TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 358/2018-RRC

Sucre, 05 de junio de 2018


Expediente        : Cochabamba 61/2017        

Parte Acusadora        : Jorge Iván Reyes Ortiz Mercado

Parte Imputada        : Marco Antonio Moruno Crespo

Delito        : Cheque en Descubierto

Magistrado Relator         : Dr. Olvis Eguez Oliva


RESULTANDO


Por memorial presentado el 25 de agosto del 2017, cursante de fs. 250 a 257,  Marco Antonio Moruno Crespo, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 42/2017 de 30 de junio, de fs. 237 a 247, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido por Jorge Iván Reyez Ortiz Mercado representado por Mirian Susy Pérez Revollo contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Cheque en Descubierto, previsto y sancionado por el art. 204 del Código Penal (CP).


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


  1. Por Sentencia 39/2014 de 3 de diciembre (fs. 141 a 145 vta.), el Juez Segundo de Sentencia de Cercado del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, declaró a Marco Antonio Moruno Crespo, autor del delito de Cheque en Descubierto, previsto y sancionado por el art. 204 del CP, imponiendo la pena de tres años y dos meses de reclusión, con costas.


  1. Contra la mencionada Sentencia, el imputado Marco Antonio Moruno Crespo (fs. 168 a 172), interpuso recurso de apelación restringida,  resuelto por Auto de Vista de 17 de febrero del 2016, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que declaró parcialmente procedente el recurso planteado y anuló totalmente la Sentencia apelada, ordenando la reposición del juicio por otro Juez de Sentencia.


  1. Interpuesto el recurso de casación, una vez admitido, se ingresó a considerar el recurso de casación en el fondo, emitiéndose el Auto Supremo 207/2017-RRC de 21 de marzo (fs. 227 a 231), que resolvió dejar sin efecto el Auto de Vista de 17 de febrero de 2016, para que el Tribunal de alzada emita uno nuevo de acuerdo a la doctrina legal aplicable.


  1. Recibidas las actuaciones, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, emite nuevo Auto de Vista 42/2017 de 30 de junio, el cual en estricta observancia de la doctrina legal aplicable al caso concreto, contenido en el Auto Supremo 207/2017-RRC de 21 de marzo, declaró improcedente el recurso de apelación restringida interpuesto por el acusado Marco Antonio Moruno Crespo y confirmó la Sentencia pronunciada por el Juez Segundo de Sentencia de la Capital.


  1. Una vez notificadas las partes con el Auto de Vista 42/2017 de 30 de junio, Marco Antonio Moruno Crespo, interpone recurso de casación.


I.1.1. Motivo del recurso de casación.


Del recurso de casación y del Auto Supremo 889/2017-RA de 3 de noviembre, se extraen los siguientes motivos a ser analizados en la presente Resolución, conforme al mandato establecido por los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


  1. El recurrente denuncia que el Auto de Vista impugnado, incumplió lo previsto por el Auto Supremo 207/2017-RRC de 21 de marzo, emitido anteriormente dentro del proceso penal que dio origen al presente recurso de casación, el cual, dispuso que la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, previo sorteo y sin espera de turno, pronuncie un nuevo Auto de Vista de conformidad a la doctrina legal establecida en el mismo. Por lo que, a dicha Sala le correspondía emitir nueva resolución, tomando en cuenta como antecedente, la Sentencia recurrida, la apelación planteada por su persona y los fundamentos doctrinales del precitado Auto Supremo; sin embargo, resolvió la apelación incidental, manifestando sin fundamento alguno que no tendría mérito la impugnación planteada por su parte, para posteriormente ingresar al fondo del asunto, incumpliendo la doctrina legal establecida en el precitado Auto Supremo.


  1. Señala que, en cuanto al fondo concluyó que el Juez de Sentencia cumplió con la fundamentación descriptiva e intelectiva de las pruebas de cargo y que no tendría valor ni mérito alguno la impugnación basada en la identidad de la persona que giró el cheque del protesto bancario y la titularidad del referido cheque y que, a decir de dichas autoridades, resultaría suficiente lo señalado por el Juez de mérito, sosteniendo que la Sentencia cumpliría a cabalidad con la fundamentación descriptiva, fáctica, analítica y jurídica, para finalizar manifestando que en el nuevo sistema procesal penal, la valoración probatoria y las cuestiones de hecho son de exclusiva competencia del Juez o Tribunal de Sentencia, declarando esta vez, en contradicción a su anterior resolución, improcedente el recurso de apelación restringida, incurriendo en los mismos errores del Auto de Vista anulado, ocasionándole indefensión, dado que en caso de declararse procedente su recurso de apelación incidental, entonces correspondía la nulidad de obrados hasta la presentación de una nueva querella.


Agrega que, en cuanto a la valoración defectuosa de la prueba, se debe tener en cuenta la idoneidad de los Jueces y Tribunales de Sentencia que hagan la valoración; y en el caso, el Juzgador se encuentra sometido a procesos penales por la comisión del delito de Prevaricato, habiendo sido incluso detenido preventivamente; por lo que por principio de logicidad se puede establecer que en el presente proceso, el Juez de la causa realizó una valoración defectuosa de la norma, al llegar a la resolución de condena de su persona, con la única prueba de la existencia de un cheque suscrito por una persona desconocida que no guarda relación alguna con él y menos se hubiera acreditado la existencia de una cuenta bancaria a su nombre con fondos insuficientes para su cobro. Por lo que, no existirían elementos probatorios que demuestren la comisión del delito atribuido; aspectos que, si bien corresponden a los Jueces de Sentencia, no es menos cierto que los Tribunales de alzada en cumplimiento de su deber establecido en el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE), que garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia pronta y transparente, tiene el deber de tutelar estos derechos en cumplimiento de su deber contralor de los actos de los inferiores en grado.


Alega que los Autos Supremos 533/2006 de 27 de diciembre y 472/2005 de 8 de diciembre, establecen que el Tribunal de alzada tiene la facultad de valorar la prueba, cuando fue defectuosamente valorada por el juez inferior; y en el caso, la misma consiste en un cheque en el que no existe el nombre del girador, ni la titularidad de la cuenta bancaria, ni mucho menos se acreditó que el mismo, no hubiera podido ser cobrado por falta de provisión de fondos; de donde resulta aberrante emitir una Sentencia condenatoria, sin identificar a las personas o instituciones que participaron en la transacción motivante de la extinción de dicho cheque y sin acreditarse la falta de provisión de fondos de la cuenta bancaria.


Para la labor de análisis de fondo, no se considerarán los Autos Supremos 356/2011 de 4 de julio, 354/2008 de 7 de noviembre y 60 de 27 de enero de 2007.


I.1.2. Petitorio.


El recurrente solicita que previo una revisión exhaustiva de los antecedentes del proceso se declare fundado el recurso de casación y deje sin efecto el Auto de Vista recurrido, así como también la Sentencia de primera instancia emitida por el Juez Segundo de Sentencia de Cochabamba de 3 de diciembre de 2014, anulando obrados hasta la reposición de un nuevo juicio, previa resolución de la apelación incidental. 


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 889/2017-RA de 3 de noviembre, cursante de fs. 263 a 265 vta., este Tribunal admitió el recurso de casación de Marco Antonio Moruno Crespo, excluyendo para el análisis de fondo los Autos Supremos 356/2011 de 4 de julio, 354/2008 de 7 de noviembre y 60 de 27 de enero de 2007.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación y precisado el ámbito de análisis del recurso, se tiene lo siguiente:


II.1.        Del Auto de 14 de mayo del 2013.


A través de la resolución de 14 de mayo del 2013 (fs. 32 a 33 vta.), el Juez Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, declaró procedente en parte el incidente de nulidad de obrados, hasta fs. 17; es decir, hasta la providencia de la radicatoria, en virtud a que en la misma el Juez de primera instancia había consignado como domicilio real del imputado la Av. Blanco Galindo Km. 4 1/2; sin considerar que la querellante por memorial de 15 de abril del 2013, hubiere ratificado la dirección del imputado.


Por otro lado, no da lugar a la solicitud de nulidad de obrados por incumplimiento en el plazo otorgado a la parte querellante -48 horas- a fin de que acompañe el croquis de ubicación del domicilio del imputado, pues la parte querellante habría presentado dicho requisito, después de cuatro días de vencido el plazo otorgado por el Juez de Sentencia, por lo que a decir del imputado, correspondía rechazar la acusación particular para que sea replanteada cumpliendo los requisitos exigidos por la autoridad; argumento que es rechazado por el Juez de mérito, fundamentando que el referido plazo otorgado a fin de que la acusadora particular adjunte croquis de ubicación del domicilio real del imputado, no es un plazo fatal o
perentorio, pues no estaría previsto en ninguna parte del CPP, sino el mismo hubiere sido fijado a fin de no dilatar el proceso.


La referida Resolución fue objeto de apelación incidental interpuesto por el imputado Marco Antonio Moruno Crespo a través del memorial presentado el 27 de mayo del 2013 (fs. 38 a 39).


II.2.  De la Sentencia.


Por Sentencia 39/2014 de 3 de diciembre, el Juez Segundo de Sentencia de “Cercado” del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, declaró a Marco Antonio Moruno Crespo, autor de la comisión del delito de Cheque en Descubierto, previsto y sancionado por el art. 204 del CP, imponiendo la pena de tres años y dos meses de reclusión, con costas.


En el inc. e) del quinto considerando de la Sentencia, el Juez de mérito, argumentó: “En el presente caso, de la prueba aportada por la parte querellante codificada y judicializada como A-1 el cheque descrito con Nº 2882271 y la prueba documental también referido líneas arriba interpelación de pago la misma que fue judicializada y la prueba A-2 también judicializada, son las pruebas suficientes para encuadrar la conducta del acusado en el ilícito establecido en el art. 204 del Código Penal Cheque en descubierto.


Por extender ha de entenderse poner por escrito un documento, en este caso extender un cheque que no reúna los requisitos previstos en los arts. 600 del código de comercio, como ser: 1) el número y serie impresos. En su defecto la clave o signo de identificación o caracteres magnéticos, 2) el lugar y fecha de su expedición; 3) Orden incondicional de pagar a la vista una determinada suma de dinero; 4) el nombre y domicilio del banco girado; 5) la indicación de si es a la orden de determinada persona o al portador 6) firma autógrafa del girador.” (sic).


II.3.  De la Apelación Restringida del imputado.


       Marco Antonio Moruno Crespo, interpuso recurso de apelación restringida con la siguiente argumentación:








II.4.  Del primer Auto de Vista Nº 83/2016 de 17 de febrero.


La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Auto de Vista de 17 de febrero del 2016, resolvió el recurso de apelación restringida interpuesto por el imputado Marco Antonio Moruno Crespo, bajo los siguientes argumentos que dieron lugar a la anulación de la Sentencia:


  1. Haciendo referencia al motivo de apelación fundado en la supuesta falta de resolución de apelación incidental, el Tribunal de apelación argumentó que: “(…) que el acusado Marco Antonio Moruno Crespo en audiencia de juicio oral celebrado en fecha 03 de diciembre de 2014, no ha planteado ninguna excepción o incidente, menos ha hecho referencia a la irregularidad procesal que ahora denuncia, sobre la falta de existencia de la resolución de un Tribunal de alzada respecto al Auto de 14 de mayo de 2013 (…), de la revisión de antecedentes encuentra que es cierto que el Auto de 14 de mayo del 2013 (fs. 32 a 33 vta.) dictado dentro el incidente de nulidad de obrados interpuesto por el imputado, fue apelado mediante escrito de 27 de mayo de 2013; recurso que de antecedentes no se constata haya sido resuelto por la autoridad competente antes del juicio oral; de consiguiente, existen aspectos procesales inconclusos que no permitían que se lleve a cabo el juicio oral, lo cual debió ser revisado por el Juez de la causa y disponer la suspensión de la tramitación de la causa hasta tanto se resuelva el recurso referido, pero que no aconteció, en consecuencia, se ha comprobado la existencia de defectos absolutos que deben ser corregidos por este Tribunal de alzada, y constituyendo el mismo un defecto absoluto contenido en los numerales 3) y 4) del Art. 169 del CPP, no es posible su convalidación por la existencia de defectos procesales insubsanables que obligan a su saneamiento procesal mediante la nulidad de obrados y el reenvió de la causa a otro Juez de Sentencia.” (sic).


  1. A mayor abundamiento, pese a determinar el Tribunal de apelación la existencia del referido defecto absoluto descrito en el anterior inciso del presente acápite de la Resolución, decidió analizar los defectos de Sentencia fundados por el apelante; a cuyo fin, haciendo referencia a la jurisprudencia emitida por este Tribunal, por los cuales se establece que si bien el de alzada no puede revalorar prueba menos revisar cuestiones de hecho, tiene facultad para controlar el iter lógico seguido por el Juez de Sentencia a tiempo de valorar la prueba; argumentó que, en cuanto a la presunta existencia del defecto de sentencia, previsto por el inc. 1) del art. 370 del CPP, el Tribunal de apelación refirió que, en el inciso e) del considerando de la fundamentación descriptiva e intelectiva, se evidenciaría que en la fundamentación intelectiva de la prueba; el Juez de mérito no realizó una integral fundamentación probatoria intelectiva de toda la prueba de cargo producida en el juicio, pues no habría hecho referencia a todos los elementos necesarios para la configuración del delito acusado, como ser el rechazo o protesto de la entidad bancaría, titular del cheque motivo de litis y titularidad del referido cheque; omisión que a decir del Tribunal de alzada, infringe el principio de no contradicción al contener la Sentencia ambigüedad y no cumplir con lo dispuesto por el art. 171 del CPP, lo cual ameritaría la anulación de la Sentencia conforme lo previsto por el art. 413 del CPP.


II.5.  Del Segundo impugnado Auto de Vista 42/2017 de 30 de junio.


La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, emitió nuevo Auto de Vista 42/2017 de 30 de junio, el cual en estricta observancia de la doctrina legal aplicable al caso concreto contenido en el Auto Supremo 207/2017-RRC de 21 de marzo, declaró improcedente el recurso de apelación restringida interpuesto por el acusado Marco Antonio Moruno Crespo; en consecuencia, confirmó la Sentencia pronunciada por el Juez Segundo de Sentencia de la Capital, bajo los siguientes argumentos:


  1. Cita y desglosa los fundamentos jurídicos del Auto Supremo 207/2017-RRC de 21 de marzo,  para posteriormente mencionar aspectos relativos al art. 398 del CPP y la Sentencia Constitucional 2523/2012-R de 19 de noviembre y Auto Supremo 351/2013 de 27 de diciembre, estableciendo tres motivos de procedibilidad de la apelación restringida de acuerdo al art. 407 del CPP: 1) Defectos de procedimiento; 2) Defectos absolutos; y, 3) Defecto de Sentencia (explicada cada uno de ellos). Que, precisados estos aspectos, con relación a la concurrencia del art. 169 numeral 4 del CPP, sobre la nulidad de obrados, el Tribunal de alzada cita y desglosa nuevamente, sobre el particular lo manifestado por el Auto Supremo 207/2017-RRC de 21 de marzo, manifestando que de la revisión de antecedentes, se ha podido advertir que el acusado Marco Antonio Moruno Crespo en audiencia de juicio oral celebrado el 3 de diciembre de 2014, no ha planteado ninguna excepción o incidente, menos ha hecho referencia a la irregularidad procesal que denuncia, sobre la falta de resolución de alzada respecto al Auto de 14 de mayo de 2013 y aún de ser evidente la omisión de remisión de la apelación incidental, su falta no autoriza de manera automática, como ha entendido equívocamente el Tribunal de alzada en el anterior Auto de Vista, la nulidad de la Sentencia impugnada, sino que existe la obligatoriedad por una parte del apelante de fundamentar adecuadamente, su petición de nulidad, precisando claramente las razones por las que el acto procesal inconcluso, no permitiría se celebre el juicio oral porque estaría suspendida la competencia del Juez a quo, para resolver el fondo del proceso, debiendo explicar la trascendencia del resultado de la apelación incidental pendiente y cuales los derechos y garantías constitucionales vulnerado por esta determinación y su connotación para la constitucional y legalidad en el resultado de la Sentencia; no explica en qué parte del Código Procesal Penal esta la falta de resolución de la cuestión incidental planteada por el imputado, estaría sancionado con la nulidad y recién con esta fundamentación, este Tribunal de apelación, conforme los alcances del art. 398 del CPP, podría ingresar a revisar el fondo de la petición, al no haber procedido de esa menar el apelante, solo corresponde determinar que no tiene mérito su impugnación.


  1. Respecto al art. 370 inc. 1) del CPP, se cita los Autos Supremos  207/2017-RRC de 21 de marzo y 326/2013-RRC de 6 de diciembre, haciendo referencia al anterior Auto de Vista anulado, reconociendo que por el precedente expuesto, el argumento es por más de ambiguo; por consiguiente, por inferencia lógica, no corresponde en este tipo penal exigir la existencia del rechazo o protesto de la entidad bancaria titular del cheque, motivo de la Litis y la titularidad del referido cheque, siendo suficiente de consiguiente la conclusión del Juez a quo, por lo que no tiene mérito la impugnación.


  1. Sobre el inc. 3) del art. 370 del CPP, el Tribunal de alzada cita el art. 360 inc. 2) del CPP, motivando que de ello, el defecto de Sentencia se refiere a dos aspectos: 1) La falta de enunciación del hecho objeto del juicio; y, 2) La falta de su determinación fundamentada. En lo que se tiene, el primer punto de la revisión de la Sentencia en su acápite: “Relación Circunstanciada de los Hechos”, en la misma sí se hizo una enunciación del hecho, objeto del juicio; es decir que se describió el hecho atribuido al imputado tal como fue presentada en la acusación particular (art. 342 del CPP), de consiguiente no tiene mérito la impugnación del apelante.


  1. Con relación al defecto del inc. 5) del art. 370 del CPP, el Tribunal cita el Auto Supremo 65/2012-RA de 19 de abril, desglosando lo manifestado por el autor José Cafferata Nores y Francisco DallAnnese. Refieren que la Sentencia impugnada contiene la debida fundamentación, respecto de los razonamientos que expone en las conclusiones a las que arriba; así como también, se advierte que existe fundamentación descriptiva de la prueba incorporada a juicio oral, en al que le asigna el valor correspondiente efectuando una labor de fundamentación intelectiva; por lo que los fundamentos expresados, si bien son escuetos, en la Sentencia, resultan ser suficientes para dar sustento a lo determinado en la parte resolutiva; en consecuencia, no tiene mérito el reclamo del apelante.


  1. Con relación al art. 370 inc. 6) del CPP, cita el Auto Supremo  207/2017-RRC de 21 de marzo, así como también el Auto Supremo 111 de 31 de enero de 2007, por lo que infiere que cuando la parte apelante alega la existencia de una defectuosa valoración de la prueba, no puede pretender que el Tribunal de alzada, vuelva a valorar las pruebas que se produjeron en el juicio oral y menos aún las cuestiones de hecho debatidas en el mismo, como equivocadamente solicita el apelante, sino que tiene que atacar la logicidad de la Sentencia impugnada, en lo que atañe a la actividad probatoria y su relación con la vulneración de las reglas de la sana crítica racional, las que están constituidas por los principios de la lógica, la experiencia común y la psicología, aspectos que cumple la Sentencia impugnada. Entonces, a tiempo de impugnar el apelante la Sentencia pronunciada por el Juez, no ha tomado en cuenta los lineamientos procedimentales emitidos por la Excma. Corte Suprema de Justicia, que no pueden ser suplido por su propio análisis y criterio; por consiguiente, concluye que resulta carente de mérito su impugnación.


III. VERIFICACIÓN DE CONTRADICCIÓN DEL AUTO IMPUGNADO CON LOS PRECEDENTES INVOCADOS POR EL RECURRENTE


De acuerdo a los argumentos del recurrente, circunscritos en la admisión del recurso de casación contenido en el Auto Supremo 889/2017-RA, se tiene que la Resolución ahora impugnada, no habría dado cumplimiento al Auto Supremo  207/2017-RRC de 21 de marzo; así como también, cuestionó respecto a la denuncia de defectuosa valoración de la prueba, que el Tribunal de alzada no realizó un análisis de que la prueba del cheque suscrito por una persona desconocida, es un elemento insuficiente para demostrar su culpabilidad, extremos que denuncia como contradictorios con los Autos Supremos 533/2006 de 27 de diciembre y 472/2005 de 8 de diciembre, excluyendo para el análisis de fondo los Autos Supremos 356/2011 de 4 de julio, 354/2008 de 7 de noviembre y 60 de 27 de enero de 2007.


III.1. Sobre la obligatoriedad de la doctrina legal aplicable.


       El art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.


       En este contexto, el recurso de casación previsto en el art. 416 del CPP, procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los ahora Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; siendo la tarea principal de este Tribunal, el de unificar la jurisprudencia a fin de asegurar la vigencia del principio de igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual, evitando de esta manera que se produzca una anarquía en la aplicación de la ley, además esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la LOJ, que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia.


       Asimismo, es importante destacar que la doctrina legal aplicable establecida en los Autos Supremos y que constituye la interpretación de la Ley efectuada por este máximo Tribunal de Justicia, tiene como efecto fundamental su obligatoriedad en cuanto a su cumplimiento; es decir, una vez puesto en conocimiento de las salas penales de los Tribunales Departamentales de Justicia, es de cumplimiento obligatorio y debe ser acatado por Jueces y Tribunales inferiores, tal cual lo establece el art. 420 del CPP, dado que sólo así se garantiza una protección efectiva e igualdad de los litigantes ante la ley; consecuentemente, ningún juez o Tribunal inferior podrá sustraerse de su cumplimiento bajo ningún motivo, puesto que obrar en contrario implica evidente vulneración a los principios de celeridad y economía procesal constitucionalizados bajo el concepto de justicia pronta, oportuna, transparente y sin dilaciones; y en caso, de evidenciarse su cumplimiento, el Juez o Tribunal será pasible de las responsabilidades que emerjan de tal inobservancia, tal como lo prevé el Auto Supremo 322/2013-RRC de 6 de diciembre, que sobre la obligatoriedad de aplicación de la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, por parte de los Tribunales inferiores, señaló: “Bajo la premisa que los actos jurisdiccionales son la vía de materialización de la Ley, se concibe que ésta opere a partir de su puesta en frente ante una situación o problemática de conocimiento de la autoridad jurisdiccional; es decir, la aplicación de la ley, proviene de la interpretación que el juzgador le otorgue para la solución de un hecho en concreto, estableciendo a través de los fallos que emita la relación entre una y otra. En la eventualidad de aplicación divergente de una misma norma en diversos casos o bien que en la resolución de diversos hechos se aplique un alcance distinto de una misma norma, y dada la naturaleza abstracta de la Ley, emerge la necesidad de uniformar criterios de su aplicación, ello en pos de asegurar la igualdad de las partes ante la Ley, forjando un sentimiento colectivo de seguridad jurídica y predictibilidad en la aplicación de la norma. Tales criterios no sólo trascienden ámbitos de índole procesal y sustantivo, sino adquieren vigor y comprensión en los postulados que la propia Constitución Política del Estado sienta, véanse los arts. 119.I, 178.I. Una contingente inobservancia de los parámetros establecidos a partir de la doctrina legal aplicable, vulneraría los principios de celeridad y economía procesal que han sido plasmados en el art. 115.II de la CPE y 3.7 de la LOJ, que establecen que el Estado debe garantizar una justicia sin dilaciones.


El ordenamiento jurídico boliviano en materia penal, establece claramente que los fallos del Tribunal Supremo de Justicia son de cumplimiento obligatorio por los jueces inferiores; en ese sentido, el art. 420.II del CPP, establece como efectos de los fallos emergentes de un recurso de casación que: “La doctrina legal establecida será obligatoria para los tribunales y jueces inferiores y sólo podrá ser modificada por medio de una nueva resolución dictada con motivo de otro recurso de casación, de tal consecuencia que el cumplimiento de los fallos de este Tribunal, no está sujeto o reatado a la circunstancialidad o a la voluntad de las autoridades jurisdiccionales, sino que es el resultado de una estructura procesal recursiva, como de la vigencia de los principios de igualdad, tutela judicial efectiva y seguridad jurídica, que son base de la jurisdicción ordinaria; más aún en el ámbito penal, donde se debate la responsabilidad penal del procesado, que puede generar en su caso, la restricción de su derecho a la libertad o la imposición de una sanción penal.

El art. 419.II del propio CPP, a su turno señala: “Si existe contradicción, la resolución establecerá la doctrina legal aplicable, caso contrario lo declarará infundado y devolverá los antecedentes a la Corte Superior de Justicia. En el primer caso y cuando se deje sin efecto el fallo que motivó el recurso, se devolverán actuados a la Sala Penal de la Corte Superior que dictó el Auto de Vista recurrido para que pronuncie nueva resolución de acuerdo con la doctrina legal establecida; de esta norma, se desprende un entendimiento básico, sin lugar a interpretaciones, que se trata de la insoslayable obligación de parte de Jueces o Tribunales inferiores, de cumplir con los razonamientos jurídicos y la doctrina establecida en un Auto Supremo, ello en la circunstancia que se identifiquen hechos fácticos análogos o similares, así como tal obligación se ve visiblemente amplificada cuando un Auto Supremo deje sin efecto un Auto de Vista recurrido de casación y ordene el pronunciamiento de un nuevo, bajo los entendimiento de la doctrina legal emergente de un Auto Supremo; una omisión de naturaleza contraria a la expuesta, importa incumplimiento directo de la ley, trascendiendo en vulneración también de los principios de tutela judicial efectiva, igualdad, celeridad y economía procesal”.


III.2. Análisis del caso concreto.


Sobre el primer motivo denunciado por el recurrente, se infiere que el Auto de Vista impugnado, emitido como resultado de la nulidad del anterior Auto de Vista dispuesta por el Auto Supremo 207/2017-RRC de 21 marzo, el cual, según lo señalado, resolvió su recurso de apelación incidental sin cumplir la doctrina legal sentada en el referido precedente, manifestando únicamente que no tendría mérito su apelación incidental para posteriormente ingresar al fondo del asunto.


Para poder ingresar al análisis de la problemática planteada por el recurrente, es menester remitirse al Auto Supremo 207/2017-RRC de 21 de marzo, en lo que respecta a lo manifestado sobre la resolución de la apelación incidental que el recurrente denuncia como causa de posible nulidad, señalándose que: “…De los argumentos expuestos por el Tribunal de apelación, y de la revisión del Auto de Vista impugnado, corresponde a este Tribunal referir que el Tribunal de alzada en principio hizo una correcta identificación del motivo de apelación. Posteriormente transcribiendo parcialmente el Auto Supremo 562 de 1 de octubre del 2004, que establecería que las normas procesales son de orden público y cumplimiento obligatorio; alega que, evidentemente el Auto de 14 de mayo de 2013, habría sido apelado por escrito el 27 de mayo del mismo año, y el mismo no hubiere sido resuelto por la autoridad competente, siendo un aspecto procesal inconcluso que a decir del de alzada, no permitía que se celebre el juicio oral.


(…) De lo redactado, es evidente que los fundamentos del Tribunal de apelación no cumplen con el requisito de ser una resolución expresa y clara, ello en razón a que deja en duda, el por qué la apelación incidental contra el Auto de 14 de mayo del 2013, que resolvió el incidente de la nulidad de obrados, suspendería la competencia del Juez de Sentencia para resolver el fondo del proceso. Evidenciándose falta de fundamentación en el Auto de Vista, pues el Tribunal de apelación no hizo un correcto análisis de los antecedentes del proceso, constatando este Tribunal Supremo de Justicia que de la revisión de los actuados procesales, conforme lo descrito en el acápite II.1 de la presente Resolución, se advierte dos aspectos, a) La existencia de un recurso de apelación incidental contra el Auto de 14 de mayo del 2013; y, b) la falta de remisión al Tribunal de apelación, a fin de que se resuelva el referido recurso, a pesar de que el Juez de Sentencia por decreto de 12 de junio de 2013 (fs. 44), dispuso la remisión de actuaciones con la debida nota de cortesía ante el superior en grado (…).


En el caso concreto, el Tribunal de apelación al disponer la nulidad de la Sentencia porque existe una cuestión incidental pendiente de resolución, estaría anulando únicamente para que el Juez de Sentencia, remita actuaciones procesales con nota de atención, pues como se refirió, la apelación incidental no fue remitida ante la Sala Penal de Turno del Tribunal Departamental de Justicia, lo que ocasionó la falta de resolución del referido recurso; ante dicho acto procesal inconcluso como refirió el de alzada, correspondía al Tribunal de alzada en cumplimiento del principio constitucional de celeridad, resolver el recurso de apelación incidental con carácter previo a pronunciarse sobre el recurso de apelación restringida, haciendo la llamada de atención a la Secretaria y Juez de mérito, y no disponer la nulidad de la Sentencia con el argumento de que dicho acto procesal inconcluso impedía la celebración del juicio.

Como se ve, el Tribunal de apelación, no explica de manera fundamentada por qué la falta de resolución de la apelación incidental contra el Auto de 14 de mayo de 2013, impedía al Juez de Sentencia conocer el fondo del proceso; a cuyo efecto, debió partir por explicar cuál la transcendencia del motivo de la apelación incidental, determinando si el mismo afectaba al fondo del proceso, para que con base a ello determinar, si la falta de resolución de la cuestión incidental, además de ser grave, es de tal magnitud que tiene repercusiones nocivas para la constitucionalidad y legalidad en el resultado de la sentencia, como refirió Orlando Rodríguez en su obra “Casación y Revisión Penal”, a tiempo de referirse al principio de trascendencia. De igual manera, el Tribunal de apelación se limita a referir que la falta de resolución de la referida apelación incidental constituye defecto absoluto conforme lo dispuesto por el art. 169 incs. 3) y 4) del CPP; empero, no explica en qué parte del Código Procesal Penal esta la falta de resolución de la cuestión incidental planteada por el imputado, estaría sancionado con la nulidad, pues como se dijo anteriormente, no es suficiente la simple existencia de un defecto, sea procesal o sustantivo, sino que es necesario realizar un análisis del efecto gravoso en la Resolución impugnada; aspecto que en el caso de autos no existe, pues el Tribunal de apelación tampoco se tomó la molestia de explicar qué derechos del imputado habrían sido vulnerados con esa falta de resolución de apelación incidental, no siendo suficiente el argumento de que pese a que el imputado en juicio no hizo ningún reclamo ni referencia a la falta de resolución de la apelación incidental, el mismo constituiría defecto absoluto; sin explicar, porqué razón constituye defecto absoluto, y que derechos o garantías se hubieren vulnerado con dicha falta de resolución…” (las negrillas son nuestras).


Del contraste del precedente emitido dentro el propio caso de autos y del Auto de Vista pronunciado como emergencia de aquel, se puede evidenciar en el apartado “II.- FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL DE ALZADA RESPECTO DE LA APELACIÓN RESTRINGIDA INTERPUESTA POR EL  ACUSADO MARCO ANTONIO MORUNO CRESPO”; al momento que se ingresa a resolver la apelación restringida sobre la nulidad por la falta de resolución de la apelación incidental, refiere que el recurrente: a) Tendría obligación de fundamentar su petición de nulidad; b) Explicar la trascendencia del resultado de la apelación incidental pendiente; c) Indicar cuáles los derechos y garantías constitucionales vulnerados; y, d) No señala en qué parte del Código Procesal Penal, está la falta de resolución de la cuestión incidental, estaría sancionada con nulidad.


Precisados los aspectos de la resolución de alzada, sobre la cuestión incidental apelada, el Auto de Vista vuelve a incurrir en el error advertido por el Tribunal Supremo de Justicia en el precedente desglosado anteriormente, siendo que el mismo ha establecido, que el Tribunal de apelación, al momento de resolver la problemática de la apelación incidental del Auto de 14 de mayo de 2013, pendiente de resolución de alzada, debió explicar de manera fundamentada, porqué la falta de resolución de la apelación incidental contra el referido Auto de 14 de mayo de 2013, impediría reconocer la competencia del Juez de Sentencia, explicando cuál la trascendencia del motivo de apelación para poder establecer la efectividad de la nulidad que solicita el recurrente y cuál la relevancia o no del actuado procesal pendiente a los fines del proceso penal; si éste contiene aspectos vitales que den lugar o no a justificar una nulidad de obrados, si ésta situación evidentemente se acomoda o no a los defectos absolutos previstos por el art. 169 incs. 3) y 4) del CPP; es decir, que el Tribunal de alzada tendría que además- haber fundado y motivado de manera separada si concurre o no el numeral 3 y si concurre o no el numeral 4 del art. 169 del CPP, respaldando su motivación, no solo compulsando obrados, sino fundamentando legalmente sobre el caso concreto, tal como lo hace en su preámbulo, donde desglosa doctrina, normativa, jurisprudencia y argumentación respecto a los defectos de procedimiento, defectos absolutos y lo que concierne a la apelación restringida; lo cual no refleja al momento de resolver la problemática incidental planteada por el recurrente, acudiendo a aspectos formales, que de manera evasiva no resuelven el fondo del asunto en cuestión, estableciéndose por efecto el incumplimiento de los parámetros consignados en el ahora precedente contradictorio, cuya obligación de observancia y cumplimiento ha sido establecido en el art. 420 del CPP, ratificados por el Auto Supremo 322/2013-RRC de 6 de diciembre, desglosado en el apartado III.1 de la presente resolución.


Que si bien el Auto Supremo 207/2017-RRC, ha establecido que se debió resolver sobre la importancia de anular la Sentencia, en el mismo entendido, ante la negativa de dar curso a la nulidad, es necesario que el Tribunal de alzada, fundamente debidamente su decisión de negar la nulidad, exponiendo con claridad los mismos aspectos que han establecido el precedente, respecto a señalar la relevancia, la trascendencia, la afectación o no del fondo del proceso penal, si concurre la convalidación, subsanación y si amerita declarar dicha cuestión incidental como un defecto absoluto no susceptible de convalidación, caso contrario no se está otorgando una respuesta efectiva a las cuestiones planteadas por el recurrente en su recurso de apelación restringida, incumpliendo de esa manera, sobre el particular, la doctrina sentada por este Tribunal en el precedente, constituido como contradictorio con el Auto de Vista impugnado, al no haberse dado cumplimiento cabal a la doctrina legal aplicable sentada por el precedente dentro del mismo proceso de autos; inobservando de esa manera el Tribunal de alzada el cumplimiento cabal de la doctrina sentada, omitiendo realizar un análisis del resultado gravoso que se alega por parte del recurrente; por cuanto, es evidente que los fundamentos del Tribunal de apelación no cumplen reiteradamente con el requisito de ser una resolución expresa y clara; expresa, porque no se pronuncia sobre la problemática planteada con relación al Auto Supremo 207/2017-RRC; y clara porque, a pesar de reconocer su error al haber emitido el Auto de Vista anulado anteriormente que resolvía sobre la nulidad de la Sentencia, no fundamenta el porqué del cambio de línea resolutiva respecto al caso concreto e ingresa a observar cuestiones formales e invierte la responsabilidad del deber de fundamentación al recurrente, cuando al contrario, este Tribunal Supremo de Justicia, ha señalado que la fundamentación y motivación del fallo sobre la nulidad que alega el recurrente, debió ser reparado coherentemente, de manera clara y expresa por el Tribunal de alzada; siendo por ello necesario, ante tales defectos, dejar sin efecto el Auto de Vista impugnado al carecer de fundamento, motivo y respuesta al aspecto incidental apelado vía apelación restringida, considerando que el Auto Supremo 368 de 5 de diciembre de 2012, en su doctrina legal aplicable puntualizó: “…..El derecho a la debida fundamentación de las resoluciones judiciales, componente del debido proceso, se plasma en la exigencia procesal y constitucional a toda autoridad que emita una resolución, de fundamentarla motivadamente en sujeción a los parámetros de especificidad, claridad, completitud, legitimidad y logicidad; respondiendo y emitiendo criterios jurídicos sobre cada punto impugnado, sin acudir a argumentos generales que dejen sin respuesta a las partes, lo contrario ocasiona incertidumbre e indefensión; en ese entendido, se establece la falta de fundamentación en el Auto de Vista cuando de sus fundamentos se observa la falta de respuesta puntual y específica a todas y cada una de las alegaciones planteadas en el recurso de alzada y, contrariamente acude a argumentos evasivos para evitar cumplir con su obligación de pronunciarse sobre el fondo de uno o más cuestionamientos, omisión que vulnera los arts. 124 y 398 del Código de Procedimiento Penal e infringe el derecho a los recursos, a la tutela judicial efectiva y la garantía al debido proceso, lo que constituye defecto absoluto inconvalidable al tenor del art. 169 inc. 3) de la norma legal precitada, ameritando en consecuencia la aplicación del art. 419 de la Ley adjetiva penal….”.


Asimismo, el Tribunal de alzada ha actuado desconociendo la jurisprudencia constitucional, que desde la Sentencia Constitucional 421/2007-R, reiterado por posteriores Sentencias, que moduló el trámite y resolución de la apelación incidental. Al respecto, el Tribunal Supremo de Justicia, ejerciendo su labor de sentar y uniformar jurisprudencia, abordó esta temática, mediante el Auto Supremo 272/2013-RRC de 17 de octubre, que sobre el tratamiento por el Tribunal de alzada cuando se plantea apelación contra una Sentencia donde incurran aspectos incidentales y su resolución, estableció la siguiente doctrina legal:En tal caso, corresponde al Tribunal de alzada, a tiempo de resolver el recurso interpuesto contra una Resolución con esas características, pronunciarse en primer término sobre la admisibilidad y procedencia de la apelación incidental, por cuanto del resultado del pronunciamiento sobre la cuestión incidental, dependerá la resolución sobre la apelación restringida…”. En consecuencia, se concluye que efectivamente el Tribunal de alzada incurrió en incongruencia omisiva, en franca contradicción con la uniforme jurisprudencia emitida por este Tribunal.


Consiguientemente, respecto al segundo motivo, por el cual el recurrente acusa defectuosa valoración de la prueba que el Tribunal de alzada, que no realizó un análisis de que la prueba del cheque suscrito por una persona desconocida, es un elemento insuficiente para demostrar su culpabilidad, extremos que denuncia como contradictorios con los Autos Supremos  533/2006 de 27 de diciembre y 472/2005 de 8 de diciembre; se establece que este motivo carece de relevancia al haberse determinado conforme el análisis precedente, de que el Tribunal de alzada por la secuencia de resoluciones judiciales emitidas en la presente causa, no puede ingresar a un nuevo análisis de los demás motivos alegados por el recurrente, sin antes pronunciarse acordemente sobre las cuestiones incidentales de acuerdo a la doctrina legal aplicable sentada por este Tribunal.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara  FUNDADO en parte el recurso de casación interpuesto por Marco Antonio Moruno Crespo, cursante de fs. 250 a 257; y por consiguiente, con los fundamentos expuestos precedentemente y en aplicación del art. 419 del CPP, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 42/2017 de 30 de junio, disponiendo que la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, previo sorteo y sin espera de turno, pronuncie una nueva resolución en conformidad a la doctrina legal establecida en la presente resolución.


A los efectos de lo previsto por el art. 420 del CPP, hágase conocer mediante fotocopias legalizadas el presente Auto supremo a los tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, para que por intermedio de sus Presidentes, pongan en conocimiento de los Jueces en materia penal de su jurisdicción.


En aplicación del art. 17-IV de la LOJ, por secretaría de la Sala comuníquese el presente auto supremo al Consejo de la Magistratura.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos