TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 397/2018-RRC

Sucre, 11 de junio de 2018


Expediente        : La Paz 79/2017

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otra

Parte Imputada        :        José Mario Álvarez Viscarra

Delitos                : Estafa y otro

Magistrado Relator        : Dr. Olvis Eguez Oliva


RESULTANDO


Por memorial presentado el 29 de agosto de 2017, cursante de fs. 972 a 988 vta., José Mario Álvarez Viscarra, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 05/2017 de 2 de junio, de fs. 964 a 970 vta., pronunciado por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancias de Nelly Cruz Castro contra el recurrente, por la presunta comisión de los delitos de Estafa y Estelionato, previstos y sancionados por los arts. 335 y 337 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1. Antecedentes.


  1. Por Sentencia 11/2016 de 27 de julio (fs. 642 a 645 vta.), la Juez Quinto de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a José Mario Álvarez Viscarra, autor de la comisión del delito Estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del CP, imponiendo la pena de tres años de reclusión, con costas, daños y perjuicios, averiguables en ejecución de Sentencia, siendo absuelto de pena y culpa del delito Estelionato.


  1. Contra la mencionada Sentencia, la acusadora particular Nelly Cruz Castro (fs. 658 a 660 vta.) y el imputado José Mario Álvarez Viscarra (fs. 664 a 687), interpusieron recursos de apelación restringida, siendo resueltos por Auto de Vista 05/2017 de 2 de junio, emitido por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que declaró improcedente el recurso de apelación incidental del imputado confirmando la Resolución 008/2016 de 22 de marzo, que declaró improbadas las excepciones de extinción de la acción penal por prescripción y por duración máxima del proceso; procedentes en parte las apelaciones restringidas de ambas partes, confirmando en parte la Sentencia apelada, modificando la pena a tres años y seis meses de reclusión para el imputado, más ciento cincuenta días multa a razón de Bs. 100.- (cien bolivianos) por día, motivando la interposición del presente recurso de casación.


I.1.1. Motivos del recurso de casación.


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 058/2018-RA de 14 de febrero, se extrae el motivo a ser analizado en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ):


El recurrente denuncia que, el Tribunal de alzada forzó una fundamentación complementaria, alegando que en Sentencia, no se hubiere fundamentado conforme a lo previsto por los arts. 37 y 38 del CP, referentes a la fijación de la pena y las circunstancias respectivamente y que no existirían razones suficientes de por qué le habría impuesto una pena privativa de libertad de tres años, tampoco para no haber impuesto la pena de días multa. Modificando la pena a tres años y seis meses de reclusión y ciento cincuenta días multa a razón de Bs. 100.- (cien bolivianos) por día. Todo ello, sin existir una debida fundamentación. Invocando como precedente contradictorio al Auto Supremo 124/2017-RRC de 21 de febrero.


I.1.2. Petitorio.


El recurrente solicitó que deliberando en el fondo, se deje sin efecto el Auto de Vista recurrido, disponiendo la emisión de una nueva Resolución en aplicación del art. 413 del CPP.


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 058/2018-RA de 14 de febrero, cursante de fs. 995 a 998, este Tribunal admitió el recurso de casación formulado por José Mario Álvarez Viscarra, únicamente para el análisis de fondo del motivo identificado precedentemente.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se establece lo siguiente:


II.1.        De la Sentencia.


Por Sentencia 011/2016 de 27 de julio, la Juez Quinto de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a José Mario Álvarez Viscarra, autor de la comisión del delito de Estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del CP y absuelto del delito de Estelionato, en base a los siguientes argumentos:


  1. El imputado con el fin de obtener beneficio económico, ha utilizado una serie de argumentos para que la querellante proceda a prestarle el monto de $us. 13.060,00.- (Trece mil sesenta dólares estadounidenses).


  1. Como argumentos utilizó el de cancelar el dinero en el tiempo previsto por el documento firmado, ofreciendo inclusive el pago de intereses mensuales del 3%.


  1. El imputado precisó que la obligación contraída, la garantizaría con el bien inmueble en el cual vivió un tiempo, haciendo creer a la querellante que el referido inmueble era de su propiedad cuando este aspecto no era cierto, aprovechando el grado de amistad que tenía con el esposo de la víctima con el cual inclusive trabajaba.


  1. En cuanto al delito de Estelionato, la parte querellante no ha probado que el imputado hubiere vendido o gravado el inmueble que fuere ofrecido como garantía, como tampoco se ha probado que este fuere litigioso.

 

II.2.        De los recursos de apelación restringida.


       Contra la referida Sentencia, tanto el imputado José Mario Álvarez Viscarra como la acusadora particular, interpusieron recursos de apelación restringida, Nelly Cruz Castro argumentó en síntesis que:


  1. La Juez de la causa expresa solo dos fundamentos para imponer la condena de tres años y no de cinco. El primero de ellos, es que el imputado conoce la responsabilidad de firmar documentos; el segundo, que no tiene antecedentes y que es la primera vez en juicio.


Sin embargo, arguye la apelante que la Juez debió considerar el modo en que se consumó el delito, las circunstancias del hecho y las consecuencias emergentes de los delitos de Estafa y Estelionato, haciendo énfasis en que lo que motivó al imputado fue quitarle el dinero a una familia que lo necesitaba para malgastar en placeres superfluos.


Circunstancias que denotarían la falta de fundamentación de la Sentencia en la determinación del quantum de la pena; por cuanto, no correspondía condenar al imputado a tres, sino a cinco años de privación de libertad; aspecto que, contradice los alcances de los arts. 37 y 38 del CPP.


  1. Existe contradicción entre la parte dispositiva y la parte considerativa de la Resolución de mérito; ya que, en la parte considerativa de la Sentencia se establece que el condenado otorgó un bien inmueble que no es de su propiedad; sin embargo, en la parte dispositiva se lo declara absuelto de la comisión del delito de Estelionato. Además de ello, indica la recurrente que se interpreta mal el tipo penal señalado al exigir que se demuestre que el bien dado en garantía fue posteriormente vendido o gravado, cuando en la acusación particular se precisó que el delito de Estelionato consistió en que el imputado otorgó en garantía un inmueble sin ser el propietario del mismo.


II.3.  Del Auto de Vista impugnado.


La Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emite el Auto de Vista 05/2017 de 2 de junio, que declara admisible e improcedente el recurso de apelación restringida interpuesto por el imputado José Mario Álvarez Viscarra; y, admisible y procedente en parte el recurso de apelación restringida interpuesto por Nelly Cruz Castro, confirmando en parte la Sentencia 011/2016 de 27 de julio, señalando entre sus argumentos lo siguiente:

  1. La Juez no analizó los alcances de los arts. 37 y 38 del CP; ya que, evidentemente Sentencia no fundamenta adecuadamente la pena de tres años de reclusión impuesta, al no considerar la personalidad del autor, su edad, la mayor o menor gravedad del hecho, ni las circunstancias o consecuencias del delito.

  1. El Tribunal de alzada realiza una fundamentación complementaria respectiva a la aplicación de la pena, modificándola en base a la doctrina legal aplicable contenida en el Auto Supremo 124/2017-RRC de 21 de febrero; posterior a ello, modifica la pena impuesta de 3 años de reclusión, a tres años y seis meses por la comisión del delito de Estafa.


  1. Respecto al segundo agravio, referido a condenar al imputado por el delito de Estelionato, se advierte que el este no adecuó su conducta al citado tipo penal, tal y como lo fundamenta la Juez Quinto de Sentencia de La Paz, no siendo suficiente condenar al imputado con una única prueba consistente en el documento de 26 de noviembre de 1999.


III. VERIFICACIÓN DE LA PROBABLE CONTRADICCIÓN ENTRE EL PRECEDENTE INVOCADO Y LA VULNERACIÓN DE DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES

Precisado el motivo alusivo a la falta de fundamentación del Auto de Vista impugnado, al momento modificar la pena impuesta mediante fundamentación complementaria, este Tribunal deberá verificar si la Resolución recurrida contradice la doctrina legal aplicable contenida en el Auto Supremo 124/2017-RRC de 21 de febrero. En consecuencia, corresponde resolver la problemática planteada.


III.1. Sobre la determinación de la pena encomendada al Juez de la causa y la facultad del Tribunal de alzada de subsanar la insuficiente fundamentación a través de una argumentación complementaria.


       Antes de analizar el fondo del caso en concreto, es preciso desglosar los razonamientos asumidos por este Tribunal en cuanto a la determinación de la pena y la facultad del Tribunal de alzada de rectificar, entre otras situaciones, los errores u omisiones formales y los que se refieran a la imposición o el cómputo de la pena, así se tiene el Auto Supremo 038/2013-RRC de 18 de febrero, que refiriéndose específicamente a la facultad del Tribunal de alzada de modificar el quantum de la pena impuesta ante la autoridad jurisdiccional de mérito, precisó: “El tratamiento que se da a la fijación de la pena en cada una de las legislaciones no guarda uniformidad. La tendencia de las legislaciones más modernas es la de limitar el amplio arbitrio judicial con reglas precisas, resultando que en el caso de Bolivia, el Código Penal no establece parámetros para fijar las penas, quedando esa determinación al arbitrio del juez, en el marco del mínimo y máximo legal de la pena prevista para cada delito, determinando la ley solamente las circunstancias generales que el juez debe considerar para la fijación de la pena, previstas por el art. 38 del CP (…)


Así los arts. 37 y 38 del CP, establecen que el juez, para determinar la pena aplicable a cada delito, dentro de los límites legales, debe tomar en cuenta los siguientes factores: a) La personalidad del autor, b) La mayor o menor gravedad del hecho y, c) Circunstancias y las consecuencias del delito.


Debe agregarse que la fundamentación es una exigencia inexcusable tanto para que el condenado sepa por qué ha recibido tal o cual pena en su condena, así como para que el Tribunal de apelación valore adecuadamente los fundamentos de la pena impuesta y en su caso determine los correctivos necesarios. En consecuencia el Juez está obligado a exponer las circunstancias que para él han sido determinantes en la fijación de la pena expresando por qué y cómo consideró tal o cual atenuante o agravante”.


En ese entendido, el referido Auto Supremo, dictó la siguiente doctrina legal aplicable: “La determinación judicial de la pena que comprende todo el procedimiento; es decir, la evaluación, decisión y justificación del tipo y la extensión de la pena, tiene líneas de orientación previstas legalmente, de manera que no puede considerarse una cuestión propia de la discrecionalidad del juez. La individualización de la pena está sometida al principio de proporcionalidad recogido por el Código Penal en sus diferentes artículos y a la finalidad de la pena establecida constitucionalmente como la educación, habilitación e inserción social de los condenados, con respeto a sus derechos.


En este ámbito, el juez o tribunal que fija una pena tiene la obligación de someterse a dichos principios, correspondiendo al Tribunal de alzada, ante la constatación de su incumplimiento, proceder directamente a la modificación del quantum de la pena, en sujeción a los principios constitucionales y procesales, en ejercicio de la facultad reconocida por el art. 414 del CPP,” para finalmente, respecto a la exigencia de motivación, señalar: “La fundamentación de la fijación de la pena es inexcusable, en este ámbito la exigencia de fundamentación que debe satisfacer la sentencia condenatoria en el proceso de individualización de la pena, obliga al juez a observar los parámetros descritos por el legislador; por lo tanto la resolución debe contener un razonamiento capaz de dar cuenta de que se consideraron dichos parámetros de tal modo que a través de la exposición razonada del juez o tribunal se pueda evidenciar que su resolución se ha fundado en parámetros legales, y no es fruto de la apreciación estrictamente personal o arbitraria al efecto debe explicar cómo aplicó la pena, en término consideró las previsiones de los arts. 37, 38 y 40 del CP, al caso concreto y qué atenuantes y agravantes tomó en cuenta para establecer la sanción dentro de los límites legales”.


Por lo expuesto, se concluye que el art. 414 del CPP, confiere al Tribunal de apelación la facultad de subsanar la insuficiente fundamentación a través de una argumentación complementaria y si el caso amerita, modificar el quantum de la pena, determinación que no implica revalorización de la prueba ni quebranta el principio de inmediación aplicado en etapa de juicio oral, debido a que esta función la ejerce en base a los extremos demostrados y analizados por el Tribunal o Juez inferior a tiempo de conocer y resolver la acusación formulada contra los probables autores de algún tipo penal; garantizando por ende, su labor de revisor de la adecuada aplicación de la ley por las autoridades jurisdiccionales de instancia.


III.2.  Análisis del caso concreto.


       La parte recurrente denuncia que el Tribunal de alzada forzó una fundamentación complementaria, procediendo a modificar la pena a tres años y seis meses de reclusión, más ciento cincuenta días multa a razón de Bs. 100.- (cien bolivianos) por día, todo ello sin existir la debida fundamentación.


       Como precedente contradictorio, se invocó el Auto Supremo 124/2017 de 21 de febrero, dictado dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y otra, contra José María Arancibia Albino, por la presunta comisión del delito de Homicidio y Lesiones Graves y Gravísimas en Accidente de Tránsito y otro, donde se constató que el Tribunal de alzada incurrió en incongruencia omisiva y ausencia de fundamentación; por cuanto, limitó su Resolución a una remisión del contenido de la Sentencia sin establecer motivadamente por qué el Tribunal de origen aplicó correctamente la norma sustantiva que regula el concurso real; pero además, incurriendo en la incongruencia omisiva denunciada por el recurrente, al omitir pronunciarse respecto a los reclamos concernientes a: cuáles habrían sido las circunstancias consideradas por el Juez para fijar la pena, la ilegal e injusta sumatoria de penas y falta de valoración de las atenuantes, estableciendo como doctrina legal aplicable que: “resulta evidente que la norma faculta al juez o tribunal aumentar el máximo hasta la mitad, pero el ejercicio de esa potestad también exige la debida motivación y fundamentación; de modo que cuando existe concurso real de delitos es deber del Tribunal de instancia, fundamentar de manera clara, precisa y justificada la fijación de la pena, tomando en cuenta lo estipulado por los arts. 37 al 40 del CP; es decir, que si decide aplicar la pena mínima o máxima del delito más grave, queda obligado a fundamentar las razones del porqué de su aplicación, debiendo también fundamentar su decisión de agravar la pena hasta la mitad, ponderando y justificando las atenuantes y agravantes, exigencia que también alcanza a lo relacionado con la imposición del quantum de la pena, la que debe estar debidamente fundamentada atendiendo la personalidad del autor, la mayor o menor gravedad del hecho, las circunstancias y las consecuencias del delito, ello con la finalidad de crear certeza y certidumbre en el acusado de las razones por las cuales la autoridad jurisdiccional determinó tal o cual pena en su condena, en observancia del principio de seguridad jurídica y del deber de fundamentación de las resoluciones; aspectos que de no ser sido cumplidos por el Tribunal de juicio, como sucede en el caso de autos, pueden ser complementados y corregidos directamente por el Tribunal de alzada, sin necesidad de reenvío”.

Del análisis del precedente invocado se advierte que la problemática dilucidada, mantiene relación con la problemática procesal del motivo de casación, por lo que existiendo un supuesto fáctico análogo entre el precedente invocado y el motivo de casación, corresponde ingresar a verificar la posible existencia o no de la contradicción denunciada.


Para el análisis del presente recurso, será preciso partir de los fundamentos utilizados en la determinación de la pena por la Juez Quinto de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz al momento de dictar Sentencia condenatoria por el delito de Estafa e imponer la pena de tres años de privación de libertad al ahora recurrente; en ese sentido, se constata que en la Resolución de mérito, en el párrafo previo a la decisión del caso, bajo el acápite de “DE LA FUNDAMENTACION EN LA DETERMINACION DE LA PENA” (sic), de manera ajustada señaló que “al haberse establecido la autoría del acusado, también se debe tener en cuenta que esta es una persona profesional, es decir que conoce de manera plena la responsabilidad que asume al momento de firmar un documento de la naturaleza del que ha sido objeto del presente juicio.


No se ha demostrado que el acusado tenga antecedentes penales o policiales, por lo que se considera que esta es la primera vez que es sometido a un juicio penal.” (sic).


En este punto, se advierte de los fundamentos de la Resolución de mérito en cuanto a la fijación de la pena impuesta al imputado, que la Juez de la causa expresó de manera escueta solo dos circunstancias para imponer condena ser profesional y no contar con antecedentes penales-, no siendo un razonamiento acorde a los parámetros desarrollados por el legislador en cuanto a la aplicación de penas contenida en los arts. 37 y sgtes. del CP y la doctrina expuesta en el acápite III.1 de la presente Resolución; es decir, no se tomaron en cuenta los factores de personalidad del autor, mayor o menor gravedad del hecho y consecuencias del delito; aspecto que, fue advertido por la parte querellante y motivó la interposición de su apelación restringida.


En atención a ello, el Auto de Vista impugnado bajo el acápite de “FUNDAMENTACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA PENA Y CONSIGUIENTE MODIFICACIÓN EFECTUADA POR EL TRIBUNAL DE ALZADA” (sic), precisó en base a la misma doctrina invocada por el ahora recurrente -Auto Supremo 124/2017 de 21 de febrero-, en cuanto a la personalidad del imputado, que si bien a la fecha de emisión de la Resolución de alzada contaba con la edad de 67 años de edad, al momento de la comisión del hecho delictivo endilgado, contaba con la edad de 49 años, es decir un adulto joven sin ninguna discapacidad o impedimento para trabajar, acotando además que al momento de la audiencia de fundamentación de apelación restringida e incidental, el Tribunal observó que el imputado se encontraba sano, sin discapacidad para devolver lo adeudado, sin embargo no lo hizo, ocasionando un largo proceso con repetición de juicio, conllevando los perjuicios de dedicación de tiempo y contratación de abogados en disminución del patrimonio en la víctima, denotando una conducta reacia a comparecer ante las autoridades a objeto de cumplir con las obligaciones asumidas de devolver lo adeudado, conforme se advierte por los mandamientos de aprehensión cursantes en actuados. Finalmente, el Tribunal de alzada precisa que el imputado es de condición socioeconómica buena, por el domicilio en cual reside y su formación técnica profesional.


Respecto a la mayor o menor gravedad del hecho, el Tribunal de alzada luego de citar lo previsto por el art. 335 de la norma sustantiva penal y la definición del tipo penal de referencia conforme lo estipulado por el Manual de la Lengua Española, precisó que el imputado incumplió las condiciones o promesas aseguradas a la víctima mediante documento de 26 de noviembre de 1999, resultando el presente caso un hecho de relativa gravedad pues se trata de la entrega de una suma de dinero considerable -$us. 13.060,00.- (Trece mil sesenta dólares estadounidenses)-, además de haber jugado el imputado con la buena fe de la víctima al señalar que el inmueble dado en garantía era de su propiedad. Considerando además que “la pena de tres años de reclusión sin multa aplicada al acusado por la Jueza a-quo es contrario a ley, contrario a lo establecido por el Art. 335 del Código Penal…se lo debía hacer con reclusión y multa de ley, simultáneamente, no alternativamente puesto que refiere la norma “y”, no “o”, la juez a quo del Juzgado Quinto de Sentencia de La Paz aparte de no fundamentar la pena impuesta acorde a lo establecido por los Arts. 37 y 38 del CP”.


En cuanto a las circunstancias del delito, continúa fundamentando el Tribunal de alzada refiriendo que se originaron mediante la relación de amistad existente entre el imputado, la víctima y el esposo de esta, logrando la disposición patrimonial que realiza la víctima en favor del imputado mediante artificios consistentes en que la suma de dinero entregada generaría intereses y sería devuelta en un tiempo determinado, aspectos que jamás se cumplieron.


Por último, de las consecuencias del delito el Tribunal de apelación hace énfasis en la erogación de tiempo y recursos de llevar adelante un largo proceso judicial como en el caso presente; y, la disminución del patrimonio de la víctima a causa del beneficio indebido a favor del imputado.


Contrastando los antecedentes de la Resolución impugnada con el precedente invocado; se advierte que el Auto de Vista 05/2017 no es contrario a la doctrina legal aplicable contenida en el Auto Supremo 124/2017 de 21 de febrero invocado como precedente contradictorio, en lo que respecta a la exigencia de fundamentación en la imposición de la pena; por cuanto, el Tribunal de alzada prevenido de que la Juez de mérito no fundamentó la pena impuesta acorde a lo establecido por los arts. 37 y 38 del CP, complementó directamente y corrigió el quantum de la pena impuesta al imputado José Mario Álvarez Viscarra, fundamentando las razones del por qué la decisión de agravar la pena con reclusión y multa de ley simultáneamente, es decir imponiendo la pena de tres años y seis meses de privación de libertad y multa de ciento cincuenta días en razón de Bs. 100.- (cien bolivianos) por día, en atención a la personalidad del autor, la gravedad del hecho, las circunstancias del delito y sus consecuencias.


Por consiguiente, al resultar que lo denunciado en casación en cuanto a la falta de falta de fundamentación del Auto de Vista impugnado, al momento modificar la pena impuesta mediante fundamentación complementaria no condice con la realidad de los actuados contenidos y reflejados inequívocamente en el cuaderno procesal; y, demostrado que el Tribunal de alzada actuó en consonancia con la doctrina desarrollada por este Tribunal en lo que respecta a la facultad del Tribunal de alzada contenida en el art. 414 del CPP y la doctrina legal aplicable contenida en el Auto de Supremo 124/2017-RRC de 21 de febrero, corresponde emitir la presente Resolución.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por José Mario Álvarez Viscarra.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos