TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 356/2018-RRC

Sucre, 05 de junio de 2018


Expediente                        : Tarija 42/2017

Parte Acusadora                : Agustín Posada Torrez y otro

Parte Imputada                : Mario Velásquez Álvarez y otra  

Delito                                : Alteración de Linderos

Magistrado Relator        : Dr. Edwin Aguayo Arando


RESULTANDO


Por memorial presentado el 18 de agosto de 2017, cursante de fs. 175 a 179 vta., Mario Velásquez Álvarez y Aida Posada Torrez, interponen recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 12/2017 de 18 de mayo, de fs. 164 a 165 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso penal seguido por Agustín y Rosendo ambos de apellidos Posada Torrez contra los recurrentes, por la presunta comisión del delito de Alteración de Linderos, previsto y sancionado por el art. 352 del Código Penal (CP).


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


  1. Por Sentencia 22/2014 de 29 de septiembre (fs. 96 a 102), la Juez Primero de Sentencia de Yacuiba del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, declaró a Mario Velásquez Álvarez y Aida Posada Torrez, autores de la  comisión del delito de Alteración de Linderos, previsto y sancionado por el art. 352 del CP, imponiendo la pena de dos años de reclusión, más costas, daños y perjuicios ocasionados al Estado y a los querellantes, concediendo el beneficio del Perdón Judicial.   


  1. Contra la mencionada Sentencia, los imputados Mario Velásquez Álvarez y Aida Posada Torrez (fs. 104 a 105 vta.) y los acusadores particulares Agustín y Rosendo ambos de apellidos Posada Torrez (fs. 107 a 108), interpusieron recursos de apelación restringida, que fueron resueltos por Auto de Vista 12/2017 de 18 de mayo, dictado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, que declaró sin lugar los recursos planteados y confirmó la Sentencia apelada, motivando la interposición del presente recurso de casación.


I.1.1. Motivo del recurso de casación.


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 877/2017-RA de 3 de noviembre, se extrae el motivo a ser analizados en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


                                             

Refieren, que el precedente contradictorio que invocan es contrario al Auto de Vista, debido a que el precedente señala que los Tribunales de apelación no pueden revalorizar prueba y que esta labor solamente está reservada para el los Tribunales o Jueces de Sentencia y cuando se advierte que en la Sentencia existió inobservancia de la Ley o errónea aplicación, anulara la Sentencia en base los preceptos contenidos por el art. 413 del CPP; aspectos que, no fueron cumplidos por el Auto de Vista, debido a que señaló: “Con respecto al segundo agravio, situado en el punto II., se señala: `más aún si el desfile probatorio de juicio se logró una convicción sobre la culpabilidad de los acusados. Con relación a que no se valoró las declaraciones de los acusados al declarar que ellos siempre han estado poseyendo dicho inmueble desde hace más de 15 años atrás y de que esa parte que demandan los demandantes no corresponde a los herederos de la familia Posada; asimismo, como agravio también se hace constar de que no fueron valorados por la Juez y el Tribunal, que son las pruebas documentales como lo son: 1º el contrato de compraventa, realizada entre Lucrecia Torrez Vda. de Posada y su vendedora María Luisa Velasco de varias hectáreas de terreno en la comunidad de Campo Grande, donde con esta documentación se llega a demostrar el límite desde donde corresponde a los herederos Posadas, otro agravio que se notó y no se valoró fue, 2º la no valoración de la prueba documental consistente en una certificación emitida por el señor Gaudencio Barriga Padilla a nuestras personas en el año 2009, quien fungía en esos tiempos como corregidor de la comunidad, donde dicha documentación dicha autoridad reconoce de que nuestras personas siempre hemos estado en posesión de dicho inmueble; asimismo, también otro agravio que se hace notar y no fue valorada por el Tribunal, 3º es la certificación emitida por la Presidencia de la O.T.B.s de la comunidad de Campo Grande señora Felicidad Castillo Ibañez donde se hace constar la posesión de dicho bien inmueble sus respectivas colindancias y desde el año en que nos encontró ocupando el mismo, solo la Juez y el Tribunal se basaron en su Sentencia y en su Auto de Vista en apreciaciones subjetivas en tan solamente en puras declaraciones de testigos de cargo por parte de la parte demandante que no conocen ni si quiera el lugar, tal es el caso la comunidad de Campo Grande, que la mayoría de los supuestos herederos desde muy jóvenes se fueron a residir por otros lugares y nunca se acordaron de que si existían bienes inmuebles, nuestras personas defendimos con gran esfuerzo por una apropiación del cual quería hacerse el testigo de cargo señor López León, al tener conocimiento de que los esposos Posadas Torrez fallecieron, querían apropiarse gran parte de la parte de la herencia que sí corresponde a la familia Posada, en su inspección la señora Juez solo encontró un sembradío y plantas frutales destrozado por los demandantes y no una delimitación de lotes…´” (sic). En consecuencia, señalan que al darle un nuevo valor a la prueba ya valorada anteriormente -que consistente en la testifical y documental que no creó convicción- el Auto de Vista ingresó al campo de la doble valoración en detrimento de los imputados.


Con relación a la temática, invocan el Auto Supremo 412 de 10 de octubre de 2006.


I.1.2. Petitorio.


Los recurrentes solicitan, se deje sin efecto el Auto de Vista recurrido, ordenándose al Tribunal de alzada proceda a dictar Sentencia absolutoria.

I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 877/2017-RA de 3 de noviembre, cursante de fs. 186 a 188 vta., este Tribunal admitió el recurso de casación formulado por los imputados Mario Velásquez Álvarez y Aida Posada Torrez, para el análisis de fondo del motivo identificado precedentemente.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se tiene lo siguiente:


II.1.        De la Sentencia.


Por Sentencia 22/2014 de 29 de septiembre, la Juez Primero de Sentencia de Yacuiba del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, declaró a Mario Velásquez Álvarez y Aida Posada Torrez, autores de la  comisión del delito de Alteración de Linderos, bajo los siguientes hechos probados:


  1. Que, de acuerdo a la prueba de cargo consistentes en las declaraciones de los testigos Agustín Posada Torrez, Rosendo Posada Torrez y Martha Yavic Posada Torrez son uniformes; ya que, en cuanto a las circunstancias de hechos mencionan que el terreno ubicado en la comunidad Campo Grande fue un terreno adquirido por sus padres, donde vivieron todos; que a la muerte de su padre, la madre quedó sola y una de las hermanas Ayda Posada (acusada) como vivía alquilado, decidieron que se vaya a vivir con su madre a la casa, razón por la que ingresa a vivir el 2008 con Mario Velásquez a la casa de la familia Posada; coincidiendo todos, que la posesión la tenían sus padres y que al fallecimiento de la madre quedan viviendo en la casa los imputados.


  1. Al fallecimiento de la madre, los hermanos deciden que el terreno consistente en una dimensión de 6.554.00 mts2, quede a favor de todos los hijos, dividiéndose en partes iguales, es así que deciden hacer un plano con el Instituto Geográfico Militar (IGM), de donde advierte, que el indicado terreno se encuentra dividido en 11 lotes, para cada uno de los hijos.


  1. Que dio valor a la documental de cargo ingresada por su lectura signada como P.D.C.1, consistente en copias legalizadas de un expediente instaurado el 7 de febrero de 2011 por Fidel, Martha, Máxima, Rosendo, Agustín, Yomar Candy y Eusebia Nadia todos de apellidos Posada Torrez, en contra de los ahora imputados, que concluye con un acuerdo conciliatorio de 16 de febrero de 2011 entre los querellantes y la querellada Ayda Posada Torrez; evidenciando, que el querellado Mario Velásquez hace abandono de la audiencia y los querellantes al haber solucionado el conflicto con Ayda Posada co-querellada y hermana de todos los querellantes, hacen el desistimiento de la acción concluyendo con un acuerdo conciliatorio firmado por todas las partes.


  1. Que dentro del referido acuerdo la querellada Ayda Posada Torrez además de estar de acuerdo, se compromete a respetar el acuerdo de partición voluntario realizado por los once hermanos, encontrándose de acuerdo con la parte que le corresponde en la partición.
  2. De acuerdo a la declaración de los testigos de cargo y querellantes, luego de haber realizado la partición, se procedió al alambrado y posteados de todos los lotes de forma individual, cerrando cada beneficiario de forma perimetral sus terrenos al que realizaban la limpieza de forma periódica; sin embargo, el 21 de abril de 2014, cuando Agustín Posada Torrez intentaba ingresar a su terreno, fue sorprendido con la existencia de un cerco de postes y alambre afectando los lotes Nº 5 y 6, con un cierre perimetral que cortaba todo ingreso a los lotes Nº 7, 8, 9, 10 y 11, lugar donde los querellados realizaron mejoras y construyeron una casa propia, extremo que fue verificado en audiencia de inspección ocular.


  1. Que, la declaración de los testigos Inés Velasco Condori y José López, son coincidentes con lo que manifiestan los otros testigos, cuando manifiestan, que conocen que ese terreno era de propiedad de Gregorio Posada, donde vivió toda la familia Posada, que ello conocen porque son colindantes y que sabe que en la parte del fondo se encuentra la propiedad de Chamón; que también conoce, que a la muerte de la madre todos se han divido por partes iguales.


  1. Que, la imputada Ayda Posada en la audiencia de inspección ocular, demostró interés de solucionar el conflicto, pero con la condición de devolverle el terreno únicamente a Agustín Posada Torrez y no así al resto de los hermanos, acuerdo que no fue aceptado por el querellante, en razón a que indica que los otros terrenos estaqueados pertenecen a los demás hermanos, siendo los afectados Rosa, Agustín, Yomara Candy, Elena Cecilia y Eusebia Podada Torrez correspondiente a los lotes 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, por lo que tácitamente reconoce la posesión que tuvieron sus padres y que el referido terreno le pertenece a todos los hermanos.


  1. Se tiene demostrado el derecho y la posesión de los querellantes dentro de su inmueble; ya que, pudo comprobar en la audiencia de inspección que el posteado y línea divisoria fue realizada por los querellados con posterioridad a la división que hicieron de los 11 lotes de terreno para todos los hermanos, demostrándose la mala fe de los querellados que pretendieron apoderarse de un terreno que conocen y saben que pertenece a los hermanos Posada.


II.2.        Del recurso de apelación restringida de los imputados.


       Notificado con la Sentencia, Mario Velásquez Álvarez y Aida Posada Torrez interponen recurso de apelación restringida, bajo los siguientes argumentos:

       

  1. Haciendo referencia a partes de la Sentencia, refieren que ninguna de las declaraciones de los testigos fueron uniformes; ya que, no advirtieron que la testigo de cargo Inés Velasco refirió que Ayda Posada vivía junto a sus hijos en el domicilio de sus padres, que por referencia había escuchado que se estaba realizando la división por lotes entre los hermanos. Así también, la declaración de José López León manifestó que dicho bien inmueble en su totalidad corresponde a la familia Posada, que al fallecimiento de su madre los 11 hermanos se habían hecho la división y partición del bien inmueble. Que, las declaraciones de los testigos Agustín Posada Torrez, Rosendo Posada Torrez y Martha Yavic Posada no son uniformes como refiere la Sentencia, habiendo falseado, a la verdad no poniendo en conocimiento que una parte del inmueble se encontraba en calidad de compra de María Luisa Velasco. Que, el testigo José López León tenía pleno interés de perjudicar a sus personas; ya que, se estaba haciendo propietario del referido inmueble, al igual que la testigo Inés Velasco no pudo hacerse propietaria por la fuerza. Por último, afirman que los acusadores solo presentaron un plano elaborado por el IGM y un acta de conciliación en una audiencia celebrada el 21 de abril de 2011, pruebas que fueron valoradas en su conjunto en la Sentencia.


  1. Que las declaraciones de sus personas no fueron creídas ni valoradas por el Tribunal de mérito, como tampoco dio valor o no fue creíble las pruebas de descargo, como es la declaración de los testigos Felicidad Castillo que manifestó que sus personas viven desde años en el inmueble y que ella emitió un certificado de residencia en base a la certificación emitida por el corregidor de la comunidad de campo grande el 2008 que tampoco fue valorada en la Sentencia; además presentó un contrato de compra venta celebrada por Luisa Velasco Vda. De Mayta y Lucrecia Posada Torrez, que demuestra las dimensiones hasta donde corresponde a la familia Posada codificada como prueba PD3; empero, dichas pruebas testificales y documentales no fueron valoradas por la Sentencia.


  1. Que sus personas durante la sustanciación del juicio en ningún momento hicieron uso del derecho al silencio, realizando intervenciones en especial Mario Velásquez; sin embargo, no fueron valorados en la Sentencia, sino que las tomó como un acto de culpabilidad.


  1. Que, las declaraciones de cargo no fueron uniformes ni las pruebas documentales, evidenciándose de la inspección ocular que no existe alteración de linderos; sin embargo, se favoreció a la parte acusadora, vulnerando los arts. 116, 119 de la Constitución Política del Estado (CPE) y arts. 12, 171 y 172 del CPP.


II.3.  Del Auto de Vista impugnado.


La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, emitió el Auto de Vista impugnado, que declaró sin lugar el recurso de apelación restringida interpuesta por los imputados; en consecuencia, confirmó la Sentencia apelada en todas sus partes, bajo los siguientes argumentos:


Sobre el agravio denunciado por los imputados, respecto a que ninguna de las declaraciones de los testigos fueron uniformes, que ninguno pudo advertir con plena certeza de que dicho bien corresponde a la familia Posada, como es el caso de la testigo de cargo Inés Velasco, que refirió que Ayda Posada vivía junto a sus hijos en el domicilio de sus padres, que dicho bien inmueble corresponde a la familia Posada y que por referencia había escuchado que se estaban realizando la partición de dicho bien inmueble por lotes entre todos los hermanos. Que las declaraciones testificales en calidad de imputados no fueron creídas por la Juez de Sentencia; que para dictar sentencia debe antes realizar una valoración de la prueba documental y testifical.

Que, de la revisión de la Sentencia, tiene que luego de valorar la prueba testifical, declaración de Agustín, Rosendo, Martha Yavic de apellidos Posada Torrez, Inés Velasco Condori, José López León y Felicidad Castillo Ibáñez y documentales PD1, PD2, PD3 y PD4, realizó una valoración integral de toda la prueba, llegando a establecer que luego de haber realizado la partición, se procedió al alambrado y posteado de todos los lotes de forma individual o sea que cada uno de los beneficiarios cerró de forma perimetral sus terrenos y realizaban la limpieza respectiva de forma periódica; sin embargo, el 21 de abril de 2014, cuando Agustín Posada Torrez intentaba ingresar a su terreno, fue sorprendido con la existencia de un cerco de postes y alambre, afectando los lotes 5 y 6 con un cierre perimetral que cortaba el ingreso a los lotes 7, 8, 9, 10 y 11, lugar donde los querellados realizaron mejoras y construyeron una casa propia, extremo que fue verificado en la audiencia de inspección ocular. Que, los recurrentes en la exposición de los motivos del agravio refieren de manera general que fue erróneamente valorada la prueba, el agravio no se encuentra debidamente fundamentado, pues no existe una exposición clara y fundamentada con relación a la Sentencia por su incorrecta y contradictoria valoración de la prueba, pretendiendo los apelantes que realicen nueva valoración de la prueba y dicte sentencia absolutoria; empero, bajo el principio de inmediación y contradicción en la producción de la prueba se encuentra vedado de incurrir en una nueva revalorización de la prueba como pretenden los apelantes, estando esta tarea reservada para los Jueces de sentencia o Tribunales durante el desarrollo del debate; aspecto que, impide atender la pretensión, pues, dicha actividad solo es posible cuando se individualiza cuál la prueba incorrectamente valorado y no se ciñe a las reglas de la sana crítica, lo que no fue referido por los apelantes; a cuyo efecto, cita y transcribe el Auto Supremo 214 de 28 de marzo de 2007.


III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN

CON EL PRECEDENTE INVOCADO


En el presente caso, este Tribunal admitió el primer motivo de casación a los fines de evidenciar si el Auto de Vista recurrido incurrió en revalorización de la prueba; por lo que corresponde resolver la problemática planteada mediante la labor de contraste.


III.1. Del precedente invocado.


Los recurrentes invocaron el Auto Supremo 412 de 10 de octubre de 2006, que fue dictado por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Suprema de Justicia, en la resolución de un recurso de casación en una causa seguida por el delito de Transporte de Sustancias Controladas, donde constató que el Tribunal de alzada al disponer la absolución de las imputadas de la comisión del delito de Transporte de Sustancias Controladas, alegando que en el proceso existió insuficiente prueba, incurrió en una nueva valoración de la prueba, aspecto que no le está permitido, por lo que fue dejado sin efecto la Resolución recurrida, estableciéndose la siguiente doctrina legal aplicable: “De la interpretación del artículo 413 del Código de Procedimiento Penal, se desprende que dicha norma no prevé la posibilidad de revalorización de la prueba por el Tribunal de Apelación, porque éste en aplicación del principio de inmediación no ha percibido, ni comprendido el significado de las pruebas producidas directamente y en aplicación del principio de "contradicción de las partes" en el juicio oral y público: en caso de que el Tribunal de alzada realice el ejercicio de "revalorizar al prueba", esta actividad jurisdiccional vulnera los principios de igualdad jurídica, seguridad jurídica, debido proceso y tutela judicial efectiva.


En el caso de Autos, la vulneración a la igualdad jurídica es directa, por cuanto la valoración de la prueba por el Tribunal de Alzada no considera el equilibrio de las partes en la producción de la prueba; asimismo, los fundamentos jurídicos que contiene la línea jurisprudencial que dispone que la valoración de la prueba es facultad del Juez o Tribunal de Sentencia, no así del Tribunal de Alzada, por cuanto no existe segunda instancia, sin embargo con la resolución impugnada amplia la facultad del Tribunal de Apelación para conocer cuestiones de hecho o valorar la prueba, con lo que ha creado segunda instancia que no esta permitido en el sistema procesal penal garantista; el debido proceso, es alterado, porque actos que corresponden al juicio oral y público, se repiten en la competencia del Tribunal de Apelación; aspecto que se encuentra íntimamente relacionado a la Tutela Judicial efectiva, el Tribunal de Alzada debe otorgar a las partes procesales la certidumbre judicial de toda clase de actos que atenten contra la seguridad jurídica, con mayor cuidado si se trata de su propia actividad jurisdiccional.


Que con respecto a la valoración de la prueba existe línea jurisprudencial consolidada por resoluciones emitidas con anterioridad, una de ellas, es el Auto Supremo Nº 317 Sucre 13 de junio de 2003 que estableció: "(...) de acuerdo a la nueva concepción doctrinaria, la apelación restringida es el medio legal para impugnar errores de procedimiento o de aplicación de normas sustantivas en los que se hubiera incurrido durante la sustanciación del juicio o la sentencia; no siendo el medio jerárquico para revalorizar la prueba o revisar las cuestiones de hecho que hacen los Jueces o Tribunales inferiores, sino para garantizar los derechos y garantías constitucionales, los Tratados Internacionales, el debido proceso y la correcta aplicación de la Ley. Por ello no existe la doble instancia y el Tribunal de alzada se encuentra obligado a ajustar su actividad jurisdiccional a los siguientes aspectos: anular total o parcialmente la sentencia y ordenará la reposición del juicio por otro Juez o Tribunal, cuando no sea posible reparar directamente la inobservancia de la ley o su errónea aplicación; cuando la nulidad sea parcial, se indicará el objeto concreto del nuevo juicio; y cuando sea evidente que para dictar una nueva sentencia no es necesario la realización de un nuevo juicio, resolverá directamente" (Las negrillas nos corresponden).


Al respecto, el precedente establece que el Auto de Vista entonces recurrido incurrió en una valoración de la prueba, lo que no le está permitido; cuestión que resulta similar a la denuncia de los recurrentes, que reclaman que el Auto de Vista recurrido incidió en revalorización de la prueba; consiguientemente, corresponde ingresar al análisis de la denuncia.


III.2. Análisis del caso concreto.


Sintetizada la denuncia en la que los recurrentes refieren que el Auto de Vista recurrido incurrió en contradicción con el precedente invocado; toda vez, que revalorizó las pruebas testificales y documentales al señalar: “…Con respecto al segundo agravio, situado en el punto II.3…se señala: `…más aún si el desfile probatorio de juicio se logró una convicción sobre la culpabilidad de los acusados. Con relación a que no se valoró las declaraciones de los acusados, al declarar que ellos siempre han estado poseyendo dicho inmueble desde hace más de 15 años atrás y de que esa parte que demandan los demandantes no corresponde a los herederos de la familia Posada; asimismo, como agravio también se hace constar de que no fueron valorados por la Juez y el Tribunal, que son las pruebas documentales como lo son: 1º el contrato de compraventa realizada entre Lucrecia Torrez Vda. de Posada y su vendedora María Luisa Velasco, de varias hectáreas de terreno en la comunidad de Campo Grande, donde con esta documentación se llega a demostrar el límite desde donde corresponde a los herederos Posadas, otro agravio que se notó y no se valoró, 2º fue la no valoración de la prueba documental consistente en una certificación emitida por Gaudencio Barriga Padilla a nuestras personas en el año 2009, quien fungía en esos tiempos como corregidor de la comunidad, donde dicha documentación dicha autoridad reconoce de que nuestras personas siempre hemos estado en posesión de dicho inmueble; asimismo, también otro agravio que se hace notar y no fue valorada por el Tribunal 3º es la certificación emitida por la Presidencia de la O.T.B.s de la comunidad de Campo Grande Felicidad Castillo Ibáñez, donde se hace constar la posesión de dicho bien inmueble sus respectivas colindancias y desde el año en que nos encontró ocupando el mismo, solo la Juez y el Tribunal se basaron en su Sentencia y en su Auto de Vista en apreciaciones subjetivas en tan solamente en puras declaraciones de testigos de cargo, por parte de la parte demandante que no conocen ni si quiera el lugar, tal es el caso la comunidad de Campo Grande, que la mayoría de los supuestos herederos desde muy jóvenes se fueron a residir por otros lugares y nunca se acordaron de que si existían bienes inmuebles, nuestras personas defendimos con gran esfuerzo por una apropiación del cual quería hacerse el testigo de cargo señor López León al tener conocimiento de que los esposos Posadas Torrez fallecieron, querían apropiarse gran parte de la parte de la herencia que sí corresponde a la familia Posada, en su inspección la señora Juez solo encontró un sembradío y plantas frutales destrozado por los demandantes y no una delimitación de lotes…´” (sic).


Ingresando al análisis del presente motivo, conforme se precisó en los antecedentes procesales vinculados al recurso, ante la emisión de la Sentencia condenatoria, los imputados interpusieron recurso de apelación restringida cuyos fundamentos fueron extractados en el acápite II.2 de este Auto Supremo; respecto a lo cual, el Tribunal de alzada abrió su competencia, y declaró sin lugar las denuncias alegando que: sobre el agravio denunciado por los imputados, de que ninguna de las declaraciones de los testigos fueron uniformes, pues ninguno pudo advertir con plena certeza de que si dicho bien corresponde a la familia Posada, como es el caso de la testigo de cargo Inés Velasco, refirió de que Ayda Posada, vivía junto a sus hijos en el domicilio de sus padres y de que dicho bien inmueble corresponde a la familia Posada y que por referencia había escuchado que se estaban realizando la partición de dicho bien inmueble por lotes entre todos los hermanos. Que, las declaraciones testificales en calidad de imputados no fueron creídas por la Juez de Sentencia y que para dictar sentencia debe antes realizar una valoración de la prueba documental y testifical. De la revisión de la sentencia, constató, que luego de valorar la prueba testifical, declaración de Agustín, Rosendo, Martha Yavic de apellidos Posada Torrez, Inés Velasco Condori, José López León y Felicidad Castillo Ibáñez y documentales PD1, PD2, PD3 y PD4, realizó una valoración integral de toda la prueba, habiendo llegado a establecer que luego de haber realizado la partición, se procedió al alambrado y posteado de todos los lotes de forma individual o sea que cada uno de los beneficiarios cerró de forma perimetral sus terrenos y realizaban la limpieza respectiva de forma periódica; sin embargo, el 21 de abril de 2014 cuando Agustín Posada Torrez intentaba ingresar a su terreno fue sorprendido con la existencia de un cerco de postes y alambre, afectando los lotes 5 y 6 con un cierre perimetral que cortaba ingreso a los lotes 7, 8, 9, 10 y 11, lugar donde los querellados realizaron mejoras y construyeron una casa propia, extremo que fue verificado en la audiencia de inspección ocular.


Añade el Tribunal de alzada, que los recurrentes en la exposición de los motivos del agravio refirieron de manera general que fue erróneamente valorada la prueba; empero, el agravio no se encuentra debidamente fundamentado, pretendiendo los apelantes que realicen nueva valoración de la prueba y dicte Sentencia absolutoria; empero, bajo el principio de inmediación y contradicción en la producción de la prueba se encuentra vedado de incurrir en una nueva revalorización de la prueba, impidiéndole atender la pretensión, que dicha actividad solo sería posible cuando se individualiza cuál la prueba incorrectamente valorada y no ceñida a las reglas de la sana crítica, que no referido por los apelantes.


De esa relación necesaria de antecedentes, por una parte, no se observa que el Auto de Vista recurrido, hubiere expresado lo que la parte apelante afirma en el motivo de casación; es decir, los fundamentos que a decir de la parte recurrente constituirían revalorización de la prueba no fueron expresados por el Tribunal de alzada a tiempo de emitir el Auto de Vista recurrido en ninguna de sus partes; consecuentemente, se tiene que no incurrió en contradicción con el precedente invocado que fue extractado en el acápite III.1 de esta Resolución; toda vez, que no revalorizó prueba testifical ni documental alguna, pues los fundamentos reclamados por la parte recurrente que a sus criterios constituirían revalorización de la prueba no fueron expresados en ninguna parte del Auto de Vista recurrido.


Por otra parte, si bien en el contenido del Auto de Vista recurrido que conforme ya se señaló, resulta completamente diferente al observado por la parte recurrente, el Tribunal de alzada hace mención a pruebas testificales y documentales aclarando que habían sido valorados por el Juez de mérito, se advierte que dicho fundamento, no constituye revalorización de prueba; toda vez, que no dio nuevo valor a ninguna prueba, no estableció ni tiene como probado un hecho nuevo que no hubiere sido probado en Sentencia, ni modificó la situación jurídica de los imputados; sino que, se limitó a confirmar la Sentencia; en consecuencia, el Auto de Vista recurrido no resulta contrario al precedente invocado; puesto que, a tiempo de resolver el recurso de apelación formulado por los recurrentes, no incurrió en revalorización de ninguna prueba, ni estableció hechos nuevos; además, que en ninguna de sus partes señaló lo que los recurrentes reclaman que hubiere señalado, por lo que el presente recurso deviene en infundado.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Mario Velásquez Álvarez y Aida Posada Torrez.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Edwin Aguayo Arando 

Magistrado Dr. Olvis Eguez Oliva

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos