TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 373/2018-RRC

Sucre, 05 de junio de 2018


Expediente                        La Paz 75/2017

Parte Acusadora                José Carlos Zariza Carpio y otra

Parte Imputada                : Gregorio Quispe Huayhua y otros

Delitos                        Despojo y otros

Magistrado Relator        : Dr. Olvis Eguez Oliva        


RESULTANDO


Por memorial presentado el 8 de mayo del 2017, cursantes de fs. 1193 a  1204 y 1242 a 1247, José Carlos Zariza Carpio y Teresa Jesús Torrez Torrez, interponen recursos de casación, impugnando el Auto de Vista 45/2016 de 5 de diciembre, de fs. 1142 a 1149, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por los recurrentes contra Gregorio Quispe Huayhua, Gregoria Mayta Poma, Clemente Mayta, Hilda Poma Pujro y Bernardo Cuentas Fernández, por la presunta comisión de los delitos de Despojo, Perturbación de Posesión y Daño Simple, previstos y sancionados por los arts. 351, 353 y 357 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1 Antecedentes.


  1. Por Sentencia 130/2014 de 11 de agosto (fs. 940 a 944), la Juez Segundo de Partido y Sentencia de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a Gregorio Quispe Huayhua, Gregoria Mayta Poma, Clemente Mayta, Hilda Poma Pujro, absueltos de la comisión de los delitos de Despojo, Perturbación de Posesión y Daño Simple, previstos y sancionados por  los arts. 353 y 358 del CP.


  1. Contra la mencionada Sentencia, los querellantes Teresa Jesús Torrez Torrez (fs. 984 a 990) y José Carlos Zariza (fs. 991 a 1003 vta.), interpusieron recursos de apelación restringida, resueltos por Auto de Vista 40/2015 de 17 de junio (fs. 1029 a 1032), que fue dejado sin efecto por Auto Supremo 308/2016-RRC de 21 de abril (fs. 1121 a 1132); en cuyo mérito, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió el Auto de Vista 45/2016 de 5 de diciembre, que declaró improcedentes las cuestiones planteadas en el recurso, en cuya virtud confirmó la Sentencia apelada, motivando la interposición del presente recurso de casación. 


I.1.1. Motivos del recurso de casación.


Del memorial del recurso de casación y del Auto Supremo 12/2018-RA de 1 de febrero, se extraen los siguientes motivos a ser analizados en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


I.1.1.1. Del recurso de José Carlos Zariza Carpio.


  1. Denuncia que el Tribunal de apelación, infringió la doctrina legal establecida en el Auto Supremo 308/2016-RRC de 21 de abril, dictada dentro del presente caso de autos, al dictar de manera directa el Auto de Vista 45/2016 de 5 de diciembre del 2015, sin darles la oportunidad de subsanar los defectos formales de sus recursos de apelación restringida, transgrediendo el art. 399 del CPP, vulnerando lo dispuesto por el art. 420 de la norma adjetiva penal, al no cumplir la doctrina señalada, así como su derecho al debido proceso en su componente legalidad procesal, tutela judicial efectiva y principio de seguridad jurídica, tutelados por los arts. 115 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE), incurriendo en defecto absoluto previsto por el art. 169 inc. 3) del CPP.


  1. Denuncia que el Auto de Vista impugnado, viola la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el principio de seguridad jurídica, por inobservancia de los arts. 124 y 398 del CPP, además de incumplir la doctrina legal establecida por el Auto Supremo 308/2016-RRC de 21 de abril, también sería contrario a lo establecido por los Autos Supremos 52 de 19 de marzo de 2012 y 8 de 26 de enero del 2007, que habrían establecido que los argumentos evasivos, confusos, arbitrarios o contradictorios, constituyen vicio de incongruencia omisiva, tal como acontece en el caso de autos, pues en la resolución impugnada en los numerales 4.1, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.2 y 4.1 del apartado 4to del considerando IV, no existiría una respuesta clara y precisa de todos los agravios expuestos en su recurso, lo cual según el querellante vulneraría lo previsto por los arts. 124 y 398 del CPP, toda vez que el Tribunal de apelación no había resuelto las siguientes proposiciones jurídicas: i) Los motivos primero, tercero, cuarto y sexto, de su recurso de apelación restringida, fundados en la supuesta existencia de los defectos de sentencia previstos por los incs. 3), 6) y 11) del art. 370 de la norma adjetiva penal e inobservancia y violación del art. 173 de la norma referida, y sobre los cuales el Tribunal de alzada en el punto 4.1. apartado 4to del considerando IV de la resolución impugnada, argumentó que son idénticos a los planteamientos esgrimidos por la querellante Teresa Jesús Torrez Torrez y  en cuanto al defecto de sentencia previsto por el inc. 3) del art. 370 del CPP, el de mérito había efectuado un resumen de los hechos, tomando en cuenta la querella y acusación particular, en los que el apelante mencionó que los actos ilícitos ocurrieron el 20 de junio, 31 de octubre y 1 de noviembre, todos del 2010; por otro lado, en la misma querella y auto de apertura del proceso, se indicaría también el 6 de mayo, que en la exposición de motivos de derecho de la sentencia, se efectuó un contraste de la prueba y la subsunción de la conducta de los acusados en los tipos penales de Despojo, Perturbación de Posesión y Daño Simple, concluyendo que la conducta de los sindicados no encuadra a los referidos tipos penales, razonamiento de la Juez de mérito que sería claro y coherente con los datos y pruebas presentadas por las partes. La referida conclusión del Tribunal de apelación, a decir del recurrente sería genérica y carente de fundamentación, al no expresar las razones o evidencias específicas que sustenten y permitan derivarla, no respondería de forma precisa y fundamentada los motivos alegados en apelación, pues en la enunciación del hecho, no se determinaría si en la sentencia se enunció si el hecho objeto de juicio ocurrió el 20 de junio y la madrugada el 1 de noviembre del 2010. En cuanto, a los motivos tercero, cuarto y sexto, no existiría explicación y justificación que refiera si la sentencia carece o no de fundamentación fáctica, probatoria descriptiva, probatoria intelectiva y fundamentación jurídica, lo mismo ocurriría en cuanto a la inobservancia y violación del art. 173 del CPP, la defectuosa valoración probatoria y si se basa o no en hechos impertinentes o inobservancia de las reglas de congruencia entre la acusación y la sentencia,  por lo que refiere que el Auto de Vista impugnado incurre en incongruencia omisiva; ii) En cuanto al segundo agravio planteado en el recurso de apelación restringida, por el cual argumentó que la sentencia inobservó y violó los arts. 124 y 360 inc. 3) del CPP, incurriendo en el defecto previsto por el inc. 5) del art. 370 de la norma adjetiva penal, porque carecería de fundamentación fáctica, probatoria y jurídica, defectos sobre los cuales el Tribunal de alzada en el Auto de Vista impugnado, en el punto 4.1.2 del apartado IV del considerando IV, habría argumentado que como querellantes, no demostraron ante la Juez de mérito, su pretensión punitiva, señalando las pruebas pertinentes para tomar convicción de los hechos y la responsabilidad de los acusados; argumento del Tribunal de alzada, que el recurrente considera genérico, inconsistente e infundado, al no tener respaldo con la identificación de los antecedentes del proceso, pruebas y hechos que fueron objeto de juicio, además de no pronunciarse de forma razonada, motivada y técnica, sobre si la Sentencia carece o no de fundamentación fáctica, descriptiva y valorativa, motivos que tendrían características propias que merecen dilucidarse de forma separada; iii) Respecto al séptimo motivo de su recurso de alzada, fundado en que el de mérito incurrió en errónea aplicación de la norma sustantiva, en cuanto, al tipo penal previsto por el art. 351 del CP; por cuanto, no obstante de establecer que el hoy recurrente es propietario del inmueble y que el mismo se encuentra ocupado por el imputado Gregorio Quispe, declaró absuelto al referido acusado; el de alzada, en el punto 4.1.2 apartado 4 del considerando IV del Auto de Vista, alegó que para la comisión del tipo penal de Despojo, debe existir el desplazamiento del sujeto pasivo o el impedimento para realizar actos propios de ocupación que vendría ejerciendo; aspecto que, el querellante no manifestaría, por lo que la actuación del Juez de mérito estaría de acuerdo a la norma procesal vigente, realizando una valoración lógica jurídica de acuerdo a la ley sustantiva vigente, por otro lado, a decir del Tribunal de alzada, la querellante señaló tres fechas distintas de manera genérica para los tres delitos acusados y en el punto 4.1.3 del mismo apartado del considerando referido, el Tribunal de apelación manifestaría que el delito de Perturbación de Posesión, previsto por el art. 353 del CP, tiene como verbo rector perturbar la quieta y pacífica posesión, por lo que también era condición sine qua non demostrar la pacífica posesión; empero, la prueba producida en juicio no hubiera sido idónea para demostrar ese hecho, al igual que para la demostración de la Perturbación de Posesión. En el punto 4.2 apartado 4.2 del considerando IV, el Tribunal de apelación, había reiterado los argumentos del punto 4.1.2 y en el punto 4.1 del considerando referido de la resolución impugnada, el de alzada alegaría que el pago de impuestos y servicios básicos del inmueble, no demuestran posesión sino simples actos de administración; argumentos de Tribunal de apelación, que a decir del recurrente, son infundados e impertinentes, al no responder al fondo del séptimo agravio, pues no explicaría las razones en las que sustenta sus afirmaciones, menos explicaría si existe o no aplicación errónea del art. 351 del CP, argumentos que además de ser confusos serían reiterativos y eludirían responder el agravio referido, constituyendo también una revaloración de las pruebas, como la inspección ocular, testificales y documentales, al establecer que el recurrente no estaba en posesión del inmueble motivo de la Litis, afirmaciones que serían falsas e ilegítimas; y, iv) Sobre el quinto y octavo motivo del recurso de apelación restringida, el primero fundado en la existencia del defecto de sentencia previsto por el inc. 6) del art. 370 del CPP, por basarse en hechos no acreditados, al afirmar que  los títulos de propiedad de los querellantes estarían observados por supuesta falsedad, que el terreno en cuestión es pro-indiviso y que los imputados no transgredieron el derecho de propiedad de los querellantes; y, el octavo, basado en el supuesto de que la sentencia incurrió en defecto absoluto por vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva, debido proceso y seguridad jurídica, tutelados por los arts. 180.II, 115.I y II, y 178.I de la CPE, por carecer de fundamentación fáctica, probatoria y jurídica, por falta de valoración completa e íntegra de toda la prueba de descargo, conculcando lo dispuesto por los arts. 124, 173, 360 y 370 del CP, agravios sobre los cuales no existiría resolución en el Auto de Vista impugnado. Los argumentos expuestos, evidenciarían que el Tribunal de apelación omitió y eludió arbitrariamente, pronunciarse sobre los “nueve” agravios planteados en su recurso de apelación restringida, incurriendo en el defecto absoluto previstos por el art. 169 inc. 3) del CPP, por quebrantar los arts. 124 y 398 de la norma adjetiva penal, por vulnerar su derecho a recurrir, tutela judicial efectiva y debido proceso y el principio de seguridad jurídica, tutelados por los arts. 180.II, 115.I y II, y 178.I de la CPE; asimismo, el Tribunal de alzada incidiría en falta de fundamentación y motivación que le permita conocer con certeza y objetividad cuales fueron las razones para desestimar las denuncias expuestas en su recurso de apelación restringida, tal como estableció éste Tribunal a través del Auto Supremo 308/2016 de 21 de abril del 2016, vulnerando la segunda parte del art. 420 del CPP.


  1. Denuncia también que el Tribunal de apelación en el Auto de Vista impugnado en el punto 4.1.4 apartado IV del considerando IV, en cuanto al delito de Daño Simple, hizo cuestionamientos que advertirían que el de alzada observó que el recurso de apelación restringida adolece de defectos de forma en la fundamentación sobre el referido delito, por lo que a decir del recurrente correspondía que el Tribunal de apelación, aplique el art. 399 del CPP; empero, al no haberlo hecho, se contrapondría a lo dispuesto por los Autos Supremos 371/2013 de 23 de diciembre, 102/2004 de 1 de abril, 567/04 de 1 de octubre de 2004 y 59/2012 de 30 de marzo, al no haberle dado la oportunidad de subsanar los defectos formales, vulnerando el art. 399 del CPP, incurriendo en defecto absoluto previsto por el art. 169 inc. 3) del CPP, por suprimir su derecho al debido proceso en su elemento de legalidad y tutela judicial efectiva, protegidos por el art. 115.I y II de la CPE, declarando el motivo referido, improcedente por defectos formales, dejándole en incertidumbre e inseguridad jurídica.


  1. Argumenta que conforme la doctrina señalada por los Autos Supremos 200/2012-RRC de 24 de agosto y 226/2014 de 24 de junio, el Tribunal de apelación no tiene facultades para revalorar prueba; sin embargo, en el Auto de Vista impugnado, en el punto 4.1.3 del apartado 4to del considerando IV, el Tribunal de apelación refiriéndose al tipo penal de Perturbación de Posesión, incurrió en el referido defecto al señalar que las pruebas testificales y documentales, no fueron idóneos para demostrar el hecho y que en apelación, el querellante tampoco identificó la prueba idónea para demostrar la comisión del referido delito; en el punto 41.1 del mismo apartado, el Tribunal de alzada habría valorado su título de propiedad, documentos de pago de impuestos y servicios básicos, concluyendo que los mismos sólo demostrarían actos de administración, hechos que a decir del recurrente, demuestran la revaloración de la prueba consistente en la inspección ocular, pruebas testificales y documentales, para concluir que el querellante no tenía posesión sobre el inmueble y que por tanto los acusados no cometieron los delitos de Despojo y Perturbación de Posesión; vulnerando a decir del recurrente, su derecho al debido proceso tutelado por el art. 115.II de la CPE, e ingresando en el defecto absoluto previsto por el inc. 3) del art. 169 del CPP.


I.1.1.2. Del recurso de Teresa Jesús Torrez Torrez.


  1. Denuncia que el Tribunal de apelación, no dio cumplimiento a la doctrina legal aplicable emitida por el Auto Supremo 308/2016-RRC de 21 de abril, dictado dentro del presente caso, que estableció que si la apelación restringida de Teresa Jesús Torrez Torrez y el querellante José Carlos Zariza, tienen falencias formales, tiene el deber de aplicar en favor de ambas partes, lo preceptuado por el art. 399 del CPP, en sujeción al principio de igualdad de las partes; sin embargo, el Tribunal de alzada apartándose de la referida doctrina e inobservando lo dispuesto por el segundo párrafo del art. 420 del CPP, había dictado la resolución ahora impugnada, sin otorgarle el plazo previsto por ley para subsanar los defectos formales de su apelación, vulnerando además de las normas adjetivas señaladas, su derecho al debido proceso en su componente de legalidad procesal, tutela judicial efectiva y quebrantó el principio de seguridad jurídica, tutelados por los arts. 115 y 180 de la CPE, incurriendo en defecto absoluto inconvalidable conforme lo previsto por el art. 169 inc. 3) del CPP.


  1. Haciendo remembranza de la ratio decidendi de los Autos Supremos 371/2013 de 23 de diciembre, 102 de 1 de abril del 2005 y citando los Autos Supremos 567/04 de 1 de octubre de 2004 y 59/2012 de 30 de marzo, refiere que el Auto de Vista impugnado, en el punto 3.1 del apartado 3ro del considerando IV, haciendo mención de los requisitos para la presentación del recurso de apelación restringida, argumentó que el recurso interpuesto por la recurrente, no sería claro ni específico; en el punto 3.4 de la resolución referida, el Tribunal de apelación, habría manifestado que la apelante a tiempo de alegar que el Juez de mérito no valoró de forma adecuada el numeral “121 del art. 370 del CPP” (sic), no señaló en que parte de la sentencia estaría la incongruencia con la acusación; y finalmente, en el punto 3.5 respecto a la denuncia de carencia de fundamentación y motivación, la recurrente no habría establecido cual es la fundamentación que realizó el Juez de mérito, limitándose a hacer mención a la Sentencia Constitucional 0436/2010 y 0936/06; argumentos del Tribunal de apelación que la recurrente observa señalando que no existiría en la resolución impugnada, un pronunciamiento sobre los agravios, pues con el argumento de la existencia de defectos de forma o falta de fundamentación en el recurso de apelación restringida, vulneraría el art. 399 del CPP y la doctrina establecida por los precedentes transcritos parcialmente y los citados, al no darle la oportunidad de subsanar esos defectos formales que extraña, ingresando en un defecto absoluto conforme lo previsto por el art. 169 inc. 3) del CPP, por suprimir su derecho al debido proceso en su elemento de legalidad y su derecho a la tutela judicial efectiva, protegidos por el art. 115.I y II de la CPE, por no otorgarle el derecho a subsanar su recurso de apelación restringida.  


I.1.2. Petitorio.


El recurrente solicita disponer la anulación total de la Sentencia y la reposición del juicio por otro Tribunal.


I.3. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 12/2018-RA de 1 de febrero, cursante de fs. 1255 a 1260, este Tribunal admitió los recursos de casación formulados por José Carlos Zariza Carpio, en sus cuatro motivos y Teresa Jesús Torrez Torrez, en sus motivos primero y tercero, ambos admitidos por precedentes para el análisis de fondo.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


II.1.  De la Sentencia.


Por Sentencia 130/2014 de 11 de agosto, la Juez Segundo de Partido y Sentencia de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a Gregorio Quispe Huayhua, Gregoria Mayta Poma, Clemente Mayta, Hilda Poma Pujro, absueltos de la comisión de los delitos de Despojo, Perturbación de Posesión y Daño Simple, previstos y sancionados por  los arts. 353 y 358 del CP, en base a los siguientes argumentos:


De la revisión de las pruebas testificales producidas, se llega a la conclusión que los que atestan no fueron testigos presenciales de los hechos de Despojo, Perturbación de Posesión y Daño Simple, que se habrían dado en la localidad de Achocalla. Sobre la prueba documental de cargo, se demuestra que efectivamente los querellantes serían legítimos propietarios de la parcela de terreno denominada Janco Jaque Cucho con una superficie de 5000 mts2; además, cuatro pruebas que demuestran que la propiedad habría sido transferida por su titular con el consentimiento del mismo Gregorio Quispe Huayhua a favor de las víctimas, de quien también se demostró que tiene antecedentes penales al haberse encontrado detenido en la cárcel de San Pedro.


Respecto a la prueba de descargo, la Sentencia refiere a la sobrina del imputado, quien declaró que desconoce los hechos de despojo y que sólo se acuerda que sus tíos estaban challando una casa de alado. Por otra parte, la acusadora Teresa Jesús Torrez Torrez, al momento de declarar en calidad de testigo, refiere que su esposo sería el otro acusador José Carlos Zariza Carpio; sin embargo, esta afirmación queda totalmente desvirtuada porque cursan documentos que acreditan que ambos se encuentran divorciados.


En el presente caso, los acusados no invadieron el inmueble de Jaque Cucho en la localidad de Achocalla  y el terreno con una superficie de 5000 mts², cuadrados, además que se demostró que Gregorio Quispe Huayhua de acuerdo con la prueba de cargo y descargo vivió y sigue viviendo en el inmueble de manera pacífica e ininterrumpida; tampoco de la documental se evidencia un plano, porque el terreno es proindiviso y mal se podía haber vendido 5000 mts²; toda vez, que no existiría la colindancia respectiva corriendo el riego de invadir predios de los vecinos en atención a que los referidos 5000 mts², se desprende de un total de terreno que abarcaría a 25000 mts² de superficie, y la documentación que los querellantes están detentando y que les otorga la titularidad, se encuentra observada por una supuestafalsedad en relación al supuesto reconocimiento de firmas ya que el formulario no corresponde a los números correlativos.


La parte querellante no ha demostrado que haya estado en posesión del bien inmueble motivo del litigio, tampoco ha demostrado que el acusado haya tenido otro domicilio en el cual vivía antes de habitar el inmueble motivo del presente proceso. En todo caso el acusado ha demostrado su posesión ininterrumpida por sucesión hereditaria a la muerte de su esposa de manera pacífica y sin violencia alguna; en consecuencia, la parte querellante no ha probado la posesión y que ésta la haya perdido de forma arbitraria, ilegal, con violencia, amenazas de parte de los acusados; por lo que, del análisis de toda la prueba, esta no ha probado la acusación tampoco fue suficiente para generar en la Jueza la convicción sobre la responsabilidad penal de los acusados; además, que las contradicciones en las pruebas dan lugar a duda razonable debiendo aplicarse el principio indubio pro reo debido a la indeterminación de la posesión y del derecho propietario.     

   

II.2.  De la apelación restringida.


Contra la mencionada Sentencia, Teresa Jesús Torrez Torrez y José Carlos Zariza Carpio, interpusieron recursos de apelaciones restringidas, denunciando los siguientes aspectos:


II.2.1.        Del recurso de apelación restringida de Teresa Jesús Torrez Torrez.


i.         Alega que, la Jueza ha vulnerado el principio de legalidad al haber inobservado e interpretado erróneamente la norma sustantiva, adjetiva y constitucional, siendo estos los arts. 351, 353 y 357 del CP; 12, 13, 124, 171, 172, 173, 342, 365 y 310 del CPP; 13, 56 y 180 de la CPE, al no haber fundamentado y valorado las pruebas con sana crítica, legalidad, pertinencia y al haber inventado pruebas de descargo, habiendo dictado sentencia en base a su estado civil que no estaba en tela de juicio, dejándola así en indefensión a favor de los avasalladores.


ii.         Señala que se vulneró el debido proceso en su componente tutela judicial efectiva, ya que la Jueza para confundir a los de alzada, en la Sentencia hace mención a supuestos hechos ocurridos el 2003, el 6 de mayo de 2010, señalando como fecha y año de la compra de su propiedad el 3 de mayo de 2010, cuando en realidad es el 17 diciembre de 2003; además de que juzgó hechos que no eran objeto de juicio basado en fotocopias simples obtenidos de forma ilegal que fue producido solo por el acusado Gregorio Quispe Huayhua.


iii.         Indica la vulneración al debido proceso en su componente a la valoración razonable de la prueba, ya que la Jueza hubiese realizado una defectuosa valoración de las pruebas de cargo y la remplazó con una simple relación, pues omitió mencionar y dar valor a las pruebas ordinarias y extraordinarias judicializadas; no hizo la fundamentación descriptiva, no valoró la legalidad de su obtención y su eficacia, no mencionó el contenido de las pruebas, no realizó valoración intelectiva, no procedió con el deber de analizar cada una de las pruebas producidas, ya que en la acusación se presentaron más de 26 documentos, pruebas extraordinarias y 14 testigos de los cuales 9 declararon en el juicio, pruebas que no hubiesen sido valoradas; inventándose también la juzgadora que el documento de propiedad estaría observado de falso copiando así los alegatos de la defensa.


iv         Denunció la vulneración al debido proceso en su componente congruencia entre la acusación y determinación, alegando que, la Jueza confunde las fechas de los hechos establecidos en la acusación; y, que el acusado Gregorio Quispe Huayhua, siempre ha poseído el inmueble pero contradictoriamente dice, que todos los acusados viven y tiene por domicilio en Achocalla; siendo también la Sentencia recurrida, ultrapetita, porque se ha acusado solamente para recibir la tutela judicial de la parte donde existe la construcción precaria de 4 habitaciones pero la juzgadora se dio el lujo de hacer referencia al resto de mi propiedad; además dictó Sentencia contra un rebelde, absolviéndole de culpa, cuando es imposible desarrollar el juicio oral en ausencia del acusado.


v.         Acusa de manera general que las resoluciones deben estar debidamente fundamentadas y motivadas.


vi.         Finalmente señala que, se vulneró el debido proceso en su componente igualdad procesal de las partes, ya que la Jueza favorece a la abogada de la otra parte, basándose de forma parcializada solo en la prueba de descargo ilegal de un divorcio y el cambio de nombre de su esposo, no observa por qué los acusados presentan 3 tipos de documentos de propiedad diferentes; además, los declara absueltos sin discriminar el grado de participación de cada uno de ellos, como si la defensa sería global, es así que la juzgadora debió garantizar la igualdad de condiciones.


II.2.2. Del recurso de apelación restringida de José Carlos Zariza Carpio.


El co-recurrente alegó en su recurso de apelación que, el Auto de Vista contiene distintos defectos, como ser:


1)        Defecto del art. 370 inc. 3) del CPP; por lo cual, la Sentencia no habría enunciado el tiempo en el que sucedieron los delitos denunciados.


2)         Defecto del art. 370 inc. 5) del CPP; toda vez, que la Sentencia carecería de la fundamentación fáctica; por cuanto, en ninguno de sus apartados establecería los hechos probados; descriptiva, ya que si bien enumera las pruebas de cargo y descargo; sin embargo, no describe el contenido probatorio de cada una de ellas, resultando además, la inspección ocular incompleta; intelectiva, ya que si bien cita que se produjeron las pruebas testificales de cargo; empero, no les otorga ningún valor aplicando las reglas de la sana crítica señalando si son o no creíbles y jurídicamente; por lo que, no existiría ninguna fundamentación clara ni suficiente, en la cual se realice la operación lógica de contrastación entre el hecho probado y la norma, limitándose a transcribir los arts. 351, 353 y 357 del CP, sin realizar un análisis que contraste los hechos probados con el derecho. Además la Sentencia invocaría la aplicación del art. 363 incs. 1) y 2) del CPP y el principio in dubio pro reo, lo que resultaría contradictorio, ya que la Sentencia habría absuelto aplicando el art. 363 inc. 1) del CPP; asimismo, invocó la aplicación del art. 13 del CP, sin explicar las razones de la misma; aspectos no considerados por el Tribunal de alzada, ya que, no explica, razona ni justifica si la Sentencia carece o no de la fundamentación fáctica, probatoria, descriptiva, intelectiva y jurídica.


3)         Inobservancia y violación del art. 173 del CPP; por cuanto, la prueba literal y testifical de cargo en ninguno de los apartados de la Sentencia habrían sido valorados conforme refiere el citado artículo.


4)         Valoración defectuosa de la prueba, defecto del art. 370 inc. 6) del CPP, respecto a la inspección ocular en la cual no se consideró, que el Despojo se produjo el 20 de junio de 2010, habiendo transcurrido cuatro años desde que se realizó la inspección ocular tiempo en el cual los rastros que dejaron los imputados fueron modificados.


5)         Que la Sentencia se basó en hechos no acreditados; por cuanto, alegaría que los títulos de propiedad de sus personas como querellantes estarían observados por una supuesta falsedad, que el terreno en cuestión es proindiviso.


6)         Que la Sentencia se basó en hechos impertinentes e incurre en inobservancia de las reglas relativas a la congruencia entre la acusación y la Sentencia, ingresando en el vicio del art. 370 inc. 11) del CPP; manifiesta, que se acusó por los delitos de Despojo, Perturbación de Posesión y Daño Simple; sin embargo, la Sentencia en el párrafo décimo y décimo primero, establecería hechos relacionados con una demanda de divorcio, acuerdo transaccional que habría suscrito con su esposa, que a criterio del recurrente, nada tienen que ver con los hechos denunciados.


7)         Vicio de la Sentencia previsto por el art. 370 inc. 1) del CPP, ya que la referida Sentencia incurre en errónea aplicación del art. 351 del CP; toda vez, que habiendo establecido, que su persona es el propietario del bien inmueble, y que se encuentra ocupado por el imputado Gregorio Quispe; se lo absuelve por el delito de Despojo cuando correspondía subsumir su conducta al tipo penal acusado.


8)         Defecto absoluto por vulneración de sus derechos a la tutela judicial efectiva, debido proceso, y seguridad jurídica; por cuanto, la Sentencia en el segundo y tercer motivo carece de fundamentación fáctica, probatoria y jurídica.


II.3.  Del Auto de Vista impugnado.


La apelación restringida expuesta precedentemente, fue resuelta por el Auto de Vista impugnado, emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en cumplimiento del Auto Supremo 308/2016 de 21 de abril, declaró improcedentes los recursos interpuestos por los recurrentes, en base a los siguientes argumentos:


II.3.1. En el punto tercero resuelve el Tribunal de alzada, con relación a Teresa  Jesús Torrez, de la siguiente manera:


    1. Sobre que la autoridad jurisdiccional habría aplicado de forma errónea la ley sustantiva de acuerdo al art. 408 del CPP. Con respecto a este es necesario recordarle al ahora apelante que la forma procesal vigente expone que este recurso debe ser interpuesto de acuerdo a su naturaleza y finalidad misma que es esencialmente de puro derecho motivo por el cual esta debe ser interpuesta con una precisión, sobre las peticiones que quiere que la autoridad jerárquica quiere que valore empero, debe ser con la misma precisión como debía aplicarse la norma observada como errónea y también indicar cual debió ser la aplicación que debió determinar la autoridad Ad- Quo, esto de acuerdo a la S.C. 0978/2012 R dice 22 de Agosto 2012 ... El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y aun justicia plural, pronta y oportuna, gratuita y transparente... misma que debe ser como indica la norma sustantiva vigente precisa y concreta, además también se debe considerar que la motivación no implica la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, es decir que esta debe ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el juez sus convicciones determinadas que justifiquen razonablemente esto de acuerdo a las normas del debido proceso; empero, de la revisión del memorial de apelación que interpone la parte querellante esta cuestión de la precisión no es clara ni específica, por lo argumentado es que la apelante quiere justificar en toda su apelación, precisamente englobando en la disposición señalada cuestionando la Sentencia de la Jueza de origen.


    1. Que, la autoridad jurisdiccional no habría mencionado en la Sentencia apelada el hecho objeto del presente juicio, sobre este punto es necesario recordar los conceptos de derecho que según el tratadista Josserand expresa "la conciencia y voluntad colectivas, que sustituyen a las conciencias, a las voluntades individuales para determinar las prerrogativas, los derechos subjetivos de cada uno, y, en tal sentido, puede decirse que es la regla social obligatoria". En sentido amplio, se entiende por ley toda norma jurídica reguladora de los actos y de las relaciones humanas, aplicable en determinado tiempo y lugar. Dentro de esa idea, sería ley todo precepto dictado por autoridad competente, mandando o prohibiendo una cosa en consonancia con la justicia y para el bien de los gobernados representa la garantía de la aplicación objetiva de la ley. De todo lo expuesto es importante que el hecho que es objeto del presente proceso, es el hecho descrito y narrado por la parte querellante hoy apelante, mismo que deberá ser sometido a una etapa probatoria esto en razón a que en materia de procedimiento se debe cumplir requisitos constitucionales para precautelar el derecho de defensa y la producción de pruebas (principio de debido proceso); al respecto en el caso de autos a fs. 940 en su numeral 1) DONDE EXPRESA ENUNCIACIÓN DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE HAN SIDO OBJETO DE JUICIO, por lo que este fundamento de la apelación no tiene razón y consistencia, mencionar que la autoridad jurisdiccional ha incumplido con este precepto jurídico reconocido en el art. 370 en su inc. 3) del CPP, además que concuerdan con el art. 342 del mismo CPP, que expresa lo siguiente... El juicio se podrá abrir sobre la base de la acusación del fiscal o la del querellante, indistintamente. Cuando la acusación fiscal y la acusación particular sean contradictorias e irreconciliables, el tribunal precisará los hechos sobre los cuales se abre el juicio...., en razón a ello de la revisión de la acusación vertida por la víctima es evidente que el presente juico oral público y contradictorio se ha llevado a cabo de acuerdo a la misma que fue sometido a contradicción, durante la sustanciación del juicio oral, esto en razón a que el estado debe garantizar el derecho al debido proceso.


    1. Que, la autoridad jurisdiccional no habría valorado de forma correcta las pruebas de cargo, con respecto a este punto es necesario recordar que la prueba es la actividad procesal determinada a producir convencimiento en la autoridad llamada por ley esto sobre la verdad de hechos alegados en juicio público es definir que su fin primigenio es la valoración de la prueba que esta autoridad le puede dar a la misma esto en razón al mérito que la misma pueda tener para brindar certeza al juez, en ese entendido su valor puede ser positivo o negativo siempre bajo el principio de su sana crítica la cual debe fundarse en la lógica y la experiencia misma que es adquirida con la praxis en si ésta valoración debe ser objetiva y conducente al descubrimiento de la verdad histórica del hecho ilícito que se habría suscitado misma función que fue cumplida por la autoridad inferior en la llamada etapa u actividad probatoria que realizan las partes en el juicio oral esto con referencia a la etapa preparatoria del juicio o investigación en la que ambas partes tienen el derecho de practicar o producir prueba mismas que a strictu sensu de la naturaleza y finalidad de este recurso que es esencialmente de puro derecho motivo por el cual en su análisis el Tribunal Superior no puede retrotraer su actividad jurisdiccional a circunstancias, hechos y pruebas fácticas que ya fueron sometidas al control oral, público y contradictorio por el órgano judicial de sentencia esto de acuerdo a la doctrina legal aplicable y el A.S. 104 de 20 de febrero de 2004 que dice… la apelación restringida es el medio legal para impugnar errores de procedimiento o de aplicación de normas sustantivas en los que se hubiere incurrido durante la aplicación de normas sustantivas en los que se hubiere incurrido durante la sustanciación del juicio o la sentencia , no siendo la apelación restringida el medio impugnativo idóneo para revalorizar la prueba o cuestiones de hecho a cargo de los jueces o tribunales inferiores , sino para garantizar los derechos y garantías constitucionales. Entonces por todo lo argumentado se puede observar que la Juez de mérito, al momento de dictar la Sentencia en la parte IV.- LOS MOTIVOS DE HECHO Y DE DERECHO ha valorado, ha expuesto su fundamentación con relación a la prueba testifical de cargo, en las personas que responden a los nombres de GONZALO HUANCA QUISPE Y FREDDY CHOQUE YAPUCHURA ambos policías de la FELCC, además del testigo de cargo que responde al nombre de ESTEBAN QUISPE TAMBO, y concluyendo que ninguna de las personas que atestan ofrecidas serían testigos presenciales de los hechos, es indudable que la Juez de mérito ha llegado a la convicción y certeza de los fundamentos de la querella.


    1. Sobre que la autoridad jurisdiccional no habría valorado de forma adecuada el inc. 11) del art. 370 del CPP, con respecto a este punto es necesario tomar en cuenta que la inobservancia de las reglas relativas a la congruencia entre la sentencia y la acusación, en el caso presente la parte apelante no señala en que parte de la sentencia sería incongruente con la acusación, hace referencia a los hechos que habría sucedido en fecha 20 de junio, 31 de octubre y la madrugada del 1 de noviembre de 2010, fechas en las que se hubiere cometido los actos de Despojo, Perturbación de Posesión y Daño Simple, y la fecha que hubiere mencionado la Sentencia habría indicado que la fecha de compra de su inmueble sería el 3 de mayo de 2010, cuando la fecha seria 17 de diciembre de 2003; los hechos se encuentran plasmados en el auto de apertura del proceso, donde los sujetos procesales deben circunscribir sus pretensiones, cualquier error como se menciona en la apelación, es corregible mediante auto complementación, aclaración o enmienda conforme lo señala el art. 125 del CPP; se menciona también que se - habría dictado una sentencia ultra petita, al afirmar que la Jueza de origen habría tachado de falso el documento de propiedad de la parte querellante, al respecto en la parte VI.- EXPOSICION DE MOTIVOS DE DERECHOS Y DOCTRIMALES, ha hecho referencia a la titularidad de los querellantes, pero no realiza una conclusión de la falsedad de los documentos, sino utiliza el término. Estaría observada por una supuesta falsedad, en relación al reconocimiento de firmas", dicha observación estaría en función precisamente a la respuesta de los acusados; sin embargo, este aspecto no es determinante a la convicción que llega la Juez de mérito, sobre la existencia de los delitos de Despojo, Perturbación de Posesión y Daño Simple.


    1. Que, la Sentencia apelada carecería de fundamentado y motivación, con respecto a este punto es necesario indicar que la fundamentación u motivación que realiza la autoridad judicial no implica que la exposición u motivación de la determinación definitiva deba ser ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que lo más importante es que su estructura de forma y de fondo más bien no deba ser compleja; es decir, que la motivación puede ser concisa, debiendo expresar el juez sus convicciones determinadas que justifiquen razonablemente su decisión esto de acuerdo al principio del debido proceso y las garantías constitucionales vigentes, además de la lectura de este punto es evidente que la parte apelante no ha establecido cuál es la fundamentación que habría realizado la Jueza de mérito. El límite de la competencia del Tribunal de alzada es el agravio que hubiere sufrido el apelante, y sobre este punto la apelante únicamente hace mención a las Sentencias Constitucionales 0436/2010 y “0936/06”, en cuya razón este Tribunal no puede deducir de oficio sobre el componente de motivación, debida fundamentación y congruencia, que menciona la apelante.


    1. Que, la autoridad jurisdiccional habría vulnerado el principio de igualdad de las partes en el presente proceso, con respecto a este punto es necesario que en un proceso interactúan tres sujetos mismos que son: el JUEZ que es el sujeto activo en la dirección del proceso es el representante de la función jurisdiccional del Estado este debe dar el impulso procesal al aparato jurisdiccional del Estado por medio de la acción en conclusión se constituye como creador del derecho además el mismo que debe tener las siguientes características de Idoneidad, probidad, imparcialidad, valentía, conocimiento de la materia, independiente, independencia interna y externa, cultura profesional, Dignidad de vida del juzgador (ejemplo para la sociedad), principios, hay ciertos requisitos (ej. juez de familia: ética moral, tener familia sólidamente constituida), ética en vida privada y pública como bien sabemos que estamos en un sistema dispositivo este es el director del proceso. LAS PARTES mismos que son el Actor o demandante/ demandado u obligado donde ambos tienen mismo derecho y obligaciones que cumplir durante la tramitación del presente proceso. Entonces de lo argumentado también es necesario expresar que en una relación procesal y con el principio del impulso procesal del juez en razón a ello este debe constituir actos que le den celeridad a los actos sin comprometer la decisión de los fallos. Para que una sentencia sea efectiva debe ser pronta, cumplida y oportuna además que lo principios modernos de los procesos de hoy han señalado que deben haber una dualidad de Posiciones, una pretensión y que la otra parte la niega. El juez no debe olvidar la igualdad en la que estaban las partes, de lo contrario estaría vulnerando el debido proceso esto de acuerdo al principio de la igualdad de las partes la cual esta estipula en la C.P.E. en su art. 180. Que dice La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, ..., accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso... igualdad de las partes ante el juez... y el C.P.P. en su Artículo 12 que dice ... Las partes tendrán igualdad de oportunidades para ejercer durante el proceso las facultades y derechos que les asisten... misma que supone la bilateralidad por ende la contradicción en todo el desarrollo del proceso ambas partes tienen idénticas oportunidades de ser oídas para poder buscar la verdad histórica de los hechos; de la revisión de autos es evidente que la petición que indica en este punto la parte apelante no es cierta puesto que ambas partes acusado y acusador han intervenido en el proceso con las mismas oportunidades; es decir, que ambos sujetos procesales tuvieron los mismos derechos como también obligaciones, para demostrar la pretensión punitiva y en todo caso desvirtuarla por la otra parte, y el hecho de que la autoridad jurisdiccional haya tomado una posición para absolver a los acusados, no significa que una desigualdad de las partes.


II.3.2.        Que, con referencia a la apelación de la parte acusadora José Carlos  Zariza, se establece lo siguiente:


    1. Que la Jueza de origen habría vulnerado el art. 370 en su inc. 3) del CPP, que la autoridad jurisdiccional habría vulnerado los arts. 124, 360 inc. 3) y 370 inc. 5) del CPP, que la autoridad jurisdiccional habría realizado una mala valoración de las pruebas aportadas por el hoy apelante, que la autoridad jurisdiccional habría vulnerado el art. 370 en su inc. 11) del CPP, La parte apelante indica que la Sentencia apelada carecería de una debida fundamentación, fáctica, probatoria y jurídica vulnerando así los arts. 124, 173, 360 y 370 del CPP, con respecto a estos agravios que indica el apelante en fecha 29 de diciembre de 2014, mismo que cursa de fs. 991 a 1003 vta., donde son los mismos puntos pedidos en el otro recurso presentado por la SRA. TERESA JESUS TORREZ TORREZ, mismo que cursa de fs. 984 a 990. Y con relación precisamente a la vulneración del art. 370 inc. 3) del CPP, en la enunciación de los hechos, la misma que en la Sentencia se ha efectuado el resumen de los hechos precisamente tomando en cuenta la querella y acusación particular. Y ahora el querellante y apelante menciona tres fechas como actos que demostrarían el Despojo, Perturbación de posesión y Daño Simple, la fecha 20 de junio, 31 de octubre y 1 de noviembre de 2010; sin embargo, de ello también en la querella y auto de apertura del proceso se menciona la fecha 6 de mayo de 2010, donde le habrían ofendido los acusados de palabra y de obra, en la exposición de MOTIVOS DE DERECHO Y DOCTRINALES de la Sentencia, se han efectuado el contraste de las pruebas presentadas por las partes, y subsumir la conducta de los acusados en los tipos penales de Despojo, Perturbación de Posesión y Daño Simple, llegando a la conclusión de que los acusados no encuentran sus conductas en las figuras penales señaladas, razonamiento expresado en forma clara y coherente con los datos y pruebas presentadas por las partes.


    1. Que la autoridad jurisdiccional habría vulnerado los arts. 124, 360 inc. 3) y 370 inc. 5) del CPP, la autoridad jurisdiccional habría realizado una mala valoración de las pruebas aportadas por el apelante; al respecto básicamente la falta de fundamentación también se ha explicado con motivo de la apelación interpuesta por la otra querellante, extremo que fue fundamentado líneas arriba, es necesario tomar en cuenta que para la valoración de la prueba el juez se basa sobre la lógica y máximas de la experiencia, haciendo el análisis de las pruebas (intelectiva), como en el caso presente tanto las pruebas testificales como las documentales, los querellantes no han demostrado ante el Juez natural su pretensión punitiva por los delitos querellados, señalando las pruebas pertinentes precisamente para tomar convicción de los hechos y la responsabilidad de los acusados en los hechos incriminados.


    1. Que, es preciso señalar que uno de los denunciados es por el delito de Despojo, al respecto es necesario tomar en cuenta que la posesión un hecho personal, en audiencia de inspección ocular debería demostrarse cuáles son esos elementos que configuran el despojo, ya que existen 4 co-procesados, cuál es la participación de cada uno de ellos, por cuanto el art. 20 del CP, señala la autoría y los grados de participación, y no se puede en forma genérica tipificar la conducta prevista en el art. 351 del CP, y cuáles son los actos materiales ejercitados sobre el lote de terreno y/o inmueble, aspectos estos no aclarados por el querellante, sobre todo LA POSESION ANTERIOR AL HECHO DE LA EYECCION, tomando en cuenta que quien acusada está en la obligación de demostrar con prueba idónea el despojo que haya sufrido, por cuanto se mantiene el principio de inocencia del imputado hasta entre tanto no se demuestre lo contrario. Entonces de lo argumentado y de la revisión de la apelación interpuesta el apelante indica que la autoridad jurisdiccional habría indicado de forma explícita que esta ha recocido el derecho propietario del apelante, este debe tomar en cuenta que debe haber despojo desplazando al sujeto pasivo o impidiéndole que el sujeto pasivo realice actos propios de la ocupación que venía ejercitando ..., como la S.C. 1709/2004-11 de fecha 22 de octubre de 2004 que expresa la descripción que hace el art. 351 del C.P. ... es menester precisar a qué clase de delito corresponde el despojo según la forma de su ejecución ... la acción típica se consuma en el momento en que se produce el desapoderamiento .. un delito instantáneo ... que se consuma con el acto de despojo; es decir, que para que se configure este delito es necesario que el querellante exprese de forma objetiva que venía ejerciendo la ocupación o posesión del bien inmueble mencionado cuestión que el apelante no ha manifestado y solo realiza mención que tiene testimonio, folio real indicando que por ello es propietario, entonces de lo que se tiene expuesto en la fundamentación de la querella, entonces por todo lo argumentado es evidente que la autoridad jurisdiccional ha obrado de acuerdo a la norma procesal vigente realizando una valoración lógica jurídica de acuerdo a la ley sustantiva vigente. La pregunta en cuestión es, ¿en qué momento se ha producido el desapoderamiento y/o eyección?, cuando la misma querellante señala 3 fechas distintas, (20 de junio, 31 de octubre y 1 de noviembre), señala en forma genérica para los tres delitos (Despojo, Perturbación de Posesión y Daño Simple).


    1. Que, con relación al delito de Perturbación de la Posesión, previsto en el art. 353 del CP, cuyo verbo rector es "perturbar", la quieta y pacífica posesión, en cuya virtud también condición sine quanon es demostrar previamente que los querellantes estaban en pacífica posesión, y que al momento de interponer la querella los titulares del inmueble (querellantes), tendrían que estar en posesión del inmueble, lo que no sucede en el caso de autos, y que en juicio oral las pruebas testificales y documentales no fueron idóneas para demostrar este hecho, en la apelación tampoco se identifica cuál es la prueba idónea para demostrar la Perturbación de Posesión, sino se hace referencia a una serie de pruebas documentales (fotografías) y declaraciones testificales; sin embargo, ninguno ha sido conducente para la Juez de mérito, para demostrar este hecho delictivo.


    1. Que, con relación al delito de Daño Simple previsto y sancionado en el art. 357 del CP, cuyo verbo rector son "deteriorar" "destruir", "inutilizar, "desaparecer" "dañar", cosa ajena, durante el juicio oral se debe demostrar cuál de esas conductas consideradas como daño simple, y de qué manera los 4 co procesados, han enmarcado sus actos cometiendo el delito que se menciona en la querella, es indudable que "quien acusa está en la obligación de demostrar", si todos son autores, cómplices o encubridores, la Juez de mérito los elementos que configuren precisamente la tipicidad, ¿qué personas actuaron destruyendo y/o inutilizando cosa ajena? , ¿cuándo y/o en que momento?, ¿Cuáles son las acciones consideradas como destruir, inutilizar, desaparecer alguna cosa ajena?, extremos que deben ser objeto precisamente de debate en el juicio oral, es más en la apelación no se fundamenta dicho aspecto, ¿cuál es la prueba idónea para demostrar este ilícito?, extremos que debieron ser demostrados durante el juicio oral. Y al momento de dictar la Sentencia, la Juez de origen ha tomado en cuenta las pruebas pertinentes y conducentes para absolver a los procesados; y el fondo y el problema de las partes es la disputa propiedad sobre el inmueble, la misma que puede ser definida en otra instancia, tomando en cuenta que la vía penal es de última ratio.


    1. Con relación al otro fundamento en sentido de que la autoridad jurisdiccional habría reconocido el derecho propietario a la parte querellante pero no habría valorado de forma correcta el art. 351 (DESPOJO) del CP, respecto a este punto es necesario señalar que en un Estado de Derecho debe existir un control social normativo el cual esta imbuido de normas jurídicas que reglamentan la conducta del hombre y sus bienes para que todo marche conforme a derecho, entonces sí sabemos que el derecho penal es un conjunto de normas jurídicas que regula el poder punitivo del Estado, asociando a ciertos hechos legalmente determinados, penas o medidas de seguridad. Entonces el poder punitivo del Estado es el derecho de castigar que tiene el Estado, para ejercer este poder sancionador siempre tiene que existir una ley la cual ejerce un control férreo dentro de la sociedad, en sí este derecho es un instrumento represor. Entonces de lo argumentado y de la revisión de la apelación interpuesta el apelante indica que la autoridad jurisdiccional habría indicado de forma explícita que ésta ha recocido el derecho propietario del apelante, este debe tomar en cuenta que debe haber Despojo desplazando al sujeto pasivo o impidiéndole que realice actos propios de la ocupación que venía ejercitando, como la S.C. 1709/2004-R de fecha 22 de octubre, expresa. . .la descripción que hace el art. 351 del C.P. ... es menester precisar a qué clase de delito corresponde el despojo según la forma de su ejecución .. .la acción típica se consuma en el momento en que se produce el desapoderamiento.. un delito instantáneo ... que se consuma con el acto de despojo...; es decir, que para que se configure este delito es necesario que el querellante exprese de forma objetiva que venía ejerciendo la ocupación u posesión del bien inmueble mencionado cuestión que el apelante no ha manifestado y solo realiza mención que tiene testimonio y folio real indicando que por ello es propietario, entonces de lo que se tiene expuesto en la fundamentación de la querella, entonces por todo lo argumentado es evidente que la autoridad jurisdiccional ha obrado de acuerdo a la norma procesal vigente realizando una valoración lógica jurídica de acuerdo a la ley sustantiva vigente.


    1. Manifiesta también el apelante que el título de propiedad, el pago de los impuestos las facturas por servicios básicos como la luz, demostrarían que estaría ejerciendo actos de posesión, este criterio es respetable pero jurídicamente, dichos actos pueden considerarse como actos de administración, más no como actos de posesión propiamente dichos que están relacionados con actos materiales que debe ejercer cualquier persona (propietario, anticresista, inquilino, etc.), con respecto al inmueble que ocupa. Y en ese entendido la Juez de origen al momento de dictar sentencia ha compulsado las pruebas presentadas por ambas partes.


III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN CON LOS PRECEDENTES INVOCADOS


El presente caso ambos recurrentes denuncian como primer motivo que el Tribunal de alzada infringió la doctrina legal contenida en el A.S. 308/2016 de 21 de abril, al emitir en forma directa el Auto de Vista 45/2016 de 5 de diciembre, transgrediendo el art. 399 del CPP. Asimismo José Carlos Zariza Carpio denunció: i) Que el Tribunal de alzada no habría resuelto los agravios interpuesto de manera clara y precisa incumpliendo los arts. 124 y 398 del CPP, contrarios a los A.S. 52/2012 y 8/2007; ii) El Tribunal de alzada en cuanto al delito de Daño Simple contradijo los A.S. 371/2013, 102/2004, 567/2004 y 59/2012 al advertir que el recurso interpuesto adolecía de defectos formales sin aplicar lo dispuesto por el art. 399 del CPP; iii) El Tribunal de alzada al referir el tipo penal de Perturbación de Posesión  incurrió en el defecto de revalorización de pruebas. Por otro lado Teresa Jesús Torrez, también denunció; iv) El Tribunal de alzada no habría emitido pronunciamiento sobre los agravios denunciados, bajo el argumento de defectos formales o falta de fundamentación del recurso interpuesto, vulnerando así el art. 399 del CPP. Por lo que, corresponde resolver las problemáticas planteadas.


III.1. La labor de contraste en el recurso de casación.


Conforme lo dispuesto por los arts. 42.I inc. 3) de la LOJ y 419 del CPP, las Salas especializadas tienen la atribución de sentar y uniformar la jurisprudencia, cuando un Auto de Vista dictado por una de las Cortes Superiores de Justicia, sea contrario a otros precedentes pronunciados por las otras Cortes Superiores o por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia.


El art. 416 del CPP, preceptúa: “Se entenderá que existe contradicción, cuando ante una situación de hecho similar, el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista recurrido no coincida con el del precedente, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance”. En ese ámbito, este Tribunal a través del Auto Supremo 322/2012-RRC de 4 de diciembre, puntualizó: “Cuando la norma se refiere a una situación de hecho similar, considera esta Sala que el legislador se refiere a supuestos fácticos análogos, siendo necesario precisar que en materia sustantiva el supuesto fáctico análogo exige que el hecho analizado sea similar; en cambio, en material procesal el supuesto fáctico análogo se refiere a una problemática procesal similar.


La atribución de este Tribunal, de sentar y unificar jurisprudencia contiene íntima y estrecha relación con la garantía constitucional contenida en el art. 119.I de la CPE, que garantiza el ejercicio pleno del principio de igualdad de las partes, ante el Juez dentro de las jurisdicciones del Estado, así como garantizar seguridad jurídica en la predictibilidad de las decisiones de los Tribunales y un igual tratamiento jurídico a los ciudadanos. En resumen, la labor de sentar doctrina legal a partir del recurso de casación dentro de la jurisdicción ordinaria, se sintetiza en: a) Respeto a la seguridad jurídica; b) Realización del principio de igualdad; y, c) Unidad y uniformidad en la aplicación del derecho por parte de los servidores judiciales en la jurisdicción ordinaria.


Por otro lado, la doctrina legal a ser dictada por este Tribunal en el supuesto caso de verificar la existencia de contradicción entre la Resolución impugnada y los precedentes invocados como contradictorios, será de aplicación obligatoria para los Tribunales y jueces inferiores; y, sólo podrá modificarse por medio de una nueva resolución dictada con motivo de otro recurso de casación, en previsión de lo dispuesto por el art. 420 del CPP.


III.2. Análisis del caso concreto.


Tomando en cuenta que la primera denuncia es idéntica en ambos recursos, a efectos de no ser reiterativos, se procederá a resolverlo de la siguiente manera:


En cuanto al primer motivo de casación admitido, por José Carlos Zariza Carpio y Teresa Jesús Torrez Torrez, en el que señala que el Tribunal de apelación no dio cumplimiento a la ratio decidendi del Auto Supremo 308/2016-RRC de 21 de abril, que fue dictado dentro del presente caso, impidiéndole subsanar los defectos formales de su apelación restringida, hecho que a decir de los recurrentes, transgrede el precedente dictado dentro del caso de autos, el art. 399, segundo párrafo del 420 del CPP y su derecho al debido proceso en su componente de legalidad procesal, tutela judicial efectiva y principio de seguridad jurídica, incurriendo en el defecto previsto por el inc. 3) del art. 169 de la norma Adjetiva Penal, argumentos claros y suficientes para ingresar a verificar si en la resolución impugnada, el Tribunal de apelación cumplió con la doctrina legal del precedente invocado y que había sido dictado dentro del presente caso; en ese sentido, y a los fines de efectuar la labor de contraste corresponde desarrollar el referido precedente:


De esa manera, el Auto Supremo 308/2016-RRC de 21 de abril, fue emitido dentro de la presente causa, teniéndose como antecedente la vulneración del art. 399 del CPP, así como la indebida fundamentación en la resolución de agravios interpuestos, siendo este el antecedente que dio origen a la emisión de la siguiente ratio decidendi:


"Consiguientemente, se evidencia que el Auto de Vista 40/2015 de 17 de junio, no ingresa al fondo de las referidas denuncias, por temas netamente formales, tampoco le otorga la posibilidad a la recurrente de poder subsanar cualquier defecto formal que contenga el recurso de apelación restringida; constituyéndose esta omisión en un defecto absoluto por la flagrante inactividad jurisdiccional que atenta el derecho que le asiste a la recurrente en virtud del artículo 399 del CPP.


En este sentido, la omisión de no otorgarle el plazo de 3 días para que la apelante tenga la opción de subsanar las omisiones o corregir los defectos del recurso de apelación restringida conforme al derecho implícito previsto por el art. 399 del CPP y de esta manera garantizar un debido proceso y el acceso efectivo a la justicia, sin duda vulnera el debido proceso y contradice los precedentes invocados,  correspondiendo al Tribunal de alzada emitir una nueva resolución debidamente fundamentada previo otorgamiento a la recurrente de un plazo para que pueda subsanar los defectos formales que considere existan en el recurso de apelación restringida, garantizando así la eficacia de los derechos fundamentales y el principio pro actione, que es un principio informador de las normas procesales penales; por ello, los Tribunales de alzada deben considerar la siguiente línea jurisprudencial (AS 370/2015 de 12 de junio de 2015) acorde al nuevo espíritu de la CPE: “cuando el Tribunal de apelación interpreta y aplica de forma excesivamente rigurosa y formalista los criterios de admisibilidad, vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y el debido proceso, que buscan efectivizar la posibilidad de que todos puedan utilizar los recursos procesales previstos por ley, sin obstáculos innecesarios, desproporcionados o carentes de justificación, de ahí que la norma procesal no permite un rechazo in limine sino que a efectos de garantizar el derecho al recurso, a la tutela judicial efectiva y al debido proceso en caso de existir un defecto u omisión de forma, el juez o tribunal de apelación debe hacerlo conocer al recurrente a través de observaciones claras y precisas, otorgándole un plazo de tres días para que amplíe o corrija, bajo apercibimiento de rechazo.


Incluso después de la corrección efectuada por la parte recurrente, el Tribunal de apelación no debe aplicar las normas en su estricta literalidad, ni actuar arbitrariamente en el ejercicio del poder valorativo para determinar si un recurrente ha cumplido o no con los requisitos de admisibilidad, esta labor tiene su freno en la Constitución. Esto no supone que tenga la obligación de admitir todo recurso que se formule; por el contrario, en ejercicio de la facultad que la propia ley le reconoce, puede perfectamente inadmitirlo cuando la falta de fundamentos sea evidente, cierta y patente; pero la determinación debe estar fundamentada en la aplicación e interpretación de la norma en el ámbito del acceso al recurso, la tutela judicial efectiva y el principio pro actione.


En ese ámbito, a los efectos de la valoración del cumplimento de los requisitos de admisibilidad, deben aplicarse los criterios rectores de la actividad jurisdiccional como los principios de interpretación más favorable, de proporcionalidad y de subsanación”.


Por lo expuesto, se constata que efectivamente la recurrente tuvo respuesta de sus denuncias pero no en el fondo, sino más bien, a partir de argumentos carentes de motivación, genéricos, evasivos y contrarios la norma procesal penal y al derecho a una tutela judicial efectiva; correspondiendo declarar fundado el motivo.


Por último, se aclara al Tribunal de alzada que, si las falencias formales detectadas en el recurso de apelación restringida de Teresa Jesús Tórrez Tórrez, también fueron detectadas en el recurso de apelación restringida de José Carlos Zariza Carpio, tiene el deber de aplicar en favor de ambas partes lo preceptuado en el art. 399 del CPP, en sujeción al principio-valor constitucional de igualdad de las partes.”


Bajo este preámbulo corresponde verificar si el Tribunal de alzada incumplió dicho precedente con relación al incumplimiento de lo ordenado por esta Sala Penal; en consecuencia, del análisis del Auto de Vista impugnado, se advierte que en el considerando IV señala:


El Tribunal de alzada que previo a la consideración de fondo se debe tener en cuenta que la apelación interpuesta por los imputados, ha sido presentada en término oportuno en cumplimiento del art. 408 del CPP, resultando admisible, por consiguiente se ingresa al análisis de los agravios sufridos.


Por otra parte en el punto tercero del mismo considerando, con relación a la apelación de Teresa Jesús Torrez establece:


Sobre la autoridad jurisdiccional habría aplicado de forma errónea la ley sustantiva esto de acuerdo al art. 408 del CPP, con respecto a este es necesario recordarle al ahora apelante que la norma procesal vigente expone que este recurso debe ser interpuesto de acuerdo con su naturaleza y finalidad misma que es esencialmente de puro derecho motivo por el cual esta debe ser interpuesta con una precisión, sobre las peticiones que quiere que la autoridad jerárquica quiere que valore; empero, debe ser con la misma precisión como debía aplicarse la norma observada como errónea y también indicar cual debió ser la aplicación que debió determinar la Juez de mérito, esto de acuerdo a la S.C. 978/2012 R de 22 de agosto, “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural pronta y oportuna gratuita y transparente”  misma que debe ser como indica la norma que la motivación no implica la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y fondo; es decir, que ésta deba ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el juez sus convicciones determinadas que justifiquen razonablemente esto de acuerdo a las normas del debido proceso; empero, de la revisión del memorial de apelación que interpone la parte querellante esta cuestión de la precisión no es clara ni especifica; por ende, lo argumentado es que la apelante quiere justificar en toda su apelación, precisamente englobando en la disposición señalada, cuestionando la Sentencia de la Juez de mérito.


Ahora bien, tomando en cuenta lo denunciado en el primer motivo de ambos recursos de casación; es decir, el incumplimiento al A.S. 308/2016 RRC de 21 de abril, referente a otorgarse el plazo de los tres días en cumplimiento al art. 399 del CPP; y, analizado el precedente citado dentro del mismos caso, más lo resuelto por el Auto de Vista impugnado se evidencia el incumplimiento al precedente citado y a la doctrina legal aplicable emitido por este Tribunal, tomando en cuenta los siguientes aspectos:


Que si bien el Auto Supremo 308/2016-RRC de 21 de abril, dentro de su ratio decidendi del motivo primero al resolver el recurso de casación de Teresa Jesús Torrez refiere que el Tribunal de alzada “Al resolver la denuncia de errónea aplicación de la ley sustantiva se evidenció  que no ingresa al fondo de las referidas denuncias por temas netamente formales, tampoco le otorgó la posibilidad a la recurrente de poder subsanar cualquier defecto formal constituyéndose este omisión en un defecto absoluto”. “Correspondiendo al Tribunal de alzada emitir una nueva resolución debidamente fundamentada previo otorgamiento a la recurrente de un plazo para que pueda subsanar los defectos formales que considere existan en el recurso de apelación restringida garantizando la eficacia de los derechos y el principio pro actione” Si las falencias formales detectadas en el recurso de apelación restringida de Teresa Jesús Torrez también fueron detectadas en el recurso de apelación restringida de José Carlos Zariza, tiene el deber de aplicar en favor de ambas partes lo preceptuado en el art. 399 del CPP, en sujeción al principio valor constitucional de igualdad de partes. ” Es decir, que el Tribunal Supremo de Justicia ordenó la otorgación del término de los tres días a la sala penal segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, para la subsanación de los defectos formales del recurso de Teresa Jesús Torrez que considerasen existentes, dejando por dicha conclusión la posibilidad también de que por lo que si no considerasen que exista dichos defectos formales podrían proceder a resolver también el fondo del recurso; sin embargo, de la revisión del considerando IV no motivan ni toman en cuenta el precedente citado, pues se limitan a referir que por el hecho de ser presentado dentro del término oportuno en cumplimiento del art. 408 del CPP, resultó admisible.


Por otro lado, de la revisión del numeral 3.1 al resolver la denuncia de errónea aplicación de la ley sustantiva, señala aspectos y consideraciones doctrinales referente a la interposición del recurso de apelación restringida para finalmente expresar “Empero de la revisión del memorial de apelación que interpone la parte querellante esta cuestión de la precisión no es clara ni especifica.” Es decir, nuevamente al margen de no dar cumplimiento al precedente citado, vuelve a incurrir en defectos absolutos al no ingresar al fondo del agravio evadiendo resolver la denuncia de errónea aplicación de la ley sustantiva por cuestiones formales, ni otorga tampoco el plazo para enmendar su recurso que ellos mismos consideraron impreciso, menos claro ni específico; por lo que, dicha respuesta omisiva inmotivada vulnera el debido proceso, la tutela judicial efectiva e incurre nuevamente en defectos absolutos que no pueden ser susceptibles de ser convalidados, por lo que deviene en fundado este motivo de ambos recursos de casación.

       

Por los fundamentos expuestos precedentemente, al haberse demostrado plenamente el incumplimiento del precedente citado dentro del presente caso, al no otorgarle el plazo de los tres días para la subsanación de los defectos formales  detectados por el Tribunal de alzada, corresponde a esta Sala Penal ordenar la otorgación del plazo procesal establecido en el art. 399 del CPP, y tomando en cuenta el incumplimiento del Auto Supremo invocado, como también habiéndose dejado sin efecto el Auto de Vista impugnado no se precisa ingresar a resolver los demás agravios denunciados contenidos en los diferentes recursos de casación, correspondiendo en consecuencia ordenar a la Sala Penal segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dar estricto cumplimiento al presente Auto Supremo, y de ser reiterativos en su incumplimiento serán pasibles a sanción administrativa o penal.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP y lo previsto por el art. 42.I.1 de la LOJ, declara FUNDADOS los recursos de casación interpuestos por José Carlos Zariza Carpio, de fs. 1193 a 1204 y Teresa Jesús Torrez Torrez, de fs. 1242 a 1247, con los fundamentos expuestos precedentemente y en aplicación del art. 419 del CPP, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 45/2016 de 5 de diciembre; y, sin espera de turno otórguese el plazo correspondiente para subsanar los recursos de apelación restringida que se considere con defectos formales para posteriormente proceder al sorteo y pronunciar nuevo Auto de Vista en conformidad a la doctrina legal establecida en la presente Resolución.


A los efectos de lo previsto por el art. 420 del CPP, hágase conocer mediante fotocopias legalizadas el presente Auto Supremo a los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, para que por intermedio de sus Presidentes, bajo responsabilidad, pongan en conocimiento de los Jueces en materia penal de su jurisdicción.


En aplicación del art. 17.IV de la LOJ, por Secretaría de la Sala, ofíciese nota al Consejo de la Magistratura, para que tome conocimiento del presente Auto Supremo.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos