TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 359/2018-RRC

Sucre, 05 de junio de 2018


Expediente                        : La Paz 71/2017

Parte Acusadora                : Ministerio Público y otra

Parte Imputada                : Martín Carvajal Quispe

Delito                        : Lesiones Graves y Leves y otro

Magistrado Relator        : Dr. Olvis Eguez Oliva


RESULTANDO


Mediante memorial presentado el 25 de julio de 2017, cursante de fs. 510 a 515, Martin Carvajal Quispe, interpuso recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 42/2017 de 23 de junio de fs. 502 a 505 vta., pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Rosario Gumercinda Castro Peñafiel contra el recurrente por la presunta comisión de los delitos de Lesiones Graves y Leves; y, Amenazas, previstos y sancionados por los arts. 271 y 293 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


  1. Por Sentencia 39/2015 de 25 de noviembre (fs. 416 a 426), el Juez Tercero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a Martin Carvajal Quispe, autor de la comisión del delito de amenazas, previsto y sancionado por el art. 293 del CP, imponiendo la sanción de seis meses de prestación de trabajo, más cincuenta días multa a razón de Bs. 10.- (diez bolivianos) por día, siendo absuelto de pena y culpa por el delito de Lesiones Graves y Leves, sin costas.


  1. Contra la mencionada Sentencia, el imputado Martin Carvajal Quispe, (fs. 432 a 436), previo memorial de subsanación (fs. 481 a 486) interpuso recurso de apelación restringida, resuelto por Auto de Vista 42/2017 de 23 de junio, dictado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que rechazó y declaró inadmisible el mencionado recurso confirmando la Sentencia apelada, motivando la interposición del presente recurso de casación.


I.1.1. Motivo del recurso de casación.


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 883/2017-RA de 3 de noviembre de 2017, se extraen los siguientes motivos a ser analizados en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


El recurrente reiterando los motivos de su apelación, refiere que la Sentencia incurrió en inobservancia y errónea aplicación de la ley sustantiva penal, falta de enunciación del hecho objeto del juicio o su determinación circunstanciada; e, inexistencia, insuficiencia o contradictoria fundamentación, además de basarse en hechos inexistentes o no acreditados y valoración defectuosa de la prueba. Señala que, no obstante de los fundamentos expuestos, el Tribunal de alzada omitió su labor de compulsar objetivamente los antecedentes y los argumentos del recurso planteado, rechazando y declarando inadmisible su recurso, basándose en el art. 399 del CPP, por la presunta existencia de defecto y omisión de forma en su presentación por falta de fundamentación; aspecto que, según el recurrente no sería del todo cierto.


Advierte que, el Tribunal de alzada incurrió en contradicción al rechazar el recurso de apelación en virtud al art. 399 del CPP a cuyo efecto transcribe el apartado pertinente del Auto de Vista-, lo cual indicaría que la inadmisibilidad se fundó en el rechazo sin trámite, sin embargo, en sus fundamentos existiría un pronunciamiento de fondo incompleto, cuando afirma: “no es menos evidente que no expresa cuál la aplicación que pretende sobre dicho agravio, sino que demanda el reenvío del juicio cuando la pretensión debe estar en estrecha relación con el agravio”; asimismo, refiere: “Lo que es peor invoca una norma legal impertinente al agravio invocado, dicha norma legal es el art. 125 del CPP, que hace a la explicación, complementación y enmienda”; aspecto que, si bien sería cierto; empero, en el recurso de apelación se habría expuesto el art. 124 del CPP, referido a la debida fundamentación de las resoluciones judiciales, transcribiéndose la citada norma para que no exista confusión en el Órgano Judicial, considerando por todo ello el recurrente errónea y contradictoria la argumentación del Tribunal de alzada, afectando la seguridad jurídica, y vulnerando su derecho a la petición, así como el debido proceso, e incumpliendo lo dispuesto por el Auto Supremo “319/2012-RRC” respecto a la obligación del Tribunal de apelación de atender los “derechos reclamados” en su recurso de apelación.


Refiriendo la cita de cita de precedentes contradictorios invocó las Sentencias Constitucionales 123/2001-R, 798/2007-R, 752/2002-R y 1369/2001; asimismo, la Sentencia Constitucional 0577/2004-R de 15 de abril; por último, invoca los Autos Supremos 472 de 8 de diciembre de 2005, 14 de 26 de enero de 2007, 122 de 24 de abril de 2006, 702 de 24 de noviembre de 2004 y 417 de 19 de agosto de 2003.


I.1.2. Petitorio.


El recurrente solicita se revoque el Auto de Vista impugnado, conforme a las Sentencias Constitucionales y los Autos Supremos invocados, de conformidad a los arts. 416, 417, 418, 419 y 420 del CPP.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO PLANTEADO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se establece lo siguiente:


II.1.   De la Sentencia.


Por Sentencia 39/2015 de 25 de noviembre, el Juez Tercero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a Martin Carvajal Quispe, autor de la comisión del delito de amenazas, previsto y sancionado por el art. 293 del CP, imponiendo la sanción de seis meses de prestación de trabajo, más cincuenta días multa a razón de Bs. 10.- (diez bolivianos) por día, siendo absuelto de pena y culpa por el delito de Lesiones Graves y Leves, sin costas, concluyendo:


Que, por las pruebas judicializadas se tiene que ambas partes acreditaron “baja médica”, la querellante con tres días y el imputado con siete, ampliado posteriormente a trece días (MP-1, PD-6 y PD-9), teniendo como antecedente la enemistad entre las partes quienes son vecinos, donde la querellante contaría con un garaje para guardar vehículos, ocasionando ruidos que no eran del agrado del imputado, quien decidió denunciar a este hecho a la oficina de Medio Ambiente del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, cuyos funcionarios se constituyeron en el domicilio de la querellante el 29 de abril de 2014 en horas de la mañana, acto seguido la querellante juntamente su hija fueron a buscar al imputado el cual no se encontraba en su domicilio; posteriormente a horas 12 aproximadamente, al llegar la hija de la querellante a su domicilio el imputado la habría escupido y le habría referido que la iba a matar; además de otras groserías, hecho que habría sido denunciado por esta y su madre. A horas 20 aproximadamente, cuando la querellante volvía de tirar la basura, apareció el imputado quien le habría referido: “vieja p…, te voy a meter bomba, te violaré, me has denunciado”, haciéndola caer al suelo, y al llegar los familiares de la querellante y vecinos, se produjo un enfrentamiento en el que la querellante y su hija habrían agredido al imputado, arribando posteriormente al lugar del hecho la policía.


Que, si bien el imputado tendría “baja médica” de siete días, ampliados a trece días por los certificados médicos y la querellante tres días, el primero al encontrarse sólo frente a varias personas que lo agredían, hizo uso de su derecho a la legítima defensa, dándole una patada a la querellante, conducta y accionar que constituye eximente de responsabilidad penal conforme dispone el art. 363 inc. 4) del CPP; asimismo, el hecho de que las declaraciones testificales de ambas partes, pretendieron a su turno atribuir la condición de víctima a su presentante, no permitieron al juzgador tener un juicio cierto, exacto y evidente de lo ocurrido, ocurriendo lo contrario en el caso de los certificados médicos forenses emergentes de los hechos acaecidos el 29 de abril de 2014, corroborados por las placas fotográficas judicializadas por las partes.


Con relación al delito de amenazas, según las pruebas producidas y especialmente la testifical, no solo de la querellante, sino de su propia hija y vecina, quienes escucharon que el acusado amenazó a la querellante de “hacer desaparecer el garaje, de meter una bomba, de violar a su hija”, conducta que se subsumiría al tipo penal de referencia.

II.2.  De la apelación restringida.


Mediante memorial, de fs. 432 a 436, el ahora recurrente denunciando inobservancia y errónea aplicación de la ley sustantiva, y defectos de la sentencia, previstos en el art. 370 del CPP, solicitó su anulación y se ordene la reposición a través de otro Juez y/o de advertirse la inexistencia de los ilícitos acusados en aplicación del principio pro reo, se dicte sentencia absolutoria, pretensión sustentada en la denuncia de los siguientes defectos de la Sentencia.

  1. Refiriendo inobservancia y errónea aplicación de la ley sustantiva, prevista por el art. 370 inc. 1) del CPP señala que, la sentencia en ninguna de sus partes estableció que su persona mediante amenazas graves alarmó y/o amedrentó a la querellante el día que ocurrieron los hechos (29 de abril de 2014) y si bien se hace referencia a los testigos de la querellante quienes habrían escuchado las amenazas, empero este fundamento no se encontraría debidamente acreditado; puesto que, las testigos Carla Paula Castro Castro y Edny Pamela Blanco Heredia, no habrían afirmado la existencia de tales amenazas; consiguientemente, la sentencia no cumplió con la descripción de los elementos constitutivos del delito endilgado vinculados a la acción, antijuricidad, tipicidad, culpabilidad y sanción como exige la norma punitiva y la doctrina penal vigente. Asimismo refiere que, el hecho de haber sido absuelto por el delito de “lesiones”, evidencia que su conducta no se adecúa al delito de amenazas.     


  1. Denuncia el defecto previsto en el art. 370 inc. 3) del CPP, referido a la falta de enunciación del hecho objeto del juicio o su determinación circunstanciada arguyendo que, en la relación del hecho atribuido por la acusación fiscal se afirma que el 29 de abril de 2014 al promediar las 20:20 el acusado: “empezó a amenazarla refiriendo indios herencieros de mierda, les voy a matar, les voy a meter dinamita y a balazos uno por uno, les voy a liquidar, vieja perra de mierda y voz pu…”, circunstancias que no se encontrarían establecidas en la sentencia, arguyendo por ello la existencia de incongruencia citando el art. 362 del CPP, pues los acusadores tenían la obligación de demostrar y probar en juicio que el acusado vertió las referidas amenazas; y por su parte, la sentencia en base a los hechos acusados debió establecer de manera circunstanciada su existencia o en caso declarar la absolución.   


  1. Finalmente, señala la existencia de los defectos previstos en el art. 379 incs. 5) y 6) del CPP vinculados a la inexistencia, insuficiencia o contradictoria fundamentación de la sentencia, y que ésta se basa en hechos inexistentes o no acreditados y valoración defectuosa de la prueba en virtud a que, los fundamentos de la sentencia no cumplirían con los presupuestos del art. 360 del CPP, al no existir la exposición de motivos de hecho y de derecho que fundan la decisión y la contradicción advertida entre las declaraciones testificales de Carla Paola Castro Castro y Edny Pamela Blanco Heredia y la conclusión de la sentencia referidas a las amenazas vertidas, siendo que las primeras en ningún momento habrían hecho las afirmaciones contenidas en la sentencia; finalmente, refiere la defectuosa valoración de la prueba documental y testifical de descargo, que por el contrario demostrarían que no existió la comisión de los delitos de lesiones leves y amenazas; afirmando que, las declaraciones testificales de Carla Paola Castro y Edny Pamela Blanco, no fueron valoradas integralmente con toda la prueba de cargo y descargo conforme dispone el art. 173 del CPP.             


II.3.  Del Auto de Vista impugnado.


Mediante Auto de Vista impugnado, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, rechazó y declaró inadmisible el recurso de apelación restringida interpuesta por el ahora recurrente, con los siguientes argumentos.


Ante el incumplimiento de los arts. 407 y 408 del CPP (motivos e interposición del recurso de apelación restringida), mediante proveído de fs. 479 se notificó al recurrente para que en el plazo de tres días corrija los defectos y omisiones de su recurso, citando las disposiciones legales vulneradas o erróneamente aplicadas, expresando cuál es la aplicación que se pretende, invocando separadamente cada violación con sus fundamentos y señalando precedentes contradictorios en relación a cada agravio, bajo alternativa de rechazo y consiguiente inadmisibilidad conforme prevé el art. 399 del CPP. 

El recurrente, dentro del plazo concedido presentó el memorial de fs. 481 a 486; sin embargo, el mismo es una copia de la apelación de 432 a 436, considerando por ello que, no se corrigieron y menos subsanaron los defectos así como las omisiones del recurso; ya que, si bien con relación al primer agravio el recurrente citó el art. 370 inc. 1) del CPP, no expresó cuál la aplicación que pretende, demandando el reenvió del juicio además de su anulación, cuando la pretensión debe estar estrechamente relacionada con el agravio. Con relación al segundo agravio, el recurrente invocó el art. 370 inc. 3) del CPP; pero tampoco, expresó la aplicación que pretende, basando sus agravios en el fondo de los hechos. En el último agravio, invocó de manera conjunta dos normas legales, cuando el art. 408 del CPP determina que la invocación debe ser por separado, extrañándose también la aplicación que pretende además de la fundamentación debida del agravio, dicha norma legal art. 125 del CPP, referida a la Explicación, Complementación y Enmienda.


Concluyendo que, el recurrente no invocó precedente contradictorio excepto en el segundo agravio donde hizo referencia a la motivación de las resoluciones judiciales; sin embargo, afirma que las observaciones no solo estaban dirigidas a la ausencia de precedentes contradictorios, sino a la ausencia de pretensión y una fundamentación coherente del recurso en relación a cada agravio, teniendo que aplicar por ello el art. 399 del CPP.

           

III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE VULNERACIÓN

DE DERECHOS CONSTITUCIONALES


El recurrente advierte que, el Tribunal de alzada incurrió en errónea y contradictoria argumentación, al rechazar sin trámite su recurso de apelación restringida en aplicación del art. 399 del CPP, pues en sus fundamentos existiría un pronunciamiento de fondo, afectando la seguridad jurídica, vulnerando su derecho a la petición, así como el debido proceso, e incumpliendo lo dispuesto por el Auto Supremo “319/2012-RRC” respecto a la obligación del Tribunal de apelación de atender los “derechos reclamados” en su recurso de apelación restringida.


En consecuencia, en revisión del Auto de Vista cuestionado corresponde dilucidar si los extremos denunciados son evidentes y verificar la vulneración o no de derechos y garantías fundamentales, a fin de dejar sin efecto o declarar infundado el recurso interpuesto. 


III.1. Del rechazo de los recursos sin trámite.


El sistema de recursos diseñado por el legislador ordinario y plasmado en nuestro Código de Procedimiento Penal, materializa el derecho de todo ciudadano de pedir la revisión de un determinado fallo, prerrogativa procesal de las partes que tiene su antecedente en la prescripción del art. 180 de la CPE, al reconocer el principio de impugnación en los procesos judiciales. 


En ese marco, el art. 399 del CPP establece: “Si existe defecto u omisión de forma, el Tribunal de alzada lo hará saber al recurrente, dándole un término de tres días para que los amplíe o corrija, bajo apercibimiento de rechazo. Si el Recurso es inadmisible lo rechazará sin pronunciarse sobre el fondo”.


Al respecto, este Alto Tribunal de Justicia mediante el Auto Supremo Nº 86 de 28 de marzo de 2006 señaló: “(…) el artículo 399 del Código de Procedimiento Penal impele expresamente al Tribunal de Apelación, en caso de existir defecto u omisión de forma del recurso de apelación restringida, a dar un plazo para que el recurrente subsane, amplié y corrija, dentro de los tres días computables a partir de su notificación con lo observado; caso contrario, si el recurrente incumple lo ordenado, recién el Tribunal de Alzada podrá rechazar la admisibilidad del recurso de apelación restringida; de manera que, la omisión de otorgar oportunidad para cumplir los requisitos formales al recurrente para la admisibilidad del recurso de apelación restringida se constituye en defecto absoluto que no es susceptible de convalidación; razón por el que el Tribunal de alzada se encuentra en la obligación de dar cumplimiento estricto al artículo 399 de la Ley Nº 1970 en el marco del derecho de defensa y tutela judicial”.


III.5. Análisis del caso concreto.


En el caso de autos se tiene que, al pronunciar el Auto de Vista impugnado disponiendo el rechazo del recurso de apelación restringida en aplicación del art. 399 del CPP, por considerar inobservados los arts. 407 y 408 del mismo adjetivo penal, el Tribunal de alzada obró conforme a derecho y en observancia de la doctrina legal emitida por este Alto Tribunal de Justicia, pues el proveído de 28 de junio de 2016 fs. 479- dispuso en principio la subsanación del recurso planteado por el ahora recurrente en el plazo de tres días, debiendo específicamente el apelante citar las disposiciones legales consideradas vulneradas o erróneamente aplicadas, expresando cual la aplicación que se pretende, además de indicar separadamente cada violación con sus fundamentos, finalmente conforme prevé el art. 416 del CPP, la cita de precedentes contradictorios.   


Sin embargo, mediante memorial de fs. 481 a 486, el recurrente se limitó a reproducir los fundamentos de su apelación, con la salvedad de haber invocado en el motivo referido a la inobservancia y errónea aplicación de la ley sustantiva penal art. 370 inc. 1) del CPP- a manera de precedente contradictorio, la Sentencia Constitucional 1075/2003-R de 24 de julio emitida por el extinto Tribunal Constitucional; por su parte, en el acápite referido a la falta de enunciación del hecho objeto del juicio o su determinación circunstanciada art. 370 inc. 3) del CPP-, el recurrente citó el Auto Supremo 207/2014-RRC de 22 de mayo, referido a la incongruencia omisiva en que incurre el Tribunal de apelación cuando no resuelve todos los puntos impugnados; finalmente, en el acápite destinado a la inexistencia de fundamentación de la sentencia o que esta sea insuficiente o contradictoria, y que además se base en hechos inexistentes o no acreditados y valoración defectuosa de la prueba art. 370 incs. 5) y 6) del CPP-, citó las Sentencias Constitucionales 1369/2001 de 19 de diciembre y 0752/2002-R de 25 de junio.    


En conclusión, al haber concedido mediante proveído de 28 de junio de 2016, el plazo de tres días para que el recurrente subsane las observaciones, el Ad quem observó lo dispuesto por el art. 399 del CPP y la doctrina legal aplicable emanada de este Alto Tribunal de Justicia, garantizando el principio de impugnación, pues la esencia de los requisitos exigidos por los arts. 407 y 408 del CPP, estriba en facilitar al Tribunal de apelación un conocimiento cabal y objetivo de la pretensión impugnatoria en el marco del control jurisdiccional de la sentencia apelada, ordenándole otorgar un plazo razonable al recurrente para que subsane, amplíe y corrija las observaciones en caso de existir defecto u omisión de forma en el recurso de apelación restringida, cumplido dicho plazo (3 días según el art. 399 del CPP) y si el recurrente incumple lo ordenado, el Ad quem podrá rechazar el recurso planteado, ahora bien la omisión de otorgar este plazo constituye un defecto absoluto no susceptible de convalidación (Auto Supremo 233/2013 de 26 de junio); circunstancia que no ocurrió en el caso concreto, siendo más bien el recurrente quien no dio cumplimiento a lo ordenado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz como ya se tiene desarrollado.          


En consecuencia, no se advierte contradicción alguna en que haya incurrido el ad quem y por otra parte, tampoco resulta evidente que exista un pronunciamiento de fondo al extrañarse en el Auto de Vista confutado cual la aplicación que pretende el recurrente sobre los agravios denunciados, verificándose en consecuencia que el fallo impugnado fue dictado en observancia de las reglas del debido proceso, sin que exista vulneración a la seguridad jurídica y al derecho a la petición conforme fue denunciado, correspondiendo desestimar los reclamos del recurrente.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Martín Carvajal Quispe.


Regístrese, notifíquese y devuélvase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos