TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 388/2018-RRC

Sucre, 11 de junio de 2018


Expediente                        Santa Cruz 140/2017

Parte Acusadora                Ministerio Público y otros

Parte Imputada                : Richard Copa Velásquez 

Delito                                Violación de Niño, Niña o Adolescente

Magistrado Relator              Dr. Edwin Aguayo Arando


RESULTANDO


Por memorial presentado el 4 de septiembre de 2017, cursante de fs. 571 a 574 vta., Richard Copa Velásquez, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 42 de 6 de julio de 2017, de fs. 556 a 562 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia contra el recurrente por el delito de Violación de Niño, Niña o Adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 bis del Código Penal (CP).


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


  1. Por Sentencia 54/2016 de 22 de noviembre (fs. 504 a 509), el Tribunal Noveno de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Richard Copa Velásquez, absuelto de culpa y pena de la comisión del delito de Violación de Niño, Niña o Adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 bis del CP, dejando sin efecto todas las medidas jurisdiccionales de carácter personal.


b)         Contra la mencionada Sentencia, Lucia Huanca de Mamani (fs. 514 a 515 vta.) y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (fs. 521 a 522), interpusieron  recursos de apelación restringida, que fueron resueltos por Auto de Vista 42 de 6 de julio de 2017, dictado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declaró admisibles y procedentes y anuló totalmente la Sentencia, ordenándose la reposición del juicio por otro Tribunal de Sentencia llamado por Ley, motivando la interposición del presente recurso de casación.


I.1.1. Motivo del recurso de casación.


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 017/2018-RA de 1 de febrero, se extraen los siguientes motivos a ser analizados en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


  1. Haciendo referencia a los antecedentes del proceso, señala el recurrente que el Auto de Vista vulneró los principios in dubio pro reo, de igualdad y de inmediación, como las disposiciones contenidas en los arts. 116 y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE) y el art. 363 del CPP, debido a que en la Sentencia se estableció con claridad que la prueba aportada por la acusadora no fue suficiente para generar la convicción sobre la responsabilidad penal; al respecto, refiere que el Tribunal de apelación hizo un erróneo análisis de lo ocurrido imaginándose lo supuestamente indicado por los testigos de cargo, como las pruebas del certificado médico forense, informe psicológico y social, haciendo un nuevo examen crítico de los referidos medios probatorios.


Dentro de tal ámbito, señala que no es correcta la decisión de anular la Sentencia por supuestos de defectos de la misma consistentes en la falta de fundamentación y la mala valoración de la prueba, por los siguientes motivos: a) La Sentencia se encontraba debidamente estructurada; b) Las observaciones realizadas por el Tribunal de alzada no afectan al fondo de la Resolución impugnada; c) El Auto de Vista si consideraba que faltaba fundamentación debió aplicar lo dispuesto por el art. 413 parte in fine y 414 del CPP.


Al respecto, el recurrente haciendo alusión  al precedente que invocó señala que el Auto de Vista actuó en contradicción de la línea jurisprudencial que establece dicho precedente, porque el Auto de Vista no solo debe contener un análisis aislado de la norma supuestamente vulnerada y que haya afectado derechos y garantías constitucionales, sino debe considerarse justamente para preservar derechos y garantías y principios constitucionales supuestamente vulneradas y una vez subsanado en el juicio de reenvío, tendría que cambiar de forma radical la decisión de la Sentencia; por cuanto, no tendría objeto de realizar un nuevo juicio cuando a todas luces el resultado sería el mismo, aspecto que afectaría al principio de celeridad procesal, justicia pronta y oportuna, concentración, tutela judicial efectiva y debido proceso; en consecuencia, señala que existe contradicción con el precedente invocado porque el Auto de Vista no debió disponer la nulidad de la Sentencia; por cuanto, de realizarse un nuevo juicio se llegaría al mismo resultado, no causando un cambio radical en la Sentencia sobre esta temática.


  1. Transcribiendo porciones de los Autos Supremos 411 de 20 de octubre de 2006, 6 de 26 de enero de 2007, 359 de 26 de junio de 2009, 176 de 26 de abril de 2010, 272 de 4 de mayo de 2009 y 434 de 4 de agosto de 2009, que redundan en torno a comprensiones sobre incongruencia omisiva, falta de fundamentación, debida motivación y la obligación de revisión minuciosa de los antecedentes del proceso, por parte del Tribunal de alzada para que en el caso de la existencia de defectos absolutos éstos sean corregidos de oficio.


Sobre esa base plantea que la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz asumió una dirección contraria a la estimada en aquellas Resoluciones, por cuanto, al basar su decisión en la inexistencia de hechos probados y acreditados en el juicio oral; el fundamento y petición del Ad quem, quedarían destruidos por el aforismo “No hay Juez más allá de lo que piden las partes”; toda vez, que el de alzada de manera oficiosa hubiera excedido los límites de su competencia, haciendo consideraciones ultra petita, lo cual quedaría demostrado con la revaloración probatoria y la fundamentación de aspectos que no fueron mencionados en el recurso de apelación restringida.

I.1.2. Petitorio.

El recurrente solicita se deje sin efecto la resolución impugnada.


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 017/2018-RA de 1 de febrero, este Tribunal admitió el recurso de casación interpuesto por el recurrente Richard Copa Velásquez, para el análisis de fondo.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se tiene lo siguiente:


II.1 De la sentencia


Por Sentencia 54/2016 de 22 de noviembre, el Tribunal Noveno de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Richard Copa Velásquez, absuelto de culpa y pena de la comisión del delito de Violación de Niño, Niña o Adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 bis del CP, dejando sin efecto todas las medidas jurisdiccionales de carácter personal.


Que la estructura de la Sentencia apelada, fue formada de la siguiente manera: a) Relación circunstanciada de los hechos motivo de juicio, b) Se hizo constar que ninguna de las partes planteó incidentes ni excepciones, c) La declaración del imputado, d) Según el A quo, paso a valorar la prueba conforme lo previsto por el art. 173 del CPP, describiendo los hechos probados y no probados, asimismo se describió los hechos y circunstancias que generaron duda razonable en el Tribunal de Sentencia, una consideración de lo que se entiende por culpabilidad, y e) La parte resolutiva de la Sentencia.


Posterior a la descripción del hecho probado, el Tribunal de Sentencia hizo referencia a la prueba que le sirvió de base, señalando:


PRIMERO: la denuncia hecha por la Sra. LUCIA HUANCA DE MAMANI en contra de MIGUEL O RICHAR COPA VELASQUEZ.


(…)


Dicha prueba de cargo PD Nº.-1 fue producida e incorporada a juicio oral cumpliendo con las formalidades legales previstas en los Arts. 295 Núm. 1) 330 y 333 núm. 3) del código de procedimiento penal.


SEGUNDO: QUE LA MENOR ANGELA ROSA MAMANI MENDOZA fue víctima de AGRESIÓN SEXUAL.


(…)


Dicha prueba de cargo Nº.- 1 fue producida e incorporada a juicio oral cumpliendo las formalidades legales previstas en los arts. 295 inc. 1) 330 y 333 inc. 3) del Código de Procedimiento Penal.


(…)” (sic).


II.2. De los recursos de apelación restringida.


II.2.1. Del recurso presentado por la denunciante.


Haciendo referencia a los antecedentes del proceso, denuncia que el Tribunal de Sentencia incurrió en el defecto previsto por el inc. 6) del art. 370 del CPP, al no haber realizado un estudio de las pruebas conforme lo previsto por los arts. 171 y 173 de la Ley 1970, pues entre los hechos que le habrían generado duda razonable, se encontraría: i) Que, el examen médico estableció que los pliegues del ano se encuentran íntegros, por lo que existiría contradicción con el informe pericial psicológico, que estableció que la víctima sufrió agresión sexual anal. Argumento del A quo, que considera irracional; toda vez, que el certificado médico de 25 de junio del 2014, base del hecho generador de la referida duda, establecería que el hecho ilícito hubiera ocurrido aproximadamente un año atrás, por  lo que la cicatrización en algunas sería patológicamente en semanas siguiendo un comportamiento constante con tendencia a disminución y en otros casos no existiría posibilidad de hallazgo a simple vista, así lo señalarían los estudios científicos del DIAGNOSIS OF ANAL SPHINTER INJURI WITH TRANSANAL ULTRASOUND AND MONOMETRI y otros; y, b) El segundo aspecto, que hubiera generado duda razonable sería el hecho de que el progenitor de la víctima manifestó que él estaba a cargo del cuidado de la víctima hasta el 2012 y durante seis meses la misma, habría ido a vivir con su abuela. Argumento que la recurrente cuestiona manifestando que el mismo falta a la verdad; toda vez, que la denuncia de 25 de junio del 2014, establecería que la niña contaba con 9 años de edad y que nació el 19 de diciembre del 2004 y que el hecho ilícito ocurrió según el informe pericial psicológico y lo manifestado por la víctima, un año antes; es decir, cuando la misma tenía entre 7 a 8 años de edad y que los hechos ocurrieron el lapso en que vivió los seis meses del año 2012 y parte del 2013.


II.2.2. Del recurso de apelación planteado por la Defensoría de la Niñez y  Adolescencia.


Diego Toro Flores, en representación de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, haciendo referencia a los antecedentes del proceso; con argumentos similares al de la denunciante, cuestiona la defectuosa valoración probatoria realizada por el Tribunal de Sentencia, señalando que si bien el Tribunal de Sentencia determinó que no existe desgarro anal de la víctima, no había considerado que el informe psicológico emitido determinó que la niña defecaba por temor al acordarse del dolor de los episodios de agresión sexual, tampoco había considerado que el mismo certificado forense que indica desgarro compatible con acceso carnal, había señalado que el ano había regenerado su tono por lo que no pudo certificar desgarro, debido a la variación del tiempo y la regeneración de tejidos; es decir, que el hecho ilícito acusado si existió y fue cometido por el acusado Richard Copa Velásquez.


El segundo aspecto, que hubiese generado duda en el Tribunal de mérito seria que el informe social de la defensoría de la niñez, estableció que la víctima estaba a cargo de su padre hasta el año 2012; y posteriormente, durante seis meses habría ido a vivir con su abuela, por lo que a decir del A quo, los hechos ocurrieron cuando la menor tenía 9 a 10 años; sin embargo, no se había considerado que la denuncia fue realizada el 25 de junio de 2014, cuando la misma tenía 9 años de edad; es decir, que según el informe psicológico que indica con base a la declaración de  la víctima, el hecho ocurrió un año atrás aproximadamente, es decir cuando tenía 7 u 8 años.


II.3.  Del Auto de Vista impugnado.


El recurso de apelación restringida referido precedentemente, fue resuelto por Auto de Vista 42 de 06 de julio de 2017, emitido por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia, Tribunal que en el primer considerando del fallo impugnado, identificó los agravios planteados en ambos recursos de apelación restringida, señalando que la Defensoría de la Niñez y Adolescencia se adhirió a los fundamentos expuestos en el recurso de apelación restringida de la denunciante. En el segundo considerando el Ad quem, sentó las bases jurisprudenciales y legales referentes al sistema de valoración probatoria, en los cuales sustentó la resolución de las circunstancias alegadas en las apelaciones interpuestas, bajo los siguientes argumentos:


  1. Que en el octavo considerando, segundo párrafo del Auto de Vista impugnado, el Tribunal de alzada señaló que, la conclusión asumida por el Tribunal de Sentencia no contiene la fundamentación probatoria descriptiva, lo cual le obstaculizó establecer el contenido de los medios probatorios y la correcta apreciación intelectiva de la misma; asimismo, refirió que de la lectura de los hechos probados y no probados, el A quo en dicha etapa habría pasado a valorar algunas pruebas documentales y testificales de cargo; es decir, que el momento de realizar la fundamentación jurídica mencionó las pruebas como ser la denuncia, certificado médico forense, informe psicológico y social; empero, debido a la inexistente fundamentación descriptiva, no se hubiera referido a las declaraciones de los profesionales que se apersonaron al juicio y prestaron sus testimonios. Asimismo, no existiría una correcta fundamentación probatoria intelectiva y jurídica; toda vez, que el Tribunal de mérito en Sentencia no mencionó la prueba de cargo, como las declaraciones de las tres profesionales peritos que ratificaron y ampliaron sus informes en el juicio. En el mismo defecto habría incurrido respecto a la prueba de descargo, que no habría sido mencionada en Sentencia; sin embargo, el referido fallo se sustentaría en supuestas contradicciones de los testigos de descargo Sandra choque Miranda y Asunta Justiniano Miranda-, resultando un fallo incongruente al no haber descrito la mencionada prueba y al tomar en cuenta la misma para establecer las contradicciones, tampoco habría mencionado en la fundamentación descriptiva, los documentos de descargo.


Que en el caso de autos sería necesario realizar la fundamentación probatoria descriptiva, para establecer qué pruebas fueron producidas y cuál fue el valor que le dio el A quo; es decir, que el Tribunal de Sentencia debió describir la prueba para realizar una correcta fundamentación probatoria intelectiva y jurídica.


Refirió que el Tribunal de Sentencia al no haber realizado la fundamentación probatoria descriptiva, no hizo una correcta fundamentación intelectiva ni jurídica, pues la fundamentación relativa a la comisión del hecho y la absolución del acusado, carecería de fundamentos concisos y claros, del porqué llegaron a la conclusión de que la prueba era insuficiente, cuando la prueba no había sido descrita ni mencionada en algunos casos como las declaraciones del médico forense, el psicólogo y el trabajador social, siendo insuficiente que el de mérito en su fundamentación refiera que las pruebas fueron contradictorias, cuando no se describió el contenido de las mismas.


En la Sentencia, tampoco existiría la fundamentación probatoria intelectiva individual, acto en el cual el de mérito debe señalar porque razón una prueba merece crédito y cómo la vincula con los demás elementos, pues en la Sentencia apelada no se habría dado razones que justifiquen porque las pruebas de cargo no merecen credibilidad y menos se habrían pronunciado sobre las pruebas testificales, periciales, tampoco se establecería el análisis integral de todas las pruebas.


Que, la fundamentación jurídica tampoco permitiría comprender las razones de la absolución del acusado; por lo que los defectos encontrados en la fundamentación de la prueba, serían absolutos conforme lo previsto por el art. 169 inc. 3) del CPP; toda vez, que el de alzada no puede suplir esa falta de fundamentación; el defecto de la sentencia en la fundamentación probatoria y jurídica, haría innecesaria la verificación de los demás defectos denunciados y fundados el inc. 6) del art. 370 del CPP, pues el defecto advertido, no permitiría considerar una valoración defectuosa de la prueba.


  1. Por otro lado, establece que el Tribunal de Sentencia también incurrió en el defecto previsto por el inc. 10 del art. 370 del CPP; toda vez, que del acta de juicio oral de 16 de noviembre del 2016, cursante de fs. 497 a 502, se tendría que él A quo, había dispuesto pasar a deliberar; sin embargo, no constaría los resultados del mismo o la constancia de la lectura de la parte resolutiva del fallo, registrándose en antecedentes a fs. 503, el acta de lectura integra de la Sentencia del 22 de noviembre del 2016, correspondiendo anular totalmente el fallo de mérito y disponer la reposición del mismo conforme lo determinado por el art. 413 del CPP.


III. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Y VERIFICACIÓN DE POSIBLE CONTRADICCIÓN


Admitido el recurso de casación, corresponde emitir pronunciamiento de fondo, dentro de los límites establecidos en el Auto Supremo 017/2018-RA de 1 de febrero, que admitió por precedente, el motivo primero y segundo del recurso que es caso de autos.


III.1. Análisis del caso en concreto.


El recurrente denunció: 1. que el Tribunal de apelación vulneró los principios de in dubio pro reo, igualdad e inmediación, por dos razones: a) Hizo un nuevo examen crítico de los medios de prueba; y, b) Que, el defecto en la fundamentación y mala valoración de la prueba, no afecta el fondo de la Sentencia que a decir del apelante se encontraba debidamente estructurada. 2. Que, el Tribunal de apelación incurrió en incongruencia, al revalorar la prueba y fundamentar aspectos que no fueron alegados por los apelantes.


  1. En cuanto a la primera circunstancia identificada en el punto 1 del párrafo que precede, la apelante invocó como precedente:


El Auto Supremo 257 de 1 de agosto del 2006, dictado dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y otro contra Jason Ángulo Jaimes y otro, por la comisión del delito de Asesinato, tuvo como hechos reales, la constatación por parte del Tribunal de casación, de que el Tribunal de alzada a tiempo de emitir el Auto de Vista impugnado; por un lado, incurrió en revaloración de prueba; y por otro, dispuso la reposición del juicio para que se tome las declaraciones testificales de descargo cuyo contenido no cambiaría el resultado del fallo de mérito, en virtud a que dicho testimonio estaba destinado a establecer la forma del allanamiento, prueba que habría sido excluida, lo cual motivó la emisión de la siguiente doctrina legal aplicable:


Que, de acuerdo a la nueva filosofía de la Ley 1970 y a la línea doctrinal sentada por este Alto Tribunal de Justicia, la apelación restringida es el medio legal para impugnar errores de procedimiento o de aplicación de normas sustantivas en los que se hubiera incurrido durante la sustanciación del juicio o la sentencia por errores `in judicando´ o `in procedendo´; no siendo el medio jerárquico para revalorizar la prueba o revisar las cuestiones de hecho que hacen los Jueces o Tribunales inferiores, sino para garantizar los derechos y garantías constitucionales, los Tratados Internacionales, el debido proceso y la correcta aplicación de la ley caso en que necesariamente debe preservar y restablecer los derechos y garantías que se hubieran lesionado. Por ello no existe la doble instancia y el Tribunal de alzada se encuentra obligado a ajustar su actividad jurisdiccional a las directrices establecidas en los artículos 413 y 414 del Código de Procedimiento Penal vigente, como el caso de Autos que el Tribunal de alzada `revaloriza la prueba documental referente a actas del juicio oral´.


De la misma manera es preciso que el Tribunal de apelación tome en cuenta que la `anulación del proceso´ debe disponerse por violación a derechos fundamentales constitucionales que den lugar en el reenvió para una posible solución diferente a la establecida en sentencia, en consecuencia el defecto procesal insubsanable que acarrea `violación a la garantía constitucional del debido proceso´ debe ser de tal magnitud que permita subsanarse en el juicio de reenvío la posibilidad de un cambio radical en sentencia respecto de la decisión judicial final del juicio oral de `absolución o condena´. Lo contrario significaría anular el proceso oral para llegar al mismo resultado en perjuicio de ambas partes procesales y, sobretodo, del `principio de economía procesal´.

Existiendo una situación análoga entre la relación fáctica del precedente invocado y el primer motivo de casación Que el Ad quem, revaloró prueba y no consideró que el defecto de sentencia verificado, no afecta el fondo del fallo de mérito-; corresponde ingresar al análisis de la circunstancia alegada, y establecer la existencia o no de la contradicción denunciada.


En cuanto, al aspecto identificado en el inc. a) del punto 1 del primer párrafo del presente acápite, por el cual el acusado denunció que el Tribunal de apelación en inobservancia de la doctrina legal sentada por el precedente invocado, revaloró la prueba consistente en la declaración de los testigos de cargo, el certificado médico forense, informe psicológico y social.


La doctrina legal señalada por el precedente descrito, estableció que el recurso de apelación restringida no es un medio jerárquico para revalorar prueba o revisar cuestiones de hecho, sino un mecanismo para garantizar los derechos y garantías constitucionales, Tratados Internacionales, el debido proceso y la correcta aplicación de la ley. En el caso de autos y conforme lo descrito en el inc. 1) del acápite II.3 de la presente resolución, el Ad quem afirmó que la Sentencia no contiene la fundamentación probatoria descriptiva, lo cual le impidió ejercer control sobre la apreciación intelectiva de la misma; a momento de realizar dicha observación que consideró como defecto absoluto, también manifestó que el Tribunal de mérito, en la fundamentación jurídica de su fallo mencionó las pruebas consistentes en la denuncia, certificado médico forense, informe psicológico y social, sin embargo, no se refirió al testimonio prestado en juicio oral por los profesionales que emitieron dichos informes; agregó que, la fundamentación probatoria descriptiva es indispensable a efectos de tener conocimiento de las pruebas producidas y el valor que le otorgó el Tribunal de mérito, esta falta de fundamentación habría incidido en una incorrecta fundamentación intelectiva y jurídica, pues la misma no contendría fundamentos concisos y claros de la razón del fallo. El defecto advertido, fue considerado por el Ad quem, al tenor de lo dispuesto por el inc. 3) del art. 169 del CPP, como inconvalidable, al no poder suplir dicha deficiencia; toda vez, que el mismo también le impide ejercer control sobre la valoración probatoria ejercida por el Tribunal de Sentencia, ante la denuncia de defectuosa valoración probatoria.


En la fundamentación expuesta por el Tribunal de apelación, se advierte que el mismo hizo referencia al certificado médico forense, informe psicológico y social, señalando que los mencionados informes fueron ratificados y complementados en juicio oral por los profesionales que los elaboraron; empero, que dichos testimonios no constarían en la Sentencia, la cual carece de la fundamentación probatoria descriptiva. Es decir, que no existe una revaloración de los medios probatorios señalados, no siendo evidente lo acusado por el imputado, pues en todo el octavo considerando del Auto de Vista impugnado, destinado a la resolución del motivo de apelación restringida, no se advierte la exposición de argumentos que revelen que el Ad quem haya otorgado algún valor positivo o negativo a la prueba, tampoco se advierte la existencia de algún argumento que revele una revaloración conjunta de la prueba referida.

En cuanto, al segundo aspecto identificado en el inc. b) del punto 1 del motivo en análisis, por el cual el acusado refiere que el defecto de sentencia observado por el Tribunal de apelación no afecta al fondo del Auto de Vista. Es oportuno hacer referencia a la jurisprudencia emitida por este Tribunal, sobre la importancia de la fundamentación probatoria, acerca de la cual entre otras resoluciones se encuentra el Auto Supremo 354/2014-RRC de 30 de julio, que dispuso: “Respecto a la Sentencia, el sistema procesal penal, impone requisitos esenciales de forma y contenido, que se encuentran descritos en el art. 360 del CPP, concordante con los arts. 124 y 173 del mismo cuerpo legal; exigencias, de las que se establece la estructura básica de la Resolución de mérito, que debe encontrarse debidamente fundamentada y motivada.


En lo atinente al objeto del recurso en examen, el inc. 2) del art. 360 del CPP, señala que la Sentencia debe contener la enunciación del hecho y circunstancias que hayan sido objeto del juicio; es decir, debe contener la relación de los hechos que dieron origen al proceso, además de todas las circunstancias que se consideran probadas (fundamentación fáctica),  que inexcusablemente deben encontrarse apropiadamente sustentadas por los medios probatorios incorporados legalmente al juicio y que deben ser descritos de forma individual en la Sentencia (fundamentación probatoria descriptiva), cuya valoración requiere, conforme el art. 173 del CPP, que el Juez o Tribunal asigne el valor correspondiente, a cada uno de los medios de prueba, aplicando las reglas de la sana crítica, justificando y fundamentando adecuadamente las razones por las cuales otorga un determinado valor (positivo, negativo, relevante, irrelevante, útil, pertinente, etc.), para posteriormente, vincular cada medio de prueba y con base en la apreciación conjunta y armónica del elenco probatorio producido, emitir el fallo correspondiente (fundamentación probatoria intelectiva).


En la parte dispositiva del fallo, conforme establece el art. 360 inc. 4) del CPP, el juzgador debe justificar normativamente la decisión; es decir, debe citar, las normas aplicables y en caso de emitirse Sentencia condenatoria de acuerdo al art. 365 del CPP, el juzgador debe fijar con precisión la sanción correspondiente, con base en los arts. 37, 38, 39, 40, 40 bis del CP -los últimos, cuando corresponda- tomando en cuenta las atenuantes y agravantes que concurran (fundamentación jurídica).


De lo anterior se tiene que la Sentencia debe estar estructurada de la siguiente forma: a) Fundamentación fáctica; b) Fundamentación probatoria que debe ser descriptiva e intelectiva (la última implica valoración individual y conjunta de la prueba) y; c) Fundamentación jurídica. La ausencia de cualquiera de las formas de fundamentación en el fallo, importa falta de fundamentación de la Resolución en infracción con el art. 124 del CPP; sin embargo, no toda omisión o defecto en la fundamentación implica defecto absoluto, sino, únicamente aquellos vinculados con la inmediación de la prueba, pues, la indebida fundamentación jurídica o su ausencia, en cuanto a la imposición de la pena, al corresponder a un momento posterior a la valoración de la prueba, puede ser objeto de corrección o complementación en grado de apelación, conforme establece el art. 314 del CPP, sobre la base de las conclusiones a las que arribó el juez o Tribunal sentenciador, respecto a la existencia del hecho, la participación del encausado y su culpabilidad en el hecho juzgado.


En cuanto a la fundamentación probatoria, siendo el juzgador de mérito, el único facultado para valorar prueba, la ausencia de fundamentación, sea descriptiva o intelectiva, implica defecto absoluto inconvalidable, toda vez que, conforme el vigente sistema recursivo, el Tribunal de alzada no puede suplir la fundamentación probatoria, porque ello implica valoración de la prueba; pues, la falta de fundamentación descriptiva sobre alguna de las pruebas, impide el control sobre ella. De la misma forma, la ausencia de fundamentación intelectiva, imposibilita verificar, si la valoración de la prueba, sea individual o conjunta, se hizo en correcta aplicación de las reglas de la sana crítica.” (las negrillas y subrayado son nuestros).


De lo redactado en el acápite II.1 del presente fallo, se establece que la estructura adoptada en la Sentencia no cumplió con la fundamentación probatoria descriptiva, la cual conforme la doctrina legal citada y transcrita parcialmente en el párrafo que precede, es fundamental a objeto de dar la posibilidad al Tribunal de apelación, de ejercer control de legalidad y logicidad de la Sentencia, descartando que en el fallo de mérito se hubiese incurrido en errores en la apreciación de la prueba, los cuales a decir de Orlando Rodríguez en su obra “Casación y Revisión Penal”, tienen tres modalidades: “falso juicio de existencia, porque omite apreciar una prueba que obra en el proceso o porque la supone existente sin estarlo; falso juicio de identidad, cuando no obstante considerarla legal y oportunamente allegada, al fijar su contenido la distorsiona, cercena o adiciona en su expresión fáctica, haciéndola producir efectos que objetivamente no se establecen de ella, falso juicio de raciocinio, cuando el juzgador de instancia, sin cometer ninguno de los anteriores errores y existiendo la prueba, la aprecia en su exacta dimensión fáctica, pero al asignarle su mérito persuasivo viola los postulados de la lógica, las leyes de la ciencia o las reglas de la experiencia, es decir los principios de la sana crítica como método de valoración probatoria.”


En el caso de autos, el Tribunal de apelación de manera concreta clara y lógica, estableció que la falta de fundamentación descriptiva de la prueba; es decir, la omisión de la descripción del contenido de la prueba documental y testifical, le impidieron resolver el agravio planteado en apelación restringida, que fue fundado en la existencia del defecto de Sentencia, previsto por el inc. 6) del art. 370 del CPP, por valoración defectuosa de la prueba; al no poder ejercer control sobre el iter lógico seguido por el A quo, descartando la existencia de los posibles errores en la apreciación intelectiva de la prueba; argumento del Tribunal de apelación que es correcto, pues al haber el Tribunal de mérito suprimido esta parte estructural de la Sentencia, imposibilitó al Ad quem ejercer control sobre el acierto de su resolución; empero, además no logra el convencimiento de las partes y la sociedad  sobre la justicia y corrección de su decisión.


El defecto establecido por el Tribunal de apelación, también determinó la falta de fundamentación intelectiva de la prueba; es decir, la inobservancia de lo previsto por el art. 173 del CPP, que de manera taxativa señala que “El juez o tribunal asignará el valor correspondiente a cada uno de los elementos de prueba”, disposición que como estableció el Tribunal Ad quem, no fue cumplida por el Tribunal de Sentencia, pues dicha actuación debió ser realizada a  continuación de la descripción del contenido de la prueba, la cual no debe ser integra pero si en el contenido sustancial de la misma; asimismo, es correcta la observación del Tribunal de alzada, cuando señala que el A quo no hizo una descripción de la prueba testifical; sin embargo, basó su resolución en supuestas contradicciones en los testimonios de los testigos de descargo; contradicciones que el de alzada, no puede verificar por la falta de descripción probatoria.


Entre los argumentos utilizados por el apelante en el primer motivo de casación, señaló que la Sentencia se encontraría debidamente estructura; lo cual conforme lo argumentado no es evidente, pues el mismo suprimió la fundamentación probatoria descriptiva e intelectiva, asumiendo conclusiones de hecho que generan incertidumbre y sensación de arbitrariedad en la decisión adoptada. Tampoco es evidente que el defecto encontrado en la Sentencia, no afecte el fondo de la resolución y por lo cual el Ad quem, podría hacer uso de la facultad conferida por la parte in fine del art. 413 y 414 del CPP, reparando de forma directa el defecto advertido, pues como se demostró los defectos de sentencia referidos a la fundamentación son absolutos; toda vez, que el Tribunal de apelación no puede suplir la fundamentación probatoria descriptiva e intelectiva, al no haber presenciado la producción e incorporación de la prueba; es decir, no estar munido de inmediación; lo contrario afectaría la legalidad de la Sentencia, al tener que hacerse una apreciación subjetiva de la prueba, sobre el tema Fernando de la Rúa haciendo referencia a los errores de fundamentación distingue: i) Falta de motivación, sobre la cual refiere que no puede consistir, simplemente, en que el juzgador no consigne por escrito las razones que lo determinan al declarar una concreta voluntad de la ley material que aplica, sino también en no razonar sobre los elementos introducidos en el proceso de acuerdo con el sistema impuesto por la ley procesal, esto es en no dar razones suficientes para legitimar la parte resolutiva de la sentencia; ii) Insuficiente motivación, que no deja a la resolución privada de fundamentos eficaces. La ley manda que la sentencia sea motivada, pero el pronunciamiento es fulminado con nulidad, únicamente cuando falta la motivación, no cuando ella es sólo imperfecta o defectuosa; iii) Motivación contradictoria, que a decir de dicho autor se reconduce a la falta de motivación, porque los fundamentos contradictorios se destruyen recíprocamente y dejan al pronunciamiento sin sustentación legal.


  1. Respecto a la circunstancia alegada en el segundo agravio planteado en casación y que fue identificado en el punto 2 del primer párrafo del presente acápite; se establece que el acusado a tiempo de reiterar que el Tribunal de apelación revaloró prueba sin identificar la misma- y que fundamentó su resolución en cuestiones que no fueron mencionadas por los apelantes, invocó como precedentes contradictorios:


       El Auto Supremo 411 de 20 de octubre de 2006, emitido dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y otros contra FYA por la presunta comisión de los delitos de Malversación y Peculado, que tuvo como hechos fácticos que el Tribunal de apelación no circunscribió su resolución a lo previsto por los arts. 124 y 398 del CPP, al no haberse pronunciado sobre todos los agravios planteados en el recurso de apelación restringida; motivando la emisión de la siguiente doctrina legal aplicable:


Al no haberse pronunciado el tribunal a quo sobre todos los motivos en los que se fundaron el recurso de apelación restringida deducido por el procesado, sin que del conjunto del Auto de Vista pueda inferirse una respuesta fáctica a los mismos, hace evidente un vicio de incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio), y en consecuencia la infracción del principio tantum devolutum quantum apellatum, y al deber de fundamentación.


Esta actividad se constituye en vicio absoluto que atenta contra al derecho a la defensa y al debido proceso, debiendo la autoridad jurisdiccional dictar sus resoluciones respondiendo efectivamente a las cuestiones planteadas por los recurrentes, cuya omisión constituye un defecto de la resolución que no puede convalidarse, correspondiendo en consecuencia dejar sin efecto el fallo recurrido de casación.


Similar entendimiento fue asumido por los Autos Supremo 6 de 26 de enero del 2007 y 176 de 26 de abril del 2010.


Al respecto, se establece que el recurrente en el segundo agravio planteado en casación, reitera que el Tribunal de apelación incurrió en revaloración de la prueba, aspecto que conforme los argumentos vertidos a tiempo de resolver la primera circunstancia alegada en casación, no es evidente, empero, además, en el análisis del segundo agravio planteado en casación, se advierte que el imputado no identificó la prueba que hubiese sido revalorada, por lo cual este Tribunal no cuenta con los antecedentes del supuesto agravio a fin de ejercer control sobre el defecto denunciado; finalmente no existe situación análoga entre los hechos generadores de la doctrina emitida por los precedentes invocados y la proposición jurídica realizada en el caso de autos.


Respecto al argumento de que el Tribunal de apelación se hubiese pronunciado sobre aspectos que no fueron motivo de apelación ni mencionados en los recursos de apelación restringida; de lo cual se entiende que lo que denunció el imputado fue la incongruencia externa, toda vez que el Auto de Vista impugnado contendría una resolución de aspectos que no fueron fundamentados en los recursos de apelación restringida, en inobservancia de lo previsto por el art. 398 del CPP. Se debe tener en cuenta que la circunstancia planteada carece de la exposición completa de los antecedentes generadores del defecto, toda vez que no se tiene la certeza de cuál es el fundamento del Tribunal de apelación que demuestra ese pronunciamiento ultra petita, falta de fundamentación en el recurso de casación, que este Tribunal no puede suplir, complementar o rectificar, pues lo contrario sería vulnerar el derecho a la igualdad de las partes, por lo que pese a existir una situación procesal análoga entre los precedentes invocados y el argumento general planteado en el segundo motivo de casación, este Tribunal se halla desprovisto de los argumentos necesarios para ingresar al fondo de la circunstancia planteada, y poder establecer la posible contradicción denunciada.


El Auto Supremo 359 de 26 de junio de 2009, emitido dentro del caso seguido por GFMM contra JKQE y otro, por la presunta comisión del delito de Estafa y Estelionato, tuvo como situación, que el Tribunal de apelación ordenó la reposición del juicio ante la falta de resolución de la excepción de incompetencia, en lugar de resolver el mismo haciendo uso de la facultad conferida por el art. 413 del CPP.


El Auto Supremo 272 de 4 de mayo de 2009, pronunciado dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y otro contra RCB, por la comisión del delito de Asesinato en grado de tentativa, que tuvo como situación real, la convalidación del rechazo de exclusión probatoria e incumplimiento del art. 15 de la Ley del Órgano Judicial, respecto a la obligación de los Tribunales de alzada y casación, de la revisión de oficio de defectos absolutos.


El Auto Supremo 434 de 4 de agosto del 2009, conforme la revisión del sistema de jurisprudencia de la mencionada gestión, no existe.


Los tres precedentes descritos, no pueden ser considerados en la resolución de fondo de la circunstancia alegada, toda vez que los dos primeros, no contienen una situación análoga a la planteada en el segundo agravio de casación; y, el tercero no existe, conforme la revisión realizada en el sistema de jurisprudencia de este Tribunal Supremo de Justicia.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Richard Copa Velásquez.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Edwin Aguayo Arando 

Magistrado Dr. Olvis Eguez Oliva

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos