho de que en calidad de Gerente General de la Caja no supervisó la Gerencia Farmacéutica, denunciando que actuó en forma ultra petita pues determinó una responsabilidad no acusada, más aún si de los testigos e informe las reparticiones fueron responsabilidad de la Regencia Nacional de Farmacias ya que asigna responsabilidades administrativas al personal de dicha unidad, por lo que alegó la vulneración del principio de congruencia.


El Tribunal de alzada con relación a este agravio expresa que es del caso de invocar el art. 342 del CPP, referente a las bases del juicio, de este precepto se determina que ante la existencia de contradicciones entre la acusación fiscal y particular, el Tribunal de Sentencia determinará los hechos por los cuales se apertura el juicio oral, en virtud a que tiene  la obligación de juzgar hechos y en torno a una labor intelectual realizará el encuadramiento de los tipos penales que correspondan, otorgando el ordenamiento jurídico dicha facultad a autoridades jurisdiccionales; en tal sentido, de la revisión de actuados se tiene que el auto de apertura de juicio ha sido en base a delitos de Incumplimiento de Deberes y Conducta Antieconómica tipificados por los arts. 142 y 224 del CP y de la determinación arribada del Tribunal a quo precisamente ha sido por dichos tipos penales; en consecuencia, no se identifica la vulneración del principio de incongruencia como alega el hoy apelante.


Sobre el particular, con relación a que el Tribunal de alzada confirmó la vulneración del principio de congruencia, al ratificar una Sentencia que incorporó hechos no acusados, como el supuesto cargo de Gerente General de la C.N.S. y entregas de medicamentos. Al respecto, del análisis a los argumentos esgrimidos en el Auto de Vista impugnado, dan cuenta que dicho reclamo fue atendido y resuelto de manera expresa, clara, legítima y lógica, en sentido que para este principio de congruencia se debe analizar el art. 342 del CPP, referente sobre las bases de juicio “El juicio se podrá abrir sobre la base de la acusación del fiscal o la del querellante….” Determinándose los hechos por los cuales se aperturará el juicio oral, teniendo la obligación de juzgar hechos y en torno a una labor intelectual de subsunción realizará el encuadramiento de los tipos penales que correspondan; asimismo, cuando expresa el Tribunal de alzada que “de la revisión de actuados se tiene que el auto de apertura de juicio ha sido en base a los delitos de Incumplimiento de Deberes y Conducta Antieconómica, por lo que la determinación arribada por el a quo precisamente ha sido por dichos tipos penales, por lo que no se identifica vulneración del principio de incongruencia como alega el apelante”


Como se puede observar, de acuerdo a los argumentos fundamentados emitidos por el Tribunal de alzada, estableció que la calificación jurídica realizada por el Tribunal inferior fue correcta y conforme las reglas de la sana crítica, explicando los motivos por los que asumió la decisión, al explicar que desde el auto de apertura de Juicio ha sido justamente en base a los tipos penales por las cuales en juicio oral hubo los debates y finalmente condenados, no evidenciándose violación al principio citado, entendimiento que se encuentra acorde al sistema acusatorio oral, sin que exista modificación de los elementos esenciales contenidos en la acusación, en respeto del derecho a la defensa y el debido proceso, lo cual ocurrió efectivamente en el presente caso; al advertirse que los hechos ilícitos sobre los cuales fue acusado el imputado Lexin Ramel Arandia, están circunscritos a los actos lesivos plasmados en los informes de auditorías IDAI-R-31/2005 y IDAI-I-08/07 que refieren a la entrega indebida de medicamentos en calidad de anticipo de licitaciones, siendo el hecho relevante la omisión de control a funcionarios subalternos en desmedro de la economía nacional, este único elemento histórico es la base sobre el cual gira todo el proceso desde el primer momento, con la denuncia pasando por la acusación y concluyendo con la Sentencia, resultando en el caso presente que el Tribunal de Sentencia, en mérito al desfile probatorio, sin alterar los elementos esenciales del hecho histórico concluyó que la conducta del imputado se subsume a los delitos anteriormente señalados, deviniendo en una sentencia coherente y cumpliendo el principio de correlación de la acusación con la Sentencia; observaciones que fueron respondidas de manera fundamentada por el Tribunal de alzada mediante una respuesta expresa, clara, completa, legítima y lógica.


Por otro lado, respecto a que en Sentencia se haya plasmado el hecho que el imputado fungía el cargo de Gerente General de la C.N.S. siendo esto un aspecto no acusado ya que su función era de Director Ejecutivo de la C.N.S., al respecto verificado la acusación fiscal en el punto 3 de la relación de los hechos, se encuentra plasmado el cargo como Gerente General de la C.N.S., e inclusive situación que se plasmó en la acusación particular, situación por la cual el imputado durante todo el juicio oral tuvo el conocimiento directo de los hechos por los cuales estaba siendo acusado, aspecto que fue de su conocimiento desde el primer instante del proceso hasta la audiencia de juicio oral, además de  tener oportunidad de efectuar objeciones a la imputación fáctica y jurídica contenida en la acusación, al tener conocimiento del Auto de apertura de juicio sobre la acusación, en síntesis, los hechos acusados fáctica y jurídicamente fueron los mismos de la denuncia, acusación, Auto de Apertura y Sentencia; sin haberse presentado nuevos hechos en juicio sobre los cuales tenga que asumirse defensa, por tanto no es evidente que hubiera vulneración del derecho a la defensa y por ende del debido proceso; más al contrario, se respetó el principio de coherencia o congruencia entre la acusación y la Sentencia.


Finalmente, con relación al aspecto denunciado que la entrega de medicamentos fue el mes de septiembre y octubre de 2004, no resulta evidente esta situación que se haya plasmado en los hechos probados de Sentencia; en consecuencia, los vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal de Justicia de La Paz, al resolver el recurso de apelación restringida no incurrieron en vulneración al principio de incongruencia, debido a que realizaron adecuadamente el control de legalidad al verificar que la Sentencia no cambio los hechos contenidos en la acusación formal de 16 de noviembre de 2010.


Del análisis efectuado, este Tribunal concluye respecto al motivo del recurso, que el Tribunal de alzada no incurrió en vulneración al principio de congruencia penal, ni fundamentó en forma ultra petita, menos vulneró los derechos a la defensa y el debido proceso del recurrente, porque dio respuesta fundada a los reclamos que alegó en su recurso de apelación restringida, observando la ley.


Por los fundamentos expuestos precedentemente, este Tribunal llega a la conclusión de que el Tribunal de apelación, al momento de pronunciar el Auto de Vista impugnado no contradijo el precedente invocado en su recurso de casación. 


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP y lo previsto por el art. 42.I.1 de la LOJ, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Lexin Ramel Arandia Saravia.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Edwin Aguayo Arando 

Magistrado Dr. Olvis Eguez Oliva

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos