TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 348/2018-RRC

Sucre, 18 de mayo de 2018


Expediente                          Tarija 39/2017

Parte Acusadora                Ministerio Público y otro

Parte Imputada                  Eduardo Mario Flores Vargas y otros

Delitos                                Incumplimiento de Deberes y otros

Magistrado Relator        : Dr. Olvis Eguez Oliva


RESULTANDO


Por memoriales presentados el 1 y 3 de agosto de 2017, cursantes de fs. 1570 a 1581 y 1604 a 1648 vta., Omar Peñaranda Soruco, en su condición de Alcalde Municipal de Villa Montes y Francia Victoria Rodríguez, interponen recursos de casación, impugnando el Auto de Vista 14/2017 de 19 de mayo, de fs. 1474 a 1496 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal  Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y el Gobierno Autónomo Municipal de Villa Montes contra Eduardo Mario Flores Vargas, Robert Henry Camacho Valdez, Freddy Ríos Velasco, Guillermo Flores García, Silvio Ruddy Guzmán Justiniano, Daniel Marcos Oller Soruco, Lucio Gutiérrez Fernández y Francia Victoria Rodríguez, por la presunta comisión de los delitos de Incumplimiento de Deberes, Falsedad Ideológica y Asociación Delictuosa, previstos y sancionados por los arts. 154, 199 y 132 del Código Penal (CP), respectivamente.


  1. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


  1. Por Sentencia 16/2015 de 11 de noviembre (fs. 1096 a 1123 vta.), el Tribunal de Sentencia de Villa Montes del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, declaró a: 1) Freddy Ríos Velasco, Daniel Marcos Oller Soruco y Francia Victoria Rodríguez, autores de la comisión del delito de Incumplimiento de Deberes, tipificado en el art. 154 del CP; 2) Lucio Gutiérrez Fernández, culpable del delito de Falsedad Ideológica previsto y sancionado en el art. 199 del CP; y, 3) Silvio Rudy Guzmán Justiniano autor de los delitos de Incumplimiento de Deberes y Falsedad Ideológica, tipificados por los arts. 154 y 199 del CP, imponiendo al primero, segundo y tercera la pena de dos años y seis meses de reclusión, al cuarto la pena de cinco años de reclusión y al último de los nombrados la pena de ocho años de presidio, todos fueron inhabilitados para el ejercicio de cargos públicos por un lapso de cinco y diez años, desde la ejecutoria de la sentencia, más el pago de multas y costas a favor del Estado, siendo absueltos del delito de Asociación Delictuosa, respecto a Roberth Henry Camacho Valdez, Guillermo Flores García y Eduardo Mario Flores Vargas, fueron absueltos de pena y culpa por los delitos endilgados en su contra.


  1. Contra la mencionada Sentencia, Santos Torrez Galarza en representación legal del Gobierno Autónomo Municipal de Villa Montes (fs. 1136 a 1146 vta.) y los imputados Silvio Ruddy Guzmán Justiniano (fs. 1148 a 1156 vta.), Daniel Marcos Oller Soruco (fs. 1246 a 1266 vta.), Francia Victoria Rodríguez (fs. 1353 a 1372 vta.), Freddy Ríos Velasco (fs. 1373 a 1389 vta.) y Lucio Gutiérrez Fernández (fs. 1390 a 1399), interpusieron recursos de apelación restringida, que fueron resueltos por Auto de Vista 14/2017 de 19 de mayo, dictado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, que declaró con lugar de manera parcial los recursos planteados por Silvio Ruddy Guzmán Justiniano, Freddy Ríos Velasco, Lucio Gutiérrez Fernández y Marcos Daniel Oller Soruco y anuló parcialmente la Sentencia apelada, ordenando la reposición del juicio por el Tribunal Primero de Sentencia de Yacuiba para los mencionados imputados, motivando la interposición del presente recurso de casación.


I.1.1. Motivos de los recursos de casación.


De los memoriales de los recursos de casación y del Auto Supremo 864/2017-RA de 3 de noviembre, se extraen los siguientes motivos a ser analizados en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


I.1.2.        Recurso de casación de Omar Peñaranda Soruco, Alcalde Municipal de Villa Montes.


Como primer motivo, denuncia la violación del derecho al debido proceso por falta de fundamentación, respecto a su denuncia de errónea aplicación de la Ley sustantiva penal y valoración defectuosa de la prueba presentada en el recurso de apelación restringida, careciendo la resolución impugnada de una fundamentación lógica y que cuente sustento jurídico, puesto que pese a que en la Sentencia, se forzó para absolver a los co-acusados Roberth Henry Camacho Valdez, Eduardo Mario Flores Vargas y Guillermo Flores García, este aspecto no fue motivo de un adecuado análisis y respuesta de los vocales, rechazando su agravio con el argumento de que el reclamo carece de trascendencia, obviando analizar la violación de las dos normas llevadas en apelación (art. 124 y 173 del CPP), al respecto invocaron como precedentes contradictorios los Autos Supremos 58/2012 de 30 de marzo, 384 de 26 de septiembre de 2005, 308 de 25 de agosto de 2006 y 724 de 26 de noviembre de 2004.


En un segundo motivo, denuncia violación al debido proceso, en su elemento del derecho a la defensa y a la presentación de la prueba amplia y pertinente con relación a la exclusión probatoria de la prueba MP-5, que generó la existencia de vicios en la Sentencia de conformidad con los arts. 169 y 370 del CPP; sin embargo, el Auto de Vista no habría dado una respuesta fundada a derecho al reclamo establecido en el recurso de apelación, simplemente determinaron que el reclamo carece de trascendencia, porque vulneraría el art. 333 inc. 3) del CPP, invocando como precedentes contradictorios los Autos Supremos 272/2009 de 4 de mayo y 394/2014 de 18 de agosto.


I.1.3. Recurso de casación interpuesto por Francia Victoria Rodríguez.


La recurrente, acusa que Tribunal de alzada, violentó el debido proceso al dictar el Auto de Vista sin la fundamentación exigida por ley, lo cual constituye a la vez un defecto insubsanable, contraviniendo la doctrina legal aplicable establecida en
diferentes Autos Supremos, 073/2013 de 19 de marzo, referido a la debida motivación de las resoluciones judiciales; y en cuanto, a los presupuestos de una correcta motivación, cita y transcribe parte de la Sentencia Constitucional Plurinacional 2141/2012 de 8 de noviembre, aduciendo de la misma manera que el Auto de Vista incurre en franca contradicción con lo que establecen los Autos Supremos 324/2012 de 12 de diciembre, 210/2015-RRC de 27 de marzo y 645/2016-RRC de 24 de agosto, que establecerían la obligación de los Tribunales de emitir resoluciones fundadas en derecho y motivadas adecuadamente.


En consecuencia precisa cueles los agravios denunciados en apelación restringida no fueron resuelto con la debida fundamentación: i) Sobre Actividad Procesal Defectuosa por haberse desarrollado el juicio de manera discontinua; ii) Respecto al defecto relativo a la vulneración e incumplimiento del principio de tipicidad que generó una errónea aplicación de la ley sustantiva como defecto previsto en el art. 370 inc. 1) del CPP, en relación con el art. 154 de la Ley 1768; iii) Con referencia a la denuncia que la Sentencia incurre en el defecto establecido en el numeral 4 de art. 370 del CPP, al haberse basado en medios y elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura; iv) En cuanto, a que la sentencia se basó en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba; y, v) Alega, la existencia de fundamentación omisiva e incongruente en que incurrió el Tribunal en relación al respecto al defecto previsto en el inc. 11) del art. 370 del CPP, afirma que el Auto de Vista impugnado, en ninguna parte de los considerandos emitidos se ha pronunciado sobre este agravio, incurriendo en fundamentación omisiva e incongruente; al respecto, invoca el Auto Supremo 324/2012 de 12 de diciembre.


I.1.4. Petitorio.


Los recurrentes solicitan que sus recursos sean declarados admisibles y en consecuencia se deje sin efecto el Auto de Vista impugnado.


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 864/2017-RA de 3 de noviembre, cursante de fs. 1679 a 1682 vta., este Tribunal admitió los recursos interpuestos por Omar Peñaranda Soruco, en su condición de Alcalde Municipal de Villa Montes y Francia Victoria Rodríguez, para su análisis de fondo.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación y establecido el ámbito de análisis del recurso, se establece lo siguiente:


II.1.  De la Sentencia.


Por Sentencia 16/2015 de 11 de noviembre, el Tribunal de Sentencia de Villa Montes del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, declaró a: 1) Freddy Ríos Velasco, Daniel Marcos Oller Soruco y Francia Victoria Rodríguez, autores de la comisión del delito de Incumplimiento de Deberes; 2) Lucio Gutiérrez Fernández culpable del delito de Falsedad Ideológica; y, 3) Silvio Rudy Guzmán Justiniano autor de los delitos de Incumplimiento de Deberes y Falsedad Ideológica, previstos y sancionados por los arts. 154, 199 del CP, imponiendo al primero, segundo y tercera la pena de dos años y seis meses de reclusión, al cuarto la pena de cinco años de reclusión; y, al último de los nombrados la pena de ocho años de presidio, todos fueron inhabilitados para el ejercicio de cargos públicos por un lapso de cinco y diez años, desde la ejecutoria de la sentencia, más el pago de multas y costas a favor del Estado, siendo absueltos del delito de Asociación Delictuosa, respecto a Roberth Henry Camacho Valdez, Guillermo Flores García y Eduardo Mario Flores Vargas, fueron absueltos de los delitos endilgados en su contra., en mérito a los siguientes argumentos:


En enero del año 2013 se inicia la construcción en instalaciones de la unidad educativa Juana Azurduy de Padilla, por la empresa LG, de propiedad de Lucio Gutiérrez Fernández, construyendo esta empresa ocho aulas dentro de esta unidad educativa, en base a especificaciones técnicas, que fueron publicadas de manera posterior; es decir, siendo publicadas recién en el mes de febrero del año 2013, a través del SICOES o sistema de contratación estatal, siendo esta información técnica de único conocimiento de Silvio Rudy Guzmán Justiniano, Oficial Mayor de la unidad de recursos humanos de la municipalidad de Villa montes, dicha unidad, se constituyó en la unidad solicitante dentro del proceso licitatorio denominado “Construcción de 8 aulas centro de capacitación y educación técnica municipal Villa Montes”, siendo este acusado el cual controlaba el avance de la obra a través del co-responsable de la unidad solicitante Mario Nina; por lo cual, la información de las características técnicas y demás particularidades para el inicio de obras por parte de la Constructora LG, fueron transmitidas a esta por la unidad solicitante mucho antes del inicio del proceso de contratación. El co-acusado Silvio Rudy Guzmán Justiniano, en su labor como unidad solicitante a direccionado las especificaciones del DBC, para favorecer a la empresa construcciones LG, por lo cual todos los documentos administrativos, que han emergido del proceso licitatorio, no ostentaban observaciones légales, que pudieran haber sido advertidas por los asesores legales, no ocurriendo lo mismo en lo atinente a las observaciones técnicas, pues estas debían ser controladas por la comisión de calificación y el responsable de contratación de apoyo nacional a la producción y empleo.


Así también, se tiene demostrado que el co-acusado Silvio Rudy Guzmán Justiniano, en su labor como comisión de calificación fue el que favoreció a la empresa Construcciones LG, representada por Lucio Gutiérrez Fernández, fungiendo como presidente de la comisión de calificación, sin que los co- acusados Marco Daniel Oller Soruco y Francia Victoria Rodríguez hayan desempeñado y cumplido a cabalidad sus funciones dentro de la unidad solicitante, al extremo de desconocer el método técnico utilizado para la selección de la empresa ganadora, ni las diferencias entre las propuestas de las empresas que se presentaron a la licitación.


El responsable de la modalidad de contratación de apoyo nacional a la producción y empleo, Freddy Ríos Velasco incumplió sus funciones al extremo de aprobar el DBC y haberse anulado el proceso de contratación por la Máxima Autoridad Ejecutiva, cuando el co-acusado también ostentaba las mismas responsabilidades que la máxima autoridad del ente municipal.


Se interpuso la denuncia en contra de los acusados de manera posterior a la aprobación del contrato realizado por el Concejo Municipal de Villa Montes, dándose a través de esta publicidad a las irregularidades suscitadas dentro de la obra Construcción de 8 aulas centro de capacitación y educación técnica municipal Villa Montes, CUCE No. 13-1606-00-364185-1.

Finalmente, existió una reunión entre el Alcalde, el Director de la unidad Ismael Montes y el Concejo Municipal en el mes de noviembre del 2012, comprometiéndose a la realización de dotar de ocho aulas en la unidad educativa Juana Azurduy de Padilla, a realizarse con material de madera, prefabricadas, compromiso que no se cumplió por parte del Alcalde, ni del Concejo Municipal.


II.2.  De la apelación restringida del apoderado de la víctima.


El apoderado de la víctima señala como agravio la errónea aplicación de la ley sustantiva penal y valoración defectuosa de la prueba, en razón, de que el Tribunal de Sentencia al haber absuelto de culpa y pena a los coacusados Robert Henrry Camacho Valdez, Eduardo Mario Flores Vargas y Guillermo Flores García en el entendido que durante el desarrollo del juicio oral no se ha encontrado elementos por el cual sus accionares carecen de tipo objetivo de los ilícitos como ser incumplimiento de deberes, siendo este uno de los delitos acusados, no obstante en el desarrollo del juico tal cual se tiene demostrado por toda la prueba producida se pudo establecer plenamente su participación, sin embargo la Sentencia dictada por el Tribunal carece de valoración integral de la prueba, contrariamente la Sentencia ha sido forzada para absolver a estos coacusados, no obstante de haber determinado responsabilidades como ser para los integrantes de la Comisión Calificadora, el RPA y el Representante Legal de la Empresa Contratista, demostramos nuestro contundente desacuerdo con respecto al Tribunal, que forzadamente ha deslindado de responsabilidad y por ende ha decidido absolver de culpa y pena a los imputados arriba nombrados, ya que el razonamiento inferido por los miembros del Tribunal, así como las conclusiones y determinaciones asumidas con respecto a este fallo decisorio de absolución, no se encuentra enmarcado y acorde, coherente ni guarda relación alguna con los HECHOS PROBADOS.


Agravio de la exclusión probatoria, consta en acta del juicio oral el suscrito abogado en representación del Gobierno Autónomo Municipal ha hecho reserva de recurrir la exclusión PARTE de la prueba documental MP 5, consistentes en tres CDs que contenía declaraciones de prensa del Ex Alcalde Municipal, tras los hechos delictivos denunciados y descubiertos públicamente. Y agravio vulneración del debido proceso en su elemento falta de fundamentación.

 

II.3. De la apelación restringida de la coacusada Francia Victoria Rodríguez.


  1. Primer Agravio.- Sobre el agravio falta de continuidad del juicio oral denunciado por Francia Victoria Rodríguez, refieren los apelantes, debemos partir a momento de fundamentar el presente agravio que el art. 334 del CPP establece Continuidad. Iniciado el juicio se realizará sin interrupción todos los días hasta que se dicte sentencia y solo podrá suspenderse en los casos previstos en este Código. La audiencia se realizará sin interrupción, no solo en horas hábiles del día, debiendo debilitarse, si fuera necesario, horas extraordinarias. La o el Juez o Tribunal ordenará los recesos diarios que no podrán ser superiores a dieciséis horas. En ningún caso la o el Juez podrá declarar cuarto intermedio. Los principios de concentración y continuidad deben ser entendidos como mandatos de desarrollar los procesos en orden cronológico, de manera ininterrumpida hasta su conclusión, teniéndose que de acuerdo al Acta de Registro de Juicio este principio de continuidad fue violentado, mediante la suspensión de fecha 22 de octubre del año 2015. Suspensión que no cuenta con justificativo legal alguno, suspendiéndose el juicio oral de manera discrecional y hasta arbitraria, simplemente por cubrir la falencia del Ministerio Público, el cual a sabiendas de que estaban por deponer los testigos de cargo de los cuales son de obligación de la parte acusadora el diligenciamiento de ser traídos o conducidos, con el afán de cubrir su dejadez solícita la aplicación del art. 335, situación que da curso de manera ilegal el Tribunal en pleno procediendo a señalar nueva fecha de audiencia de juicio inclusive pasado los días permitidos por ley, con el pretexto de que existiría un feriado, olvidándose la creación de la Ley 586 la cual faculta poder llevar a cabo la audiencia de juicio oral en días no hábiles como ser los feriados.


  1. Segundo Agravio.- Sobre el agravio denunciado por Francia Victoria Rodríguez referido a la "vulneración e incumplimiento del principio de tipicidad que generó una errónea aplicación de la ley sustantiva, defecto previsto en el art. 370 inc. 1) del CPP en relación con el art. 154 del CP. A pesar de esta obligación el Tribunal de Sentencia Único de Villamontes, dictó Sentencia condenatoria en contra de Francia Victoria Rodríguez, sin haber realizado el proceso de subsunción o adecuación del accionar o conducta, con los elementos constitutivos del tipo penal de Incumplimiento de Deberes, ha calificado equivocadamente el accionar de Francia Victoria Rodríguez como delito, aplicando erróneamente el art. 154 del CP, en absoluta violación del principio de tipicidad. A efectos de seguir demostrando este agravio, que es incluso considerado como defecto absoluto, es necesario referirse a los puntos que contiene la Sentencia en el considerando III, bajo el título fundamentación probatoria intelectiva de donde se comprueba que de manera errónea el Tribunal de sentencia se avocó a realizar una simple relación subjetiva de hechos.


  1. Tercer Agravio.- En relación al agravio denunciado por Francia Victoria Rodríguez, referido al defecto establecido en el art. 370 inc. 4) del CPP, que la Sentencia se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura. El Tribunal de Sentencia de Villamontes, utilizó como fundamentos de su Sentencia, especialmente para vincular a la empresa LG, en la construcción de las 8 aulas previo a la firma del contrato los siguientes elementos no incorporados legalmente al juicio. En el punto II Fundamentación Probatoria Descriptiva, cita la declaración del Testigo Gabriel Maman¡ Chino, quien refiere que según entrevista con vecinos y profesores, se tiene que la empresa LG, estaba realizando las construcciones dentro del colegio, que antes del inicio de la licitación ya empezó a construir. Posteriormente, en el Punto III. de Fundamentación Probatoria Intelectiva, refiere que la testifical de Ángel Ademar Saavedra Balderas concuerda con la documental presentada, siendo este testigo quien corroboró que la construcción era realizada por la constructora LG de propiedad de Lucio Gutiérrez, esta declaración se encuentra en concordancia con la declaración del investigador asignado policía Gabriel Maman¡ Chino, el cual claramente señala que la empresa que realizaba esta obra mucho antes de la licitación, era la constructora LG de propiedad de Lucio Gutiérrez, información recabada a través de la entrevista a los testigos, trabajo investigativo que no fue refutado por las partes.


  1. Cuarto Agravio.- Sobre el agravio denunciado por Francia Victoria Rodríguez, respecto a que el Tribunal dictó una Sentencia incurriendo en el defecto establecido en el art. 370 inc. 6) del CPP, refiere la apelante que se tiene específica y concretamente que dicha resolución judicial se encuadra en las vertientes de este defecto consistente, en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba en franca vulneración a las reglas de la sana crítica. Hechos inexistentes y no acreditados en cuanto a esta vertiente, en todo el juicio oral realizado no se han demostrado los hechos para el delito de Incumplimiento de Deberes, por ningún elemento de prueba introducida a juicio, como se ha referido, no se ha podido demostrar cuál hubiera sido el deber ilegalmente omitido, retardado y rehusado hacer por mi persona, principalmente que Francia Victoria Rodríguez, haya incumplido algún deber propio de su función como miembro de la comisión de calificación; ya que, de la prueba de cargo que será objeto de análisis líneas abajo no se ha podido establecer ningún tipo de omisión o incumplimiento a lo establecido por el art. 38 núm. III del D.S. 181, es más se ha demostrado en juicio todo lo contrario; es decir, que las labores realizadas como miembros de la comisión de calificación fueron cumplidas a cabalidad y en estricto apego a la norma. A pesar de ello, el Tribunal a quo en franco irrespeto a las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano, en este aspecto de forma subjetiva y arbitraria, realizando una presunción de culpabilidad se condena.


II.4.  Del Auto de Vista impugnado.


Por Auto de Vista 14/2017 de 19 de mayo de 2017, dictado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, declara con lugar de manera parcial el recurso de apelación restringida interpuesto por Silvio Ruddy Guzmán Justiniano, Freddy Ríos Velasco, Lucio Gutiérrez Fernández y Marcos Daniel Oller Soruco, se anula parcialmente la Sentencia 16/2015 del 11 de noviembre y ordena la reposición del juicio por el Tribunal de Sentencia Primero de Yacuiba para los imputados Silvio Ruddy Guzmán Justiniano, Freddy Ríos Velasco, Lucio Gutiérrez Fernández y Marcos Daniel Oller Soruco, en mérito a los siguientes fundamentos:


  1. Sobre el agravio denunciado por el apoderado la víctima errónea aplicación de la ley sustantiva penal y valoración defectuosa de la prueba.


La denuncia de errónea aplicación de la ley sustantiva, aparentemente, ese motivo, es dependiente o emergente de otros defectos de la sentencia como el de defectuosa valoración de la prueba, empero se trata de un defecto totalmente independiente, puesto que el mismo se refiere al hecho de que consentidos y aceptados los elementos probatorios extraídos por el Juez de mérito de los de la prueba, tampoco está orientado a cuestionar la prueba misma, ni los elementos que de ella se han obtenido, por el contrario se encuadra en lo que se denomina la teoría general del delito. De ahí que el objeto de la denuncia de la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, es precisamente la crítica al razonamiento desarrollado por el juzgador en el momento de la subsunción del hecho que se juzga en el tipo penal, en consecuencia, quien recurre por ese motivo, debe señalar de manera concreta el razonamiento que considera errado. El recurrente también ha denunciado defectuosa valoración de la prueba, consiguientemente no puede cuestionar la errónea o defectuosa aplicación de la ley sustantiva porque no está consintiendo ni aceptando los elementos probatorios extraídos por el Tribunal de mérito, resulta una equivocada concepción de la norma procedimental. Bajo estas premisas, la denuncia formulada sobre errónea aplicación de la ley sustantiva, que por cierto son enunciativas y solo se limita a reclamar que la sentencia dictada por el Tribunal carece de valoración integral de la prueba, carece de asidero legal, por lo que devienen en infundadas. Se declaró sin lugar este agravio.


  1. Sobre el agravio referido a la exclusión probatoria, refiere el apoderado de la víctima apelante, que consta en acta del juicio oral el abogado en representación del Gobierno Autónomo Municipal, efectuó la reserva de recurrir la exclusión de la prueba documental MP 5, consistentes en tres CDs.


De la revisión del Acta de Registro de Juicio se tiene que el Ministerio Público cuando prestaba su declaración el Policía asignado al caso, Gabriel Maman¡ Chino, solicitó se exhiba y se introduzca a juicio la prueba MP5 consistente en documentos adjuntos y 3 Cds, -que ni la Fiscalía conoce su contenido, solo refirió que son elementos relacionados con los hechos- porque no se había aperturado en la etapa preparatoria dichos Cds. De obrados se tiene, que ni en la acusación fiscal señala el contenido de los 3 Cds, no se tiene elemento probatorio para establecer como se han obtenido los citados Cds, ni quien los ha realizado para poder establecer su contenido. Por lo que, los 3 Cds no pueden ser introducidos a juicio contradictorio, oral, público y continuo como prueba documental porque vulneraría los arts. 333 inc. 3), 329 del CPP y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE). Además, vulnera derechos fundamentales de privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad, prescritos en el art. 21 inc. 2) de la CPE. Por lo que, se declara sin lugar a este agravio.


  1. Sobre el agravio denunciado por Francia Victoria Rodríguez, referido al defecto de Sentencia establecido por el art. 370 inc. 1) del CPP; es decir, la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva.


De la Sentencia apelada se tiene que luego de la valoración de la prueba se ha dejado establecido: "Así también se tiene demostrado que el coacusado Silvio Rudy Guzmán, en su labor como comisión de calificación fue el que favoreció a la empresa Construcciones LG, representada por Lucio Gutiérrez Fernández, fungiendo como presidente de la comisión de calificación, sin que los coacusados Marco Daniel Oller Soruco y Francia Victoria Rodríguez hayan desempeñado y cumplido a cabalidad sus funciones dentro de la unidad solicitante, al extremo de desconocer el método técnico utilizado para la selección de la empresa ganadora, ni las diferencias entre las propuestas de las empresas que se presentaron a la licitación De lo que se tiene que la conducta de Daniel Oller Soruco se subsume al delito de Incumplimiento de Deberes, por haber incumplido, omitido sus funciones en la unidad solicitante. Adecuando correctamente la subsunción del hecho al delito de Incumplimiento de Deberes. Se declara sin lugar este agravio.


  1. Sobre el agravio denunciado por Francia Victoria Rodríguez referido a la vulneración e incumplimiento del principio de tipicidad que generó una errónea aplicación de la ley sustantiva, defecto previsto en el art. 370 inc. 1) del CPP en relación con el art. 154 del CP.


De la Sentencia apelada, se tiene que el Tribunal de mérito luego de la valoración de la prueba ha dejado establecido que: "Con relación a los coacusados FRANCIA VICTORIA RODRIGUEZ y DANIEL MARCOS OLLER SORUCO, se tiene que estos en base a los hechos probados se tiene que han consentido la labor del co-acusado SILVIO RUDY GUZMÁN JUSTINIANO, al demostrarse en juicio que estos no cumplieron a cabalidad las funciones encomendadas a la comisión de calificación especificadas en el art. 38 del Decreto Supremo 181, incurriendo en el ilícito de Incumplimiento de Deberes pues FRANCIA VICTORIA RODRIGUEZ, al demostrarse en juicio la ausencia de trabajo de la coacusada al momento de evaluar las propuestas técnicas y económicas, función propia de la comisión de calificación, señalada en el art. 38.III inc. c) del Decreto Supremo 181, incurriendo en un actuar doloso, pues al formar parte de la comisión de calificación, emerge la situación de hecho del cual emerge el deber de realización de los mandatos expresados en el art. 38 del Decreto Supremo 181, actuaciones que se ha demostrado fueron incumplidas por la coacusada, habiendo tenido la posibilidad sin impedimento alguno de realizar sus funciones."


Concretando el Tribunal de alzada, que la conducta de Francia Victoria Rodríguez se subsume al delito de Incumplimiento de Deberes, por haber incumplido, omitido sus funciones en la unidad solicitante. Adecuando correctamente la subsunción del hecho al delito de Incumplimiento de Deberes, previsto y sancionado al art. 154 del CP, por lo que se declara sin lugar este agravio.


  1. En relación al agravio denunciado por Francia Victoria Rodríguez, referido al defecto establecido en el art. 370 inc. 4) del CPP, que la Sentencia se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura.


De antecedentes, de la Sentencia impugnada se tiene que el Tribunal a quo luego del desfile probatorio de pruebas documental y testifical en el juicio oral, como ser las pruebas MP1, MP2, MP3, MP5, MP6, PDE3, PDH1, PDE3 Rejap de Freddy Ríos Velasco, PDS1 Rejap7, PDG1, PDG8, PDG6, PDM1, PDM2, PDM3, PDM4,  PDM12, PDM13, PDM14, PDF1, PDF2, PDF3, PDF4, MP4 Requerimiento, PDF7, PDF9, PDF11 y las declaraciones de los testigos Félix Alconz Machaca, David Blanco Vásquez, Miguel Mamani, Ángel Ademar Saavedra Balderas, Marlene Jarzun Justiniano, Daniel Mamani Alvarado, Gabriel Mamani Chino, Hugo Menchaca Al¡, Luis Vargas Sánchez, Elizabeth Cañizares Barrientos y Walter Gutiérrez Pérez, ha dejado establecido que: "Con relación a los coacusados Francia Victoria Rodríguez y Daniel Marcos Oller Soruco, se tiene que estos, en base a los hechos probados se tiene que han consentido la labor del coacusado Silvio Rudy Guzmán Justiniano, al demostrarse en juicio, que estos no cumplieron a cabalidad las funciones encomendadas a la comisión de calificación especificadas en el art. 38 del Decreto Supremo 181, incurriendo en el ¡lícito de Incumplimiento de Deberes pues Francia Victoria Rodríguez, al demostrarse en juicio la ausencia de trabajo de la coacusada al momento de evaluar las propuestas técnicas y económicas, función propia de la comisión de calificación, señalada en el art. 38.III inc. c) del Decreto Supremo 181, incurriendo en un actuar doloso, pues al formar parte de la comisión de calificación, emerge la situación de hecho del cual emerge el deber de realización de los mandatos expresados en el art. 38 del Decreto Supremo 181, actuaciones que se ha demostrado fueron incumplidas por la coacusada, habiendo tenido la posibilidad sin impedimento alguno de realizar sus funciones.


De lo citado se tiene que no es evidente el agravio, el Tribunal de mérito ha valorado de manera integral toda la prueba ingresada al juicio oral, público y contradictorio, cumpliendo a cabalidad con el art. 173 del CPP. Por lo que, se declara sin lugar este agravio.

  1. Sobre el agravio denunciado por Francia Victoria Rodríguez, respecto a que el Tribunal dictó una Sentencia incurriendo en el defecto establecido en el art. 370 inc. 6) del CPP.


De la sentencia impugnada se tiene que el Tribunal a quo, luego del desfile probatorio de la prueba documental y testifical introducidos a juicio oral, como ser las pruebas MP1, MP2, MP3, MP5, MP6, PDE3, PDH1, PDE3 Rejap de Freddy Ríos Velasco, PDS1 Rejap7, PDG1, PDG8, PDG6, PDM1, PDM2, PDM3, PDM4, PDM12, PDM13, PDM14, PDF1, PDF2, PDF3, PDF4, MP4 Requerimiento, PDF7, PDF9, PDF11 y las declaraciones de los testigos Félix Alconz Machaca, David Blanco Vásquez Miguel Maman¡, Ángel Ademar Saavedra Balderas, Marlene Jarzun Justiniano, Daniel Maman¡ Alvarado, Gabriel Maman] Chino, Hugo Menchaca Al¡, Luis Vargas Sánchez, Elizabeth Cañizares Barrientos y Walter Gutiérrez Pérez, ha dejado establecido que con relación a los coacusados Francia Victoria Rodríguez y Daniel Marcos Oller Soruco, se tiene que estos en base a los hechos probados se tiene que han consentido la labor del coacusado Silvio Rudy Guzmán Justiniano, al demostrarse en juicio que estos no cumplieron a cabalidad las funciones encomendadas a la comisión de calificación especificadas en el art. 38 del Decreto Supremo 181, incurriendo en el ¡lícito de Incumplimiento de Deberes pues FRANCIA VICTORIA RODRIGUEZ, al demostrarse en juicio la ausencia de trabajo de la coacusada al momento de evaluar las propuestas técnicas y económicas, función propia de la comisión de calificación, señalada en el art. 38.III inc. c) del Decreto Supremo 181, incurriendo en un actuar doloso, pues al formar parte de la comisión de calificación, emerge la situación de hecho del cual emerge el deber de realización de los mandatos expresados en el art. 38 del Decreto Supremo 181, actuaciones que se ha demostrado fueron incumplidas por la co-acusada, habiendo tenido la posibilidad sin impedimento alguno de realizar sus funciones.


De todo lo expuesto, se tiene que el Tribunal de mérito ha valorado de manera integral toda la prueba ingresada al juicio oral, público y contradictorio, cumpliendo a cabalidad con el art. 173 del CPP, aplicando la sana crítica. Este Tribunal de alzada en aplicación del Auto Supremo 11/2013-RRC, establece lo siguiente: El Tribunal de alzada al resolver el recurso de apelación restringida, tiene el deber de ejercer el control de la valoración de la prueba realizada por el Juez o Tribunal de Sentencia, a efecto de constatar si se ajusta a las reglas de la sana crítica; sin embargo, esto no supone un reconocimiento a la posibilidad de que el Tribunal pueda ingresar a una nueva valoración y en consecuencia cambiar la situación jurídica del imputado, de absuelto a condenado o viceversa; por cuanto, se desconocería los principios rectores de inmediación y contradicción que rigen la sustanciación del juicio penal, incurriendo en un defecto absoluto no susceptible de convalidación emergente de la vulneración de los derechos a la defensa, al debido proceso y de acceso a la justicia.


Concluye el Tribunal de alzada, de los argumentos expuestos por la apelante, pretende que este tribunal revalorice la prueba, que no puede darse porque se encuentra vedado para revalorizar prueba por respeto al principio de inmediación y contradicción. Por lo que, se declara sin lugar este agravio.


7) Sobre el agravio falta de continuidad del juicio oral denunciado por Francia Victoria Rodríguez.


El nuevo sistema procesal penal al que se adscribe el Código de Procedimiento Penal, encuentra sustento en principios procesales que orientan la nueva concepción filosófica del proceso penal entre ellas el principio de continuidad de la audiencia del juicio oral que concibe la realización de los actos propios del juicio de manera ininterrumpida en sesiones consecutivas hasta su conclusión como regla expresa que materializa el principio señalado; sin embargo, esta regla halla excepciones a este principio procesal en la suspensión de la audiencia del juicio por causas expresamente regladas en el artículo 335 del CPP, pero además, con un tiempo máximo de suspensión establecido del art. 336 primer párrafo del mismo cuerpo legal. A fin de evitar la desnaturalización del proceso y desconocimiento de principios que rigen nuestro actual sistema procesal penal deberán los Tribunales de Justicia en relación al principio de continuidad del juicio oral establecer correctamente los motivos que justifican la determinación de recesos de la audiencia del juicio oral de las causas que motivan la suspensión de la misma, pues los efectos son distintos para cada una de las razones de interrupción de la audiencia del juicio oral. En lo que hace a los recesos de la audiencia del juicio oral como causa de interrupción de la misma, los Tribunales deberán considerar en atención al principio de continuidad la reanudación inmediata del juicio en las horas hábiles posteriores a la determinación del receso y ante la imposibilidad fáctica de hacerlo en espacios cortos de tiempo justificar en derecho dicha imposibilidad; consecuencia de ello, la reanudación de audiencias que no son inmediatas en tiempo en relación a la última actuación, no implica la infracción por ser del principio de continuidad, si existe motivo legítimo que impide la reanudación inmediata de la audiencia del juicio oral y se encuentra debidamente justificada en causas de fuerza mayor y dentro del plazo máximo establecido para la suspensión de audiencias, ocurriendo lo propio cuando se trate del señalamiento de nueva audiencia por los motivos de suspensión que sobrepasen los diez días fundados en circunstancias de fuerza mayor debidamente fundamentadas que justifiquen dejar en suspenso el plazo establecido en el art. 336 del CPP, por lo que el Tribunal de Alzada a tiempo de resolver el recurso de apelación restringida fundada en la infracción del principio de continuidad del juicio oral, deberá realizar el examen de todas y cada una de las determinaciones de receso y suspensión de audiencias dispuestas por la autoridad jurisdiccional, para establecer si en el caso concreto se transgredió o no el principio de continuidad.


De antecedentes se tiene que la presente causa fue radicada el 2 de diciembre de 2014, el 25 de febrero de 2015 mediante el Auto de Apertura de Juicio fija audiencia de juicio oral para el 20 de julio de 2015 a horas 09:00; el 20 de julio de 2015 por no estar presente abogados de los imputados Lucio Gutiérrez, Freddy Ríos y Silvio Ruddy Guzmán se señala nueva fecha de juicio oral para el día 17 de septiembre de 2015 a horas 09:00, día que se señala nueva audiencia de juicio para el 29 de septiembre de 2015 a horas 09:00, ese día igualmente se señala para el día 21 de octubre de 2015 a horas 09:00 (fs. 124) que se inicia el juicio a horas 09:00, se declara receso hasta el 09:00 del día 22 de octubre de 2015, luego se declara receso para el día 03 de noviembre de 2015, porque el Tribunal de mérito tenía agendado otros juicios señalados con anticipación, se declara receso hasta el 4 de noviembre de 2015 y el juicio concluye el 6 de noviembre de 2015.


Concluyendo el Tribunal de alzada, de lo expuesto precedentemente se tiene que el receso declarado de 22 de octubre de 2015 hasta el 3 de noviembre de 2015 ha sobrepasado los diez días; empero, ha sido por fuerza mayor porque el Tribunal tenía agendado, otras audiencias de juicio, además que el 2 de noviembre de 2015 ha sido feriado. De lo que se tiene, que el juicio oral luego de su inicio ha sido llevado dentro de plazo razonable, el hecho de haberse declarado receso sobrepasando los diez días en una sola oportunidad no causa perjuicios, ni vulnera derechos de las partes. Se declara sin lugar este agravio.


III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN CON LOS  PRECEDENTES INVOCADOS CON LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA


En el caso presente, Omar Y. Peñaranda Soruco, en su condición de Alcalde Municipal de Villa Montes, denuncia: a) La violación del derecho al debido proceso por falta de fundamentación, respecto a su denuncia de errónea aplicación de la Ley sustantiva penal y valoración defectuosa de la prueba presentada en el recurso de apelación restringida, careciendo la resolución impugnada de una fundamentación lógica y que cuente sustento jurídico, siendo contraria la resolución a los Autos Supremos 58/2012 de 30 de marzo, 384 de 26 de septiembre de 2005, 308 de 25 de agosto de 2006 y 724 de 26 de noviembre de 2004; y, b) Que, el Auto de Vista no habría dado una respuesta fundada a derecho al reclamo establecido en el recurso de apelación, resolución que resultaría ser contraria a los Autos Supremos 272/2009 de 4 de mayo y 394/2014 de 18 de agosto. Por su parte, Francia Victoria Rodríguez denuncia: a) Que, Tribunal de alzada, violentó el debido proceso al dictar el Auto de Vista sin la fundamentación exigida por ley, siendo contraria la resolución a los Autos Supremos 73/2013 de 19 de marzo, 324/2012 de 12 de diciembre, 210/2015-RRC de 27 de marzo y 645/2016-RRC de 24 de agosto; y, b) La existencia de incongruencia omisiva en el Auto de Vista impugnado, resolución que sería contraria al Auto Supremo 466/2014 de 17 de septiembre. Por lo que, corresponde comprobar la problemática planteada.


III.1. Análisis del caso concreto.


III.1.1. Del reclamo de Omar Y. Peñaranda Soruco, en su condición de Alcalde Municipal de Villa Montes.


En el recurso de casación el recurrente Omar Peñaranda Soruco, en su condición de Alcalde Municipal de Villa Montes, en el primer motivo, denunció la violación del derecho al debido proceso por falta de fundamentación, respecto a su denuncia de errónea aplicación de la Ley sustantiva penal y valoración defectuosa de la prueba presentada en el recurso de apelación restringida, careciendo la resolución impugnada de una fundamentación lógica y que cuente sustento jurídico, puesto que pese a que en la Sentencia, se forzó para absolver a los coacusados Roberth Henry Camacho Valdez, Eduardo Mario Flores Vargas y Guillermo Flores García, este aspecto no fue motivo de un adecuado análisis y respuesta de los vocales, rechazando su agravio con el argumento de que el reclamo carece de trascendencia, obviando analizar la violación de las dos normas llevadas en apelación (art. 124 y 173 del CPP) al respecto invocaron como precedentes contradictorios los Autos Supremos 58/2012 de 30 de marzo, 384 de 26 de septiembre de 2005, 308 de 25 de agosto de 2006 y 724 de 26 de noviembre de 2004.


Respecto al Auto Supremo 308 de 25 de agosto de 2006, dictado dentro de un proceso por el tipo penal de Despojo, que tiene como hecho generador el siguiente: “…la resolución del ad quem, no se realiza una correcta aplicación de las normas procedimentales infringiendo de este modo el artículo 124 del Código de rito de la materia al ser su fundamentación insuficiente…”, consignando en aquella oportunidad la doctrina legal aplicable: “El espíritu de la normativa penal, en consonancia con la doctrina penal contemporánea, establece que la apelación restringida constituye el único medio legal para impugnar una sentencia, por lo tanto los Tribunales de apelación deben fundamentar sus decisiones expresando los motivos de hecho y de derecho en que se basan, no pudiendo ésta ser reemplazada por la simple relación de las pruebas o requerimientos de las partes vulnerando, de tal manera, derechos constitucionales. Ante eventuales denuncias de defectuosa valoración de la prueba o errónea aplicación de la ley sustantiva, es menester que los Tribunales de alzada, realicen un efectivo control del sistema de valoración de la prueba y se pronuncien, de manera expresa, absolviendo los fundamentos del recurso de apelación en análisis…”. Al ser un hecho factico similar al presente motivo, se procederá a efectuar la labor de contraste entre el Auto de Vista impugnado y el precedente contradictorio. Se aclara que los Autos Supremos 58/2012 de 30 de marzo, 384 de 26 de septiembre de 2005 y 724 de 26 de noviembre de 2004, no serán tomadas en cuenta para efectuar la labor de contraste por tratarse de situaciones fácticas distintas, siendo aquellas referidas a: a) La vulneración del Principio Pro Actione; b) La revalorización Probatoria; y, c) La incongruencia Omisiva. 


Al respecto de la revisión del Recurso de Apelación Restringida presentado por el recurrente, Omar Y. Peñaranda Soruco, señala como agravio la errónea aplicación de la ley sustantiva penal y valoración defectuosa de la prueba, en razón, de que el Tribunal de Sentencia al haber absuelto de culpa y pena a los coacusados Robert Henrry Camacho Valdez, Eduardo Mario Flores Vargas y Guillermo Flores García en el entendido que durante el desarrollo del juicio oral no se ha encontrado elementos por el cual sus accionares carecen de tipo objetivo de los ilícitos como ser incumplimiento de deberes, siendo este uno de los delitos acusados, no obstante en el desarrollo del juico tal cual se tiene demostrado por toda la prueba producida se pudo establecer plenamente su participación, sin embargo la Sentencia dictada por el Tribunal carece de valoración integral de la prueba, contrariamente la Sentencia ha sido forzada para absolver a estos coacusados, no obstante de haber determinado responsabilidades como ser para los integrantes de la Comisión Calificadora, el RPA y el Representante Legal de la Empresa Contratista, estando en contundente desacuerdo con respecto al Tribunal, que forzadamente ha deslindado de responsabilidad y por ende ha decidido absolver de culpa y pena a los imputados arriba nombrados, ya que el razonamiento inferido por los miembros del Tribunal, así como las conclusiones y determinaciones asumidas con respecto a este fallo decisorio de absolución, no se encuentra enmarcado y acorde, coherente ni guarda relación alguna con los hechos probados.


Al respecto el Tribunal de alzada, en el Auto de Vista impugnado concluyó, sobre el agravio denunciado por el apoderado de la víctima, la errónea aplicación de la ley sustantiva penal y valoración defectuosa de la prueba. La denuncia de errónea aplicación de la ley sustantiva, aparentemente, ese motivo, es dependiente o emergente de otros defectos de la sentencia como el de defectuosa valoración de la prueba, empero se trata de un defecto totalmente independiente, puesto que el mismo se refiere al hecho de que consentidos y aceptados los elementos probatorios extraídos por el Juez de mérito de los de la prueba, tampoco está orientado a cuestionar la prueba misma, ni los elementos que de ella se han obtenido, por el contrario se encuadra en lo que se denomina la teoría general del delito. De ahí que el objeto de la denuncia de la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, es precisamente la crítica al razonamiento desarrollado por el juzgador en el momento de la subsunción del hecho que se juzga en el tipo penal, en consecuencia, quien recurre por ese motivo, debe señalar de manera concreta el razonamiento que considera errado. El recurrente también ha denunciado defectuosa valoración de la prueba, consiguientemente no puede cuestionar la errónea o defectuosa aplicación de la ley sustantiva porque no está consintiendo ni aceptando los elementos probatorios extraídos por el Tribunal de mérito, resulta una equivocada concepción de la norma procedimental. Bajo estas premisas, la denuncia formulada sobre errónea aplicación de la ley sustantiva, que por cierto son enunciativas y solo se limita a reclamar que la sentencia dictada por el Tribunal carece de valoración integral de la prueba, carece de asidero legal, por lo que devienen en infundadas. Se declaró sin lugar este agravio.


De esta relación necesaria de antecedentes, se puede evidenciar, que la parte recurrente denuncia la falta de fundamentación del Auto de Vista impugnado, al momento de resolver los reclamos referidos a los defectos de Sentencia, consistentes en la errónea aplicación de la Ley sustantiva penal y valoración defectuosa de la prueba, previstos por el art. 370 incs. 1) y 6); puesto que, pese a que en la Sentencia, se forzó para absolver a los coacusados, este aspecto hubiese sido motivo de un adecuado análisis y respuesta de parte del Tribunal de alzada, rechazando su agravio con el argumento de que el reclamo carece de trascendencia, obviando analizar la violación de las dos normas llevadas en apelación, siendo los arts. 124 y 173 del CPP; ahora, bien, se llega a evidenciar:


Que, el Tribunal de alzada en ninguna parte rechaza el agravio por carecer de trascendencia; lo rechaza en el entendido de que la denuncia de errónea aplicación de la ley sustantiva, aparentemente fuese dependiente o emergente de otros defectos de la Sentencia como el de defectuosa valoración de la prueba; empero, se trata de un defecto totalmente independiente; la denuncia de la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, es precisamente la crítica al razonamiento desarrollado por el juzgador en el momento de la subsunción del hecho que se juzga en el tipo penal; en consecuencia, quien recurre por ese motivo, debe señalar de manera concreta el razonamiento que considera errado, no puede cuestionar la errónea o defectuosa aplicación de la ley sustantiva porque no está consintiendo ni aceptando los elementos probatorios extraídos por el Tribunal de mérito, resulta una equivocada concepción de la norma procedimental y bajo estas premisas, la denuncia formulada sobre errónea aplicación de la ley sustantiva, que por cierto son enunciativas y solo se limita a reclamar que la sentencia dictada por el Tribunal carece de valoración integral de la prueba, carece de asidero legal.      


Por la referida razón, se puede establecer con meridiana claridad que no es cierto ni evidente lo reclamado por el recurrente, por lo que el presente punto deviene en infundado.


El segundo motivo sujeto al presente análisis de fondo, denuncia violación al debido proceso, en su elemento del derecho a la defensa y a la presentación de la prueba amplia y pertinente con relación a la exclusión probatoria de la prueba MP-5, que generó la existencia de vicios en la Sentencia de conformidad con los arts. 169 y 370 del CPP; sin embargo, el Auto de Vista no habría dado una respuesta fundada a derecho al reclamo establecido en el recurso de apelación, simplemente determinaron que el reclamo carece de trascendencia, porque vulneraría el art. 333 inc. 3) del CPP, invocando como precedentes contradictorios los Autos Supremos 272/2009 de 4 de mayo y 394/2014 de 18 de agosto.


En cuanto al Auto Supremo 272/2009 de 4 de mayo, revisado el precedente, se establece que la temática atendida en dicha resolución, es referente al rechazo injustificado de una prueba conducente al descubrimiento de la verdad histórica del delito; por lo mismo, no se refiere a la doctrina legal sobre el deber de fundamentación que tienen las autoridades judiciales; consecuentemente, el Auto Supremo no constituye un precedente a ser aplicado en la causa de análisis, por versar respecto una temática totalmente diferente al presente motivo.


Ahora bien, el Auto Supremo 394/2014 de 18 de agosto, dentro de un proceso por el delito de Hurto, en el que la problemática procesal refiere la falta de fundamentación del Auto de Vista impugnado, oportunidad en la que se estableció la siguiente doctrina legal: “…si una resolución cumple con la garantía de la debida motivación y está sustentada en argumentos expresos, claros, completos, legítimos y lógicos también cumple con otras dos garantías adicionales: la de hacer asequible el acceso a la justicia mediante la utilización de los recursos y la de garantizar el derecho a la publicidad…”


Consiguientemente, existiendo una situación de hecho en este último precedente similar a la planteada por Omar Peñaranda Soruco, en su condición de Alcalde Municipal de Villa Montes, que denunció que el Auto de Vista no habría dado una respuesta fundada a derecho al reclamo establecido en el recurso de apelación, por lo que el referido precedente resulta útil para desarrollar la labor de contraste.


En su recurso de apelación restringida, denunció la violación al debido proceso, en su elemento del derecho a la defensa y a la presentación de la prueba amplia y pertinente con relación a la exclusión probatoria de la prueba MP-5, que generó la existencia de vicios en la Sentencia de conformidad con los arts. 169 y 370 del CPP; sin embargo, el Auto de Vista no habría dado una respuesta fundada a derecho al reclamo establecido en el recurso de apelación, simplemente determinaron que el reclamo carece de trascendencia, porque vulneraría el art. 333 inc. 3) del CPP.


Al respecto, de la revisión de obrados se advierte que el memorial de apelación restringida del recurrente denuncia que la exclusión probatoria de la prueba MP-5 por parte del Tribunal de origen, vulnera el principio de la libertad probatoria y la valoración integral de la prueba.


Del análisis del Auto de Vista impugnado, se advierte que el Tribunal de alzada, consideró dicho reclamo, fundamentando en sentido, que de la revisión del Acta de Registro de Juicio se tiene que el Ministerio Público, cuando prestaba su declaración el Policía asignado al caso, Gabriel Maman¡ Chino, solicitó se exhiba y se introduzca a juicio la prueba MP-5 consistente en documentos adjuntos y 3 Cds., que ni la Fiscalía conocía de su contenido, solo refirió que son elementos relacionados con los hechos, porque no se había aperturado en la etapa preparatoria dichos Cds. Que ni en la acusación fiscal señala el contenido de los 3 Cds, no se tiene elemento probatorio para establecer como se han obtenido los citados Cds., ni quien los ha realizado para poder establecer su contenido. Por lo que, los 3 Cds no pueden ser introducidos a juicio contradictorio, oral, público y continuo como prueba documental porque vulneraría el art. 333 inc. 3), 329 del CPP y 180 de la CPE. Además, vulnera derechos fundamentales de privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad, prescritos en el art. 21 inc. 2) de la CPE. Por lo que, el Tribunal de alzada declaró sin lugar a este agravio.


Ahora bien, se observa que el Tribunal de alzada, no se pronunció de manera debidamente fundamentada y motivada sobre el aspecto denunciado por el recurrente, relativo a la vulneración al principio de la libertad probatoria y de valoración integral de la prueba, al haber excluido la del Tribunal de origen la prueba MP-5, limitándose a indicar que, los 3 Cds no pueden ser introducidos a juicio contradictorio, oral, público y continuo como prueba documental porque vulneraría los arts. 333 inc. 3) y 329 del CPP y 180 de la CPE.


III.2. De la denuncia de Francia Victoria Rodríguez.


En el recurso de casación la recurrente Francia Victoria Rodríguez, acusa que Tribunal de alzada, violentó el debido proceso al dictar el Auto de Vista sin la fundamentación exigida por ley, lo cual constituye a la vez un defecto insubsanable, contraviniendo la doctrina legal aplicable establecida en
diferentes Autos Supremos, 073/2013 de 19 de marzo, referido a la debida motivación de las resoluciones judiciales; y en cuanto, a los presupuestos de una correcta motivación, cita y transcribe parte de la Sentencia Constitucional Plurinacional 2141/2012 de 8 de noviembre, aduciendo de la misma manera que el Auto de Vista incurre en franca contradicción con lo que establecen los Autos Supremos 324/2012 de 12 de diciembre, 210/2015-RRC de 27 de marzo y 645/2016-RRC de 24 de agosto, que establecerían la obligación de los Tribunales de emitir resoluciones fundadas en derecho y motivadas adecuadamente.


En consecuencia precisa cuales los agravios denunciados en apelación restringida no fueron resueltos con la debida fundamentación: i) Sobre Actividad Procesal Defectuosa por haberse desarrollado el juicio de manera discontinua; ii) Respecto al defecto relativo a la vulneración e incumplimiento del principio de tipicidad que generó una errónea aplicación de la ley sustantiva como defecto previsto en el art. 370 inc. 1) del CPP, en relación con el art. 154 de la Ley 1768; iii) Con referencia a la denuncia que la Sentencia incurre en el defecto establecido en el numeral 4 de art. 370 del CPP, al haberse basado en medios y elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura; iv) En cuanto, a que la sentencia se basó en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba; y, v) Alega, la existencia de fundamentación omisiva e incongruente en que incurrió el Tribunal en relación al respecto al defecto previsto en el inc. 11) del art. 370 del CPP, afirma que el Auto de Vista impugnado, en ninguna parte de los considerandos emitidos se ha pronunciado sobre este agravio, incurriendo en fundamentación omisiva e incongruente; al respecto, invoca el Auto Supremo 324/2012 de 12 de diciembre.


Referentes al primer motivo que Tribunal de alzada, violentó el debido proceso al dictar el Auto de Vista sin la fundamentación exigida por ley.


En primer término, el Auto Supremo 73/2013 de 19 de marzo, revisado el precedente, se establece que la temática atendida en dicha resolución, es referente a que el Tribunal de apelación, no ejerció su función de control de verificación de la correcta fundamentación de la Sentencia, por lo mismo no se refiere a la doctrina legal sobre el deber de fundamentación que tiene el Tribunal de alzada; consecuentemente, el Auto Supremo no constituye un precedente a ser aplicado en la causa de análisis, por versar respecto una temática totalmente diferente al presente motivo.


Por su parte, el Auto Supremo 324/2012 de 12 de diciembre, dentro de un proceso  por el delito de Abuso Deshonesto agravado, teniendo como hecho generador: ”… toda vez que el Ad quem, conforme consta en el numeral segundo del último Considerando del Auto de Vista (fs. 511) se limita, además de transcribir parte de la Sentencia constitucional 1274/2001-R de 4 de diciembre, a señalar que: "En cuanto a la valoración defectuosa de la prueba tiene un alcance preciso, dejando claramente establecido que este Tribunal no tiene la facultad o potestad de revalorizar la prueba, toda vez que es una facultad privativa del Tribunal a quo, y lo que en el caso de autos correspondía que la parte acusada demuestre por lo menos la duda razonable respecto a los hechos imputados, respecto a los cuales seguramente el tribunal a quo de la causa, hubiese dispuesto conforme a Ley..." (sic); lo que demuestra claramente la falta de fundamentación en la que incurre el Tribunal de alzada, pues este omite dar respuesta fundamentada y motivada al motivo del recurso de apelación restringida, omisión que constituye un defecto absoluto no susceptible de convalidación, porque vulnera el derecho a la defensa y al debido proceso; siendo entonces cierto que el Auto de Vista impugnado es contrario a la doctrina legal establecida por el Auto Supremo invocado”. Ocasión en la que se estableció la doctrina legal siguiente: “…Corresponde ratificar que este Tribunal Supremo de Justicia, sentó la línea jurisprudencial con respecto al deber de los Jueces y Tribunales de desarrollar los fundamentos de la resolución, a más de ceñirse a los puntos cuestionados, vale decir, que cada punto resuelto debe llevar su respectivo argumento. Los Tribunales de Alzada sustentan la resolución de cada impugnación, indefectiblemente, con argumentos jurídicos específicos; la falta de fundamento de la resolución de uno de los puntos cuestionados, implica la inobservancia de la tutela judicial efectiva, defecto absoluto que es necesario subsanar. No existe fundamentación ni congruencia en el Auto de Vista recurrido, cuando en el mismo se evidencia que el Tribunal de alzada, no se pronunció sobre el fondo de los puntos cuestionados en el recurso de apelación restringida, no siendo suficiente escudarse en argumentos que tienen por finalidad evadir la responsabilidad de absolver expresamente los cuestionamientos deducidos por los recurrentes, aspecto que vulnera lo establecido por los arts. 124 y 398 del CPP” .


Respecto al Auto Supremo 210/2015-RRC de 27 de marzo, dentro de un proceso por el delito de Estafa, teniendo como hecho generador: ”…se advierte que el Auto de Vista impugnado…no observó una debida fundamentación en infracción del art. 124 del CPP, pese al deber del Tribunal de alzada, de circunscribir sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución impugnada y de resolverlos fundadamente…” Oportunidad en la que se estableció la siguiente doctrina legal: “…Conforme fue referido de forma reiterada por este máximo Tribunal de Justicia, la obligación de fundamentar y motivar los fallos judiciales, importa el cumplimiento de formalidades que hacen al sistema procesal penal vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia (art. 124 del CPP) y por ende al debido proceso del que converge, precisamente, el derecho a la debida fundamentación de las Resoluciones judiciales.


En etapa de impugnación, la obligación de fundamentar y motivar los fallos, se encuentran vinculados, además del artículo señalado precedentemente, a los arts. 398 del CPP (alzada) y 17.II de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), normativa que establece límites al poder jurisdiccional, obligando al Tribunal de impugnación a pronunciar fallos que permitan, con base en lo alegado y en el derecho objetivo, entender el razonamiento empleado en la resolución, es decir, el porqué de cada una de sus conclusiones.”

Además, la recurrente invocó el Auto de Vista 645/2016-RRC de 24 de agosto, dentro de un proceso por los delitos de Apropiación Indebida y Abuso de Confianza, teniendo como hecho generador: ”…en lo que respecta al motivo traído en casación en cuanto a la denuncia de falta de fundamentación de la Sentencia, en el Considerando III (Análisis del Caso Concreto) numeral 1) El Tribunal de alzada señaló: “… de la lectura de la resolución apelada se verifica que lo aseverado por la parte recurrente no es evidente, puesto que a esta fundamentación fáctica, jurídica y probatoria, habiendo la jueza ad quo sustentado las razones de hecho y derecho que motiva la razón de su decisorio, cumpliéndose en cada parte de la sentencia con el sustento exigido, efectivizando la finalidad en cuanto a ser entendible para el justiciable; razón por la que no es evidente el agravio denunciado”. Conclusiones que no cumplen con el art. 124 del CPP y la jurisprudencia desarrollada supra; es decir, una correcta fundamentación de los agravios expuestos en apelación…”. Ocasión en la que se estableció la doctrina legal siguiente: “…Obligación de los Tribunales de emitir resoluciones fundadas en derecho y motivadas adecuadamente. Conforme fue referido de forma reiterada por este máximo Tribunal de Justicia, la obligación de fundamentar y motivar los fallos judiciales, importa el cumplimiento de formalidades que hacen al sistema procesal penal vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia (art. 124 del CPP) y por ende al debido proceso del que converge, precisamente, el derecho a la debida fundamentación de las Resoluciones judiciales.


En etapa de impugnación, la obligación de fundamentar y motivar los fallos, se encuentran vinculados, además del artículo señalado precedentemente, a los arts. 398 del CPP (alzada) y 17.II de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), normativa que establece límites al poder jurisdiccional, obligando al Tribunal de impugnación a pronunciar fallos que permitan, con base en lo alegado y en el derecho objetivo, entender el razonamiento empleado en la resolución, es decir, el porqué de cada una de sus conclusiones.”


Consiguientemente, existiendo situaciones de hecho en los mencionados precedentes similares a la planteada en el recurso de la co-acusada Francia Victoria Rodríguez, que denunció que el Auto de Vista recurrido fue carente de fundamentación, por lo que los referidos precedentes resultan útiles para desarrollar la labor de contraste.


La recurrente, acusa que Tribunal de alzada, violentó el debido proceso al dictar el Auto de Vista sin la fundamentación exigida por ley, lo cual constituye a la vez un defecto insubsanable. En consecuencia, precisa cuales los agravios denunciados en apelación restringida no fueron resueltos con la debida fundamentación: i) Sobre Actividad Procesal Defectuosa por haberse desarrollado el juicio de manera discontinua; ii) Respecto al defecto relativo a la vulneración e incumplimiento del principio de tipicidad que generó una errónea aplicación de la ley sustantiva como defecto previsto en el art. 370 inc. 1) del CPP, en relación con el art. 154 de la Ley 1768; iii) Con referencia a la denuncia que la Sentencia incurre en el defecto establecido en el numeral 4 de art. 370 del CPP, al haberse basado en medios y elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura.; y, iv) En cuanto, a que la sentencia se basó en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba.


Ahora bien, de la revisión de obrados se tiene:


I. Que el recurrente efectúa el reclamo de que al señalarse la audiencia de juicio para el 3 de noviembre de 2015, se estaría vulnerando el principio de continuidad, en atención de que se trataría de una suspensión por un plazo mayor al establecido en el art. 336 del CPP de diez días calendario, siendo once días; a lo que el Tribunal de alzada explicando los entendimientos del principio de continuidad y de las suspensiones justificadas, hace una exposición de las suspensiones de las audiencias de juicio y concluye con el argumento de que el receso declarado de 22 de octubre de 2015, hasta el 3 de noviembre de 2015, ha sobrepasado los diez días; empero, ha sido por fuerza mayor porque el Tribunal tenía agendado otras audiencias de juicio, además que el 2 de noviembre de 2015 ha sido feriado.

Con relación a lo señalado, es posible advertir que el Tribunal de alzada, otorgó una respuesta debidamente motivada, en estricto cumplimiento de lo preceptuado por el art. 124 del CPP, en sentido que existió situaciones de fuerza mayor que no hicieron posible la reanudación de la audiencia de juicio dentro de lo previsto por el art. 336 del CPP.

II. La parte recurrente denuncia el defecto de Sentencia consignado en el art. 370 inc. 1) del CPP, la errónea aplicación del art. 154 del CP, vulnerando así el principio de tipicidad; fundamentando el apelante, que a pesar de esta obligación el Tribunal de Sentencia Único de Villamontes, dictó Sentencia condenatoria en contra de Francia Victoria Rodríguez, sin haber realizado el proceso de subsunción o adecuación del accionar o conducta, con los elementos constitutivos del tipo penal de Incumplimiento de Deberes, ha calificado equivocadamente el accionar de Francia Victoria Rodríguez como delito, aplicando erróneamente el art. 154 del CP, en absoluta violación del principio de tipicidad. A efectos de seguir demostrando este agravio, que es incluso considerado como defecto absoluto, es necesario referirse a los puntos que contiene la Sentencia en el considerando III, bajo el título fundamentación probatoria intelectiva de donde se comprueba que de manera errónea el Tribunal de Sentencia se avocó a realizar una simple relación subjetiva de hechos, a lo que el Auto de Vista recurrido resolvió que la conducta de Francia Victoria Rodríguez se subsume al delito de Incumplimiento de Deberes, por haber incumplido, omitido sus funciones en la unidad solicitante. Adecuando correctamente la subsunción del hecho al delito de Incumplimiento de Deberes previsto y sancionado al art. 154 del CP.

De lo referido, es posible evidenciar que la respuesta otorgada por el Tribunal de alzada, no satisface en su totalidad la demanda realizada por la apelante, pues si bien, sostiene que la conducta de Francia Victoria Rodríguez se subsume al delito de Incumplimiento de Deberes, por haber incumplido, omitido sus funciones en la unidad solicitante, quedó irresuelto el reclamo de la falta del proceso de subsunción o adecuación del accionar o conducta, con los elementos constitutivos del tipo penal de Incumplimiento de Deberes; aspecto que, no fue analizado por los Vocales, quienes otorgaron una fundamentación incompleta que no se sustenta en normas legales específicas.

III. Reclama la recurrente que la Sentencia contendría el defecto establecido por el art. 370 inc. 4) del CPP, que la Sentencia se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura, en atención de que el Tribunal de Sentencia de Villamontes utilizó como fundamentos de su Sentencia, especialmente para vincular a la empresa LG, en la construcción de las 8 aulas previo a la firma del contrato los siguientes elementos no incorporados legalmente al juicio: En el punto II Fundamentación Probatoria Descriptiva, cita la declaración del Testigo Gabriel Maman¡ Chino, quien refiere que según entrevista con vecinos y profesores, se tiene que la empresa LG, estaba realizando las construcciones dentro del colegio, que antes del inicio de la licitación ya empezó a construir. Posteriormente, en el Punto III, de Fundamentación Probatoria Intelectiva, refiere que la testifical de Ángel Ademar Saavedra Balderas, concuerda con la documental presentada, siendo este testigo quien corroboró que la construcción era realizada por la constructora LG de propiedad de Lucio Gutiérrez, esta declaración se encuentra en concordancia con la declaración del investigador asignado policía Gabriel Maman¡ Chino, el cual claramente señala que la empresa que realizaba esta obra mucho antes de la licitación, era la constructora LG de propiedad de Lucio Gutiérrez, información recabada a través de la entrevista a los testigos, trabajo investigativo que no fue refutado por las parte.

Resolviendo el Tribunal de alzada, nombrando las pruebas, transcribiendo parte de la Sentencia y llegando a la conclusión, de lo citado se tiene que no es evidente el agravio, el Tribunal de mérito ha valorado de manera integral toda la prueba ingresada al juicio oral, público y contradictorio, cumpliendo a cabalidad con el art. 173 del CPP.

IV. La recurrente también denuncia el defecto de Sentencia consignado en el art. 370 inc. 6) del CPP, que la Sentencia se base en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba, en atención de en todo el juicio oral realizado no se han demostrado los hechos para el delito de Incumplimiento de Deberes, por ningún elemento de prueba introducida a juicio, como se ha referido, no se ha podido demostrar cuál hubiera sido el deber ilegalmente omitido, retardado y rehusado hacer por mi persona, principalmente que Francia Victoria Rodríguez, haya incumplido algún deber propio de su función como miembro de la comisión de calificación; ya que, de la prueba de cargo no se ha podido establecer ningún tipo de omisión o incumplimiento a lo establecido por el art. 38 núm. III del D.S. 181, es más se ha demostrado en juicio todo lo contrario, es decir que las labores realizadas como miembros de la comisión de calificación fueron cumplidas a cabalidad y en estricto apego a la norma. A pesar de ello, el Tribunal a quo en franco irrespeto a las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano, en este aspecto de forma subjetiva y arbitraria, realizando una presunción de culpabilidad se condena.

Al respecto, el Tribunal de alzada resolvió nombrando las pruebas, transcribiendo parte de la Sentencia y llegando a la conclusión, de que las actuaciones que se ha demostrado fueron incumplidas por la coacusada, habiendo tenido la posibilidad sin impedimento alguno de realizar sus funciones.

De lo referido, se evidencia que la respuesta de parte del Tribunal de alzada, no compensa a cabalidad lo reclamado por la apelante, pues bien, nombra las pruebas, no fundamenta cual de dichas pruebas demuestra la culpabilidad de la apelante, asimismo se limita a transcribir parte de la sentencia sin dar una explicación de porqué se considera de que incumplió sus deberes, estando pendiente el reclamo de cuál hubiera sido el deber ilegalmente omitido, retardado y rehusado; aspecto que, no fue debidamente considerado por el Tribunal de alzada, quienes incumplieron fundamentar de manera correcta.

Respecto a los incs. ii) y iv); en consecuencia, al encontrarse que las respuestas otorgadas por las autoridades a cargo de la resolución de la apelación, no se encuentran sustentadas en fundamentos lógicos ni legales, sino al contrario, constituye una vulneración a los derechos fundamentales y/o garantías constitucionales; resulta viable la denuncia realizada por la recurrente, debiendo en consecuencia, la instancia de apelación atender al petitorio, haciendo un contraste y análisis sobre el fondo de lo demandado, atendiendo al argumentos planteado por la parte apelante, lo que sin duda, no implica necesariamente otorgar una respuesta positiva, sino que se debe verificar si lo denunciado responde a la verdad material de los hechos; consiguientemente, corresponde a los Vocales, otorgar una respuesta de fondo de lo denunciado en el agravio recientemente analizado, la cual deberá cumplir con los cánones mínimos exigidos por el art. 124 del CPP.

Referente al segundo motivo de la existencia de incongruencia omisiva en el Auto de Vista impugnado.


La recurrente alega la existencia de fundamentación omisiva e incongruente en que incurrió el Tribunal en relación al defecto previsto en el inc. 11) del art. 370 del CPP, afirma que el Auto de Vista impugnado, en ninguna parte de los considerandos emitidos se ha pronunciado sobre este agravio.


En relación a lo anterior, la parte recurrente invocó en calidad de precedente contradictorio, al Auto Supremo 466/2014 de 17 de septiembre, de la revisión de dicho precedente, se establece que la temática atendida en dicha resolución, respecto al deber de fundamentación que tienen las autoridades judiciales; empero, no se refiere a la doctrina legal sobre  incongruencia omisiva, consecuentemente, al no existir una situación de hecho similar, este Tribunal no puede desarrollar la labor de contraste.


Por lo expuesto, constatándose que el pronunciamiento del Tribunal de apelación en el Auto de Vista recurrido, contiene consideraciones genéricas, que de ningún modo responden de manera fundamentada y suficiente al: i) Punto apelado por la parte acusadora, ni tampoco al ii) Punto apelado por la coacusada, resultando coincidentemente contrario a los precedentes invocados por la parte acusadora y la parte coacusada los Autos Supremos: i) 394/2014 de 18 de agosto; y, ii) 324/2012 de 12 de diciembre, 210/2015-RRC de 27 de marzo y 645/2016-RRC de 24 de agosto, que coinciden en que las resoluciones judiciales deben ser debidamente fundamentadas; aspecto que, no fueron cumplidos por el Tribunal de apelación, más aun considerando que el art. 398 del CPP, establece que los Tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP, declara FUNDADO en parte los recursos de casación interpuestos por Omar Peñaranda Soruco, en su condición de Alcalde Municipal de Villa Montes, de fs. 1570 a 1581 y por Francia Victoria Rodríguez, de fs. 1604 a 1648 vta., con los fundamentos expuestos precedentemente y en aplicación del art. 419 del CPP, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista Auto de Vista 14/2017 de 19 de mayo, cursante de fs. 1474 a 1496 vta., disponiendo que la Sala Penal Primera del Tribunal  Departamental de Justicia de Tarija, previo sorteo y sin espera de turno, pronuncie nuevo Auto de Vista, en conformidad a la doctrina legal establecida en la presente Resolución.


A los efectos de lo previsto por el art. 420 del CPP, hágase conocer mediante fotocopias legalizadas el presente Auto Supremo a los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, para que por intermedio de sus Presidentes, pongan en conocimiento de los Jueces en materia Penal de su jurisdicción.


En aplicación del art. 17.IV de la LOJ, por Secretaría de Sala, comuníquese el presente Auto Supremo al Consejo de la Magistratura.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos