TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 399/2018-RRC

Sucre, 11 de junio de 2018


Expediente                        : Chuquisaca 32/2017        

Parte Acusadora                : Ministerio Público y otro

Parte Imputada                : Marco Antonio Barrios Monje

Delito                        : Violación de Niño, Niña o Adolescente

Magistrado Relator        : Dr. Olvis Eguez Oliva


RESULTANDO


Por memorial presentado el 10 de octubre de 2017, cursante de fs. 323 a 328, Marco Antonio Barrios Monje, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 265/2017 de 19 de septiembre, de fs. 306 a 315 vta., y el Auto Complementario 276/2017 de 2 de octubre, a fs. 319 y vta., pronunciados por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso penal seguido por el representante del Ministerio Público y Marina Padilla Romero de Andrade contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Violación de Niño, Niña o Adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 Bis del Código Penal (CP).

       

I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


  1. Por Sentencia 8/2016 de 16 de marzo (fs. 161 a 177), el Tribunal Segundo de Sentencia en lo Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, declaró a Marco Antonio Barrios Monje, autor de la comisión del delito de Violación de Niño, Niña o Adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 Bis del CP, imponiendo la pena de quince años de presidio sin derecho a indulto, más el pago de costas del proceso, así como los daños y perjuicios a favor de la víctima a calificarse en ejecución de Sentencia, siendo rechazada la solicitud de Complementación del imputado, mediante Resolución 52/2016 de 28 de marzo (fs. 181).


  1. Contra la referida Sentencia, el imputado Marco Antonio Barrios Monje (fs. 186 a 204 vta.), que previo memorial de subsanación (fs. 220 a 221 vta.), interpuso recurso de apelación restringida, resuelto por Auto de Vista 287/2016 de 28 de octubre (fs. 230 a 239) y el Auto Complementario 340/2016 de 7 de noviembre (fs. 244 a 245), que fueron dejados sin efecto por Auto Supremo 315/2017-RRC de 3 de mayo (fs. 290 a 296 vta.); a cuyo efecto, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, emitió el Auto de Vista 265/2017 de 19 de septiembre, que declaró parcialmente procedente el recurso planteado, sin necesidad de reenvío, revocó en parte la Sentencia confutada y declaró a Marco Antonio Barrios Monje, autor de la comisión de del delito de Estupro, previsto y sancionado por el art. 309 del CP, imponiendo la pena de cuatro años y seis meses de reclusión, manteniendo firme en lo demás la Sentencia apelada, más costas y el resarcimiento de daño causado a la víctima, siendo rechazada la solicitud de complementación y enmienda del imputado, mediante Resolución 276/2017 de 2 de octubre (fs. 319 vta.) y motivando la interposición del presente recurso de casación.


I.1.1. Motivo del recurso de casación.


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 081/2018-RA de 26 de febrero, se extraen los siguientes motivos a ser analizados en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


El recurrente, denuncia que a través del Auto de Vista, acogiendo la doctrina legal sentada en el Auto Supremo 315/2017, lo declararon culpable de la comisión del delito de Estupro, previsto en el art. 309 del CP, imponiendo una pena de 4 años y 6 meses de reclusión, de manera inmotivada, sin haber señalado cuáles las atenuantes generales o especiales, la personalidad del autor o las circunstancias en que se cometió el hecho para imponer dicha pena; refiriendo que: Acusa violación del derecho al debido proceso, por falta de fundamentación y motivación en la fijación judicial de la pena, con total inobservancia de la Ley sustantiva penal de los arts. 37, 38, 39 y 40 del CP, generando un defecto absoluto insubsanable, previsto en el art. 169 inc. 3) del CPP, plasmado en el Auto de Vista y su complementario; ya que es atentatorio al art. 124 del CPP, por que se tomó en cuenta únicamente para imponer la pena que: “…el reproche será mayor cuando el autor ha tenido el acceso a la educación y por lo tanto ha disminuido su vulnerabilidad al sistema penal…”; sin considerar para nada la existencia o no de atenuantes generales o especiales, las circunstancias del hecho, la personalidad del autor, extremos que sirven como parámetros para fijar la pena y que deben observarse por todo el Tribunal, conforme a los arts. 37, 38, 39 y 40 del CP; siendo que el recurrente aduce que su destacada hoja de vida, dedicada al orden y respeto de la Ley hasta antes de la comisión del hecho debió considerarse, no cuando la menor era su alumna o dependiente, por lo que no se sabe cuál es el parámetro de Ley usado por el Tribunal de Sentencia para fijar dicha pena, al extremo que ninguna de las normas contenidas en el Código Penal, referidas a las atenuantes y agravantes, generales o especiales, es citada o motivada en la resolución, objeto de casación, por lo que el Tribunal de apelación soslayó dichas normas incurriendo en falta de motivación y fundamentación respecto a los cánones o supuestos para fijar una pena tan elevada, invocando como precedentes contradictorios los Autos Supremos 507/2007 de 11 de octubre y 119/2012 de 11 de junio.


I.1.2. Petitorio.


El recurrente solicitó que deliberando en el fondo, se anule y/o deje sin efecto el Auto de Vista 265/2017 y su Auto Complementario 276/2017, disponiendo una nueva Resolución acorde a la doctrina legal a emitirse.


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 081/2018-RA de 26 de febrero, este Tribunal admitió el recurso de casación, formulado por Marco Antonio Barrios Monje, para el análisis de fondo del motivo identificado precedentemente.

II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación y precisado el ámbito de análisis del recurso, se establece lo siguiente:


II.1.        De la Sentencia.


Por Sentencia 8/2016 de 16 de marzo, el Tribunal Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, declaró a Marco Antonio Barrios Monje, autor de la comisión del delito de Violación de Niño, Niña o Adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 Bis del CP, en base a los siguientes argumentos:


  1. Existió en el imputado la intención en la comisión del hecho delictivo a él atribuido y su conducta se subsume en el tipo penal endilgado, por lo que su participación y autoría está plenamente identificada.


  1. Con pleno conocimiento y voluntad consideró seriamente la realización del delito de violación; toda vez, que al estar impartiendo clases particulares en su condición de maestro, enamoró a la víctima, para ello le hacía regalos, todo esto a sabiendas que él tenía la edad de 31 años y una vez que convenció a la menor de entablar una relación amorosa, logró tener relaciones sexuales con la misma.


  1. La víctima en la primera relación contaba con la edad de 12 años y 11 meses de edad, mientras que en la segunda relación tenía 13 años y 8 meses; en tanto, que en la tercera ocasión contaba con la edad de 14 años, 1 mes y 15 días aproximadamente.


  1. Para asegurar la comisión del ilícito, el imputado tapaba la boca de la víctima y así aseguraba el resultado del hecho, estableciéndose en consecuencia que el imputado tenía pleno conocimiento de las consecuencias de su conducta, por dicha circunstancia llevó a la menor al Parque Libertadores, El Tejar y la calle Carlos Medinaceli por la zona del Cementerio para no ser descubierto y cuando la menor se resistía a sus pedidos, el imputado profería una serie de amenazas en contra de su familia.


  1. La tesis de la defensa referida a que existió posiblemente una sola agresión sexual en el año 2012 y que esta se produjo cuando la menor tenía 14 años -lo cual constituiría Estupro-, no ha sido acreditada por ningún medio probatorio.


II.2.  De la apelación restringida.


El imputado Marco Antonio Barrios Monje, interpuso recurso de apelación restringida contra la Sentencia pronunciada, con los siguientes argumentos:


  1. Defecto de Sentencia previsto por el inc. 3) del art. 370 del CPP, por la falta de enunciación del hecho objeto de juicio y su determinación circunstanciada; por cuanto, en ninguna parte de la relación fáctica de la Resolución de mérito se sindica al imputado, de haber consumado relaciones sexuales con la víctima en fechas 26 de octubre de 2010 y 22 de julio de 2011; sin embargo, se lo condena por esos hechos; asimismo, la Sentencia únicamente se abocó a señalar de manera genérica, con falta de motivación y precisión, que el imputado aprovechando la ausencia de los padres de la víctima y con una serie de amenazas la forzó a tener acceso carnal.


  1. Incongruencia entre la Resolución de mérito y las acusaciones fiscal y particular, defecto de Sentencia previsto por el inc. 11) del art. 370 del CPP, por infracción al art. 362 de la misma norma adjetiva penal; toda vez, que el Tribunal de mérito en la emisión de la Sentencia y su Auto complementario, condenaron al imputado por hechos distintos que los atribuidos en la acusación fiscal y particular.


  1. Acusa la valoración defectuosa de la prueba, tanto en la Sentencia como en su Auto complementario, en vulneración del art. 173 del CPP; como primer punto arguye el apelante que el Tribunal de Sentencia violó las reglas de la experiencia y la razón a tiempo de valorar las documentales y testificales de cargo, en lo que respecta a dos de las ubicaciones señaladas como lugar del hecho, mismas que son de acceso público y de concurrencia continua de personas, siendo poco creíble que una menor de edad se desvista en pleno parque y en horas del día para sostener relaciones sexuales. Como segundo punto, señala que es atentatorio a las reglas de la ciencia y la experiencia común que la menor víctima con el transcurrir del tiempo vaya recién recordando los detalles de lugar, fechas y circunstancias de la comisión del hecho.


  1. La Sentencia adolece de la falta de fundamentación al negar valor probatorio a las conclusiones 6 y 7, del dictamen pericial médico psicológico de 29 de enero de 2016, emitido por Víctor Selaya Gonzales; al limitarse en señalar que el citado perito no realizó el trabajo encomendado por el Tribunal, sin expresar los motivos de hecho y de derecho que sustentan tal decisión.


II.3.  Del Auto de Vista impugnado. 

       

La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, declaró procedente el recurso de apelación restringida interpuesto, revocando en parte la Sentencia impugnada y deliberando en el fondo, declaró autor al imputado Marco Antonio Barrios Monje de la comisión del delito de Estupro, previsto y sancionado por el art. 309 del CP, imponiendo la pena de 4 años y 6 meses de privación de libertad, en base a los siguientes argumentos:


  1. Se fijó como objeto del juicio oral, el hecho de agresión sexual atribuido al imputado y calificado como Violación de Niño, Niña o Adolescente, el hecho concreto ocurrido el 13 de enero de 2012, en un domicilio ubicado en la calle Medinaceli de la ciudad de Sucre; sin embargo, la Resolución de mérito condena al imputado por tres hechos diferentes, lo que evidencia la concurrencia de los defectos establecidos en el art. 370 incs. 3) y 11) del CPP, únicamente en lo que atañe a los hechos ocurridos el 26 de octubre del 2010 y 22 de julio de 2011.


  1. Los argumentos y conclusiones de la Sentencia, en lo que hace a valoración de la prueba, reúne los requisitos para ser considerados lógicos, pues no contiene afirmaciones falsas, incoherentes o absurdas, no advirtiendo vulneración alguna a la reglas de la sana crítica en el proceso de valoración de la prueba realizada por el Tribunal de mérito.


  1. Respecto a la valoración del peritaje, el fundamento del por qué el contenido de las conclusiones 6 y 7, no merecen fe probatoria resulta insuficientemente motivado, incurriendo el Tribunal de la causa en defecto por omisión de motivación en la valoración intelectiva de la prueba pericial de descargo, en contravención al art. 173 del CPP; sin embargo, el defecto establecido carece de trascendencia que amerite el reenvío de la causa y un nuevo juicio como se pretende, pues solo el peritaje de la parte no desvirtúa el resto de las pruebas en que se sustenta la Sentencia.


  1. Corresponde mantener la Sentencia impugnada respecto a la seducción, relación de enamoramiento y posterior relación sexual llevada a cabo el 13 de enero de 2012, en el domicilio ubicado en la calle Medinaceli y en base a dicha constatación modificar la Sentencia al delito de Estupro, al no adecuarse la conducta del imputado al delito endilgado.


III. VERIFICACIÓN DE LA PROBABLE CONTRADICCIÓN ENTRE EL PRECEDENTE INVOCADO Y LA VULNERACIÓN DE DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES

Precisado el motivo alusivo a la falta de fundamentación y motivación en la fijación judicial de la pena, este Tribunal deberá verificar si el Auto de Vista recurrido, contradice la doctrina legal aplicable contenida en los Autos Supremos 507/2007 de 11 de octubre y 119/2012 de 11 de junio. En consecuencia, corresponde resolver la problemática planteada.


III.1. La labor de contraste en el recurso de casación.


El art. 416 del CPP, instituye que: “El recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista dictados por las Cortes Superiores de Justicia contrarios a otros precedentes pronunciados por otras Cortes Superiores o por la sala penal de la Corte Suprema”, en esa línea el art. 419 del CPP, establece como formas de resolución de aquel recurso dos supuestos, a saber: “Si existe contradicción la resolución establecerá la doctrina legal aplicable, caso contrario lo declarará infundado y devolverá los antecedentes a la Corte Superior de Justicia. En el primer caso y cuando se deje sin efecto el fallo que motivó el recurso, se devolverán actuados a la sala penal de la Corte Superior que dictó el Auto de Vista recurrido para que pronuncie nueva resolución de acuerdo con la doctrina legal establecida”.


En el caso que este Tribunal llegue a determinar la existencia de la contradicción señalada en el art. 419 del CPP; es decir, contradicción entre la Resolución recurrida en casación y el precedente contradictorio invocado, el art. 420 del CPP, señala que los efectos de la doctrina legal establecida: “…será obligatoria para los tribunales y jueces inferiores y sólo podrá modificarse por medio de una nueva resolución dictada con motivo de otro recurso de casación”, norma que es afín con el inc. 3) del art. 42 de la LOJ, que instituye como atribución de las Salas especializadas del Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo a las materias de su competencia, el sentar y uniformar la jurisprudencia.


La cuestión y el efecto de la doctrina legal a ser sentada por este Tribunal Supremo, contiene íntima y estrecha relación con la garantía constitucional contenida en el art. 119.I de la CPE, que garantiza el ejercicio pleno del principio de igualdad de las partes ante el Juez dentro de las jurisdicciones del Estado, así como garantizar seguridad jurídica en la predictibilidad de las decisiones de los Tribunales y un igual tratamiento jurídico a los ciudadanos. En resumen la labor de sentar doctrina legal a partir del recurso de casación dentro de la jurisdicción ordinaria, se sintetiza en: a) Respeto a la seguridad jurídica; b) Realización del principio de igualdad; y, c) Unidad y uniformidad en la aplicación del derecho por parte de los servidores judiciales en la jurisdicción ordinaria.


En cuanto, al precedente contradictorio exigido como requisito procesal de cumplimiento obligatorio a momento de la interposición del recurso de casación, es necesario precisar que el mismo en esencia constituye una cuestión jurídica que ha sido discutida y resuelta anteriormente, la cual puede aplicarse a casos similares, con posterioridad a ese primer pronunciamiento, como vía de solución a la propuesta o reclamo pretendido en casación, vienen a constituir entonces criterios interpretativos, que han sido utilizados por los entes que conforman la estructura de la jurisdicción ordinaria en materia penal en el Estado, integrada por los Autos Supremos pronunciados por el Tribunal Supremo de Justicia y Autos de Vista emitidos por las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia.


Bajo esa línea, la legislación nacional dentro del tercer párrafo del art. 416 del CPP, manifiesta: “Se entenderá que existe contradicción, cuando ante una situación de hecho similar, el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista recurrido no coincida con el del precedente sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance”. En ese ámbito, este Tribunal a través del Auto Supremo 322/2012-RRC de 4 de diciembre, ha puntualizado: “Cuando la norma se refiere a una situación de hecho similar, considera esta Sala que el legislador se refiere a supuestos fácticos análogos, siendo necesario precisar que en materia sustantiva el supuesto fáctico análogo exige que el hecho analizado sea similar; en cambio, en material procesal el supuesto fáctico análogo se refiere a una problemática procesal similar”.


De ello se concluye que el requisito de invocar un precedente contradictorio, dentro del sistema de recursos que el Código de Procedimiento legal prevé, atinge a señalar a una resolución en específico; ya sea un Auto Supremo y/o un Auto de Vista, que dentro la materia vislumbre la aplicación de la norma sustantiva o adjetiva a un caso determinado, donde se haya formado un criterio de decisión a un caso anterior, para que posteriormente en función de la identidad o de la analogía entre los hechos del primer caso (precedente contradictorio) y los hechos del segundo caso (resolución impugnada) se proceda a la determinación delegada por Ley a este Tribunal.


III.2.  Análisis del caso concreto.


       Recapitulando, básicamente el recurrente solicita la nulidad del Auto de Vista 265/2017 y su Complementario 276/2017, ante la falta de fundamentación y motivación de las razones asumidas en la imposición de la pena de 4 años y 6 meses por el delito de Estupro, vulnerando los criterios establecidos en los arts. 37 y siguientes del CP, al no considerar la existencia o no de atenuantes generales o especiales, las circunstancias del hecho y la personalidad del autor.


Como precedentes contradictorios al Auto de Vista impugnado, el recurrente invocó los Autos Supremos 119/2012 de 11 de junio y 507/2007 de 11 de octubre, el primero de ellos Auto Supremo 119/2012 de 11 de junio, fue pronunciado dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y otro contra José Luís Escobar Márquez, por el delito de Lesiones Graves y Gravísimas en Accidente de Tránsito, en el que la Sala Penal Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, constató que los integrantes de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, se limitaron a pronunciarse respecto al fondo de los recursos de apelación restringida presentados por la parte imputada y por el acusador particular, sin considerar y resolver la petición expresa del recurrente de darse cumplimiento a una Resolución firme que dispuso la anulación de obrados, por lo que dejó sin efecto el Auto de Vista recurrido estableciendo como doctrina legal aplicable que: “El art. 120.I de la Constitución Política del Estado (CPE), reconoce el derecho de tutela judicial efectiva, al disponer que toda persona tiene derecho a ser oída por una autoridad jurisdiccional, competente, independiente e imparcial; este derecho considerado como aquel que tiene toda persona de acudir ante un Juez o Tribunal competente e imparcial, para hacer valer sus derechos o pretensiones, sin dilaciones indebidas y que es reconocido por instrumentos internacional como la Convención Americana de los Derechos Humanos (art. 8 num. 1), la Declaración Universal de los derechos Humanos (art. 8) o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Parte II del art. 2); comprende el derecho de acceso libre a la jurisdicción, a la motivación de la Resolución, de recurrir la decisión, pero también el derecho a ejecutar las decisiones judiciales que queden firmes en la tramitación de la causa.


Este derecho reconocido a las partes queda vulnerado cuando el tribunal de alzada al conocer y resolver de un recurso de apelación restringida, de manera deliberada y pese a los reiterados pedidos de la parte interesada pretendiendo que lo resuelto se cumpla efectivamente, no se pronuncia de manera fundada sobre el cumplimiento o ejecución de una resolución judicial firme que dispuso la anulación de obrados, pues no tendría sentido acudir al órgano jurisdiccional si las decisiones que vaya a asumir en ejercicio de la competencia que la ley le reconoce, no van a ser cumplidas, lesionando así el derecho a la tutela judicial efectiva.”


Analizado el citado precedente, se advierte que este Tribunal ha sido sorprendido en su buena fe, al admitir como precedente contradictorio el Auto Supremo 119/2012 de 11 de junio conforme a la transcripción expuesta por el recurrente; puesto que, Marco Antonio Barrios Monje en su recurso de casación de 11 de octubre de 2017, a tiempo de citar la doctrina legal aplicable contenida supuestamente en el Auto Supremo invocado -la cual inclusive concluye con el adverbio “Sic”-, glosa doctrina que no corresponde a la Resolución citada, la cual dista sustancialmente del motivo de casación -falta de pronunciamiento fundado en alzada sobre el cumplimiento o ejecución de una Resolución judicial firme que dispuso la anulación de obrados- y que fue emitida en razón de una problemática procesal totalmente distinta a la planteada en el recurso analizado, conforme se tiene expuesto en líneas precedentes; circunstancias que imposibilitan la labor de contraste y posterior unificación de jurisprudencia encomendada a este máximo Tribunal casacional.


En consecuencia, ante el desatino del recurrente, que no puede ser corregido por este Tribunal por carecer de facultades para ello, no corresponde el contraste entre el citado precedente y el motivo de análisis. 


En cuanto al Auto Supremo 507/2007 de 11 de octubre-, pronunciado dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra de Enrique Panduro Flores y otro, por el delito de Transporte de Sustancias Controladas, en la que la entonces Corte Suprema de Justicia a través de su Sala Penal Primera, constató que tanto el Tribunal de juicio como el de alzada, se limitaron a enunciar circunstancias previstas por los arts. 38 y 40 del CP, pero sin vincularlos a la fijación de la pena al momento de imponer la sanción máxima prevista por el delito endilgado a los imputados, por lo que dejó sin efecto el Auto de Vista recurrido estableciendo como doctrina legal aplicable la siguiente: “La autoridad judicial al establecer la concurrencia de las circunstancias previstas por los arts. 37, 38, 39 y 40 del Código Penal, debe determinar su incidencia en la fijación de la sanción y no limitarse a una simple enunciación sin aplicación alguna, de modo, que debe establecer fundadamente si las circunstancias consideradas que modifiquen la responsabilidad del autor del delito, operan como atenuantes o agravantes a tiempo de imponer la sanción dentro de los límites previstos por la respectiva norma sustantiva penal.”.


Del análisis del precedente invocado se advierte que la problemática dilucidada, mantiene relación con la problemática procesal del motivo de casación, por lo que existiendo un supuesto fáctico análogo entre el Auto Supremo 507/2007 y el motivo de casación, corresponde ingresar a verificar la posible existencia o no de la contradicción denunciada.


En el caso presente, será preciso partir de los fundamentos utilizados en la determinación de la pena por parte del Tribunal de alzada al momento de declarar autor y culpable de la comisión del delito de Estupro al imputado Marco Antonio Barrios Monje y condenarlo a la pena de privación de libertad de 4 años y 6 meses de reclusión; en ese sentido, se constata que el Auto de Vista 265/2017, en el párrafo previo a la decisión del caso, señaló que “en cuanto a la fijación de la pena, teniendo en cuenta los parámetros de fijación de la pena y los fines de esta, fijados por los arts. 37, 38, 39 y 40 del CP; de lo constatado por el Tribunal A-quo, se tiene que el procesado es una persona relativamente joven (33) años al momento del hecho; es profesor  de profesión y no cuenta con antecedentes delictivos anteriores; operando ello, como una atenuante; sin embargo, este Tribunal también tiene en cuenta, cual lo ha advertido el Tribunal de Sentencia que el mismo no ha mostrado su arrepentimiento y voluntad de resarcir el daño causado a la víctima; así como el hecho de ser profesional de la educación y estando impartiendo la misma, se ha aprovechado de tal condición y de sus conocimientos para acceder y enamorar a la víctima menor de edad y luego tener acceso carnal con ella, en fecha 13 de enero de 2012, lo que opera como una agravante de su conducta, por lo que, este Tribunal concluye que corresponde imponer al mismo una pena de 4 años y 6 meses de reclusión, a ser cumplida en el Penal de San Roque de esta ciudad.“ (sic).


Asimismo, mediante Auto complementario de 276/2017 de 2 de octubre, el Tribunal de alzada en atención a la solicitud de complementación y enmienda impetrada por el imputado precisó que “se “explica” al solicitante que la fijación de la pena se ha realizado tomando en cuenta la calidad de maestro de Estado del acusado; es decir, que sabía perfectamente lo que estaba haciendo y los alcances y consecuencias de sus actos, precisamente por ese grado de instrucción (profesional) que tiene y del cual se aprovechó de la víctima menor de edad, en los términos de lo mencionado por la doctrina legal establecida en el A.S. 038/2013 RRC de 18 de febrero que ha dejado establecido: “…el reproche será mayor cuando el autor ha tenido acceso a la educación y por tanto ha disminuido su vulnerabilidad al sistema penal…”; habiéndose en consecuencia tenido en cuenta los fines de la pena impuesta y el bien jurídico protegido extremos referidos en la Resolución observada; por lo que, no amerita “complementación” alguna respecto de este punto.” (sic).


Ahora bien, contrastando los antecedentes de la Resolución impugnada con el precedente invocado, se advierte que el Auto de Vista 265/2017 y su Auto complementario, no son contrarios a la doctrina legal aplicable contenida en el Auto Supremo 507/2007, invocado como precedente contradictorio, en lo que respecta a la fundamentación de las circunstancias consideradas como atenuantes o agravantes a tiempo de imponer la pena, por el delito previsto por el art. 309 de nuestra norma sustantiva penal; puesto que, el Tribunal de alzada prevenido de que la conducta del imputado se adecúa al ilícito de Estupro y no al de Violación de Niño, Niña o Adolescente por cuanto en su conducta no existió violencia o intimidación, sino actos de enamoramiento y acceso carnal voluntario, con la víctima a la edad de 14 años-, dictó Sentencia por el delito previsto y sancionado por el art. 309 del CP, con las potestades conferidas en los últimos párrafos de los arts. 413 y 414 del CPP.


A tal efecto, el Tribunal de alzada resolvió directamente mediante fundamentación complementaria y a momento de resolver la fijación de la pena por el delito de Estupro, estableció de manera concreta en cuanto a  la personalidad del imputado, que este al momento de la comisión del hecho contaba con la edad de 33 años y sin antecedentes delictivos anteriores lo cual operó como una atenuante; sin embargo, las circunstancias del delito operaron como una agravante al ser el imputado profesional de la educación y sacar provecho de ello para lograr el acceso carnal con la víctima, al igual que las consecuencias del delito respecto al daño causado a la menor y la falta de arrepentimiento y voluntad de resarcir el daño por parte del imputado.


Por consiguiente, al resultar que lo denunciado en casación; en cuanto,  a la falta de fundamentación y motivación en la fijación judicial de la pena por parte del Tribunal de alzada, no condice con la realidad de los actuados contenidos y reflejados inequívocamente en el cuaderno procesal y demostrado que el Auto de Vista impugnado, se encuentra en consonancia con la doctrina legal aplicable contenida en el Auto Supremo 507/2007 de 11 de octubre, corresponde emitir la presente Resolución.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Marco Antonio Barrios Monje.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos