TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 357/2018-RRC

Sucre, 05 de junio de 2018


Expediente                        : Potosí 43/2017        

Parte Acusadora                : Edme Soto Pérez 

Parte Imputada                : Mariela Liz Soto Duran

Delitos                                : Difamación y otros

Magistrado Relator        : Dr. Edwin Aguayo Arando


RESULTANDO


Por memorial presentado el 30 de junio de 2017, cursante de fs. 222 a 227 vta., Mariela Liz Soto Duran interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 17/2017 de 12 de mayo, de fs. 216 a 218 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, dentro del proceso penal seguido por Edme Soto Pérez contra la recurrente, por la presunta comisión de los delitos de Difamación, Calumnia e Injuria, previstos y sancionados por los arts. 282, 283 y 287 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


  1. Por Sentencia 36/2016 de 24 de noviembre (fs. 185 a 189), el Juez Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, declaró a María Liz Soto Duran, autora de la comisión del delito de Injuria previsto y sancionado por el art. 287 del CP, imponiendo la pena de prestación de trabajo de un mes y al pago de treinta días multa a razón de Bs. 2 por día, con responsabilidad civil a favor de la parte querellante, siendo absuelta de los delitos de Difamación y Calumnia.


  1. Contra la mencionada Sentencia, la imputada Mariela Liz Soto Duran (fs. 193 a 197), interpuso recurso de apelación restringida, que fue resuelto por Auto de Vista 17/2017 de 12 de mayo, emitido por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, que declaró improcedente el recurso planteado y confirmó la Sentencia apelada, motivando la interposición del presente recurso de casación.


I.1.1. Motivos del recurso de casación.


Del memorial de recurso de casación interpuesto por Mariela Liz Soto Durán y del Auto Supremo 879/2017-RA de 3 de noviembre, se extraen los motivos a ser analizados en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


  1. La recurrente, alega la vulneración al debido proceso en razón a que el Auto de Vista impugnado convalidó la Sentencia basada en una valoración defectuosa de la prueba y fundamentación contradictoria, afirmando que el fallo impugnado no responde a los puntos apelados, ya que habría denunciado de que la Sentencia incurre en: i) Insuficiente fundamentación y es contradictoria encontrándose en la causal del inc. 5) del art. 370 del CPP, además de haber infracción de los arts. 124 y 169 inc. 3) del mismo cuerpo legal, por cuanto considera que la fundamentación probatoria descriptiva es insuficiente y la intelectiva es contradictoria, no obstante en el Considerando II del Auto de Vista impugnado, convalidaría la Sentencia, acudiendo a la transcripción de la norma para justificar su decisión, concluyendo que tanto la Sentencia como el Auto de Vista se limitaron a reproducir la norma sin fundamentar la decisión para asegurar que se dañó el elemento subjetivo de la acusadora, contrariamente de las declaraciones de las que se extrae que la acusación particular no fue demostrada en juicio por la querellante; y, ii) En cuanto a su segundo agravio, advierte que los Vocales también convalidaron la Sentencia basada en defectuosa valoración de la prueba, a cuyo efecto transcribe un fundamento de dicha Resolución en la que se habría establecido que: “…en el juicio oral público y contradictorio, se demostró que la acusada vertió palabras ofensivas  en contra de la víctima y por eso fue declarada Autora del Delito de injuria…” (sic), sin percibir que en juicio se debe tener certeza de la participación del acusado para condenar; empero, en el caso de autos los testigos habrían ingresado en contradicciones que generaron duda para su absolución, vulnerándosele el debido proceso e inobservando el principio de seguridad jurídica, [arts. 115.II y 116 de la Constitución Política del Estado (CPE)], afirmando que el Juez tenía la obligación de valorar integralmente las pruebas y los Vocales revisar esa valoración cuando se acusó ese agravio, no siendo evidente que haya ingresado al análisis conjunto de la prueba. Añade que esa falta de fundamentación desencadena en un defecto absoluto en vulneración del debido proceso sobre el que se pronunció la Sentencia Constitucional 0207/2004-R de 9 de febrero, en concordancia con el Auto Supremo 562 de 1 de octubre de 2004 y respecto a que la Sentencia se encuentra basada en defectuosa valoración de la prueba, tanto el juez como los Vocales convalidaron la ausencia de la sana crítica y del principio de inmediación cita los Autos Supremos 214 de 28 de marzo de 2007 y 554 de 1 de octubre de 2004, que los agravios que vertió en su alzada no aparecen en el Auto de Vista recurrido de acuerdo al debido proceso, habiendo convalidado la Sentencia con transcripciones y sin argumentos, olvidando el control que deben ejercer los Vocales, extrañando el análisis, así como la cita que efectuó de los Autos  Supremos aludidos supra.


  1. Asimismo acusa el defecto absoluto por vulneración de la garantía del debido proceso (arts. 115. II y 117.II de la CPE) en razón a que el Tribunal de alzada no se pronunció de forma debida y fundamentada sobre: i) El tercer motivo de apelación, donde afirma que acusó que la Sentencia se encuentra basada en la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva [art. 370 inc. 1) del CPP con relación al art. 351 del CP], emitiendo el Tribunal de alzada argumentos para convalidar la Sentencia y provocar un defecto absoluto, sin dar respuesta motivada a su agravio, limitándose a indicar que el juzgador no ingresó en incongruencia, sin percatarse que no basta acusar sino que hay que demostrar en juicio lo sucedido, no siendo valedero decir que si la acusadora no se hubiera sentido afectada por las ofensas de la acusada, no hubiera iniciado el presente proceso, aspecto que a decir de la recurrente se debió demostrar con los test mínimos sobre su participación con relación a la prueba desfilada, adecuando su conducta a un tipo penal, extrañándole los elementos del tipo penal, lo cual tampoco habría sido observado por los Vocales, citando el art. 398 del CPP y afirmando que no basta decir que no se debe explicar con razones  motivadas en derecho; a cuyo efecto, invoca el Auto Supremo 411 de 20 de octubre de 2006; y, ii) Al no convocar a audiencia de fundamentación oral solicitada expresamente en el otrosí segundo del memorial de apelación restringida dejándole en indefensión, resultando en consecuencia el Auto de Vista contradictorio al Auto Supremo 580 de 4 de octubre de 2004, constitutivo de defecto absoluto por violar su derecho a la defensa, inadvirtiendo el art. 411 del CPP, en vulneración al debido proceso, por lo que invoca también el Auto Supremo 218 de 28 de junio de 2006.


I.1.3. Petitorio.


El recurrente solicita se declare fundado su recurso de casación, se deje sin efecto el Auto de Vista impugnado y se dicte la doctrina legal aplicable que debe ser tomada en cuenta en el nuevo fallo a dictarse.


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 879/2017-RA de 3 de noviembre, cursante de fs. 242 a 245, este Tribunal admitió el recurso de casación formulado por Mariela Liz Soto Durán, para el análisis de fondo del motivo identificado precedentemente.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación y precisado el ámbito de análisis del recurso, se establece lo siguiente:


II.1.        De la Sentencia.


Por Sentencia 36/2016 de 24 de noviembre, el Juez Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, declaró a María Liz Soto Duran, autora de la comisión del delito de Injuria previsto y sancionado por el art. 287 del CP, imponiendo la pena de prestación de trabajo de un mes y al pago de treinta días multa a razón de Bs. 2 por día, con responsabilidad civil a favor de la parte querellante, siendo absuelta de los delitos de Difamación y Calumnia, en base a los siguientes argumentos:


  1. Con base a los hechos probados se estableció que la imputada le manifestó a la querellante perra puta de mierda no te metas con mi madre atribuyéndole adjetivos en contra del honor de la acusadora.

  1. En los hechos la querellante no probó que Mariela Liz Soto Durán le expresó los términos “perra, puta de mierda no te metas con mi madre” (sic), de manera repetida por lo que no se puede subsumir el hecho al tipo penal de Difamación.


  1. En el presente caso Edme Vitoria Soto Pérez no demostró que ha sido imputada falsamente de la comisión de algún delito porque la querellada María Liz Soto Durán al manifestar “perra, puta de mierda no te metas con mi madre”, no llegó con dichas palabras a imputarla de un acto delictuoso; por lo que, no se configura el delito de Calumnia.


  1. Finalmente, se probó la ofensa o ataque al honor de la querellante que específicamente fue en los términos de: “perra, puta de mierda no te metas con mi madre”, estos hechos dañan la dignidad y se contraponen a su honor al no considerarse con esa condición; en tal virtud, se advierte que estos términos proferidos por la imputada vulneran el honor y dignidad de la acusadora, resultando suficiente la prueba para generar la convicción en el juzgador respecto de que la conducta de la imputada se subsume al delito de Injuria.


II.2. De la apelación restringida.


Contra dicha Sentencia Mariela Liz Soto Durán interpuso apelación restringida bajo los siguientes argumentos:


  1. Refiere que existió defecto de la Sentencia consistente en la insuficiente fundamentación de la Sentencia y que la existente resultó contradictoria, aspectos que estuvieran previstos por los arts. 370 inc. 5) con relación al 124 y 169 inc. 3) del CPP.


  1. Por otro lado, señala que existió defecto de la Sentencia porque la misma se basó en valoración defectuosa de la prueba, aspectos previstos por los arts. 370 inc. 6) con relación al 173 y 194 del CPP.


  1. De la misma manera señala que existe el defecto de la Sentencia comprendido en el art. 370 inc. 1) del CPP, con relación al 351 del CP, al advertirse que existió errónea aplicación de la Ley sustantiva con relación a la comisión del delito de Injuria, previsto y sancionado por el art. 287 del CP.


II.3.  Del Auto de Vista impugnado. 

       

La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, resolvió el recurso de apelación restringida, por Auto de Vista 17/2017 de 12 de mayo, que declaró improcedente el recurso interpuesto y como consecuencia confirmó la Sentencia impugnada, en base a los siguientes argumentos:


  1. Con relación al primer motivo, señala que de la revisión de la Sentencia impugnada se desprende que la misma está debidamente fundamentada conforme los exige el art. 124 del CP; por cuanto, expresa los motivos de hecho y de derecho en los que basa su decisión y el valor otorgado a los medios de prueba; además, contiene una fundamentación probatoria descriptiva, jurídica e intelectiva que sustenta su decisión. También, señala que no existe la incongruencia que señala el apelante, porque luego de un análisis minucioso y valoración objetiva de las pruebas llegó a la conclusión que la acusada cometió el delito de Injuria, previsto y sancionado por el art. 287 del CP, porque vertió palabras ofensivas en contra de la víctima que dañaron su dignidad; si bien la apelante refiere que existe contradicciones en la Sentencia; sin embargo, no precisa dichas contradicciones en las que hubiera incurrido el Juez a quo, limitándose a señalar que se habría cambiado el año en que ocurrió el hecho para justificar a sus testigos, etc. El fundamento esgrimido por el Juez de la causa con relación al delito de Injuria es: En relación al delito de injuria se desprende que no son ciertos los agravios por la parte apelante porque la Sentencia emitida está debidamente fundamentada, consiguientemente no es cierto que se haya vulnerado el debido proceso y que se haya ingresado en defectos absolutos establecidos en el art. 169 del CPP.

  1. Con relación al segundo agravio señala que en el caso de autos el apelante por ningún elemento de convicción demuestra la defectuosa valoración de la prueba en que habría incurrido el Juez de la causa limitándose a señalar que uno de los testigos es novio de la hija de la acusadora, que no estaba presente la señora Vanesa Copa Soto, que los otros dos testigos no coincidieron en el lugar de los hechos, etc., aspectos que son accesorios o secundarios al tema principal, pues en el juicio oral público y contradictorio se demostró que la acusada vertió palabras ofensivas contra la víctima y por ello fue declarada autora del delito de Injuria, previsto y sancionado por el art. 287 del CP, aspecto que fuera sustentado por el análisis del Juez al momento de valorar las testificales de Vanesa Copa Soto, Miguel Ángel Castro Miranda y José Luís Soto, aspecto que haría a la comisión del delito de Injuria, por lo que no resulta cierto lo manifestado por el recurrente pues no se advierte defectuosa valoración de la prueba y más bien las declaraciones prestadas en juicio fueron valoradas de acuerdo a las reglas de la sana crítica que establece el art. 173 del CPP.


  1. Respecto del tercer agravio señala que la apelante no establece debidamente el agravio sufrido; es decir, el por qué existe inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva porque se limitó a señalar que el Juzgador ingresa en incongruencia en relación a los hechos y la prueba; su valoración y producción intelectiva para discernir si profirió una ofensa a la querellante cuando ella misma dijo en su entrevista que no se sentía ofendida con lo que se le dijo o cuando su testigo José Luís Soto dijo que lo tomaba como una broma o cuando su testigo Vanesa Copa señaló que no sabían a quien se referían; al respecto, señala que el juzgador no ingresó en incongruencia como señala la apelante, pues luego de la realización del juicio oral, se procedió a la valoración de las pruebas que se produjeron, llegó a la conclusión de que la acusada vertió palabras ofensivas en contra de la víctima que dañaron su dignidad y por ello el Juez de la causa emitió Sentencia condenatoria por el delito de Injuria, previsto y sancionado por el art. 287 del CP, por cuanto la conducta desplegada por la acusada se subsume a dicho tipo penal. Finalmente, señala que si la acusadora no se hubiera sentido afectada por las ofensas vertidas por la imputada, no hubiera iniciado el presente proceso penal; asimismo, en la Sentencia emitida, el Juez a quo es claro en señalar que con la conducta asumida por la acusada se dañó la dignidad de la víctima; por lo que, no existe la duda en cuanto a la existencia del hecho y la participación de la acusada en el mismo.


III. VERIFICACIÓN DE LA PROBABLE CONTRADICCIÓN DEL PRECEDENTE INVOCADO Y LA EXISTENCIA DE VULNERACIÓN DE SUS DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES


En el recurso de casación plateado la impetrante denunció: 1) El Auto de Vista incurrió en vulneración de sus derecho al debido proceso en su elemento de falta de fundamentación con relación a los motivos primero y segundo de su recurso de apelación restringida; y 2) El Auto de Vista incurrió en contradicción con los precedentes invocados debido a que no se pronunció de forma debida y fundamentada en infracción de los arts. 398 y 411 del CPP, sobre dos aspectos: i) El tercer motivo de apelación, en el que denunció que la Sentencia incurre en la causal prevista en el art. 370 inc. 1) del CPP con relación al art. 351 del CP, limitándose el Tribunal de alzada a negar que exista incongruencia, puesto que no se habría demostrado su participación, tampoco se adecuó su conducta a un tipo penal; y, ii) Por no convocar a audiencia de fundamentación solicitada en su alzada, causándole indefensión; por lo que, corresponde el análisis de fondo del planteamiento esbozado en el motivo.

III.1. Requisitos que debe cumplir el precedente contradictorio.


Siendo el recurso de casación un mecanismo que busca otorgar a los ciudadanos la posibilidad de cuestionar la inadecuada aplicación o interpretación de las disposiciones legales realizadas por el Tribunal de apelación, contrarios a otros precedentes, debe señalarse que el precedente contradictorio en materia penal, constituye una decisión judicial, previa al caso analizado, que al ser emanado por un Tribunal superior en grado o por uno análogo, debe ser aplicado a casos que contengan similitud con sus hechos relevantes; al respecto, la normativa procesal penal en el país, ha otorgado al precedente contradictorio carácter vinculante (art. 420 del CPP). La importancia de precedente contradictorio, deviene del objetivo y fin del recurso casacional, toda vez que el más alto Tribunal de Justicia del Estado, tiene la tarea u objetivo de unificar o uniformar la jurisprudencia nacional, con el fin de brindar seguridad jurídica a las partes inmersas en un proceso judicial, asegurando la aplicación uniforme de la ley y por ende la efectivización del principio de igualdad y la tutela judicial efectiva;  atribución, que se encuentra descrita en los arts. 419 del CPP y 42 inc. 3) de la LOJ y que es conocida como función nomofiláctica (interpretación de la norma en procura de una jurisprudencia uniforme e integrada).


De lo anterior, se establece que únicamente son recurribles en casación, aquellos Autos de Vista que resulten indudablemente contrarios a la jurisprudencia establecida en un hecho similar; por este motivo, para que el planteamiento del recurso casacional sea certero, el recurrente no debe limitarse únicamente a presentarlo dentro el plazo dispuesto por ley y señalar la contradicción en la que creyere que incurrió el Tribunal de alzada respecto al fallo citado, lo que podría derivar en la admisibilidad del recurso, sino, debe asegurarse que el o los precedentes invocados, correspondan a situaciones fácticas análogas, como exige el art. 416 del CPP; lo contrario, por simple lógica, imposibilita a este Tribunal, verificar en el fondo la denuncia de contradicción por ser inexistente; es decir, que al no tratarse de situaciones fácticas similares, bajo ningún aspecto podría existir contradicción en la resolución entre uno y otro fallo.


Refiriéndose a la labor de contraste que debe realizar este Tribunal, el Auto Supremo 219/2014-RRC de 4 de junio señaló: “El art. 416 del CPP, instituye que: El recurso de casación procede para impugnar autos de vista dictados por las Cortes Superiores de Justicia contrarios a otros precedentes pronunciados por otras Cortes Superiores o por la sala penal de la Corte Suprema, en esa línea el art. 419 del CPP, establece como formas de resolución de aquel recurso dos supuestos, a saber: Si existe contradicción la resolución establecerá la doctrina legal aplicable, caso contrario lo declarará infundado y devolverá los antecedentes a la Corte Superior de Justicia. En el primer caso y cuando se deje sin efecto el fallo que motivó el recurso, se devolverán actuados a la sala penal de la Corte Superior que dictó el Auto de Vista recurrido para que pronuncie nueva resolución de acuerdo con la doctrina legal establecida.


En el caso que este Tribunal llegue a determinar la existencia de la contradicción señalada en el art. 419 del CPP; es decir, contradicción entre la Resolución recurrida en casación y el precedente contradictorio invocado, el art. 420 del CPP, señala que los efectos de la doctrina legal establecida: …será obligatoria para los tribunales y jueces inferiores y sólo podrá modificarse por medio de una nueva resolución dictada con motivo de otro recurso de casación, norma que es afín con el inc. 3) del art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que instituye como atribución de las Salas especializadas del Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo a las materias de su competencia, el sentar y uniformar la jurisprudencia.


La cuestión y el efecto de la doctrina legal a ser sentada por este Tribunal Supremo, contiene íntima y estrecha relación con la garantía constitucional contenida en el art. 119.I de la CPE, que garantiza el ejercicio pleno del principio de igualdad de las partes ante el Juez dentro de las jurisdicciones del Estado, así como garantizar seguridad jurídica en la predictibilidad de las decisiones de los tribunales y un igual tratamiento jurídico a los ciudadanos. En resumen la labor de sentar doctrina legal a partir del recurso de casación dentro de la jurisdicción ordinaria, se sintetiza en: a) respeto a la seguridad jurídica; b) realización del principio de igualdad; y c) unidad y uniformidad en la aplicación del derecho por parte de los servidores judiciales en la jurisdicción ordinaria.


En cuanto al precedente contradictorio exigido como requisito procesal de cumplimiento obligatorio a momento de la interposición del recurso de casación, es necesario precisar que el mismo en esencia constituye una cuestión jurídica que ha sido discutida y resuelta anteriormente, la cual puede aplicarse a casos similares, con posterioridad a ese primer pronunciamiento, como vía de solución a la propuesta o reclamo pretendido en casación; vienen a constituir, entonces, criterios interpretativos que han sido utilizados por los entes que conforman la estructura de la jurisdicción ordinaria en materia penal en el Estado, integrada por los Autos Supremos pronunciados por el Tribunal Supremo y Autos de Vista emitidos por las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia.


Bajo esa línea, la legislación nacional dentro del tercer párrafo del art. 416 del CPP, manifiesta: Se entenderá que existe contradicción, cuando ante una situación de hecho similar, el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista recurrido no coincida con el del precedente sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance. En ese ámbito, este Tribunal a través del Auto Supremo 322/2012-RRC de 4 de diciembre, ha puntualizado: Cuando la norma se refiere a una situación de hecho similar, considera esta Sala que el legislador se refiere a supuestos fácticos análogos, siendo necesario precisar que en materia sustantiva el supuesto fáctico análogo exige que el hecho analizado sea similar; en cambio, en material procesal el supuesto fáctico análogo se refiere a una problemática procesal similar.


De ello se concluye que el requisito de invocar un precedente contradictorio dentro del sistema de recursos que el Código de Procedimiento legal prevé, atinge a señalar a una resolución en específico, ya sea un Auto Supremo y/o un Auto de Vista, que dentro la materia, vislumbre la aplicación de la norma sustantiva o adjetiva a un caso determinado, donde se haya formado un criterio de decisión a un caso anterior, para que posteriormente en función de la identidad o de la analogía entre los hechos del primer caso (precedente contradictorio) y los hechos del segundo caso (resolución impugnada) se proceda a la determinación delegada por Ley a este Tribunal”.


III.2. Obligación de los Tribunales de emitir resoluciones fundadas en derecho y motivadas adecuadamente.


Las resoluciones para su validez y eficacia, requieren cumplir determinadas formalidades, dentro las cuales se encuentra el deber de fundamentarlas y motivarlos adecuadamente, debiendo entenderse por fundamentación la obligación de emitir pronunciamiento con base en la ley y por motivación el deber jurídico de explicar y justificar las razones de la decisión asumida, vinculando la norma legal al caso concreto; al respecto, el Auto Supremo 111/2012 de 11 de mayo, señaló que: “Este deber se halla sustentado en el principio lógico de la razón suficiente; al respecto, Juan Cornejo Calva, en su publicación Motivación como argumentación jurídica especial, señala: El derecho contemporáneo ha adoptado el principio de la Razón Suficiente como fundamento racional del deber de motivar la resolución judicial. Dicho principio vale tanto como principio ontológico cuanto como principio lógico. La aplicación o, mejor, la fiel observancia, de dicho principio en el acto intelectivolitivo de argumentar la decisión judicial no solamente es una necesidad de rigor (de exactitud y precisión en la concatenación de inferencias), sino también una garantía procesal por cuanto permite a los justificables y a sus defensores conocer el contenido explicativo y la justificación consistente en las razones determinantes de la decisión del magistrado. Decisión que no sólo resuelve un caso concreto, sino que, además, tiene impacto en la comunidad: la que puede considerarla como referente para la resolución de casos futuros y análogos. Por lo tanto, la observancia de la razón suficiente en la fundamentación de las decisiones judiciales contribuye, también, vigorosamente a la explicación (del principio jurídico) del debido proceso que, a su vez, para garantizar la seguridad jurídica.


En definitiva, es inexcusable el deber de especificar por qué, para qué, cómo, qué, quien, cuando, con que, etc., se afirma o niega algo en la argumentación de una decisión judicial en el sentido decidido y no en sentido diferente. La inobservancia del principio de la razón suficiente y de los demás principios lógicos, así como de las reglas de la inferencia durante la argumentación de una resolución judicial, determina la deficiencia en la motivación, deficiencia que, a su vez, conduce a un fallo que se aparta, en todo o en parte, del sentido real de la decisión que debía corresponder al caso o lo desnaturaliza. Esa deficiencia in cogitando, si es relevante, conduce a una consecuencia negativa que se materializa en una decisión arbitraria, (injusta)."


Por otra parte, la fundamentación y motivación de Resoluciones implica el deber jurídico de explicar y justificar de forma lógica y con base en la Ley, las razones de la decisión asumida en apego al principio de congruencia, que es aquella exigencia legal que obliga a establecer una correlación total entre la pretensión de quien recurre y la decisión de la autoridad jurisdiccional; es decir, a la existencia de concordancia entre lo planteado por las partes y la decisión asumida por el Juez o Tribunal; pero además, exige la concordancia o coherencia entre los fundamentos de la Resolución y su parte resolutiva, caso contrario la resolución podría incurrir en vicio de incongruencia que puede ser interna o externa.


III.3. La fundamentación oral de la apelación restringida.


La Constitución Política del Estado reconoce y garantiza el principio a la impugnación, que se encuentra previsto en el art. 180.II, refiriendo textualmente que “Se garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales”,  el cual conforme a la doctrina es fundamental en todo procedimiento; consecuentemente, los actos de los administradores de justicia que causen agravio al interés de cualquiera de las partes, pueden ser impugnados con la finalidad de que se enmienden los agravios causados; asimismo, las normas internacionales en materia de derechos humanos, establecen que la impugnación es una garantía judicial, conforme lo establece el art. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el art. 14.5 del Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos. En el ordenamiento penal boliviano se reconoce el derecho a recurrir conforme a lo establecido en el art. 394 y siguientes de la norma adjetiva penal.


Dentro de esta estructura de recursos, se tiene la apelación restringida, que es planteada contra la sentencia emitida dentro del proceso, ante la posible inobservancia o errónea aplicación de la ley, conforme las previsiones del art. 407 del CPP, correspondiendo al Tribunal de apelación imprimir el trámite regulado por los arts. 411 y siguientes del citado Código, para finalmente resolver el recurso en alguna de las formas establecidas por ley.


En ese sentido, una vez remitidas las actuaciones ante el Tribunal de alzada, éste debe garantizar que las partes procesales, puedan ejercitar los derechos que la ley les otorga, debiendo convocar a audiencia pública en los supuestos de que se haya ofrecido prueba o se haya solicitado expresamente su realización conforme previene el art. 411 del CPP, quedando sujeta esta actuación a las reglas del juicio oral en lo que fuere pertinente conforme a la previsión del art. 412 de la citada norma adjetiva penal. Cabe destacar que esta audiencia de fundamentación, tiene la finalidad de dar la oportunidad a las partes a exponer sus posiciones, razón por la cual bajo los principios de igualdad y de contradicción, el Tribunal de alzada debe escuchar las respectivas posturas expresadas en este acto, pudiendo incluso concluida la última intervención, interrogar libremente conforme prevé el citado artículo, sin que el ejercicio de esa potestad implique prejuzgamiento.


También debe tenerse en cuenta, que en la señalada audiencia de fundamentación, los integrantes del Tribunal de alzada, a partir del principio de inmediación procesal característico del sistema procesal acusatorio, pueden adquirir conocimiento no sólo de los antecedentes del proceso, sino también de las circunstancias personales de las partes, útiles a los fines de la confrontación objetiva del razonamiento expresado por el A quo en el fallo cuya revisión se tramita, de manera que esta actuación tiene finalidades particulares y no se constituye en un acto meramente formal.

En esa línea de análisis, si el Tribunal de alzada pese a la presentación de pruebas y la solicitud expresa del apelante, no lleva a cabo la audiencia de fundamentación oral del recurso, incurre en un defecto absoluto previsto en el art. 169 inc. 3) del CPP, vulnerando el derecho al debido proceso y a la defensa; este criterio se ha mantenido uniforme, si se tiene en cuenta que el Auto Supremo 455 de 14 de noviembre de 2005, sostuvo que el Tribunal de apelación “al omitir la petición de audiencia de ampliación y fundamentación oral del recurso de apelación restringida, vulnera el derecho a la defensa y, consecuentemente, a la garantía constitucional del debido proceso ”.


Por su parte, el Auto Supremo 61 de 27 de enero de 2007, estableció que “La celebración de la audiencia de fundamentación oral del recurso de apelación restringida, como parte del derecho a la defensa del recurrente, necesariamente debe ser celebrada por el Tribunal que resolverá la causa, a efecto de garantizar los principios de publicidad, oralidad e inmediación.” Asimismo, la doctrina legal aplicable estableció nítidamente que ante la petición expresa de audiencia de fundamentación oral, el Tribunal de alzada esta compelido a efectuar este actuado, por su vinculación a los derechos del debido proceso, defensa y a la tutela judicial efectiva, conforme al entendimiento descrito en el Auto Supremo 061/2013-RRC de 08 de marzo, en sentido que: “El segundo párrafo del art. 420 del CPP, establece que los Tribunales de alzada están obligados a observar en los recursos que les corresponda resolver, la doctrina legal establecida por este Tribunal Supremo; en ese entendido, con la finalidad de que se cumpla con la norma citada, es menester ratificar que, ante la petición expresa del recurrente de fundamentar su recurso en forma oral, cumpliendo lo dispuesto por los arts. 408 y 411 del CPP, el Tribunal de apelación tiene la ineludible e insoslayable obligación de señalar día y hora de audiencia para escuchar los fundamentos del recurso de apelación restringida; omitir esta obligación implica desconocer y restringir los derechos y garantías constitucionales del recurrente que hacen al debido proceso, al derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva, lo que constituye defecto absoluto no susceptible de convalidación, conforme dispone el art. 169 inc. 3) del CPP”.


III.4. Análisis del caso concreto.


Respecto de las denuncias realizadas por la parte recurrente es preciso evidenciar si existió contradicción del Auto de Vista con relación a los precedentes invocados y la vulneración de sus derechos y garantías constitucionales.


En cuanto al primer motivo, por el que la recurrente arguye la vulneración al debido proceso porque el Auto de Vista impugnado no respondió sus alegaciones contra la Sentencia y la convalida, en cuanto a su denuncia sobre:


i) Insuficiente fundamentación y contradicción [inc. 5) del art. 370 e infracción de los arts. 124 y 169 inc. 3, todos del CPP]; limitándose a la transcripción de la norma sin fundamentar la decisión; al respecto, resulta preciso verificar lo denunciado en su recurso de apelación a efectos de verificar dichas alegaciones, de donde se observa que se denunció que existió defecto de la Sentencia consistente en la insuficiente fundamentación de la Sentencia y que la existente resultó contradictoria, aspectos que estuvieran previstos por los arts. 370 inc. 5) con relación al 124 y 169 inc. 3) del CPP; consecuentemente, corresponde remitirnos a los argumentos del Auto de Vista a los fines de constatar si se dio o no una respuesta que cumpla con los presupuesto que hacen a una debida fundamentación; al respecto, se tiene que el Auto de Vista con relación al primer motivo, argumentó que la Sentencia impugnada se encuentra debidamente fundamentada conforme los exige el art. 124 del CP, porque expresa los motivos de hecho y de derecho en los que basa sus decisión y el valor otorgado a los medios de prueba conteniendo una fundamentación probatoria descriptiva, jurídica e intelectiva que sustenta su decisión. Asimismo explica que no existe la incongruencia que señala el apelante, porque luego de un análisis minucioso y la valoración objetiva de las pruebas llegó a la conclusión de que la acusada cometió el delito de Injuria, previsto y sancionado por el art. 287 del CP, debido a que se demostró las palabras ofensivas contra la víctima que dañaron su dignidad; de la misma manera explicó que el fundamento esgrimido por el Juez de la causa con relación al delito de Injuria es concreto al advertir que realizó una explicación de los elementos constitutivos del tipo penal sustentados con  pruebas testificales que sostienen dicha afirmación, con lo que explica que la Sentencia actuó de manera correcta al advertir la comisión del hecho respecto de ese delito; en consecuencia, llega a la conclusión de que no resultaron ciertos los agravios por la parte apelante porque la Sentencia emitida está debidamente fundamentada. Situación que hace ver que el Tribunal de alzada explicó del motivo por el cual el Tribunal de Sentencia no incurrió en el defecto comprendido en el art. 370 inc. 5) con relación al 124 y 169 inc. 3) del CPP, debido a que el Auto de Vista realizó la argumentación del porqué se advirtió que la fundamentación probatoria descriptiva e intelectiva fue suficiente y no contradictoria debido a que se señaló los motivos de hecho y de derecho en los que se basa la decisión y el valor otorgado a los medios de prueba; por lo que la resolución impugnada no se limitó a reproducir la norma sin fundamentar la decisión para asegurar que se dañó el elemento subjetivo de la acusadora, siendo que del Auto de Vista se explicó incluso con fragmentos de la Sentencia la valoración que se realizó la cual llegó a probar el hecho en base a la declaración testifical de cargo de Vanesa Copa, Miguel Ángel Castro Miranda, José Luís Soto; que en definitiva consolidó la ofensa al honor de la víctima en los términos establecidos en los hechos motivo de litigio; por lo que, lo manifestado por la recurrente no tiene mérito, al advertirse que el Auto de Vista le asignó una respuesta fundada con relación a su pretensión.


Por otro lado con relación al punto ii) del Auto de Vista; en el que supuestamente hubiera existido defectuosa valoración de la prueba, al no tenerse certeza de su participación en el ilícito existiendo contradicciones en las atestaciones que generan duda para su absolución, con lo cual se vulneró el debido proceso y el principio de seguridad jurídica, afirmando que no se revisó ni analizó esa valoración, provocando un defecto absoluto al convalidar la ausencia de la sana crítica y del principio de inmediación ya que inclusive los agravios que vertió en su alzada no aparecen en el Auto de Vista recurrido, convalidando la Sentencia con transcripciones y sin argumentos, olvidando el control que deben ejercer los Vocales, situación que hubiera generado la vulneración a su derecho al debido proceso en su elemento de falta de fundamentación; al respecto, es preciso remitirnos a los argumentos del Auto de Vista al momento de resolver el segundo motivo de su recurso de apelación restringida, a los fines  de verificar lo denunciado por la recurrente; de donde se tiene que la resolución impugnada señala que en el caso de autos el apelante por ningún elemento de convicción demuestra la defectuosa valoración de la prueba en que habría incurrido el Juez de la causa limitándose a señalar que uno de los testigos es novio de la hija de la acusadora, que no estaba presente Vanesa Copa Soto, que los otros dos testigos no coincidieron en el lugar de los hechos, aspectos que son accesorios o secundarios al tema principal; al respecto, el Tribunal de alzada rescatando los argumentos de la Sentencia que en el juicio oral público y contradictorio se demostró que la acusada vertió palabras ofensivas en contra de la víctima y por ello fue declarada autora del delito de Injuria, previsto y  sancionado por el art. 287 del CP, aspecto que fuera sustentado por el análisis del Juez al momento de valorar las testificales de Vanesa Copa Soto, Miguel Ángel Castro Miranda y José Luís Soto, situación que como se dijo en el primer punto, fue uniforme y demostró la comisión del delito de Injuria; por esas circunstancias, explica que no resulta cierto lo manifestado por la recurrente pues no se advierte defectuosa valoración de la prueba y que por el contrario las declaraciones prestadas en juicio fueron valoradas de acuerdo a las reglas de la sana crítica que establece el art. 173 del CPP; de lo manifestado por el Auto de Vista se advierte que dicha Resolución dio una respuesta concreta a las pretensiones de la recurrente, siendo que es claro en precisar los elementos probatorios que hicieron tener la convicción en el Tribunal de Sentencia respecto de la comisión del delito de Injuria, previsto y sancionado por el art. 287 del CP, por parte de la imputada; siendo que, pese a que se denuncia que existió otras declaraciones que no fueron tomadas en cuenta la recurrente no explica cómo dichas testificales podría desvirtuar las declaraciones uniformes mencionadas en la Sentencia que son analizadas por el Tribunal de alzada de las que se rescata lo valorado y lo sustentado; posteriormente, tampoco resulta evidente que no existió fundamentación en la decisión de convalidar la Sentencia por parte del Tribunal de alzada cuando, resulta evidente que la Sentencia y el Auto de Vista se basaron en elementos probatorios identificados en el juicio y que constituyeron plena prueba para demostrar la comisión del delito de Injuria que incluso para ser más didácticos en su explicación a efectos de que la recurrente comprenda la base argumentativa que empleó la Sentencia, transcribió la parte pertinente de la fundamentación realizada por el Tribunal de alzada; en consecuencia, no corresponde dar curso a lo solicitado porque no resulta evidente lo manifestado.


Con relación al segundo motivo, referido al punto i) por el que la recurrente señala que se incurrió en defecto absoluto por vulneración del debido proceso, porque el Tribunal de alzada no se pronunció de forma debida y fundamentada con relación a su tercer agravio planteado en su recurso de apelación restringida, lo que generó la infracción del art. 398 del CPP.


Al respecto invocó como precedente contradictorio el Auto Supremo 411 de 20 de octubre de 2006, quien en su doctrina legal estableció:


“Al no haberse pronunciado el tribunal a quo sobre todos los motivos en los que se fundaron el recurso de apelación restringida deducido por el procesado, sin que del conjunto del Auto de Vista pueda inferirse una respuesta fáctica a los mismos, hace evidente un vicio de incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio), y en consecuencia la infracción del principio tantum devolutum quantum apellatum, y al deber de fundamentación.


Esta actividad se constituye en vicio absoluto que atenta contra al derecho a la defensa y al debido proceso, debiendo la autoridad jurisdiccional dictar sus resoluciones respondiendo efectivamente a las cuestiones planteadas por los recurrentes, cuya omisión constituye un defecto de la resolución que no puede convalidarse, correspondiendo en consecuencia dejar sin efecto el fallo recurrido de casación”.


Al respecto, se verifica que la denuncia planteada emerge de que el Tribunal de alzada no se pronunció respecto del tercer motivo de su recurso de apelación restringida y la doctrina legal del precedente invocado justamente se refiere que resulta un defecto absoluto el hecho de que el Tribunal de alzada no se pronuncie respecto de todos los puntos apelados, situación que hace ver la existencia del hecho fáctico similar, por lo que corresponde ingresar a la verificación si lo denunciado por el la recurrente resulta evidente o no. En consecuencia, corresponde remitirnos al recurso de apelación restringida a efectos de verificar lo solicitado; de donde resulta que la apelante denunció en el tercer punto que existe el defecto de la Sentencia comprendido en el art. 370 inc. 1) del CPP, con relación al “351” del CP, al advertirse que existió errónea aplicación de la Ley sustantiva con relación a la comisión del delito de Injuria, que en definitiva trataría sobre la aplicación del art. 287 del CPP; al respecto, a los fines de verificar lo denunciado se establece que el Auto de Vista le dio una respuesta concreta respecto del tercer agravio ahora cuestionado señalando que la apelante no establece debidamente el agravio sufrido; es decir, el por qué existe inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva porque se limitó a señalar que el Juzgador ingresa en incongruencia en relación a los hechos y la prueba; su valoración y producción intelectiva para discernir si profirió una ofensa a la querellante cuando la víctima hubiera señalado en su entrevista que no se sentía ofendida con lo que se le dijo o cuando su testigo José Luís Soto dijo que lo tomaba como una broma o cuando su testigo Vanesa Copa señaló que no sabían a quien se referían; al respecto, el Tribunal de alzada puntualmente señala que el juzgador no ingresó en incongruencia como señala la apelante, pues luego de la realización del juicio oral, se procedió a la valoración de las pruebas que se produjeron, de donde se llegó a la conclusión indubitable de que la acusada vertió palabras ofensivas en contra de la víctima que dañaron la dignidad de la víctima; y por ello, el Juez de la causa emitió Sentencia condenatoria por el delito de Injuria, previsto y sancionado por el art. 287 del CP, por cuanto la conducta desplegada por la acusada se subsume a dicho tipo penal. Finalmente, señala que si la acusadora no se hubiera sentido afectada por las ofensas vertidas por la imputada, no hubiera iniciado el presente proceso penal; asimismo, en la Sentencia emitida, el Juez a quo es claro en señalar que con la conducta asumida por la acusada se dañó la dignidad de la víctima; por lo que, no existe la duda en cuanto a la existencia del hecho y la participación de la acusada en el mismo; por esas circunstancias se observa que el Tribunal de alzada no solamente le dio una respuesta concreta a lo manifestado sino que también contiene la argumentación precisa y necesaria para dar a entender los motivos por los cuales no es viable la denuncia de la recurrente; en consecuencia, no corresponde dar curso a lo solicitado, al no advertirse contradicción con el precedente invocado.


Respecto del punto ii) en el que señala que el Tribunal de alzada no convocó a audiencia de fundamentación solicitada en su alzada, causándole un estado de indefensión y vulneración de su derecho a la defensa, infringiendo lo previsto en el art. 411 del CPP.


Respecto de la denuncia planteada invocó como precedente contradictorio el Auto Supremo 218 de 28 de junio de 2006, el cual contiene la siguiente doctrina legal aplicable:


Es imprescindible que los Tribunales de sentencia y alzada tomen muy en cuenta la importancia del `Derecho a la defensa´ a que tienen derecho los sujetos procesales a efectos de no vulnerar este Derecho Constitucional en su perjuicio el mismo que se manifiesta a través del `derecho a ser oído´ o a la `audiencia´ también denominado `audi alteram parte´ que se traduce en el derecho de acceso al expediente, el derecho a formular alegatos y presentar pruebas, derecho a una decisión expresa, motivada y fundada en derecho, el derecho a recurrir, el derecho al acceso a la justicia.


En el caso de Autos el Tribunal de alzada viola el Derecho a la Defensa y a su vez a la Garantía Constitucional del `debido proceso´ al no permitir que el imputado amplíe su defensa en la audiencia expresamente solicitada para este efecto, por lo que corresponde dejar sin efecto la resolución recurrida y disponer la nulidad de obrados hasta antes de la restricción al Derecho a la defensa y a la garantía constitucional del `debido proceso´ (artículos 9 y 16-II) Constitucional en base el artículo 168 del Código de Procedimiento Penal, y al haberse pronunciado en el fondo de la causa el Tribunal de alzada corresponde aplicar el artículo 316 del Código de Procedimiento Penal a efectos de preservar y asegurar la imparcialidad del proceso penal”.


Con relación al precedente invocado, sin bien se trata de la misma temática denunciada; sin embargo, se debe tener en cuenta que el mismo emerge de que dentro de un proceso mediante memorial de apelación restringida se solicitó expresamente a que se convoque a audiencia de fundamentación oral en cumplimiento del art. 411 del CPP; en ese caso, el Tribunal de alzada en atención a dicha solicitud omitió señalar día y hora de audiencia de fundamentación oral, emitiendo posteriormente el Auto de Vista sin proceder a lo solicitado, dejando en indefensión al imputado y violando el artículo 16: II Constitucional, evidenciándose "violación a la garantía constitucional del debido proceso"; por lo que, se procedió a la nulidad de lo obrado; en este caso, no se advierte el hecho fáctico similar debido a que el Tribunal de alzada mediante decreto de 4 de abril de 2017, que cursa a fs. 211, convoca a la realización de la audiencia de fundamentación oral decretando expresamente: “…Estando interpuesto el recurso de apelación, cumplidas las formalidades de fondo, forma y contenido previsto en el art. 408 del CP, se admite el recurso de apelación restringida formulado y habiendo impetrado el apelante audiencia oral de fundamentación complementaria y de conformidad con los art. 408 periodo final y 412 del Código de Procedimiento Penal; se señala audiencia oral pública de fundamentación complementaria, el día miércoles 12 de abril del año 2017 a horas 15:00, sea con noticia de partes”; aspecto que; por un lado, hace ver que el Tribunal no incumplió lo dispuesto por el art. 411 del CPP siendo que convocó a audiencia de fundamentación oral; y por otro, también es preciso tener en cuenta que mediante Acta de Audiencia Pública de Fundamentación Complementaria de 12 de abril de 2017 cursante a fs. 215, se establece en la parte pertinente que: “…Del informe evacuado por la señora Secretaria de Cámara, se desprende que se han cumplido con las diligencias de notificación a todas las partes; sin embargo, de ello la parte recurrente no se encuentra presente, en ese antecedente vamos a suspender la presente audiencia de fundamentación y en conformidad a lo dispuesto por el art. 412 del CPP este Tribunal va a dictar la resolución dentro del plazo que establece la Ley”; en consecuencia, este argumento hace ver que lo señalado por la recurrente no es evidente; primero, porque no es verdad que el Tribunal de alzada no haya señalado audiencia de fundamentación oral, porque si se señaló; y segundo, que el hecho de que no se lleve adelante la señalada audiencia fue raíz de la propia negligencia de la solicitante; para lo cual, de manera correcta el Tribunal de alzada explicó la aplicación de la parte final del art. 412 del CPP; en consecuencia, no se advierte contradicción entre el precedente contradictorio invocado con relación a la labor del Auto de Vista; correspondiendo en consecuencia, no dar curso a lo denunciado.


En consecuencia, el Tribunal de alzada al realizar el control de legalidad de la Sentencia en cuanto a la inexistencia de la comisión del delito de Injuria previsto y sancionado por el art. 287 del CP, obró de manera correcta con la debida fundamentación al haberse pronunciado respecto de todos los motivos expuestos en el recurso de apelación restringida, conteniendo en su argumento la debida motivación explicando y justificando de forma lógica y con base en la Ley, las razones de la decisión asumida en apego al principio de congruencia. Por todos los argumentos expresados en el presente fallo se pone en evidencia que el Auto de Vista realizó un correcto análisis al resolver los aspectos denunciados; en consecuencia, no resulta cierta la denuncia que el Auto de Vista incurrió en falta de fundamentación e incongruencia omisiva y que no se haya señalado fecha de audiencia de fundamentación oral que hubiera solicitado en su recurso de apelación restringida; situación que hubiera generado la contradicción con los precedentes invocados y la vulneración de sus derechos y garantías constitucionales expuestos en el recurso de casación interpuesto, siendo que se emitió una resolución enmarcada en la previsión de los arts. 124 y 398 del CPP; en consecuencia, no corresponde dar curso a lo solicitado debiendo declararse infundado el recurso de casación intentado.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en aplicación de lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Mariela Liz Soto Duran.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Edwin Aguayo Arando 

Magistrado Dr. Olvis Eguez Oliva

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos