TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 391/2018-RRC

Sucre, 11 de junio de 2018


Expediente                        : Cochabamba 66/2017

Parte Acusadora                : Rosa Quilla Castellón 

Parte Imputada                : Silvia Cecilia Zubieta Orellana 

Delitos                                : Difamación y otro

Magistrado Relator        Dr. Olvis Eguez Oliva


RESULTANDO


Por memorial presentado el 2 de octubre del 2017, cursante de fs. 243 a 245, Silvia Cecilia Zubieta Orellana, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista de 31 de mayo de 2017, de fs. 213 a 225, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido por Rosa Quilla Castellón de Quiroz contra la recurrente, por la presunta comisión de los delitos de Difamación e Injuria, previstos y sancionados por los arts. 282 y 287 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


  1. Por Sentencia 21/2013 de 18 de noviembre (fs. 116 a 124), el Juez de Partido Penal Liquidador y de Sentencia de Quillacollo del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, declaró a Silvia Cecilia Zubieta Orellana, autor de la comisión del delito de Injuria, previsto y sancionado por el art. 87 del CP, imponiendo la pena de Prestación de Trabajo de un año y cincuenta días multa a razón de Bs. 3.- (tres bolivianos) por día, con costas y pago de la responsabilidad civil a favor del Estado y la víctima, siendo absuelta de pena y culpa del delito de Difamación.


  1. Contra la mencionada Sentencia, la imputada Silvia Cecilia Zubieta Orellana (fs. 126 a 136 vta.), interpuso recurso de apelación restringida, resuelto por Auto de Vista de 16 de noviembre de 2015 (fs. 150 a 161), que fue dejado sin efecto por Auto Supremo 070/2017-RRC de 24 de enero (fs. 199 a 207); en cuyo mérito, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, emitió el Auto de Vista de 31 de mayo de 2017, que declaró parcialmente procedente el recurso planteado y confirmó la Sentencia apelada, con la fundamentación complementaria correspondiente y la precisión “que la Sentencia Mixta: Absolutoria a favor de la acusada por el delito de Difamación, previsto y sancionado por el Art. 282 del Código Penal, y Condenatoria contra la misma por el delito de Injuria previsto y sancionado por el Art. 287 también del Código Penal, quedando incólume la determinación de la pena, que deberá cumplirse ejecutoriada que sea la Sentencia.” (sic), motivando la interposición del presente recurso de casación.



I.1.1. Motivo del recurso de casación.


Del memorial del recurso de casación y del Auto Supremo 038/2018-RA de 5 de febrero, se extrae el motivo a ser analizado en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


La recurrente denuncia que el Tribunal de apelación, no cumplió la doctrina legal establecida por el Auto Supremo 070/2017-RRC de 24 de enero, que había establecido que debe fundamentar y motivar la fijación del quantum de la pena, considerando los principios de equilibrio y proporcionalidad de la fijación de la pena y las circunstancias destacadas en la Sentencia; sin embargo, el Tribunal de apelación en el Auto de Vista impugnado, habría referido que “el juez A-quo, es la persona que valora la prueba, por cuanto es atribución exclusiva del dicha autoridad , lo único que puede hacer es controlar la expresión que de ese proceso han hecho dichos jueces en la fundamentación de la resolución” (sic), señalando además del referido argumento, que en el caso de autos existió premeditación, alevosía, ensañamiento y motivo bajo antisocial, el fin de dañar la dignidad y honorabilidad del querellante; empero, el Tribunal de alzada no hubiere fundamentado cuál es la conducta que demuestra la existencia de esas agravantes, razón por la que la fundamentación del Tribunal de alzada, sería sesgada, pues refiere que el Tribunal de apelación debió realizar una correcta y adecuada fundamentación y motivación del quantum de la pena, como establecen los arts. 213 y 124 del CPP; refiere también que el Tribunal de apelación, a tiempo de ratificar la fijación de la pena, no había considerado que la testigo Laura Saavedra, en el contra interrogatorio, no manifestó las mismas palabras que en su declaración principal, por lo que existiría errónea valoración de la misma, así como de la declaración de Rosa, Francisco, Ever y Miguelina, pues el segundo y tercero serían esposo y hermano de la supuesta víctima y la cuarta, una afiliada de su sindicato, por lo que las referidas pruebas no habrían sido valoradas con base a la psicología, por cuanto estas serían afectivas y parcializadas, a las cuales se les hubiere dado credibilidad absoluta, violando las reglas de la sana crítica y correcto entendimiento humano, la lógica, tercer excluido.

I.1.2. Petitorio.


La recurrente solicita que se ordene la pronunciación de un nuevo Auto de Vista.


I.2. Admisión del recurso


Mediante Auto Supremo 038/2018-RA de 5 de febrero, cursante de fs. 252 a 254, este Tribunal admitió el recurso de casación, formulado por Silvia Cecilia Zubieta Orellana, para el análisis de fondo.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación y establecido el ámbito de análisis del recurso, se establece lo siguiente:


II.1.        De la Sentencia.


Por Sentencia 21/2013 de 18 de noviembre, el Juez de Partido Penal Liquidador y de Sentencia de Quillacollo del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, declaró a Silvia Cecilia Zubieta Orellana, autor de la comisión del delito de Injuria, previsto y sancionado por el art. 87 del CP, imponiendo la pena de Prestación de Trabajo de un año y cincuenta días multa a razón de Bs. 3.- (tres bolivianos) por día, con costas y pago de la responsabilidad civil a favor del Estado y la víctima, siendo absuelta de pena y culpa del delito de Difamación, en base a los siguientes argumentos:


  1. No existió prueba generada que permita y menos que estime la participación de la imputada, porque el precepto legal exige básicamente la participación del presunto autor; en consecuencia, no se acreditó de forma suficiente los hechos, cualidades o conductas respecto al delito de Difamación, previsto y sancionado por el art. 282 del CP.


  1. De la prueba testifical se demostró la ofensa ocasionada a la querellante; en cuanto, a los términos empleados con relación a la acción de deshonrar y desacreditar a la acusadora, lo que concluyó en una ofensa en su honor que viola el respeto a la víctima en su carácter; por lo que, se llegó a la convicción de la comisión del delito de Injuria, previsto y sancionado por el art. 287 del CP.      


II.2.        De la apelación restringida de la imputada.


Notificada la parte imputada con la Sentencia, interpone recurso de apelación restringida contra la Sentencia pronunciada, con los siguientes argumentos:


  1. Nulidad de obrados por la existencia de defectos absolutos establecidos en el art. 169 inc. 3) del CPP, por actividad procesal defectuosa y por haberse vulnerado el derecho a la defensa al haber impedido la presentación de la objeción a la querella; además, de que en el juicio oral se retiró elementos de prueba literales tanto de la parte querellante como de la defensa.


  1. Defecto de la Sentencia por inobservancia o errónea aplicación de la Ley sustantiva, previsto en el art. 370 inc. 1) de la CPP.


  1. Defecto de la Sentencia, por insuficiencia o inexistencia de fundamentación, previsto en el art. 370 inc. 5) del CPP.


  1. La Sentencia se basó en hechos inexistentes o no acreditados en la valoración de la prueba, previsto en el art. 370 inc. 6) del CPP.


II.3.        Primer Auto de Vista impugnado (de 16 de noviembre de 2015). 

       

La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental  de Justicia de Cochabamba, resolvió el recurso de apelación restringida a través del Auto de Vista impugnado y lo declaró parcialmente procedente confirmando la Sentencia apelada con la fundamentación complementaria correspondiente y la precisión de la Sentencia mixta, en el siguiente sentido: “Absolutoria a favor de la acusada por el delito de Difamación, previsto y sancionado por el art. 282 del Código Penal y Condenatoria contra la misma, acusada por el delito de Injuria, previsto y sancionado por el art. 287 también del Código Penal, quedando incólume la determinación de la pena, que deberá cumplirse ejecutoria sea la Sentencia”, en base a los siguientes aspectos:


  1. Para el ejercicio de la objeción a la querella, no se le afectó su derecho, ya que ese actuar fue interpretado por el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia en su Sentencia Constitucional 0294/2013 de 6 de mayo; en consecuencia, no se establece un estado de indefensión. Con relación a las pruebas que fueron retiradas del juicio, se establece que tanto la parte acusadora particular y de la defensa efectuaron el retiro de sus pruebas literales en el que consta expresamente su aceptación por el Juez de Sentencia, bajo el principio dispositivo y de aportación de las partes para acreditar sus probanzas, por lo que no existe lugar a duda o confusión respecto a su no incorporación a juicio como prueba válida. 

 

  1. Sobre el defecto de Sentencia previsto por el art. 370 inc. 1) del CPP, al no haberse aplicado las atenuantes establecidas en los arts. 37 y 38 del CP, refiere que en lo concerniente exclusivamente a la imposición de la pena, relativa a la aplicación de la norma sustantiva penal en función a la labor de valoración de la prueba bajo los criterios de la sana crítica, tomando en cuenta las atenuantes y agravantes establecidas en los arts. 37, 38, 39 y 40 del CP, la Sentencia consignó en su contenido dichos aspectos señalando que al existir fundamentos que pueden ser considerados a favor de la imputada apelante, el Juez de Sentencia también se da cuenta de la conducta de la imputada que denota, además el dolo en la ejecución del delito y el hecho en el entendido de que ya existieron otros eventos en los que hubieren participado las partes, por esos motivos pondera que la sanción debe tener una eficacia que permita a la parte acusada tomar conciencia y reconsiderar la posibilidad de cualquier nuevo evento, siempre bajo los principios de equilibrio y proporcionalidad con relación al delito de Injuria y no así con relación al ilícito de Difamación, con la finalidad de que la misma cumpla con los fines establecidos en la norma sustantiva prevista en el art. 25 del CP.


  1. En cuanto, al defecto de la Sentencia establecido en el inc. 5) del CPP, se debe tener en cuenta que la fundamentación y la argumentación jurídica van de la mano en razón de que ambas tienen como prioridad sostener una tesis u opinión, siendo una de las preocupaciones de los juzgadores al emitir una resolución, que la argumentación de su resolución sea precisa y dé las razones necesarias para sostener la decisión judicial del caso sometido a su consideración; pero, deben convencer a las partes procesales de que el sustento de la resolución se halla apoyada en el marco de la legalidad.


  1. Respecto al defecto de la Sentencia comprendido en el art. 370 inc. 6) del CPP, refiere que en el considerando V de la Sentencia desarrollada en tres puntos, se establecería la existencia de las reglas de la sana crítica, así como un razonamiento lógico seguido por el juzgador, porque del análisis de esa prueba se estableció la absolución de Silvia Cecilia Zubieta Orellana, de la comisión del delito de Difamación y en el segundo párrafo, determina la responsabilidad penal de la acusada y pronuncia Sentencia condenatoria, por el delito de Injuria y aún de la impresión del tipo penal en la transcripción establece que “tipificado y sancionado por el art. 87 del Código Penal”, se establece que este es un error de transcripción que no afecta en lo esencial al fondo del razonamiento desplegado aún de ser muy concreto y limitado, de modo que la omisión que se alega no resulta ser viable. Añade que, teniendo presente el art. 173 del CPP, que la Sentencia establece la valoración por la cual bajo el principio de transcendencia, la conclusión a la que arriba el Juez fue a partir de las propias pruebas esenciales, que si bien no estaban detalladas en la parte descriptiva, pero sí en la parte intelectiva y de fundamentación jurídica, siendo estas las circunstancias que hacen que el Tribunal de alzada, evidencie que bajo los principios de oralidad e inmediación como característica del sistema procesal acusatorio, el Juez de Sentencia responsable de la actividad valorativa de la prueba concluye correctamente en la Sentencia mixta de absolución y condena sobre el hecho calificado en los tipos penales señalados.


II.4.  Del Auto Supremo que resuelve el recurso de casación.


A través de Auto Supremo 070/2017-RRC de 24 de enero, esta Sala Penal declaró fundado el recurso de casación interpuesto por Silvia Cecilia Zubieta Orellana, dejando sin efecto el Auto de Vista de 16 de noviembre de 2015, disponiendo que la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, previo sorteo y sin espera de turno, pronuncie un nuevo Auto de Vista en conformidad a la doctrina legal establecida en dicha Resolución, con los siguientes fundamentos:


De los aspectos analizados y de la revisión de la resolución recurrida se advierte que el Tribunal de apelación en ejercicio de la facultad prevista por el art. 414 del CPP, ante el reclamo de falta de consideración de los arts. 37, 38 y 39 del CP, por parte de la imputada, efectuó una complementación respecto a la imposición de la pena; sin embargo, se abocó a un análisis de los argumentos de la Sentencia referidos a la decisión que adoptó para la sanción de un año de prestación de trabajo, pena de la cual explica que fue equilibrada con los cincuenta días multa a razón de Bs. 3.- (tres bolivianos) por día, que es intermedia en función a las condiciones personales y económicas de la apelante que dieron cuenta de la adopción de la decisión de la sanción penal bajo los principios de equilibrio y proporcionalidad con relación al delito de Injuria; sin embargo, el Auto de Vista no explicó de manera fundada el por qué, mantuvo la sanción máxima de un año de prestación de trabajo, pese a la existencia de circunstancias destacadas en la misma Sentencia que aplicando criterios de lógica, operarían como atenuantes, lo cual constituye una incongruencia en su fundamentación. Esto significa, que la posición que asume el Tribunal de alzada al pretender complementar la falencia del Tribunal de Sentencia, lo hace sin tomar en cuenta varias circunstancias que fueron enunciadas en la Sentencia (la condición de persona humilde, de una cultura básica, no cuenta con antecedentes judiciales y policiales, que se trata de una persona avezada, fijándose la pena máxima del delito de Injuria); al respecto, los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, en ejercicio de la facultad reconocida por el citado art. 414 del CPP, debió discriminar objetivamente cuáles de ellas operaron como agravantes y cuáles como atenuantes, para que a partir de un análisis integral de todas ellas, establecer de manera fundada el quantum dentro de los límites previstos por la norma sustantiva, a través de la correspondiente complementación.


En este ámbito, se observa que el Tribunal de alzada no realiza la debida motivación y fundamentación sobre qué atenuantes y qué agravantes habrían sido consideradas para el efecto, sin analizar en la imposición de la pena la personalidad de la autora, la mayor o menor gravedad del hecho y las circunstancias y las consecuencias del delito, sin explicar el por qué se le otorgó la pena máxima, siendo que en la fundamentación de la Sentencia en lo relevante refiere solamente la actitud avezada de la imputada tal como se estableció en su punto VI.C (Fijación de la pena).


Finalmente, se advierte que la respuesta contemplada en la Resolución impugnada respecto a esta temática, permite concluir a este Tribunal ser evidente la omisión de una debida fundamentación y motivación en el Auto de Vista impugnado, en contradicción con la doctrina contenida en el punto III.1 de la presente resolución, que hace referencia a la debida fundamentación y motivación del quantum de la pena, así como a la facultad del Tribunal de alzada, de modificar directamente el quantum de la sanción cuando evidencia que en el fallo concurren errores u omisiones formales referidas a la imposición de penas, debiendo tomarse en cuenta las atenuantes y agravantes que la ley penal sustantiva establece a objeto de imponer la pena, buscando el equilibrio y la proporcionalidad entre culpabilidad y punición, que no fueron considerados por el Tribunal de Sentencia y menos por el Tribunal de alzada.


II.5.  Segundo Auto de Vista impugnado (de 31 de mayo de 2017). 

  

La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, resolvió el recurso de apelación restringida a través del Auto de Vista impugnado y lo declaró parcialmente procedente confirmando la Sentencia apelada con la fundamentación complementaria correspondiente y la precisión de la Sentencia mixta, en el siguiente sentido: “Absolutoria a favor de la acusada por el delito de Difamación, previsto y sancionado por el art. 282 del Código Penal y Condenatoria contra la misma, acusada por el delito de Injuria, previsto y sancionado por el art. 287 también del Código Penal quedando incólume la determinación de la pena, que deberá cumplirse ejecutoria sea la Sentencia”, en base a los siguientes aspectos:


  1. Para el ejercicio de la objeción de la querella, no se le afectó su derecho; ya que, ese actuar fue interpretado por el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia en su Sentencia Constitucional 0294/2013 de 6 de mayo; en consecuencia, no se establece un estado de indefensión. Con relación a las pruebas que fueron retiradas del juicio, se establece que tanto la parte acusadora particular y de la defensa, efectuaron el retiro de sus pruebas literales en el que consta expresamente su aceptación por el Juez de Sentencia, bajo el principio dispositivo y de aportación de las partes para acreditar sus probanzas; por lo que, no existe lugar a duda o confusión respecto a su no incorporación a juicio como prueba válida. 


  1. Sobre el defecto de Sentencia previsto por el art. 370 inc. 1) del CPP, al no haberse aplicado las atenuantes establecidas en los arts. 37 y 38 del CP; refiere que en lo concerniente exclusivamente a la imposición de la pena relativa a la aplicación de la norma sustantiva penal en función a la labor de valoración de la prueba bajo los criterios de la sana crítica, tomando en cuenta las atenuantes y agravantes establecidas en los arts. 37, 38, 39 y 40 del CP, la Sentencia consignó en su contenido dichos aspectos señalando que al existir fundamentos que pueden ser considerados a favor de la imputada apelante, el Juez de Sentencia también se da cuenta de la conducta de la imputada que denota, además el dolo en la ejecución del delito y el hecho en el entendido de que ya existieron otros eventos en los que hubieren participado las partes, por esos motivos pondera que la sanción debe tener una eficacia que permita a la parte acusada tomar conciencia y reconsiderar la posibilidad de cualquier nuevo evento, siempre bajo los principios de equilibrio y proporcionalidad con relación al delito de Injuria y no así con relación al delito de Difamación, con la finalidad de que la misma cumpla con los fines establecidos en la norma sustantiva prevista en el art. 25 del CP,  además de argumentar:


También, se tiene presente para su cumplimiento el Auto Supremo 070/2017-RRC de 24 de enero, donde resulta pertinente en el análisis de este punto de agravio, que en el caso concreto, la apelante sostiene “c) Errónea fijación judicial de la pena”.


Se refiere a la individualización de la responsabilidad penal de cada individuo, tomando en cuenta las atenuantes y agravantes que establece la ley penal sustantiva en sus arts. 37, 38, 39 y 40, al momento de imponer la pena expresando de manera obligatoria los fundamentos en que basan su determinación, la omisión constituye un defecto, pues es esencial el equilibrio y la proporcionalidad que debe existir entre la culpabilidad y la punición.


Ahora bien, en el presente caso, de la revisión de la Sentencia apelada se advierte que el Juez de Sentencia realizó una adecuada valoración de las pruebas bajo una adecuada logicidad, en base a las reglas de la sana crítica racional, las que están constituidas por los principios de la lógica de no contradicción, tercero excluido, razón suficiente y de identidad, la experiencia común y de la psicología; realiza una descripción de hecho acusado, la apelante sostiene la existencia de la inobservancia de la Ley sustantiva en su tercer supuesto; es decir, que el Juez de mérito incurrió en una errónea fijación judicial de la pena.


En ese entendido, se debe tener presente cuál la finalidad de la pena prevista en el art. 25 del CP, que a la letra indica: "La sanción comprende las penas y las medidas de seguridad tiene como fines la enmienda y readaptación social del delincuente, así como el cumplimiento de las funciones preventivas en general y especial", la Ley Penal ha previsto en el Título III "Las Penas", capítulo II "Aplicación de las Penas" y a fin de cumplir con la finalidad de la imposición de la pena, el Tribunal y Jueces deben analizar las circunstancias previstas en los arts. 37 y siguientes de dicha ley, por un lado, y por otro, para apreciar la personalidad del autor es necesario que tomen en cuenta los indicadores descritos en los arts. 38 y 39 del CP. Asimismo, respecto a la imposición de la pena, el Juez o Tribunal debe partir de la media del marco punitivo del delito, para que de existir atenuantes reduzca la misma, hasta el mínimo legal o en su caso de existir agravantes imponga el máximo legal.


En el caso en concreto, el Juez de Sentencia concluyó: “En el contexto de la teoría del espacio o ámbito de juego que prevé la norma, a favor de la acusada Silvia Celia Zubieta Orellana se consideró su condición de persona humilde, de una cultura básica y que a la fecha no cuenta con antecedentes judiciales ni policiales, aspectos estos que no merecen ser considerados a momento de imponer la condena; sin embargo de aquello, a pesar de ello sabia diferenciar entre una actividad ilícita como es el delito de Injuria; por ello, si bien en el hecho concurre el delito, no es menos cierto que el mismo se trate de una persona avanzada y se trata de persona que no tiene antecedentes; empero, ese extremo no amerita que se considere un aspecto atendible con respecto al hecho en la que participo, más al contrario, la lucha contra los delitos contra el honor debe estar orientado a redimir la conducta de una persona, o de personas.


Por lo expuesto la pena, como una oportunidad para la resocialización de los seres humanos, se resuelve por condenar a la acusada, Silvia Cecilia Zubieta Orellana, eso es de un año de prestación de trabajo para la acusada, por el delito de Injuria, con independencia de la procedencia de la imposición de las costas y la responsabilidad civil como consecuencia de la condena penal de la acusada."


Asimismo, de la revisión de la Sentencia en el punto (V.B. Apreciación conjunta de la prueba esencial producida), el Juez de Sentencia, concluyó en los apartados a. y b. lo siguiente: "...a. Las signadas con AP-1, AP-2, AP-3 ofrecida por la acusadora particular, giran en torno básicamente a establecer la existencia de procesos penales entre las mismas y la ahora acusada, así como la existencia de una condena de primera instancia a la ahora querellante así como la existencia de varios procesos penales que inicia la ahora acusada (...) b. Las documentales de descargo codificadas como DP-1, DP-2, DP-3, DP-4, DP-5 y DP-6 giran en torno a establecer que entre la ahora acusada y la querellante se suscribieron diferentes actas de buena conducta así como procesos penales iniciados denotando la existencia de problemas entre las mismas, así como la conducta anterior y posterior de la acusada y querellante.


De lo transcrito precedentemente, se advierte que el Juez de Sentencia a tiempo de imponer la pena de un año de prestación de trabajo y cincuenta días multa a razón de Bs. 3.- (tres bolivianos) por día, realizó un correcto análisis de las atenuantes y agravantes, basado en la finalidad de la pena; por cuanto, si bien consideró que la imputada apelante no cuenta con antecedentes judiciales y es una persona humilde de cultura básica; empero, también concluyó que dichos indicadores no serían suficientes para imponer una condena media o inferior a la media por existir indicadores de agravantes; vale decir, "las circunstancias en que se cometió el delito, los móviles que la impulsaron a delinquir, las condiciones que se encontraban en el momento de la ejecución del delito, los demás antecedentes y condiciones personales, la premeditación y el motivo bajo antisocial y la alevosía y ensañamiento, los medios empleados, la extensión del daño causado", conforme señala el art. 38 del CP; por cuanto, de la lectura de toda la Sentencia apelada el Juez de Sentencia, advirtió los móviles que llevaron a la acusada a cometer el ilícito y las circunstancias descritas, así por ejemplo de la declaración de la testigo Laura Saavedra de Zenteno, ésta señaló que: "bajaron clientes de un micro, que le toco ir a ofrecer el día jueves santo cerveza, que la señora Rosa estaba sahumando que en ese momento la señora Silvia corrió donde los clientes y les dijo que se les sahumaría y los clientes dijeron que no, que siempre se hacían sahumar con doña Rosa y que la ahora acusada empezó a decir porque sahumaría Rosa, que es una ladrona y ratera, que por eso tenía autos y casas, doña Rosa se limitó a decir que le pasa doña Silvia y ella le dijo ya me tiene harta, que ya estaba a un paso de la cárcel dijo que su abogada ya habría coordinado que saldría muerta de la cárcel" (el subrayado corresponde al texto original); de la misma manera se advierte de la revisión de la prueba testifical y documental, sumado a ello, existió otros eventos en que hubiesen participado las partes, por ello pondera que la sanción debe tener una eficacia que permita a la parte acusada tomar conciencia y reconsiderar la posibilidad de cualquier nuevo evento que pudiera acaecer; en cuyo caso, la acusada quede compelida a tener una conducta responsable y respetuosa con la actual querellante así como con la sociedad en la que debe interactuar promoviendo la cultura de paz y el vivir bien, justificando y fundamentando la determinación del Juez de Sentencia con la sanción de la pena impuesta, dando cuenta de la imposición de la sanción penal bajo el principio de equilibrio y proporcionalidad; asimismo, ponderó los indicadores contenidos en los arts. 37 y 38 del CP, en el caso tomo en cuenta la personalidad de la autora, así se abstrae de la Sentencia apelada al señalar el Juez de mérito no sería la primera controversia entre los sujetos procesales, además las circunstancias como ocurrió el hecho; por cuanto, de la Sentencia se advierte que el hecho ocurrió cuando "clientes" solicitaron los servicios de la ahora acusadora particular momento en que intervino la acusada y cometió el ilícito; por lo mismo, considera que el Juez de origen actuó correctamente al imponer la pena de un año de prestación de trabajo y cincuenta días multa a razón de Bs. 3.- (tres bolivianos) por día.


De la misma manera, el Juez de Sentencia consideró que dentro de los delitos contra el honor, la Injuria es la acción o expresión que lesiona la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación, sólo constituye delito las Injurias que por su naturaleza, efectos y circunstancias, sean atendidas en el concepto público por graves, esto justifica la imposición de la pena impuesta por el Juez de mérito con relación al delito de Injuria y no así con relación al delito de Difamación; consecuentemente, no resulta evidente la contradicción que se alega y a mayor abundamiento en función a lo previsto en el art. 398 en concordancia con los arts. 413 y 414 del CPP, que establece: "Cuando sea evidente que para dictar una nueva Sentencia no es necesaria la realización de un nuevo juicio, el Tribunal de alzada resolverá directamente", "Los errores de derecho en la fundamentación de la resolución impugnada, que no hayan influido en la parte dispositiva, no la anularán, pero serán corregidos en la nueva Sentencia, así como los errores u omisiones formales y los que se refieran a la imposición o el cómputo de penas.


Asimismo, el Tribunal, sin anular la Sentencia recurrida, podrá realizar una fundamentación complementaria". En ese entendido, se efectúa la fundamentación complementaria de la explicación de la imposición de la sanción penal a la acusada, conforme se tiene el razonamiento explanado precedentemente, en ese entendido la impugnación por estos puntos no implica la nulidad total del juicio ni la Sentencia, debiendo tenerse presente la fundamentación complementaria efectuada por este Tribunal de alzada.


  1. En cuanto, al defecto de la Sentencia establecido en el inc. 5) del CPP, se debe tener en cuenta que la fundamentación y la argumentación jurídica van de la mano, en razón de que ambas tienen como prioridad sostener una tesis u opinión, siendo una de las preocupaciones de los juzgadores al emitir una resolución, que la argumentación de su resolución sea precisa y dé las razones necesarias para sostener la decisión judicial del caso sometido a su consideración, pero deben convencer a las partes procesales de que el sustento de la resolución se halla apoyada en el marco de la legalidad.


  1. Respecto al defecto de la Sentencia comprendido en el art. 370 inc. 6) del CPP, refiere que en el considerando V de la Sentencia desarrollada en tres puntos, se establecería la existencia de las reglas de la sana crítica, así como un razonamiento lógico seguido por el juzgador, porque del análisis de esa prueba se estableció la absolución de Silvia Cecilia Zubieta Orellana, de la comisión del delito de Difamación y en el segundo párrafo, determina la responsabilidad penal de la acusada y pronuncia Sentencia condenatoria, por el delito de Injuria y aún de la impresión del tipo penal en la transcripción establece que “tipificado y sancionado por el art. 87 del Código Penal”, se instituye que este es un error de transcripción que no afecta en lo esencial al fondo del razonamiento desplegado aún de ser muy concreto y limitado, de modo que la omisión que se alega no resulta ser viable. Añade que teniendo presente el art. 173 del CPP, que la Sentencia establece la valoración por la cual bajo el principio de transcendencia, la conclusión a la que arriba el Juez fue a partir de las propias pruebas esenciales, que si bien no estaban detalladas en la parte descriptiva, pero sí en la parte intelectiva y de fundamentación jurídica, siendo éstas las circunstancias que hacen que el Tribunal de alzada, evidencie que bajo los principios de oralidad e inmediación como característica del sistema procesal acusatorio, el Juez de mérito responsable de la actividad valorativa de la prueba concluye correctamente en la Sentencia mixta de absolución y condena sobre el hecho calificado en los tipos penales señalados.

    

III. VERIFICACIÓN DE CONTRADICCION ENTRE EL AUTO VISTA IMPUGNADO Y EL PRECEDENTE INVOCADO


En el presente recurso de casación, la parte recurrente denuncia que el Tribunal de alzada, no cumplió la doctrina legal establecida por el Auto Supremo 070/2017-RRC de 24 de enero, que habría establecido que debe fundamentar y motivar la fijación del quantum de la pena, considerando los principios de equilibrio y proporcionalidad de la fijación de la pena y las circunstancias destacadas en la Sentencia, por lo que corresponde verificar dichos extremos.


III.1. Sobre la obligatoriedad de la doctrina legal aplicable.


       El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.


       En este contexto, el recurso de casación previsto en el art. 416 del CPP, procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los ahora Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; siendo la tarea principal de este Tribunal, el de unificar la jurisprudencia a fin de asegurar la vigencia del principio de igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual, evitando de esta manera que se produzca una anarquía en la aplicación de la ley, además esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la LOJ, que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia.


       Asimismo, es importante destacar que la doctrina legal aplicable establecida en los Autos Supremos y que constituye la interpretación de la Ley efectuada por este máximo Tribunal de Justicia, tiene como efecto fundamental su obligatoriedad en cuanto a su cumplimiento; es decir, una vez puesto en conocimiento de las salas penales de los Tribunales Departamentales de Justicia, es de cumplimiento obligatorio y debe ser acatado por jueces y tribunales inferiores, tal cual lo establece el art. 420 del CPP, dado que sólo así se garantiza una protección efectiva e igualdad de los litigantes ante la ley; consecuentemente, ningún Juez o Tribunal inferior podrá sustraerse de su cumplimiento bajo ningún motivo; puesto que, obrar en contrario implica evidente vulneración a los principios de celeridad y economía procesal constitucionalizados bajo el concepto de justicia pronta, oportuna, transparente y sin dilaciones y en caso de evidenciarse su cumplimiento, el Juez o Tribunal será pasible de las responsabilidades que emerjan de tal inobservancia; tal como lo prevé el Auto Supremo 322/2013-RRC de 6 de diciembre, que sobre la obligatoriedad de aplicación de la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia por parte de los Tribunales inferiores, señaló: “Bajo la premisa que los actos jurisdiccionales son la vía de materialización de la Ley, se concibe que ésta opere a partir de su puesta en frente ante una situación o problemática de conocimiento de la autoridad jurisdiccional; es decir, la aplicación de la ley, proviene de la interpretación que el juzgador le otorgue para la solución de un hecho en concreto, estableciendo a través de los fallos que emita la relación entre una y otra. En la eventualidad de aplicación divergente de una misma norma en diversos casos o bien que en la resolución de diversos hechos se aplique un alcance distinto de una misma norma, y dada la naturaleza abstracta de la Ley, emerge la necesidad de uniformar criterios de su aplicación, ello en pos de asegurar la igualdad de las partes ante la Ley, forjando un sentimiento colectivo de seguridad jurídica y predictibilidad en la aplicación de la norma. Tales criterios no sólo trascienden ámbitos de índole procesal y sustantivo, sino adquieren vigor y comprensión en los postulados que la propia Constitución Política del Estado sienta, véanse los arts. 119.I, 178.I. Una contingente inobservancia de los parámetros establecidos a partir de la doctrina legal aplicable, vulneraría los principios de celeridad y economía procesal que han sido plasmados en el art. 115.II de la CPE y 3.7 de la LOJ, que establecen que el Estado debe garantizar una justicia sin dilaciones.


El ordenamiento jurídico boliviano en materia penal, establece claramente que los fallos del Tribunal Supremo de Justicia son de cumplimiento obligatorio por los jueces inferiores; en ese sentido, el art. 420.II del CPP, establece como efectos de los fallos emergentes de un recurso de casación que: “La doctrina legal establecida será obligatoria para los tribunales y jueces inferiores y sólo podrá ser modificada por medio de una nueva resolución dictada con motivo de otro recurso de casación, de tal consecuencia que el cumplimiento de los fallos de este Tribunal, no está sujeto o reatado a la circunstancialidad o a la voluntad de las autoridades jurisdiccionales, sino que es el resultado de una estructura procesal recursiva, como de la vigencia de los principios de igualdad, tutela judicial efectiva y seguridad jurídica, que son base de la jurisdicción ordinaria; más aún en el ámbito penal, donde se debate la responsabilidad penal del procesado, que puede generar en su caso, la restricción de su derecho a la libertad o la imposición de una sanción penal.

El art. 419.II del propio CPP, a su turno señala: “Si existe contradicción, la resolución establecerá la doctrina legal aplicable, caso contrario lo declarará infundado y devolverá los antecedentes a la Corte Superior de Justicia. En el primer caso y cuando se deje sin efecto el fallo que motivó el recurso, se devolverán actuados a la Sala Penal de la Corte Superior que dictó el Auto de Vista recurrido para que pronuncie nueva resolución de acuerdo con la doctrina legal establecida; de esta norma, se desprende un entendimiento básico, sin lugar a interpretaciones, que se trata de la insoslayable obligación de parte de Jueces o Tribunales inferiores, de cumplir con los razonamientos jurídicos y la doctrina establecida en un Auto Supremo, ello en la circunstancia que se identifiquen hechos fácticos análogos o similares, así como tal obligación se ve visiblemente amplificada cuando un Auto Supremo deje sin efecto un Auto de Vista recurrido de casación y ordene el pronunciamiento de un nuevo, bajo los entendimiento de la doctrina legal emergente de un Auto Supremo; una omisión de naturaleza contraria a la expuesta, importa incumplimiento directo de la ley, trascendiendo en vulneración también de los principios de tutela judicial efectiva, igualdad, celeridad y economía procesal”.

III.2.        Del precedente invocado.


En el recurso de casación se invoca el Auto Supremo 070/2017-RRC de 24 de enero, que fue dictado dentro del presente proceso penal, que como hecho generador se tiene: “se observa que el Tribunal de alzada no realiza la debida motivación y fundamentación sobre qué atenuantes y qué agravantes habrían sido consideradas para el efecto, sin analizar en la imposición de la pena la personalidad de la autora, la mayor o menor gravedad del hecho y las circunstancias y las consecuencias del delito, sin explicar el por qué se le otorgó la pena máxima siendo que en la fundamentación de la Sentencia en lo relevante refiere solamente la actitud avezada de la imputada”, que señaló la siguiente doctrina legal aplicable: “esta Sala emitió doctrina legal relativa a la obligatoriedad de fundamentar la pena a ser aplicada, así como los parámetros para su determinación, siendo así que el Auto Supremo 38/2013-RRC de 18 de febrero, sobre las pautas para la fijación de la pena explicó: “Como se ha desarrollado en el punto anterior, el Código Penal Boliviano establece reglas generales que deben ser observadas por el juez a tiempo de determinar la pena, debiendo reconocerse que la práctica en los tribunales de justicia del país, demuestran que, cada juez tiene su propio procedimiento, siendo sin embargo deseable a fin de garantizar la plena vigencia de la seguridad jurídica, contar con pautas de determinación judicial de la pena. En este contexto, es interesante la propuesta de la profesora y consultora internacional Rosaly Ledezma Jemio, que para el efecto propone los siguientes parámetros: 1) Establecer el mínimo y el máximo legal del tipo penal; 2) Verificar la existencia de modificaciones al tipo penal, como la concurrencia de atenuantes o agravantes en el tipo. Si se tratara de un concurso real o ideal debe determinarse la escala legal aplicable, con el concurso; 3) Establecer el grado de desarrollo del delito, si se ha consumado o se trata de una tentativa; 4) Determinar las implicaciones en la fijación de la pena según la calidad de autor, instigador, cómplice necesario, cómplice no necesario; 5) Verificar la existencia de atenuantes especiales previstas por el art. 39 del CP, considerando como parámetro de determinación el inciso 3) del referido artículo; 6) Verificar la existencia de atenuantes generales observando lo dispuesto por el art. 40 del CP; 7) Determinar la personalidad del autor y las circunstancias del hecho considerando las establecidas por el art. 38 del CP, pudiéndose al efecto analizar: la personalidad del autor -art. 38 num. 1 inc. a)-las condiciones especiales del hecho -art. 38 num. 1) inc. b)-, la gravedad del hecho -art. 38 num. 2)-, las consecuencias del hecho y la situación de la víctima -art. 37 inc. 1); 8) Contraponer las circunstancias agravantes generales y atenuantes, las circunstancias que aconsejen una mayor o menor penalidad; y, 9) Valorar todas las circunstancias en su conjunto y determinar la pena. Todo ese análisis debe esencialmente realizarse sobre la consideración de los fines constitucionales de la pena y en el caso concreto.”


Asimismo, sobre la obligatoriedad de la motivación de las circunstancias relativas a la imposición de la pena, la misma doctrina precisó: “Así los arts. 37 y 38 del CP, establecen que el juez, para determinar la pena aplicable a cada delito, dentro de los límites legales, debe tomar en cuenta los siguientes factores: a) La personalidad del autor; b) La mayor o menor gravedad del hecho; y, c) Circunstancias y las consecuencias del delito.


Debe agregarse que la fundamentación es una exigencia inexcusable, tanto para que el condenado sepa por qué ha recibido tal o cual pena en su condena, así como para que el Tribunal de apelación valore adecuadamente los fundamentos de la pena impuesta y en su caso determine los correctivos necesarios. En consecuencia el Juez está obligado a exponer las circunstancias que para él han sido determinantes en la fijación de la pena expresando por qué y cómo consideró tal o cual atenuante o agravante”.


Al efecto, el art. 118. III de la CPE, dispone que el cumplimiento de las sanciones privativas de libertad y las medidas de seguridad están orientadas a la educación, habilitación y reinserción social de los condenados con respeto de sus derechos; por lo tanto, la pena debe estar dirigida a cumplir fines compatibles con dicho postulado; en consecuencia, la ejecución de la pena está encaminada a lograr la reinserción social del delincuente, directriz constitucional que ya fue desarrollada por el legislador ordinario, al propugnar la enmienda y readaptación social del delincuente; y, dentro de ello la reinserción social, como uno de los fines centrales de la pena, conforme se tiene de la disposición contenida en el art. 25 del CP.


La doctrina distingue tres etapas en la individualización de la pena: la legal, la judicial y la penitenciaria. En la primera, el legislador valora desde el marco de la proporcionalidad, la gravedad del ilícito tipificado en un tipo penal y determina la pena aplicable en abstracto. En la segunda, el Juez penal a la conclusión del proceso y establecida que sea conforme al debido proceso de ley, la responsabilidad penal del autor del hecho, fija la pena al caso concreto, tomando como base el marco punitivo determinado por el legislador. La tercera etapa, denominada ejecución penal, se halla destinada al cumplimiento de los pronunciamientos contenidos en el fallo de una sentencia penal ejecutoriada y se desarrolla por la administración penitenciaria, bajo control jurisdiccional.


El tratamiento que se da a la fijación de la pena en cada una de las legislaciones no guarda uniformidad. La tendencia de las legislaciones más modernas es la de limitar el amplio arbitrio judicial con reglas precisas, resultando que en el caso de Bolivia, el Código Penal no establece parámetros para fijar las penas, quedado esa determinación al arbitrio del juez, en el marco del mínimo y máximo legal de la pena prevista para cada delito, determinando la ley solamente las circunstancias generales que el juez debe considerar para la fijación de la pena, previstas por el art. 38 del CP; además, de las reglas de las atenuantes especiales definidas en el art. 39 del mismo cuerpo legal. Debe destacarse que estas reglas están ausentes en el caso de las atenuantes generales previstas por el art. 40 del CP, en las cuales no existe un criterio rector para que el juez atenué la pena.


Así los arts. 37 y 38 del CP, establecen que el juez, para determinar la pena aplicable a cada delito, dentro de los límites legales, debe tomar en cuenta los siguientes factores: a) La personalidad del autor, b) La mayor o menor gravedad del hecho y, c) Circunstancias y las consecuencias del delito.


Debe agregarse que la fundamentación es una exigencia inexcusable tanto para que el condenado sepa por qué ha recibido tal o cual pena en su condena, así como para que el Tribunal de apelación valore adecuadamente los fundamentos de la pena impuesta y en su caso determine los correctivos necesarios. En consecuencia, el Juez está obligado a exponer las circunstancias que para él han sido determinantes en la fijación de la pena, expresando por qué y cómo consideró tal o cual atenuante o agravante.”


Existiendo plena analogía entre el hecho fáctico que generó la doctrina legal emitida por el Auto Supremo invocado en calidad de precedente contradictorio y el motivo admitido en casación, correspondiendo ingresar al análisis de fondo a fin de establecer la posible contradicción denunciada.


III.3. Análisis del caso concreto.


Con referencia al único motivo del recurso de casación, la parte recurrente, alega que el Tribunal de apelación no cumplió la doctrina legal establecida por el Auto Supremo 070/2017-RRC de 24 de enero, que fue dictado dentro del presente caso, precedente que a decir de la recurrente, obliga al Tribunal de alzada a fundamentar y motivar la fijación del quantum de la pena, considerando los principios de equilibrio y proporcionalidad; doctrina que habría sido incumplida por el Tribunal de alzada, quien habría ratificado la sanción, con el argumento de que en la acción de la recurrente existió las agravantes de premeditación, alevosía, ensañamiento y motivo bajo antisocial, sin especificar cuáles serían esas conductas que demostrarían las mismas.


Al respecto, de la revisión de las conclusiones arribadas por este Tribunal en el Auto Supremo 070/2017-RRC de 24 de enero, se tiene que el Tribunal de alzada no realiza la debida motivación y fundamentación sobre: i) Qué  atenuantes y qué agravantes habrían sido consideradas para el efecto; ii) Sin analizar en la imposición de la pena la personalidad de la autora; iii) La mayor o menor gravedad del hecho y las circunstancias; y, iv) Las consecuencias del delito, sin explicar el por qué se le otorgó la pena máxima siendo que en la fundamentación de la Sentencia en lo relevante refiere solamente la actitud avezada de la imputada.


Ahora bien, de la revisión de la Resolución recurrida, se advierte que el Tribunal de alzada, ante el reclamo de falta de consideración de los arts. 37, 38 y 39 del CP, por parte de la imputada, en cumplimiento del Auto Supremo 070/2017-RRC de 24 de enero, se abocó a un análisis de los argumentos de la Sentencia referidos a la decisión que adoptó para la sanción de un año de Prestación de Trabajo, pena de la cual explica que fue equilibrada con los cincuenta días multa a razón de Bs. 3.- (tres bolivianos) por día, que es intermedia en función a las condiciones personales y económicas de la apelante que dieron cuenta de la adopción de la decisión de la sanción penal bajo los principios de equilibrio y proporcionalidad con relación al delito de Injuria. Asimismo, el Auto de Vista impugnado explicó de manera fundada, respecto:


  1. Las atenuantes y agravantes habrían sido consideradas para el efecto.


Discriminaron objetivamente entre agravantes (las circunstancias en que se cometió el delito, los móviles que la impulsaron a delinquir, las condiciones que se encontraban en el momento de la ejecución del delito, los demás antecedentes y condiciones personales, la premeditación y el motivo bajo antisocial, la alevosía y ensañamiento, los medios empleados, la extensión del daño causado, así por ejemplo de la declaración de la testigo Laura Saavedra de Zenteno, que señaló: "... bajaron clientes de un micro, que le toco ir a ofrecer el día jueves santo cerveza, que la señora Rosa estaba sahumando que en ese momento la señora Silvia corrió donde los clientes y les dijo que se les sahumaría y los clientes dijeron que no, que siempre se hacían sahumar con doña Rosa y que la ahora acusada empezó a decir porque sahumaría Rosa, que es una ladrona y ratera, que por eso tenía autos y casas, doña Rosa se limitó a decir que le pasa doña Silvia y ella le dijo ya me tiene harta, que ya estaba a un paso de la cárcel dijo que su abogada ya habría coordinado que saldría muerta de la cárcel…”; existió otros eventos en que hubiesen participado las partes, las circunstancias como ocurrió el hecho; por cuanto, de la Sentencia se advierte que el hecho ocurrió cuando "clientes" solicitaron los servicios de la ahora acusadora particular, momento en que intervino la acusada y cometió el ilícito) y atenuantes (se consideró su condición de persona humilde, de una cultura básica y que a la fecha no cuenta con antecedentes judiciales ni policiales).


  1. La personalidad de la autora.


Asimismo, el Tribunal de alzada consideró su condición de persona humilde, de una cultura básica y que a la fecha no cuenta con antecedentes judiciales ni policiales.


  1.   La mayor gravedad del hecho y las circunstancias.


Al respecto el Auto de Vista impugnado, consignó las circunstancias en que se cometió el delito, los móviles que la impulsaron a delinquir, las condiciones que se encontraban en el momento de la ejecución del delito, los demás antecedentes y condiciones personales, la premeditación y el motivo bajo antisocial, la alevosía y ensañamiento, los medios empleados, la extensión del daño causado, así por ejemplo de la declaración de la testigo Laura Saavedra de Zenteno, que señaló: "... bajaron clientes de un micro, que le toco ir a ofrecer el día jueves santo cerveza, que la señora Rosa estaba sahumando que en ese momento la señora Silvia corrió donde los clientes y les dijo que se les sahumaría y los clientes dijeron que no, que siempre se hacían sahumar con doña Rosa y que la ahora acusada empezó a decir porque sahumaría Rosa, que es una ladrona y ratera, que por eso tenía autos y casas, doña Rosa se limitó a decir que le pasa doña Silvia y ella le dijo ya me tiene harta, que ya estaba a un paso de la cárcel dijo que su abogada ya habría coordinado que saldría muerta de la cárcel”, existió otros eventos en que hubiesen participado las partes, las circunstancias como ocurrió el hecho; por cuanto, de la Sentencia se advierte que el hecho ocurrió cuando "clientes" solicitaron los servicios de la ahora acusadora particular momento en que intervino la acusada y cometió el ilícito.

 

  1. Las consecuencias del delito, el por qué se le otorgó la pena máxima.


Finalmente, el Tribunal de alzada consideró que mantuvo la sanción máxima de un año de prestación de trabajo, aclarando respecto a las circunstancias destacadas en Sentencia; al respecto, los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba en ejercicio de la facultad reconocida por el citado art. 414 del CPP, discriminaron objetivamente entre agravantes y atenuantes. Efectuando un análisis integral de ellas para establecer de manera fundada el quantum dentro de los límites previstos por la norma sustantiva.


Por lo desarrollado, se advierte que la respuesta contemplada en la Resolución impugnada respecto de esta temática, permite concluir a este Tribunal con meridiana claridad, que el Auto de Vista impugnado cumplió con los razonamientos jurídicos y la doctrina establecida en el Auto Supremo 070/2017-RRC de 24 de enero; razón por la cual, resulta infundado, el presente recurso de casación.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Silvia Cecilia Zubieta Orellana.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos