TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 389/2018-RRC

Sucre, 11 de junio de 2018



Expediente                        La Paz 77/2017

Parte Acusadora                Ministerio Público y otros

Parte Imputada                : Melquiades Mamani Quispe y otros

Delito                                Robo Agravado

Magistrado Relator        : Dr. Olvis Eguez Oliva        


RESULTANDO


Por memorial presentado el 27 de julio de 2017, cursante de fs. 460 a 464, José Mario Huanca Mamani y Primitiva Mamani de Casilla, interponen recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 24/2017 de 10 de mayo, de fs. 427 a 430 y el Auto Complementario de 4 de julio de 2017, de fs. 458, pronunciados por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, a instancias de Basilia Mamani, Benedicta Mamani Mamani y los recurrentes contra Melquiades Mamani Quispe, Herminio Pucho Llanqui y Sofía Fabiola Callisaya Huaranca, por la presunta comisión del delito de Robo Agravado, previsto y sancionado por el art. 332 inc. 2) del Código Penal (CP).



I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


  1. Por Sentencia S-39/2015 de 21 de diciembre (fs. 342 a 350), el Tribunal Segundo de Sentencia en lo Penal de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a Melquiades Mamani Quispe, Herminio Pucho Llanqui y Sofía Fabiola Callisaya Huaranca, absueltos de pena y culpa de la comisión del delito de Robo Agravado, previsto y sancionado por el art. 332 inc. 2) del CP, ante la falta de prueba suficiente, sin costas.


  1. Contra la mencionada Sentencia, los acusadores particulares Primitiva Mamani de Casilla, Basilia Mamani, Benedicta Mamani Mamani y José Mario Huanca Mamani, (fs. 389 a 391), formularon recurso de apelación restringida, que fue resuelto por Auto de Vista 24/2017 de 10 de mayo, emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que declaró improcedentes las cuestiones planteadas y confirmó la Sentencia apelada, siendo resuelto la solicitud de Explicación, Complementación y Enmienda del imputado José Mario Huanca Mamani, mediante Resolución de 4 de julio de 2017 (fs. 458), motivando la interposición del presente recurso de casación.


I.2. Motivo del recurso de casación.


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 33/2018 de 5 de febrero, se extraen los siguientes motivos a ser analizados en la presente Resolución, conforme al mandato establecido por los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) se extrae los  siguientes motivos:


1)        Los recurrentes denuncian que la “Sentencia y el Auto de complementación“ (sic), aparte de extemporáneas son anticonstitucionales, porque los jueces de alzada se limitan a realizar un sesgado y silogismo jurídico anticonstitucional con el objeto de ocultar los delitos Prevaricato, Incumplimiento de Deberes y Consorcio de Jueces y Abogados, en los que incurrieron los integrantes del Tribunal Segundo de Sentencia, que emitió la Sentencia apelada, pues no consideraron que esas autoridades desde el inicio del juicio hasta la emisión de la Sentencia, dolosamente vulneraron el art. 316 del CPP, porque los abogados de los acusados son también abogados de la Presidenta del citado Tribunal, en las muchas querellas que tiene; aspecto que, era de conocimiento de los otros dos jueces técnicos, por lo que estaban obligados a excusarse de sustanciar y no resolver ilegalmente el juicio como lo hicieron.


Hacen notar que ese impedimento legal no conocían hasta después de haberse emitido la Sentencia, razón por la cual no pudieron interponer recusación oportunamente, sino que lo conocieron al formular denuncia ante el Ministerio de Justicia, porque entre otras irregularidades que se cometieron en el juicio, se estableció que las actas de las declaraciones de los testigos y víctimas, aparecían cambiadas por la Secretaria del Tribunal por orden de los tres Jueces, conforme la declaración de la secretaria y el desdoblamiento realizado por la IICUP policial presentadas como pruebas; que sin embargo, no fueron observadas ilegalmente por el Tribunal de alzada, queriendo hacer ver que fueron presentadas después de la emisión de la Sentencia, cuando en realidad hasta la presentación de estas pruebas no existía la Sentencia, por lo que no tuvieron otra que falsificar las fechas del Auto de Vista y su Auto Complementario; lo que implica, la vulneración del principio del Juez Natural e Imparcial, desconociendo derechos constitucionales, pues el Tribunal de alzada se limitó a aplicar literalmente los arts. 408 y 410 del CPP, al no existir fundamento racional y menos legal para indicar que su pretensión como recurrente era la revalorización de pruebas, al no haberlo solicitado nunca.


En la parte final del memorial, previa glosa parcial del Auto Supremo 522 de 20 de septiembre y referencia a la Sentencia Constitucional 1799/2003 de 5 de diciembre, así como a la garantía del debido proceso con relación a los defectos absolutos o nulidades, retomando este motivo, los recurrentes señalan que los Vocales olvidaron que a la fecha y desde el 2009, con la vigencia de la actual Constitución Política del Estado, se está ante un nuevo estado constitucional que reconoce el derecho a la imparcialidad conforme el art. 180-II , que no fue observado; por cuanto, se limitaron a observar literalmente lo que establece el CPP, como si la constitución estaría de adorno, exigiendo formalismos y ritualismos que atentan el derecho a la impugnación, pese a las normas contenidas en los arts. 13, 109, 178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE) y del principio pro homine,  además de contraria al principio de legalidad, teniendo en cuenta el debido proceso, la verdad material, la sana crítica y la imparcialidad que no fue observada.


2)   A partir del contenido del art. 411 del CPP, refieren que por aspectos irregulares, el Tribunal de alzada no cumplió con la obligación de señalar día y hora de audiencia de fundamentación de apelación, para viabilizar la resolución ilegal, violentando su derecho a fundamentar y probar el impedimento legal, moral y ético que tenía el Tribunal Segundo de Sentencia en pleno; lo que implica, la vulneración del debido proceso.


I.1.2. Petitorio.


El recurrente solicita dejar sin efecto el Auto de Vista impugnado y su complementario, disponiendo que el Tribunal de alzada pronuncie nueva resolución conforme la doctrina legal establecida.


I.3. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 33/2018-RA de 5 de febrero, cursante de fs. 480 a 482, este Tribunal admitió el recurso de casación formulado por José Mario Huanca Mamani y Primitiva Mamani de Casilla, para el análisis de fondo ante la concurrencia de presupuestos de  flexibilización.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


II.1.  De la Sentencia.


Por Sentencia S-39/2015 de 21 de diciembre, el Tribunal Segundo en lo Penal de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a Melquiades Mamani Quispe, Herminio Pucho Llanqui y Sofía Fabiola Callisaya Huaranca, absueltos de pena y culpa de la comisión del delito de Robo Agravado, previsto y sancionado por el art. 332 inc. 2) del CP, ante la falta de prueba suficiente, sin costas, en base a los siguientes argumentos:


Como hechos generadores del proceso penal, se tiene que el Ministerio Público formalizó acusación en contra de Melquiades Mamani Quispe, Herminiopucho LLanqui y Sofía Faviola Callizaya Huaranca por la comisión de los delitos de Falsedad Ideológica, Material, Uso de Instrumento Falsificado, Estafa, Estelionato, Robo Agravado, Tentativa de Homicidio, Despojo, Amenazas, Asociación Delictuosa, manifestando que los querellantes Primitiva Mamani de Casilla, Basilia Mamani, Benedicta Mamani y José Mario Huanca Mamani, por memorial de fecha 28 de diciembre de 2012, refieren que son dueños en calidad de herederos forzosos de una propiedad ubicada en el ex fundo Ventilla, presentan documentación que cursa en obrados del abuelo y de los padres, el mayor resulta ser Luciano Mamani, quien resulta ser propietario de los lotes o parcelas, cursan títulos ejecutoriales, la primera obtenida en calidad individual y la segunda en calidad de dotación colectiva, siendo el principal autor de este ilícito Melquiades Mamani, utilizando un certificado de defunción haciendo creer que el abuelo habría fallecido el año 1974 y posterior a ello hacen aparecer certificado de defunción de los propietarios de la Comunidad, realizando los trámites respectivos donde Melquiades Mamani, aparece como propietario mismo que en compañía de sus familiares entraron en posesión invadiendo propiedad privada, propinando golpes a los ocupantes realizando sustracciones, utensilios personales, dineros y otros objetos, que conforme los elementos de la etapa preparatoria se habría determinado que los querellados incurrieron en el ilícito de Robo Agravado, acusándose formalmente a Melquiades Mamani, Herminio Pucho Llanque y Sofía Faviola Calizaya por el delito de Robo Agravado.


El Tribunal de Sentencia Segundo de El Alto del Distrito Judicial de La Paz, una vez analizada las pruebas documentales, periciales y testificales determinó como hechos probados: Primero que se ha probado en el ex fundo Ventilla, existen lotes de terrenos pertenecientes supuestamente a Luciano Mamani y Leucadia Condori, siendo herederos forzoso los ahora querellantes y que producto a estas herencias se produjo el altercado entre familias. Asimismo se determinó como hechos no probados los siguientes:


Primero.- Que, no se tiene certeza cuando se produjo los hechos ocurridos de Robo Agravado, tampoco se demostró la participación de los tres acusados en el robo  de los cinco mil bolivianos, que se habría sustraído por un tumulto de gente como tampoco de los materiales de construcción.


Segundo.- Que, las declaraciones de los testigos de cargo como de las víctimas es contradictorio no evidenciando si los acusados habrían robado el dinero o material de construcción.


Tercero.- Tampoco, se demostró que los tres acusados tuvieran un previo acuerdo para perpetrar el hecho ilícito.


Por lo que por unanimidad de sus miembros se estableció la duda en la existencia del hecho punible y la no responsabilidad de los acusados conforme la fundamentación jurídica fallando; consecuentemente, Sentencia absolutoria para los acusados Melquiades Mamani Quispe, Herminio Pucho Llanqui y Sofía Fabiola Callisaya Huaranca, cesando las medidas cautelares o personales.


II.2.  De la apelación restringida.


Contra la mencionada Sentencia, Primitiva Mamani de Casilla, Basilia Mamani, Benedicta Mamani y José Huanca Mamani interpusieron recurso de apelación restringida, denunciando los siguientes aspectos:


Que, se habría violado el debido proceso en todas sus vertientes, debido a que la Presidenta del Tribunal a quo, debería haberse excusado del conocimiento de la causa debido a que su abogado patrocinaría a los acusados.


Que, los testigos de cargo como los acusadores habrían declarado que el hecho habría sido cometido el 1 de diciembre de 2012 a horas 16:00 aprox., siendo que los acusados habrían sustraído Bs. 5.000.- (cinco mil bolivianos) por lo que las afirmaciones contenidas en la Sentencia serian manipuladas y subjetivas.


Que, en base a prueba documental se habría probado la comisión de los delitos acusados, los cuales no habrían sido valoradas de manera objetiva conforme la verdad histórica de los hechos como lo establece los arts. 173 y 359 del CPP.

Que se habrían excluido las pruebas MP-3, MP-4, MP-10 y MP-12, mediante la Resolución 103/2015; sin embargo, hasta la fecha no fueron notificadas con la misma empero en el juicio se realizó la reserva de apelación.


Que, no se menciona en la Sentencia apelada el motivo que se habría desestimado la acusación formal y particular ampliatoria los ilícitos de Tentativa de Homicidio y Asociación Delictuosa, habiéndose basado en el Auto Supremo 253/2007.


Que la Sentencia recurrida sería incongruente carecería de fundamentación por haber cambiado las declaraciones de los testigos y las víctimas.

II.3.  Del Auto de Vista impugnado.


La apelación restringida expuesta precedentemente, fue resuelta por el Auto de Vista impugnado, emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que declaró improcedente el recurso interpuesto por el recurrente, en base a los siguientes argumentos:


Teniendo claros los requerimientos legales para la interposición de la apelación restringida, se debe señalar que los recurrentes alegan violación del debido proceso en todas sus vertientes por falta de excusa de la Presidenta del Tribunal a quo, sin tomar en cuenta que el recurso de apelación restringida al ser un recurso de puro derecho, solo es procedente cuando se alegan vicios in iudicando o vicios in procedendo. A tal efecto, refiere que se alega violación del debido proceso por el hecho que la Presidenta del Tribunal a quo, no se habría excusado del conocimiento de la causa debido a que su abogado patrocinaría a los acusados; sin embargo, no señala el momento procesal en el que las partes habrían planteado la recusación respectiva instituto procesal previsto en el art. 316 del CPP; por lo que no es evidente la vulneración del debido proceso en observancia al inicio del proceso, actos de investigación, actividad probatoria, diligencias judiciales, mecanismos de impugnación y términos procesales. Se determinan como requisitos del debido proceso: el Juez natural con sus cuatro caracteres como ser la competencia, independencia, imparcialidad, estar establecido con anterioridad por ley, derecho a ser oído, duración razonable del proceso, publicidad del proceso, prohibición del doble juzgamiento, por lo que la falta de excusa no puede vulnerar todas las vertientes del debido proceso, como tampoco la negligencia por parte de los apelantes a momento de interponer los recursos que le franquea la ley.


Se hace mención a que la Juez a quo  habría incurrido en la comisión de ilícitos; sin embargo, el recurso de apelación restringida no es el medio para la comprobación o no de los mismos por lo que las partes tienen las vías disciplinaria y penal para interponer su respectiva denuncia.


Que como se señaló, el recurso de apelación restringida es un recurso de puro derecho por lo que no puede el Tribunal de alzada ingresar a la valoración de las declaraciones testificales, judicializadas en juicio oral y contradictorio como pretenden los apelantes no refieren de manera clara, cuál ha sido la manipulación que se ejerció en las declaraciones testificales de cargo.

En lo referente a la prueba documental de cargo, no señala la defectuosa valoración en la que habría incurrido el Tribunal a quo, limitándose a citar los arts. 173 y 359 del CPP, no pudiendo ingresarse a revalorizar dicha prueba.


Que con relación a la falta de notificación con la Resolución 103/2015, se tiene que de una minuciosa revisión de obrados, cursan a fs. 298 a 301 las respectivas diligencias con la citada Resolución, cursando inclusive sus respectivas firmas; asimismo, es evidente que se realizó la respectiva reserva de apelación; sin embargo, en apelación restringida no se fundamenta la vulneración en la que hubiese incurrido el Tribunal con dicha Resolución.


Con relación a la falta de mención de los hechos que habrían motivado la exclusión de los ilícitos de Tentativa de Homicidio y Asociación Delictuosa de la acusación fiscal y particular los apelantes indican que se habría incurrido en defectuosa valoración y aplicación del art. 348 del CPP; sin embargo, el mencionado artículo establece de manera clara los requisitos para realizar una ampliación de acusación, siendo estos que los hechos sean nuevos, por lo que este Tribunal no evidencia vulneración.


Con relación a que la Sentencia sea incongruente y careciera de fundamentación por haber cambiado las declaraciones  de testigos y víctimas, los apelantes fusionan la incongruencia con una deficiente fundamentación, sin citar de forma clara cuál sería la incongruencia inserta en la Sentencia, como tampoco señalan qué elementos no habrían sido debidamente fundamentados, por lo que el Tribunal de alzada citó el Auto Supremo 251/2012 de 12 de octubre, referente a la prohibición de revaloración de prueba, por el principio de inmediación e intangibilidad, de modo que corresponde realizar el control de valoración, actividad que debe ceñirse al respeto de las reglas relativa a la carga de la prueba, legalidad, razonabilidad, ausencia de arbitrariedad en apreciaciones y conclusiones que se extraen de dichas pruebas, o dicho de otro modo el control de valoración de la prueba está referida a los vicios de fundamentación, de Sentencia, violación de sana crítica, exclusión de pruebas, valoración de prueba ilícita, por lo que el Tribunal de alzada no está facultado para realizar nueva valoración de prueba como pretende los apelantes, salvo que fundamenten su recurso en vicios citados por el Auto Supremo mencionado.


III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES Y LA DEBIDA FUNDAMENTACIÓN


El presente caso los recurrentes José Mario Huanca Mamani y Primitiva Mamani de Casilla, denunciaron que el Tribunal de alzada no consideró la denuncia de vulneración del art. 316 del CPP, referente al trámite de excusa de la presidente del  Tribunal de Sentencia, como también el incumplimiento de señalar día y hora de audiencia de fundamentación de apelación restringida.


III.1. De la debida fundamentación en las Resoluciones judiciales.   


Asimismo, entre los componentes primordiales que rige el debido proceso como garantía constitucional de protección del Estado a la persona, se encuentra la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales, que a lo largo de la jurisprudencia han sido ampliamente desarrolladas; no obstante, resulta conveniente recalcar los parámetros de su entendimiento no sólo a los administradores de justicia; sino también, a todo administrado. En ese sentido, La obligación de fundamentar las resoluciones también es aplicable a las resoluciones que resuelven apelaciones así la SC 0040/2007-R de 31 de enero, haciendo referencia a la SC 0577/2004-R de 15 de abril, indicó: Esta exigencia de fundamentar las decisiones, se torna aún más relevante cuando el Juez o Tribunal debe resolver en apelación la impugnación de las resoluciones pronunciadas por las autoridades de primera instancia; (…), es imprescindible que dichas Resoluciones sean suficientemente motivadas y expongan con claridad las razones y fundamentos legales que las sustentan y que permitan concluir, que la determinación sobre la existencia o inexistencia del agravio sufrido fue el resultado de una correcta y objetiva valoración de las pruebas, del mismo modo que se exige al apelante cumplir con la obligación de fundamentar los agravios; por cuanto, en la medida en que las resoluciones contengan, los fundamentos de hecho y de derecho, el demandado tendrá la certeza de que la decisión adoptada es justa; por lo que no le esta permito a un Juez o Tribunal, reemplazar la fundamentación por la relación de antecedentes, la mención de los requerimientos de las partes o hacer alusión de que el Juez de instancia obró conforme a derecho, (…); con mayor razón, si se tiene en cuenta que el contar con una Resolución debidamente fundamentada y motivada es un derecho fundamental de la persona y forma parte del debido proceso”

También, se debe considerar las exigencias contenidas en la CPE y el CPP, la doctrina legal aplicable de este Tribunal ha establecido en los Autos Supremos 342 de 28 de agosto de 2006 y 207 de 28 de marzo de 2007, entre otros, determinados parámetros o exigencias mínimas en el contenido de la fundamentación o motivación de un fallo; es decir, que toda resolución debe ser: expresa, clara, completa, legítima y lógica. i) Expresa porque se debe señalar los fundamentos que sirvieron de soporte para sustentar su tesis, sin remisión a otros actos procesales; ii) Clara, en sentido que el pensamiento del juzgador debe ser aprehensible, comprensible y claro, no dejando lugar a dudas sobre las ideas que expresa el juzgador; iii) Completa, debiendo abarcar los hechos y el derecho; iv) Legítima, ya que debe basarse en pruebas legales y válidas. Para que exista legitimidad en la denuncia de valoración defectuosa de la prueba en la Sentencia, el Tribunal de alzada debe realizar el análisis de iter lógico por el que se evidencie la correcta o incorrecta valoración de la prueba efectuada por el Juez aquo; y, v) lógica, que es el requisito transversal que afecta a los otros requisitos; debiendo la motivación, en términos generales, ser coherente y debidamente derivada o deducida, pero utilizando las máximas de la experiencia, la psicología y las reglas de la sana crítica.

III.2.  Análisis del caso concreto.


En cuanto al primer motivo, admitido se denuncia que el Tribunal de alzada no consideró que desde el inicio del juicio hasta la emisión de la Sentencia, los integrantes del Tribunal de origen vulneraron el art. 316 del CPP, al no formular su excusa, enfatizando que como parte procesal no conocían del impedimento legal hasta después de haberse emitido la Sentencia.

A efectos de ingresar al fondo de la problemática planteada, referida a que no se habría considerado la denuncia de vulneración del art. 316 del CPP, se debe previamente analizar lo denunciado en el recurso de apelación restringida, por lo que corresponde señalar los aspectos denunciados por el recurrente los cuales son los siguientes:

En apelación restringida alegaron los recurrentes que la Presidenta del Tribunal Katty Viricochea Ríos, es cliente del abogado Sergio Vicente Rivera, quien fuese abogado patrocinante en varios procesos que tuviera la juzgadora; que asimismo, se habría cambiado las declaraciones testificales, que se habría vulnerado el art. 180. I de la CPE, “La jurisdicción ordinaria se fundamentará en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, verdad material, legalidad, eficacia, inmediatez, debido proceso, etc.” Todos estos principios hubiesen sido inobservados por el Tribunal para favorecer a los acusados y por unanimidad debían excusarse porque los acusados estaban siendo patrocinados por el abogado de la Presidente del Tribunal, recusación que estaban obligados dentro de las 24 horas, por el imperio de los arts. 316 y 318 del CPP, obligación que no fue cumplida, estando impedidos de substanciar el juicio evidenciando desde el inicio violación al debido proceso en todas sus vertientes, favoreciendo a los acusados mediante el delito de Consorcio de Jueces y Fiscales que están siendo investigados.


A tal efecto, el Auto de Vista impugnado refirió que teniendo claros los requerimientos legales para la interposición de la apelación restringida, se debe señalar que los recurrentes alegan violación del debido proceso en todas sus vertientes por falta de excusa de la Presidenta del Tribunal a quo, sin tomar en cuenta que el recurso de apelación restringida al ser un recurso de puro derecho solo es procedente cuando se alegan vicios in iudicando o vicios in procedendo.

Asimismo, el Tribunal de alzada expresó que los recurrentes no señalan el momento procesal en el que las partes habrían planteado la recusación respectiva, instituto procesal previsto en el art. 316 del CPP, por lo que no es evidente la vulneración del debido proceso; ya que, se entiende por debido proceso aquel que se realiza en observancia estricta de los principios y garantías constitucionales reflejadas en las previsiones normativas de la ley procesal: inicio del proceso, actos de investigación, actividad probatoria, diligencias judiciales, mecanismos de impugnación y el respeto a los términos procesales.


Continua refiriendo el Tribunal de alzada, que se determinan como requisitos del debido proceso: el Juez natural con sus cuatro caracteres como ser la competencia, independencia, imparcialidad y estar establecido con anterioridad por ley; derecho a ser oído, duración razonable del proceso, publicidad del proceso, prohibición del doble juzgamiento, por lo que la falta de excusa no puede vulnerar todas las vertientes del debido proceso, como tampoco la negligencia por parte de los apelantes a momento de interponer los recursos que le franquea la ley en caso de sentir la vulneración de sus derechos y garantías constitucionales. Asimismo, respecto a que la Juez a quo habría incurrido en la comisión de ilícitos, expresó  que el recurso de apelación restringida no es el medio para la comprobación o no de los mismos, por lo que las partes tienen la vía disciplinaria y penal para interponer su respectiva denuncia.


Finalmente, señaló el Tribunal de alzada que el recurso de apelación restringida es un recurso de puro derecho, no pudiendo ingresar a la valoración de las declaraciones testificales, judicializadas en juicio oral como pretenden los apelantes, no refieren de manera clara, cuál ha sido la manipulación que se ejerció en las declaraciones testificales de cargo.


Sobre el particular, analizado el agravio traído a casación y verificado lo denunciado en apelación restringida con lo resuelto por el Tribunal de alzada, dan cuenta que sí consideró la denuncia respecto a la tramitación de la excusa previsto en el art. 316 del CPP, debido a que el Auto de Vista impugnado concluyó que la parte agraviada pudo interponer la respectiva recusación si consideraba que sus derechos estuviesen violentados; además, aclaró que el recurso de apelación restringida al ser de puro derecho prohíbe el descenso por parte del Tribunal de alzada a cuestiones de hecho y revalorizar pruebas como las declaraciones testificales que pretendía la parte apelante, debido al principio de intangibilidad. Por otra parte, no es menos cierto que el Tribunal de alzada puede atender denuncias de defectos absolutos, cuando se verifiquen la vulneración de derechos y garantías constitucionales, pero en el presente caso la parte recurrente no formuló expresamente dicha denuncia como tampoco especificó de forma clara, en qué consistió dicha vulneración o que vertiente del debido proceso fuese vulnerado, tal como lo fundamentó el Tribunal de alzada.


En consecuencia, no resulta evidente la denuncia formulada en este primer motivo, habida cuenta que el Auto de Vista impugnado, sí consideró el agravio formulado y otorgó una respuesta fundamentada y motivada, por lo que resulta infundado el primer motivo.


Con relación al segundo motivo, refieren que el Tribunal de alzada, en la denuncia de los recurrentes, no hubiese cumplido con la obligación de señalar día y hora de audiencia de fundamentación de apelación, invocando en el planteamiento la vulneración del debido proceso, a tiempo de precisar que con esa omisión se les privó la posibilidad de fundamentar y probar el impedimento legal, moral y ético que tenía el Tribunal Segundo de Sentencia.

A efectos de ingresar al fondo de la problemática planteada, referida a que el Tribunal de alzada haya incumplido su obligación de señalar audiencia de fundamentación del recurso de apelación restringida, se debe previamente analizar lo denunciado en el recurso de apelación restringida por lo que corresponde señalar los aspectos siguientes:

Que, al no ser un motivo de denuncia el señalamiento de audiencia de fundamentación del recurso de apelación restringida, corresponde verificar si en el respectivo recurso se solicitó o no de forma expresa dicha solicitud, por lo que verificado el recurso respectivo no se realizó la petición expresa de audiencia de fundamentación de su recurso. Sin embargo, en el memorial de complementación y enmienda de 3 de julio de 2017 respecto al Auto de Vista, en el punto 5 esta solicitud recién es reclamada por los recurrentes en forma ex temporánea.


A tal efecto, verificado los actuados procesales no se evidencia decreto de señalamiento de audiencia de fundamentación del recurso de apelación restringida; sin embargo, atendiendo el memorial de complementación y enmienda de los recurrentes, mediante Auto de Complementación de 4 de julio de 2017, el Tribunal de alzada refiere que no se señaló audiencia, porque en apelación restringida que interpone (fs. 389 a 391), no se solicita de manera expresa y se limita a presentar como prueba todo el cuaderno de juicio. El art. 411 del CPP, establece claramente que se debe solicitar de manera expresa la audiencia de fundamentación, extremo que este Tribunal no puede suplir la labor de observancia que un abogado debe efectuar al momento de ejercer la defensa de una persona.


Al respecto, analizado el agravio traído en casación, verificado el recurso de apelación restringida como también el memorial de Complementación y Enmienda y la respuesta otorgada por parte del Tribunal de alzada en su Auto Complementario de 4 de julio de 2017, no se evidencia la vulneración del debido proceso por incumplimiento a su obligación de señalar audiencia de fundamentación de audiencia de apelación restringida, debido a que en el recurso interpuesto no se solicitó de forma expresa la respectiva audiencia de fundamentación, tal como lo prevé el art. 411 del CPP, situación que fue refrendada en el Auto Complementario de 4 de julio de 2017 en el punto cinco.


En consecuencia, no resulta evidente la denuncia traída en casación pues no se vulneró el derecho al debido proceso al no ser expresa la solicitud de los recurrentes, negligencia del abogado defensor que no puede ser suplida de oficio, así se tiene el entendimiento jurisprudencial contenido en el Auto Supremo 630/2016 RRC de 23 de agosto, “se advierte que el recurrente no solicitó expresamente la realización de la audiencia de fundamentación incumpliendo lo previsto por el art. 408 del CP.”  Resultando este motivo también en infundado.


Por los fundamentos expuestos precedentemente, al no haberse demostrado la concurrencia de los motivos traídos en casación, corresponde a esta Sala Penal  declarar infundado el recurso interpuesto, correspondiendo en consecuencia confirmar el Auto de Vista impugnado.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP y lo previsto por el art. 42.I.1 de la LOJ, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por José Mario Huanca y Primitiva Mamani de Casilla.


Regístrese, hágase saber y devuélvase. 


Firmado


Magistrado Relator Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos