TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO N° 363/2018-RRC

Sucre, 05 de junio de 2018

Expediente                         : La Paz 72/2017

Parte Acusadora               : Ministerio Público y otra

Parte Imputada                 : Sonia Choquehuanca Camacho

Delito                               : Asesinato

Magistrado Relator        : Dr. Edwin Aguayo Arando

RESULTANDO

Por memorial presentado el 7 de julio de 2017, de fs. 444 a 452 vta., Bibiana Mendoza, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 19/2017 de 3 de abril, de fs. 371 a 373 vta. y el Auto Complementario de 30 de mayo de 2017 a fs. 386, pronunciados por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y la recurrente contra Sonia Choquehuanca Camacho, por la presunta comisión del delito de Asesinato, previsto y sancionado por el art. 252 del Código Penal (CP).

  1. DEL RECURSO DE CASACIÓN

I.1.  Antecedentes.

a)         Por Sentencia S-74/2015 de 12 de mayo (fs. 186 a 192), el Tribunal Cuarto de Sentencia de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a Sonia Choquehuanca Camacho, autora de la comisión del delito de Homicidio, previsto y sancionado por el art. 251 del CP, imponiendo la pena de doce años de presidio, siendo absuelta del delito de Asesinato, más costas a favor del Estado y de la querellante.


b)         Contra la mencionada Sentencia, la imputada Sonia Choquehuanca Camacho (fs. 217 a 222) y la acusadora particular Bibiana Mendoza (fs. 257 a 265), interpusieron recursos de apelación restringida, resueltos por Auto de Vista 70/2015 de 18 de septiembre (fs. 293 a 297 vta.), que fue dejado sin efecto por Auto Supremo 506/2016-RRC de 4 de julio (fs. 359 a 364 vta.); en cuyo mérito la Sala Penal Segunda del Tribunal de Justicia de La Paz, emitió el Auto de Vista 19/2017 de 3 de abril de 2017, que declaró admisible e improcedente las cuestiones planteadas en el recurso de apelación y confirmó la Sentencia apelada, siendo complementada y posteriormente rechazada la solicitud de explicación, complementación y enmienda de la parte acusadora particular, mediante Resolución de 30 de mayo de 2017 (fs. 386).


I.1.1. Motivo del recurso de casación.

       

La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia en conocimiento de las acciones recursivas opuestas contra el Auto de Vista 19/2017, emitió el Auto Supremo 887/2017-RA de 3 de noviembre, se extrajo los siguientes motivos a ser analizado en la presente Resolución, conforme al mandato establecido por los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ). Que en juicio de admisibilidad declaro inadmisible el recurso de casación de Sonia Choquehuanca Camacho y admisible el interpuesto por Bibiana Mendoza, determinando el análisis de fondo bajo los siguientes parámetros:

  1. La recurrente alega que el Tribunal de alzada incumplió el Auto Supremo 506/2016-RRC, desconociendo su vinculatoriedad, incurriendo en falta de fundamentación debido a que en el numeral 3.2 referido a que el Tribunal cambió el tipo penal de Asesinato por el de Homicidio, se pronunció sobre la facultad del Fiscal para calificar provisionalmente el hecho, arguyendo que la recurrente confundiría la función del Fiscal con la del Juez y que la valoración de las pruebas son atribuciones del juez, cuando en realidad no cuestionó dichos aspectos, al contrario denunció la presencia de defectos en la Sentencia, por falta de pronunciamiento sobre la equiparación del término conviviente a la figura de unión libre de hecho o unión conyugal habiendo considerado el Código de Familias y la Constitución Política del Estado (CPE) en su art. 63, cuando esas leyes no regulan la imposición de penas, como el Código Penal, a cuyo efecto invoco el Auto Supremo 165 de 6 de febrero de 2007.

  1. El Tribunal de alzada no se pronunció sobre las atenuantes y agravantes, para la fijación de la pena, pese a que mediante el Auto Supremo emitido dentro de la causa se verificó la falta de fundamentación al respecto, aspecto que fue incumplido por el Auto de Vista ahora impugnado al no haber razonado ni fundamentado el punto apelado, contradiciendo los Autos Supremos 110/2013 de 22 de abril y 507 de 11 de octubre de 2007, ya que desconoce qué parámetros tomó el Tribunal de Sentencia para determinar la pena de doce años.

  1. El Tribunal de apelación se pronunció de forma poco clara, sobre la apelación restringida, apartándose del Auto Supremo 506/2016-RRC, en base a argumentos genéricos, desconociendo si se refirió a su agravio de vulneración de las reglas de la sana crítica, sustentado en la falta de razonamiento lógico del análisis de la prueba testifical, aludiendo a la valoración intelectiva de la prueba, respecto a la presunta autoría del delito denunciado, destinado al análisis intelectivo de la comisión del delito denunciado y la imposición de la pena aplicable, llegando a concluir que la autora y la víctima tenían una relación de convivencia, cuando en el texto de la Sentencia afirma que no se demostró la convivencia, aspecto inobservado por el Tribunal de apelación, incurriendo en incumplimiento del art. 398 del CPP, incurriendo en una actividad procesal defectuosa, en el marco del art. 169 inc. 3) del CPP, cuestionando que la pena impuesta a la acusada, no debía ser menor de 25 años de presidio por la gravedad del hecho.

I.2.1 Petitorio


La recurrente solicita “que el Tribunal de Apelación esta vez bajo responsabilidad disciplinaria y penal, dicte nueva resolución y sea cumpliendo el Art. 398 es decir circunscribirse con el debido fundamento a los aspectos cuestionaos de la Sentencia” (sic).


II. ANTECEDENTES PROCESALES VINCULADOS AL RECURSO


II.1.        De la Sentencia.


A través de la Sentencia S-74/2015 de 12 de mayo, el Tribunal Cuarto de Sentencia de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a Sonia Choquehuanca Camacho, autora de la comisión del delito de Homicidio, previsto y sancionado por el art. 251 del CP, imponiendo la pena de doce años de presidio, siendo absuelta del delito de Asesinato, más costas a favor del Estado y de la querellante; fallo que en lo que importa a la acción recursiva que motiva autos, manifestó:


El 28 de marzo de 2014, a horas 02:30 a.m., en las cercanías de la ciudad de El Alto, se habría producido un altercado entre la acusada y Reynaldo Mendoza, momentos en los que la primera acercándose a un “snack” próximo al lugar, tomó un cuchillo, “fue donde el agredido con que se le vio forcejear. Se produce un tumulto de gente. El hombre se apoya en la pared y cae al piso repentinamente” (sic), posteriormente, luego de ser conducido a un centro de atención médica, personeros de la División de Homicidios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, procedió al levantamiento legal del cadáver. 


La variación en la calificación del hecho, se asentó en la probanza y consideración respecto a la palabra conviviente equiparable a cónyuge por cuanto se consideró su relación jurídica con la unión libre conyugal del Código de Familia de 1972 y con la unión libre del Código de Familias de 2014, siendo que en ambos el legislador previó la libertad de estado como requisito imprescindible e indispensable para la existencia de dicha institución; asimismo, el art. 63.II de la CPE, reconoce las uniones libres, entendiendo que el impedimento legal que hace referencia la norma constitucional es la libertad de estado, entendimiento a partir del cual, y sumado a la judicialización del certificado de matrimonio entre José Luis Huanca con la acusada con data al 15 de mayo de 1999, se tuvo presente que en la fecha del hecho la imputada estaba vinculada matrimonialmente con éste, y que la relación entre la acusada y la víctima fueron ocasionales y no estables.


Sobre la imposición de la pena aplicable, la Sentencia destaca los arts. 37, 38 y 40 del CP, estableciendo como agravantes la condición de abogada y su aptitud de relacionarse adulterinamente a espaldas de su marido; y, como atenuantes, la ausencia de conductas psicopáticas, carácter torpe y temperamental del fallecido, no tener antecedentes judiciales ni policiales, su edad de cuarenta y un años, además de su condición de casada y madre.


II.2.        De la apelación restringida de la acusadora particular.


La querellante interpone recurso de apelación restringida denunciando: Errónea aplicación de las agravantes y atenuantes contempladas en el Código Penal; ya que la Sentencia no esclarece si las atenuantes son especiales o generales, sin  que las atenuantes consideradas por el Tribunal de mérito se adecuen a las condiciones previstas en los arts. 39 y 40 del CP; los jueces no justifican ni fundamentan porqué la condena es de 12 años, al fundarse la condena en hechos graves; y, vulneración de las reglas de la sana crítica; cuando en la Sentencia, pues en la imposición de la pena, se toma en cuenta como atenuante el carácter torpe y temperamental del fallecido; cuando los jueces señalaron que la acusada se “loqueaba” y estaba agresiva. Por otra parte, las atestaciones de Carmen Gonzales, Sgto. Quequesana y Roberto Cruz, demostraron que ambos eran concubinos y vivían juntos por casi tres años, contrario a lo que el Tribunal de origen razonó que no se habría demostrado la relación de convivencia; lo cual constituye un defecto previsto en el art. 370 inc. 5) del CPP, que es la falta de fundamentación de la Sentencia.


II.3.        Del Auto de Vista 19/2017 de 3 de abril.


La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en atinencia del Auto Supremo 506/2016-RRC de 4 de julio, pronunció el Auto de Vista que hace título a este epígrafe, donde en lo que toca a los motivos de casación- el Tribunal de alzada, en el numeral 3.2 y subnumeral 3.2.2, vierte una seguidilla de apreciaciones que rondan la funcionalidad y alcances del art. 302 del CPP; afirmaciones vagas sobre la facultad de proposición de actividad investigativa de las partes ante el Fiscal; el deber de calificación legal del hecho en etapa preparatoria; la conclusión de “que la parte apelante confunde la función del fiscal con la función de la autoridad Ad-quo asignada al caso” (sic); la aislada apreciación: “de la revisión de la merituada pieza procesal es evidente que se ha cumplido con los requisitos exigibles por la Ley 1970 en si la autoridad llamada por ley para determinar la presente sentencia es la que realiza la potestad jurisdiccional, por todo lo señalado es incuestionable que a autoridad jurisdiccional ha determinado de acuerdo a la norma sustantiva vigente.” (sic).


II.4.        Del Auto Complementario de 30 de mayo de 2017.


Ante la solicitud de complementación y enmienda activada por la querellante El Tribunal de alzada emitió el Auto Complementario de 30 de mayo de 2017, en el que declaró con lugar a la enmienda respecto a la especificación del tipo de recurso; y, sin lugar a la petición de explicación sobre la consideración de aspectos no contemplados en el recurso de apelación restringida y la inobservancia del Auto Supremo 506/2016-RRC de 4 de julio.


  1. FUNDAMENTOS DE LA SALA PENAL

ANÁLISIS DE LAS PROBLEMÁTICAS PLANTEADAS EN CASACIÓN


La recurrente nuevamente- en casación plantea tres problemáticas, inherentes a su descontento con la fijación del quantum de la pena. Este motivo es persistente a lo largo de la fase de recursos, y fue justamente el aspecto medular que motivó el pronunciamiento del Auto Supremo 506/2016-RRC de 4 de julio, y justamente del cual se exige conjuntamente a argumentos similares al primer recurso de casación- su cumplimiento. La recurrente alega que el Tribunal de alzada incumplió el Auto Supremo 506/2016-RRC, desconociendo su vinculatoriedad y pronunciándose de forma poco clara, sobre la apelación restringida en base a argumentos genéricos.


III.1.        Obligatoriedad  del cumplimiento de los fallos del Tribunal Supremo de Justicia por los Tribunales inferiores.


El art. 181 de la Constitución Política del Estado (CPE), señala que el Tribunal Supremo de Justicia es el máximo Tribunal de la jurisdicción ordinaria, misma que en el orden del art. 4.I.1, es ejercida por el Tribunal Supremo de Justicia, los Tribunales Departamentales de Justicia, los Tribunales de Sentencia y los juzgados. Tal diseño, confiere al Tribunal Supremo Justicia como máximo Tribunal de la jurisdicción ordinaria la atribución de sentar y uniformar jurisprudencia, atribución que en materia penal adquiere trascendental importancia, pues los fallos del Tribunal Supremo de Justicia son de cumplimiento obligatorio por los jueces inferiores, siendo así que el art. 420.II del CPP, establece como efectos de los fallos emergentes de un recurso de casación que: “La doctrina legal establecida será obligatoria para los tribunales y jueces inferiores y sólo podrá ser modificada por medio de una nueva resolución dictada con motivo de otro recurso de casación”.


El cumplimiento de los fallos del Tribunal Supremo, no está sujeto a la voluntad de las autoridades jurisdiccionales, al procurar la vigencia del principio de igualdad, tutela judicial efectiva y seguridad jurídica, que son base del sistema judicial; más aún en el ámbito penal, donde se debate la responsabilidad penal del procesado, que puede generar en su caso, la restricción de su derecho a la libertad o la imposición de una sanción penal; extremo que, exige que el derecho punitivo del Estado emerja de un debido proceso con el respeto pleno de los derechos no solo del imputado, sino de todas las partes intervinientes  en el litigio penal.


De la norma contenida en los arts. 416 y ss., se tiene que los Jueces y Tribunales inferiores tienen la obligación insoslayable de cumplir con los razonamientos expuestos y la doctrina establecida en el Auto Supremo respectivo y de no hacerlo así, se vulnera el debido proceso en su vertiente de legalidad, pues cualquier omisión importa incumplimiento directo de la ley, trascendiendo en vulneración también de los principios de tutela judicial efectiva, igualdad, celeridad y economía procesal.


La obligatoriedad a la que el segundo párrafo del art. 420 del CPP, hace referencia no solo se limita a un deber expreso a las funciones jurisdiccionales específicas de la autoridad sobre cuya resolución se ha establecido doctrina legal aplicable, sino procura la uniformidad y funcionamiento estable de todo un sistema procesal sobre el que se apoya la política criminal del Estado.


Por otro lado el art. 420 del CPP, se enlaza directamente como respuesta de cierre al sistema de recursos del procedimiento penal, por cuanto, la decisión adoptada en un recurso de casación se vincula de manera vertical y directa en la forma y condiciones en las que un determinado tema debe ser abordado por los jueces y tribunales inferiores, pues a partir de una aplicación difusa y heterogénea de la norma se desciende a una comprensión específica de la misma para el caso concreto, por poseer también la característica inter partes que el razonamiento de un Auto Supremo tiene sobre el derecho formal y abstracto aplicable a una problemática en específico. 


III.2.        Sobre la denuncia de incumplimiento del Auto Supremo 506/2016-RRC.


Coinciden en los tres motivos del recurso la denuncia de incumplimiento del Auto Supremo 506/2016-RRC, por parte del Tribunal de alzada, incurriendo en falta de fundamentación pues esa instancia se pronunció sobre una temática jamás apelada o puesta a consideración, tal el caso de la mención al art. 302 del CPP, cuando su reclamo se basó en la aplicación de normas ajenas a materia penal para la determinación de la pena; el silencio sobre atenuantes y agravantes reclamadas que para la fijación de la pena fueron reclamadas en apelación restringida; y, finalmente en base a argumentos genéricos, desconociendo si se refirió a su agravio de vulneración de las reglas de la sana crítica, sustentado en la falta de razonamiento lógico del análisis de la prueba testifical, aludiendo a la valoración intelectiva de la prueba, respecto a la presunta autoría del delito denunciado, destinado al análisis intelectivo de la comisión del delito denunciado y la imposición de la pena aplicable a cuyo efecto invocó el Auto Supremo 165 de 6 de febrero de 2007.


El presente caso, posee una particularidad procesal asentada en el hecho de la existencia de dos Autos Vista de los que entre ambos medió el pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia, ello significa, que el análisis y razonamientos sobre la aplicación de la norma, los defectos procesales e incluso los agravios sin mérito ya fueron objeto de juicio y resolución; a ello se suma, la singularidad en el abordaje de resolución del recurso de apelación restringida y el abierto incumplimiento del art. 420 del CPP, de parte de la Sala Penal Segunda en el Distrito Judicial de La Paz.


Partiendo de la premisa de la existencia de una resolución superior fue desoída por los tribunales inferiores, es lógico suponer que las temáticas de fondo de modo paralelo tampoco merecieron pronunciamiento, aspectos ambos que hacen inviable que en el actual estado procesal otro tipo de añadimientos argumentativos puedan ser considerados, por cuanto eventualmente generarían alteraciones o cauces paralelos a las temáticas resueltas en un Auto Supremo ejecutoriado, por lo cual esta Sala Penal no emitirá realizar análisis de contraste sobre los precedentes contradictorios invocados en el primer y segundo motivos.


La Sala Penal considera y ve con extrañeza la forma en la que el Auto de Vista 19/2017 de 3 de abril, y el Auto Complementario de 30 de mayo de 2017, han sido pronunciados, por cuanto más allá del incumplimiento del deber procesal taxativo en el segundo párrafo del art. 420 del CPP, la disonancia con los antecedentes que precedieron esas resoluciones son fácilmente perceptibles. Por una parte la sobreexposición innecesaria y en absoluto impertinente sobre los alcances y las consideraciones del art. 302 del CPP, no solo no engranan a los agravios que Bibiana Mendoza reclama en el memorial de fs. 257 a 265, sino a partir de una construcción hecha de frases incoherentes entre sí, abordan una temática no reclamada y ni siquiera propia a este estadio procesal. Claro está que esas condiciones de respuesta por una parte hacen palmaria la transgresión de varios derechos vinculados a la correcta evolución y desarrollo del proceso penal, pero también, adquiere trascendencia el hecho de que el Órgano del Poder Público llamado a dar respuesta a un conflicto emita una respuesta que por su propia forma y contenido es abierta a un sinfín de interpretaciones, cada una alejada del objeto del proceso, que dicho sea acá es regulado por el art. 398 del CPP.


Es necesario poner de relieve que la generación de resoluciones con una fundamentación errada (como lo fuera el caso de argumentos evasivos a la temática de fondo, o bien los casos de incongruencia omisiva) generan anomalías que no solo generan un perjuicio a las partes, pues la incertidumbre de una respuesta dotada de validez es lejana; sino, principalmente degeneran todo el aparato sobre el que funciona el sistema procesal penal. Decisiones cuya ausencia de fundamentación sea evidente, eventualmente son pasibles a ser recurridas y dejadas sin efecto, lo que a su turno afecta varios derechos propios a las partes en contienda y extensivos a todos los justiciables. Uno de estos derechos es justamente del de acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva.


En este ámbito la Sala Penal hace suyo el razonamiento que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pronunció en la Sentencia de 1 de diciembre de 2016 (Fondo, Reparaciones y Costas) en el caso Andrade Salmón Vs. Bolivia:


“157. La Corte recuerda que el derecho de acceso a la justicia requiere que los hechos investigados en un proceso penal sean resueltos en un plazo razonable, toda vez que una demora prolongada puede llegar a constituir, en ciertos casos, por sí misma, una violación de las garantías judiciales. El plazo razonable, al que se refiere el artículo 8.1 de la Convención, debe apreciarse en relación con la duración total del proceso, desde el primer acto procesal hasta que se dicta sentencia definitiva . Del mismo modo, la Corte ha establecido que la etapa de ejecución de las sentencias también puede abordarse para contabilizar el término de duración de un proceso, con el fin de determinar su incidencia en la prolongación del plazo razonable. Adicionalmente, este Tribunal ha considerado cuatro elementos para analizar la razonabilidad de un plazo: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; c) la conducta de las autoridades; y d) la afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso. La Corte recuerda que corresponde al Estado justificar, con fundamento en los criterios señalados, la razón por la cual ha requerido del tiempo transcurrido para tratar los casos y, en la eventualidad de que éste no lo demuestre, la Corte tiene amplias atribuciones para hacer su propia estimación al respecto.


(…)


158. En relación al primer elemento, este Tribunal ha tenido en cuenta diversos criterios para determinar la complejidad de un asunto. Entre ellos se encuentra…la conducta de las autoridades judiciales, la Corte ha entendido que los jueces, como rectores del proceso, tienen el deber de dirigir y encausar el procedimiento judicial con el fin de no sacrificar la justicia y el debido proceso en pro del formalismo. En relación con el cuarto elemento, es decir la afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso, la Corte ha establecido que las autoridades deben actuar con mayor diligencia en aquellos casos donde de la duración del proceso depende la protección de otros derechos de los sujetos del proceso”


Dicho ello, enfatizar que no se trata de asumir un sentido de verticalidad absoluta, sino en el respeto estricto a las disposiciones que rigen el proceso, ya sea en tiempos, imprimiendo la celeridad que la norma dispone, como a la vez en la cautela de evitar actos que eventualmente generen una exacerbada actividad recursiva de las partes, actos como, una fundamentación abiertamente evasiva o incongruente, o bien el incumplimiento de formas procesales que afecten el derecho de las partes, comprometen la actuación de la autoridad judicial que lleva el proceso y sobre quien ulteriores efectos no le son ajenos.


 POR TANTO

       

La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara FUNDADO el recurso de casación formulado por Bibiana Mendoza, con los fundamentos expuestos precedentemente; y en aplicación del art. 419 del CPP, DEJA SIN EFECTO Auto de Vista 19/2017 de 3 de abril, de fs. 371 a 373 vta. y el Auto Complementario de 30 de mayo de 2017 a fs. 386, disponiendo que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, previo sorteo y sin espera de turno, pronuncie un nuevo Auto de Vista en conformidad a la doctrina legal establecida en la presente resolución y teniendo como marco la orientación jurisprudencial contenida en el Auto Supremo 506/2016-RRC de 4 de julio, dando respuesta fundamentada y en derecho a las acciones recursivas de apelación restringida opuestas en el presente trámite penal.


A los efectos de lo previsto por el art. 420 del CPP, hágase conocer mediante fotocopias legalizadas el presente Auto Supremo a los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, para que por intermedio de sus Presidentes, bajo responsabilidad, pongan en conocimiento de los Jueces en materia penal de su jurisdicción.


En aplicación del art. 17.IV de la LOJ, teniendo presente los antecedentes que cursan en el expediente y los argumentos expresados en esta Resolución por Presidencia de la Sala ofíciese nota a Presidencia del Consejo de la Magistratura, para que tome conocimiento del presente Auto Supremo acompañando en copias legalizadas los antecedentes procesales sobre los que se emitió pronunciamiento.

       

Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Edwin Aguayo Arando 

Magistrado Dr. Olvis Eguez Oliva

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos