TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 392/2018-RRC

Sucre, 11 de junio de 2018


Expediente                        La Paz 78/2017

Parte Acusadora                Ministerio Público y otra

Parte Imputada                : Américo Mamani Marca

Delito                Fabricación, Comercio y Tenencia de Substancias

           Explosivas, Asfixiantes

Magistrado Relator        : Dr. Edwin Aguayo Arando


RESULTANDO


Por memorial presentado el 5 de septiembre de 2017, cursante de fs. 693 a 701, Américo Mamani Marca, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 07/2017 de 22 de junio de fs. 646 a 650 y el Auto Complementario de 19 de julio de 2017, de fs. 654, pronunciados por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y María Elva Jiménez Segales, contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Fabricación, Comercio o Tenencia de Substancias Explosivas, Asfixiantes,  previsto y sancionado por el art. 211 del Código Penal (CP).


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


  1. Por Sentencia 35/2016 de 23 de noviembre (fs. 524 a 547), el Juez Primero de Partido y de Sentencia de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a Américo Mamani Marca, autor de la comisión del delito de Fabricación, Comercio o Tenencia de Substancias Explosivas, Asfixiantes, previsto y sancionado por el art. 211 del CP, imponiendo la pena de tres años y tres meses de reclusión, más el pago de costas, daños y perjuicios a la víctima.


  1. Contra la mencionada Sentencia, el imputado Américo Mamani Marca (fs. 560 a 596 vta.), interpuso recurso de apelación restringida, resuelto por Auto de Vista 07/2017 de 22 de junio, emitido por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que declaró improcedentes los argumentos expuestos por el recurrente y confirmó la sentencia apelada, siendo rechazada la solicitud de Complementación y Enmienda del imputado mediante Resolución de 19 de julio de 2017 (fs. 654), motivando la interposición del presente recurso de casación.


I.1.1. Motivo del recurso de casación.


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 051/2018-RA de 14 de febrero, se extraen los siguientes motivos a ser analizados en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


  1. El recurrente refiere que con su recurso de apelación restringida no solamente impugnó la Sentencia 35/2016 de 23 de noviembre; sino también, su Auto Complementario de 24 de enero de 2017, este último emergente a su solicitud de Explicación, Complementación y Enmienda, que dispuso no haber lugar a su pretensión, denuncia que ambas resoluciones inobservaron los arts. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE), 124 y 398 del CPP, incurriendo en una incongruencia omisiva y en defecto absoluto al afecto del art. 169 inc. 3) del CPP, al no existir pronunciamiento sobre el recurso de apelación restringida que interpuso en contra del Auto Complementario de 24 de enero de 2017, emitido por el Tribunal de origen, invocando los Autos Supremos 152/2007 de 2 de febrero y 250/2012 de 17 de septiembre.


  1. Refiere que el Auto de Vista impugnado, procedió a enunciar cada uno de los extremos contenidos en la apelación restringida; entre ellos, los relativos a la inobservancia de ley, vinculada a la introducción de las pruebas MP-2, MP-4, MP-12, MP-13, MP-7, MP-8, MP-9, MP-10, MP-11, PD-1, PD-13 y PD-14, que ante el planteamiento de exclusión probatoria, mereció la emisión de las Resoluciones 205/2016 de 14 de julio, 237/2017 de 4 de agosto y 250/2016 de 11 de agosto, por lo que solicitó la anulación total de la Sentencia y de su Auto Complementario; sin embargo, pese a que en el Auto de Vista se mencionó las resoluciones relativas a los incidentes y que formaban parte de la apelación restringida, el Tribunal de alzada omitió un pronunciamiento previo a los tres incidentes que fueron promovidos a través del recurso de apelación restringida, incurriendo en un defecto absoluto y en contradicción con el Auto Supremo 220/2012 de 15 de agosto.


  1. Expresa que notificado con el Auto de Vista impugnado, solicitó su aclaración, complementación y enmienda; empero, esta resolución también infringió los arts. 398 y 124 del CPP, pues pese al pedido de pronunciamiento sobre los motivos I, II y III y los doce motivos de inobservancia de la ley que constan en la apelación, referentes al considerando quinto del Auto de Vista, simplemente se ratificó en el Auto de Vista, añadiendo que no podía valorar prueba; porque nuevamente y de manera sintética, señaló que los puntos IV al XII, fueron fundamentados en forma individual y que en el Considerando VI, parágrafo II se hizo referencia a conclusiones y síntesis de todos los puntos expresados en la apelación, encontrándose fundamentados en el considerando V del Auto de Vista; lo que demuestra, en criterio del recurrente que sus considerandos son repetitivos y que no existe un pronunciamiento individual, fundamentado y motivado de cada uno de los puntos expuestos en la apelación. Invoca como precedentes los Autos Supremos 45/2012 de 14 de marzo, 276/2007 de 5 de octubre, 368/2012 de 5 de diciembre y 051/2013-RRC de 1 de marzo.


I.1.2. Petitorio.


El recurrente solicita, que una vez admitido su recurso y verificada que fuese la contradicción planteada, se emita Auto Supremo por el que se deje sin efecto el Auto de Vista 07/2017 de 22 de junio y el Auto complementario de 19 de julio de 2017, para que se emita una nueva resolución conforme la doctrina legal a ser establecida.


            II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


II.1.  Del recurso de apelación restringida.       

 

Por Sentencia 35/2016 de 23 de noviembre, el Juez Primero de Partido y de Sentencia de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a Américo Mamani Marca, autor de la comisión del delito de Fabricación, Comercio o Tenencia de Substancias Explosivas, Asfixiantes, previsto y sancionado por el art. 211 del CP, imponiendo la pena de tres años y tres meses de reclusión, más el pago de costas, daños y perjuicios a la víctima. El hoy recurrente, activó su oposición a través de recurso de apelación restringida, como consta del memorial saliente de fs. 560 a 596 vta., planteando lo siguiente:


  1. Inobservancia de la Ley al incorporarse prueba documental (MP2, MP, MP12 y MP13) sin observar las formalidades previstas por Ley, al haber sido introducidas de oficio por el Juez de Sentencia, pues siendo informes de los investigadores asignados al caso, debieron ser ratificadas por sus emisores al momento de sus atestaciones, empero fueron introducidas con posterioridad. Cuestiona que ante el planteamiento de exclusión probatoria, el Juez la rechazó alegando a que el acusado no solicitó la ratificatoria de dichas pruebas al momento de prestarse las testimoniales. Con este hecho se denunció la violación de los arts. 172, 333 inc. 2) del CPP y el defecto de sentencia contenido en el art. 370 inc. 4) de la misma norma procesal.


  1. Ante la solicitud de la defensa de exclusión de las pruebas MP7, MP8, MP9, MP10, MP11, con el argumento que fueran “actas de declaraciones informativas, prestadas ante el Ministerio Público, además que dichas personas ya efectuaron su declaración ante el Juez de sentencia con anterioridad y no pueden ser introducidas como prueba documental” (sic), el Juez de mérito rechazó la pretensión por Resolución 237/2017 de 4 de agosto, señalando que no es posible hablar de prueba literal sino testifical, lo que viola los arts. 115.I-II, 116-I y 117-I de la CPE, los arts. 124, 167, 169.3, 172, 280, 342, 370 inc. 4) todos del CPP y el art. 17 de la LOJ; por cuanto, no es posible considerar prueba introducida sin respetar las formalidades legales, como lo fuera haberla introducido considerándolas como pruebas testifical.


  1. Ante la introducción de la prueba PD1, por parte del acusador particular, se planteó exclusión probatoria sobre la base de los arts. 13, 216, 172, 280 del CPP y arts. 115 y 117 de la CPE, por la ilicitud de su obtención e incorporación (en el memorial de acusación se la identificó como copias legalizadas y en juicio oral fueron presentadas fotocopias simples), situación similar a la ocurrida en torno a las pruebas PD13 y PD14, carecen de orden o requerimiento para su obtención. El incidente de exclusión fue rechazado por Resolución 250/2016 de 11 de agosto, alegando que las fotocopias simples no limitan su admisión probatoria “y no existe disconformidad con el original” (sic); y en cuanto, las pruebas PD13 y PD14, señaló la existencia de un sello de copia fiel con una rúbrica y que habiendo sido obtenida por orden del Fiscal no existe ilicitud; asimismo, se expuso ante la presentación de un requerimiento fiscal en audiencia de juicio oral, que las partes bien pueden presentar prueba en el incidente.


  1. Violación al art. 357 del CPP, pues el día 22 de noviembre de 2016 a hrs. 15:00, el Juez de sentencia, concluidos los debates, dispuso un receso no superior a las 16 horas, hasta el día 23 a hrs. 11:00; empero, el acta de audiencia consta “el juez ingresa a deliberar en reserva a horas 19:30. Luego se lee acto seguido a horas 11:00 del 23 habiendo deliberado, en reserva y concluido el receso se volvió a instalar la audiencia de juicio inmediato y se da lectura íntegra a la sentencia” (sic), situación que degenera en el incumplimiento de formas procesales por no haberse habilitado horas extraordinarias, así como entender la deliberación como receso.


  1. El 20 de enero de 2017, el apelante fue notificado en su domicilio con la Sentencia de grado, ese mismo día presentó solicitud de complementación y enmienda. Luego el 3 de febrero de ese año, fue notificado con el Auto complementario, firmado por la Juez Segundo de partido y Sentencia de El Alto; aspecto que, al vulnerar el Juez natural infringe los arts. 115.I-II, 116.I y 117.I de la CPE, arts. 167 y 169 inc.3) del CPP.


  1. A momento de la solicitud de complementación y enmienda se solicitó cuál la prueba que sostenga la afirmación contenida en el apartad IV puntos 1 y 2 de la sentencia, en la que se determina que el imputado “prácticamente había fabricado bombas molotov y lanzar a personas ejecutantes” (sic); sin embargo, el Auto complementario firmado por la Juez Segundo de Partido y Sentencia de El Alto, declaró sin lugar a la petición en el entendido que los contenidos de ese fallo fueran claros y concretos; con ello, se planteó violación a los arts. 115.I-II, 116-I y 117-I de la CPE, los arts. 6, 124, 173, 359 y 370 incs. 5), 6), y 11) del CPP; y, el art. 17 de la LOJ.


  1. A momento de la solicitud de complementación y enmienda de 20 de enero de 2017, pidió se aclare las razones de homegeneidad y coherencia en las declaraciones de los testigos Eloy Javier Cosme Condori y Miguel Apaza Mamani, si en ambas existen aspectos abiertamente disimiles. En respuesta el Auto Complementario dispuso no ha lugar lo peticionado, lo que a decir del recurrente genera un defecto absoluto en el marco del art. 169 inc. 3) del CPP, con afectación dela debido proceso y los arts. 115, 116 y 117 de la CPE, pues no se solicitó modificación sustancial de los argumentos de fondo, sino se aclare cuales las razones para arribar a ellos.


  1. Con similitud al anterior punto, se reclamó la ausencia de valoración integral sobre la atestación de María Elva Jiménez, emitido el Auto Complementario de 23 de enero de 2017, incurre en defecto absoluto al violar la garantía jurisdiccional debido proceso y no aplicar “duda razonable”, pues reitera que no pidió modificaciones en el fondo de la resolución, sino en torno a las razones que la originaron.
  2. También, reclamando el contenido del Auto complementario de 23 de enero de 2017, esta vez sobre la negativa de aclarar por qué no se dio cumplimiento al primer párrafo del art. 359 del CPP, en lo que es la prueba MP14, sobre la “transcripción de cita magnetofónica en el punto referido a la declaración de la víctima Sergio Rodrigo Cala Flores” (sic), en este punto reitera de manera íntegra el fundamento de derecho del punto anterior.


  1. Haciendo una relación de los aspectos, en los que la Sentencia se pronunció sobre la prueba MP-14, con las deposiciones testificales de Sergio Rodrigo Cala Flores y Edgar Merlo Charca, el entonces apelante cuestionó que la Sentencia de grado no aplicó la norma favorable al imputado; puesto que, en la valoración integral de la prueba no se mencionó los pasajes en los que se establecería diferencia en lo expresado por los antes nombrados.


  1. Afirma que, de la declaración de Sergio Rodrigo Cala Flores, emerge actividad procesal defectuosa y defecto absoluto; por cuanto, no se notificó a éste con la acusación particular, pese a su condición de víctima.


  1. El Tribunal, de sentencia no adecuó debidamente la norma penal a la conducta del imputado ni a los hechos tenidos como probados en juicio oral, dado que existe contradicción y falta de congruencia en la prueba introducida por los acusadores, en la razón que fueron los propios testigos de cargo quienes identificaron a una tercera persona como quien fabricó la substancia explosiva, constituyendo el defecto del art. 370 inc. 1) del CPP.


II.2.  Del Auto de Vista 07/2017 de 22 de junio.


La Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, resolviendo el recurso de apelación restringida reseñado anteriormente, emitió el Auto de Vista, que hace título a este apartado, mediante el cual declaró su improcedencia, confirmando la Sentencia 35/2016 de 23 de noviembre. Este fallo fue sustentado a través del siguiente detalle:


  1. “…respecto a los motivos I, II y III sobre introducción de prueba de oficio por parte del Juez, el apelante no demuestra cómo es que el Juez introdujo prueba de oficio, es decir prueba que no haya sido ofrecida ni por el Ministerio Público ni por la acusación particular, no refiere qué derechos y garantías constitucionales se le habrían violentado, para todos los doce motivos invoca inobservancia de la Ley el Tribunal de alzada no puede considerarlos por ser genéricos y entremezclados, no se señalan los principios que rigen las nulidades como para pretender anular la sentencia apelada y reposición de juicio, el Tribunal de alzada tampoco puede revalorizar la prueba que el apelante observa por disposición de doctrina legal aplicable en el Auto Supremo 484 de 26 de septiembre de 2005” (sic).


  1. “Sobre la apelación restringida en su punto IV reclamando que el Juez no sentencia a momento, sino dentro las 16 horas, que si bien el Juez ad quo determinó un cuarto intermedio para ingresar a deliberar a horas 19:30 hasta el día siguiente 23 de noviembre de 2016 a horas 11:00, la parte recurrente no hizo uso de los recursos que la Ley le franquea, habiendo convalidado el acto” (sic).


  1. Sobre el cuestionamiento a la autoridad que dictó la Sentencia y su Auto complementario: “…como Juez Natural que dictaminó la sentencia es el Juez 1ro de Partido y Sentencia de El Alto, por principio de inmediación fue dicha autoridad que dictó la decisión principal, misma que no fue modificada en ninguna de sus partes por el Auto Complementario que dictó la Juez Segundo de Partido y Sentencia El Alto no le agravó su situación, no existiendo perjuicio alguno ni agravio al respecto” (sic).


  1. Sobre su reclamo en torno a las pruebas específicas que demuestren la relación de hechos sostenida por el Ministerio Público: “…este aspecto es una enunciación del hecho y circunstancias objeto del juicio por el Ministerio Público, lo único que hace el Juez es reflejar tales extremos, no se señala qué derechos y garantías habrían sido violentados, de qué forma, por lo que no se considera un agravio” (sic).


  1. “En cuanto a la apelación restringida en sus puntos VII, VIII, IX y X cuestionando declaraciones de policías y de la víctima que no habrían sido considerados y que estos no serían coherentes ni homogéneos, se tiene que el tribunal de alzada no puede entrar a revalorizar elementos probatorios según Auto Supremo 041/2017-RRC de 24 de enero, sin embargo de la revisión de la sentencia, no se establece incoherencia alguna, la misma se encuentra debidamente fundamentada y acorde a las reglas de la sana crítica, tampoco el apelante señala ni demuestra fundamentada cómo se habrían quebrantado la sana crítica por parte del Juez a-quo” (sic).


  1. “ El policía Sergio Rodrigo Cala Flores se habría constituido como víctima y no habría sido notificado con la acusación particular, bajo ese contexto no se observa derechos y garantías violentados con este aspecto no concuerda con agravio alguno, por lo que tampoco puede ser considerado” (sic).


  1. En torno al reclamo de errónea aplicación de la Ley sustantiva (punto XII de la apelación restringida): “…abarca más a la sana crítica del juzgador…teniendo presente que el art. 211 del Código Penal establece una pena privativa de libertad de uno a cuatro años, dejando a criterio del Juez imponer la pena adecuada en conclusión a todo el desarrollo del juicio oral, público y contradictorio, más los alcances que le prevé la Ley; si bien anuncia autos supremos, estos son utilizados como doctrina legal aplicable, que a criterio de este tribunal de alzada no son precedentes contradictorios para el presente caso, por no demostrarse similitud al respecto, sin embargo será considerado al final de toda la fundamentación” (sic).


  1. Sobre la aplicación de la pena, anunciando el impedimento de revalorizar la prueba y la obligación de controlar su razonamiento conforme a las reglas de la sana crítica y el alcance de los arts. 37, 38, 39 y 40 del CP, el Tribunal de apelación concluyó que la Sentencia, tomó en cuenta las variables dispuestas en norma en esa labor y que la decisión final “se encuentra debidamente fundamentada su decisión de condenar al acusado con la pena impuesta, sus razones se encuentra claramente establecidas” (sic).


II.3.  El  Auto de 19 de julio de 2017.


Por memorial de 18 de julio de 2017, el imputado solicitó explicación complementación y enmienda, solicitando se aclare o en su caso complemente las razones de no aplicación del art. 398 del CPP. En respuesta, el Tribunal de apelación pronunció el Auto de 19 de julio de 2017, por el que declaró no ha lugar a lo peticionado.


III. FUNDAMENTOS DE LA SALA


Américo Mamani Marca recurre en casación alegando que el Auto de Vista 07/2017 de 22 de junio, por el que se confirmó la Sentencia 35/2016 de 23 de noviembre, posee vicios de incongruencia omisiva sobre la impugnación al Auto Complementario de 24 de enero de 2017, a las tres reservas de apelación sobre incidentes de exclusión probatoria y carente fundamentación; por cuanto, no se dio respuesta a todos los motivos del recurso de apelación restringida, de manera individual e interdependiente conforme generando lesión a los arts. 124 y 398 del CPP.


De ese antecedente la Sala considera que con carácter previo al análisis y resolución de los motivos del recurso, teniendo presente que son atingentes tanto a los presupuestos de fundamentación desarrollados por la jurisprudencia como también a la organización del sistema de recursos en el sistema procesal penal, verter criterio sobre esos mismos tópicos.


III.1 Consideraciones previas


III.1.1. Recurso de casación naturaleza, regulación y alcances.


El recurso de casación es un instituto complejo cuya composición tiene dos vertientes recíprocamente complementarias. Una de ellas corresponde a la organización misma de la jurisdicción ordinaria y encuentra su colocación sistemática en la cúspide de la organización de los Tribunales, así se desprende del art. 179.I de la CPE y el art. 31 inc. 1) de la LOJ, que ordena que el Tribunal Supremo de Justicia es el máximo Tribunal de la jurisdicción ordinaria. Otro de los componentes que hacen al recurso de casación, pertenece al derecho procesal y debe ser comprendido desde el ámbito del sistema de recursos. La complementariedad recíproca entre estos dos componentes hace que el Tribunal de casación, ejercido por Ley por el Tribunal Supremo de Justicia a través de sus Salas Penales, sea un órgano especialmente constituido para juzgar sobre los recursos de casación que son un medio de impugnación cuyas condiciones están establecidas en los arts. 416 y siguientes del CPP.


Ciertamente, el recurso de casación opera dentro de una naturaleza definida por Ley; posee en esencia un fin nomofiláctico, esto es, unificador y uniformador de la jurisprudencia en la jurisdicción ordinaria. Casación tiene para sí la resolución de las acciones recursivas contra Autos de Vista emitidos por las Salas Penales en los Tribunales Departamentales de Justicia; es decir, su lecho se encuentra sobre las cuestiones expresadas en un momento procesal distinto a la emisión de una Sentencia. Esta cadena procesal no admite por ejemplo que en casación se censure cuestiones emergentes de una Sentencia; si es que antes no se ha agotado el estadio procesal de apelación restringida y claro, previo cumplimiento y adecuación de los requisitos contenidos en los arts. 416 y siguientes del CPP.


La labor nomofiláctica que se halla implícita en la citada norma debe ser entendida también en la perspectiva que este Tribunal ocupa como máxima instancia de la jurisdicción ordinaria en materia penal, además de matizarse con la facultad de sentar y unificar jurisprudencia, tal cual lo tiene expresado el art. 42 inc. 3) de la LOJ.


III.2. Primer Motivo.


Denuncia que el Tribunal de alzada no emitió pronunciamiento sobre el recurso de apelación restringida que interpuso en contra del Auto Complementario de 24 de enero de 2017, inobservando los arts. 124 y 398 del CPP, pese al deber que tiene de pronunciarse respecto a todos los motivos denunciados. A tal fin invocó como precedentes contradictorios los Autos Supremos 152 de 2 de febrero de 2007 y 250/2012 de 17 de septiembre.


III.2.1.        Doctrina legal contenida en los precedentes contradictorios invocados.


El Auto Supremo 152 de 2 de febrero de 2007, verificando una denuncia de incongruencia omisiva, sentó la siguiente doctrina legal aplicable:


“…el Tribunal de Alzada tiene limitada su competencia, porque debe circunscribir su actividad jurisdiccional a los puntos cuestionados; por otro lado, los puntos impugnados deben clasificarse y jerarquizarse, resumiendo y describiendo cada uno de ello, actividad que servirá para expresar los fundamentos de la resolución.


El Auto de Vista que resuelva los puntos cuestionados debe fundamentar cada uno de ellos; esta actividad de puro derecho debe expresar la interpretación y aplicación de la norma o normas aplicadas a cada aspecto impugnado, con lo que el actuar del Juzgador se ciñe al principio de legalidad”


Por su parte el Auto Supremo 250/2012 de 17 de septiembre, habiéndose pronunciado Auto de Vista que anulando la sentencia dispuso juicio de reenvío con base al parágrafo I del art. 17 de la Ley del Órgano Judicial, analizó los alcances de este dispositivo normativo:


El art. 17 de la Ley del Órgano Judicial, respecto a las nulidades de los actos determinados por Tribunales establece en el parágrafo I que: "la revisión de las actuaciones procesales será de oficio y se limitará a aquellos asuntos previstos por ley", en el parágrafo II señala que "en grado de apelación, casación o nulidad, los Tribunales deberán pronunciarse solo sobre aquellos aspectos solicitados en los recursos interpuestos", de la interpretación de estos parágrafos se tiene que en cuanto al recurso de apelación restringida se debe aplicar el parágrafo II y no el I; toda vez, que en el parágrafo I se establece que la revisión de oficio se limita a aquellos asuntos previstos por ley, y cundo nos referimos a la ley y en especial a la tramitación del recurso de apelación restringida, nos remitimos a los artículos correspondientes a este recurso señalados desde el art. 407 al art. 414 del Código de Procedimiento Penal, en los que no se hace referencia a la revisión de oficio por parte del Tribunal de Apelación; en ese entendido, se tiene que cuando se trata de nulidad de actos, el Tribunal de Alzada esta constreñido a cumplir con lo previsto por el Parágrafo II del art. 17 de la ley 025 que taxativamente establece el límite de la competencia de los Tribunales de Apelación y Casación, en cuyo mérito solo debe pronunciarse sobre aquellos aspectos denunciados en los recursos interpuestos, no siendo aplicable en Alzada el parágrafo I del señalado artículo”.


Finalmente toda vez que la situación de hecho en este caso en particular era inherente a una cuestión procesal competencial, sentó la siguiente doctrina legal aplicable:


“El Tribunal de Alzada debe ceñir el pronunciamiento de su resolución a lo que fue objeto de impugnación, debiendo el Auto de Vista circunscribirse sólo a los puntos denunciados en el recurso de apelación restringida, de conformidad a lo dispuesto por el parágrafo II del art. 17 de la Ley del Órgano Judicial, en concordancia con el art. 398 del Código de Procedimiento Penal, lo contrario se constituye en vicio de incongruencia por exceso (ultra petita o extra petitium), al resolverse sobre cuestiones que no fueron objeto de expresión de agravio, circunstancia que vulnera el debido proceso, la tutela judicial efectiva, la seguridad jurídica y el derecho a las resoluciones debidamente fundamentadas”.


III.2.2.  La lectura de antecedentes descritos, en el anterior apartado reportan que el recurrente si bien orientó el recurso de apelación restringida hacia un ataque al Auto complementario a la Sentencia, no es menos cierto que el argumento base de su reclamo es inherente al desarreglo que tuvo sobre la valoración otorgada en la Sentencia a varias pruebas producidas en juicio oral, buscando en ese momento procesal su censura; y por ende, la nulidad de la Sentencia de grado. Esta forma, de exposición es presente en lo largo del recurso de apelación restringida, en el orden de la síntesis del punto II.1 de este Auto Supremo.


No es evidente, como sostiene el recurrente, que el Tribunal de apelación haya vulnerado sus derechos al debido proceso y la tutela judicial efectiva, en cuanto se refiere a la inexistencia de pronunciamiento sobre el Auto complementario de 24 de enero de 2017; más cuando, debe tenerse en cuenta que los alcances del art. 125 del CPP, no otorgan facultad modificaciones esenciales del fallo principal; es decir, que las cuestiones que conforman el eventual Auto complementario tanto emergen como forman parte indisoluble de la decisión principal, entendimiento que denota que las cuestiones pasibles a observación y censura en la resolución principal no pueden tomar un curso paralelo con la emisión de un Auto que complemente, explique o enmiende la resolución principal


Así las cosas, el Tribunal de apelación no podía considerar abordar las quejas sobre el Auto complementario de manera paralela y aislada a la Sentencia, sino abordar la problemática procesal y recursiva en mismo plano, por cuanto como ya se dijo- tanto la Sentencia como su Auto complementario, conforman una unidad. De tal cuenta, es visible que los de apelación absolvieron los agravios planteados por el recurrente y que fueron dirigidos contra el Auto complementario de 24 de enero de 2017, no siendo por ende ni cierto ni evidente el reclamo de incongruencia omisiva desarrollado en casación, razón por la que no es visible ninguna contradicción sobre la doctrina legal invocada en el Auto Supremo 152/2007 de 2 de febrero que dispone justamente la observancia al art. 398 del CPP, ello es que: “el Tribunal de Alzada tiene limitada su competencia, porque debe circunscribir su actividad jurisdiccional a los puntos cuestionados”.


En cuanto, a la contradicción pretendida con el Auto Supremo 250/2012 de 17 de septiembre, poner de manifiesto que la situación de hecho es disímil al caso que motiva autos, pues su doctrina legal aplicable estipula entendimientos sobre la aplicación del art. 17 de la LOJ, en lo que es el régimen de nulidades; en cambio, en casación se denunció un caso de incongruencia omisiva o falta de pronunciamiento.

III.3. Segundo motivo.


El recurrente cuestiona la posición del tribunal de apelación respecto a las impugnaciones contra las tres resoluciones emitidas en juicio relativas a incidentes de exclusión probatoria debidamente identificada en el memorial de casación, constituyendo en su criterio incurrió en inobservancia de las reglas del debido proceso y las garantías constitucionales, actos contradictorios a la doctrina legal contenida en el Auto Supremo 220/2012 de 15 de agosto.


III.3.1. Doctrina legal aplicable en el precedente contradictorio invocado.


El Auto Supremo 220/12 de 15 de agosto, fue pronunciado por la Sala Penal Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, ocasión en la que esa instancia consideró “comisión de defectos absolutos en el Auto de Vista emitido” (sic) ingresando al análisis sobre la oportunidad, pertinencia y autoridad competente para la resolución de impugnaciones emergentes de cuestiones incidentales, sentando la siguiente doctrina legal aplicable:


“Teniendo en cuenta que el Recurso de Apelación Restringida es el medio legal para impugnar la errónea aplicación o interpretación de la Ley sustantiva o adjetiva pues, así lo establece el art. 407 Código de Procedimiento Penal; en consecuencia, los Tribunales de Alzada deberán enmarcarse en el procedimiento establecido, ahora bien en los casos en los que las partes planteen alternativamente Apelación sobres Incidentes o Excepciones dentro de un Recurso de Apelación Restringida, los Tribunales deberán pronunciare previamente sobre la Apelación Incidental y dependiendo la resolución dictada recién considerar los puntos apelados contra la Sentencia, con la aclaración de que el Auto de Vista que resuelva la Apelación Incidental por mandato legal no podrá ser recurrida de Casación.


Con lo señalado, corresponde subsanar el acto jurisdiccional que se constituye en defecto absoluto detectado en la actividad jurisdiccional del Tribunal de Apelación, dejando sin efecto la resolución, a efectos de que el mismo Tribunal resuelva conforme las previsiones contenidas en el art. 407 y siguientes del Código de Procedimiento Penal”.


III.3.2 Expuestos los antecedentes corresponde en primer término delimitar el espacio procesal sobre este reclamo. En efecto el entonces apelante expuso tres problemáticas relacionadas con elementos de prueba introducidos a juicio oral, en cada uno de ellos, vertió su criterio interpretativo y valorativo, así como desarrolló una plataforma jurídica con la intención de servir de soporte a una eventual consideración del fondo de sus reclamos. Estos agravios son vistos por ejemplo solo por nombrar alguno- en el punto VII del recurso de apelación restringida a fs. 577, en el que se realiza contraste entre las atestaciones de Ciro Gino Cachi Paxi y Adolfo Edgar Merlo.


El reclamo en casación proyecta un defecto absoluto en el supuesto de haberse realizado reserva de apelación, los de apelación debieron aplicar el orden de resolución dispuesto por el Auto Supremo 220/2012 de 15 de agosto; es decir, priorizar las apelaciones con reserva y luego ingresar al fondo del recurso. En autos, desde ya la certeza sobre la motivación con la que se expuso el memorial de apelación, es en cierta medida, dubitante y ambigua; ya que, la sola lectura de los motivos pueden conducir a más de una apreciación. Tal es así que el dispositivo reclamado en casación, cual es, la reserva de apelación sobre un incidente de exclusión probatoria, no condice al propio argumento que acompaña el propio memorial de casación en el que se brindan juicios de valor (correspondientes a un análisis de valoración de la prueba) y no elementos por los que pueda entenderse empleados en un incidente de exclusión probatoria.


El Tribunal de apelación, no sin antes hacer patente las limitaciones legales que su competencia tiene sobre la valoración de la prueba y anunciar el respeto al principio de intangibilidad de los hechos, otorga una respuesta a los reclamos de Américo Mamani Marca hechos en apelación restringida. En efecto, la respuesta de los de apelación, si bien no es rica en retórica o elementos técnicos, absuelve con suficiencia tanto a las problemáticas planteadas en su relación con los antecedentes del proceso y los márgenes legales sobre el alcance de esas pretensiones, no existiendo por ende vicios de incongruencia omisiva o vestigio alguno de un fallo citra petita.

  

Señalar también, que la doctrina legal aplicable del Auto Supremo 220/2012 de 15 de agosto, no se acomoda a la situación de hecho presente en la exposición del recurrente, habida cuenta que en el primer caso el Tribunal de casación emite doctrina a partir de una inconsistencia procesal percibida en apelación (se había anulado un juicio sin haberse tenido presente la vigencia de una excepción de prejudicialidad cuyo efecto suspensivo no fue percibido), señaló que, si bien tanto cuestiones incidentales podían ser resueltas en apelación restringida, ellas por su naturaleza debían ser de previo y especial pronunciamiento, ello claro dentro de la consideración que una excepción es potencialmente un medio de extinción o suspensión del proceso.


Aquella doctrina legal, no es compatible con la queja del recurrente quien pretende generar la censura del Auto de Vista 07/2017, a partir de una temática no relativa a su caso en específico, más cuando, los de apelación dieron respuesta en correspondencia directa con las alegaciones que les fue puestas a conocimiento.

III.3. Tercer Motivo.


El recurrente denuncia que pese a plantear la aclaración, complementación y enmienda del Auto de Vista impugnado, el Tribunal de alzada emitió el Auto Complementario de 19 de julio de 2017, cuyos argumentos en el planteamiento del recurrente, resultan repetitivos a los contenidos en el Auto de Vista emitido en apelación, sin que exista un pronunciamiento individual, fundamentado y motivado, respecto a cada uno de los puntos expuestos en el recurso de apelación restringida; en ese ámbito, invoca los Autos Supremos 45/2012 de 14 de marzo, 276/2007 de 5 de octubre, 368/2012 de 5 de diciembre y 051/2013-RR de 1 de marzo.


III.3.1.        Doctrina legal contenida en los precedentes contradictorios invocados.


El Auto Supremo 45/2012 de 14 de marzo, ante la denuncia de alejamiento considerable de los puntos apelados, confirmando ésta dejó sin efecto la resolución inferior, sentando la siguiente doctrina legal aplicable:


“De acuerdo a la jurisprudencia contenida en el Auto Supremo  6 de 26 de enero de 2006 y el entendimiento desarrollado por el Auto Supremo 12 de 30 de enero de 2012, todo Auto de Vista debe ser debidamente fundamentado y motivado, cumpliendo con los parámetros de especificidad, claridad, completitud, legitimidad y logicidad, respondiendo y emitiendo los criterios jurídicos sobre cada punto impugnado que se encuentre en el recurso de apelación restringida; asimismo, es preciso dejar sentado de que toda fundamentación debe circunscribirse a absolver de manera puntual y objetiva el fondo de la denuncia o denuncias realizadas, sin que la argumentación vertida sea evasiva, incongruente o haga alusión a aspectos distintos a los denunciados; toda vez, que esta circunstancia deja en estado de indeterminación e incertidumbre a las partes, al no haberse absuelto de manera efectiva sus acusaciones.


En ese entendido, no existe fundamentación en el Auto de Vista cuando en el mismo se evidencia que el Tribunal de Alzada no se pronunció sobre el fondo de los puntos cuestionados en el recurso de apelación restringida, no siendo suficiente acudir a fundamentos o argumentaciones evasivas, sin que se absuelvan expresamente los cuestionamientos deducidos por el o los procesados, aspecto que deriva en un vicio de incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio) que vulnera lo establecido por los arts. 124 y 398 del Código de Procedimiento Penal constituyendo un defecto absoluto inconvalidable que vulnera el derecho a recurrir, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado y los Tratados y Convenios Internacionales”


       A su turno el Auto Supremo 276/2007 de 5 de octubre, ante la desestimación de un recurso de apelación restringida interpuesto por la víctima al considerar el Tribunal de apelación, que su no intervención a lo largo del proceso constituyó abandono, la Sala Penal Primera de la entonces Corte Suprema de Justicia, enmendando tal yerro dejó sin efecto el Auto de Vista impugnado, estableciendo la siguiente doctrina legal aplicable


“Los Autos de Vista contienen el defecto absoluto no susceptibles de convalidación a que hace referencia el inciso 3) del artículo 169 del Código de Procedimiento Penal, cuando declaran inadmisible un recurso de apelación restringida desconociendo la existencia de claros datos expuestos durante el juicio oral que acreditan el cumplimiento, por parte del recurrente, de reglas procesales no advertidas por los juzgadores o equivocadamente valoradas como no observadas, vulnerando así la garantía del debido proceso por descuido en la revisión de antecedentes, negando por ello al recurrente su derecho a la defensa. Los Tribunales de Alzada están en la inexcusable obligación de fundamentar sus resoluciones sobre la base de una revisión prolija de los antecedentes y actos procesales que motivaron el recurso de apelación restringida, evitando apreciaciones que desconozcan los actos procesales ejecutados por las partes en atención a sus derechos u obligaciones o por el Juez o Tribunal en mérito a su competencia”.


El Auto Supremo 368/2012 de 5 de diciembre, con el antecedente de haberse denunciado falta de pronunciamiento y pronunciamiento "sesgado" sobre los motivos de apelación, sentó como doctrina legal aplicable:


“El derecho a la debida fundamentación de las resoluciones judiciales, componente del debido proceso, se plasma en la exigencia procesal y constitucional a toda autoridad que emita una resolución, de fundamentarla motivadamente en sujeción a los parámetros de especificidad, claridad, completitud, legitimidad y logicidad; respondiendo y emitiendo criterios jurídicos sobre cada punto impugnado, sin acudir a argumentos generales que dejen sin respuesta a las partes, lo contrario ocasiona incertidumbre e indefensión; en ese entendido, se establece la falta de fundamentación en el Auto de Vista cuando de sus fundamentos se observa la falta de respuesta puntual y específica a todas y cada una de las alegaciones planteadas en el recurso de alzada y, contrariamente acude a argumentos evasivos para evitar cumplir con su obligación de pronunciarse sobre el fondo de uno o más cuestionamientos, omisión que vulnera los arts. 124 y 398 del Código de Procedimiento Penal e infringe el derecho a los recursos, a la tutela judicial efectiva y la garantía al debido proceso, lo que constituye defecto absoluto inconvalidable al tenor del art. 169 inc. 3) de la norma legal precitada, ameritando en consecuencia la aplicación del art. 419 de la Ley adjetiva penal”.


III.3.2 Acudiendo a las líneas de doctrina legal aplicable estimadas por los Autos Supremos antes referidos, es evidente la consonancia entre ellos en torno a la consideración de existencia de defecto absoluto por falta de fundamentación y omisión de pronunciamiento de todos los puntos reclamados en los recursos de apelación restringida; de ello es conveniente indicar que de la estructura procesal penal asumida por el Estado Boliviano, el deber de motivación y fundamentación de las decisiones judiciales, adquiere vital trascendencia por ser la materialización de un mandato otorgado por el pueblo como potestad de impartir justicia a las jurisdicciones reconocidas en el territorio del Estado, cual se lee del art. 178.I de la CPE y el art. 11 de la LOJ; tal perspectiva, se vislumbra en un doble plano, una vista del Estado, dónde las decisiones judiciales son el medio más apto para transmitir a la sociedad los mensajes institucionales acerca de las valoraciones sociales reconocidas en la ley; y la segunda desde el punto de vista de los justiciables vinculado con la función garantista del proceso; es decir, el interés de las partes en un juicio justo realizado por un tribunal independiente e imparcial.


La argumentación y estructura de las decisiones judiciales implica una construcción basada en consensos racionales, un método a través del cual se procura un resultado razonable y aceptable de la contienda procesal, dónde se facilite la identificación de cuáles fueron las motivaciones externas, y en lo posible internas, que llevaron al que juzga a asumir, la solución y decisión arribada. Una arquitectura puramente técnica, plagada de rebuscamientos técnicos y con retórica innecesaria, no lograría el fin de impartir justicia a las partes en eventual disputa o bien denotaría insuficiencia real y evidente en ese cometido; esta circunstancia se hace más evidente cuando en las sentencias se usa un mayor volumen de contenidos supuestamente técnicos, se emplean lenguajes esotéricos y extravagantes y se sofistica la comunicación de tal manera que se excluye la propia comprensión de los motivos de las decisiones.


Ahora bien, cuando se plantea la violación del debido proceso por falta de motivación en los fallos, y consecuente existencia de defecto absoluto en el proceso, es necesario demostrar que los fundamentos y alcances de la decisión cuestionada son incomprensibles, por: i) La ausencia absoluta de motivación, situación que concurre cuando no son expresados en ella los fundamentos de hecho y derecho en las que se apoyan; ii) Una motivación deficiente, incompleta o sesgada,  que se presenta cuando se deja de analizar aspectos de relevancia en el proceso, o se los analiza en forma precaria o parcial; iii) Una motivación ambivalente, que se presenta  cuando los argumentos expuestos en ella son conducentes al absurdo o contradictorios entre sí; iv) Incomprensión del contenido del texto por el empleo de palabras o frases que no pueden ser entendidas o por la existencia de omisiones que originan juicios que manifiestan duda y que esta incomprensión esté relacionada con los elementos que determinan la calificación jurídica de los hechos.

El presente motivo, fue planteado de modo ambivalente, por cuanto la dirección de impugnación es lanzada tanto contra el Auto de Vista 07/2017, como de manera superficial, también contra el Auto complementario a éste de 19 de julio de 2017. Los reclamos sentados en ese pasaje del recurso de casación, denuncia oscuridad e incompletitud en la respuesta brindada por los de apelación, sin embargo, más allá de la mera enunciación y el claro posicionamiento sobre descontento con el resultado final del proceso, el recurrente no brinda de manera suficiente cuál es su reclamo es específico por el que considera oscuridad o insuficiencia en los argumentos del Tribunal de apelación, extremo importante teniendo presente que la lectura del Auto de Vista cuestionado arroja datos suficientes que dan respuesta de a los agravios del recurso de apelación restringida.


Si bien, el algunos casos el Tribunal de apelación optó por la agrupación de varios de los 12 agravios planteados, ello fue realizado por unidad temática; es decir, agravios que tenían similitud dentro de un determinado tópico (valoración de la prueba, defectos absolutos, etc.), lo que equivale a una forma de exposición del fallo optativa que en los hechos sólo constituye una forma, pues el Tribunal de apelación brindó respuesta a la integridad de agravios desarrollados en el memorial de apelación restringida. Aquella forma de construcción de la estructura de un fallo, que no se halla regulada por norma, y no riñe con la doctrina legal invocada al efecto, pues ella exige que la respuesta de los fallos sea completa, motivada en sujeción a los parámetros de especificidad, claridad, completitud, legitimidad y logicidad, respondiendo y emitiendo criterios jurídicos sobre cada punto impugnado; es decir, que la completitud absuelva todas las temáticas propuestas en los recursos. Razón que hace que el presente motivo sea infundado. 



POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto Américo Mamani Marca.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Edwin Aguayo Arando 

Magistrado Dr. Olvis Eguez Oliva

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos