TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 361/2018-RRC

Sucre, 05 de junio de 2018

 

Expediente                        Tarija 43/2017  

Parte Acusadora                Ministerio Público y otro   

Parte Imputada                Demetrio Francisco Ustarez Torrez 

Delito                        : Contrabando

Magistrado Relator        : Dr. Edwin Aguayo Arando

 

RESULTANDO

 

Por memorial presentado el 6 de septiembre de 2017, cursante de fs. 230 a 233,  Demetrio Francisco Ustarez Torrez, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 34/2017 de 15 de agosto, de fs. 219 a 223, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y la  Administración de la Aduana de Yacuiba de la Aduana Nacional contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Contrabando previsto y sancionado por el art. 181 inc. b) del Código Tributario Boliviano (CTB).

 

I. DEL RECURSO DE CASACIÓN

 

I.1.  Antecedentes.

 

  1. Por Sentencia 4/2017 de 17 de enero (fs. 178 a 185 vta.), el Tribunal Segundo de Sentencia de Yacuiba del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, declaró a Demetrio Francisco Ustarez Torrez, autor de la comisión del delito de Contrabando, previsto y sancionado por el art. 181 inc. b) del CTB, imponiendo la pena de cinco años de reclusión y el comiso de la mercancía, sin costas.

 

  1. Contra la mencionada Sentencia, el imputado Demetrio Francisco Ustarez Torrez (fs. 189 a 196), interpuso recurso de apelación restringida, resuelto por Auto de Vista 34/2017 de 15 de agosto, dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, que declaró sin lugar el recurso planteado y confirmó la Sentencia apelada, motivando la interposición del recurso de casación.

 

I.1.1. Motivo del recurso de casación.

 

En conocimiento del recurso que motiva autos la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia emitió, en juicio de admisibilidad, el Auto Supremo 885/2017-RA de 3 de noviembre, delimitando el análisis de fondo a partir de la denuncia de falta de fundamentación y motivación en cuanto a la respuesta de los tres agravios planteados en apelación restringida, bajo el siguiente detalle:

 

  1. Defecto de la sentencia previsto por el art. 370 inc. 1) del Código de Procedimiento Penal (CPP), cuestionando en apelación restringida de manera exhaustiva la subsunción del delito de Contrabando [art. 181 inc. b) CTB] manifestando que para la imposición de una pena se debe partir del principio de presunción de inocencia y no de su culpabilidad conforme prevé el art. 116.I de la Constitución Política del Estado (CPE). Añadió que en su caso particular el dolo es inexistente, además de señala que no se realizó un análisis de lo que es la autoría, complicidad y encubrimiento, siendo que el razonamiento realizado por las dos inferiores instancias es excesivo con la finalidad de atribuirle toda la responsabilidad cuando los verdaderos autores del ilícito se encuentran fuera del proceso, vulnerándose el debido proceso por inexistencia de motivación fáctica y jurídica e inobservancia del principio de tipicidad.

 

  1. Defecto de la sentencia establecido en el art. 370 inc. 4) del CPP. En el Auto de Vista se mencionan algunos artículos de la normativa procesal penal sin realizar un adecuado análisis con el caso de autos, de esa manera se advierte vulneración al debido proceso y la legalidad en su vertiente debida fundamentación.

 

  1. Defecto de la sentencia previsto en el art. 370 inc. 6) del CPP, agravio que desarrolló en dos puntos a) hechos no acreditados; y, b) valoración defectuosa de la prueba; sin embargo, en el Auto de Vista se advierte que no existe fundamentación y motivación.


Al efecto pretendido se invocaron como precedentes contradictorios los Autos Supremos 21 de 26 de enero de 2007, 192/2013 de 11 de julio, 345/2010 de 16 de octubre, 45/2012 de 14 de marzo y 85/2013 de 26 de marzo.


I.1.2. Petitorio.


El Recurrente solicitó que previa admisión de su recurso y análisis de las violaciones de normas sustantivas y procesales se deje sin efecto el Auto de Vista 34/2017, “reponiendo la sentencia del Tribunal A-quo, con costas y responsabilidad, conforme dispone el art. 419 del CPP” (sic).

 

II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


II.1.  De la Sentencia.


Por Sentencia 4/2017 de 17 de enero, el Tribunal Segundo de Sentencia de Yacuiba del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, declaró a Demetrio Francisco Ustarez Torrez, autor de la comisión del delito de Contrabando, previsto y sancionado por el art. 181 inc. b) del CTB, imponiendo la pena de cinco años de reclusión y el comiso de la mercancía, sin costas.


“el 16 de julio del 2012 procedente de la República Argentina y amparado en el MIC/DTA 12488, SIDUNEA 308862, ingresa a territorio boliviano el camión palca DTI 220/GNV 016 de la empresa de transportes Torrens Norma Marlene a cargo del conductor Giorgis Eduardo, siendo el porteador la Empresa de Transportes Bolivia SA cuya apoderada en Buenos Aires era Claudia Tórrez y en Yacuiba Bolivia era Demetrio Francisco Ustarez Torrez. El consignatario era YPFB a través de la empresa A Evangelista SA con destino Santa Cruz Bolivia de 10 bultos conteniendo bobinas de cable, codos, conectores, selladores…el 176 de julio del 2012 la empresa Transportes Bolivia SA porteador del MIC/DTA a través de su apoderado en Yacuiba Demetrio Francisco Ustarez Tórrez, solicita transbordo indirecto de esas mercancías…por fuerza mayor la mercadería se dejaría en el predio de la Aduana de Campo Pajoso. Con lo que la Aduana Nacional le autorizaría el mencionado transbordo…sin embargo la almacenera ALBO SA al manipuleo de la mercancía advierte una diferencia en cuanto a la cantidad de bultos declarada en el MIC/DTA que decía 10 bultos y la descargada que era 16 bultos…recién el 25 de julio del 2012, es decir a 8 días de la solicitud de transbordo la Aduana Nacional administración de frontera Yacuiba inicia el reconocimiento físico de la totalidad de la mercancía que había arribado el 16 de julio, evidenciando que…eran bobinas de cable de control de bajo voltaje, marca idelqui, industria argentina…con un valor de FOB total de $us253.446,60 las que no estaban señaladas en el MIC/DTA con registro 12388/308862, es decir no había documentación de respaldo…consistente en 16 bultos, cuyos tributos omitidos suman Bs. 586.078,00 que en UFVs suman 330.136,43, mientras que el MIC ya citado hacía referencia a un valor FOT tan solo de 29.231,87 existiendo una diferencia elevada en el valor FOB-FOT, pues se declara la suma mínima de 29.231,87 cuando en realidad correspondía a 330.126,43” (sic).


De la misma manera el Tribunal Segundo de Sentencia, consideró que los hechos probados en juicio oral se enmarcaron a la conducta reprimida por el art. 181 inc. b) parágrafo I del CT, alegando:


“la ilegalidad se presenta cuando…ALBO SA, procede al manipuleo de la mercancía que se iba a trasbordar, advirtiendo una diferencia en cuanto a la cantidad de bultos declarada en el MIC/DTA 12488 SIDUNEA 308862, que decía 10 bultos y la descargada para ser trasbordada a otro camión eran 16 bultos…lo que llama la atención inicialmente y dan parte a la aduana nacional regional Yacuiba…en este caso se trataría de una cantidad superior a la declarada en el MIC 12488 SIDUNEA 308862, figura que está prevista en el art. 66.-I inc. a) de la ley general de aduanas…a los ocho días de la solicitud de transbordo, la Aduana Nacional Administración de frontera Yacuiba inicia el reconocimiento físico de la totalidad de la mercancía…evidenciando que la mercancía eran bobinas de cable…con un valor FOB total de $us. 253446,60 las que no estaban señaladas en el MIC/DTA con registro 12388/308862…cuyos tributos omitidos suman Bs. 586.078,00…mientras que el MIC ya citado hacía referencia a un valor FOT tan solo de 29.231,87.


(…)


…concurren los elementos del tipo de contrabando previsto en el art. 181 inc. b) del CT ya que el camión placa DTI 220/DGV016 conducido por Giorgis Eduardo procedente de Buenos Aires Argentina…realiza tráfico de mercancías…consistentes en bobinas de cable de control de bajo voltaje…con un valor FOB de $us. 253.446,60 sin la documentación legal respaldatoria, infringiéndose el inc. c) del art. 66 de la Ley 1990 porque esa mercancía no se relaciona con el MIC 12488 y SIDUNEA 308862…cuando el DS 25870 en su art. 87 refiere que el MIC es el único documento de ampara para ingresar mercancías a territorio aduanero nacional…el art. 181 del CT en su último párrafo…textualmente dice el contrabando no queda desvirtuado aunque las mercancías no estén gravadas con el pago de los tributos aduaneros.


(…)


[el imputado] era el encargado de la empresa…era el que estaba acreditado tenía el poder notariado de la empresa, el poder decía que…firmaría los documentos, decía amplio y suficiente…en esa época era el único apoderado de Transportes Bolivia SA para quienes trabajó desde 1994 a mayo de 2016…en este caso se toma en cuenta que el único apoderado de Transportes Bolivia SA en Yacuiba-Bolivia era Demetrio Ustarez Tórrez según lo expresado por él…conocía toda la hermenéutica de su trabajo, tomando en cuenta que como dijo en sus generales de les estudió comercio exterior, es decir que sabe y conoce de la figura aduanera en cuanto a transporte internacional” (sic)  


Finalmente, en lo que toca a la fijación de la pena, la sentencia previó:


“…el acusado es padre de familia, era empleado de la empresa de Transporte Bolivia SA, que hay otras personas implicadas que no han sido juzgadas, su conducta en juicio oral, lo indicado por el testigo Alberto Medina que demuestran es una excelente persona, lo expresado por los testigos de cargo que es primera vez que se conoce una ilicitud, no se tiene acreditado en juicio oral antecedentes penales en su contra, es una persona culta, educada, muy respetuoso. Por otro lado se considera que la misma norma establece aparte la sanción del comiso de la mercadería cuyo valor es alto…todos estos aspectos se ponderan, y el Tribunal en pleno acuerda la pena mínima para el acusado” (sic).


II.2.  Del recurso de apelación restringida.


Abierto el periodo de impugnaciones, el imputado opuso recurso de apelación restringida, planteando: (1) inobservancia o errónea aplicación de la Ley sustantiva, cuestionando la existencia de dolo, pues al ser simplemente al haberse ejercido una representación legal, sin que el trabajo se haya extendido hacia la República Argentina, lugar de donde la carga provino, más cuando, los hechos reflejan que la actuación del imputado se encuadró de un trámite administrativo que no implica a la autoría sobre la tramitación en aduana nacional argentina, más cuando se omitió hacer referencia a la carta elaborado por la empresa A-Evangelista SA, que da cuneta sobre un error administrativo en la consignación del volumen y cantidad de la mercancía objeto de las investigaciones; (2) con apoyo en el art. 370.4 del CPP, se acusó que la sentencia basó su decisorio en medios o elementos incorporados al juicio por su lectura, ya que, el acusador particular solicitó la introducción de informes internos elaborados por funcionarios dela Aduana Yacuiba sin que ellos hayan asistido a prestar testimonio ante el Tribunal de sentencia; (3) con la dirección del art. 370.6 del CPP, cuestionó que no se hubo acreditado, que el acusado haya realizado trámites en el lugar de origen de la mercadería, que haya ordenado carguío y precintado, que haya contratado el transporte para el traslado de la mercancía consignada en el Manifiesto Internacional de Carga (MIC); que haya dispuesto que el medio de transporte de la empresa involucrada solo llegue a la aduana de Yacuiba e inmediatamente retorne a su país de origen; que el nombre del imputado no figura en el MCI/DTA 12488.


II.3. Del Auto de Vista.


  1. Brindando un esquema básico de los bienes jurídicos afectados por el delito de Contrabando, manifestando que su deber “abarca su deber de control de comercio internacional, puesto que existen ilícitos aduaneros que no afectan a la capacidad recaudadora del Estado. En cuanto al sujeto activo de este delito la normativa aduanera nacional no establece ninguna calificación especial; está dirigido, a cualquier persona que incurra en la conducta descrita en la hipótesis abstracta; sin embargo está implicó que el contribuyente o su representante vinculados a la mercancía; son en primera instancia los responsables de los resultados.


El imputado tenía poder expreso para ejercer esa representación, solicitando así conforme la sentencia transbordo directo de 10 bultos que por fuerza mayor la mercancía fue dejada en almacenes aduaneros. Conforme el art. 152 del Reglamento de la Ley General de Aduanas el solicitante de transbordo de mercancía será responsable del cumplimiento de las formalidades aduaneras que deriven de este régimen. La Sentencia en la consideración del juzgador de  apelación se sustentó en la normativa específica que rige la materia que determina claramente que es responsable el representante legal de la empresa; que en el presente caso es el proceso, lo cual hace no evidente que pueda ser considerado como sujeto activo del tipo penal acusado.


En cuanto fue la inexistencia de dolo, apoyado en la transcripción literal del fragmento pertinente, el Tribunal de apelación consideró que las razones expuestas por el inferior en ese particular habían sido cumplidas.


  1. En torno al reclamo de que la Sentencia fuera fundada en elementos incorporados al juicio por su lectura, se tuvo que la prueba cuya introducción y judicialización se cuestiona, al margen de tener por sí misma la posibilidad de ser incorporada por su lectura, la parte final del art. 333.1 del CPP es potestativa en relación a la incorporación de prueba cuando se encuentren testigos o peritos sin perjuicios que se lo haga ante la imposibilidad de su concurrencia, sin que se haya vulnerado derecho alguno, en apego al principio de verdad material.


  1. Sobre el defecto de la sentencia por basarse en hechos inexistentes o no acreditados, bajo el principio de congruencia el Tribunal de sentencia en base a la prueba judicializada desarrolla los hechos demostrados difiriendo de los hechos que sostiene la defensa a momento de interponer su recurso de apelación porque en su descripción los de sentencia no afirmaron que aludan a la defensa siendo expresiones propias del recurrente, sin que se haya podido sostener responsabilidad alguna mediante la invocación de esos argumentos.


En atención la defectuosa valoración de la prueba el Tribunal de apelación sostuvo que estaba impedido de realizar ejercicios que involucren valoración probatoria, y que en todo caso la invocación de las reglas de la sana crítica que se repute violada no fue argumentada por el propio recurrente.

III. FUNDAMENTOS DE LA SALA

 

Conforme se ha relacionado en la presente resolución, el planteamiento central apunta a la ausencia de fundamentación y motivación del Auto de Vista recurrido, que declaró sin lugar la apelación restringida planteada contra la Sentencia de primera instancia. A tal fin, efectúa la precisión de los tres motivos de su apelación: existencia de los defectos de sentencia señalados por el art. 370 incs. 1), 4) y 6) del CPP, cuestionando una supuesta debida fundamentación y motivación en el Auto de Vista.


III.1.        Obligación de los Tribunales de emitir resoluciones fundadas en derecho y motivadas adecuadamente.


Conforme fue referido de forma reiterada por este máximo Tribunal de Justicia, la obligación de fundamentar y motivar los fallos judiciales, importa el cumplimiento de formalidades que hacen al sistema procesal penal vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia (art. 124 del CPP) y por ende al debido proceso del que converge, precisamente, el derecho a la debida fundamentación de las Resoluciones judiciales. Es así que el Auto Supremo 2010/2015-RRC de 27 de marzo, manifiesta:


“En etapa de impugnación, la obligación de fundamentar y motivar los fallos, se encuentran vinculados, además del artículo señalado precedentemente, a los arts. 398 del CPP  (alzada) y 17.II. de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), normativa que establece límites al poder jurisdiccional, obligando al Tribunal de impugnación a pronunciar fallos que permitan, con base en lo alegado y en el derecho objetivo, entender el razonamiento empleado en la resolución, es decir, el porqué de cada una de sus conclusiones.


Es importante que en el análisis de las circunstancias alegadas, para una mejor comprensión, el Tribunal realice una reseña de los hechos denunciados en contra de la Sentencia (motivos del recurso), sin que ello signifique todo el argumento del fallo, sino debe tener el debido cuidado de estructurar la Resolución, de forma tal que contenga: i) el objeto de impugnación (motivos del recurso); ii) las consideraciones argumentativas que servirán de sustento a la decisión final, es decir, fundamentación (normativa legal, doctrinal o jurisprudencial que respalda el fallo) y motivación (explicación clara, específica, completa, legítima y lógica del porqué la normativa o doctrina es aplicable al caso en concreto); iii) las conclusiones, que deben ser el fruto racional del análisis de las cuestionantes denunciadas, contrastadas con las actuaciones cursantes en el proceso y la normativa aplicable citada en el fallo, finalmente; iv) la parte resolutiva o dispositiva que debe ir en coherencia con lo analizado y las conclusiones arribadas (congruencia interna).


Ahora bien, toda Resolución, en aplicación del principio dispositivo y la normativa legal citada en el primer párrafo de este fallo, debe circunscribir su pronunciamiento a las cuestiones alegadas, tomando en cuenta todas y cada una de ellas, sin apartarse de esos límites, pues son las denuncias las que delimitan el ámbito de pronunciamiento, lo que significa que en toda Resolución, indefectiblemente debe existir congruencia entre lo pedido y lo resuelto sin que se excluyan de la consideración aspectos reclamados, o contrariamente, se introduzcan cuestiones ajenas a la impugnación (congruencia externa).


A propósito de lo anterior, es innegable que un gran número de recursos, en su formulación, carecen de técnica recursiva mínimamente apropiada, generando impugnaciones desordenadas y confusas, es importante que el Tribunal seleccione las denuncias por ejes temáticos o tipos de denuncias, dejando constancia de ese aspecto, para poder resolver de forma ordenada; pero, bajo ningún motivo puede ser desatendida ninguna denuncia.


En suma, como se manifestó una infinidad de veces, se requiere que la autoridad revisora, no sólo que plasme sus conclusiones, sino que las mismas se encuentren debidamente justificadas; es decir, con la cita de la norma legal que respalde las conclusiones, que debe ser vinculada a cada motivo resuelto; así como con la explicación concreta y clara del porqué se arribó a cada conclusión, no siendo suficiente la remisión a los antecedentes, sino la explicación del porqué se resolvió de un modo y no de otro distinto; es decir, porqué el o los impetrantes tuvieron razón o no al presentar su impugnación.


(…)

En similar sentido se expresó el Auto Supremo 396/2014-RRC de 18 de agosto de 2014, que señaló: “Las resoluciones, para su validez y eficacia, requieren cumplir determinadas formalidades, dentro las cuales se encuentra el deber de fundamentar y motivar adecuadamente las mismas; debiendo entenderse por fundamentación la obligación de emitir pronunciamiento con base en la ley y por motivación, el deber jurídico de explicar y justificar las razones de la decisión asumida, vinculando la norma legal al caso concreto; al respecto, el Auto Supremo 111/2012 de 11 de mayo, señaló que: Este deber se halla sustentado en el   principio lógico de la razón suficiente; al respecto, Juan Cornejo Calva, en su publicación Motivación como argumentación jurídica especial, señala: El derecho contemporáneo ha adoptado el principio de la Razón Suficiente como fundamento racional del deber de motivar la resolución judicial. Dicho principio vale tanto como principio ontológico cuanto como principio lógico. La aplicación o, mejor, la fiel observancia, de dicho principio en el acto intelectivolitivo de argumentar la decisión judicial no solamente es una necesidad de rigor (de exactitud y precisión en la concatenación de inferencias), sino también una garantía procesal por cuanto permite a los justificables y a sus defensores conocer el contenido explicativo y la justificación consistente en las razones determinantes de la decisión del magistrado. Decisión que no sólo resuelve un caso concreto, sino que, además, tiene impacto en la comunidad: la que puede considerarla como referente para la resolución de casos futuros y análogos. Por lo tanto, la observancia de la razón suficiente en la fundamentación de las decisiones judiciales contribuye, también, vigorosamente a la explicación (del principio jurídico) del debido proceso que, a su vez, para garantizar la seguridad jurídica.


En definitiva, es inexcusable el deber de especificar por qué, para qué, cómo, qué, quien, cuando, con que, etc., se afirma o niega algo en la argumentación de una decisión judicial en el sentido decidido y no en sentido diferente. La inobservancia del principio de la razón suficiente y de los demás principios lógicos, así como de las reglas de la inferencia durante la argumentación de una resolución judicial, determina la deficiencia en la motivación, deficiencia que, a su vez, conduce a un fallo que se aparta, en todo o en parte, del sentido real de la decisión que debía corresponder al caso o lo desnaturaliza. Esa deficiencia in cogitando, si es relevante, conduce a una consecuencia negativa que se materializa en una decisión arbitraria, (injusta).


Por otra parte, la fundamentación y motivación de Resoluciones implica el deber jurídico de explicar y justificar de forma lógica y con base en la Ley, las razones de la decisión asumida en apego al principio de congruencia, que es aquella exigencia legal que obliga a establecer una correlación total entre la pretensión de quien recurre y la decisión de la autoridad jurisdiccional; es decir, a la existencia de concordancia entre lo planteado por las partes y la decisión asumida por el Juez o Tribunal, pero además, exige la concordancia o coherencia entre los fundamentos de la Resolución y la parte resolutiva de la misma, caso contrario, la resolución podría incurrir en vicio de incongruencia que puede ser interna o externa.


(…)


En etapa de alzada, la normativa procesal penal, establece que el recurso de apelación restringida constituye el único medio para impugnar la Sentencia; consecuentemente, el control de la legalidad ordinaria y logicidad del fallo de mérito, debe ser ejercido por el Tribunal de apelación conforme disponen los arts. 51 inc. 2) del CPP y 58 inc. 1) de la Ley del Órgano Judicial (LOJ). Debe añadirse que este control debe estar sustentado en la Ley, observando, siempre conforme lo alegado en el recurso de alzada, que la Sentencia no haya incurrido en los defectos descritos en el art. 370 del CPP, que pudieran tener como consecuencia la configuración de defectos absolutos inconvalidables por vulneración a normativa penal sustantiva o adjetiva y con ella infracción  de derechos y garantías establecidas en la Constitución Política del Estado.”.


III.2. Doctrina Legal contenida en los precedentes invocados.


Auto Supremo 21 de 26 de enero de 2007: Ante la denuncia de disparidad de criterios sobre la resolución de idénticas situaciones de hecho por parte de un mismo Tribunal de apelación, la Sala Penal Segunda del Tribunal Supremo de Justicia verificó la denuncia dándole mérito y dejando sin efecto el Auto de Vista recurrido, sentando la siguiente doctrina legal aplicable:


“El Auto de Vista impugnado es contradictorio con otro Auto de Vista dictado por el mismo Tribunal a quo, con referencia a la calificación legal de hechos similares habiendo asignado un sentido jurídico a situaciones fácticas análogas aplicando normas distintas, en tal sentido el Tribunal a quo deberá dictar sus resoluciones de manera similar ante situaciones fácticas similares, esto en resguardo del derecho a la seguridad jurídica…expresando en todo caso los razonamientos por los que no lo haga, es decir puntualizando las diferencias fácticas o jurídicas para cada caso particular.


El principio de legalidad se constituye en una garantía constitucional del individuo, que limita la actuación punitiva del Estado...Este principio no se agota en la clásica formulación elaborada por Feuerbach: "Nullum crimen, nulla poena sine previa lege", sino que actualmente se presentan otros requisitos que completan la formulación del principio, dotándoles de mayor exigencia y contenido, como son los principios de "taxatividad", "tipicidad", "lex escripta" y especificidad.


El principio de tipicidad desarrolla el principio fundamental "nullum crimen, nulla poena sine lege", se aplica como la obligación de que los jueces y Tribunales apliquen la ley sustantiva debidamente enmarcando la conducta del imputado exactamente en el marco descriptivo de la ley penal a efectos de no incurrir en calificación errónea que afecte al debido proceso y devenga en defecto absoluto insubsanable”.


Auto Supremo 192/2013 de 11 de julio: Denunciado un presunto defecto absoluto por infracción al debido proceso emergente de la violación los principios de seguridad jurídica, legalidad e in dubio pro reo por revalorización de la prueba por parte del Tribunal de Apelación, se emitió la siguiente doctrina legal aplicable:


“Siendo el recurso de apelación restringida el único medio legal para impugnar errores de procedimiento o de aplicación de normas sustantivas en los que el Tribunal de mérito hubiera incurrido durante la sustanciación del juicio o en la emisión de sentencia, el Tribunal de Apelación se constituye en contralor y garante del debido proceso, por lo que, si dicho Tribunal advierte que la Sentencia se basó en defectuosa o errónea valoración probatoria, debe dar cumplimiento a lo dispuesto por la primera parte del artículo 413 del Código de Procedimiento Penal, pues no se encuentra dentro sus competencias, cambiar los hechos tenidos o no como probados por la mayoría del Tribunal de mérito, mucho menos se encuentra facultado para modificar la situación del encausado dictando sentencia condenatoria, sobre la base de los fundamentos de la disidencia, cuya relevancia resulta nula frente a la decisión mayoritaria del Tribunal Sentenciador. Actuar contrariamente, implica vulneración al debido proceso en sus componentes, seguridad jurídica, tutela judicial efectiva y principio de legalidad y en consecuencia deviene en defecto absoluto conforme prevé el artículo 169 inciso 3) del Código de Procedimiento Penal”.


Auto Supremo 345/2010 de 16 de octubre: Fue emitido a objeto de cumplir lo determinado por la jurisdicción constitucional, habida cuenta que un Tribunal de garantías había dispuesto tal extremo, aspectos con los que se expresó como doctrina legal aplicable:


“De situaciones como la anotada, que implican contradicción, en atención al respeto que merece el amplio derecho a la defensa que protege a las personas que se encuentran enjuiciadas, surge en consecuencia en calidad de DOCTRINA LEGAL APLICABLE el criterio que aconseja que, en caso de duda ante dos interpretaciones distintas de las normas de una determinada Ley, es aplicable el aforismo que enseña que corresponde restringir lo odioso y ampliar lo favorable”.


Auto Supremo 45/2012 de 14 de marzo: Sobre la denuncia de una errónea aplicación de la ley que vulneró la garantía jurisdiccional del derecho al debido proceso, seguridad jurídica, tutela judicial efectiva, apoyada en un alejamiento por parte del Tribual de apelación de la  verificación o resolución de los puntos mencionados en apelación, verificando el mérito de la denuncia se dejó sin efecto el Auto de Vista recurrido sentándose la siguiente doctrina legal aplicable:


“…todo Auto de Vista debe ser debidamente fundamentado y motivado, cumpliendo con los parámetros de especificidad, claridad, completitud, legitimidad y logicidad, respondiendo y emitiendo los criterios jurídicos sobre cada punto impugnado que se encuentre en el recurso de apelación restringida; asimismo es preciso dejar sentado de que toda fundamentación debe circunscribirse a absolver de manera puntual y objetiva el fondo de la denuncia o denuncias realizadas, sin que la argumentación vertida sea evasiva, incongruente o haga alusión a aspectos distintos a los denunciados, toda vez que esta circunstancia deja en estado de indeterminación e incertidumbre a las partes, al no haberse absuelto de manera efectiva sus acusaciones.


En ese entendido, no existe fundamentación en el Auto de Vista cuando en el mismo se evidencia que el Tribunal de Alzada no se pronunció sobre el fondo de los puntos cuestionados en el recurso de apelación restringida, no siendo suficiente acudir a fundamentos o argumentaciones evasivas, sin que se absuelvan expresamente los cuestionamientos deducidos por el o los procesados, aspecto que deriva en un vicio de incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio) que vulnera lo establecido por los arts. 124 y 398 del Código de Procedimiento Penal constituyendo un defecto absoluto inconvalidable que vulnera el derecho a recurrir, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado y los Tratados y Convenios Internacionales”.


Auto Supremo 85/2013 de 26 de marzo: Con el antecedente de una denuncia de falta de fundamentación e infracción al art. 124 del CPP, se sentó la siguiente doctrina legal aplicable:


“Se considera que existe incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio) cuando en el Auto de Vista no se resolvieron todos y cada uno de los puntos denunciados en el recurso de apelación restringida, los cuales deben ser absueltos uno a uno con la debida motivación y en base a argumentos jurídicos individualizados y sólidos, a fin de que se pueda inferir una respuesta con los criterios jurídicos correspondientes al caso en concreto sin que estos sean evasivos o imprecisos, lo contrario constituye infracción del principio tantum devolutum quantum apellatum, y al deber de fundamentación que vulnera lo establecido por los artículos 124 y 398 del Código de Procedimiento Penal, siendo obligación del Tribunal de Apelación, realizar la adecuada motivación en las resoluciones que pronuncie.”


III.3. Análisis del caso en concreto.


Como se expresó antes en este fallo, en casación implícitamente se plantea un nuevo examen de los alegatos esgrimidos en apelación restringida, utilizando para ello una plataforma recursiva basada en la denuncia de falta de fundamentación o la insuficiencia de ésta en el Auto de Vista 34/2017 de 15 de agosto. De hecho incluso los precedentes contradictorios invocados, como se vio anteriormente, abordan dicha temática, brindando una opinión jurídica sobre la labor de los Tribunales de apelación en fase de apelación restringida, además de precisar que esa labor debe estar necesariamente investida de una fundamentación suficiente. Siendo este el ámbito de análisis, adelantar que las cuestiones planteadas por el recurrente carecen de mérito, pues la Sala no halla contradicción sobre los precedentes contradictorios invocados, por las siguientes razones:


La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija responde de manera exhaustiva y suficiente a los cuestionamientos realizados sobre la Sentencia de grado, no solamente acudiendo a la paráfrasis de esta última sino vinculando el reclamo tanto con el fallo apelado como con el argumento en derecho que corresponde a cada agravio planteado, tal el caso de la denuncia de inobservancia o errónea aplicación de la Ley, en el que el análisis recorre no solo la naturaleza del bien jurídico protegido, sino las cuestiones que el Tribunal de juicio tuvo por hechos determinados al momento de la subsunción del hecho, para finalmente dar por bien hecha la labor de los de sentencia, no siendo perceptible de tal cuenta, ninguna actuación omisiva o bien una respuesta que por su vaguedad u ostentación retórica caiga en insuficiencia procesal argumentativa.


En el caso del segundo motivo de apelación restringida, que fue la acusación de que la sentencia se haya basado en medios o elementos incorporados al juicio por su lectura, el Tribunal de apelación emprende su respuesta desde el propio contenido de la norma pasando por lo contenido en la Sentencia para finalmente realizar el contraste con los argumentos que sostuvieron el agravio. En todo caso, en la lógica del Tribunal de apelación apunta a despejar posibilidades de vulneración de derechos basados en la incorporación por su lectura de elementos cuya prohibición se halla regulada en norma, los de apelación comprendieron que tal situación no era evidente en el caso de autos toda vez que la taxatividad de la norma no impide la producción de pruebas documentales sin que se hagan presentes los responsables de su confección. Lo expresado por el Tribunal de apelación condice también a lo contenido en el art. 333.2 que ordena la introducción de prueba documental consistente en declaraciones o dictámenes producidos por escrito como lo fue el caso de las pruebas PDA-1 y PDA-2, que propuestas por el acusador particular fueron sometidas al debate contradictorio y sobre las que el Tribunal de sentencia anunció su trato conforme el art. 173 del CPP.


Finalmente, la respuesta de apelación al reclamo de que la sentencia se basase en hechos inexistentes, no acreditados o en valoración defectuosa de  la prueba, se sintetizó en estimar la existencia de congruencia entre los hechos acusados y por los que se emitió condena; aspecto que es ampliamente visible sin que entre ambos momentos hayan existido variación alguna; por otro lado, lo que toca a la defectuosa valoración de la prueba, fue absuelto por los de apelación, exteriorizando la necesidad de argumentar las reglas de la sana crítica que se consideren violadas, añadiendo que sobre la denuncia de una defectuosa valoración de la prueba el tribunal de apelación ya hubo emitido pronunciamiento al momento del análisis de la defectuosa aplicación de la Ley penal, lo cual es evidente a simple lectura.


Dicho ello, corresponde enfatizar que la denuncia de falta de fundamentación planteada en casación por el recurrente no es evidente, pues por un lado, la respuesta del Auto de Vista 34/2017 de 15 de agosto es suficiente y motivada, absolviendo de manera ordenada, con base en los antecedentes del proceso y sin rebasar el marco del art. 398 del CPP, reflejando por un lado que los arts. 124 y 398 del CPP, han sido debidamente aplicados, y por otro que la contradicción invocada no es evidente, más cuando las situación de hecho similar únicamente por generalidad- se ajustase a los Autos Supremos 192/2013 de 11 de julio, 45/2012 de 14 de marzo y 85/2013 de 26 de marzo, cuyas temáticas de análisis y propiciaron la emisión de doctrina legal rondan reclamos sobre falta de fundamentación y el rol de los Tribunales de apelación en la resolución de recurso de apelación restringida.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Demetrio Francisco Ustarez Torrez.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Edwin Aguayo Arando 

Magistrado Dr. Olvis Eguez Oliva

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos