TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 352/2018

Sucre, 21 de mayo de 2018


Expediente                : Chuquisaca 20/2018

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otro

Parte Imputada        : Daniel Alberto Parraga Serrudo

Delitos        : Estafa y otro


RESULTANDO


Por memorial presentado el 12 de abril de 2018, cursante de fs. 89 a 100 vta., Daniel Alberto Parraga Serrudo, opone Excepción de Extinción de la Acción Penal por Prescripción, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Jaime Condori Garrado contra el excepcionista, por la presunta comisión de los delitos de Estafa y Estelionato, previstos y sancionados por los arts. 335 y 337 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. ARGUMENTOS DE LAS EXCEPCIONES PLANTEADAS


El procesado Daniel Alberto Parraga Serrudo, formula Excepción de Extinción de la Acción Penal por Prescripción, bajo los siguientes argumentos que se extraen, a saber:


I.1. De la Excepción de prescripción.


Amparado en los arts. 27 inc. 8), 29 inc. 2), 30, 31, 308 inc. 4) y 314 del Código de Procedimiento Penal (CPP), el incidentista plantea prescripción de la acción, señalando que la doctrina ha definido a la prescripción de la acción penal como una causa de extinción de la pretensión punitiva estatal, que opera por el mero y simple transcurso del tiempo tras la comisión de un delito determinado como es el presente caso por Estafa y Estelionato. Cita la Sentencia Constitucional 600/2011-R de 3 de mayo. Desglosa a lo previsto por el art. 32 del CPP.


Que, por la prueba que adjunta, consistente en tres documentos privados de promesa y opción de venta de fechas 21 de febrero de 2013 y dos de fecha 1 de marzo de 2013, se establece una transferencia de propiedad que hace María del Rosario Santelices Curcuy en favor de Jaime Condori Garrado y Brígida Mabel Mamani Mendoza, en los que habrían intervenido el incidentista como abogado y que a consecuencia de ello se aduce la comisión de los delitos de Estafa y Estelionato. Considera que ambos delitos se consumaron a través de los tres documentos privados, además que también- se afirma la consumación de los delitos por haber redactado un memorial de usucapión en fecha 18 de marzo de 2013, conjuntamente con María del Rosario Santelices Curcuy.


Refiere que, por imputación formal de 16 de mayo de 2014, por acusación formal de 10 de febrero de 2016 y acusación particular de 28 de marzo de 2016; así como por Sentencia Condenatoria 22/2017, se lo condenó a 5 años de cárcel, existiendo Auto de Vista 89/2018, donde en todos estos actuados se afirma que los delitos de Estafa y Estelionato son considerados delitos instantáneos; ya que, se consumaron a través de los tres documentos privados de promesa y opción de venta. (transcribe extracto de la acusación formal, particular y Sentencia 22/2017).


De la relación de los elementos de prueba, se concluye que existe un hecho presumiblemente delictivo establecido como Estafa y Estelionato, ambos delitos instantáneos y que dichos delitos se consumaron para el incidentista en los tres documentos de 21 de febrero de 2013 y 1 de marzo de 2013, considerando que de mala fe y con dolo faccionó los documentos, aclarando que también se habría suscrito un memorial de demanda de usucapión en la que firma una de las coacusadas. Que, desde la suscripción de los tres documentos y el memorial de demanda de 18 de marzo de 2013, han transcurrido más de cinco años, por ejemplo: 1.- Si se computa desde fecha 21 de febrero de 2013, han transcurrido 5 años, 1 mes y 21 días; 2.- Si se computa desde fecha 1 de marzo de 2013, han transcurrido 5 años, 1 mes y 10 días; y, 3.- Si se computa desde fecha 18 de marzo de 2013, han transcurrido 5 años y 24 días. Con esto el incidentista aduce que se demuestra que los delitos de Estafa y Estelionato han prescrito, conforme refiere el art. 29 inc. 2) del CPP; puesto que, el delito de Estafa y Estelionato tiene una pena privativa de libertad de 1 a 5 años, haciendo el cómputo desde la media noche en que se perpetro el hecho criminoso.


Refiere que haciendo la revisión del cuaderno procesal y la prueba documental consistente en antecedentes penal, certificación del Juzgado de Instrucción, Certificación de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, no se evidencia causal alguna de interrupción y suspensión de la prescripción puesto que no se habría declarado su rebeldía, que siendo delitos de carácter instantáneo, la prescripción de la acción penal, ha operado por el solo transcurso del tiempo en fecha 18 de marzo de 2018, en cuyo mérito corresponde dar curso a la excepción de extinción de la acción penal por prescripción. Está demostrado que la parte contraria no podrá invocar lo preceptuado por los arts. 31 y 32 del CPP, en virtud a la prueba lícita antes referida; aspecto que, se debe tener presente (cita los autores Franklin Poca y Verónica Zapata “Excepciones, Incidentes y Recursos). Asimismo, Desglosa la Sentencia Constitucional 600/2011-R de 3 de mayo, sobre la que argumenta que la prescripción se traduce en los efectos que produce el transcurso del tiempo sobre el ejercicio de una determinada facultad, razonamiento que aplicado al ámbito penal, implica la expresa renuncia por parte del Estado del derecho a juzgar a causa del tiempo transcurrido, siendo que es el propio Estado el que a través de la norma ha establecido el límite de tiempo en que se puede ejercer la persecución penal, esto debido a que la actividad represiva del Estado, no puede ser ejercida de manera indefinida. Del mismo modo, cita la Sentencia Constitucional 0283/2013 de 13 de marzo, concluyendo que por lo expresado y fundamentado y siendo que los delitos de Estafa y Estelionato son de carácter instantáneo, la prescripción de la acción penal en el caso de autos, se ha operado por el solo transcurso del tiempo, esto en fecha 18 de marzo de 2018; en cuyo mérito, corresponde dar curso a la excepción de extinción de la acción penal por prescripción.


II. RESPUESTA A LA EXCEPCIONES OPUESTA


Por decreto de 13 de abril de 2018, conforme a lo dispuesto por el art. 314 del CPP, modificado por el art. 8 de la Ley 586 de 30 de octubre de 2014, se corrió traslado a las partes procesales, mereciendo la respuesta del representante del Ministerio Público, conforme el siguiente detalle.


Respecto a los delitos, se entiende que los delitos de Estafa y Estelionato a partir de la reconducción de la Sentencia Constitucional 0190/2007-R, se establece fehacientemente que son delitos instantáneos, es así que el núcleo de estos delitos se perfecciona cuando el sujeto activo, con un acto doloso busca la lesión jurídica penal, que se produce en el momento en que el sujeto activo obtiene el beneficio o ventaja económica al que hace referencia el art. 335 del CPP, citando a su vez el Auto Supremo 292/2016-RRC de 21 de abril.


Que, de la lectura del memorial de interposición de la excepción de la acción penal por prescripción, se puede evidenciar que existe total falta de fundamentación y motivación correcta de la solicitud por parte del excepcionista que hace una relación desprolija (cita Sentencias Constitucionales 1306/2011 y 0299/2015-S3 de 25 de marzo). Por otra parte, señala que el Tribunal debe pronunciarse sobre los aspectos claros, concretos y lógicos sometidos a su consideración sin que ello implique imponer una especial estructura al desarrollo de los razonamientos, por lo que la parte deberá identificar correctamente el objeto de la infracción, el acto, cuál es el resultado dañoso, caso contrario la denuncia constituye una mera declaración sin sustento alguno.


Que, respecto a la forma misma de presentación conforme al art. 308.I del CPP, se cita a la Sentencia Constitucional 0551/2010-R de 12 de julio. El excepcionista alega que desde la fecha de la facción de los documentos, que dan lugar a estos delitos, hubiera transcurrido más de 5 años, debiendo considerarse la modificación a la Ley Nº 586 respecto a las vacaciones judiciales en su art. 126, por lo que se debe considerar que se suspenderán los plazos procesales por vacaciones judiciales desde la gestión 2013, fecha de inicio de la investigación; es decir, 25 días por año en 4 años (cien días) que por mandato del art. 130 del CPP, debe ser sustraído del cómputo de la prescripción.


El excepcionista refiere que durante la tramitación del proceso penal no fue declarado rebelde y presente certificado negativo, lo que no hace prueba plena a momento de sopesar la extinción de la acción penal por prescripción porque de acuerdo a lo establecido en la jurisprudencia constitucional, las autoridades judiciales a momento de determinar la extinción de la acción penal por prescripción deben realizar una valoración concurrente de todos los factores que inciden en la tramitación del proceso, misma que no esta única y exclusivamente a la presentación del certificado negativo de rebeldía como señala la Sentencia Constitucional  0551/2010-R de 12 de julio.


Aduce que el excepcionista, no adjunta prueba idónea ni señala piezas procesales de cuaderno de investigación que conforme al art. 314 del CPP, tenía el deber de ofrecer y acompañar la documentación correspondiente, para que el Tribunal tenga la certidumbre de que el imputado durante el proceso penal no fue declarado rebelde; además de exponer fundadamente y de qué modo concurren las causales de la suspensión del término en cuestión, en función a los pertinentes antecedentes del proceso y tan solo realizar la copia normativa abundante sin explicar najo, qué razonamientos lógicos pretende hacer valer la misma, no pudiendo de manera oficiosa suplir la omisión de las partes, porque ello importaría un desconocimiento del principio de imparcialidad, en el que se sustenta entre otros, la potestad de impartir justicia de acuerdo al art. 178.I de la CPE (desglosa el Auto Supremo 750/2016-RRC de 28 de septiembre).


Por otra parte, aduce que si bien el excepcionista no demuestra en su fundamentación la existencia de dilaciones innecesarias que podría haber existido durante la tramitación del presente proceso penal, ni señala que el simple transcurso del tiempo no es suficiente para que proceda la prescripción de la acción, efectivamente, todo imputado tiene el derecho a ser juzgado en tiempo oportuno y sin dilaciones innecesarias (cita la Sentencia Constitucional 0023/2007-R de 16 de enero).


Sobre el inicio del cómputo de la prescripción, el excepcionista propone que el mismo se realice considerando la calidad del delito instantáneo de la Estafa y el Estelionato, alegando para ello los documentos que firmó, desde los cuales habrían transcurrido más de 5 años; sin embargo, de la Sentencia se establecen dos hechos importantes (cita el punto 5 de la Sentencia y con relación a la subsunción de la conducta cita lo plasmado en la pág. 34 y 26 de la Sentencia).


De la relación de estos criterios valorativos expuesto en la Sentencia, el Ministerio Público refiere que esta sería la forma de participación del imputado para fortalecer el error de las víctimas, que no concluyó con los documentos que se refiere en su memorial, sin lo que se patentiza en la demanda de usucapión que patrocinó y tramitó desde el 20 de marzo de 2013, hasta el 10 de marzo de 2014, cuando se emite la Sentencia que se tramitó para poder engañar a las víctima y provocar un daño económico; además que los documentos de promesa y opción de venta incluyen un saldo deudor de $us. 20.000.- (veinte mil dólares estadounidenses), por lo que el negocio jurídico no había concluido; por tanto, no han transcurrido 5 años. Que por ello, ante la falta de un correcto planteamiento de la pretensión, se evidencia un acto meramente dilatorio, incumpliendo la carga establecida en el Auto Supremo 554/2016 de 15 de julio.


III. ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE LAS EXCEPCIONES OPUESTAS


Del análisis de los antecedentes y fundamentos expuestos por el excepcionista y respuestas del Ministerio Público, corresponde analizar y resolver la pretensión planteada, a través de una resolución fundamentada en observancia del art. 124 del CPP.


III.1.        De la competencia de este Tribunal para resolver cuestiones incidentales referidas a la extinción de la acción penal.


El Tribunal Constitucional Plurinacional, efectuando una reconducción de la línea asumida por el Tribunal Constitucional de transición; en cuanto, a los Jueces y Tribunales competentes para resolver las Excepciones o Incidentes de solicitud de Extinción de la Acción Penal, estableció el siguiente razonamiento, que este Máximo Tribunal de Justicia ordinaria, tiene el deber de acatar en mérito al carácter vinculante y cumplimiento obligatorio que los pronunciamientos constitucionales ostentan en mérito al art. 203 de la CPE.

Así la Sentencia Constitucional 1061/2015-S2 de 26 de octubre, estableció el siguiente entendimiento: “Pues bien, al estar fijados los entendimientos desarrollados precedentemente, los fundamentos de la SC 1716/2010-R, no constituyen argumentos suficientes para determinar que la única autoridad competente para asumir el conocimiento de los incidentes de extinción de la acción penal, sean las autoridades jurisdiccionales que emitieron la sentencia de primera instancia, sino que, en virtud a lo establecido por el art. 44 del CPP, Él juez o tribunal que sea competente para conocer de un proceso penal, lo será también para decidir todas las cuestiones e incidentes que se susciten en el curso de su tramitación, así como para dictar las resoluciones respectivas y ejecutarlas´. En este sentido, es menester dejar establecido que, la autoridad competente para asumir el conocimiento y resolver los incidentes de extinción de la acción penal, ya sea por duración máxima del proceso o por prescripción, es el juez o Tribunal donde radica la causa principal, así, si el planteamiento de la excepción se da en etapa de apelación o casación, las decisiones emergentes de las salas penales y del Tribunal Supremo de Justicia, en virtud los entendimientos plasmados precedentemente, pero fundamentalmente por la naturaleza de la etapa procesal, no admiten impugnación; en efecto, lo que se pretende es evitar las exageradas dilaciones que conllevan las peticiones y envíos de expedientes entre el Tribunal Supremo de Justicia y los tribunales o jueces conocedores de la causa principal, que a cuya consecuencia, en muchos casos, se han postergado innecesariamente las decisiones oportunas en cuanto al fondo del proceso se refiere, muchas veces por las comunicaciones inoportunas de los jueces y tribunales conocedores de la causa principal, como ocurrió en el caso analizado; asimismo, como se expresó, la interposición de los incidentes ante las prenombradas autoridades, en la práctica sirvió para paralizar el pronunciamiento de fondo, ya que inclusive, estando sorteada la causa, el máximo Tribunal de justicia ordinaria, se vio impedido de emitir la resolución mientras no esté resuelta la excepción ante el Juez de instancia, lo que sin duda constituye una clara vulneración de los derechos a ser juzgado dentro de un plazo razonable, de acceso a la justicia y una afrenta a la vigencia del principio de celeridad y también de concentración de actos. En este sentido, cuando el justiciable decida plantear extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, deberá formularlo ante el Juez o Tribunal que conoce la causa principal; sin embargo, también es imperioso aclarar que, si el incidente fuere suscitado ante el Juez de Instrucción en lo Penal o, ante los Tribunales o Jueces de Sentencia Penal, sus decisiones efectivamente son impugnables, ya que la naturaleza de la etapa procesal así lo permite. El presente entendimiento implica la reconducción de la línea jurisprudencial establecida en la SC 1716/2010-R a los entendimientos asumidos en la SC `0245/2006´, que emergió de los razonamientos establecidos en las SSCC `0101/2004, 1868/2004-R, 0036/2005, 0105-R, 1365/2005-R´y AC 0079/2004-ECA.”


III.2. De la base legal y jurisprudencial sobre la extinción de la acción penal por prescripción.


El art. 315 del CPP, modificado por el art. 8 de la Ley 586 de 30 de octubre de 2014, señala que: I) La o el Juez o Tribunal, dictará resolución fundamentada conforme a los plazos previstos en el Artículo precedente, declarando fundada o infundada las excepciones y/o incidentes, según corresponda; II) Cuando las excepciones y/o incidentes sean manifiestamente improcedentes, por carecer de fundamento y prueba, la o el Juez o Tribunal, deberá rechazarlas in limine sin recurso ulterior, en el plazo de veinticuatro (24) horas, sin necesidad de audiencia y sin mayor trámite; III) En caso de que las excepciones y/o incidentes sean declaradas manifiestamente dilatorias, maliciosas y/o temerarias, interrumpirán los plazos de la prescripción de la acción penal, de la duración de la etapa preparatoria y de duración máxima del proceso, computándose nuevamente los plazos. Consecuentemente, la o el Juez o Tribunal previa advertencia en uso de su poder coercitivo y moderador, impondrá a la o el abogado una sanción pecuniaria equivalente a dos salarios mínimos nacionales, monto de dinero que será depositado en la cuenta del Órgano Judicial y en caso de continuar con la actitud dilatoria, la o el Juez o Tribunal apartará a la o el abogado de la actuación del proceso en particular, designando a un defensor público o de oficio; y, IV.  El rechazo de las excepciones y de los incidentes impedirá que sean planteados nuevamente por los mismos motivos.


De acuerdo a la doctrina, la prescripción es un medio de liberarse de las consecuencias penales de una infracción penal o una conducta penal por efecto del tiempo y en las condiciones exigidas por la ley, siendo el transcurso del tiempo factor predominante para que opere esta excepción.


En el Auto Supremo 120-P de 20 de marzo de 2006, entre otros, definió que la Prescripción de la Acción Penal es una figura liberadora, en mérito de la cual, por el transcurso del tiempo se extingue la acción o cesa el derecho del Estado a imponer una sanción; toda vez, que este instituto se halla ligado con el derecho que tiene todo imputado de conocer su situación jurídica, por lo que ni el sindicado tiene el deber de esperar indefinidamente que el Estado prosiga con el trámite de la causa hasta su conclusión, ni la sociedad puede esperar indefinidamente la resolución que disponga la autoría o absolución de los imputados, lo que genera incertidumbre en la sociedad, siempre y cuando se cumplan los requisitos previstos en el art. 29 del CPP.


En relación al instituto jurídico de la prescripción, el ordenamiento jurídico nacional a través de la Sentencia Constitucional 0023/2007-R de 16 de enero, señaló: “De acuerdo a la doctrina, la prescripción se traduce en los efectos que produce el transcurso del tiempo sobre el ejercicio de una determinada facultad.


Esta definición, aplicada al ámbito penal, significa la expresa renuncia por parte del Estado del derecho a juzgar debido al tiempo transcurrido.


Conforme a ello, es el propio Estado el que, a través de la norma penal (procesal o sustantiva, según las legislaciones), establece los límites de tiempo en que puede ejercer la persecución penal. La actividad represiva del Estado no puede ser ejercida de manera indefinida, ya que al hacerlo se quebrantaría el equilibrio que debe existir entre la función de defensa de la sociedad y la protección de derechos y garantías individuales.


Tradicionalmente se ha fundamentado la prescripción en diferentes razones, unas de tipo subjetivo, vinculadas a los cambios que el tiempo opera en la personalidad del delincuente, que determinan la desaparición de su peligrosidad para la sociedad; otras consideradas objetivas y de utilidad social, que señalan que con el transcurso del tiempo desaparece la alarma social y no existe necesidad de prevención general; aquellas de orden procesal que sostienen que existen dificultades en la recolección de elementos probatorios para determinar la culpabilidad o inocencia del presunto autor. También se han aducido razones de política criminal, en sentido que el castigo impuesto mucho tiempo después de la comisión del hecho no alcanza los fines de la pena (prevención especial y prevención general, positiva y negativa), careciendo, en consecuencia, su imposición de razón de ser; así como razones jurídicas, que inciden en la necesidad de eliminar la incertidumbre en las relaciones jurídicas y la desaparición de la intranquilidad causada por el delito.


Si bien los anteriores fundamentos son válidos, actualmente la prescripción debe fundamentarse desde la Constitución, en la medida en que este instituto está íntimamente vinculado con los principios, valores, derechos y garantías constitucionales, fundamentalmente la garantía del debido proceso, la prohibición de indefensión y el derecho a la seguridad jurídica.


Así, respecto al derecho a la defensa, es innegable que si pese al tiempo transcurrido, la acción penal se dirigiera contra el supuesto culpable, llegando inclusive a imponerse una pena, se produciría una grave indefensión, pues los medios de defensa de los que podría servirse el imputado, o ya no existirían o se encontrarían debilitados, corriéndose el riesgo de condenar a un inocente por el tiempo transcurrido. En síntesis, el transcurso del tiempo incrementa el riesgo del error judicial, por encontrarse debilitadas las pruebas de la defensa. A su vez, el derecho a la defensa se encuentra conectado con la seguridad jurídica, derecho que se garantiza al evitar que se celebren procesos que no gozan de las mínimas garantías que permitan obtener una sentencia justa y que ocasionarían lesión a la garantía del debido proceso.”


Por su parte, el art. 29 del CPP, señala que la acción penal prescribe: 1) En ocho años, para los delitos que tengan señalada una pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea de seis o más de seis años; 2) En cinco años, para los que tengan señaladas penas privativas de libertad cuyo máximo legal sea menor de seis y mayor de dos años; 3) En tres años, para los demás delitos sancionados con penas privativas de libertad; y, 4) En dos años para los delitos sancionados con penas no privativas de libertad.


Conforme el art. 31 del CPP el término de la prescripción, sólo se interrumpirá por la declaratoria de rebeldía del imputado, momento desde el cual el plazo se computará nuevamente.

Por otro lado, se establece que sólo se suspenderá en los siguientes casos previstos por el art. 32 del CPP:


“1) Cuando se haya resuelto la suspensión de la persecución penal y esté vigente el periodo de prueba correspondiente;        

       

2) Mientras esté pendiente la presentación del fallo que resuelva las cuestiones prejudiciales planteadas;


3) Durante la tramitación de cualquier forma de antejuicio o de la conformidad de un gobierno extranjero de la que dependa el inicio del proceso; y,


4) En los delitos que causen alteración del orden constitucional e impidan el ejercicio regular de la competencia de las autoridades legalmente constituidas, mientras dure ese estado”.


III.3. Análisis de las excepciones opuestas.


Una vez realizadas las consideraciones doctrinales, jurisprudenciales y        normativas precedentes, corresponde ingresar al análisis de la solicitud de        extinción de la acción penal por prescripción planteada por el procesado Daniel Alberto Parraga Serrudo.


III.3.1. En cuanto a la excepción de prescripción por los delitos de Estafa y Estelionato.


La excepción de prescripción es opuesta al amparo de los arts. 27 inc. 8) y 29 inc. 2) del CPP, considerando que no serían concurrentes las causales de suspensión del término de la prescripción establecidos en los arts. 31 y 32 del CPP, por haber transcurrido alrededor de 5 años, sin que se haya concluido el proceso penal en todas sus etapas y conforme a los arts. 308 inc. 4) y 314 del CPP.


La cuestión central que argumenta el excepcionista, está relacionada precisamente con el cómputo del transcurso del tiempo, para establecer la procedencia de la prescripción, considerando que la misma sería computable tomando en cuenta los tres documentos privados de promesa y opción de venta de fecha 21 de febrero de 2013 y de fecha 1 de marzo de 2013, a lo que también hace alusión al documento de demanda de usucapión de fecha 18 e marzo de 2013, refiriendo que aplicando la sumatoria de los términos habrían transcurrido 5 años, 1 mes y 21 días, 5 años 1 mes y 10 días y/o 5 años 24 días, que aplicando el cómputo a cualquiera de los hechos que el Tribunal de Sentencia ha dado por probados al momento de emitir la Sentencia, se habría superado el máximo del término de la prescripción de los delitos acusados, invocando las Sentencias Constitucionales 600/2011-R de 3 de mayo y 0283/2013 de 13 de marzo.


Para comprobar los fundamentos de la excepción, se presenta por parte del impetrante documental consistente en: 1. Documento de promesa y opción de venta de Inmueble de 21 de febrero de 2013, 2. Documento de promesa y opción de venta de Inmueble de 1 de marzo de 2013, 3. Documento de promesa y opción de venta de Inmueble de 1 de marzo de 2013, 4. Demanda de Usucapión Decenal y Extraordinaria de 18 de marzo de 2013, 5. Resolución de Imputación Formal, 6. Acusación Formal, 7. Acusación Particular, 8. Sentencia 22/2017, 9. Auto de Vista Nº 89/2018, 10. Certificado de Antecedentes Penales, 11. Certificación expedida por el Juzgado de Instrucción Penal Nº 1, 12. Certificación expedida por la Sala Penal 1º del Tribuna Departamental de Justica de Chuquisaca, 13. Auto Supremo 555/2016 de 15 de julio, 14. Sentencia Constitucional 1061/2015-S2 de 26 de octubre, 15. Auto 284/015 de 14 de julio (apelación incidental); y, 16. Copias de libro de análisis doctrinal de Verónica Zapata y Franklin Poca Huaynoca, donde se cita la Sentencia Constitucional 0600/2011.-R de 3 de mayo.


Considerando que el excepcionista ha mencionado tres momentos diferentes en tiempo y espacio (21 de febrero de 2013, 1 de marzo de 2013 y 18 de marzo de 2013), corresponde a este Tribunal, a los fines de poder establecer el cómputo correcto para la verificación del cumplimiento del término de la prescripción, delimitar el punto de partida que representará la fecha de inicio para realizar la operación prevista por el art. 30 del CPP, en base también a los señalado por el Tribunal de Sentencia en la Sentencia emitida. Siendo así de la compulsa de los antecedentes, se sostiene que independientemente de la Estafa se habría cometido también Estelionato, al haberse establecido que a sabiendas que el imputado-excepcionista conocía de que María del Rosario Santelices Curcuy, no era propietaria del inmueble, procedió a labrar documentos de disposición patrimonial, con el afán de procurarse lucro propio y ajeno en desmedro de las víctimas, quienes procedieron a otorgar su desplazamiento patrimonial ante el engaño tramado por ambos imputados, argumentos que han sido plasmados en la Sentencia. Es así que dicho aquello, considerando que el documento mediante el cual se demanda la supuesta usucapión ha sido otro medio del cual se valieron los imputados para poder generar el ardid de sus actos, a los fines de poder establecer el inicio del cómputo de la prescripción, se considerará la fecha 18 de marzo de 2013, establecida para el memorial de presentación de la demanda de usucapión, para en base a ello resolver la excepción.


Entonces, desde esa perspectiva, remitiéndonos al art. 29 del CPP y tomando en cuenta la sanción establecida para los delitos de Estafa y Estelionato, que no superan los 5 años de privación de libertad, el término de la prescripción sería el establecido en el numeral 2 del citado art. 29 del CPP, el cuál ha establecido la prescripción de 5 años, para ese grupo de delitos, correspondiendo en consecuencia iniciar el cómputo de los 5 años de prescripción desde fecha 18 de marzo de 2013, que hasta la presentación de la excepción de extinción por prescripción que data de fecha 12 de abril de 2018, se tienen transcurridos 5 años y 24 días.


Como primer aspecto, se indica que la jurisprudencia constitucional contenida en la Sentencia Constitucional 0190/2007-R de 26 de marzo, ha establecido los lineamientos generales sobre la prescripción de la acción penal; ratificando la Sentencia Constitucional 0023/2007-R de 16 de enero citado en el apartado III.2 de la presente resolución, señalando entre otros fundamentos que: “…Si bien los anteriores fundamentos son válidos, actualmente la prescripción debe fundamentarse desde la Constitución, en la medida en que este instituto está íntimamente vinculado con los principios, valores, derechos y garantías constitucionales, fundamentalmente la garantía del debido proceso, la prohibición de indefensión y el derecho a la seguridad jurídica…” .


Entonces el excepcionista para plantear la prescripción de la acción penal debe necesariamente ser fundamentada <j desde una perspectiva constitucional, lo que significa que se debe hacer la relación de la prescripción con el debido proceso, explicando y señalando las garantías jurisdiccionales y constitucionales que considera el excepcionista han sido vulneradas por el transcurso del tiempo. Que, de la revisión de los fundamentos del memorial de prescripción, en ninguna parte se ha establecido por el excepcionista argumento alguno respecto a la afectación de cualesquiera de los elementos que componen el debido proceso y su relación agraviante con el instituto de la prescripción, no bastando simplemente hacer una relación del cumplimiento de los presupuestos procesales, considerando que uno de los fundamentos de la prescripción es la expresa, renuncia por parte del Estado del derecho a juzgar debido al tiempo transcurrido, tal como también lo ha señalado la Sentencia Constitucional 600/2011-R de 3 de mayo, citada por el propio excepcionista.


Durante la exposición de motivos que hace el excepcionista, éste se limita en señalar únicamente el simple transcurso del tiempo y la no concurrencia de los presupuestos de suspensión interrupción del término de la prescripción previstos por los arts. 30 y 32 del CPP, fundando su argumento central en la no declaratoria de rebeldía; empero, no fundamenta desde la perspectiva constitucional conforme lo ha señalado la jurisprudencia constitucional glosada en el presente Auto Supremo, cuya observancia debió ser aplicada por el excepcionista al momento de fundamentar los agravios que le causa el transcurso del tiempo en el juzgamiento del proceso de autos, lo que conlleva a deducir la falta de fundamentación y motivación de la excepción para poder identificar un legítimo agravio, que haya afectado intereses de índole constitucional de parte del excepcionista, que se constituye en la carga procesal impuesta al aquel que pretenda fundar una prescripción, en lo márgenes previstos por el art. 413 par. I del CPP y de acuerdo a lo sentado en el Auto Supremo 120-P de 20 de marzo de 2006.


Asimismo, corresponde en este punto, conforme a lo motivado y fundamentado en los argumentos de referencia, para que sea resuelta dicha excepción, no sólo por ser el órgano que tiene competencia por ley para hacerlo, dicha labor se realizará en virtud a todos los antecedentes y elementos de convicción que tiene a su disposición el juzgador, facultándole determinar con precisión cuáles los hechos y actos dilatorios, atribuyéndoles la responsabilidad emergente de cada quien, para asumir la decisión que corresponda, por lo que también es una carga para el excepcionista poder establecer y demostrar con precisión y claridad si el proceso penal se ha tramitado en términos de normalidad, para así poder determinar si el transcurso del tiempo ha sido a consecuencia del actuar propio del imputado por su actitud meramente dilatoria, por la negligencia del Ministerio Público o por la impericia del Órgano Judicial y dar a entender si la actividad procesal refleja o no la demora judicial que ha motivado el transcurso del tiempo, susceptible de extinción, caso contrario, de no establecer también- estos extremos no es posible emitir un juicio de valor imparcial respecto a la procedencia de la extinción de la acción penal por prescripción; que la no haber el excepcionista planteado la prescripción de la acción penal conforme estos entendimientos, es factible declarar por infundada la prescripción de la acción penal interpuesta.



Consiguientemente, como segundo aspecto, no solo la excepción debe estar fundada en consonancia con lo señalado precedentemente, sino también en acreditarse el transcurso del tiempo y su adecuado cómputo; para cuyo fin, como en todo plazo procesal, el art. 130 del CPP ha establecido la suspensión de los plazos procesales, que entre otras causas ha señalado la suspensión durante las vacaciones judiciales; aspecto que, evidentemente influye en el correcto cómputo a los fines de establecer el transcurso del tiempo dentro los alcances de la prescripción.


Es así que, si se establece que el inicio del cómputo de la prescripción iniciaría desde fecha 18 de marzo de 2018, que a la fecha de presentación de la excepción que data de 12 de abril de 2018, habrían transcurrido 5 años y 24 días; empero, a esta sumatoria en aplicación del art. 130 del CPP, se debe substraer la sumatoria de las vacaciones judiciales que originaron la suspensión de los plazos procesales, debiéndose remitir a lo establecido por el art. 9 de la Ley Nº 586 que modifica el art. 126 de la Ley Nº 025, el cual ha establecido vacaciones judiciales de 25 días calendario; motivo por el cual si se hace la operación matemática, multiplicando los indicados 25 días de vacaciones por 5 años calendarios, se tiene un total de 125 días, que implicaron suspensión de plazos procesales, por lo que el cómputo correcto del término de la prescripción equivaldría a un tiempo transcurrido de 4 años, 8 meses y 5 días y haciendo una relación con el cómputo señalado por el art. 29 inc. 2) del CPP del CPP, el tiempo de los 5 años para que opere la prescripción, aún no ha sido cumplido, lo que deviene en declarar por infundada la excepción de prescripción interpuesta por Daniel Alberto Parraga Serrudo.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en los arts. 44 in fine y 315 del CPP, RESUELVE:


Declarar INFUNDADA la excepción de extinción de la acción penal por prescripción; opuesta por el procesado Daniel Alberto Parraga Serrudo, con costas, conforme a lo dispuesto por el art. 268 del CPP y con los efectos previstos por el art. 315.III del CPP.


En cumplimiento de la Sentencia Constitucional 1061/2015-S2 de 26 de octubre, se advierte a las partes que la presente Resolución no es recurrible.


Notifíquese a las partes con sujeción a las disposiciones previstas en el art. 163 del CPP.


Regístrese y hágase saber.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos