TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 378/2018-RA

Sucre, 06 de junio de 2018


Expediente                : Tarija 2/2018

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otro

Parte Imputada        : Andrés Ortiz Vaca

Delito                : Violación de Infante, Niño, Niña o Adolescente


RESULTANDO


Por memorial presentado el 8 de febrero de 2018, cursante de fs. 108 a 110 vta., Andrés Ortiz Vaca, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 11/2018 de 24 de enero, de fs. 93 a 95, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 bis del Código Penal (CP).


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia 19/2017 de 14 de julio (fs. 57 a 61), el Tribunal Primero de Sentencia de Villa Montes del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, declaró a Andrés Ortiz Vaca, culpable de la comisión del delito de Violación de Infante, Niño, Niña o Adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 bis del CP, imponiendo la pena de veinte años de presidio.


  1. Contra la mencionada Sentencia, el imputado Andrés Ortiz Vaca, formuló recurso de apelación restringida de (fs. 64 a 67 vta.), que fue resuelto por Auto de Vista 11/2018 de 24 de enero, que declaró sin lugar el recurso planteado; en consecuencia, confirmó la Sentencia apelada, con costas y daños a calificarse en ejecución de sentencia.


  1. Por diligencia de 1 de febrero de 2018 (fs. 104), el recurrente fue notificado con el referido Auto de Vista; y, el 8 del mismo mes y año, interpuso el recurso de casación que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. SOBRE EL MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del memorial del recurso de casación, se extraen los siguientes agravios:


El recurrente señala que, interpuso su recurso de apelación restringida denunciando violación o errónea aplicación de los arts. 6, 133 y 135 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 115 y 116 de la Constitución Política del Estado (CPE), por existir defectos o vicios de la Sentencia, conforme lo señalado por el art. 370 incs. 1) y 6) del CPP; toda vez, que se habría evidenciado una valoración defectuosa de la prueba, lo que constituiría una violación a la seguridad jurídica, legítima defensa en juicio, debido proceso, presunción de inocencia y derecho a la petición.

Señala también como disposiciones vulneradas o erróneamente aplicadas los arts. 173, 6, 13, 124 del CPP, reiterando los arts. 115 y 116 de la CPE, bajo el argumento que se habría valorado de manera defectuosa la prueba testifical de la menor M.E.G.I. al haberse consignado en la Sentencia palabras o hechos que nunca refirió. Aduce que, no se emitió pronunciamiento sobre la totalidad de los medios probatorios, como tampoco no se valoró de forma íntegra; refiere valoración defectuosa del contenido de la declaración de la testigo de cargo Ángela Guayabe Tayumbe, ya que ésta en ningún momento habría referido que la menor fue abusada sexualmente por el acusado; asimismo, advierte que, lo manifestado por la psicóloga de la Defensoría de la Niñez no habría sido corroborado con la declaración de la menor; señala que, la prueba documental MP-1 y MP-4 son documentos que no determinarían la participación del acusado en la comisión del hecho, al no haber sido ratificados con la declaración de la menor en juicio; afirma que el certificado médico forense no determinaría la culpabilidad del acusado, al referir solamente la existencia de un desgarro sin identificar al autor del hecho; refiere que las declaraciones testificales de Sergio Leopoldo Gallo Sandoval y Gladys Cristina Sandoval Costilla dan cuenta que el acusado no viviría en Tarairí desde hace dos años; aspectos que beneficiarían al imputado por existir una valoración errónea de la prueba, omitiendo aspectos favorables al acusado, pues por la prueba aportada existiría duda razonable, debiendo haberse aplicado el in dubio pro reo, observando además las reglas de la presunción de inocencia.


III.        REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)          Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)         Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)         Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos se advierte que el recurrente fue notificado con el Auto de Vista impugnado el 1 de febrero de 2018, interponiendo su recurso de casación el 8 del mismo mes y año; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que le otorga la ley, en cumplimiento del requisito temporal exigido por el art. 417 del CPP, por lo que corresponde verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.


Se advierte de la revisión de antecedentes que, el recurrente no invocó precedente contradictorio alguno a momento de interponer el recurso de casación, en consecuencia, no cumplió con la carga procesal de exponer en qué consistiría la contradicción en la que hubiere incurrido el Auto de Vista recurrido respecto de algún precedente jurisprudencial en los términos exigidos por el segundo párrafo del art. 417 del CPP, aspecto que impide a este Tribunal Supremo realizar la labor que le encomienda la ley; toda vez, que esta omisión no puede ser suplida de oficio.


Con relación a los agravios traídos en casación, se tiene que el recurrente pasando por alto el Auto de Vista impugnado, replica de forma idéntica los reclamos de su apelación restringida, pretendiendo a título de una errónea valoración de la prueba que hubiera beneficiado al encausado, que esta Sala Penal ingrese a valorar nuevamente la prueba producida en juicio, sin tomar en cuenta que esa labor le compete únicamente al Tribunal de Sentencia; advirtiéndose en consecuencia que, el impetrante no cumplió con los requisitos de admisibilidad comprendidos en el art. 417 del CPP, de la misma manera tampoco cumple con los criterios de flexibilización explicados en el acápite anterior de la presente Resolución, situación que imposibilita la apertura extraordinaria respecto a la problemática planteada y expuesta precedentemente, por lo que el presente recurso de casación resulta inadmisible.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Andrés Ortiz Vaca, de fs. 108 a 110 vta. 


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos