TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 369/2018-RRC

Sucre, 05 de junio de 2018


Expediente                        : Santa Cruz 132/2017        

Parte Acusadora                : Evelyn Razuk Cuellar

Parte Imputada                : Ella del Carmen Cuellar Vda. de Razuk y otros

Delitos                        : Falsedad Material y otros

Magistrado Relator        : Dr. Edwin Aguayo Arando


RESULTANDO


Por memorial presentado el 1 de septiembre de 2017, cursante de fs. 583 a 587 vta., Antonio Carlos Castro Razuk, en representación de Evelyn Razuk Cuellar de Castro, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 55 de 20 de julio de 2017 de fs. 553 a 558 vta. y el Auto Complementario 179 de 18 de agosto de 2017, de fs. 565 a 566, pronunciados por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por la parte recurrente contra Ella del Carmen Cuellar Vda. de Razuk, Ángela María Razuk Vda. de Marcos y Widen Joaquín Razuk Cuellar, por la presunta comisión de los delitos de Falsedad Material, Falsedad Ideológica, Falsificación de Documento Privado y Uso de Instrumento Falsificado, previstos y sancionados por los arts. 198, 199, 200 y 203 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


  1. Por Sentencia 24 de 18 de noviembre de 2016 (fs. 502 a 509), el Juez Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Ella del Carmen Cuellar Vda. de Razuk, Ángela María Razuk Vda. de Marcos y Widen Joaquín Razuk Cuellar, absueltos de la comisión de los delitos de Falsedad Material, Falsedad Ideológica, Falsificación de Documento Privado y Uso de Instrumento Falsificado, previstos y sancionados por los arts. 198, 199, 200 y 203 del CP, disponiendo el levantamiento de toda medida de carácter personal o real impuesta en su contra.


  1. Contra la mencionada Sentencia, la acusadora particular Evelyn Razuk Cuellar, interpuso recurso de apelación restringida (fs. 512 a 521 vta.), que fue resuelto por Auto de Vista 55 de 20 de julio de 2017, emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declaró admisible e improcedente el mencionado recurso y confirmó la Sentencia apelada, siendo rechazada la solicitud de complementación y enmienda de la parte acusadora particular, mediante Resolución 179 de 18 de agosto de 2017 (fs. 565 a 566), motivando a la interposición del presente recurso de casación.


I.1.1. Motivo del recurso de casación.


Del memorial del recurso de casación y del Auto Supremo 916/2017-RA de 22 de noviembre, se extrae el siguiente motivo a ser analizado en la presente Resolución, conforme al mandato establecido por los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


La parte recurrente señala, que el Auto de Vista en su fundamentación contiene incongruencia con los datos del proceso, lo que constituye defecto absoluto no susceptible de convalidación, que determina su nulidad conforme al art. 17 de la LOJ.


Alega que en su recurso de apelación restringida, señaló que la Sentencia adolecía de falta de fundamentación y defectuosa valoración de la prueba de cargo, incumpliendo el art. 173 del CPP, habiéndose limitado a mencionar la declaración testifical de la Notaría de Fe Pública 51 y una certificación expedida por ésta; sin embargo, alega el recurrente, que “de manera inexplicable” (sic), el Auto de Vista señalaría que el Juez de Sentencia ponderó la declaración testifical “DEL NOTARIO DE FE PUBLICA No 51” (sic) y las declaraciones de los testigos José Raúl Jordán Arauz, Evelyn Razuk de Castro y José Hernán Castro Razuk y todos los elementos probatorios consistentes en la prueba documental, que según el recurrente, es un fundamento “ARBITRARIO, IMPRECISO, …” (sic), porque de la revisión de la Sentencia, indica que advierte que no contiene ninguna indicación, menos valoración y fundamentación del valor probatorio asignado a las pruebas. Argumenta que si el Tribunal de apelación no hubiera incurrido en la mencionada incongruencia, imprecisión “y ARBITRARIEDAD” (sic), hubieran determinado la procedencia de la apelación restringida y la consiguiente anulación de la Sentencia.


Hace alusión, al Auto Supremo 431 de 15 de octubre de 2005, alegando que su doctrina legal aplicable fue recogida por el actual Tribunal Supremo de Justicia, como el Auto Supremo 256/2015-RRC de 10 de abril, posteriormente alega, que el Tribunal de alzada, pese a la relevancia constitucional de su labor de control jurisdiccional sobre los actos de los Tribunales inferiores, incurrió en indebida fundamentación o motivación arbitraria, al haber señalado que el Juez ponderó la declaración del Notario de Fe Pública, las declaraciones de los testigos y todos los elementos probatorios consistentes en la prueba documental.


Argumenta que el Auto de Vista impugnado, no guardó relación con los datos del proceso y que por vía de Explicación y Complementación solicitó al Tribunal de alzada que indique con precisión en qué parte de la Sentencia se encontraría la valoración de la prueba testifical y documental, pero que el mencionado Tribunal de apelación se negó a complementar el Auto de Vista, vulnerando su derecho al debido proceso en su vertiente de la debida y correcta fundamentación de las resoluciones.


Adiciona, a título de defectuosa y engañosa invocación de jurisprudencia, que en el Auto de Vista recurrido, invocándose como jurisprudencia el Auto Supremo 256/2015-RRC de 10 de abril, se afirmó de forma maliciosa, engañosa y falsa, que el mismo habría establecido “para demostrar y probarlos delitos de Falsedad Material, Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado, debe existir la prueba pericial al  documento tachado de falso…” (sic), lo que cuestiona el recurrente porque los fundamentos jurídicos del referido auto Supremo ni su doctrina legal establecen el criterio de la prueba tasada, sino más bien afianza el sistema de la libre apreciación de la prueba; en consecuencia, por tal razón incurrió en indebida fundamentación que lesiona sus derechos al debido proceso y principio de verdad material.


Por otro lado, como contradicción del Auto de Vista recurrido con la jurisprudencia invocada, citó los Auto Supremo 468/2014-RRC de 17 de septiembre, alegando que el Auto de Vista es contrario a este precedente, porque no observó que el Juez de Sentencia, omitió cumplir con la exigencia del art. 173 del CPP, de describir en forma individual los medios probatorios incorporados legalmente a juicio, como tampoco cumplió con la fundamentación intelectiva.


Asimismo hace alusión al Auto Supremo 14/2013-RRC de 6 de febrero, argumentando que el Auto de Vista fue contrario a este precedente, porque señaló que la Falsedad Material, Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado de un documento, únicamente se probaría con prueba pericial, que según el recurrente es razonamiento erróneo que está anclado en el antiguo sistema de la prueba tasada vigente en el marco del proceso inquisitivo, que contradicen el sistema vigente de la libre apreciación de la prueba, la lógica y la experiencia que componen la sana crítica.


También hace referencia al Auto Supremo 46/2010 de 9 de marzo, porque el Tribunal de alzada, al manifestar que no existe prueba plena de la autoría de los acusados, por no existir el documento tachado de falso, no observó que el Juez de Sentencia, renunció a la valoración integral de la prueba y a la aplicación de la lógica como elemento central de la sana crítica; porque el precedente contradictorio invocado, según el recurrente, señala que inclusive quién juzga, puede recurrir a los indicios y presunciones para llegar a la certeza moral de una plena convicción más allá de toda duda razonable.


I.1.2. Petitorio.


La parte recurrente solicita, se deje sin efecto el Auto de Vista recurrido, ordenando al Tribunal de alzada que dicte nueva Resolución en el que se respeten derechos y garantías constitucionales cumpliendo los precedentes contradictorios.


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 916/2017-RA de 22 de noviembre, de fs. 594 a 596 vta., este Tribunal admitió el recurso de casación formulado por Antonio Carlos Castro Razuk en representación de la acusadora particular, para el análisis de fondo del motivo identificado precedentemente.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se tiene lo siguiente:


II.1.        De la Sentencia.


Por Sentencia 24 de 18 de noviembre de 2016, el Juez Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Ella del Carmen Cuellar Vda. de Razuk, Ángela María Razuk Vda. de Marcos y Widen Joaquín Razuk Cuellar, absueltos de la comisión de los delitos de Falsedad Material, Falsedad Ideológica, Falsificación de Documento Privado y Uso de Instrumento Falsificado, bajo las siguientes conclusiones:





II.2.        Del recurso de apelación restringida de la acusadora particular.


       Notificada con la Sentencia, Evelyn Razuk de Castro interpone recurso de apelación restringida, bajo los siguientes argumentos, vinculados a los motivos de casación:

       

  1. Bajo el acápite falta de fundamentación de la Sentencia; precisó la: i) Falta de fundamentación en cuanto a la valoración de la prueba de cargo; por cuanto, el Juez de Sentencia habría incumplido la exigencia legal del art. 173 con relación al art. 124 del CPP, de asignar valor a cada elemento probatorio y fundamentar adecuadamente las razones por las cuales les otorga determinado valor, puesto que produjo y judicializó 18 pruebas documentales de cargo y 4 declaraciones de testigos de cargo, no obstante, no habían sido valoradas ni mencionadas en la Sentencia, limitándose a referir mínimamente a la declaración testifical de la Notaría de Fe Pública 51; empero, no se pronunció sobre las declaraciones de los testigos José Raúl Jordán Arauz, Evelyn Razuk de Castro y José Hernán Castro Razuk. En cuanto a la prueba documental se limitó a referir solo a una certificación expedida por la Notaría de Fe Pública 51 cuando son dos las certificaciones que extendió dicha notaria. También existió dos certificaciones alodiales de 10 de septiembre de 2011 y de 28 de junio de 2012, expedidos por el Registro Público de Derechos Reales del fundo rústico denominado Hacienda San Andrés, inscrito bajo la matrícula 7.01.2.01.003254, que evidenciaría que hasta el 16 de julio de 2011 su persona era copropietaria del referido lote y que el 16 de julio de 2011 se inscribió la minuta de 14 de septiembre de 2006 supuestamente reconocida con sus firmas por ante Notaría de Fe Pública 51, y con dicha inscripción dejó de ser copropietaria, siendo la nueva copropietaria  Ella del Carmen Vda. de Razuk, lo que se verifica en el asiento A-2 de la matrícula 7.01.2.01.003254. Que los certificados de 27 de septiembre de 2011 y 9 de julio de 2012 expedidos por la Notaría de Fe Pública 51 certifican y ratifican que la minuta de 14 de septiembre de 2006 y su reconocimiento de firmas y rúbricas no fue realizado en dicha notaría como falsamente estaría consignado en los certificados alodiales. Añade, que tampoco fueron valorados el oficio de 10 de julio de 2012, suscrito por el Notario de Fe Pública Raúl Jordán Arauz, a cargo de la Notaría 53, Fotocopia Legalizada de formulario de declaración testifical de 28 de septiembre de 2012 presentada por Ángela María Razuk Vda. de Marcos, Fotocopia Legalizada de formulario de declaración testifical de 28 de septiembre de 2012 prestada por el imputado Widen Razuk Cuellar, Fotocopia legalizada de formulario de declaración testifical de 28 de septiembre de 2012, facilitada por la imputada Ella del Carmen Cuellar Vda. de Razuk, Instrumento 2149/2011 de 10 de noviembre otorgado por la Notaría de fe pública 53, fotocopia legalizada del protocolo de instrumento 2149/2011 de 10 de noviembre, Correo electrónico notariado enviado por la imputada a su hijo José Castro Razuk y a su persona el 9 de julio de 2011, Informes de Derechos Reales de 6 de marzo de 2012, 07 de agosto de 2012 y de 10 de agosto de 2012, el cuaderno de investigación de la causa FISC ANTI 012012289, todo el cuaderno de investigación de la causa FELCC SCZ 1106760, fotocopia del testimonio extendido por Derechos Reales de la minuta de 14 de septiembre de 2006; y, ii) Fundamentación insuficiente y contradictoria de la Sentencia; el juzgador en su Sentencia refiere que valoró la prueba de cargo y descargo, lo que le resulta errónea y contradictorio ya que los acusados no ofrecieron prueba de descargo, también le constituye un fundamento erróneo la afirmación del Juez cuando alega que la prueba recolectada en la etapa preliminar no fue ratificada en el juicio oral, cuando el propio juez rechazó el incidente de exclusiones probatorias, concluyendo el Juez, que la acusación presenta serias contradicciones; sin embargo, constituye una falta de fundamentación cuando no señala en qué consistirían esas contradicciones.


  1. Valoración Defectuosa de la Prueba; refiere que si bien en el punto anterior arguyó que el Juez no mencionó, menos valoró ni fundamentó las pruebas de cargo, dicha omisión también le constituye el defecto previsto en el art. 370 inc. 6) del CPP, al no haber sido valorada la prueba, que debe seguir la sana crítica que consiste en la lógica que debería necesariamente concluir con una sentencia condenatoria si se hubiere valorado íntegramente la prueba.


II.3.        Del Auto de Vista impugnado.


La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió el Auto de Vista impugnado, que declaró improcedente el recurso de apelación restringida; en consecuencia, confirmó la Sentencia apelada, bajo los siguientes argumentos, vinculados al motivo de casación:


  1. Que en cuanto, a la falta de fundamentación de la Sentencia; la recurrente por un lado indica que existe falta de fundamentación; sin embargo, por el otro indica que no se habría asignado el valor correspondiente a cada uno de los elementos de prueba  documentales y testificales de cargo ofrecidos en el juicio, la recurrente confunde una supuesta falta de fundamentación con una errónea valoración de la prueba; considera que el alegato central era la supuesta falta de fundamentación con una errónea valoración de la prueba, defecto que se enmarca en el art. 370 inc. 6) relacionado al art. 173 del CPP y no así al art. 124 del CPP. Respecto a la insuficiente fundamentación, basado en que el Juez en su Sentencia señaló que habría valorado tanto la prueba de cargo como de descargo, lo que constituiría una aseveración contradictoria, que carece de pertinencia e importancia, pues pese a que no existiere una prueba de descargo ofrecida por los acusados, no significa que ante dicha afirmación la Sentencia recurrida debería ser anulada, por incurrir en un lapsus que carece de importancia, ya que, dicha observación es meramente formal y no ataca el fondo de la cuestión y no constituye una contradicción con la fundamentación, que la afirmación de que se valoró la prueba de cargo como de descargo no merece ser considerada como una fundamentación; entonces si la frase observada no es una fundamentación no puede ser contraria a otra fundamentación que sí merece ser considerada como tal, por lo que rechaza la observación. En cuanto, a que el juzgador en la Sentencia recurrida habría manifestado que las pruebas recolectadas en la etapa preliminar no habrían sido ratificadas en el juicio oral; situación similar a la anterior observación, la parte recurrente realiza una nueva observación formal, pues si estableció con anterioridad que todas las pruebas de cargo ofrecidas fueron judicializadas y asimismo se rechazó el incidente de exclusión probatoria planteado por los acusados, entonces se estaría ante pruebas que sirvieron de base para dictar la Sentencia que ahora se apela, el hecho de que el Juez indique una situación no significa que sea contradictoria, menos cuando las observaciones son formales, no alteran el fondo de la Resolución, por lo que la denuncia de falta de fundamentación no es evidente, máxime si la observación se dirige a otros aspectos como una errónea valoración de la prueba.


  1. Que el segundo aspecto central es la falta de valoración y errónea valoración de la prueba; que respecto a las pruebas documentales, el argumento central del juzgador es que el documento tachado de falso que da origen a la presentación de la acusación consiste en el documento de 14 de septiembre de 2006 con reconocimiento realizado ante Notaría de Fe Pública 51 donde aparecería Evelyn Razuk de Castro junto a Winder Razuk Cuellar y Ángela María Razuk Vda. de Marcos, vendiendo el bien inmueble a Ella del Carmen Vda. de Razuk, no habiendo el documento; es decir, no existiría y al no ser habido tampoco se habría realizado el peritaje para determinar si la firma de Evelyn Razuk de Castro es falso o cierto, razonamiento que acorde a la sana crítica que tiene relación con la doctrina establecida en el Auto Supremo 256/2015-RRC de 10 de abril, en el que se indicó que para demostrar y probar los delitos de Falsedad Material, Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado, debía existir la prueba pericial al documento tachado de falso, máxime si en este caso no existe dicho documento que se indica que es falso, el Juez ponderó la declaración testifical de la Notaría de Fe Pública 51 y las declaraciones de los Testigos José Raúl Jordán Arauz, Evelyn Razuk de Castro y José Hernán Castro Razuk; asimismo, todos los elementos probatorios consistentes en prueba documental, mismos que pueden mostrar indicios, presunciones de que hubo alguna falsedad material o ideológica y por ende un Uso de Instrumento Falsificado; sin embargo, no se demostró con prueba plena que los acusados serían los autores, partícipes, cómplices o instigadores de la comisión de los ilícitos, en especial si no se tiene el documento tachado de falso ni su reconocimiento de firmas que se habrían utilizado para que Ella del Carmen Cuellar Vda. de Razuk tuviese el actual derecho propietario sobre el bien inmueble. En el presente caso la recurrente se refiere a distintos elementos probatorios de cargo que no demuestran con plena certeza la culpabilidad de los acusados en los tipos penales acusados, pues no se demostró con prueba idónea y concluyente que el documento tachado de falso sea tal, a través de un peritaje, prueba científica a los fines de determinar si la firma estampada por la acusadora es falsa o verdadera, evidentemente la declaración testifical de la acusadora constituye prueba testifical válida; sin embargo, la afirmación de la querellante debe estar respaldada de dicha prueba pericial que demuestre que los trazos que contiene el documento tachado de falso, sea falso y la falsedad sea declarada judicialmente, la parte recurrente alega que si bien no existe el documento tachado de falso en original, se habría presentado una copia simple como prueba de cargo que no había sido excluida; que el Auto Supremo 181/2016-RRC de 8 de marzo, alegaría que son válidas las fotocopias simples y no se aplicaría el art. 1311 del Código Civil (CC), en proceso penal y la apreciación está regulada por el principio de legalidad probatoria, pese a que la acusadora alega la existencia del documento en fotocopia simple tampoco se habría realizado el peritaje correspondiente a dicho documento, pues si la acusadora consideraba que en dicha copia del documento sus firmas no corresponden a su autoría, debió solicitar el peritaje para que se demuestre esa situación, lo que no sucedió y por ello no se destruyó la presunción de inocencia de los acusados, ya que, no habría prueba concluyente que demuestre esa falsedad, razonamiento del Juez que concuerda con las reglas de la sana crítica pues si no se ha demostrado la falsedad no puede ser tachado de falso.


  1. Concluye, que el Juez de Sentencia, no incurrió en ninguno de los defectos del art. 370 del CPP, menos en el previsto por el inc. 6) del referido artículo, pues dentro de la valoración integral, conjunta y armónica de toda la prueba consideró que las pruebas no son suficientes para destruir la presunción de inocencia de los acusados.


II.4.        De la solicitud de explicación y complementación.


Notificada la acusadora particular con el Auto de Vista impugnado por memorial a fs. 364, solicitó explicación y complementación bajo el siguiente argumento:


Que señale e indique en qué parte de la Sentencia consta la valoración que realizó sobre las declaraciones testificales de José Raúl Jordán Arauz, Evelyn Razuk de Castro y José Hernán Castro Razuk y la valoración de la prueba documental.


II.5.  Del Auto Complementario 179 de 18 de agosto de 2017.


La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió el Auto Complementario 179 de 18 de agosto de 2017, que declaró no ha lugar a la solicitud de explicación y complementación al Auto de Vista recurrido, bajo los siguientes argumentos:


Que, la impetrante solicita que la Sala Penal Segunda le indique con precisión en qué parte de la Sentencia consta la valoración que realizó el Juez sobre las declaraciones testificales y la prueba documental, es necesario aclarar que el art. 125 del CPP, establece que las partes podrán solicitar explicación, complementación y enmienda a las Sentencias y Autos Interlocutorios, emitidos por la Autoridad que dictó dicha Resolución; es decir, que no se puede pedir que se explique o complemente una resolución dictada por otro Juez o Tribunal en otras instancias, sino ésta solicitud debe ser realizada ante la autoridad que emitió dicha resolución y en el presente caso la impetrante solicita a este Tribunal que indique en qué parte de la Sentencia cursa la valoración de las pruebas testificales y documentales, aspecto que debió ser solicitado al Juez que dictó la Sentencia y no a este Tribunal de apelación. Que el Auto de Vista se encuentra debidamente fundamentado y motivado; además que la impetrante no indica en qué parte del Auto de Vista no es claro y debe ser explicado y complementado.        


III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN

CON LOS PRECEDENTES INVOCADOS


En el presente caso, este Tribunal admitió el recurso de casación a los fines de evidenciar si el Auto de Vista recurrido emitió afirmaciones falsas, incongruentes e indebidas, ante las denuncias de que la Sentencia adolecía de falta de fundamentación; y, defectuosa valoración de la prueba de cargo; por lo que corresponde resolver la problemática planteada mediante la labor de contraste.


III.1.        Respecto a la fundamentación falsa, incongruente e indebida.


Denuncia la parte recurrente, que el Auto de Vista recurrido no guarda relación con los datos del proceso; toda vez, que emitió afirmaciones falsas, incongruentes e indebidas, ante los reclamos concernientes a que la Sentencia adolecía de falta de fundamentación; y, defectuosa valoración de la prueba de cargo, referida a la declaración testifical de la Notaría de Fe Pública 51 y una certificación expedida por ésta; alegando el Tribunal de alzada de manera inexplicable que el Juez de Sentencia ponderó la declaración testifical “DEL NOTARIO DE FE PUBLICA No 51” (sic) y las declaraciones de los testigos José Raúl Jordán Arauz, Evelyn Razuk de Castro y José Hernán Castro Razuk y todos los elementos probatorios consistentes en la prueba documental; fundamento que considera, arbitrario, impreciso e indebido; toda vez, que la Sentencia, no contendría ninguna indicación, menos valoración ni fundamentación de las pruebas; no guardando el Auto de Vista recurrido relación con los datos del proceso; por lo que, por vía de Explicación y Complementación solicitó al Tribunal de alzada que indique con precisión en qué parte de la Sentencia se encontraría la valoración de la prueba testifical y documental; empero, el Tribunal de apelación se negó a complementar, vulnerando su derecho al debido proceso en su vertiente de la debida y correcta fundamentación de las resoluciones. Además, el Auto de Vista recurrido, había invocado como jurisprudencia el Auto Supremo 256/2015-RRC de 10 de abril, afirmando de forma maliciosa, engañosa y falsa, que establecería que “para demostrar y probar los delitos de Falsedad Material, Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado, debe existir la prueba pericial al documento tachado de falso…” (sic), lo que cuestiona, ya que, los fundamentos del referido Auto Supremo ni su doctrina legal establecerían el criterio asumido; incurriendo en una indebida fundamentación que lesiona sus derechos al debido proceso y principio de verdad material.


Respecto, a este primer punto del motivo invocó el Auto Supremo 431 de 15 de octubre de 2005, que fue dictado por la Sala Penal Primera de este Tribunal Supremo de Justicia, en la resolución de un recurso de casación en una causa seguida por los delitos de Falsedad Material, Falsedad Ideológica, Uso de Instrumento Falsificado, Estafa y Manipulación Informática, donde se constató que el Tribunal de alzada no efectuó una revisión exhaustiva de los actuados procesales, provocando con su flaqueza el planteamiento del recurso de casación, aspecto por el que fue dejado sin efecto el Auto de Vista recurrido, sentándose la siguiente doctrina legal aplicable: “que el Tribunal de Apelación se encuentra constreñido a circunscribir sus actos jurisdiccionales a los puntos apelados que delimitan su competencia, tal cual señalan los artículos 396 inciso 3) y 398 del Código de Procedimiento Penal, caso contrario se estarían resolviendo aspectos fuera del contexto legal y de los puntos impugnados; situación en la cual el Tribunal de Apelación estaría actuando sin competencia, con lo que provoca retardación de justicia.


El Tribunal de Apelación al ejercer el control jurisdiccional, está ejercitando también el control constitucional como establece el principio de la supremacía de la norma constitucional incurso en el artículo 228 de la Constitución Política del Estado con relación al artículo 169 inciso 3) del Código de Procedimiento Penal que señala que constituyen defectos absolutos "Los que impliquen inobservancia o violación de derechos y garantías previstos en la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados internacionales vigentes"; en consecuencia, resulta de mayor relevancia que el Tribunal de Alzada cometa uno o más defectos absolutos, cuando es el llamado por la Constitución Política del Estado y la Ley, a que el proceso penal se desarrolle con una efectiva tutela judicial, siendo además sus resoluciones debidamente fundamentadas.


(…).” (El resaltado nos corresponde).


Al respecto, la doctrina legal establecida del precedente entre otros aspectos, refiere que las resoluciones del Tribunal de alzada deben ser debidamente fundamentadas; cuestión que resulta similar a la denuncia del recurrente, que reclama que el Auto de Vista recurrido incurrió en afirmaciones falsas, incongruentes e indebidas; reclamó que denotaría que no contiene una debida fundamentación al resultarle falsa, incongruente e indebida; consiguientemente, será considerada a efectos de conocer el análisis de fondo.


También invocó el Auto Supremo 256/2015-RRC de 10 de abril, que fue dictado por la Sala Penal de este Tribunal Supremo de Justicia, en la resolución de un recurso de casación en una causa seguida por los delitos de Falsedad Material, Falsedad Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado, donde constató que el Tribunal de alzada a tiempo de emitir el Auto de Vista recurrido incurrió en revalorización de la prueba; e, inobservó el principio de legalidad; toda vez, que no observó la correcta subsunción de los hechos a los tipos penales acusados; aspecto por el que fue dejado sin efecto; sin embargo, no será considerado en el análisis del presente recurso; toda vez, que la problemática resuelta, difiere de la reclamada.


Ingresando al análisis del presente motivo, conforme se precisó en los antecedentes procesales vinculados al recurso, ante la emisión de la Sentencia  absolutoria, la acusadora particular conforme se extrajo en el acápite II.2 de esta Resolución, formuló recurso de apelación restringida acusando: como primer agravio la Falta de fundamentación de la Sentencia; en el que precisó: i) Falta de fundamentación en cuanto a la valoración de la prueba de cargo; por cuanto, el Juez de Sentencia habría incumplido la exigencia legal del art. 173 con relación al art. 124 del CPP , ya que, de las 18 pruebas documentales de cargo y 4 testificales de cargo que había judicializado no habían sido valoradas, ni mencionadas en la Sentencia, limitándose a referir mínimamente a la declaración testifical de la Notaría de Fe Pública 51; sin pronunciarse sobre las declaraciones de los testigos José Raúl Jordán Arauz, Evelyn Razuk de Castro y José Hernán Castro Razuk. Que en cuanto a la prueba documental se había limitado a referir solo a una certificación expedida por la Notaría de Fe Pública 51 cuando serían dos las certificaciones que extendió dicha notaría; y, ii) Fundamentación insuficiente y contradictoria de la Sentencia; ya que, la Sentencia alegaría que valoró la prueba de cargo y descargo, lo que le resulta errónea y contradictorio, puesto que, los acusados no habían ofrecido prueba de descargo; y como segundo agravio, reclamó la Valoración Defectuosa de la Prueba; alegando que si bien en el punto anterior arguyó que el Juez no mencionó, menos valoró ni fundamentó las pruebas de cargo, dicha omisión le constituía, defecto previsto en el art. 370 inc. 6) del CPP.


Al respecto, conforme lo extractado en el acápite II.3 de este Auto Supremo, el Tribunal de alzada abrió su competencia, y desestimó las denuncias alegando respecto a la falta de fundamentación de la Sentencia; que la recurrente confunde una supuesta falta de fundamentación con una errónea valoración de la prueba, considerando, que el alegato central era la supuesta falta de fundamentación con una errónea valoración de la prueba, defecto que se enmarca en el art. 370 inc. 6) relacionado al art. 173 del CPP y no así al art. 124 del CPP. Que respecto a la insuficiente fundamentación, carece de pertinencia e importancia, pues dicha observación le resultó meramente formal y no atacaría el fondo de la cuestión y no constituiría una contradicción con la fundamentación.


Continuando con los fundamentos del Auto de Vista recurrido, señaló que con relación al segundo aspecto que era la falta de valoración y errónea valoración de la prueba; respecto a las pruebas documentales, el argumento central del juzgador era que el documento tachado de falso que dio origen a la presentación de la acusación consiste en el documento de 14 de septiembre de 2006, con reconocimiento realizado ante Notaría de Fe Pública 51 donde aparecería Evelyn Razuk de Castro junto a Winder Razuk Cuellar y Ángela María Razuk Vda. de Marcos, vendiendo el bien inmueble a Ella del Carmen Vda. De Razuk, no fue habido; es decir, que el documento no existiría y al no ser habido tampoco se habría realizado el peritaje para determinar si la firma de Evelyn Razuk de Castro era falso o cierto, razonamiento que le resultó acorde a la sana crítica, que tenía relación con la doctrina establecida en el “A.S.256/2.015-RRC de 10 de abril, en el cual se indicó que para demostrar y probar los delitos de Falsedad Material, Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado, debe existir la prueba pericial al documento tachado de falso, máxime si en este caso no existe dicho documento que se indica que es falso. El Juez a quo ponderó la declaración testifical del Notario de Fe Pública No. 51 y las declaraciones de los testigos José Raúl Jordán Arauz, Evelyn Razuk de Castro y José Hernán Castro Razuk, asimismo todos los elementos probatorios consistentes en prueba documental…” (sic).


De esa relación necesaria de antecedentes, se constata, que el reclamo efectuado por la parte recurrente resulta evidente; por cuanto, ciertamente el Auto de Vista recurrido a tiempo de resolver el segundo reclamo de apelación restringida señaló, que el Juez de Sentencia ponderó la declaración testifical de la Notaría de Fe Pública No. 51 y las declaraciones de los testigos José Raúl Jordán Arauz, Evelyn Razuk de Castro y José Hernán Castro Razuk; asimismo, todos los elementos probatorios consistentes en prueba documental; fundamentos que, conforme se advierte del contenido de la Sentencia, no fueron alegados por el Tribunal de mérito, que respecto a la prueba señaló que “Las pruebas tanto de cargo están plasmadas y desarrolladas en el acta de juicio oral en su integridad, las mismas que fueron valoradas y ponderadas de acuerdo a las previsiones de los Arts. 171 y 173 del Código de Procedimiento Penal”; lo que evidencia que el Auto de Vista recurrido no guarda relación con los datos del proceso; puesto que, efectuó afirmaciones falsas, incongruentes e indebidas sobre pruebas que en la Sentencia no fueron mencionadas ni valoradas; lo cual vulnera el debido proceso en su vertiente de una debida fundamentación, pues resulta imprescindible que la Resolución que emita el Tribunal de alzada sea suficientemente motivada y exponga con claridad las razones y fundamentos que la sustente, que permita concluir, que la determinación sobre la existencia o inexistencia del agravio reclamado fue el resultado de un correcto y objetivo control de la valoración de las pruebas, aspecto que no fue cumplido en el caso de autos, incurriendo en contradicción con el Auto Supremo invocado; toda vez, que el Auto de Vista recurrido contiene fundamentos falsos e indebidos que no responden a los datos del proceso, que evidencian que el Tribunal de alzada incumplió con su deber de emitir una Resolución debidamente fundamentada, consecuentemente, este punto del reclamo deviene en fundado.


Ahora bien, emitido el Auto de Vista recurrido conforme se advirtió, con fundamentos que no corresponden a los datos del proceso, la parte recurrente ciertamente por vía de explicación y complementación solicitó al Tribunal de alzada señale con precisión en qué parte de la Sentencia se encontraría la valoración de la prueba testifical y documental que alegó que se encontraba en la Sentencia; respecto a lo cual, conforme se extrajo en el apartado II.5 de esta resolución el Tribunal de alzada por Auto Complementario 179 de 18 de agosto de 2017, rechazó dicha solicitud señalando que: no se puede pedir que se explique o complemente una resolución dictada por otro Juez o Tribunal en otras instancias, que esa solicitud debía ser realizada ante la autoridad que emitió dicha resolución, que en el presente caso la impetrante solicitaba indique en que parte de la Sentencia cursa la valoración de las pruebas testificales y documentales, aspecto que debió ser solicitado al Juez que dictó la Sentencia y no al Tribunal de apelación; argumento que ciertamente resulta indebido; toda vez, que de una comprensión integral de la solicitud efectuada por la parte recurrente al Tribunal de alzada, se comprende que cuestionó una afirmación que señaló el propio Tribunal de apelación que afirmó se encontraba en la Sentencia; lo que de ninguna manera, significa que el recurrente haya solicitado al Tribunal de alzada que explique o complemente una afirmación que hubiere efectuado el Juez de Sentencia, como erróneamente lo interpretó el Tribunal de alzada; lo que evidencia que ciertamente emitió una fundamentación indebida que vulnera el debido proceso e incurre en contradicción con el precedente invocado; toda vez, que incumplió con su deber de emitir una Resolución debidamente fundamentada, por lo que esta parte del reclamo también deviene en fundado.


En cuanto, a que de manera engañosa y falsa el Auto de Vista recurrido invocó el Auto Supremo 256/2015-RRC de 10 de abril alegando que establecería que “para demostrar y probar los delitos de Falsedad Material, Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado, debe existir la prueba pericial al documento tachado de falso”, lo que no le resulta evidente; al respecto, conforme se tiene de los argumentos expuestos por el Auto de Vista recurrido ciertamente a tiempo de desestimar la denuncia formulada por el recurrente señaló, que el razonamiento asumido por el Juez de Sentencia tenía estrecha relación con el “A.S. 256/2.015-RRC de 10 de abril, en el cual se indicó que para demostrar y probar los delitos de Falsedad Material, Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado, debe existir la prueba pericial al documento tachado de falso”; ciertamente dicha conclusión resulta falsa como alega el recurrente; toda vez, que conforme se expresó párrafos arriba el referido Auto Supremo resolvió un recurso de casación en una causa seguida por los delitos de Falsedad Material, Falsedad Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado, que constató que el Tribunal de alzada a tiempo de emitir el Auto de Vista recurrido incurrió en revalorización de la prueba; e, inobservó el principio de legalidad; donde si bien desarrolló la subsunción de los tipos penales de Falsedad Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado; empero, en ninguna de sus partes concluyó, lo que afirma el Tribunal de alzada; consiguientemente, se tiene que incurrió en contradicción con el precedente invocado al haber emitido en el Auto de Vista recurrido una afirmación errónea, que vulnera el debido proceso en su vertiente de una correcta fundamentación, por lo que este punto del motivo también deviene en fundado.


III.2.        En cuanto a la indebida fundamentación ante la inobservancia respecto a que el Juez omitió la exigencia prevista en el art. 173 del CPP.


Alega la parte recurrente, que el Auto de Vista recurrido no observó que el Juez de Sentencia omitió cumplir con la exigencia del art. 173 del CPP, de describir en forma individual los medios probatorios incorporados legalmente a juicio e incumplió con la fundamentación intelectiva; resultándole contradictorio al Auto Supremo 468/2014-RRC de 17 de septiembre, que fue dictado por la Sala Penal de este Tribunal Supremo de Justicia, en la resolución de un recurso de casación en una causa seguida por el delito de Lesiones Gravísimas, donde constató que el Tribunal de alzada a tiempo de confirmar la Sentencia, no cumplió con la debida fundamentación; toda vez, que omitió cumplir con su deber de control respecto a la fundamentación de la Sentencia, aspecto por el que fue dejado sin efecto el Auto de Vista recurrido, toda vez, que no cumplió con los parámetros de una debida fundamentación al no ser expresa, clara, completa, legítima y lógica.


Al respecto, la doctrina legal invocada fue sentada debido a que el Tribunal de alzada incumplió con su deber de fundamentación; toda vez, que omitió cumplir con su deber de control respecto a la fundamentación de la Sentencia; aspecto que resulta similar al planteamiento efectuado por el recurrente en este punto de su reclamo, por lo que será considerado a efectos de conocer el análisis de fondo.


Conforme se precisó en los antecedentes procesales vinculados al recurso, el recurrente formuló recurso de apelación restringida acusando: como primer agravio la Falta de fundamentación de la Sentencia; en el que precisó, la falta de fundamentación en cuanto a la valoración de la prueba de cargo; por cuanto, el Juez de Sentencia habría incumplido la exigencia legal del art. 173 con relación al art. 124 del CPP, ya que, de las 18 pruebas documentales de cargo y 4 testificales de cargo que había judicializado no habían sido valoradas, ni mencionadas en la Sentencia, limitándose a referir mínimamente a la declaración testifical de la Notaría de Fe Pública 51; sin pronunciarse sobre las declaraciones de los testigos José Raúl Jordán Arauz, Evelyn Razuk de Castro y José Hernán Castro Razuk. Que en cuanto a la prueba documental se había limitado a referir solo a una certificación expedida por la Notaría de Fe Pública 51, cuando serían dos las certificaciones que extendió dicha notaria; y como segundo agravio, reclamó Valoración Defectuosa de la Prueba; aclarando que si bien en el punto anterior arguyó que el Juez no mencionó, menos valoró ni fundamentó las pruebas de cargo, dicha omisión a criterio de la parte recurrente constituía defecto previsto en el art. 370 inc. 6) del CPP; respecto a lo cual, conforme se extractó en el apartado II.3 de esta Resolución, el Tribunal de alzada abrió su competencia, y desestimó las denuncias alegando con relación a la falta de fundamentación de la Sentencia, que la parte recurrente confundió una supuesta falta de fundamentación con una errónea valoración de la prueba. Que con relación a la falta de valoración y errónea valoración de la prueba; respecto a las pruebas documentales, el argumento central del juzgador era que el documento tachado de falso que dio origen a la presentación de la acusación consiste en el documento de 14 de septiembre de 2006, con reconocimiento realizado ante Notaría de Fe Pública 51, no fue habido, y al no ser habido no se habría realizado el peritaje para determinar si la firma de Evelyn Razuk de Castro era falso o cierto, razonamiento que le resultó acorde a la sana crítica que tenía relación con la doctrina establecida en el “A.S.256/2.015-RRC de 10 de abril, en el cual se indicó que para demostrar y probar los delitos de Falsedad Material, Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado, debe existir la prueba pericial al documento tachado de falso, máxime si en este caso no existe dicho documento que se indica que es falso. El Juez a quo ponderó la declaración testifical del Notario de Fe Pública No. 51 y las declaraciones de los testigos José Raúl Jordán Arauz, Evelyn Razuk de Castro y José Hernán Castro Razuk, asimismo todos los elementos probatorios consistentes en prueba documental…” (sic); sin embargo, no se habría demostrado con prueba plena que los acusados serían los autores, partícipes, cómplices o instigadores de la comisión de los ilícitos, en especial si no se tiene el documento tachado de falso ni su reconocimiento de firmas que se habrían utilizado para que Ella del Carmen Cuellar Vda. de Razuk tuviese el actual derecho propietario sobre el bien inmueble. Que la parte recurrente se refería a distintos elementos probatorios de cargo que no demostraban con plena certeza la culpabilidad de los acusados en los tipos penales acusados, ya que, no se habría demostrado con prueba idónea y concluyente que el documento tachado de falso sea tal, a través de un peritaje, prueba científica a los fines de determinar si la firma estampada por la acusadora es falsa o verdadera, que evidentemente la declaración testifical de la acusadora constituía prueba testifical válida; sin embargo, esa afirmación debía estar respaldada de dicha prueba pericial que demuestre que los trazos que contiene el documento tachado de falso, sea falso y la falsedad sea declarada judicialmente, la parte recurrente alega que si bien no existe el documento tachado de falso en original, se habría presentado una copia simple como prueba de cargo que no había sido excluida; empero, no se habría realizado el peritaje correspondiente, que si la acusadora consideraba que en dicha copia del documento sus firmas no corresponden a su autoría, debió solicitar el peritaje para que se demuestre esa situación, concluyendo el Tribunal de alzada, que el razonamiento del Juez concuerda con las reglas de la sana crítica.


De esa relación necesaria de antecedentes, se constata, que ciertamente el Auto de Vista recurrido incurrió en contradicción con el precedente invocado; toda vez, que omitió cumplir con una debida fundamentación, limitándose a efectuar conclusiones propias, que no corresponden en su integridad a los datos del proceso, pues del contenido de la Sentencia, si bien en su tercer Considerando bajo el título hechos probados, señaló que “Las pruebas tanto de cargo están plasmadas y desarrolladas en el acta de juicio oral en su integridad, las mismas que fueron valoradas y ponderadas de acuerdo a las previsiones de los Arts. 171 y 173 del Código de Procedimiento Penal”; añadiendo, en el Considerando quinto denominado hechos no probados que “…recepcionadas que han sido durante el juicio todas las pruebas ofrecidas y producidas por la acusación particular y la defensa de los acusados, el suscrito Juez procedió a observar y valorar el contenido de las mismas… Así como el conjunto de todos y cada uno de los elementos probatorios de cargo y descargo propuestos y producidos por la acusación particular y defensa durante el juicio…”; sin embargo, conforme reclama la parte recurrente en ninguna de sus partes se observa la descripción de forma individual de los medios probatorios incorporados legalmente a juicio, tampoco existe la fundamentación probatoria intelectiva en la que el Juez o Tribunal debe señalar por qué un medio de prueba le merece o no crédito, debiendo realizar este trabajo sobre cada medio probatorio, en aplicación de las reglas de la sana crítica conforme prevé el art. 173 del CPP; empero, dichos defectos no fueron observados por el Tribunal de alzada, pese a que fueron reclamados por la parte recurrente en la formulación de su recurso de apelación restringida, observándose que el Auto de Vista recurrido incurrió en contradicción con el precedente invocado; toda vez, que realizó afirmaciones que no reflejan una debida fundamentación de los datos del proceso; toda vez, que omitió cumplir con su deber de control respecto a la fundamentación de la Sentencia; por lo que este punto deviene en fundado.


III.3.        En cuanto al fundamento erróneo anclado en el antiguo sistema de la prueba tasada.


Reclama la parte recurrente que el Auto de Vista recurrido incurrió en contradicción con el Auto Supremo 14/2013-RRC de 6 de febrero; toda vez, que había alegado que la Falsedad Material, Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado, únicamente se probaría con prueba pericial; argumento que considera errado que estaría anclado en el antiguo sistema de la prueba tasada.


Al respecto el Auto Supremo invocado, fue dictado por la Sala Penal Segunda de este Tribunal Supremo de Justicia, en la resolución de un recurso de casación en una causa seguida por el delito de Violación de Niño, Niña o Adolescente, donde constató que el Tribunal de alzada con un fundamento erróneo anuló la Sentencia alejándose de la libre valoración de la prueba, por cuanto, no consideró que la resolución de instancia no obró simplemente en referencia a la pruebas introducidas sino más al contrario estableció con precisión los hechos acreditados, efectuando la debida fundamentación descriptiva tanto de la prueba de cargo como de descargo, habiendo desarrollado la fundamentación intelectiva, por lo que fue dejado sin efecto la Resolución recurrida, sentándose la siguiente doctrina legal aplicable: “Una vez introducida la prueba de cargo y descargo al proceso, desarrollados los actos y pasos procesales inherentes a la sustanciación del juicio oral, realizados los actos de cierre por las partes y clausurado el debate, corresponde al Juez o Tribunal dictar una Sentencia, cimentada en la decisión asumida en la deliberación, sobre la base de lo visto, oído y percibido en la audiencia de juicio, efectuando la labor de valoración e interpretación siguiendo las reglas de la sana crítica, apreciando individual e integralmente las pruebas desfiladas y sometidas a la contradicción ante sus sentidos.


Aquellas expresiones y la exposición de las razones que hacen a la decisión asumida permitirá al Tribunal de alzada, establecer si la sentencia recurrida responde a cánones de racionalidad en la decisión sobre los hechos sometidos al debate de juicio, o bien entrar en la corrección de la aplicación del derecho con el objetivo de que sea posible su control por los órganos judiciales superiores competentes, para evitar toda posible arbitrariedad en el ejercicio de la función jurisdiccional y, al mismo tiempo, ofrecer satisfacción al derecho de los ciudadanos del Estado a la tutela judicial efectiva.


Es así que, el Tribunal de alzada al resolver el recurso de apelación restringida, tiene el deber, dentro de un juicio de legalidad, de ejercer el control de la valoración de la prueba realizada por el Juez o Tribunal de Sentencia, a efecto de constatar si se ajusta a las reglas de la sana crítica y contenga una debida fundamentación; además, que las conclusiones contenidas en la sentencia no sean contradictorias o conducentes a un absurdo lógico en desmedro de la parte imputada, no correspondiendo la anulación de la sentencia, por ende la reposición del juicio, cuando aquella contiene la debida fundamentación fáctica, descriptiva e intelectiva, conforme las exigencias previstas en el art. 173 del CPP, por tanto expresa la razonabilidad y motivación de parte del Tribunal o Juez de Sentencia”.


La doctrina legal invocada, fue sentada debido a que el Tribunal de alzada incurrió en una fundamentación errónea, situación procesal que resulta similar al planteamiento efectuado por el recurrente, por lo que corresponde conocer el análisis de fondo del presente punto.


Conforme ya se expuso ciertamente el Auto de Vista recurrido a tiempo de desestimar el recurso de apelación restringida interpuesto por la parte recurrente señala, que el razonamiento asumido por el Juez de Sentencia tenía estrecha relación con el “A.S. 256/2.015-RRC de 10 de abril, en el cual se indicó que para demostrar y probar los delitos de Falsedad Material, Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado, debe existir la prueba pericial al documento tachado de falso”; interpretación que, resulta errónea como alega el recurrente; toda vez, que conforme ya se advirtió, el Auto Supremo al que hace alusión el Auto de Vista para sustentar la fundamentación del Juez de mérito, en ninguna de sus partes concluyó lo que afirma el Tribunal de alzada, consiguientemente se tiene que incurrió en contradicción con el precedente invocado al haber emitido un razonamiento erróneo, deviniendo este punto del motivo en fundado.


III.4.        Respecto a la inobservancia de que el Juez de Sentencia renunció a la valoración integral de la prueba.


Manifiesta la parte recurrente que el Auto de Vista recurrido resulta contradictorio al Auto Supremo 46/201 de 9 de marzo, al manifestar que no existió prueba de la autoría de los acusados por no existir el documento tachado de falso, no observando que el Juez renunció a la valoración integral de la prueba y a la aplicación de la lógica como elemento central de la sana crítica.


Antes de ingresar a resolver la problemática planteada mediante la labor de contraste entre el precedente citado con el Auto de Vista recurrido, corresponde señalar que el recurso de casación es un mecanismo de impugnación que se encuentra garantizado por la Constitución Política del Estado y regulado por la Ley, así, la normativa constitucional, en el marco de las garantías recogidas, establece el principio de impugnación en su art. 180.II, como un medio eficaz para buscar el control de la actividad de los administradores de justicia, precautelando la vigencia de los derechos y garantías constitucionales, esto es, la aplicación correcta de la norma sustantiva como adjetiva. En ese contexto normativo, este Tribunal, ha reiterado constantemente en sus exámenes de admisibilidad que el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción, cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincide con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia a fin de asegurar la vigencia del principio de igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y sustantiva será efectivamente aplicada por igual.


De tal manera que, en la labor de verificación o contraste entre lo resuelto en un caso concreto, con lo efectivizado en los precedentes invocados, primero se identifiquen plenamente la similitud de los supuestos de hecho, para que en segundo término, se analice si el fundamento jurídico que da origen a la doctrina legal, es aplicable al caso examinado, correspondiendo hacer hincapié en que el precedente establecido por el Tribunal Supremo o los Tribunales Departamentales de Justicia, es de estricta observancia conforme impone el art. 420 del CPP, en los casos en que se presente una situación de hecho similar, en coherencia con los principios de seguridad jurídica e igualdad.


En esa línea esta Sala Penal a través del Auto Supremo 322/2012-RRC de 4 de diciembre, ha precisado que: “Cuando la norma se refiere a una situación de hecho similar, considera esta Sala que el legislador se refiere a supuestos fácticos análogos, siendo necesario precisar que en materia sustantiva el supuesto fáctico análogo exige que el hecho analizado sea similar; en cambio, en material procesal el supuesto fáctico análogo se refiere a una problemática procesal similar”.


Ahora bien, a los fines de resolver el punto planteado necesariamente se debe acudir al Auto Supremo invocado por la parte recurrente, a objeto de verificar si se contradijo o no el mismo. Es así que el Auto Supremo 46 de 9 de marzo de 2010, fue dictado por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Suprema de Justicia, en la resolución de un recurso de casación en una causa seguida por el delito de Violación, donde constató que el Auto de Vista recurrido incurrió en revalorización de la prueba; aspecto por el que fue dejado sin efecto; sin embargo, en el punto en examen, no se presenta el mismo supuesto de hecho; toda vez, que la parte recurrente reclama una cuestión de índole procesal en sentido de que el Tribunal de alzada no observó que el Juez de Sentencia renunció a la valoración integral de la prueba y a la aplicación de la lógica como elemento central de la sana crítica; denuncia, que no guarda relación alguna con los fundamentos del precedente invocado que sentó la siguiente doctrina legal aplicable: “Para una decisión de condena no es necesario que la culpabilidad del imputado deba establecerse sobre la base de la totalidad de pruebas de cargo presentadas, sino que por la evaluación del conjunto expuesto, incluyendo indicios y presunciones, puede quien juzga llegar a la certeza moral de una plena convicción más allá de toda duda razonable. La absolución sólo debe surgir de una imparcial consideración de toda la evidencia del caso o de la falta de suficiente prueba en apoyo de la acusación.


Que no solamente consta la falta de aplicación de tal criterio por parte del Tribunal de Alzada, sino que, efectivamente, sus integrantes basaron su pronunciamiento en una nueva valoración de pruebas, contrariando por ello la otra doctrina legal aplicable invocada por el recurrente con cita de los Autos Supremos presentados como precedentes”.


Por los fundamentos expuestos y por la naturaleza del recurso de casación, queda establecido que el precedente invocado respecto a este punto del motivo de casación, no resulta aplicable al Auto de Vista recurrido; toda vez, que no contiene una problemática similar.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara FUNDADO el recurso de casación interpuesto por Antonio Carlos Castro Razuk en representación de Evelyn Razuk de Castro, con los fundamentos expuestos precedentemente y en aplicación del art. 419 del CPP, DEJA SIN  EFECTO el Auto de Vista 55 de 20 de julio de 2017 y el Auto Complementario 179 de 18 de agosto de 2017, disponiendo que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, previo sorteo y sin espera de turno, pronuncie un nuevo Auto de Vista en conformidad a la doctrina legal establecida en la presente Resolución.


En aplicación del art. 17.IV de la LOJ, por Secretaría de Sala, comuníquese el presente Auto Supremo y remítase antecedentes al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Edwin Aguayo Arando 

Magistrado Dr. Olvis Eguez Oliva

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos