TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 368/2018-RRC

Sucre, 05 de junio de 2018


Expediente        : Chuquisaca 29/2017

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otro

Parte Imputada        :        Orlando David Soza Villanueva

Delitos                : Estafa y otro

Magistrado Relator        : Dr. Olvis Eguez Oliva


RESULTANDO


Por memorial presentado el 22 de septiembre de 2017, cursante de fs. 482 a 486 vta., Orlando David Soza Villanueva, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 239/017 de 4 de septiembre de 2017, de fs. 459 a 462 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancias de Andrés Heredia Taboada contra el recurrente, por la presunta comisión de los delitos de Estafa y Estelionato, previstos y sancionados por los arts. 335 y 337 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


  1. Por Sentencia 8/2017 de 16 de marzo (fs. 401 a 409 vta.), el Tribunal Tercero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, declaró a Orlando David Soza Villanueva, autor de la comisión del delito de Estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del CP, imponiendo la pena de cuatro años de reclusión, con costas, daños y perjuicios, siendo absuelto del delito de Estelionato.


  1. Contra la mencionada Sentencia, el imputado Orlando David Soza Villanueva (fs. 413 a 437 vta.), que previo memorial de subsanación (fs. 454 y vta.), interpuso recurso de apelación restringida, resuelto por Auto de Vista 239/017 de 4 de septiembre de 2017, emitido por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, que declaró inadmisibles los motivos del mencionado recurso y confirmó la Sentencia apelada, con costas, motivando la interposición del presente recurso de casación.


I.1.1. Motivos del recurso de casación.


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 050/2018-RA de 5 de febrero, se extrae el motivo a ser analizados en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


El recurrente denuncia que a través de la inadecuada aplicación del art. 408 del CPP, se violentó el Debido Proceso, en sus vertientes de falta de motivación y vulneración al derecho a la defensa y el derecho a recurrir. El Auto de Vista recurrido rechazó los tres motivos de la apelación restringida y del memorial de subsanación, declarando la inadmisibilidad del recurso, con una apreciación totalmente equivocada; toda vez, que en apelación restringida como en el memorial de complementación se habría precisado cada una de las observaciones realizadas por el Tribunal de alzada. Referente al primer motivo que fue declarado inadmisible, manifiesta que claramente precisó la norma violada que fuese el art. 335 del CP. Con relación al segundo y tercer motivo que fueron declarados inadmisibles, refiere que el Tribunal de alzada, resolvió sin precisar de manera independiente cada motivo, rechazando los mismos con similares argumentos que el primero, arguye también, que se hubiese precisado que las disposiciones violadas, siendo  los arts. 124 y 173 del CPP. Por lo que, el recurrente manifiesta que hubiese cumplido con la exigencia del art. 408 del CPP. Concluyendo que el Tribunal de apelación obvió los principios Pro Actione, Favor Debilis y Pro Homine


Invocando como precedentes contradictorios: el Auto Supremo 201/2013-RRC de 2 de agosto, referente al principio pro actione, el Auto Supremo 085/2012-RA de 4 de mayo, respecto al derecho a la impugnación y el Auto Supremo 100/2016-RRC de 16 de febrero, relativo al juicio de admisibilidad del recurso de apelación restringida, con la finalidad de evitar una rigurosidad excesiva en la verificación del cumplimiento de los requisitos legales para su admisión, que signifiquen una negación de acceso a la justicia del impugnante. Asimismo, nombra cómo precedentes contradictorios a los Autos Supremos 159/2016-RRC de 7 de marzo y 395/2014-RRC de 18 de agosto.


I.1.2. Petitorio.


El recurrente solicitó que deliberando en el fondo, se anule la Resolución impugnada, disponiendo el pronunciamiento sobre el fondo de la apelación restringida, conforme al art. 419 del CPP.


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 050/2018-RA de 5 de febrero, este Tribunal admitió el recurso de casación formulado por Orlando David Soza Villanueva, únicamente para el análisis de fondo del motivo identificado precedentemente, con la aclaración que los Autos Supremos 159/2016-RRC de 7 de marzo y 395/2014-RRC de 18 de agosto, no serán motivo de contraste en la Resolución de fondo.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se establece lo siguiente:


II.1.        De la Sentencia.


Por Sentencia 8/2017 de 16 de marzo, el Tribunal Tercero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, declaró a Orlando David Soza Villanueva, autor de la comisión del delito de Estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del CP y absuelto del delito de Estelionato, en base a los siguientes argumentos:


  1. El imputado Orlando David Soza Villanueva, de forma dolosa procedió el 21 de enero de 2012 a suscribir con la víctima Andrés Heredia Taboada, el documento privado de compra venta de un camión, cuando conocía perfectamente que no era propietario del mismo.


  1. En el documento privado, el imputado declara ser propietario de un camión Nissan Cóndor CM-125, sin insertar más datos y especificaciones, vehículo que es inexistente según la certificación emitida por el Encargado de Vehículos del Gobierno Municipal de Sucre, menos era propietario del camión del acusado. También declara que a la suscripción del documento se le cancela la suma de $us. 9.000 (nueve mil dólares estadounidenses 00/100) y el saldo de $us. 14.500 (catorce mil quinientos dólares estadounidenses 00/100) se le pagaría a la entrega del camión hasta el 21 de febrero de 2012, impostergablemente.


  1. Para fortalecer en error a la víctima, el imputado utilizó engaños que consistieron en hacerle creer que era propietario y le estaba transfiriendo el camión, cuando en realidad nunca fue propietario de vehículo alguno y nunca tuvo la intención de cumplir con lo acordado, de tal manera que el camión transferido era un bien inexistente.


  1. De la certificación emitida por el Encargado de Vehículos del Gobierno Municipal de Sucre, se tiene que el imputado no es propietario de ningún vehículo y menos del camión vendido a la víctima, como tampoco se conoce quién es la persona propietaria del camión de las características referidas, no es posible establecer que el camión vendido sea un bien ajeno, pero es evidente la concurrencia de la disposición patrimonial y el perjuicio ocasionado en el patrimonio de la víctima.

 

II.2.        Del recurso de apelación restringida.


       Contra la referida Sentencia, el imputado interpuso recurso de apelación restringida, argumentó básicamente que:


  1. La Resolución de mérito al señalar que el ilícito de Estafa, se configuró al momento que el imputado manifestó ser propietario del camión mediante documento de compraventa de 21 de enero de 2012, incurre en fundamentación contradictoria a las testificales de Hilarión Duran Zeballos, Laura Duran Zeballos y Andrés Heredia Taboada; aspecto que, derivó en una incorrecta subsunción al delito de Estafa. Además de ello, señala el apelante que el ilícito previsto en el art. 335 del CP, es un delito instantáneo; empero, el Tribunal de mérito habría referido que posterior a la suscripción del documento de compraventa, el imputado continúo incumpliendo los compromisos arribados con la víctima, manteniéndose en el tiempo el engaño como elemento del tipo.


  1. Reclama la defectuosa valoración de la prueba; por cuanto, todas las testificales de cargo coinciden en que desde el año 2010, el imputado no era propietario del camión objeto del litigio. Asimismo, acusa que la Sentencia no consigna la parte del interrogatorio en la que los testigos señalan la modalidad de traer los “caminos” (sic) a través de los trámites aduaneros. Por otro lado, haciendo alusión a la documental denominada con los códigos alfanuméricos MP-PD 2, MP-PD 3, MP-PD 5, MP-PD 6 y MP-PD 7, denuncia que las pruebas observadas no fueron sometidas al sistema de la sana crítica, al no percatarse de la inconsistencia de estas con la prueba testifical y no tomar en cuenta que el imputado solo tramitaba el traslado del camión sin ser propietario del mismo.


  1. Denuncia también el defecto de Sentencia contenido en el inc. 5) del art. 370 del CPP; ya que, en las conclusiones arribadas por el Tribunal de Sentencia, no se fundamentó cómo se llegó a la conclusión de que el hecho existió, limitándose a señalar que el imputado llamaba a la víctima para “encajarle” (sic) el camión, cuando no existe una sola prueba que corrobore tal extremo. De igual forma, el apelante acusa que el Tribunal de mérito no fundamenta cuándo con exactitud se desplegó la conducta del imputado y cuáles fueron los supuestos engaños desplegados hacia la víctima.


II.3.  Del memorial de subsanación.


En atención a las observaciones extrañadas por el Tribunal de alzada, mediante Resolución de 22 de junio de 2017, el imputado a través de memorial de “Subsano observaciones”, expresó lo siguiente:


  1. En cuanto al primer motivo de apelación, la Sentencia vulneró el principio de legalidad; ya que, debió aplicarse lo previsto por el art. 363 inc. 1) y 363 inc. 3) del CPP, al constituirse el hecho en una conducta atípica.


  1. Respecto al segundo motivo de su alzada, acusa en la Sentencia la defectuosa valoración probatoria y vulneración del derecho al debido proceso en su vertiente de legalidad, por lo que debió aplicarse lo dispuesto en el art. 173 del CPP; es decir, la valoración integral de la prueba, con la aplicación de las reglas de la sana crítica, sobre un correcto entendimiento humano.


  1. Finalmente, como tercer motivo señala la vulneración del derecho al debido proceso en su vertiente de la debida fundamentación, al existir en la Resolución de mérito una inadecuada fundamentación y motivación.

       

II.4.  Del Auto de Vista impugnado.


La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, emite el Auto de Vista 239/017 de 4 de septiembre, que declara inadmisible el recurso de apelación restringida interpuesto por Orlando David Soza Villanueva, señalando entre sus argumentos lo siguiente:


  1. En cuanto al primer motivo alegado, el recurrente mediante memorial de “Subsano observaciones”, precisa que se vulneró derechos y garantías constitucionales; ya que, el hecho no constituye delito por ser una conducta atípica, develando el absoluto incumplimiento de los aspectos extrañados por el Tribunal de alzada; máxime si en el memorial de apelación restringida, el recurrente invoca normas del CP y en el de subsanación invoca del CPP.


Conforme los expuesto se evidencia del memorial de subsanación, que el apelante no ha superado conforme a derecho los requisitos extrañados en su oportunidad en relación al primer motivo de su recurso.


  1. Lo mismo ocurre con los otros dos motivos recursivos, pues respecto del segundo motivo, el apelante en el memorial de subsanación invoca la nulidad de la Sentencia en atención al art. 407 del CPP, porque existen defectos como dispone el art. 169 inc. 3) del CPP y debió aplicarse lo dispuesto por el art. 173 del CPP.


  1. Respecto al tercer motivo, se limita a pedir la nulidad del fallo de manera idéntica que el segundo motivo pero con relación al art. 124 del CPP.


III. VERIFICACIÓN DE LA PROBABLE CONTRADICCIÓN ENTRE EL PRECEDENTE INVOCADO Y LA VULNERACIÓN DE DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES


Precisado el motivo referido a la inadmisibilidad del recurso de apelación restringida interpuesto por el imputado, en vulneración a los principios pro actione, favor debilis, pro homine y el derecho a impugnación, este Tribunal deberá verificar si el Auto de Vista recurrido, contradice la doctrina legal aplicable contenida en los Autos Supremos 201/2013-RRC de 2 de agosto, 085/2012-RA  de 4 de mayo y 100/2016-RRC de 16 de febrero. En consecuencia, corresponde resolver la problemática planteada.


III.1. Derecho de impugnación y principio pro actione.


La Constitución Política del Estado reconoce entre otros derechos, el de recurrir conforme lo previsto por el art. 180.II de la mencionada norma suprema; por su parte, el art. 394 del CPP, establece que las Resoluciones judiciales serán recurribles en los casos expresamente establecidos por ese Código. Además, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su art. 8 señala: "Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o la ley"; por su parte, el art. 8.2. inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que toda persona tiene: “derecho de recurrir del fallo ante el juez o tribunal superior" y en su art. 25 refiere que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales…”.


Por otro lado, la Constitución Política del Estado, proclama los principios constitucionales de verdad material y el debido proceso entre otros, conllevando a considerar el respeto de los derechos humanos y el alcance de principios como el pro homine y pro actione; sobre el segundo, el Tribunal Constitucional de Bolivia en la Sentencia Constitucional 0501/2011-R de 25 de abril, con base a las normas contenidas en instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; y, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, señaló: “…el principio pro actione se constituye como el deber de interpretar las normas procesales en el sentido más favorable a la admisibilidad de la acción, lo que también evita pronunciamiento de inadmisibilidad por defectos que puedan ser subsanados sin dar la oportunidad de hacerlo, prohibiendo asimismo la discriminación al acceso de la justicia de cualquier persona y brindar una justicia pronta y oportuna, sin dilaciones” .


El principio pro actione, que a la luz de la presente problemática, está directamente vinculado con los derechos a la tutela judicial efectiva y al acceso a la Justicia, es una manifestación del principio pro homine en el ámbito procesal, en virtud del cual, la interpretación de una disposición legal, debe hacerse en el sentido que sea lo más accesible posible a un adecuado y recíproco sistema garantista, en el cual prevalezca más la justicia que cualquier formalismo extremo que obstaculice u obstruya una tutela constitucional efectiva.


En ese contexto, la CPE refiere sobre el principio pro actione, en su art 14.III: “El Estado garantiza a todas las personas y colectividades, sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales de derechos humanos”, de igual forma, el 14.V establece: “Las leyes bolivianas se aplican a todas las personas, naturales o jurídicas, bolivianas o extranjeras, en el territorio boliviano”; dichos artículos se encuentran vinculados y concordantes con el art. 115 del texto constitucional que indica: “I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”.


Sobre el principio pro actione el Auto Supremo 201/2013-RRC de 2 de agosto de 2013, expresó: “…principio de interpretación más favorable, que es parte inmanente del principio pro actione, que significa que el órgano jurisdiccional tiene la inexcusable obligatoriedad de interpretar las normas previstas para la admisibilidad de la apelación restringida en el sentido más favorable del presentante; es decir, que un defecto formal puede ser superado siempre y cuando la norma no identifique dicha irregularidad como requisito esencial en la admisión”.


Este principio, significa que la autoridad jurisdiccional tiene el deber y obligación de interpretar las normas, en el sentido más favorable y por tanto, a la luz de los principios y valores que irradia la Constitución.

III.2. Análisis del caso concreto.


       En el caso presente, el recurrente denuncia que el Tribunal de alzada declaró inadmisible su apelación restringida, bajo una apreciación equívoca, sin motivación alguna y sin tomar en cuenta el cumplimiento de las previsiones estatuidas por el art. 408 del CPP; no obstante, de haber subsanado su recurso a cabalidad conforme a los requisitos extrañados por el Tribunal de apelación.


       Como precedentes contradictorios, invocó los Autos Supremos 201/2013-RRC  de 2 de agosto, 085/2012-RA de 4 de mayo y 100/2016-RRC de 16 de febrero, el primero de ellos -201/2013-RRC  de 2 de agosto-, dictado dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en contra de Tito Peredo y otros, por la presunta comisión del delito de Tráfico de Sustancias Controladas, donde se constató que el Auto de Vista impugnado, declaró inadmisibles los recursos de apelación restringida interpuestos en tiempo hábil y oportuno por los recurrentes, porque no presentaron memorial de subsanación ante ese Tribunal, sino ante el Tribunal de Sentencia que diligenció la notificación con el Auto de observación, estableciendo como doctrina legal aplicable que: “…principio de interpretación más favorable, que es parte inmanente del principio pro actione, que significa que el órgano jurisdiccional tiene la inexcusable obligatoriedad de interpretar las normas previstas para la admisibilidad de la apelación restringida en el sentido más favorable del presentante; es decir, que un defecto formal puede ser superado siempre y cuando la norma no identifique dicha irregularidad como requisito esencial en la admisión.”


       Asimismo, el Auto Supremo 085/2012-RA de 4 de mayo, fue dictado dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y otra, contra Josefina Condori de Chávez, por la presunta comisión del delito de Allanamiento del Domicilio o sus Dependencias y otro, donde se constató que el Tribunal de Alzada; no obstante, la denuncia expresa formulada por la recurrente, se limitó a realizar una revisión superficial e inadecuada del memorial de recurso de apelación restringida, sólo con respecto a los requisitos formales, sin cumplir su verdadera labor de control de todo lo obrado, donde tiene la posibilidad de constatar la existencia o no, de defectos absolutos que no pueden ser convalidados por imperio del art. 169 inc. 3) del CPP, estableciendo como doctrina legal aplicable que: “Constituyendo un derecho fundamental el "derecho de impugnación", conforme garantiza el 180.II de la CPE que coincide con art. 8.2 inc. h) de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; los Tribunales de Alzada que conozcan recursos de apelación restringida, velando por el cumplimiento de los principios de legalidad y tutela judicial efectiva, tienen el deber de realizar la labor de control del desarrollo del proceso, revisando que el mismo se haya desplegado sin la concurrencia de vicios que vulneren derechos y garantías constitucionales, que según el art. 169.3 del CPP constituyen defectos absolutos que no son susceptibles de convalidación; empero, estos tienen que ser denunciados al interior del proceso.”.


       Finalmente, el Auto Supremo 100/2016 de 16 de febrero, dictado dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y otro, contra Mario Alvis Calderón y otros, por la presunta comisión del delito de Peculado y otros, donde se constató que el Auto de Vista impugnado, sin efectuar un análisis exhaustivo y cuidadoso de los memoriales de apelación y subsanación, ni observar los principios de interpretación más favorable a la admisión del recurso, de proporcionalidad y de subsanación, declaró inadmisible el recurso de apelación restringida, inhibiéndose de conocer el fondo de las denuncias, razón por la cual fue dejado sin efecto, reiterando la doctrina legal aplicable referida a los lineamientos en cuanto al juicio de admisibilidad del recurso de apelación restringida: “Compete a los Tribunales Departamentales de Justicia en el marco previsto por los arts. 51.2) y 407 y siguientes del CPP, examinar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y resolver la admisión del recurso de apelación restringida; al llevar a cabo esta misión, no pueden aplicar las normas de modo automático ni literal, sino que su actividad debe estar regida por una serie de principios que tiene su base en el derecho a la tutela judicial efectiva y a un debido proceso con todas las garantías, considerando que el principio pro actione es el principio informador de las normas procesales penales; en ese sentido, cuando el Tribunal de apelación interpreta y aplica de forma excesivamente rigurosa y formalista los criterios de admisibilidad, vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y el debido proceso, que buscan efectivizar la posibilidad de que todos puedan utilizar los recursos procesales previstos por ley, sin obstáculos innecesarios, desproporcionados o carentes de justificación, de ahí que la norma procesal no permite un rechazo in limine sino que a efectos de garantizar el derecho al recurso, a la tutela judicial efectiva y al debido proceso en caso de existir un defecto u omisión de forma, el juez o tribunal de apelación debe hacerlo conocer al recurrente a través de observaciones claras y precisas, otorgándole un plazo de tres días para que amplíe o corrija, bajo apercibimiento de rechazo.


       Incluso después de la corrección efectuada por la parte recurrente, el Tribunal de apelación no debe aplicar las normas en su estricta literalidad, ni actuar arbitrariamente en el ejercicio del poder valorativo para determinar si un recurrente ha cumplido o no con los requisitos de admisibilidad, esta labor tiene su freno en la Constitución; esto no supone que tenga la obligación de admitir todo recurso que se formule, por el contrario en ejercicio de la facultad que la propia ley le reconoce, puede perfectamente inadmitirlo cuando la falta de fundamentos sea evidente, cierta y patente; pero la determinación debe estar fundamentada en la aplicación e interpretación de la norma en el ámbito del acceso al recurso, la tutela judicial efectiva y el principio pro actione.


       En ese ámbito, a los efectos de la valoración del cumplimento de los requisitos de admisibilidad, deben aplicarse los criterios rectores de la actividad jurisdiccional como los principios de interpretación más favorable, de proporcionalidad y de subsanación.


       El principio de interpretación más favorable a la admisión del recurso.- Partiendo del derecho del acceso al recurso, se entiende que la Constitución contiene un mandato positivo que obliga a interpretar la normativa vigente en el sentido más favorable para la efectividad del derecho fundamental, de forma que, aunque las formas y requisitos del proceso cumplen un papel importante para la ordenación del proceso, no toda irregularidad formal puede convertirse en un obstáculo insubsanable para su prosecución, este criterio tiene límites, atendiendo el carácter bilateral de un proceso, al efecto el juzgador deberá considerar si la norma aplicada permite otra interpretación alternativa y segundo si la interpretación adoptada es arbitraria o inmotivada.


       Principio de proporcionalidad.- Los defectos determinantes de inadmisión deben interpretarse con criterios de proporcionalidad que tengan en cuenta los efectos de la inobservancia de la regla en relación con la finalidad de los requisitos y presupuestos procesales o dicho de otro modo, la interpretación debe realizarse teniendo en cuenta la efectividad del derecho constitucional; en ese sentido, la mayor o menor severidad en la exigencia de los requisitos de admisión guardara proporción con el fin.


       Principio de subsanación.- En la legislación boliviana está recogido por el art. 399 del CPP, en cuya virtud el rechazo de un recurso de apelación restringida defectuosamente preparado o interpuesto, no podrá ser rechazado sin antes darse oportunidad a su subsanación cuando esta sea susceptible de reparación” resaltado propio- (Auto Supremo 098/2013-RRC de 15 de abril).


Como se puede inferir, las problemáticas dilucidadas, mantienen relación con la problemática procesal del motivo de casación, por lo que, existiendo supuestos fácticos análogos entre los precedentes invocados y el citado motivo, corresponde ingresar a verificar la posible existencia o no de la contradicción denunciada.


A tal efecto, se advierte que el recurrente en su recurso de apelación restringida, denunció como primer motivo la “errónea aplicación del artículo 335 del código penal y fundamentación contradictoria traducida en una incorrecta subsunción de la conducta al tipo penal” (sic), para lo cual realizó una transcripción in extenso de la fundamentación jurídica del fallo y glosas parciales de las declaraciones testificales de cargo de Hilarión Duran Zeballos, Laura Duran Zeballos y Andrés. Heredia Taboada; señalando que, el Tribunal de mérito subsumió incorrectamente su conducta al tipo penal de Estafa, no obstante que la prueba testifical señalada contradeciría este razonamiento. Para finalizar, precisó que “bajo ninguna circunstancia podía ampliar los elementos constitutivos del delito de Abuso Sexual, más al contrario si no encontró los elementos para poder adecuar a algún delito de carácter sexual, debió dictar una sentencia absolutoria” (sic), haciendo énfasis en que para el motivo expuesto “se está invocando el art. 370 numerales 1) y 5) y el artículo 407 ambos del Código Penal” (sic).


Como segundo motivo, el apelante acusó la valoración defectuosa de pruebas tanto testificales como documentales, arguyendo entre otras, la vulneración de la sana crítica en sus elementos de lógica, psicológica común y experiencia común, teniendo como consecuencia la concurrencia de los defectos previstos por los arts. 370 inc. 6) y 169 inc. 3), ambos del CPP; esto en razón a que en criterio del apelante-, no consta en la Sentencia las cuestionantes referidas a “si yo era el dueño” (sic) y “cuál era la modalidad en la que hacía traer los caminos a través de los trámites aduaneros” (sic).


Finalmente, como último motivo de su recurso de apelación restringida, el imputado denunció “falta de fundamentación y motivación como elementos del debido proceso con relación al artículo 370 numeral 5 del código de procedimiento penal” (sic), para lo cual glosa las conclusiones y el acápite de “Fundamentación Jurídica" de la Resolución impugnada, acusando que el Tribunal de mérito incurrió en la falta de subsunción de su conducta al tipo penal de Estafa y la falta de precisión respecto a cuándo y cómo se hubiere desplegado dicha conducta; asimismo, cuestionó que la data del “documento criminalizado” es del año 2010 y no del 2012 como razonaría el Tribunal de Sentencia. Finalmente, el apelante precisa que “tampoco existe una debida motivación al referir de donde el Tribunal extrae los elementos para asegurar que ese fue el accionar de mi persona en el hecho, es decir no da cuenta ni expresa en ningún tenor, como pude supuestamente haber realizado tocamientos a la víctima” (sic).


Por su parte, el Tribunal de alzada mediante Resolución de 22 de junio de 2017, observa en el memorial de apelación restringida interpuesto, las previsiones estatuidas por el art. 408 del CPP, precisando además que el apelante “no adecua de manera concreta la pretensión de su aplicación en base a los fundamentos expuesto.” (sic), otorgando en atención a ello el plazo de tres días para la subsanación de la omisión detallada bajo apercibimiento de rechazo, conforme lo previsto por el art. 399 del CPP.


En consecuencia, Orlando David Soza Villanueva mediante memorial de “Subsano observaciones” de 30 de junio de 2017, enunció los tres motivos de su apelación, expuestos en el acápite II.3.  de la presente Resolución.


Finalmente, el Tribunal de alzada a momento de realizar el juicio de admisibilidad del recurso de apelación restringida interpuesto por el imputado y su memorial de subsanación conforme lo expuesto en líneas precedentes, consideró en el Auto de Vista impugnado luego de rememorar los tres motivos expuestos por el apelante, que el recurrente al margen de no haber cumplido con los requisitos de contenido observados, no fundamentó las normas consideradas violadas o erróneamente aplicadas de manera separada, como tampoco expuso cómo en su criterio debieron ser entendidas y aplicadas, extrañando también los fundamentos en los que sustenta su alzada, rechazando por ende ante el incumplimiento de lo previsto por el art. 408 del CPP el primer motivo del apelante.


En cuanto, a los motivos segundo y tercero de la apelación restringida interpuesta, el Tribunal de alzada precisó que “El recurrente nuevamente ingresa en una suerte de confusión, pues alega en primer lugar en su memorial de apelación restringida valoración defectuosa de la prueba con vulneración de los arts. 124 y 173 del CPP, en el memorial de subsanación invoca la nulidad la nulidad en atención al art. 407 del CPP, por ser defectos insubsanables de art. 169-3) y debió aplicarse el art. 173 del CPP, habiendo quedado como obligación del apelante de “identificar”, individualizar qué normas de la Ley Nº 1970 se refieren a valoración probatoria, y “exponer fundadamente, en hecho y en derecho, el por qué considera que el A-quo hubiere violado o aplicado erróneamente la disposición que identifica”, y “exponer cómo y por qué en su criterio- debieran aplicarse tales normas”, para en definitiva vincular sus argumentos al defecto acusado e identificado como motivo de su recurso para formular en base a estas la aplicación que pretende de la norma o normas violadas o erróneamente aplicadas. Lo que no ocurre en autos ya que el recurrente referente a la aplicación que pretende, en el memorial de subsanación pide se anula la Sentencia, sin cumplir evidentemente conforme a derechos los requisitos extrañados en su oportunidad en relación tanto al segundo como tercer motivo de su recurso, por lo que, al persistir pese al plazo oportunamente concedido-, el incumplimiento del citado art. 408 del CPP en los requisitos extrañados; habiendo incumplido con su obligación de exponer los razonamientos y fundamentos relativos a la valoración objetiva, lógica y razonable de los medios de pruebas esenciales producidas y judicializadas en audiencia de juicio oral cuando tiene expuesto el relativo a la defectuosa valoración, no precisa cuáles las reglas y subreglas del razonamiento o razonabilidad, de objetividad, o de la sana crítica que han sido inobservadas por el Juez que pronunció la Sentencia confutada, cuál la incidencia o relevancia que tienen las pruebas que cuestiona en el fondo del hecho, resultan o no esenciales para obligar su consideración, lo que no hace en ningún momento obtener insumos tendientes a conseguir razonarlas, menos revertir la decisión del A-quo, que permita sostener la norma contenida como vulnerada; correspondiendo a todas luces ambos motivos recursivos RECHAZARLOS POR INADMISIBLES.” (sic).


En suma, de la exposición de antecedentes procesales se advierte que el recurrente a tiempo de exponer los tres motivos de su recurso de apelación restringida, no especificó en términos claros, fundamentados y precisos las disposiciones que consideró violadas o erróneamente aplicadas, como también los motivos y fundamentos por separado de cada violación y cuál la aplicación que se pretende conforme a las previsiones estatuidas por el art. 408 de nuestra norma adjetiva penal; aspecto que, fue advertido por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, que observó mediante Resolución de 22 de enero de 2017, el recurso de manera oportuna para su subsanación, conforme a las previsiones del art. 399 del CP; sin embargo, el apelante no superó los requisitos extrañados por el Tribunal de alzada; puesto que, en su memorial de subsanación se limitó a expresar de manera escueta la aplicación pretendida con la simple cita de artículos tanto del código sustantivo como adjetivo penal, denotando una vez más su carencia argumentativa, motivando la inadmisibilidad del recurso de apelación restringida mediante Auto de Vista ahora impugnado.


Ahora bien, ingresando ya a la labor de contrastación, se concluye que la decisión asumida por el Tribunal de alzada, de declarar inadmisibles los tres motivos interpuestos en alzada por el imputado Orlando David Soza Villanueva, conforme las razones expuestas en los párrafos precedentes, no ha vulnerado el art. 408 del CPP, menos el principio pro actione o interpretación más favorable en el recurso de apelación restringida; por consiguiente, no se advierte la existencia de contradicción con los precedentes invocados -Autos Supremos 201/2013-RRC de 2 de agosto y 100/2016-RRC de 16 de febrero- referidos a la aplicabilidad del principio mencionado al momento de interpretar y aplicar los criterios de admisibilidad del recurso de apelación restringida; por cuanto, la decisión de inadmisibilidad se funda en las disposiciones contenidas en los preceptos de los arts. 14.III., 14.V, 115.I y II de la Constitución Política del Estado (CPE) y 408 del CPP, que son bases del principio pro actione; así como en los criterios jurisprudenciales asumidos por este Tribunal contenidos en los Autos Supremos 98/2013-RRC de 15 de abril, 58/2007 de 27 de enero y 219/2007 de 28 de marzo y la Sentencia Constitucional 1075/2003-R de 24 de julio, que exigen la citación concreta de las disposiciones legales que se consideren violadas o erróneamente aplicadas (sea sustantiva o adjetiva) y la aplicación que se pretende, con la indicación separada de cada violación con sus fundamentos.


Similar criterio debe ser asumido en cuanto al Auto Supremo 82 de 19 de abril de 2012; puesto que, no se advierte contradicción con el Auto de Vista impugnado, al no haberse vulnerado en el caso presente el derecho de impugnación por las razones expuestas líneas precedentes.


Por consiguiente, al resultar que lo denunciado en casación en cuanto a la vulneración del principio pro actione en la inadmisibilidad del recurso de apelación restringida no condice con la realidad de los actuados contenidos y reflejados inequívocamente en el cuaderno procesal y demostrado que el Tribunal de alzada actuó en consonancia con la doctrina desarrollada por este Tribunal en lo que respecta a la interpretación de las normas procesales de admisibilidad de la apelación restringida en el sentido más favorable del presentante, el presente motivo deviene en infundado.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Orlando David Soza Villanueva.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos