TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 393/2018-RRC

Sucre, 11 de junio de 2018


Expediente        : Pando 37/2017        

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otro

Parte Imputada        : Isaac Languidey Ríos

Delito        : Avasallamiento

Magistrado Relator         : Dr. Olvis Eguez Oliva


RESULTANDO


Por memorial presentado el 22 de septiembre de 2017, cursante de fs. 96 a 100 vta., el Ministerio Público, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista de 23 de agosto de 2017, de fs. 75 a 77, pronunciado por la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, dentro del proceso penal seguido por Ricardo Manuyama Ramírez y la parte recurrente contra Isaac Languidey Ríos, por la presunta comisión del delito de Avasallamiento, previsto y sancionado por el art. 351 Bis del Código Penal (CP).


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


  1. Por Sentencia 39/2016 de 29 de noviembre (fs. 28 a 35), el Tribunal Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, declaró a Isaac Languidey Ríos, autor de la comisión del delito de “Despojo”, previsto y sancionado por el art. 351 del CP, imponiendo la pena de cuatro años de reclusión.


  1. Contra la mencionada Sentencia, el imputado Isaac Languidey Ríos (fs. 38 a 41), interpuso recurso de apelación restringida, que fue resuelto por Auto de Vista de 23 de agosto de 2017, emitido por la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, que declaró procedente el recurso planteado y anuló la Sentencia apelada, ordenando el reenvío de la causa ante el Tribunal Primero de Sentencia, motivando la interposición del presente recurso de casación.


I.1.1. Motivo del recurso de casación.


Del recurso de casación y del Auto Supremo 052/2018-RA de 14 de febrero, se extrae el siguiente motivo a ser analizado en la presente Resolución, conforme al mandato establecido por los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


Que, el Tribunal de alzada realizó una interpretación distinta en cuanto a los alcances del principio iuria novit curia, basando su decisión en las Sentencias Constitucionales 406/2011 de 18 de abril y 408/2014 de 21 de agosto, al referir que: “la modificación en la calificación de los hechos, no debe incurrir en pasar de un delito de persecución pública, a uno de índole privado” (sic); indicando la parte recurrente que no existe la prohibición de que un Juez o Tribunal de Sentencia que sustancie un juicio por un delito de carácter público, pueda emitir una Sentencia por otros delitos diferentes al acusado, aún sea éste de carácter privado, exigiéndose simplemente que se trate de un delito de la misma familia. Invocando como procedentes contradictorios los Autos Supremos 232/2017 de 21 de marzo, 239/2012 de 3 de octubre y 166/2012 de 20 de julio.


I.1.2. Petitorio.


El recurrente solicita se declare admisible el recurso y existiendo contradicción entre la resolución recurrida y los precedentes contradictorios invocados, se dicte resolución dejando sin efecto el Auto de Vista impugnado, para que la Sala Penal pronuncie nueva resolución. 


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 052/2018-RA de 14 de febrero, cursante de fs. 110 a 112 vta., este Tribunal admitió el recurso de casación formulado por el Ministerio Público, para el análisis de fondo del motivo identificado precedentemente.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación y precisado el ámbito de análisis del recurso, se tiene lo siguiente:


II.1.        De la Sentencia.


Por Sentencia 39/2016 de 29 de noviembre, el Tribunal Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, falló, (modificando el tipo penal de Avasallamiento) imponiendo Sentencia condenatoria en contra de Isaac Languidey Ríos por la comisión del delito de Despojo previsto y sancionado por el art. 351 del CP, condenando a la pena de cuatro años de reclusión, bajo los siguientes fundamentos:


  1. De las documentales cursantes como MP-8 y MP-9 en las cuales se tienen las certificaciones respectivas emitidas por la Alcaldía de Cobija en sus distintas unidades, en los cuales se da cuenta que en el terreno ubicado en el Barrio “Los Tajibos”, que según documentación adjunta a la prueba MP-11, se arrima copia del certificado de Registro de Propiedad Inmueble del mismo a nombre de Ricardo Manuyama Ramírez, arrimado además plano catastral y carátula de declaratoria de herederos, en la cual se tiene que el inmueble se encontraba anteriormente registrado a nombre de Juana Aiguana Cartagena, respaldado por la prueba MP-12, consistente en formularios de pago de impuestos a nombre de la misma, tal como se adjunta del certificado SERECI en la prueba MP-1, quien ha sido esposa de la víctima, aspectos que resultan pertinente y útiles en torno al hecho penal que se procesa en relación a lo que pretenda hacer valer el acusado, quien evidentemente no tiene ningún derecho legítimo amparado en documentación pertinente sobre el referido inmueble, conforme lo establece la prueba MP-11.
  2. Con relación a la ocupación del terreno por parte del acusado, resulta un hecho notorio establecido por los aspectos principales referidos al objeto de juicio, de las declaraciones testificales de cargo y descargo, y asimismo las reflejadas en la fase investigativa a través de las pruebas MP-3, MP-5 y MP-6, las cuales han sido claras y precisas al momento de establecer que el acusado hubo ingresado al inmueble, con el influjo y apoyo de la junta vecina OTB del barrio, en razón que el mismo se encontraba abandonado, y como se indica hubo anteriormente la posesión de otra persona, propiamente de Luciel Archondo Raldes desde el año 2005, donde la misma habría presentado al acusado a la junta vecinal en la gestión 2013, como su pareja y habitante con ella de dicho inmueble. Estas declaraciones corrobora lo establecido en las pruebas MP-14 y PD-12, en donde se tiene copia del acta de reunión del barrio con la mención del acusado y el respaldo a la posesión que el mismo estaba ejerciendo de hecho sobre el inmueble desde el mes de noviembre de 2013. Estos elementos resultan determinantes para establecer que el acusado hubo ingresado y se encuentra actualmente en posesión del inmueble que conforme a los antecedentes presentados, tiene un derecho legítimo de propiedad acreditado a nombre de Ricardo Manuyama Ramírez con el apoyo de la junta vecinal del barrio “Los Tajibos”, de lo que se desprende la ilicitud del accionar del acusado, quien sin ninguna justa causa hubo despojado del ejercicio de un derecho propietario legalmente acreditado a la víctima, no siendo justificable ningún aval o apoyo de entidades para realiza dicho acto que atenta al derecho constitucional de la propiedad privada.


  1. Así también por las documentales MP-2 y MP-7, consistentes en las actuaciones investigativas consistentes en informe del asignado al caso, en la inspección del inmueble, se ratifica que el acusado hubo ingresado a dicho inmueble y realizando construcción en la misma; es decir, actos y hechos con relación a ejercer la posesión del mismo, los cuales son ratificados en audiencia por declaración del policía Willy Macías.


  1. Con relación a las pruebas de descargo como PD-1 a PD-8, a criterio del Tribunal, son impertinentes al proceso, siendo que ya se ha demostrado anteriormente que acusado se encuentra en posesión del inmueble y no la víctima, pero también se tiene establecido que el acusado no tiene ningún elemento de prueba que permita sustentar una legítima posesión del mismo, lo que al contrario la víctima si tiene. El mismo sentido se otorga a las pruebas documentales PD-11 y PD-10, consistentes en transferencias de inmuebles que la víctima hubiera realizado a un tercero, quién refirió que no hubo comprado los inmuebles. Respecto a la prueba MP-13, resulta intrascendente.


  1. Respecto al delito acusado, introducido mediante Ley 477 de 30 de diciembre de 2015, no es aplicable analizar el presente caso, en razón a dos elementos principales: el primero referido al momento de su promulgación, el cual es posterior al presente hecho. El segundo punto, está referido a la pertinencia de aplicabilidad de la figura penal al hecho comprobado; toda vez, que es evidente que el acusado hubo ingresado sin ninguna justa causa al inmueble urbano de la víctima, y que conforme a la Ley 477 en sus arts. 1, 2 y 3, está dirigido a precautelar la propiedad privada individual o colectiva, al margen de las tierras fiscales, dado que el inmueble de la víctima corresponde al área urbana.


  1. En Sentencia se citan los Autos Supremos 239/2012 de 3 de octubre y 166/2012-RRC de 20 de julio, para posteriormente señalar que conforme a los antecedentes del proceso, en el presente caso, se está en la posibilidad de sancionar el hecho por otro tipo penal, el cual está suscrito en el ámbito de los delitos de acción privada que implican la instancia de parte, no obstante de ello, en el presente caso existe una denuncia, así como también una adhesión a la acusación Fiscal por parte de la víctima. Otro elemento importante es el de no poder admitir por la absolución del acusado, cuando en primer lugar el art. 363 del CPP, no establece los fundamentos de la absolución, la inadecuada aplicación de una norma penal, caso como el presente; y en segundo lugar, está el hecho de haberse establecido en juicio, la existencia de hechos constitutivos de responsabilidad penal, ante lo cual, el Tribuna no puede absolver, tomando en cuenta el art. 47 del CPP y el mandato del art. 118 de la Constitución Política del Estado (CPE). Es por ello que se sustenta la necesidad de fundamentar un cambio en el tipo penal, a los fines de evitar nuevamente que el aparato judicial tenga que verse inmerso en el conflicto, cuando existen todas las garantías del debido proceso, siendo posible sancionar el presente caso por el delito de Despojo previsto por el art. 351 del CP, por ser que el acusado, con plena conciencia de la ilicitud de su accionar y doloso, ingresó a tomar posesión de un predio urbano que no le correspondía, sin contar con ningún título que garantice su posesión, aspecto que se demuestra con el solo hecho de pretender sustentar la misma con relación al apoyo que se le habría brindado por parte de la junta vecinal del barrio “Los Tajibos”, bajo el argumento de que en dicho domicilio ya vivía con anterioridad otra persona que sería la pareja del acusado y que dicho inmueble se encontraba vacío, tal como se tiene demostrado, actitud que demuestra asimismo que en la comisión del presente caso, hubo la participación de otras personas, puesto que no es justificable por ninguna razón, el pretender desconocer un derecho legalmente adquirido, sólo por una apreciación de un grupo de personas que pretende imponer su voluntad sobre lo que el Estado de Derecho regido por normas impone, que es respecto a las garantías y derechos constitucionales, por lo que nadie pide hacer justicia por su cuenta, por lo que se llega a la convicción de autoría y responsabilidad del acusado en el delito de Despojo, existiendo dolo en su conducta.


II.2.  De la Apelación Restringida del imputado.


       Isaac Languidey Ríos, interpuso recurso de apelación restringida contra la Sentencia condenatoria, con la siguiente argumentación:


  1. Que, el Tribunal de Sentencia rechaza la excepción de prejudicialidad bajo el argumento de que sólo se acompaña el Auto de admisión de la demanda de regularización de derecho propietario interpuesta por Luciel Archondo Raldes en contra de Ricardo Manuyama Ramírez y que no se acompaña ningún documento del grado de parentesco de la demandante Luciel Archondo con el acusado por lo que debía acompañarse documento suficiente, por lo que no existe nexo acreditado con suficiente prueba. Empero, era necesario saber por la existencia del proceso de regularización a quién pertenecería la titularidad del bien, a la Sra. Archondo o al Sr. Manuyama, ya que de reconocerse el derecho de la Sra. Archondo, se estaría ante una vulneración de su derecho propietario, por lo que solicita se revoque el Auto de fecha 10 de noviembre de 2016.


  1. Apela también la cuestión incidental planteada vía excepción de falta de acción, que fue rechazada por el Tribunal de Sentencia, considerando que si bien habría existido una venta hecha por el Sr. Manuyama, esta no se habría perfeccionado; lo que sería contradictorio a criterio del apelante, siendo que una minuta de compra-vente de inmueble se perfecciona en dos actos jurídicos, en el reconocimiento de firmas y rúbricas y en la protocolización, por lo que estos instrumentos están amparados en el art. 519 del Código Civil (CC) y que cuando se hace la transferencia desaparece la legitimación activa del dueño y es el nuevo propietario que adquiere esa legitimación activa; y al ser así es el comprador Ceferino Santos, quien debió iniciar la acción penal y no el Sr. Manuyama, porque precisamente ya no cuenta con legitimación activa, por lo que debe revocarse el Auto de 10 de noviembre de 2016.


  1. Ingresando a la apelación sobre el fondo, aduce que existe nulidad por defectos absolutos ante la violación del derecho constitucional a la defensa y la garantía del debido proceso, aplicable al art. 169 inc. 3) del CPP; siendo que en los fundamentos de derecho, respecto a la inaplicabilidad del tipo penal acusado (desglosa texto de la Sentencia), pero contradictoriamente en su punto sobre la POSIBILIDAD DE MODIFICACION DEL TIPO PENAL se indica que sí es posible sancionar este hecho por el delito de Despojo. Aplican el principio iuria novit curia, y hacen referencia a los Autos Supremos transcritos en la Sentencia (cita los arts. 6 del CPP y 16 de la CPE). Refiere que con relación al art. 47 del CPP, sólo se hace mención a la primera parte, pero en la segunda parte se indica que en caso de concurso de delitos y de conexión de procesos concurrentes, corresponderá su conocimiento a los Tribunales de Sentencia. En el presente caso refiere- no ha existido concurrencia de delitos, sólo se apertura por el delito de Avasallamiento; en consecuencia, no podía el Tribunal sustanciar por un delito de menor quantum de pena y llevarlo a cabo, porque el delito de Despojo es de orden privado, por lo que no eran competentes para dilucidar y dictar Sentencia por un delito de orden privado, vulnerando el art. 52 del CPP. Que el art. 342 del CPP, se refiere a la base del juicio y el Tribunal precisó y estableció los hechos; en consecuencia, no se podía modificar sobre la base de otro delito que no fue judicializado ya que no se asumió defensa por el delito de Despojo, sino por el delito de Avasallamiento (cita la SC 408/2004-R de 31 de marzo). Que, el art. 362 del CPP se refiere a la congruencia que claramente establece que el imputado no podrá se condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación (cita a Pandolfi), de ahí que la observancia de las reglas de congruencia es un defecto de la Sentencia conforme a lo determinado por el art. 370 inc. 11) del CPP, pero también se ha establecido que no se afecta la congruencia cuando se subsume el hecho a un tipo penal diferente del contenido en la acusación, siempre que se trate de delitos de la misma familia, que en el caso es un delito de orden público frente a un delito de orden privado, por lo que no se puede concluir que los delitos son de la misma familia.


  1. Manifiesta que las pruebas testificales aportadas por la defensa, todos han sido uniformes en lugar, momento y tiempo, donde se indicó que nunca el acusador ha tenido posesión sobre el bien inmueble, por lo que al no estar en posesión, de qué Despojo se puede hablar, y este aspecto no fue considerado por el Tribunal. Que las pruebas PD-1 a PD-8 acreditan los actos de posesión por parte de la concubina Luciel Archondo desde el año 2005, los cuales no fueron compulsados conforme a derecho. En las pruebas PD9 a PD11 claramente se demuestra que el Sr. Manuyama transfirió conjuntamente sus hijos el predio motivo del delito; en consecuencia, ya no era el dueño, perdiendo legitimidad sobre el predio, que contrariamente el Tribunal indica que no se firmó la transferencia, cuando claramente se lo tiene por reconocido el documento. Por ello es que la Sentencia no cumple con las previsiones del art. 370 inc. 1) del CPP, por inobservancia y errónea aplicación de la Ley sustantiva, ya que vulnera los arts. 13, 173 y 193 del CPP. Que, por lo dispuesto en el numeral 5 se tiene que no existe fundamentación en la Sentencia, ya que no es clara porque no se ha expuesto lo que se ha indicado en juicio y se hace mención a lo que quiere el Tribunal. Asimismo concurre el numeral 6, sobre hechos inexistentes y no acreditados en Sentencia o en defectuosa valoración de la prueba; y en el caso se ha realizado una defectuosa valoración de las pruebas, ya que no ha existido la sana crítica para exponer cada una de las pruebas, para que la misma sea entendida con claridad. Finalmente refiere que concurre el numeral 11, por ser que no existe congruencia entre la acusación y la Sentencia.


II.3.  Del Auto de Vista impugnado.


Mediante Auto de Vista de 23 de agosto del 2017, pronunciado por la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, se admitió el recurso y se declaró procedente la apelación; en consecuencia anuló la Sentencia apelada, debiéndose llevar a cabo el juicio por reenvío por el Tribunal Primero de Sentencia, bajo los siguientes argumentos:


  1. Con relación a la excepción de prejudicialidad, el Tribunal de alzada resuelve que en apelación, el art. 314 del CPP, obliga al incidentista a presentar la prueba respectiva y no se ha cumplido con la carga de probar la necesidad de que previamente se sustente el proceso, en este caso la demanda interpuesta por Luciel Archondo, que no es parte del proceso. Sobre la excepción de falta de acción, a lo manifestado por el incidentista, en el reconocimiento de firma del documento de compra venta no figura la firma del comprador Ceferino Santos Cruz, por lo que no se establece que se ha realizado el reconocimiento de firmas, que al no haberse probado el reconocimiento, tampoco es evidente la falta de acción.

  1. Cita las Sentencias Constitucionales 0506/2005-R de 10 de mayo, 0406/2011-R de 18 de abril y 408/2014-R de 21 de agosto, los que establecen que la modificación en la calificación de los hechos, no debe incurrir en pasar de un delito de persecución pública a uno de índole privada, que requiere el impulso necesario de la parte querellante, que es una condición que define los alcances del principio iuria novit vuria, fijando tres condiciones: 1) Cuando no implique la añadidura de hechos que no hubieran sido sometidos a averiguación ni investigación en el proceso penal; 2) No puede variarse el tipo penal cuando difiera en sustancia con los hechos atribuidos; 3) El cambio de calificación jurídica a los hechos sometidos a un proceso penal debe recaer sobre delitos de la misma naturaleza; y, 4) La modificación en la calificación de los hechos, no debe incurrir en pasar de un delito de persecución pública a uno de índole privada. En el presente caso se ha modificado el tipo penal acusado de Avasallamiento, que es un delito de orden público, al delito de Despojo que es un delito de índole privado, por lo que se debe tomar en cuenta que la competencia del Tribunal de Sentencia, en el presenta caso no está limitada solo por el quantum de la pena, sino por su competencia, que no abarca a delitos de orden privado, donde la acción penal es ejercida exclusivamente por la víctima; por ello no puede desconocerse la naturaleza del proceso de acción privada, ni la competencia del Juez. Si bien la desvinculación condicionada establece que el Juez, sin modificar los hechos contenidos en la acusación, puede emitir Sentencia por una calificación jurídica distinta a la propuesta en la acusación, delimita en condiciones que deben ser cumplidas para la aplicación del principio iuria novit curia para que no se induzca al imputado a un estado de indefensión, ni a la parte contraria se le prive de una eficaz intervención en el cometido de obtener justicia, por lo que no pudiendo ingresar a valorar prueba, corresponde anular la Sentencia.


III. VERIFICACIÓN DE CONTRADICCIÓN DEL AUTO IMPUGNADO CON LOS PRECEDENTES INVOCADOS POR EL RECURRENTE


De acuerdo a los argumentos del recurrente, circunscritos en la admisión del recurso de casación contenido en el Auto Supremo 052/2018-RA, se tiene que  el Tribunal de alzada realizó una interpretación distinta en cuanto a los alcances del principio iuria novit curia, basando su decisión en las Sentencias Constitucionales 406/2011 de 18 de abril y 408/2014 de 21 de agosto, al referir que: “la modificación en la calificación de los hechos, no debe incurrir en pasar de un delito de persecución pública, a uno de índole privado” (sic); indicando la parte recurrente que no existe la prohibición de que un Juez o Tribunal de Sentencia que sustancie un juicio por un delito de carácter público, pueda emitir una Sentencia por otros delitos diferentes al acusado, aún sea éste de carácter privado, exigiéndose simplemente que se trate de un delito de la misma familia. Invocando como procedentes contradictorios los Autos Supremos 232/2017 de 21 de marzo, 239/2012 de 3 de octubre y 166/2012 de 20 de julio.


III.1. Sobre la obligatoriedad de la doctrina legal aplicable.


       El art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.


       En este contexto, el recurso de casación previsto en el art. 416 del CPP, procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los ahora Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; siendo la tarea principal de este Tribunal, el de unificar la jurisprudencia a fin de asegurar la vigencia del principio de igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual, evitando de esta manera que se produzca una anarquía en la aplicación de la ley; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la LOJ, que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia.


       Asimismo, es importante destacar que la doctrina legal aplicable establecida en los Autos Supremos y que constituye la interpretación de la Ley efectuada por este máximo Tribunal de Justicia, tiene como efecto fundamental su obligatoriedad en cuanto a su cumplimiento; es decir, una vez puesto en conocimiento de las salas penales de los Tribunales Departamentales de Justicia, es de cumplimiento obligatorio y debe ser acatado por jueces y tribunales inferiores, tal cual lo establece el art. 420 del CPP, dado que sólo así se garantiza una protección efectiva e igualdad de los litigantes ante la ley; consecuentemente, ningún juez o Tribunal inferior podrá sustraerse de su cumplimiento bajo ningún motivo, puesto que obrar en contrario implica evidente vulneración a los principios de celeridad y economía procesal constitucionalizados bajo el concepto de justicia pronta, oportuna, transparente y sin dilaciones; y, en caso de evidenciarse su cumplimiento, el Juez o Tribunal será pasible de las responsabilidades que emerjan de tal inobservancia; tal como lo prevé el Auto Supremo 322/2013-RRC de 6 de diciembre, que sobre la obligatoriedad de aplicación de la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia por parte de los Tribunales inferiores, señaló: “Bajo la premisa que los actos jurisdiccionales son la vía de materialización de la Ley, se concibe que ésta opere a partir de su puesta en frente ante una situación o problemática de conocimiento de la autoridad jurisdiccional; es decir, la aplicación de la ley, proviene de la interpretación que el juzgador le otorgue para la solución de un hecho en concreto, estableciendo a través de los fallos que emita la relación entre una y otra. En la eventualidad de aplicación divergente de una misma norma en diversos casos o bien que en la resolución de diversos hechos se aplique un alcance distinto de una misma norma, y dada la naturaleza abstracta de la Ley, emerge la necesidad de uniformar criterios de su aplicación, ello en pos de asegurar la igualdad de las partes ante la Ley, forjando un sentimiento colectivo de seguridad jurídica y predictibilidad en la aplicación de la norma. Tales criterios no sólo trascienden ámbitos de índole procesal y sustantivo, sino adquieren vigor y comprensión en los postulados que la propia Constitución Política del Estado sienta, véanse los arts. 119.I, 178.I. Una contingente inobservancia de los parámetros establecidos a partir de la doctrina legal aplicable, vulneraría los principios de celeridad y economía procesal que han sido plasmados en el art. 115.II de la CPE y 3.7 de la LOJ, que establecen que el Estado debe garantizar una justicia sin dilaciones.


El ordenamiento jurídico boliviano en materia penal, establece claramente que los fallos del Tribunal Supremo de Justicia son de cumplimiento obligatorio por los jueces inferiores; en ese sentido, el art. 420.II del CPP, establece como efectos de los fallos emergentes de un recurso de casación que: “La doctrina legal establecida será obligatoria para los tribunales y jueces inferiores y sólo podrá ser modificada por medio de una nueva resolución dictada con motivo de otro recurso de casación, de tal consecuencia que el cumplimiento de los fallos de este Tribunal, no está sujeto o reatado a la circunstancialidad o a la voluntad de las autoridades jurisdiccionales, sino que es el resultado de una estructura procesal recursiva, como de la vigencia de los principios de igualdad, tutela judicial efectiva y seguridad jurídica, que son base de la jurisdicción ordinaria; más aún en el ámbito penal, donde se debate la responsabilidad penal del procesado, que puede generar en su caso, la restricción de su derecho a la libertad o la imposición de una sanción penal.

El art. 419.II del propio CPP, a su turno señala: “Si existe contradicción, la resolución establecerá la doctrina legal aplicable, caso contrario lo declarará infundado y devolverá los antecedentes a la Corte Superior de Justicia. En el primer caso y cuando se deje sin efecto el fallo que motivó el recurso, se devolverán actuados a la Sala Penal de la Corte Superior que dictó el Auto de Vista recurrido para que pronuncie nueva resolución de acuerdo con la doctrina legal establecida; de esta norma, se desprende un entendimiento básico, sin lugar a interpretaciones, que se trata de la insoslayable obligación de parte de Jueces o Tribunales inferiores, de cumplir con los razonamientos jurídicos y la doctrina establecida en un Auto Supremo, ello en la circunstancia que se identifiquen hechos fácticos análogos o similares, así como tal obligación se ve visiblemente amplificada cuando un Auto Supremo deje sin efecto un Auto de Vista recurrido de casación y ordene el pronunciamiento de un nuevo, bajo los entendimiento de la doctrina legal emergente de un Auto Supremo; una omisión de naturaleza contraria a la expuesta, importa incumplimiento directo de la ley, trascendiendo en vulneración también de los principios de tutela judicial efectiva, igualdad, celeridad y economía procesal”.


III.2. El principio iura novit curia.  


La consigna iura novit curia, es un principio de derecho procesal, por el que se entiende que: “el juez conoce el derecho aplicable”; y por tanto, no es necesario que las partes prueben en un litigio lo que dicen las normas. Este principio se encuentra relacionado con la máxima “dame los hechos, yo te daré el Derecho”, que se entiende como “da mihi factum, Tibi Dabo ius”, o “narra mihi factum, narro tibi ius”, reservándole al juzgador el derecho y a las partes los hechos.


La facultad de modificar la calificación jurídica otorgada al juzgador, significa la aplicación del principio iura novit curia, que no puede apartarse del principio de congruencia fáctica en resguardo del derecho a la defensa, lo que significa que en el supuesto caso en que se pretenda cambiar la base fáctica -no la jurídica- como consecuencia del desarrollo del proceso, con los delitos objeto de condena o sanción, se justifica la suspensión temporal de la audiencia, con la finalidad de que el imputado pueda ejercer defensa sobre los nuevos hechos atribuidos. En consecuencia, la congruencia fáctica, exige de la Sentencia, que tenga como base el hecho o factum investigado y acusado, debiendo emitir pronunciamiento concordante con dicho hecho; es decir, el Tribunal sentenciador, puede otorgar al hecho denunciado una calificación jurídica diferente a la que conste en la acusación, cuidando de no dejar en estado de indefensión al imputado, por lo que se encuentra constreñido a no modificar sustancialmente dicha calificación, teniendo como margen que la misma se haga dentro la “misma familia de delitos”, por ello la acusación debe señalar la pretensión jurídica que servirá para orientar tanto al Tribunal como al imputado para la efectivización de su derecho a la defensa.


En Bolivia, el principio de congruencia (externa), se encuentra establecido en el art. 362 del CPP, que al referirse a la sentencia señala de forma imperativa que ningún imputado puede ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o en su ampliación, concordante con la normativa precitada, el inc. 11) del art. 370 del cuerpo legal precitado, establece que constituye defecto de Sentencia, la inobservancia de las reglas relativas a la congruencia entre la Sentencia y la acusación; las disposiciones precitadas a su vez, guardan coherencia con las siguientes normas legales. El art. 242 del CPP, que en su primer párrafo señala: "El juicio se podrá abrir sobre la base de la acusación del fiscal o del querellante, indistintamente. Cuando la acusación fiscal y la acusación particular sean contradictorias e irreconciliables, el tribunal precisará los hechos sobre los cuales se abre el juicio. En ningún caso el Juez o Tribunal podrá incluir hechos no contemplados en alguna de las acusaciones, producir prueba de oficio ni podrá abrir el juicio si no existe, al menos, una acusación” y el art. 348 del referido Código, que respecto a la ampliación de la acusación sostiene: "Durante el juicio, el fiscal o el querellante podrán ampliar la acusación por hechos o circunstancias nuevos que no hayan sido mencionados en la acusación y que modifiquen la adecuación típica o la pena”, para luego señalar: “Admitida por el juez o tribunal la ampliación de la acusación, se recibirá nueva declaración al imputado y se pondrá en conocimiento de las partes el derecho que tienen a pedir la suspensión del juicio para ofrecer nuevas pruebas o preparar su intervención, conforme a lo dispuesto en el Artículo 335 de este Código".


De la normativa precitada se evidencia que el sistema procesal penal vigente, de manera implícita respecto a la redacción de la Sentencia, acoge el principio de congruencia fáctica; lo que significa, la posibilidad de aplicar el principio iura novit curia, que únicamente establece la prohibición de incluir hechos nuevos que no hayan sido objeto de la acusación, lo que no compromete, bajo ningún aspecto la imparcialidad de juzgador ni vulnera el derecho a la defensa.

En aplicación del citado principio, las partes deben limitarse a probar los hechos sometidos a litigio, sin que sea necesario probar los fundamentos aplicables a derecho, quedando vinculado el juzgador a someter el fallo a los hechos probados, por lo que ante la evidencia de que dichos hechos no se ajustan a la pretensión jurídica, amparándose en este principio, puede aplicar un derecho distinto al invocado en la acusación, cambiando la calificación jurídica, con la finalidad de adecuar los hechos probados a la normativa legal que corresponda, más si la modificación es favorable al imputado. Esta facultad, es excepcional y debe estar debidamente fundamentada, teniendo como condición, la de no apartarse de los hechos comprobados ni alterarlos.


De la normativa citada precedentemente, se tiene que este principio procesal, es aplicable en Bolivia, siempre y cuando se cumpla con las condiciones señaladas anteriormente; es decir, el juzgador bajo ningún aspecto puede modificar, suprimir ni incluir hechos que no hubieran sido parte del pliego acusatorio, debiendo emitir resolución sobre la base fáctica probada en juicio; al respecto, este Tribunal máximo de justicia, estableció doctrina legal aplicable en el Auto Supremo 94/2013 de 2 de abril, el cual ha establecido la siguiente doctrina legal aplicable: “….Conforme se deduce de la inteligencia del artículo 420 del Código de Procedimiento Penal, la doctrina legal establecida por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, antes Corte Suprema de Justicia, es obligatoria para los tribunales y jueces inferiores, mientras no sea modificada por medio de una resolución dictada con motivo de otro recurso de casación. Asimismo, el recurso de apelación restringida constituye un medio para impugnar errores de procedimiento o de aplicación de normas sustantivas en los que se hubiera incurrido durante la sustanciación del juicio o en la Sentencia, no siendo el medio idóneo que faculte al Tribunal de Alzada para revalorizar la prueba o revisar las cuestiones de hecho que determinan los Jueces o Tribunales de Sentencia; por ello, el Tribunal de Alzada está obligado a ajustar su actividad jurisdiccional a los siguientes aspectos: Anular total o parcialmente la Sentencia y ordenar la reposición del juicio por otro Juez o Tribunal, cuando no sea posible reparar directamente la inobservancia de la ley o su errónea aplicación; cuando la nulidad sea parcial, se indicara el objeto concreto del nuevo juicio, y; cuando sea evidente que para dictar una nueva sentencia no es necesaria la realización de un nuevo juicio, resolverá directamente…(….).


Finalmente, si bien ninguna persona puede ser condenada por un hecho distinto al atribuido en la acusación conforme al principio de congruencia, empero se debe tomar en cuenta el principio “iura novit curia”, por el cual la congruencia debe existir entre el hecho y la Sentencia y no respecto a la calificación jurídica que provisionalmente establece el Ministerio Público o la acusación particular de manera indistinta; por ello, luego del desfile probatorio y del análisis de las pruebas incorporadas a juicio oral y ordinario, el Juez o Tribunal que pronuncia Sentencia tiene que realizar la subsunción del hecho al tipo penal que corresponda pudiendo ser diferente al de la calificación jurídica provisional realizada por la acusación, en aplicación precisamente del principio procesal indicado -siempre que se trate de la misma familia de delitos….”.


En conclusión, de conformidad al  principio de congruencia, ninguna persona puede ser condenada por un hecho distinto al atribuido en la acusación; sin embargo, cuando los hechos comprobados no se adecuen a la calificación jurídica realizada en la acusación, tomando en cuenta que el juzgador tiene la facultad privativa de realizar la subsunción del hecho al tipo penal correspondiente, se encuentra facultado para aplicar el principio iura novit curia, siempre que el objeto de protección jurídica sea el mismo (misma familia de delitos), ello en consideración a que la exigencia de congruencia dispuesta en la normativa procesal penal, se refiere a la coherencia que debe existir entre los hechos acusados o base fáctica y la Sentencia (congruencia fáctica) y no respecto a la calificación jurídica asignada por el acusador, por lo que se reitera la aplicación de este principio, no compromete la imparcialidad del juzgador, ni coloca en estado de indefensión a las partes, las que tuvieron oportunidad de defenderse o alegar a favor o en contra, sobre los hechos y circunstancias descritas en el pliego acusatorio.


III.3. Análisis del caso concreto.


Sobre el motivo denunciado por el recurrente, de acuerdo a los argumentos del recurrente, circunscritos en la admisión del recurso de casación contenido en el Auto Supremo 052/2018-RA, se tiene que  el Tribunal de alzada realizó una interpretación distinta en cuanto a los alcances del principio iuria novit curia, basando su decisión en las Sentencias Constitucionales 406/2011 de 18 de abril y 408/2014 de 21 de agosto, al referir que: “la modificación en la calificación de los hechos, no debe incurrir en pasar de un delito de persecución pública, a uno de índole privado” (sic); indicando la parte recurrente que no existe la prohibición de que un Juez o Tribunal de Sentencia que sustancie un juicio por un delito de carácter público, pueda emitir una Sentencia por otros delitos diferentes al acusado, aún sea éste de carácter privado, exigiéndose simplemente que se trate de un delito de la misma familia. Invocando como procedentes contradictorios los Autos Supremos 232/2017 de 21 de marzo, 239/2012 de 3 de octubre y 166/2012 de 20 de julio.


El recurrente ha invocado el Auto Supremo 232/2017-RRC de 21 de marzo, el cual ha sido emitido dentro un proceso por el delito Estafa, donde se condenó a la imputada por el delito de Abuso de Confianza, modificando el tipo penal; donde se ha establecido la siguiente doctrina legal aplicable: “…se debe tener presente que si bien el Tribunal o Juez a quo en base a este principio facultativo iura novit curia, de acuerdo a los hechos acaecidos que fueron demostrados, puede efectuar la calificación de los mismos encuadrando a otro tipo penal, apartándose del tipo penal calificado en la acusación, siempre y cuando no se cambien los hechos;  aspecto que, en el presente caso el Tribunal de apelación efectivizando su labor de control ha verificado y observado la falta de competencia del Tribunal de mérito para conocer el nuevo tipo penal calificado “Abuso de Confianza” al tratarse de un delito de acción privada; empero, desconoce que no causa nulidad las actuaciones de un juez con competencia para conocer hechos más graves, tal cual sucedió en la presente causa, al tratarse de un tribunal de sentencia, al haber procedido en base a los hechos demostrados a la calificación  de un nuevo tipo penal de menor gravedad, aspecto que conlleva al contrario la convalidación de lo realizado en el proceso sometido a su conocimiento en mérito al art. 47 del CPP, ya antes señalado, esto también observando el criterio de precautelar además otros derechos que asisten a las partes como el de que se imprima celeridad en la tramitación de la causa, a acceder a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, logrando obtener una tutela efectiva por parte de la administración de justicia; razones por las que  corresponde al tribunal de apelación emitir nueva resolución conforme a la citada norma legal y en resguardo a los principios y derechos constitucionales con que cuentan las partes, en observancia de los arts. 47, 124 y 398 del CPP, por lo que el recurso de casación resulta fundado…”. También ha invocado sobre la temática el Auto Supremo 239/2012 de 3 de octubre, que ha sido emitido dentro un proceso penal seguido por el delito Asesinato, modificado a Homicidio en Sentencia, bajo la siguiente doctrina legal aplicable: “…Los jueces y tribunales deben considerar que el papel de la "acusación" en el debido proceso penal frente al derecho de defensa. La descripción material de la conducta imputada contiene los datos fácticos recogidos en la acusación, que constituyen la referencia indispensable para el ejercicio de la defensa del imputado y la consecuente consideración del juzgador en la sentencia. De ahí que el imputado tenga derecho a conocer, a través de una descripción clara, detallada y precisa, los hechos que se le imputan. La calificación jurídica de éstos puede ser modificada durante el proceso por el órgano acusador o por el juzgador, sin que ello atente contra el derecho de defensa, cuando se mantengan sin variación los hechos mismos y se observen las garantías procesales previstas en la ley para llevar a cabo la nueva calificación. El "principio de congruencia o coherencia entre acusación y sentencia" implica que la sentencia puede versar únicamente sobre hechos o circunstancias contemplados en la acusación…”. Asimismo, el Auto Supremo 166/2012 de 20 de julio ha resuelto en similar sentido que los demás precedentes invocados.


Que, de la revisión de los precedentes, estos son similares a la presente problemática procesal planteada respecto a la congruencia de las resoluciones judiciales, regulado por el art. 362 del CPP, relacionado a la correcta aplicación del principio iuria novit curia, el cual conforme a la doctrina legal descrita precedentemente y expuesta en el apartado III.2 de la presente resolución y su preámbulo, se ha definido a ésta máxima del derecho como un principio de derecho procesal, por el que se entiende que: “el juez conoce el derecho aplicable” ; que se encuentra relacionado con la máxima “dame los hechos, yo te daré el Derecho”, que no es otra cosa que la obligación de la autoridad de aplicar el derecho vigente más allá de lo que invoquen los litigantes y su deber de conocerlo (rectius), así como la imposibilidad de excusarse de su aplicación, aduciendo ignorancia (seguridad jurídica), en cuanto su resolución se basará en el derecho vigente, “….por lo que el Juez no está obligado de seguir a los litigantes en sus planteamientos jurídicos. Que la razón, e sea la argumentación con la que las partes intentan triunfar ante el Juez, es un medio con el que se trata de convencerle y llevar a su conocimiento los hechos que sostiene la cuestión y fundan la decisión. Por ello las razones son extrañas a la pretensión y la misma cuestión; son precisamente los medios por los que la cuestión  viene resuelta…” (Humberto Briseño Sierra en su  libro “Derecho Procesal”). Este entendimiento ha sido asumido por la legislación boliviana, tal cual se observa y plasma en el art. 3 núm. 3; 4; 15 par. III de la Ley 025, donde se ha previsto que la autoridades jurisdiccionales deberán actuar en apego a la Ley nacional vigente, así como respetando su imparcialidad, no pudiendo alegar, desconocimiento, oscuridad o falta e insuficiencia de la Ley al momento de resolver las cuestiones judiciales sometidas a su conocimiento, tal como también se garantiza en el art. 180 de la CPE.


Bajo este contexto, ingresando al caso de autos, en primera instancia se ha emitido Sentencia condenatoria contra el imputado Isaac Languidey Ríos por el delito de Despojo previsto por el art. 351 del CP, cuando la acusación formal había sido presentada por el delito de Avasallamiento previsto por el art. 351 bis del CP, modificado por la Ley 477, a lo que, el Tribunal de alzada resolviendo el recurso de apelación restringida interpuesto por el acusado, decidió mediante el ahora Auto de Vista impugnado anular la Sentencia y por consiguiente, la reposición del juicio por otro Tribunal, aduciendo que el Tribunal de Sentencia no podía recalificar el tipo penal por otro delito de acción privada, estando limitado no solo por el quantum de la pena, sino por su propia competencia al tratarse de delitos que son de conocimiento de los Jueces de Sentencia de acuerdo al art. 53 del CPP, considerando que se habrían quebrantado las condiciones fijadas para la aplicación del principio iuria novit curia, fundando su resolución en las SS.CC. 406/2011-R de 18 de abril, 0506/2005-R de 10 de mayo y 408/2014-R de 21 de agosto.


Respecto a la Sentencia Constitucional 406/2011-R de 18 de abril, citada por el Tribunal de alzada, se evidencia que la misma fue erróneamente anotada, siendo la correcta 0460/2011-R de 18 de abril, la que ha señalado: “…la congruencia en materia penal, se concreta de la relación circunstanciada de los hechos fácticos punibles y la pena que por ellos -si resultaren probados- se disponga en sentencia; no así, de la sola calificación de éstos. Cabe aclarar entonces, que en la acusación no se imputan delitos, sino hechos calificados en un determinado tipo penal, que -como corolario de la sustanciación del proceso penal- el juzgador - al ser conocedor del derecho- establecerá con fundamento y base probatoria, la adecuación a una conducta típica punible, que puede ser distinta a la dispuesta en inicio; esto, sin agregar ni cambiar los hechos, sino que respecto a ellos determinará la comisión de un ilícito sobre el cual el Estado pueda ejercer su potestad punitiva. Esta determinación, por un lado, garantiza castigar la comisión evidente y comprobable de un delito, que haya sido dilucidada en la tramitación de un proceso penal, aún éste no hubiera sido previsto en la acusación; y también, modificar la imposición de la pena, ante la contingencia que la correspondiente al ilícito cometido, sea proporcionalmente menor a la del inicialmente calificado o viceversa, de modo que se haga efectiva la finalidad del proceso penal. En definitiva, la conformidad, coherencia y concordancia entre la relación fáctica del fallo -determinante para lo que se resuelva- y los hechos o circunstancias penalmente relevantes descritos en la acusación, suponen la observancia y cumplimiento del debido proceso, en su elemento “congruencia”; por tanto, las autoridades administradoras de justicia penal “están obligadas a esclarecer por completo el hecho, tanto en su aspecto fáctico como jurídico” (ROXIN, Claus. Derecho Procesal Penal. Pág. 59)” (Las negrillas son nuestras).


Por otra parte, la referida Sentencia Constitucional definió los alcances del principio iura novit curia a la concurrencia de las siguientes condiciones: 1) En virtud a la unidad del objeto procesal entre la acusación y la sentencia, la autoridad juzgadora puede variar la calificación legal inicialmente efectuada, cuando no implique la añadidura de hechos que no hubieran sido sometidos a averiguación ni investigación en el proceso penal; de modo que, no pueda calificarse de “sorpresiva” la modificación del tipo penal imputado, pese a tener diferentes elementos constitutivos, versa sobre igual condicionamiento fáctico. 2) En concordancia con el presupuesto que antecede, tampoco puede variarse el tipo penal cuando difiera en sustancia con los hechos atribuidos; dicho de otro modo, es imposible atribuir al imputado, un delito del que no tuvo oportunidad de defenderse y aportar prueba, en razón a que el objeto del proceso penal seguido en su contra versaba en distintos supuestos fácticos. 3) El cambio de calificación jurídica a los hechos sometidos a un proceso penal, debe recaer -necesariamente- sobre delitos de la misma naturaleza. Ello, por la lógica comparativa de los elementos constitutivos de los tipos penales, cuyo componente fáctico no dista del sentido jurídico propio de la clasificación de las conductas típicas antijurídicas esquematizadas en el Código Penal; que, según se advirtió en el Fundamento Jurídico precedente, si se advierte y comprueba su comisión, corresponde materializar el ius puniendi. 4) La modificación en la calificación de los hechos, no debe incurrir en pasar de un delito de persecución pública, a uno de índole privada, en el que se requiera el impulso necesario de la parte querellante y/o la víctima.


(…) Para concluir este Fundamento Jurídico, cabe reiterar que el juzgador está sujeto a los hechos contenidos en la acusación y son éstos -a su vez- los que limitan el objeto del debate y la sentencia, no así, su calificación jurídica, enfatizando que la congruencia recae sobre los hechos y la subordinación de éstos a la ley; por tanto, las autoridades demandadas, al pronunciar el Auto Supremo 451, no infringieron norma ni cometieron acto lesivo alguno, se subordinaron al cumplimiento de la ley, luego que advirtieran la comisión de un delito en los hechos que fueron materia del juicio seguido contra MG, mismo que -a su juicio- ameritaba la materialización de la facultad punitiva del Estado, al tratarse de un ilícito de relevancia social y de orden público. Y es que la congruencia entre la acusación y el fallo, no puede reducirse a la similitud meramente nominativa del delito, entre los hechos imputados de los establecidos en la sentencia, sino, recaer en los hechos que fueron objeto de persecución en el proceso penal, de modo que sus elementos esenciales se mantengan. Entendimiento que importa la modulación de la SC 0506/2005-R de 10 de mayo, respecto a la aplicación del principio de congruencia entre la acusación y la sentencia, que discurre en relación al hecho y no así, al tipo penal (…)”  (Las negrillas son nuestras).


Entonces, el glosado precedente constitucional al haber modificado los entendimientos de la Sentencia Constitucional 0506/2005-R de 10 de mayo, hacen viable la modificación del tipo penal, sin necesidad de cambiar los hechos del proceso penal; que, en base a ello, dichos criterios han sido asumidos por el Tribunal Supremo de Justicia por principio de vinculatoriedad en los Autos Supremos 166/2012 de 20 de julio, 239/2012 de 3 de octubre y 232/2017-RRC de 21 de marzo, invocados como precedentes contradictorios que han establecido precisamente que la modificación de los tipos penales es posible hasta en Sentencia, lo que no implica vulneración al derecho a la defensa del imputado, siempre y cuando no se vean afectados los hechos que fueron objeto de la Litis, cuyas condiciones de aplicarse el principio iuria novit curia, deben ser observadas por los juzgadores para evitar arbitrariedad y afectación al debido proceso, tanto del imputado como de la víctima; lo que en definitiva, bajo el análisis efectuado, el Auto de Vista impugnado es enteramente contradictorio con los precedentes invocados por el recurrente, considerando que la Sentencia emitida ha dado un cabal cumplimiento a los alcances de la jurisprudencia al momento de aplicar el derecho correctamente al caso concreto, lo que no ha realizado de manera objetiva el Tribunal de alzada al momento de ejercer su control de logicidad, que deviene en defectuoso y alejado de los parámetros legales; sin considerar que la calificación jurídica es provisional, y puede ser modificada en cualquier estado del proceso, tal como se ha expresado en el Auto Supremo 085/2013-RRC de 28 de marzo, que sobre el particular añadió: “…la calificación legal de los hechos investigados precisada en los actos procesales anteriores a la sentencia, tales como imputación formal, aplicación de medidas cautelares, acusación pública o particular, son eminentemente provisionales, esto es, susceptibles de modificación, siendo que, la facultad de establecer en definitiva la adecuación penal que corresponde al hecho delictivo, es del Juez o Tribunal en Sentencia, en el fallo final, quien después de establecer el hecho probado, subsume el mismo en el tipo penal que corresponde conforme a los presupuestos configurativos preestablecidos por el Código Penal, para finalmente imponer la sanción prevista…” (concuerda con el Auto Supremo 073/2013-RRC de 19 de marzo); lo que no necesariamente implica una falta de congruencia de la resolución respecto a la calificación legal del tipo penal, que ha sido erróneamente interpretado por el Tribunal de alzada al momento de resolver la apelación restringida, siendo que las condiciones impuestas por la Sentencia Constitucional 0460/2011-R de 18 de abril (citada), si bien señala cuatro presupuestos a ser considerados cuando se pretenda aplicar la desvinculación condicionada al momento de recalificar el tipo penal, el requisito sine qua non es precisamente la no modificación de los hechos, base del objeto procesal, sea por añadidura, por sustancia o por modificación plena; que para modificar la calificación legal se exige que se trate de la misma familia de delitos sin alterar el supuesto fáctico, y que éste haya sido probado suficientemente en el juicio oral, para que así el Juez o Tribunal pueda adecuar el hecho y la conducta al tipo penal correcto, merecedor de sanción penal. Sólo bajo estos parámetros es posible la recalificación y correcta adecuación del tipo penal por parte de los juzgadores, caso contrario, sería inviable aplicar el instituto del iuria novit curia. Presupuestos que no han sido correctamente compulsados por el Tribunal de alzada, quienes consideraron que al haber modificado la calidad del tipo penal de público a privado, se habría quebrantado las condiciones de procedencia del instituto procesal referido, cuando del análisis realizado, el Tribunal de Sentencia en ningún momento se ha apartado de dichas condiciones para recalificar el tipo penal, evidenciándose que los hechos se han mantenido inalterables, haciendo una correcta aplicación de la Ley sustantiva prevista en el art. 351 del CP, lo que no implica una afectación al derecho a la defensa, porque tal como ha señalado la uniforme jurisprudencia precitada, e inclusive glosada en el Auto de Vista, el acusado ha ejercido su defensa sobre la base fáctica de la acusación y no así sobre el delito mismo, siendo que lo que se juzgan son hechos y no así tipos penales; al respecto, el Auto Supremo 103 de 25 de febrero de 2011, estableció “…que el principio procesal de congruencia consiste en que la Sentencia que emita el Tribunal o Juez de la causa debe circunscribirse en lo fáctico y legal a los hechos acusados probados y no probados, aspecto que necesariamente debe encontrarse fundamentado tanto de hecho como de derecho, tomando en cuenta el derecho a la defensa e igualdad de las partes, que consiste básicamente en la necesidad de ser oídos, alegar y probar sus propias teorías sobre el hecho traído a juicio. Que en ese entendido, se debe tener muy claro que los hechos son acusados desde la óptica del acusador y es la base del juicio, donde el juzgador transcribe su percepción que tiene sobre los hechos y la participación o no del sujeto activo, donde necesariamente debe tomar en cuenta la verificación de las pruebas producidas en juicio oral, lo que implica, que no necesariamente este debe contener todos los términos empleados en la acusación, sino incluso puede calificar el hecho dentro de un tipo penal diferente pero siempre cuidando que sea dentro de la misma familia de ilícitos, aspecto que se expresa en el principio de Iura novit curia…” .


A mayor abundamiento, señalar que el principio iuria novit curia, tiene íntima relación con el principio de congruencia, plasmado en el ya mencionado art. 362 del CPP, relacionado al principio de coherencia o correlación entre la acusación y la Sentencia, que es parte del debido proceso, corresponde al eje principal del sistema acusatorio que está caracterizado por: la división del órgano que investiga y acusa, con aquel que sentencia; el derecho que tiene el imputado a conocer la denuncia formulada en su contra; y, la prohibición de la reformatio in peius (reformar en perjuicio); pues este sistema está basado en la igualdad de armas o de partes, a fín de que la fiscalía, acusador, como la defensa tengan las mismas posibilidades o facultades durante el desarrollo del proceso, comprendiendo que no hay proceso sin acusación y que no existe posibilidad de declarar al acusado culpable por hechos que no consten en la acusación. Lo cual permite asumir el concepto, a decir de Zinny, que “…la congruencia es un hilo lógico que recorre el proceso, uniendo sus distintas etapas entre sí. Así, ha de haber concordancia entre la pretensión y la excepción, entre los hechos afirmados y la prueba rendida, entre los fundamentos fácticos y jurídicos de la pretensión y de la excepción. También ha de haber congruencia entre la acción deducida y la sentencia; ha de haber una congruencia interna en la sentencia misma y finalmente- ha de existir concordancia entre la Sentencia y su ejecución…” (Resaltado nuestro) (Citado por Leonardo Bornedave en “La regla de la congruencia y su flexibilización” sobre la obra de: Zinny, Jorge H. La congruencia en la ejecución de la Sentencia en Cuadernos de los Institutos procesales de Córdoba, N° 138, 1980, pág. 42.). Lo que significa que el principio de coherencia o congruencia, debe mediar entre la acusación y el fallo, y va garantizar el derecho a la defensa, la lealtad procesal y la unidad lógica del proceso; ya que, el que es acusado por determinada conducta delictiva, debe ser condenado o absuelto por el mismo hecho. En ese sentido, la regla: de que “Nadie puede ser condenado por hechos distintos a los contenidos en la acusación”, requiere que el hecho objeto de acusación y el que es base de la condena permanezcan inalterables, esto es, la existencia de identidad del hecho punible, de forma que el hecho identificado en la acusación y debatido en el juicio oral sea comprobado, constituyendo el supuesto fáctico de la calificación de la Sentencia.


También, debe considerarse que la conducta humana en el ilícito acusado es objetiva y subjetiva, que tiene correlación con los dos tipos de imputaciones fácticas; así se tiene la imputación objetiva, relacionada a circunstancias de tiempo, modo y lugar, las cuales no pueden variar; que no sucede lo mismo con la imputación subjetiva, que son las circunstancias en las que se produce el hecho punible, relacionado con la conducta del imputado que podría ser objeto de variación.


La circunstancia está relacionada a la forma en que ocurrieron los hechos; el lugar, con la ubicación geográfica en el que sucedieron, procurando ser lo más exacto posible; y, el elemento de tiempo, entendido como la magnitud de carácter físico que se emplea para realizar la medición de lo que dura algo; es decir, al lapso o periodo en el cual se ha suscitado un hecho delictivo, el que puede ser establecido o no conforme a la fecha y hora del suceso; lo cual quiere decir, que un hecho ilícito debe ser fijado con fecha y hora o claramente identificado ese acto ilícito en un espacio de tiempo; así por ejemplo: “En un accidente de tránsito suscitado en una carretera determinada y específica en el Km 75, ocurrido el mes de enero de 2010, sin que existan testigos, el conductor del vehículo se dio a la fuga y la víctima del accidente sufrió varias Lesiones, siendo encontrado después de varios días y trasladado al hospital, ingresó en un estado de coma, y luego de un año al recobrar el conocimiento, identificó al autor del hecho ilícito, empero, sin identificar el día ni la hora exacta del suceso, sino el lapso de periodo aproximado en que sucedió el accidente”; entonces, en este ejemplo no hay duda de que ocurrió el hecho respecto al modo, lugar y tiempo, al estar delimitado este último en el espacio aproximado en el que sucedió el hecho ilícito; cumpliendo consiguientemente el elemento objetivo imputable.


Hecha esta aclaración, queda claro que el núcleo fáctico (acontecer histórico) y jurídico (calificación jurídica) alrededor del cual gira la acusación, es la base para emitir el pronunciamiento sobre la responsabilidad  del acusado; este núcleo básico puede variar única y exclusivamente en dos supuestos que son: en el eje fáctico subjetivo, esto es, hechos que tienen relación con los aspectos subjetivos del tipo penal que de alguna manera incidan en el grado de responsabilidad; así como, en la imputación jurídica sobre la calificación jurídica, pero sin extralimitarse apartándose de la familia del mismo bien jurídico protegido acusado, bajo el principio del iura novit curia.


Sobre los alcances del principio de congruencia en relación a la iuria novit curia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado en el Caso Fermín Ramírez Vs. Guatemala. Sentencia de 20 de junio de 2005, que: “…La Convención no acoge un sistema procesal penal en particular. Deja a los Estados en libertad para determinar el que consideren preferible, siempre que respeten las garantías establecidas en la propia Convención, en el derecho interno, en otros tratados internacionales aplicables, en las normas consuetudinarias y en las disposiciones imperativas de derecho internacional. Al determinar el alcance de las garantías contenidas en el artículo 8.2 de la Convención, la Corte debe considerar el papel de la “acusación” en el debido proceso penal vis-à-vis el derecho de defensa. La descripción material de la conducta imputada contiene los datos fácticos recogidos en la acusación, que constituyen la referencia indispensable para el ejercicio de la defensa del imputado y la consecuente consideración del juzgador en la Sentencia. De ahí que el imputado tenga derecho a conocer, a través de una descripción clara, detallada y precisa, los hechos que se le imputan. La calificación jurídica de éstos puede ser modificada durante el proceso por el órgano acusador o por el juzgador, sin que ello atente contra el derecho de defensa, cuando se mantengan sin variación los hechos mismos y se observen las garantías procesales previstas en la ley para llevar a cabo la nueva calificación. El llamado “principio de coherencia o de correlación entre acusación y sentencia” implica que la sentencia puede versar únicamente sobre hechos o circunstancias contemplados en la acusación…”.


En tal sentido y conforme todo lo antedicho, se concluye que en el actual sistema acusatorio penal, los hechos son el objeto de juzgamiento, sobre el que gira el debate del juicio oral y en el que debe enmarcarse la posterior Sentencia; empero, no debe comprenderse este principio de correlación entre la acusación y la Sentencia con un rigorismo matemático, sólo que una eventual modificación a la luz del principio de iura novit curia- no debe recaer sobre los elementos esenciales y naturalmente influyentes del hecho histórico; en todo caso, la correspondencia entre la acusación y la Sentencia debe regir una correlación esencial sobre el hecho objeto del proceso. Esto es, que la imputación fáctica puede ser modificada en cuanto a su imputación subjetiva de circunstancias que vayan a acarrear mayor o menor responsabilidad contra el imputado de la calificación jurídica en la misma familia de delitos; en cambio, la imputación objetiva de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, debe permanecer inalterable; entendiendo como tiempo no solo a la sindicación con fijación de día y hora, sino dependiendo a las características especiales de los delitos cuando no se pueda precisar esos aspectos, se comprenderá, como el espacio de periodo aproximado en el que se suscitó el hecho acusado; sobre el modo, relativo a las circunstancias en que se desarrolló el hecho histórico; y, el lugar referente a la identificación geográfica de los hechos endilgados; preservándose en todo el proceso penal la verdad material sobre las formalidades.


De igual manera, para determinar si existió o no vulneración del derecho a la defensa, conforme ha identificado el Auto de Vista impugnado, se tomará en consideración aspectos mínimos como ser informado en un plazo breve de manera detallada respecto a la acusación; la disposición de las facilidades para la preparación de la defensa, haber ejercido defensa técnica y material; y, facilidades de participación en el debate oral; en consonancia, con la norma fundamental, tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos y la norma adjetiva penal; conllevando con ello a la efectivización de la garantía constitucional del debido proceso, principio de coherencia o congruencia y el derecho a la defensa; lo que evidentemente ha sido garantizado a lo largo del juicio dentro el caso de autos, donde el acusado ha podido intervenir plenamente sobre el debate contradictorio con relación a los hechos acusados, no evidenciándose vulneración alguna de derechos fundamentales y garantías constitucionales, o en su defecto el debido proceso.


Concluyendo, de una relación de lo fundamentado, normado y argumentado en la presente resolución, se puede inferir determinantemente que la única limitante para la aplicación del principio iuria novit curia, respetando el principio de congruencia y coherencia de los fallos, es la invariabilidad de los hechos juzgados, donde la calificación jurídica que haga el Juez o Tribunal, para evitar caer en alguna incongruencia debe estar relacionada a la misma familia de delitos, sean éstos de orden público o privado, que protejan bienes jurídicos similares; ratificándose la uniforme jurisprudencia emitida por este  alto Tribunal de Justicia del país, constatándose, por efecto, que el Tribunal de alzada ha incurrido en error al momento de considerar que la nueva calificación del tipo penal realizada por el Tribunal de Sentencia de Avasallamiento a Despojo, sería contrario a los intereses del proceso penal, causando indefensión, cuando se ha llegado a evidenciar que los hechos acusados no fueron alterados en absoluto (única limitante para alegar improcedencia), siendo indistinto que el cambio de tipo penal trascienda de un delito de índole público a otro de índole privado, siempre y cuando responda a la misma familia de delitos, que como se puede anotar, los arts. 351 y 351 bis del CP, están inmersos en los delitos contra la propiedad, del Capítulo VII del Titulo XII del Código Penal actual, con las modificaciones de la Ley 477; y advertidos estos aspectos así como la contradicción del Auto de Vista impugnado, es viable poder aplicar el art. 419 segunda parte del CPP, debiéndose dejar sin efecto el Auto de Vista de 23 de agosto de 2017, para que el Tribunal de alzada emita una nueva resolución, únicamente para resolver la cuestión de fondo de la apelación restringida planteada por el imputado, y resuelva conforme a la doctrina legal establecida, observando a su vez la jurisprudencia aplicable al caso concreto de manera objetiva, certera, bajo el principio de legalidad y congruencia, respetando el debido proceso.

POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara  FUNDADO el motivo analizado del recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público, de fs. 96 a 100 vta.; y por consiguiente, con los fundamentos expuestos precedentemente; y en aplicación del art. 419 del CPP, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista de 23 de agosto de 2017, disponiendo que la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, previo sorteo y sin espera de turno, pronuncie una nueva resolución en conformidad a la doctrina legal establecida en la presente resolución.


A los efectos de lo previsto por el art. 420 del CPP, hágase conocer mediante fotocopias legalizadas el presente Auto Supremo a los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, para que por intermedio de sus Presidentes, pongan en conocimiento de los Jueces en materia penal de su jurisdicción.


En aplicación del art. 17-IV de la LOJ, por secretaría de la Sala comuníquese el presente Auto Supremo al Consejo de la Magistratura.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos