TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 351/2018-RRC

Sucre, 18 de mayo de 2018


Expediente            : Tarija 41/2017 

Parte Acusadora                    : Ministerio Público

Parte Imputada        Enrique Moreno y otra

Delitos        Estafa y otra 

Magistrado Relator        : Dr. Olvis Eguez Oliva



RESULTANDO


Por memorial presentado el 30 de agosto de 2017, cursante de fs. 372 a 375, Enrique Moreno y Lucila Elena Moreno Gonzales, interponen recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 21/2017 19 de julio, de fs. 366 a 360, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Víctor Pary Calizaya contra los recurrentes, por la presunta comisión de los delitos de Estafa y Estelionato, previstos y sancionados por los arts. 335 y 337 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


I.1.  Antecedentes.


a)          Por Sentencia 7/2012 de 27 de junio (fs. 293), el Tribunal Segundo del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, declaró a Enrique Moreno autor y culpable del delito de Estafa y autor en grado de Complicidad del delito de Estelionato y a Lucila Elena Moreno Gonzales autora de los delitos de Estafa y Estelionato, previstos y sancionados en los arts. 335, 337 con relación al 23 del CP, imponiendo la pena de cuatro año y tres meses de reclusión, con costas a favor del Estado y el resarcimiento del daño civil a favor de las víctimas, más multa de cien días a razón de Bs. 3.- (tres bolivianos).


b)         Contra la mencionada Sentencia, los imputados (fs. 342 a 347) interpusieron recurso de apelación restringida, resuelto por Auto de Vista 21/2017 de 19 de julio, dictado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, que declaró sin lugar el recurso interpuesto y confirmó, en todas sus partes la Sentencia recurrida.


I.1.1. Motivo del recurso de casación.


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 875/2017 de 3 de noviembre, se extraen los siguientes motivos a ser analizado en la presente Resolución, conforme al mandato establecido por los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), se extraen los siguientes motivos:


1)    Los recurrentes sostienen que, con relación a la denuncia de inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva art. 370 inc. 1) del CPP, los Jueces del Tribunal de apelación se limitaron a afirmar que la apelación interpuesta no señala el razonamiento errado, situación que no es evidente, debido a que de manera clara mencionaron que los elementos probatorios no evidencian el cumplimiento de los tipos penales de Estafa y Estelionato. Asimismo, en el Auto de Vista recurrido, con relación a la inexistencia del tipo penal de Estelionato, no fue fundamentado, avocándose únicamente al delito de Estafa; es decir, omitieron un fundamento de apelación; en consecuencia, su apelación no resuelve los agravios impetrados en revisión.


2)    Con relación al defecto previsto en el art. 370 inc. 4), elementos probatorios incorporados en violación a las normas procedimentales, los miembros del Tribunal de apelación, omitieron los fundamentos de apelación, cambiándolos, haciendo constar que sólo hubieran apelado respecto a las normas básicas de proposición y designación de perito; sin embargo, se apeló que el supuesto “Perito”, sería en realidad un “testigo”, al haber elaborado un informe a pedido de parte, lo que provocó se contamine e invalide su declaración. También se apeló el hecho de que el supuesto “perito” no fue propuesto ni designado conforme a ley por el Fiscal en la etapa preparatoria o por el Juez o Tribunal en la etapa del proceso, fijando los puntos de pericia y el plazo de dictámenes, corriendo en traslado a la parte contraria, dichos puntos de pericia para la posibilidad de objetarla; además, con la declaración del supuesto perito, se introdujo la prueba MP11, consistente en un avalúo pericial del inmueble, documento introducido arrastrando un vicio de nulidad; por cuanto, no cumple con los requisitos que existe el art. 167 del CPP, por no obedecer a un requerimiento fiscal, sino que indica que obedece a un petición de Víctor Pari Calisaya, vulnerando la libertad probatoria, no correspondiendo su valoración judicial, por contravención a lo dispuesto en el art. 209 del CPP; en consecuencia, deviene en la falta de resolución de dicho agravio.


       Sostienen, que se apeló otro aspecto fundamental, referido a que el Tribunal de Sentencia valoró documentación impertinente, documentos que corresponden a otros datos de registro de inmuebles, distintos al documento contractual (MP1).


3)          Respecto al defecto previsto en el art. 370 inc. 5) del CPP, relativo a la fundamentación insuficiente y contradictoria y el previsto en el inc. 8) de la misma norma, sobre la contradicción en la parte dispositiva y la parte considerativa, en el Auto de vista recurrido, se consideró que no existió engaño a la víctima y que no fundamentaron (los imputados) propiamente la vulneración a los principios de la sana crítica, debido a que en la Sentencia inicialmente se afirmó que Víctor Pari Calisaya tenía conocimiento del plano de “AVIPROD”, el cual le fue mostrado antes de realizar el contrato (extremo afirmado por el testigo Iver Pari Calisaya); posteriormente, el Tribunal de Sentencia afirma que existió engaño al comprador para que suscribiera un documento sin tener conocimiento de la situación específica del inmueble enajenado.


4)          Con relación al art. 370 inc. 6) del CPP, referido al defecto de que la Sentencia se basa en hechos no acreditados y valoración defectuosa de la prueba, los miembros de la Sala de apelación, simplemente lo enuncian sin llegar a realizar análisis alguno al respecto, omitiendo considerar que la Sentencia se basó en valoración de documentación impertinente, en base a la cual falló, prejuzgándose su conducta. Al respectó, cuestiona la valoración de la MP1 y de la MP6.


5)          Respecto al art. 370 inc. 11) del CPP, referido a la inexistencia de congruencia entre la Sentencia y la acusación, no se realizó análisis alguno con referencia a la acusación fiscal y particular, no se tuvo en cuenta que la acusación fiscal afirma que en “DDUU” dependiente de la Alcaldía de Tarija, se constata que el inmueble objeto del juicio se encuentra en un área verde; y por lo tanto, sería de propiedad del Municipio; empero, omitieron pronunciarse sobre la Sentencia 07/2012 basada en documentación expedida por “DDUU”, la que considera impertinente, sobre la que afirma la existencia de un derecho propietario a favor de la Alcaldía, excediendo la competencia de una entidad que no acredita derecho propietario. Tampoco, se pronunciaron sobre la falta de seguridad jurídica, por carecer de prueba idónea expedida por autoridad competente, Derechos Reales, presentado por la defensa, que acredita el derecho propietario de Lucila Elena Moreno Gonzales.


           Adicionan que se analizaron temas no debatidos en juicio y ajenos a las pretensiones acusatorias, aludiendo al punto 4 del acápite IV de la Sentencia, afirmando que tampoco se consideró que en la apelación resaltaron que las dos acusaciones en ningún momento fundamentaron el derecho propietario de AVIPROD, que fue valorado en la Sentencia, ni al carácter litigioso del bien, sino a que el mismo pertenecería a otro propietario, la Alcaldía Municipal.


             Finalmente, a tiempo de solicitar se admita el recurso de casación por no resolver todos los agravios apelados, resalta que simplemente señalaron (los Jueces de apelación) uno que otro cuestionamiento, dejando de lado la lectura, análisis y fundamentación de la totalidad de los mismos, constituyendo una continuación de violación a los derechos y garantías fundamentales transgredidos por la Sentencia recurrida, como la seguridad jurídica, la legítima defensa en juicio, el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho de petición.

  

I.1.2. Petitorio.


Los recurrentes solicitan que la presente causa sea resuelta en el fondo absolviéndose de pena y culpa de los delitos de Estafa y Estelionato.


I.3. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 875/2017-RA de 3 de noviembre, (fs. 382 a 384 vta.), este Tribunal admitió el recurso de casación formulado por Enrique Moreno y Lucila Elena Moreno Gonzales, para el análisis de fondo ante la concurrencia de presupuestos de flexibilización.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


II.1.  De la Sentencia.


Por Sentencia 7/2012 de 27 de junio, el Tribunal Segundo del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, falló declarando a Enrique Moreno autor y culpable del delito de Estafa y autor en grado de Complicidad del delito de Estelionato y a Lucila Elena Moreno Gonzales, autora de los delitos de Estafa y Estelionato, previstos y sancionados en los arts. 335, 337 con relación al 23 del CP, imponiendo la pena de cuatro año y tres meses de reclusión, con costas a favor del Estado y el resarcimiento del daño civil a favor de las víctimas, más multa de cien días en  razón de Bs. 3.- (tres bolivianos), en base a los siguientes argumentos:


Como hechos generadores del proceso penal, se tiene que en fecha 3 de octubre de 2008 la víctima Víctor Pary Calizaya, adquirió mediante documento de compra venta un bien inmueble de Enrique Moreno y Lucila Elena Moreno Gonzáles ubicado por la zona las barrancas por el precio de 7 mil dólares americanos, pero el terreno resultó no ser de su propiedad del vendedor debido al informe de la Dirección de Desarrollo Urbano de la Alcaldía se encontraría ubicado en un área verde, por lo que sería de dominio municipal, corriendo riesgo de ser demolido las construcciones realizadas por la víctima. Refiere también, la acusación particular que dicha situación era de pleno conocimiento de los vendedores; ya que, los mismos cedieron para área verde a momento de aprobarse dicho plano, valiéndose de engaños y artificios, para la realización de la referida venta. 


El Tribunal Segundo de Sentencia de Tarija, por unanimidad llegó al convencimiento que Lucila Elena Moreno Gonzáles con participación de su hijo Enrique Moreno, ha vendido un lote de terreno ubicado en la zona las barracas a Víctor Pary Calizaya; no obstante, no ser de su propiedad; ya que, según los informes técnicos pertenecerían al Municipio de Tarija, que según las pruebas producidas en juicio se tiene que existe un conflicto irresuelto entre la familia Moreno y la Alcaldía, encontrándose registrado en derechos reales el registro de propiedad a nombre del Municipio y no a nombre de los imputados; sin embargo, constando un registro como heredera conjuntamente con sus hermanos que hubiera sido declarado nula judicialmente, induciendo en error a la víctima para que desplace su patrimonio a favor de ambos acusados, inclusive motivando que realice inversiones en el mismo. Llegando a la conclusión que la conducta de los acusados se subsume a los tipos penales de Estafa y Estelionato, previsto en los arts. 335 y 337 del CP, condenando a Enrique Moreno como autor del delito de Estafa, previsto y sancionado en el art. 335 del CP y cómplice del delito de Estelionato tipificado en el art. 337 con relación al art. 23 del CP y a Lucila Elena Moreno Gonzáles autora de los delitos de Estafa y Estelionato previstos y sancionados en los arts. 335 y 337 del CP, imponiendo a ambos a la pena de cuatro años y tres meses de reclusión y resarcir el daño civil causado a la víctima, más multa de cien días a razón de Bs. 3.- (tres bolivianos) por día.

 

II.2.  De la apelación restringida.


Contra la mencionada Sentencia, los imputados interpusieron recurso de apelación restringida, resuelto por Auto de Vista 21/2017 de 19 de julio, dictado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, que declaró sin lugar el recurso interpuesto y confirmó, en todas sus parte la Sentencia recurrida, como a continuación se detalla:


I.-        Denunció la inobservancia o errónea aplicación a la ley sustantiva [inc. 1) del art. 370 del CPP], en la cual refirió los siguientes aspectos:


  1. Los elementos probatorios no evidencian que se cumplan los elementos de los tipos penales de Estafa y Estelionato.


  1. Con referencia al delito de Estafa sostuvo que no puede deducirse la existencia de engaños o artificios que provoquen error, debido a que Víctor Pari tenía conocimiento del terreno y las condiciones técnicas de reordenamiento extremo corroborado por el testigo Iver Pari.


  1. No se acreditó el derecho propietario de la H.A.M. de Tarija, valorando informes parcializados de la oficina de Desarrollo Territorial y declaraciones testificales de funcionarios municipales.


  1. Consecuentemente, a momento de contratar y posteriormente el derecho de la imputada es reconocido por DDRR de acuerdo al art. 1538 del Código Civil (CC) y art. 1 de ley de DDRR siendo oponible a terceros.


  1. Que contraviene el principio de legalidad la falta de precisión de los hechos respecto al acusado Enrique Moreno, significando el incumplimiento de la subsunción del hecho a los tipos penales de Estafa y Estelionato; ya que, no realizan una adecuada fundamentación; en consecuencia, insuficiente fundamentación y valoración defectuosa de la prueba art. 370 incs. 1), 5) y 6) del CPP.


II.- Refirió la incorporación de elementos probatorios en violación a las normas procedimentales art. 370 inc. 4) del CPP, en base a los siguientes aspectos:


  1. Constituyendo un vicio procesal se recepcionó la declaración del perito Edwin Loayza quien elaboró avalúo pericial de inmueble (MP 11) elaborado a petición personal de Víctor Pari, incumpliendo las normas de designación de perito, conforme el art. 209 del CPP.


  1. Resalta que dicho perito fue ofrecido para introducir la prueba: MP11 avalúo pericial de inmueble, encontrándose viciado de nulidad conforme establece el art. 169 inc. 3) del CPP, sin cumplir las formalidades del art. 209 del CPP.


  1. El Tribunal valoró documentos carentes de fe probatoria e impertinentes y se refieren a otros datos de registro distintos al referido documento contractual MP-1.


III.-        Alegó defecto de Sentencia los incs. 5) y 8) del art. 370 del CPP, referentes a la insuficiente fundamentación y la contradicción entre la parte dispositiva y la parte considerativa, en base a los siguientes aspectos:


  1. Se contradice la Sentencia dictada debido a que afirma que Víctor Pari, tenía conocimiento del plano de AVIPROD, el cual le fue mostrado antes de realizar el contrato, con la afirmación del mismo Tribunal, al expresar que se hubiera engañado al comprador para que suscribiera un documento sin tener conocimiento del inmueble enajenado.


  1. Que el art. 124 del CPP, establece la exigencia de la debida fundamentación y el Auto Supremo 724/2004 de 26 de noviembre, como también las Sentencias Constitucionales 82/2012-R, 418/2000-R, 1276/2001-R y 119/2003-R entre otras, fundamentación que debe ser clara entre la parte considerativa y la resolutiva.


IV.- Acusó que la Sentencia se basó en hechos no acreditados y en la valoración defectuosa de la prueba art. 370 inc. 6) del CPP, en base a las siguientes argumentaciones:


  1. Se otorga credibilidad a documentos impertinentes prejuzgando a los acusados.


  1. Refiere que en audiencia conclusiva no se excluyó los elementos probatorios objetados por lo que fueron objeto de apelación restringida.


  1. Señala que la prueba MP-1 no contaba con reconocimiento de firmas al ser ensobrado, contraviniendo la libertad probatoria, constituyendo vicio conforme el art. 169 inc. 3) del CPP, así lo dispone la Sentencia Constitucional 1616/2011-R de 11 de octubre.


  1. Referente a la prueba MP-6 documentación de registro de DDRR, sería impertinente; ya que, indica otros antecedentes domínales de propiedad de Lucila Moreno Gonzáles y al ser valorado por el Tribunal de mérito viola los principios básicos de libertad probatoria constituyendo también vicio conforme el art. 169 inc. 3) del CPP.


  1. Referente a la prueba documental MP-9, consistente en la certificación del municipio, la exclusión probatoria se basó en que se trataría de una certificación unilateral.


V.-        Invocó el defecto de Sentencia previsto en el art. 370 inc. 11) del CPP, relativo a que no existe congruencia entre la Sentencia y la acusación, bajo las siguientes argumentaciones:


  1. En acusación fiscal se sostuvo y fundamentó que por los registro del municipio de Tarija el inmueble objeto del juicio se encuentra en área verde y sería de  propiedad del municipio.


  1. La acusación particular menciona que Lucila Moreno, conocía que el bien no era de su propiedad, al haber cedido como área verde al municipio y que el municipio sería el propietario.


  1. Ambos extremos contradicen el fundamento de la Sentencia.


  1. La Sentencia  se fundamenta en base a documentación no idónea para definir derecho propietario, debido a que DDHH no puede afirmar derecho del municipio situación que vulnera el art. 122 del CPE.


  1. La Sentencia fuese contradictoria por dejar de valorar los elementos probatorios de DDRR de la defensa que acreditarían la propiedad de la imputada.


  1. Refiere que en el acápite IV valoración de la prueba señala que “la acusada procedió a vender un terreno que no le pertenecía y que tiene la calidad de litigioso por dos motivos, primero porque se encuentra en la urbanización AVIPROD, se entiende que tiene extensiones pendientes de resolver entre la familia Moreno y el Municipio”.


  1. Que ninguna de las acusaciones fundamentaron el derecho propietario de AVIPROD que fue valorado en Sentencia, tampoco los acusadores refirieron el carácter litigioso del bien sino que pertenecería al municipio.


  1. El carácter litigioso sobre el inmueble no fue demostrado con prueba idónea pero en Sentencia valoró prueba testifical a falta de la documental. Asimismo, refiere que el Tribunal de mérito no aplicaron correctamente las normas para la deliberación y votación debido a que se tendría que valorar de manera integral conforme a las reglas de la sana crítica.


II.3.  Del Auto de Vista impugnado.


La apelación restringida expuesta precedentemente, fue resuelta por el Auto de Vista impugnado, emitido por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, que declaró Improcedente la apelación formulada, confirmando la Sentencia apelada, en base a los siguientes argumentos:


  1. De la lectura del memorial de apelación restringida, tenemos que los recurrentes, en su primer punto denuncia como agravio que el Tribunal de Sentencia ha dictado una Sentencia que incurre en el defecto previsto en el art. 370 inc. 1) en su componente inobservancia y errónea aplicación de la ley sustantiva, refiriendo en resumen que los elementos probatorios no evidencian que se cumplan los elementos de los tipos penales de Estafa y Estelionato; que también, no pueden deducirse la existencia de engaños o artificios que provoquen o fortalezcan a error, debido a que supuestamente la víctima conocía el estado del terreno, objeto del presente proceso, también hace referencia que no se ha demostrado el derecho propietario de la Alcaldía municipal, que se habrían valorado informes parcializados; asimismo, indica que uno de los recurrentes (Lucila Moreno) habría acreditado derecho propietario y también indica que se contraviene con el principio de legalidad respecto a uno de los recurrentes (Enrique Moreno); ya que, este solo habría dado visto bueno para la venta.


Menciona el Tribunal de alzada que la denuncia de errónea aplicación de la ley sustantiva, aparentemente este motivo sería emergente de otros defectos de la Sentencia, como el de defectuosa valoración de la prueba; empero, se trata de un defecto totalmente independiente, de ahí que este defecto in iudicando es preciso y no puede ser confundido con aquel referido a la defectuosa valoración de la prueba, por el contrario se encuadra en lo que se denomina la teoría general del delito. De ahí que el objeto de la denuncia de la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, es precisamente la crítica al razonamiento desarrollado por el juzgador en el momento de la subsunción del hecho que se juzga en el tipo penal; en consecuencia, quien recurre por ese motivo debe señalar de manera concreta el razonamiento que considera errado.


Continua refiriendo que el recurrente también ha denunciado defectuosa valoración de la prueba; consecuentemente, no puede cuestionar la errónea o defectuosa aplicación de la ley sustantiva, porque no está consintiendo ni aceptando los elementos probatorios extraído por el Tribunal de mérito. Bajo estas premisas la denuncia formulada sobre errónea aplicación de la ley sustantiva, carecen de asidero legal por lo que devienen en infundadas.

  

  1. Como segundo agravio denunció defecto establecido en el inc. 4) del art. 370 del CPP, referente a que la Sentencia se basó en elementos probatorios incorporados en violación a normas procedimentales. Los recurrentes alegan que se incorporó a juicio las pruebas documentales (MP11 y MP1), constituyendo vicio procedimental. En el caso de la prueba MP-11, indica que se recepcionó la declaración de un perito, que no se cumplieron las normas básicas de proposición y designación contraviniendo el art. 209 del CPP; asimismo, alude en el caso de la prueba MP-1, que se valoraron documentos que carecen de fe probatoria, que son impertinentes y que dichos documentos tienen vicios insubsanables.


Al respecto, refirió el Tribunal de alzada que de la revisión inextensa del acta de juicio oral que la defensa de los recurrentes sobre prueba signada como MP-1, ni siquiera se han pronunciado en juicio, pretender o señalar como un defecto que hubiera incurrido el Tribunal esta fuera de lógica, además señalar que en audiencia conclusiva de 23 de agosto de 2011, la defensa de los recurrentes no ha observado ni siquiera planteado incidente de exclusión probatoria con relación a esta prueba, argumentando que es un documento privado simple que no estaría acompañada de reconocimiento de firmas que es lo que corresponde y que correspondería su exclusión por que no estaría ofrecida; sin embargo, de la lectura del memorial de acusación de 9 de mayo de 2011, se evidencia de manera clara en el punto VII que el Ministerio Público signada con la MP-1, ofreció un documento privado de compra venta de un lote de terreno con reconocimiento de firmas, por lo que no es evidente lo manifestado por los recurrentes.


Con relación a la MP-11, los recurrentes según el acta de registro de juicio oral no han observado y ni siquiera planteado incidente, arguyendo la defensa de los acusados que se observa la misma, indicando que no existe designación de perito ni la notificación en sus defendidos con el indicado informe; sin embargo, se tiene que con respecto a esa documental ya en audiencia conclusiva de 23 de agosto de 2011, celebrada ante el Juez cautelar tercero de Tarija, los recurrentes no hicieron ninguna oposición si se pronunciaron al respecto sobre esta documental; sin embargo, la defensa de los recurrente en ocasión del juicio oral intentan excluir dicha documental cuando no fue objeto de pronunciamiento por ninguna de las partes en audiencia conclusiva.


También refiere que el recurrente en la exposición de los motivos del agravio denunciado, refiere de manera general que se ha incorporado a juicio prueba documental sin que sean sometidas a reglas del acusatorio, excluyendo el contradictorio; sin embargo, no fundamenta de manera clara de qué manera cada uno de los elementos probatorios que refiere y ahora pretende confundir al Tribunal de alzada refiriendo que esta situación aconteció en relación a estas pruebas, cuando del acta de juicio MP1 y acta de registro de audiencia conclusiva MP11, se tiene que la defensa de los acusados no opusieron objeción alguna en la introducción y judicialización de dichas documentales, por lo que concluyó que dicho agravio no se encuentra debidamente fundamentado, declarándolo infundado.

 

  1. Como tercer agravio denuncia que concurre el defecto de Sentencia establecido en el art. 370 inc. 5) del CPP; es decir, que la fundamentación de la Sentencia es insuficiente y contradictoria, indicando los recurrentes que sería contradictoria por que la víctima conocía del estado especifico del inmueble y que el Tribunal contradictoriamente afirmó que existiría engaño.


Al respecto, el Tribunal de alzada expresó que revisada minuciosamente la Sentencia, se puede extraer que el Tribunal a quo ha emitido una Sentencia acorde a los requisitos establecidos en el art. 360 del CPP; por otro lado, si bien es cierto la víctima refiere que se le mostró un plano que a raíz de esta situación los acusados se aseguraron de que la víctima no desconfiase de nada, engañándolo de esta manera, tampoco es menos cierto que nunca se le dijo a la víctima el estado actual del terreno, lo cual se llega a conclusión de que los acusados ocultaron la situación actual del terreno con pleno conocimiento.


En cuanto a que la fundamentación es insuficiente y contradictoria, de la lectura integra dicha Sentencia cuenta con la debida fundamentación,  entendimiento lo cual se adecua la Sentencia emitida por el Tribunal inferior.

Continúa refiriendo que dentro de este parámetro, los recurrentes invocan el inc. 8) del art. 370 del CPP, indicando que en la Sentencia existe contradicción en su parte dispositiva y considerativa, revisado la Sentencia el Tribunal de alzada ha podido verificar que no existe contradicción; ya que, de la lectura íntegra se ha establecido que el Tribunal ha aplicado correctamente la ley penal. Por lo que, se declara sin lugar este motivo.   


  1. Como cuarto agravio denuncia que concurre el defecto de Sentencia establecido en el art. 370 inc. 6) del CPP; es decir, que la Sentencia se basa en hechos no acreditados y en la valoración defectuosa de la prueba. En cuanto, a la prueba documental señala que ha sido valorada en forma defectuosa sobre pruebas impertinentes, no adjuntadas, unilaterales y certificaciones contraviniendo el principio de libertad probatoria. De manera general y en relación a todos los agravios el recurrente peticiona se declare con lugar su recurso de apelación restringida y se lo absuelva de culpa y pena.


Al respecto, señaló el Tribunal de alzada lo contenido en el Auto Supremo 11/2013 RRC, referente al control de la valoración de la prueba, sin ingresar a los hechos o la revalorización de la prueba.


Refiere que se debe considerarse que el art.408 del CPP, indica que ha momento de interponerse el recurso de apelación restringida, se citaran concretamente las disposiciones legales que se consideren violadas o erróneamente  aplicadas y se expresará cual es la aplicación que se pretende, deberá indicarse separadamente cada violación con sus fundamentos. Conforme los Autos Supremos 135/2013 de 20 de mayo y 467/2014 de 17 de septiembre.

Continua refiriendo que en el presente caso, si se analiza el recurso interpuesto por el recurrente, se tiene que el mismo no expresa, no fundamenta en que basa su agravio y cual sería a su entender la mala valoración dela prueba en la que hubiera incurrido el Tribunal inferior, equivocadamente el recurrente  solo se limitó a referir que a su entender se valoró prueba impertinente; sin embargo, como se ha manifestado no señala  cuáles de los principios de la sana crítica estima vulnerados.


En el presente caso, se ha determinado por la condena de los acusados, valorando en forma conjunta con toda la prueba producida, habiendo fundamentado en la resolución impugnada las razones fácticas y jurídicas que motivaron su decisión y que se encuentran contenidas en el punto IV VALORACION DE LA PRUEBA Y VOTOS DEL TRIBUNAL ACERCA DE LOS MOTIVOS DE HECHO Y DERECHO, punto 1, 2, 3, 4, 5; en cuanto, a la responsabilidad de los acusados contra Lucila Elena Moreno y Enrique Moreno, se tiene las pruebas MP1, MP2, MP6, MP7, MP9, MP 11 como así las pruebas signadas AC2, AC3, AC4, AC6, AC7, AC9, e13, las cuales de manera categórica corroboran la culpabilidad de los acusados,  razonamiento emitido por el Tribunal y de las cuales como se ha referido anteriormente, el recurrente no explica de qué manera a su entender este se ha apartado y quebrantado las reglas de la sana crítica.

En cuanto, a la denuncia de valoración defectuosa de la prueba documental, de igual manera el mismo no se encuentra debidamente fundamentado conforme lo anteriormente expuesto, siendo que el apelante nuevamente reitera que se trata de prueba documental que no ha sido ratificada en juicio, extremos que no corresponden a los fundamentos para denunciar una defectuosa valoración de la prueba, sino más bien al defecto previsto por el art. 370 inc. 4 del CPP,  argumentos que ya fueron tratados a momentos de resolverse el segundo agravio de la apelación. Por los fundamentos expuestos se declara sin lugar este agravio.


  1. Como quinto y último agravio, denunció que el Tribunal a quo ha dictado una Sentencia, donde no existe congruencia entre la Sentencia y la acusación, art. 370 inc. 11) del CPP.


El art. 408 del CPP, nos habla de los parámetros y requisitos que deben cumplir los recurrentes a momento de interponer dicho recurso de apelación restringida, siendo uno de ellos citar concretamente las disposiciones legales que se consideren violadas o erróneamente aplicadas, bajo ese parámetro de la lectura del memorial de apelación en cuanto al inc. 11) del art. 370 del CPP, se tiene que los recurrentes han mal interpretado y han hecho caso omiso de los requisitos; y en cuanto, al significado de congruencia de dicho numeral; ya que, de la fundamentación se hace mención a que la Sentencia es contradictoria, que hubo mala valoración de la prueba, extremos que ya fueron resueltos en sus respectivos numerales, por lo cual no corresponde emitir criterio alguno.


III. VERIFICACIÓN DE LA DENUNCIA DE VULNERACIÓN

DE DERECHOS Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES

Y DEBIDA FUNDAMENTACIÓN   


El recurso de casación interpuesto por Enrique Moreno y Lucila Elena Moreno Gonzáles, fue admitido debido a que se denunció la falta de una debida fundamentación e incongruencia omisiva al resolver las diferentes denuncias en apelación restringida, por lo que corresponde resolver la problemática planteada.


III.1. Marco legal y doctrinal.


III.1.1. Obligación de los Tribunales de impugnación de circunscribir sus pronunciamientos a las cuestiones planteadas.


Conforme dispone el art. 115.I de la Constitución Política (CPE), toda persona goza de protección oportuna y efectiva por parte del órgano jurisdiccional en todas sus esferas, labor que se debe impartir sustentada en principios constitucionales, entre los cuales se encuentra la seguridad jurídica establecida en el art. 178 de la CPE y las garantías jurisdiccionales como el debido proceso previsto en el parágrafo II del art. 115 de la Carta Magna, cuyo amplio espectro abarca a su vez derechos, principios y otras garantías constitucionales, como el derecho a la tutela judicial efectiva, del que deriva el derecho a recibir respuesta a todas las pretensiones planteadas, generando a su vez la obligación de toda autoridad que emita un fallo en etapa de impugnación, de circunscribir su pronunciamiento a las cuestiones planteadas por los recurrentes; concordando con la normativa constitucional citada precedentemente, el art. 398 del CPP establece que: “Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución”; a su turno, el art. 17.II) de la LOJ instituye que: “En grado de apelación, casación o nulidad, los tribunales deberán pronunciarse sólo sobre aquellos aspectos solicitados en los recursos interpuestos”, normativa que a pesar de ser restrictiva y/o limitativa para los órganos de impugnación; es también, imperativa cuando establece el ámbito de pronunciamiento de los Tribunales de impugnación; es decir, por un lado prohíbe emitir pronunciamiento más allá de lo solicitado; pero por otro, manda a pronunciarse sobre todos los aspectos cuestionados; consecuentemente, actuar en contrario, implica incurrir en el defecto absoluto descrito en el art. 169 inc. 3) del CPP, por infracción de la normativa citada anteriormente y vulneración al debido proceso, seguridad jurídica y acceso a la justicia, que implicaría incurrir en un vicio inconvalidable, conocido en la doctrina como incongruencia omisiva o fallo corto.


Al respecto, este Tribunal Supremo de Justicia, estableció amplia doctrina legal, como la contenida en el Auto Supremo 109/2012 de 10 de mayo, que precisó: “…las resoluciones judiciales, para ser válidas, deben encontrarse debidamente fundamentadas y motivadas, cumpliendo con los parámetros de especificidad, claridad, completitud, legitimidad y logicidad; respondiendo y emitiendo los criterios jurídicos sobre cada punto impugnado que se encuentre en el recurso de apelación restringida, lo contrario implica incurrir en el vicio conocido como incongruencia omisiva o fallo corto, que tiene como esencia la infracción por parte del Tribunal del deber de atendimiento y resolución de aquellas alegaciones que se hayan traído al proceso de manera oportuna, frustrando con ello el derecho de la parte a obtener una respuesta fundada en derecho sobre la cuestión formalmente planteada.”  (Las negrillas son nuestras).


Por otra parte, con la finalidad de establecer si toda denuncia por falta de pronunciamiento implica vicio de incongruencia omisiva, el Auto Supremo 297/2012-RRC de 20 de noviembre, desarrolló paramentos exigibles a ese fin, señalando: “…sin embargo, debe exigirse el cumplimiento de los siguientes requisitos para la concurrencia del fallo corto: i) Que la omisión denunciada se encuentre vinculada a aspectos de carácter jurídico y no a temas de hecho o argumentos simples; ii) Que las pretensiones ignoradas se hayan formulado claramente y en el momento procesal oportuno; iii) Que se traten de pretensiones en sentido propio y no de meras alegaciones que apoyan una pretensión; y, iv) Que la Resolución emitida no se haya pronunciado sobre problemáticas de derecho, en sus dos modalidades; la primera que la omisión esté referida a pretensiones jurídicas, y la segunda cuando del conjunto de los razonamientos contenidos en la Resolución judicial puede razonablemente deducirse no sólo que la autoridad jurisdiccional ha valorado la pretensión deducida, sino además los motivos que fundamentan la respuesta tácita.” (Las negrillas son nuestras). En el mismo sentido, pronunció doctrina legal aplicable el Auto Supremo 325/2012-RRC de 12 de diciembre de 2012, al precisar lo siguiente: “Asimismo, para estar frente ante una incongruencia omisiva es menester que concurran los siguientes presupuestos, a saber: a) La omisión esté vinculada a aspectos jurídicos; b) Las denuncias o pretensiones sean claras y oportunas; c) los agravios sean principales y no alegaciones secundarias; y, d) La ausencia de pronunciamiento sobre problemáticas de derecho, sean de naturaleza sustantiva o procesal”.


III.1.2.        Principio de la debida fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales.


Asimismo entre los componentes primordiales que rige el debido proceso como garantía constitucional de protección del Estado a la persona, se encuentra la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales, que a lo largo de la jurisprudencia han sido ampliamente desarrolladas; no obstante, resulta conveniente recalcar los parámetros de su entendimiento no sólo a los administradores de justicia, sino también a todo administrado. En ese sentido, La obligación de fundamentar las resoluciones también es aplicable a las resoluciones que resuelven apelaciones así la SC 0040/2007-R de 31 de enero, haciendo referencia a la SC 0577/2004-R de 15 de abril, indicó: Esta exigencia de fundamentar las decisiones, se torna aún más relevante cuando el Juez o Tribunal debe resolver en apelación la impugnación de las resoluciones pronunciadas por las autoridades de primera instancia; (…), es imprescindible que dichas Resoluciones sean suficientemente motivadas y expongan con claridad las razones y fundamentos legales que las sustentan y que permitan concluir, que la determinación sobre la existencia o inexistencia del agravio sufrido fue el resultado de una correcta y objetiva valoración de las pruebas, del mismo modo que se exige al apelante cumplir con la obligación de fundamentar los agravios; por cuanto, en la medida en que las resoluciones contengan, los fundamentos de hecho y de derecho, el demandado tendrá la certeza de que la decisión adoptada es justa; por lo que no le esta permito a un Juez o Tribunal, reemplazar la fundamentación por la relación de antecedentes, la mención de los requerimientos de las partes o hacer alusión de que el Juez de instancia obró conforme a derecho, (…); con mayor razón, si se tiene en cuenta que el contar con una Resolución debidamente fundamentada y motivada es un derecho fundamental de la persona y forma parte del debido proceso'.

Ahora bien, a efectos de ingresar al fondo de la problemática planteada se debe considerar las exigencias contenidas en la CPE y el CPP, la doctrina legal aplicable de este Tribunal ha establecido en los Autos Supremos 342 de 28 de agosto de 2006 y 207 de 28 de marzo de 2007 entre otros, determinados parámetros o exigencias mínimas en el contenido de la fundamentación o motivación de un fallo; es decir, que toda resolución debe ser: expresa, clara, completa, legítima y lógica. i) Expresa porque se debe señalar los fundamentos que sirvieron de soporte para sustentar su tesis, sin remisión a otros actos procesales; ii) Clara, en sentido que el pensamiento del juzgador debe ser aprehensible, comprensible y claro, no dejando lugar a dudas sobre las ideas que expresa el juzgador; iii) Completa, debiendo abarcar los hechos y el derecho; iv) Legítima, ya que debe basarse en pruebas legales y válidas. Para que exista legitimidad en la denuncia de valoración defectuosa de la prueba en la Sentencia, el Tribunal de alzada debe realizar el análisis de iter lógico por el que se evidencie la correcta o incorrecta valoración de la prueba efectuada por el Juez aquo; y, v) lógica, que es el requisito transversal que afecta a los otros requisitos; debiendo la motivación, en términos generales, ser coherente y debidamente derivada o deducida, pero utilizando las máximas de la experiencia, la psicología y las reglas de la sana crítica.

III.1.2.        Principios de congruencia y su aplicación en el sistema procesal penal vigente.


Entendido como la concordancia o correspondencia que debe existir entre la petición formulada por las partes y la decisión que sobre ella tome el Juez o Tribunal, fue definido por un sin número de autores, entre ellos (DEVIS ECHANDIA, Hernando, Teoría General del Proceso, Tomo I, Editorial Universidad, Buenos Aires, 1984, pág. 53), como: “el principio normativo que delimita el contenido de las resoluciones judiciales que deben proferirse, de acuerdo con el sentido y alcance de las peticiones formuladas por las partes (en lo civil, laboral, y contencioso-administrativo) o de los cargos o imputaciones penales formulados contra el sindicado o imputado, sea de oficio o por instancia del ministerio público o del denunciante o querellante (en el proceso penal), para el efecto de que exista identidad jurídica entre lo resuelto y las pretensiones o imputaciones y excepciones o defensas oportunamente aducidas, a menos que la ley otorgue facultades especiales para separarse de ellas”.


El principio de congruencia se configura en dos modalidades: a) La primera, conocida como congruencia interna, que obliga a expresar de forma coherente todos los argumentos considerativos entre sí y de éstos con la parte resolutiva, y; b) La segunda, conocida como congruencia externa,  relativa a la exigencia de correspondencia o armonía entre la pretensión u objeto del proceso y la decisión judicial. Este tipo de congruencia queda afectado en los siguientes supuestos: 1) La incongruencia omisiva o ex silentio, que se presenta cuando el órgano jurisdiccional omite contestar alguna de las pretensiones sometidas a su consideración por las partes2) La incongruencia por exceso o extra petita (petitum), se produce cuando el pronunciamiento judicial excede las peticiones realizadas por el recurrente, incluyendo temas no demandados o denunciados, impidiendo a las partes la posibilidad de efectuar las alegaciones pertinentes en defensa de sus intereses relacionados con lo decidido; y, 3) La incongruencia por error, que se da cuando en una sola resolución se incurre en las dos anteriores clases de incongruencia, entendiéndose por tanto, que el órgano judicial, por cualquier tipo de error sufrido, no resuelve sobre los motivos del recurso, sino que equivocadamente lo hace sobre aspectos totalmente ajenos a los planteados, dejando sin respuesta las pretensiones del recurrente.


La fundamentación y motivación de resoluciones implica el deber jurídico de explicar y justificar de forma lógica y con base en la Ley, las razones de la decisión asumida en apego al principio de congruencia, que es aquella exigencia legal que obliga a establecer una correlación total entre la pretensión de quien recurre y la decisión de la autoridad jurisdiccional; es decir, a la existencia de concordancia entre lo planteado por las partes y la decisión asumida por el Juez o Tribunal, pero además, exige la concordancia o coherencia entre los fundamentos de la Resolución y la parte resolutiva de la misma, caso contrario, la resolución podría incurrir en vicio de incongruencia que puede ser interna o externa.


III.2. Análisis del caso concreto.


En cuanto a los cinco motivos expuestos en el recurso de casación, en los que fundamentalmente cuestiona que el Auto de Vista recurrido, a tiempo de resolver los motivos de apelación restringida basados en la concurrencia de los defectos de sentencia previstos en el art. 370 incs. 1), 4), 5), 6) y 11) del CPP, emitió fundamentos que no se acomodan a los argumentos expuestos en dicho medio de impugnación, incurriendo en omisiones en la fundamentación y en el análisis de los puntos recurridos, incluso cambiando los argumentos de su apelación, encontrándose fundamentado sus agravios por cumplimiento de los criterios de flexibilización.

A efectos de ingresar al fondo de la problemática planteada referida a la existencia de la falta de fundamentación y el vicio de incongruencia omisiva, se debe previamente analizar los defectos de Sentencia denunciados por los recurrentes en su recurso de apelación restringida y luego si estos fueron obviados o indebidamente infundados en el Auto de Vista al momento de emitirlo, por lo que corresponde señalar los aspectos denunciados por los recurrentes los cuales son los siguientes:

  1. Como primer motivo los recurrentes sostienen que, con relación a la denuncia de inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva art. 370 inc. 1) del CPP, los Jueces del Tribunal de apelación, se limitaron a afirmar que la apelación interpuesta no señala el razonamiento errado, situación que no es evidente, debido a que de manera clara mencionaron que los elementos probatorios no evidencian el cumplimiento de los tipos penales de Estafa y Estelionato. Asimismo, en el Auto de Vista recurrido, con relación a la inexistencia del tipo penal de Estelionato, no fue fundamentado, avocándose únicamente al delito de Estafa; es decir, omitieron un fundamento de apelación; en consecuencia, su apelación no resuelve los agravios impetrados en revisión.


Los recurrentes en apelación restringida denunciaron que referente al inc. 1) del art. 370 del CPP, los elementos probatorios no evidencian que se cumplan los elementos de los tipos penales de Estafa y Estelionato, que tampoco pueden deducirse la existencia de engaños o artificios que provoquen o fortalezcan a error, debido a que supuestamente la víctima conocía el estado del terreno objeto del presente proceso, también hacen referencia que no se ha demostrado el derecho propietario de la Alcaldía municipal, que se habrían valorado informes parcializados, asimismo indican que (Lucila Moreno) habría acreditado derecho propietario y también que se contraviene con el principio de legalidad respecto a (Enrique Moreno); ya que, este solo habría dado visto bueno para la venta.


El Tribunal de alzada con relación a dicha denuncia, refirió que la denuncia de errónea aplicación de la ley sustantiva, formulada por los recurrentes serían emergentes de otros defectos como la defectuosa valoración de la prueba, pero se trataría de un defecto totalmente independiente, debido que la errónea aplicación de la ley opera a tiempo de aplicar la norma sustantiva y no puede ser confundido con aquel referido a la defectuosa valoración de la prueba, pues se encuadra en la teoría general del delito. En consecuencia, quien recurre por ese motivo debe señalar de manera concreta el razonamiento que considera errado. Continua refiriendo que el recurrente también ha denunciado defectuosa valoración de la prueba; consecuentemente, no puede cuestionar la errónea o defectuosa aplicación de la ley sustantiva porque no está consintiendo ni aceptando los elementos probatorios extraído por el Tribunal de mérito, resulta una equivocada concepción de la norma procedimental. Bajo estas premisas, la denuncia formulada sobre errónea aplicación de la ley sustantiva, que por cierto son enunciativas y sólo se limita a reclamar que los elementos probatorios no evidencian que se cumplan los elementos de los tipos penales de Estafa y Estelionato, y que carecen de asidero legal.


Al respecto, analizado el motivo denunciado en casación, las argumentaciones de la apelación restringida y los fundamentos emitidos por el Tribunal de alzada, dan cuenta que se otorga a los recurrentes una respuesta debidamente fundamentada debido a que sustentan los vocales, que en primeros términos existiría una confusión por parte de los recurrentes al invocar el agravio de inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva con la errónea valoración de los elementos probatorios, explicando que el defecto principal denunciado guarda estricta relación con la teoría general del delito, que conlleva una crítica al razonamiento del juzgador en el momento de la subsunción del hecho que se juzga al tipo penal y no se podría cuestionar este defecto al no consentir o aceptar los elementos probatorios extraídos por el Tribunal de mérito, resultando equivocado la concepción procedimental.


También le aclara que los fundamentos de los recurrentes son enunciativos, limitándose a reclamar elementos probatorios que supuestamente no evidenciarían los tipos penales de Estafa y Estelionato, careciendo de asidero legal; respuesta debidamente motivada, tomando en cuenta que los mismos no fundamentaron correctamente la supuesta errónea aplicación de la ley sustantiva al limitarse genéricamente en observaciones de elementos probatorios defectuosamente valorados, situación analizada y valorada en el Auto de Vista impugnado; asimismo, referente a que no se habría fundamentado con relación al delito de Estelionato, en apelación restringida los recurrentes no denuncian de forma específica ninguno de los elementos de este tipo penal, sino que conjuntamente de forma genérica señalan que ambos delitos; es decir, Estafa y Estelionato no se subsumirían a los hechos denunciado por los elementos probatorios erróneamente valorados, situación por la que el Tribunal de alzada explica que son motivos distintos y defectos diferentes, careciendo de asidero legal, al margen de no fundamentar debidamente dicho defecto por los recurrentes.


En consecuencia, por los fundamentos anteriormente expuestos, no se evidencia una indebida fundamentación del Auto de Vista impugnado, no resultando evidente la denuncia traída en casación.


  1. En cuanto al segundo motivo denuncia que con relación al defecto previsto en el art. 370 inc. 4), referente a elementos probatorios incorporados en violación a las normas procedimentales, los miembros del Tribunal de apelación, omitieron los fundamentos de apelación, cambiándolos, haciendo constar que sólo hubieran apelado respecto a las normas básicas de proposición y designación de perito; sin embargo, se apeló que el supuesto “Perito”, sería en realidad un “testigo”, al haber elaborado un informe a pedido de parte, lo que provocó se contamine e invalide su declaración. También se apeló el hecho de que el supuesto “perito” no fue propuesto ni designado conforme a ley por el Fiscal en la etapa preparatoria o por el Juez o Tribunal en la etapa del proceso, fijando los puntos de pericia y el plazo de dictámenes, corriendo en traslado a la parte contraria dichos punto de pericia para la posibilidad de objetarla; además, con la declaración del supuesto perito, se introdujo la prueba MP11, consistente en un avalúo pericial del inmueble, documento introducido arrastrando un vicio de nulidad; por cuanto, no cumple con los requisitos que exige el art. 167 del CPP, por no obedecer a un requerimiento fiscal, sino que indica que obedece a un petición de Víctor Pari Calisaya, vulnerando la libertad probatoria, no correspondiendo su valoración judicial, por contravención a lo dispuesto en el art. 209 del CPP; en consecuencia, deviene en la falta de resolución de dicho agravio.


Sostienen, que se apeló otro aspecto fundamental, referido a que el Tribunal de Sentencia valoró documentación impertinente, documentos que corresponden a otros datos de registro de inmuebles, distintos al documento contractual (MP1).


En apelación restringida los recurrentes denunciaron lo previsto en el inc. 4) del art. 370 del CPP, referente a la incorporación de elementos probatorios en violación a las normas procedimentales, alegaron que se incorporó a juicio las pruebas documentales (MP11 y MP1), constituyendo vicio procedimental. En el caso de la prueba MP-11, indica que se recepcionó la declaración de un perito, que no se cumplieron las normas básicas de proposición y designación contraviniendo el art. 209 del CPP; asimismo, alude en el caso de la prueba MP-1, que se valoraron documentos que carecen de fe probatoria, que son impertinentes y que dichos documentos tienen vicios insubsanables.


El Tribunal de alzada expresó que de la revisión inextensa del acta de juicio oral, la defensa de los recurrentes referente a la prueba MP-1, ni siquiera se pronunciaron en juicio; además señaló que en audiencia conclusiva de 23 de agosto de 2011 tampoco observó, ni siquiera planteó incidente de exclusión probatoria de dicha prueba. En lo referente a que los recurrentes señalaron que dicha prueba es un documento privado simple, que no estaría acompañada de reconocimiento de firmas y que correspondería su exclusión por que no estaría ofrecida; sin embargo, concluyó que de la lectura de acusación de 9 de mayo de 2011, se evidencia en el punto VII el ofrecimiento de la prueba signada con la MP-1 consistente en un documento privado de compra venta de un lote de terreno con reconocimiento de firmas, por lo que no es evidente lo manifestado por los recurrentes, asimismo los recurrentes no indican que documentos viciados se habrían valorado en lugar de la MP-1, para incurrir en violación de los elementos probatorios. Continua refiriendo que con relación a la MP-11, los recurrentes según el acta de registro de juicio oral no han observado y ni siquiera planteado incidente, arguyendo que no existe designación de perito ni la notificación en sus defendidos con el indicado informe; sin embargo, se tiene también que en audiencia conclusiva celebrada ante el Juez cautelar tercero de Tarija, los recurrentes no hicieron ninguna oposición ni se pronunciaron al respecto sobre esta documental, pues en juicio oral ya se encontraba saneado a menos que se tratara de una causal sobreviniente.


Asimismo refirió el Tribunal de alzada, que los recurrentes en la exposición de los motivos del agravio denunciado, lo hacen de manera general, no fundamentan de manera clara de qué manera cada uno de los elementos probatorios estuviesen vulnerados, no indica que principios contravinieron, no individualiza cada situación en particular y ahora pretende confundir al Tribunal ad quem refiriendo que esta situación aconteció en relación a estas pruebas, cuando del acta de juicio MP1 y acta de registro de audiencia conclusiva MP11 se tiene que la defensa de los acusados no opusieron objeción alguna en la introducción y judicialización de dichas documentales. Habiendo precluido su derecho de observar la introducción de tales pruebas documentales. Finalmente refiere que el agravio denunciado no se encuentra debidamente fundamentado, pues no hay una exposición clara y fundamentada respecto a cómo ilegalmente cada uno de los elementos de prueba que se denuncian como ilegalmente introducidos a juicio ha vulnerado su derecho a la defensa y al principio de libertad probatoria, declarándolo infundado.


Al respecto, analizado el agravio denunciado en casación, los fundamentos vertidos en apelación restringida con sus elementos probatorios cuestionados y la respuesta plasmada en el Auto de Vista impugnado, dan cuenta que se otorga una respuesta clara en cuanto a la denuncia prevista en el art. 370 inc. 4) del CPP, respecto a la incorporación de elementos probatorios en violación a normas procedimentales, pues fundamenta su decisión en la revisión del acta de juicio oral, concluyendo que la defensa de los recurrentes en audiencia conclusiva no se pronuncian sobre las pruebas MP1 y MP11, permitiendo su judicialización; expresando además, que ni en juicio oral interpone ningún incidente respecto a la prueba MP1, y referente a la prueba MP11 recién en juicio oral interpuso exclusión probatoria pero su derecho había precluido, aclarándole también que en acusación sí se ofreció la prueba MP1, con reconocimiento de firmas, concluyendo que la apelación restringida carece de una debida fundamentación debido a que no establece de manera clara, qué principios contravinieron, o como se vulneraron sus derechos, precluyendo al no oponerse en audiencia conclusiva.


En consecuencia, no se evidencia una indebida fundamentación como tampoco la omisión de otorgar una respuesta a la denuncia interpuesta por los recurrentes, como no resulta evidente que el Tribunal haya cambiado la fundamentación de su apelación restringida. Razonamientos del Tribunal de alzada debidamente motivados, otorgando repuesta a los recurrentes de forma expresa, clara, completa, legítima y lógica, considerando que el agravio denunciado pese a no estar debidamente fundamentado, no resultó evidente debido a que dentro del razonamiento del Tribunal de alzada previa verificación del acta de juicio oral determinó que la defensa de los mismos no realizaron exclusiones o incidentes en audiencia conclusiva; al margen de lo referido, tampoco se evidencia que la defensa de los imputados según su recurso haya realizado reserva de recurrir respecto el rechazo de dichas exclusiones probatorias. Por lo que, lo resuelto por el Tribunal de alzada resulta debidamente fundamentado y motivado, por lo que este motivo denunciado no resulta evidente.


  1. Con relación al tercer motivo de casación los recurrentes refieren respecto al defecto previsto en el art. 370 inc. 5) del CPP, relativo a la fundamentación insuficiente, contradictoria y el previsto en el inc. 8) de la misma norma, sobre la contradicción en la parte dispositiva y la parte considerativa, en el Auto de Vista recurrido, se consideró que no existió engaño a la víctima y que no fundamentaron (los imputados) propiamente la vulneración a los principios de la sana crítica, debido a que en la Sentencia inicialmente se afirmó que Víctor Pari Calisaya tenía conocimiento del plano de “AVIPROD”, el cual le fue mostrado antes de realizar el contrato (extremo afirmado por el testigo Iver Pari Calisaya); posteriormente, el Tribunal de Sentencia afirma que existió engaño al comprador para que suscribiera un documento sin tener conocimiento de la situación específica del inmueble enajenado.


En apelación restringida los recurrentes denunciaron respecto al tercer motivo previsto en el art. 370 inc. 5) y 8) del CPP, la insuficiente y contradictoria fundamentación de la Sentencia, refiriendo que sería contradictoria debido a que la víctima conocía del estado específico del inmueble pero  contradictoriamente el Tribunal a quo afirmó que existiría engaño, alegando dichos extremos con jurisprudencia referente a la debida fundamentación del art. 124 del CPP.


A tal efecto, el Tribunal de alzada expresó el a quo ha emitido una Sentencia acorde a los requisitos establecidos en el art. 360 del CPP; ya que, de la lectura de la misma se puede evidenciar que no se ha omitido ninguno de los cinco requisitos que exige la ley 1970; por otro lado, expresó si bien es cierto la víctima refiere que se le mostró un plano que a raíz de esta situación los acusados se aseguraron de que la víctima no desconfiase de nada, engañándolo de esta manera, tampoco es menos cierto que nunca se le dijo a la víctima el estado actual del terreno, más bien se le dijo que debía iniciar un proceso de usucapión y construir una pieza, lo cual se llega a conclusión de que los acusados ocultaron la situación actual del terreno con pleno conocimiento.


Continuó refiriendo que en cuanto a que la fundamentación es insuficiente y contradictoria, que de la lectura integra dicha Sentencia cuenta con la debida fundamentación y eso no significa que una resolución necesariamente debe tener una redacción ampulosa, sino más bien ser lo más concreta y específicamente clara lo cual en la presente Sentencia lo es,  citando la Sentencia Constitucional 581/2005-R de 31 de mayo, referente a la obligatoriedad de la fundamentación, así como las Sentencias Constitucionales 1369/2001-R de 19 de octubre, 752/2002-R de 25 de junio y 1489/2004-R de 17 de septiembre, entendimiento lo cual se adecua la Sentencia emitida por el Tribunal inferior.


Finalmente, concluye que dentro de este aspecto los recurrentes invocan el inc. 8) del art. 370 del CPP, referente a la contradicción en su parte dispositiva y considerativa de la Sentencia, a tal efecto el Tribunal de alzada ha podido verificar que no existe contradicción; ya que, de la lectura íntegra se ha establecido que el Tribunal ha aplicado correctamente la ley penal, indicando claramente porque, qué delitos y el grado de participación de cada acusado y qué elementos han sido de su convencimiento para llegar a emitir la Sentencia impugnada cumpliendo de esta manera con el requisito indispensable como es el de la tipicidad, declarando sin lugar dicho motivo.   


Al respecto, analizado el defecto denunciado en casación, lo denunciado por los recurrentes en apelación restringida y la respuesta otorgada por parte del Tribunal de alzada, dan cuenta que se otorgó una respuesta fundamentada a los recurrentes, realizando el respectivo control de legalidad sobre la Sentencia, verificando que cumplió con los requisitos del art. 360 del CPP, ratificando la posición de que la víctima fue engañada ya que no le dijeron el estado real del terreno; por otro lado ,constató que la Sentencia no es contradictoria y que cuenta con la debida fundamentación, además que cuenta con los elementos de la tipicidad. 


En consecuencia, no resulta evidente que el Auto de Vista impugnado haya referido que no existió engaño a la víctima como alegan los recurrentes, no existiendo una fundamentación insuficiente ni contradictoria, por lo que resulta infundado este agravio.


  1. Referente al cuarto motivo de casación, señalan que con relación al art. 370 inc. 6) del CPP, respecto al defecto de que la Sentencia se basa en hechos no acreditados y valoración defectuosa de la prueba, los miembros de la Sala de apelación, simplemente lo enuncian sin llegar a realizar análisis alguno al respecto, omitiendo considerar que la Sentencia se basó en valoración de documentación impertinente, en base a la cual falló, prejuzgándose su conducta. Cuestionando la valoración de la prueba MP1 y MP6.


En apelación restringida los recurrentes denuncian que concurre el defecto de Sentencia establecido en el art. 370 inc. 6) del CPP; es decir, que la Sentencia se basa en hechos no acreditados y en la valoración defectuosa de la prueba. En cuanto, a la prueba documental señala que ha sido valorada en forma defectuosa sobre pruebas impertinentes, no adjuntadas, unilaterales y certificaciones contraviniendo el principio de libertad probatoria. De manera general y en relación a todos los agravios el recurrente peticiona se declare con lugar su recurso de apelación restringida y se lo absuelva de culpa y pena.


El Tribunal de alzada primeramente señaló su deber del control de logicidad y la prohibición de revalorización de hechos como pruebas, debido al principio de intangibilidad, de citar fundamentadamente las disposiciones violadas o erróneamente aplicada en apelación restringida como la verificación del razonamiento del juez de los principios de la sana crítica,  citando los Autos Supremos 11/2013 RRC, 135/2013 de 20 de mayo, 467/2014 de 17 de septiembre, 214/2007 de 28 de marzo, 455/2014 de 11 de septiembre, y el art. 408 del CPP.


Asimismo, refiere el Tribunal de alzada que los recurrentes no fundamentan su agravio ni cual sería a su entender la mala valoración de la prueba en la que hubiera incurrido el Tribunal inferior, no señala cuáles de los principios de la sana crítica vulnerados, tampoco precisa las partes del decisorio donde constan los errores lógicos jurídicos, ni proporciona la solución que pretende en base a un análisis lógico explícito, simplemente se avocó a expresar su disconformidad con lo resuelto con el Tribunal de Sentencia, limitándose a referir que a su entender se valoró prueba impertinente, no adjuntada, unilateral y certificaciones; sin embargo, como se ha manifestado no señala  cuáles de los principios de la sana crítica estima vulnerados.


Continua refiriendo el Tribunal de alzada que se valoró toda la prueba producida, fundamentando las razones fácticas y jurídicas que motivaron su decisión contenidas en el punto IV VALORACION DE LA PRUEBA Y VOTOS DEL TRIBUNAL ACERCA DE LOS MOTIVOS DE HECHO Y DERECHO, puntos 1, 2, 3, 4, 5; en cuanto, a la responsabilidad de los acusados se tiene la MP1, MP2, MP6, MP7, MP9, MP 11 como así las pruebas signadas AC2, AC3, AC4, AC6, AC7, AC9, e13, las cuales corroboran la culpabilidad de los acusados, como por la declaración del testigo Álvaro Rodrigo Orozco el cual expresó que el municipio tendría plano aprobado y registrado, sin que el recurrente haya explicado de qué manera a su entender este se ha apartado y quebrantado las reglas de la sana crítica.


Finalmente, expresó el Tribunal de alzada que en cuanto a la denuncia de valoración defectuosa de la prueba documental, el mismo no se encuentra debidamente fundamentada, pues sus argumentaciones no corresponden a los fundamentos para denunciar una defectuosa valoración de la prueba, sino más bien al defecto previsto por el art. 370 inc. 4 del CPP, de que la Sentencia se base en medios de prueba que no fueron incorporados legalmente a juicio, argumentos que ya fueron tratados a momentos de resolverse el segundo agravio de la apelación, por lo que declaró sin lugar al agravio.


Al respecto, analizado el motivo de casación, el defecto de Sentencia denunciado en apelación restringida y las fundamentaciones realizadas por el Tribunal de alzada, dan cuenta que se otorga una respuesta clara a los recurrentes respecto al agravio denunciado, referente a la valoración defectuosa de la prueba, debido a que realizando  el control de logicidad sobre los razonamientos de la correcta valoración de los elementos probatorios al concluir que la Sentencia se encuentra debidamente valorada con los elementos probatorios en el punto  IV VALORACION DE LA PRUEBA Y VOTOS DEL TRIBUNAL ACERCA DE LOS MOTIVOS DE HECHO Y DERECHO, otorgando certeza a los recurrentes que el Tribunal de alzada sí realizó el análisis pertinente motivado y fundamentado, verificando la labor del Tribunal de mérito, verificando la pertinencia de todos los elementos probatorios y no únicamente las MP-1 y MP-6. Por otro lado también verificó que el recurso de apelación restringida no se encontraba motivado no señalaba cuál sería a su entender la mala valoración de la prueba y cuáles de los principios de la sana crítica vulnerados, sujetándose además al principio tantum devolutum quantum apelatum, conforme lo señala el art. 398 del CPP.


En consecuencia, no resulta evidente que no se haya realizado análisis alguno sobre el agravio denunciado, como tampoco que el Tribunal de alzada haya incumplido su labor de logicidad sobre las pruebas denunciadas como erróneamente valoradas, corroborándose que se otorgó respuesta clara motivada y debidamente fundamentada, razones por las cuales se declara este motivo en infundado.


  1. Respecto al quinto motivo de casación, señalan que con relación art. 370 inc. 11) del CPP, referido a la inexistencia de congruencia entre la Sentencia y la acusación, no se realizó análisis alguno con referencia a la acusación fiscal y particular, no se tuvo en cuenta que la acusación fiscal afirma que en “D.D.U.U.” dependiente de la Alcaldía de Tarija, se constata que el inmueble objeto del juicio se encuentra en un área verde y por lo tanto sería de propiedad del Municipio; empero, omitieron pronunciarse sobre la Sentencia 07/2012 basada en documentación expedida por “D.D.U.U.”, la que considera impertinente, sobre la que afirma la existencia de un derecho propietario a favor de la Alcaldía, excediendo la competencia de una entidad que no acredita derecho propietario. Tampoco se pronunciaron sobre la falta de seguridad jurídica, por carecer de prueba idónea expedida por autoridad competente, Derechos Reales, presentado por la defensa, que acredita el derecho propietario de Lucila Elena Moreno Gonzales.


Adicionan que se analizaron temas no debatidos en juicio y ajenos a las pretensiones acusatorias, aludiendo al punto 4 del acápite IV de la Sentencia, afirmando que tampoco se consideró que en la apelación resaltaron que las dos acusaciones en ningún momento fundamentaron el derecho propietario de AVIPROD que fue valorado en la Sentencia, ni al carácter litigioso del bien, sino a que el mismo pertenecería a otro propietario, la Alcaldía Municipal.


Finalmente, a tiempo de solicitar se admita el recurso de casación por no resolver todos los agravios apelados, resalta que simplemente señalaron (los Jueces de apelación) uno que otro cuestionamiento, dejando de lado la lectura, análisis y fundamentación de la totalidad de los mismos, constituyendo una continuación de violación a los derechos y garantías fundamentales transgredidos por la Sentencia recurrida, como la seguridad jurídica, la legítima defensa en juicio, el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho de petición.


A efectos de resolver la problemática planteada, se debe verificar los fundamentos realizados en apelación restringida; es así, que los recurrentes denunciaron que el Tribunal a quo ha dictado una Sentencia donde no existe congruencia entre la Sentencia y la acusación, art. 370 inc. 11) del CPP, refiriendo que la acusación fiscal sostuvo que el objeto de juicio se encontraba en área verde, de propiedad del municipio y la acusación particular sostuvo que el municipio también sería propietario, que estaría en área verde, contradiciendo ambos extremos la Sentencia, pues se fundamentó  en base a prueba no idónea para definir derecho propietario, no valoraría los elementos de DDRR que acreditarían la propiedad de la imputada, que en el acápite IV se sustenta el carácter litigioso del terreno contrario a que ninguna de las acusaciones fundaron el derecho propietario de AVIPROD y no lo demostraron con prueba idónea, ni valoraron de manera integral conforme las reglas de la sana crítica.


A tal efecto, el Tribunal de alzada expresó que el art. 408 del CPP, refiere a los parámetros y requisitos que deben cumplir los recurrentes a momento de interponer dicho recurso de apelación restringida, debiendo citar concretamente las disposiciones legales que se consideren violadas o erróneamente aplicadas y se expresará cuál es la aplicación que se pretende, así mismo debemos entender que es lo que se refiere la congruencia, entendida esta como coherencia o relación lógica, bajo ese parámetro de la lectura del memorial de apelación en cuanto al inc. 11) del art. 370 del CPP, se tiene que los recurrentes han mal interpretado y han hecho caso omiso de los requisitos; y en cuanto, al significado de congruencia de dicho numeral; ya que, de la fundamentación se hace mención a que la Sentencia es contradictoria, que hubo mala valoración de la prueba, extremos que ya fueron resueltos en sus respectivos numerales, por lo cual no corresponde emitir criterio alguno.


Al respecto, analizado el motivo de casación, así como lo denunciado en apelación restringida, y los argumentos otorgados por el Tribunal de alzada, dan cuenta que se otorga a los recurrentes una respuesta clara en cuanto al agravio denunciado en apelación restringida, debido a que dentro de las argumentaciones expresa los parámetros y exigencias del art. 408 del CPP, omitiendo los recurrentes su obligatoriedad de fundamentar su recurso respecto a la congruencia penal y confundir la contradicción con la mala valoración de la prueba, por lo que el Auto de Vista impugnado a efectos de no ser reiterativos en sus fundamentaciones de forma correcta concluyó que lo denunciado lo habría resuelto en los agravios correspondientes a la supuesta errónea valoración de los elementos probatorios, declarándolo sin lugar al agravio.


En consecuencia, no resulta evidente que no se haya analizado el defecto de Sentencia denunciado previsto en el art. 370 inc. 11) del CPP, referente a que no existiera congruencia entre la Sentencia y la acusación, tomando en cuenta que la defensa de los imputados no fundamentaron adecuadamente el agravio, confundiendo el principio de congruencia con la errónea valoración probatoria, motivos por los cuales también se declara infundado este último motivo.


De lo anteriormente expuesto, se concluye que el Auto de Vista impugnado no incurrió en omisiones en la fundamentación, como tampoco en los análisis de los puntos recurridos al resolver los defectos denunciados en apelación restringida.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP y lo previsto por el art. 42.I.1 de la LOJ, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Enrique Moreno y Lucila Elena Moreno Gonzáles.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos