TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 347/2018-RRC

Sucre, 18 de mayo de 2018


Expediente                        : Tarija 38/2017        

Parte Acusadora                : Ministerio Público y otro

Parte Imputada                : Hernán Humberto Barroso Antelo

Delito                        : Defraudación Aduanera

Magistrado Relator        : Dr. Olvis Eguez Oliva


RESULTANDO


Por memorial presentado el 14 de agosto de 2017, cursante de fs. 1937 a 1956, Hernán Humberto Barroso Antelo, interpuso recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 30/2017 de 24 de julio, de fs. 1381 a 1384 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público y la Aduana Nacional de Bolivia, por la presunta comisión del delito de Defraudación Aduanera, previsto y sancionado por el art. 178 inc. c) del Código Tributario (CT).

       

I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


  1. Por Sentencia 45/2015 de 6 de noviembre, (fs. 557 a 567), el Tribunal Segundo de Sentencia de Yacuiba del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, declaró a Hernán Humberto Barroso Antelo, autor del delito de Defraudación Aduanera, previsto y sancionado por el art. 178 inc. c) del CT, imponiendo la pena de tres años de reclusión y multa equivalente al 100% de la deuda Tributaria, con costas a favor del Estado y de la víctima.


  1. Contra la mencionada Sentencia, el imputado Hernán Humberto Borroso Antelo, interpuso recurso de apelación restringida (fs. 655 a 673 vta.), resuelto por Auto de Vista 43/2016 de 18 de marzo (706 a 708), que fue dejado sin efecto por Auto Supremo 082/2017-RRC de 24 de enero (fs. 1360 a 1367); en cuyo mérito, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, emitió el Auto de Vista 30/2017 de 24 de julio, que declaró “SIN LUGAR” el recurso planteado y confirmó la Sentencia apelada, notificado el imputado con tal determinación solicitó Explicación Complementación y Enmienda, que fue rechazada mediante Resolución 10/2017 de 11 de agosto (fs. 1394),  motivando la interposición del presente recurso de casación.


I.1.1. Motivo del recurso de casación.


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 848/2017-RA de 31 de octubre, se extrae el motivo a ser analizado en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


Como primer agravio el recurrente denuncia que, el Auto de Vista recurrido incumplió la doctrina legal contenida en el Auto Supremo 082/2017-RRC de 24 de enero emitido en el caso de autos, incurriendo en defecto absoluto previsto en el art. 169 inc. 3) del CPP, puesto que: i) A tiempo de resolver su reclamo concerniente a la errónea valoración de la prueba, el Ad quem no consideró que el fundamento de la apelación se basaba en la defectuosa valoración de las pruebas MP1, MP2, PD5 y PD3, de las cuales el Tribunal de sentencia extrajo dos conclusiones que la cantidad a pagarse emergente de las planillas de tributo aduanero actualizados constituía un tributo aduanero y que la cantidad a pagarse emergente de la planilla de tributos aduaneros actualizados constituía actualización e intereses-, aspectos sobre los que en el punto II.1 no se habría plasmado argumento legal, doctrinal o jurisprudencial alguno por los cuales se pueda verificar el iter lógico, emitiendo conclusiones de manera directa y limitándose a señalar que el cambio de régimen temporal a definitivo tiene dos exigencias: 1. Pago del Tributo (DUI); y, 2. Pago de la actualización del Tributo (planilla de actualización de tributos), cuando la línea jurisprudencial de este Alto Tribunal conmina a emitir consideraciones argumentativas que servirán de sustento a la decisión final (Auto Supremo 210/2015-RRC de 27 de marzo); aspectos que, según el recurrente serían contradictorios, cuando la segunda exigencia para el cambio de régimen a consumo se asume de manera directa como tributo, alegando el Tribunal de apelación que no hay impuesto y arancel aduanero que por el paso del tiempo no conlleve la generación de accesorios adicionales consistentes en intereses, multas e incumplimiento de deberes, lo cual no se sustentaría en alguna norma legal, doctrina o jurisprudencial. Otro aspecto denunciado es que, el Ad quem insertó en el recurso de apelación restringida un agravio que el encausado jamás habría mencionado, cuando afirmó que: “no es posible argüir como lo hace el recurrente que se podría excluir el pago de accesorios sin el impuesto, o arancel aduanero”. Añade que, el Auto de Vista impugnado no se pronunció sobre los derechos fundamentales acusados como vulnerados, menos sobre las disposiciones legales de la Ley General de Aduanas, del Código Tributario Boliviano y de la Constitución Política del Estado denunciados como vulnerados cuando reclamó la defectuosa valoración de la prueba. Invoca como precedente contradictorio el Auto Supremo 87/2017-RRC de 24 de enero, y el Auto Supremo 252/2012-RRC de 12 de octubre; y, ii) Con carácter previo a la emisión del Auto de Vista ahora impugnado, el Ad quem tenía la obligación de dar a conocer los errores en el recurso de apelación restringida, al no cumplirse este extremo, el recurrente denuncia la inobservancia de la doctrina legal del AS 82/2017 respecto a la aplicación del art. 399 del CPP, vulnerándose el principio de legalidad, citando el art. 420 del CPP, además de limitar su derecho a la impugnación previsto en el art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE) al privarle subsanar su recurso, asimismo, denuncia la vulneración a su “derecho” a la igualdad previsto en el art. 14.III de la CPE, haciendo alusión a la Sentencia Constitución 1781/2004-R, Auto Supremo 186/2016-RRC de 8 de marzo y el Auto de Vista 85/2016 de 4 de agosto, que se encontraría ejecutoriado por Auto Supremo 292/2017-RRC de 18 de abril. Cita como precedentes contradictorios los Autos Supremos 87/2017-RRC de 24 de enero, 186/2016-RRC de 8 de marzo y 292/2017-RRC de 18 de abril.


Como segundo agravio reclama que, el Auto de Vista sería incongruente, vulnerando su derecho al debido proceso en los términos del art. 124 del CPP, incurriendo en defecto absoluto previsto en el art. 169 inc. 3) de la referida Ley adjetiva, arguyendo: I. En virtud a la defectuosa valoración de la prueba, el ad quem no dio una respuesta fundamentada, no refirió norma legal, doctrina o jurisprudencia, menos señaló los motivos de sus conclusiones, pues en lugar de pronunciarse respecto al agravio, emitieron “conclusiones lacónicas sin sustento legal alguno”, omitiendo verificar si el A quo vulneró el principio de identidad, al valorar las pruebas MP1, MP2, PD3 y la testifical del Perito Adel Aparicio España, que ni si quiera fueron nombrados en el punto II.1 del Considerando II del Auto de Vista recurrido. Arguye similar incongruencia, cuando en el punto I.1 de la Resolución impugnada, el Ad quem cita como normas vulneradas “los artículos 6.I del CTB, 25 de la LGA, los arts. 158.I y 23 de la CPE, los arts. 124, 173 y 359 del CPP” y el debido proceso tutelado por el art. 115.II de la CPE, sin embargo, en las conclusiones de su punto II.2, las mencionadas disposiciones legales no fueron citadas. Alega que se denotó valoración arbitraria del A quo para sustentar la comisión de un ilícito considerado inexistente, que de haberse ingresado en la verificación de la defectuosa valoración probatoria, se tendría la inexistencia de las premisas que sustentan la Sentencia; y, II. Al no tomar en cuenta el Ad quem el agravio del recurso de apelación restringida consistente en la inobservancia y errónea aplicación de la Ley sustantiva, se incurrió en incongruencia interna al no existir respuesta que evidencie la labor de subsunción del hecho al tipo penal descrito en el art. 178 del CTB y juzgado por el a quo, por el contrario, el Ad quem se pronunció respecto de la diferencia entre contravención y delito; aspecto que, no habría sido planteado en el recurso de apelación restringida, ocurriría lo mismo en la conclusión del punto II.4 del Auto de Vista impugnado. Añade que, la trascendencia del agravio, radica en que a través de la Ley 812, modificatoria del art. 157 del CTB, se otorga el plazo de 10 días para la cancelación de obligaciones tributarias, concordante con la Resolución Administrativa RA-PE-01-029-16 de 30 de diciembre de 2016 del Directorio de la Aduana Nacional que, en su art. 38 hace referencia a la obligación de concluir con la etapa prejudicial antes del inicio del proceso penal por indicios de defraudación tributaria, aspectos que de haberse tomado en cuenta, resultarían “conclusiones diametrales a las arribadas por el tribunal de primera instancia”, máxime cuando la misma Sentencia reconoció que el imputado “canceló al día siguiente los intereses emergentes de la planilla de actualización de tributos aduaneros-admisión temporal”, acogiéndose al arrepentimiento eficaz que refiere el art. 157 del CTB. Al respecto invoca como doctrina legal aplicable el Auto Supremo 172/2012-RRC de 24 de julio.


Como tercer agravio reclama que, el Auto de Vista recurrido incurrió en fundamentación arbitraría, vulnerando el debido proceso en su elemento a la fundamentación y legalidad, resultando en defecto absoluto, puesto que, en el punto II.1 del Auto de Vista impugnado, el Ad quem indicó que no hay impuesto o arancel aduanero que por el paso del tiempo no conlleve la inclusión de accesorios adicionales como los intereses, multas e incumplimiento de deberes, incongruencia interna que vulnera el principio de legalidad, porque la obligación de pago en aduanas en los regímenes suspensivos, únicamente emerge del incumplimiento de las condiciones a las que está sujeto el propio régimen suspensivo como lo señala el art. 9 de la Ley General de Aduanas (LGA), condiciones que según el art. 126 de la misma norma y el art. 167 de su Reglamento, sólo se dan a la finalización del plazo otorgado en el régimen suspensivo, sin que se haya re-exportado o realizado el cambio al régimen de consumo, supuestos que no son aplicables al caso de autos y que tampoco fueron motivo de debate, habida cuenta, que asumir que los intereses, multas e incumplimiento de deberes formales forman parte del tipo penal señalado en el art. 178 del CTB, que se refiere únicamente a tributos aduaneros, implica vulneración al principio de legalidad reconocido en el art. 180 de la CPE, cuando los tributos aduaneros como elemento normativo del tipo penal, se encuentran identificados en el art. 25 de la LGA. Añade que, en relación al punto II.2 del Auto de Vista impugnado referido a que no se adicionaron nuevos hechos al factum por el que fue condenado, tomando en cuenta que lo declarado como probado constituyó la demostración del dolo en el tipo penal de Defraudación Aduanera, enfatizó que el simple incumplimiento no puede ser tomado como hecho delictuoso, debiendo acreditarse el elemento subjetivo del tipo penal tributario consistente en el ánimo del agente a inducir en error a la administración tributaria. Refiere que, el Ad quem en los puntos II.3 y II.4 del Auto de Vista recurrido no se manifiesta sobre los fundamentos ni las normas referidas en la apelación restringida verificados en los puntos I.3 y I.4 de la misma Resolución, atinando solo a relacionar la diferencia entre proceso administrativo sancionador y proceso penal, sin fundamentar la diferencia entre delito aduanero y contravención. Añade que, la diferencia a la que hace referencia el Ad quem sin sustento normativo, doctrinal ni jurisprudencial entre delito y contravención radica en el monto, cuando según el recurrente, las citas doctrinales y normativas demuestran que la diferencia radica en la existencia de dolo en el accionar del agente. Asimismo refiere que, otro error en la argumentación sería el haber señalado que el delito de defraudación aduanera es formal, siendo los delitos Tributarios de resultado como lo expresa la primera parte del art. 152 del CTB, cuando el mismo Tribunal de apelación dentro de la misma causa ya refirió en el Auto de Vista 185/2014 de 26 de diciembre que el delito de defraudación aduanera constituye delito de resultado. Señala por otra parte que, el Tribunal de apelación se manifestó sobre el art. 9 del CP y no sobre el art. 157 del CTB, que sería la norma aplicable al proceso penal tributario por mandato de la Disposición Final Segunda de la Ley 2492, emitiendo así el Ad quem a criterio del recurrente conclusiones ajenas a la normativa tributaria penal que lleva como fruto la emisión de “argumentación arbitraria”. Invoca como precedente contradictorio, el Auto Supremo 251/2012 de 17 de septiembre, respecto a los puntos II.3. y II.4 del Auto de Vista Impugnado. Asimismo, hace referencia al Auto de Vista 185/2014 de 26 de diciembre, indicando que fue ejecutoriada por Auto Supremo 454/2015-RRC de 29 de junio.


Finalmente, bajo el acápite titulado “EL AUTO SUPREMO NO TOMA EN CUENTA LA MODIFICACIÓN DE LA NORMA TRIBUTARIA REALIZADA POR LEY 812” manifiesta que, el Auto de Vista recurrido no tomó en cuenta las modificaciones de la Ley 812 y su Decreto Reglamentario, pues el art. 47 del CTB referido a los componentes de la deuda tributaria- establecería que esta se constituye por intereses y no por tributos, incurriendo en insuficiente fundamentación. Destaca que, la aplicación del art. 157 modificada por la Ley 812 altera los fundamentos jurídicos de la sentencia, extinguiendo la omisión del pago de la deuda tributaria. Refiere que, la Sentencia Condenatoria 45/2015 en su fundamento fáctico, no desconoció que su persona canceló la actualización de los tributos e intereses, es decir el pago de la liquidación que efectuó en la planilla denominada “Tributos aduaneros actualizados, admisión temporal”, radicando el accionar ilícito según el a quo en haber hecho la cancelación al día siguiente de la presentación de la DUI, es decir, haber cancelado los tributos de importación aduanera el 29 de septiembre de 2009 y las actualizaciones e intereses recién el 30 de septiembre de 2009, lo cual no se encontraría sustentado por norma aduanera ni tributaria alguna, considerándose contravención aduanera por mandato de la RD 01.001.08; contrariamente, el  recurrente considera que, el art. 54.II del CT establece que en ningún caso y bajo responsabilidad funcionaria la administración tributaria puede negarse a recibir los pagos que efectúe el contribuyente, sean estos parciales o totales los que se acreditan y prueban mediante los documentos bancarios de pago de acuerdo al art. 53.IV de la citada Ley, quedando automáticamente extinguida la sanción pecuniaria por contravención de omisión de pago cuando el sujeto pasivo o tercero responsable pague la deuda tributaria hasta el décimo día de notificada la Vista de Cargo o Auto Inicial, o hasta el inicio de la ejecución tributaria de las declaraciones juradas que determinen tributos y no hubiesen sido pagados totalmente; arguyendo el imputado que pagó al día siguiente del pago de los tributos de importación, por lo que estaría dentro de los alcances de esta disposición legal modificada y de esta manera extinguida “la supuesta omisión de pago” y que la presentación de la DUI, la liquidación y pago de tributos aduaneros de importación no mereció observación, ya que los mismos habrían sido declarados, liquidados y pagados en forma correcta. Al respecto, invoca las Sentencias Constitucionales 1742/2013 de 21 de octubre y 1386/2005 de 31 de octubre, los Autos Supremos 586/2014 de 10 de octubre Sala Civil y 683/2014-RRC de 27 de noviembre.


I.1.2. Petitorio.


El recurrente solicita que una vez admitido su recurso, se dicte resolución que disponga se deje sin efecto el Auto de Vista 30/2017 de 24 de julio y su Auto complementario, emitiéndose la doctrina legal aplicable a observarse en la nueva resolución, se entiende a ser dictada por el Ad quem.


I.2. Admisión del recurso.


Por Auto Supremo 848/2017-RA de 31 de octubre, este Tribunal Supremo de Justicia declaró admisible el recurso interpuesto por Hernán Humberto Barroso Antelo, para el análisis de fondo en sus cuatro motivos.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO.


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se establece lo siguiente.


II.1.  De la Sentencia.


Por Sentencia 45/2015 de 6 de noviembre, (fs. 557 a 567), el Tribunal Segundo de Sentencia de Yacuiba del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, declaró a Hernán Humberto Barroso Antelo, autor del delito de Defraudación Aduanera, previsto y sancionado por el art. 178 inc. c) del CT, imponiendo la pena de tres años de reclusión y multa equivalente al 100% de la deuda Tributaria, con costas a favor del Estado y de la víctima; concluyendo que, el 29 de septiembre de 2009, el acusado en su condición de representante legal de la Agencia Despachante de Aduana Esteban Barroso L.P., a cuenta de Drilling Logistic and Services Corporation (DLS) Suc. Bolivia, solicitó el cambio de régimen de admisión temporal de la DUI C 1290 de 5 de noviembre de 2008 a Declaración de Mercancías para despacho a consumo mediante DUI C 1011, elaborándola por un valor de Bs2 453 971, cuando debía ser por Bs2 952 689, disminuyendo dolosamente en desmedro del Estado Bs 498 706 correspondientes a los tributos aduaneros actualizados-admisión temporal, pago que según el fax AN-GNNGC-DNPNC-F-0096/2004 de 28 de mayo debía realizarse de forma previa a la elaboración de la declaración de importación para el consumo; es decir, tenía que reliquidar primero sus obligaciones tributarias en la planilla denominada tributos aduaneros actualizados-admisión temporal la cual no era desconocida para el acusado por su actividad-, aplicando tasas de interés expresados en UFVs según dispone el art. 47 del CT, habiendo el encausado pagado solamente la suma indicada el mismo día que inicia el trámite, e inmediatamente el sistema informático SIDUNEA sorteó automáticamente el canal amarillo, debiendo el técnico aduanero verificar el pago total de los tributos según la declaración y la liquidación de la planilla de tributos aduaneros actualizados-admisión temporal, el cual faltaba como documento soporte por no haberse efectivizado el pago, infiriendo por ello el Tribunal de Sentencia que la conducta del encausado se adecúa al tipo penal previsto por el art. 178 inc. c) del CT, ahora bien el argumento del acusado de que, contaba con tres días de plazo para pagar la totalidad no corresponde pues el control aduanero ya se había iniciado, concluyendo que el supuesto error es muy grosero, pues el monto omitido es alto, por lo mismo difícil de que se haya olvidado.


Refiere que, la inducción al error a la administración pública se encuentra presente cuando el acusado faccionó la DUI el 29 de septiembre de 2009, sólo en base al cálculo del valor de los tributos suspendidos y no así en base a la planilla de tributos aduaneros actualizados, especificando que se produjo el ilícito luego de haber pagado el monto con el faltante superior a los UFVs50 000, hecho especialmente acreditado según el A quo con la deposición del testigo Jesús Salvador Vargas Cruz, además con la MP1 y MP2 que es el acta de intervención ANGRT YACTZ 002/09 constando la presentación de la DUI IM4 2009/631 (c-1011 el 29 de septiembre de 2009 para cambiar de régimen de admisión temporal de la DUI IM5 2008/631 c 1290 de 5 de noviembre de 2008, donde no figura la planilla de tributos aduaneros, incumpliendo el acusado con la actualización y ajuste de los intereses MP5), así como la explicación del perito Hilarión Aparicio España), constituyendo deuda tributaria, pues el hecho de haber pagado recién el día 30 de septiembre durante el aforo o control documental por canal amarillo sería nulo (MP7, MP8, MP9, MP11 y MP12). 


En cuanto a la responsabilidad del encausado, la Sentencia refiere que se tiene acreditado por la prueba MP 18 que el representante de la Agencia Despachante de Aduana es el encausado, quien realizó los trámites por su comitente DLS, por ende de conformidad al art. 20 del CP es el autor del ilícito y el argumento de la defensa de la existencia de tres días para pagar lo adeudado y que por habérsela hecho efectiva el segundo día la misma quedaría extinguida, es contraria a la normativa pues el pago es un acto voluntario, aclarando el A quo que no es durante ni posterior al control aduanero, sirviendo en consecuencia el argumento de la defensa solo para atenuar la pena, concluyéndose que la conducta del acusado es típica por subsumirse a los supuestos de hecho descritos en el art. 178 inc. c) del CT, antijurídica por ser la misma dolosa sin que exista causa de justificación y finalmente culpable por ser reprochable, mereciendo en tal sentido la sanción impuesta en atención a su condición, edad, educación y otras circunstancias tomadas en cuenta por el Tribunal a quo.                  


II.2. De la apelación restringida de Hernán Humberto Barroso Antelo.


El encausado interpuso recurso de apelación restringida, identificando como agravios de la Sentencia los siguientes:


  1. El A quo incurrió en defectuosa valoración de la prueba art. 370 inc. 6) del CPP- vulnerando el principio de identidad que establece que una cosa sólo puede ser una y no otra, pues la conclusión primigenia arribada en base a las pruebas fax ANGNNGC DNPNC-F-0096/2004 de 28 de mayo, MP1, MP2 y MP5, señalando que “a través de la omisión de la facción de la planilla de tributos aduaneros actualizados, se ha omitido la ACTUALIZACIÓN Y EL AJUSTE DE INTERESES”, es contraría al argumento del propio Tribunal de mérito, que alegó con base a la testifical del perito Hilarión Adel Aparicio España y la prueba PD3, que la planilla actualizada es tributo; vulneración que a decir del recurrente, es trascendente pues la Sentencia sostuvo que la planilla de tributos aduaneros actualizados es un tributo y a la vez intereses; por lo que en este último caso no puede sostenerse que sea una actualización de tributos, siendo que el art. 25 de la LGA es el único que identifica cuáles son tributos aduaneros de importación, no encontrándose entre ellos la planilla de tributos aduaneros actualizados; por tanto, el de mérito no habría observado que los arts. 158.I.23 de la CPE y 6.I.1 del CT, en resguardo del principio de legalidad, establecen que solo la Ley puede crear, modificar o suprimir tributos; por lo que, pretender otorgar a un documento dicha calidad por un medio testifical y documentos, constituye a decir del imputado, un desconocimiento de las normas de rango constitucional, identificando como norma adjetiva inobservada los arts. 124, 173 y 359 del CPP y como derecho vulnerado, el debido proceso tutelado por el art. 115.II de la CPE.


  1. La Sentencia incurrió en el defecto previsto en la primera parte del inc. 6) del art. 370 del CPP, incumpliendo lo previsto por los arts. 6, 8, 9, 360 inc. 2) y 342 de la norma adjetiva penal, al señalar en su fundamentación probatoria intelectiva aspectos que no fueron parte de la acusación fiscal ni particular, como el hecho de que el acusado antes del 29 de septiembre del 2009 no habría pagado Tributos aduaneros actualizados de admisión temporal en similares casos, corroborado con la declaración del técnico Jesús Vargas y el perito Adel Aparicio, quienes habrían manifestado que, de la revisión de documentos no existía la planilla de actualización de admisión temporal inclusiva con canal amarillo, concluyendo que se les revisaba la documentación con anterioridad y no le observaron ese faltante importante, por eso es que actuaron como siempre lo hicieron y si antes nunca les exigían lo extrañado pese al canal amarillo, ¿por qué ahora tendría que exigirse?, confiando en eso es que tampoco el 29 de septiembre del 2009 lo faccionaron ni pagaron. Este hecho, a decir del recurrente, vulnera el derecho a la defensa y presunción de inocencia, tutelados por los arts. 115.II y 116.I de la CPE.


  1. El recurrente denuncia la existencia del defecto previsto por el inc. 1) del art. 370 del CPP, argumentando que el A quo incurrió en errónea aplicación del art. 178 del CT, pues ante la observación de falta de planilla denominada “Tributos aduaneros actualizados-Admisión temporal”, el recurrente había liquidado y pagado los mismos el 30 de septiembre de 200; es decir, al día siguiente del pago de los tributos; señala también, que hizo el pago de un equivalente a UFVs1 500 00 según el recibo Nº R1143 de 30 de septiembre de 2009, correspondiente a la sanción por presentar la declaración de mercancías sin disponer de los documentos de soporte como es la planilla de actualización e intereses; posteriormente, con el objeto de complementar los documentos soporte de la DUI, mediante formulario 164 de declaración jurada de corrección en declaraciones de mercancías habría solicitado la corrección de la página de información adicional de la declaración y de la página de documentos adicionales, denominada tributos aduaneros actualizados-admisión temporal y el recibo de pago R1135, conforme lo dispuesto por el inc. a) del art. 102 del D.S. 25870 (Reglamento de la Ley de Aduanas). Sostiene además que, se le notificó con el acta de reconocimiento/informe de variación del valor, el cual constituye un informe técnico de inicio de proceso administrativo, que habría sido respondido mediante nota de 2 de octubre de 2009, según el art. 109 de la RLGA sin tener respuesta, haciéndose notar este aspecto nuevamente el 26 de octubre del referido año. Estos hechos, a decir del recurrente crearon confusión en el A quo, que no comprendió el trámite de importación para el consumo y el acta de reconocimiento/informe de variación del valor, como acto administrativo que inicia un proceso según procedimiento de régimen de importación para el consumo-, razón por la cual, considera existió inobservancia de la Ley Sustantiva, pues el punto 2.19 apartado B del numeral V de la RD de 01-031-05 establece que, en caso de delitos aduaneros o contrabando contravencional, se debe elaborar acta de intervención y en los demás casos emitirse Acta de reconocimiento/Informe de Variación del Valor.


Refiere que, después de 34 días de emitir el Acta de reconocimiento/Informe de variación del Valor AN-GRT-YACTZ Nº 18/2009, violentado los arts. 108 y 109 del RLA (D.S. 25870) y el Procedimiento del Régimen de Importación para el Consumo, sin concluir el proceso administrativo, el acusador particular emitió el Acta de Intervención sin base jurídica- calificando el hecho como presunta comisión del delito de defraudación aduanera, tipificado por el inc. c) del art. 178 del CT, confundiendo los Tributos Aduaneros y la deuda tributara, figuras diferentes, pues el primero implicaría defraudación aduanera, y el segundo, una omisión de pago.


Asimismo, alega errónea aplicación de la ley sustantiva por falta de correspondencia entre el hecho y lo previsto por el art. 178 del CT que contempla el elemento dolo, que según el recurrente no existió, pues advertido del error de no haber acompañado la planilla de actualización e intereses procedió al pago al día siguiente; sin embargo, el argumento del A quo de que no existió coherencia en el accionar del ahora recurrente por haber cancelado de manera directa la multa sin el documento de soporte, sería contrario a la RD 01-017-08 de 14 de septiembre del 2009, que aprueba la actualización y modificación del Anexo de Clasificación y Contravenciones con relación a la importación temporal, lo cual no implica omisión de pago de tributo.


Haciendo referencia a lo dispuesto por el art. 25 de la LGA y 20 de su Reglamento argumenta que, liquidó los tributos aduaneros de importación de la DUI C-1011 de 29 de septiembre de 2009, lo cual corresponde al pago de Tributos Aduaneros y que la observación de la Aduana sería la falta de planilla “Tributos Aduaneros Actualizados Admisión Temporal” que constituyen intereses a ser pagados con base a los tributos liquidados en la admisión temporal; aspecto que, habría sido mal interpretado por el A quo quien consideró que la omisión de actualización y accesorios constituyen tributos aduaneros de importación, cuando en realidad serían solo intereses al tributo.


Alega finalmente que, el A quo también incurrió en errónea aplicación e interpretación del art. 157 del CT que establece el arrepentimiento eficaz y el hecho de haber cancelado el 30 de septiembre de 2009 la deuda tributaria, quedando extinta la misma y cualquier sanción derivada del hecho.


II.3.  Del Auto de Vista impugnado.


La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, en cumplimiento del Auto Supremo 082/2017-RRC de 24 de enero, dictó el Auto de Vista impugnado declarando “sin lugar” el recurso planteado por el ahora recurrente y confirmando nuevamente la Sentencia 45/2015 de 6 de noviembre, dictada por el Tribunal Segundo de Sentencia de Yacuiba, señalando entre sus argumentos lo siguiente:


  1. En cuanto a la defectuosa valoración de la prueba, al haberse denunciado el quebrantamiento del principio de identidad, el Ad quem refirió que, el Régimen de admisión temporal determina el no pago de tributos, porque la importación es temporal teniendo el bien que volver a salir del país e ir al país de origen, antes del vencimiento de la admisión temporal el importador puede nacionalizar la mercancía mediante el pago de tributos y de la planilla de actualización o re exportar al país de origen, el cambio de régimen temporal a definitivo exige el pago del tributo así como el pago de la actualización de tributo (planilla de actualización de tributos). Por lo que, teniendo presente que no hay impuesto o arancel aduanero que por el paso del tiempo no conlleve la inclusión de accesorios adicionales (intereses, multas e incumplimiento de deberes formales), no sería posible argüir como lo hace el recurrente, la exclusión del pago de accesorios sin el impuesto, o arancel aduanero, lo contrario sería ilógico e imposible, razón por la que el Ad quem considera que no se ha vulnerado el principio de identidad.


  1. Con relación a los hechos no contemplados en la acusación fiscal ni particular, en alusión a las afirmaciones del técnico Jesús Salvador Vargas Cruz y el perito Hilarión Adel Aparicio España, el Ad quem señala que, en la parte pertinente de la Sentencia se hace referencia a los trámites anteriores del encausado en los que se verificaría la misma falencia; es decir, la falta de pago de tributos aduaneros actualizados-admisión temporal; empero, afirma el A quo la cita de las declaraciones testificales no tendría el objeto de incluir hechos en la relación fáctica de ambas acusaciones, sino que las valora con relación al análisis del elemento subjetivo; es decir, el dolo considerando por ello que, no se provoca agravio al no modificarse los hechos acusados a momento de resolver en el fondo sobre la probanza o no de los mismos.


  1. Respecto a la inobservancia de la ley Sustantiva, el Ad quem citando el punto 2.19 apartado B del numeral V de la RD de 01-031-05, referido a que en caso de delitos aduaneros o contrabando contravencional, se debe elaborar acta de intervención y en los demás tipos de observaciones acta de reconocimiento/informe de variación del valor; señaló que, la diferencia para considerar si se trata de una contravención o un delito aduanero es el monto, ya que para un delito aduanero debe ser superior a los 50.000 UFV´s como en el caso concreto que el monto omitido a pagar por concepto de actualización de planilla es superior a 50.000 UFV´s. Refiere asimismo que, no afecta al hecho procesado el trámite administrativo interno; ya que, el delito es formal y se consuma por la actividad desplegada por el contribuyente, independiente del trabajo posterior que desarrollen los funcionarios de la Aduana, habida cuenta que la responsabilidad penal en el caso en cuestión no responde a una continuidad de actos sino, a un hecho específico que es el acusado por el Ministerio Público.


  1. Con relación a la apelación restringida y la inobservancia y errónea aplicación de la ley el Ad quem refiere que, el delito por el que se encuentra procesado el recurrente es de tipo formal que se consuma al momento de la declaración y pago del tributo, aclarando que cualquier acción anterior a ese momento puede considerarse como “delito tentado” en el que puede considerarse el arrepentimiento eficaz, sin embargo en el caso concreto el pago al siguiente día o posterior responde a un acto ex post al momento en el que el delito ya se cometió, que podría considerarse como una reparación al daño causado, pero no podría hablarse de un arrepentimiento eficaz cuando el delito ya se hubiere cometido. Añade que, de la comisión de un delito tributario surgen la responsabilidad penal para la investigación del hecho, su juzgamiento y la imposición de la pena o medida de seguridad y una responsabilidad civil para la reparación de los daños y perjuicios emergentes, comprendiendo tanto el pago del tributo omitido, su actualización e intereses; así como el pago de los gastos administrativos y judiciales incurridos.                                        


III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN CON EL PRECEDENTE INVOCADO

En el caso concreto, el recurrente denuncia la vulneración del debido proceso, la seguridad jurídica y el derecho a la defensa, además de la inobservancia de la doctrina legal emanada de este Alto Tribunal, considerando que el Auto de Vista impugnado incurrió en incongruencia omisiva ante: 1. La falta de pronunciamiento sobre el agravio de defectuosa valoración de la prueba; 2. La falta de pronunciamiento sobre el agravio de inobservancia y errónea aplicación de la Ley sustantiva (art. 178 del CT modificado por la Ley 812), resultando los fundamentos referidos al tipo penal endilgado erróneos, arbitrarios y vulneratorios al principio de legalidad; y, 3. La falta de pronunciamiento respecto al agravio de inobservancia de la ley procesal.      


Siendo los precedentes jurisprudenciales invocados y considerados contradictorios al Auto de Vista impugnado, los Autos Supremos 026/2013 de 8 de febrero, 171/2012 de 9 de julio, 87/2017-RRC de 24 de enero, 186/2016-RRC de 8 de marzo, 292/2017-RRC de 18 de abril, 87/2017-RRC de 24 de enero, 252/2012-RRC de 12 de octubre, 251/2012 de 17 de septiembre y el Auto de Vista 185/2014 de 26 de diciembre ejecutoriada por Auto Supremo 454/2015-RRC de 29 de junio.


III.1.        La labor de contraste en el recurso de casación.


Conforme lo dispuesto por el art. 42.I inc. 3 de la LOJ y 419 del CPP, las Salas especializadas tienen la atribución de sentar y uniformar la jurisprudencia, cuando un Auto de Vista dictado por una de las Cortes Superiores de Justicia, sea contrario a otros precedentes pronunciados por las otras Cortes Superiores o por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia.


El art. 416 del CPP, preceptúa: “Se entenderá que existe contradicción, cuando ante una situación de hecho similar, el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista recurrido no coincida con el del precedente sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance”. En ese ámbito, este Tribunal a través del Auto Supremo 322/2012-RRC de 4 de diciembre, puntualizó: “Cuando la norma se refiere a una situación de hecho similar, considera esta Sala que el legislador se refiere a supuestos fácticos análogos, siendo necesario precisar que en materia sustantiva el supuesto fáctico análogo exige que el hecho analizado sea similar; en cambio, en materia procesal el supuesto fáctico análogo se refiere a una problemática procesal similar”.


La atribución de este Tribunal, de sentar y unificar jurisprudencia, contiene íntima y estrecha relación con la garantía constitucional contenida en el art. 119.I de la Constitución Política del Estado (CPE), que garantiza el ejercicio pleno del principio de igualdad de las partes ante el Juez dentro de las jurisdicciones del Estado, así como garantizar seguridad jurídica en la predictibilidad de las decisiones de los tribunales y un igual tratamiento jurídico a los ciudadanos. En resumen, la labor de sentar doctrina legal a partir del recurso de casación dentro de la jurisdicción ordinaria, se sintetiza en: a. Respeto a la seguridad jurídica; b. Realización del principio de igualdad; y, c) Unidad y uniformidad en la aplicación del derecho por parte de los servidores judiciales en la jurisdicción ordinaria.


Por otro lado, la doctrina legal a ser dictada por este Tribunal en el supuesto caso de verificar la existencia de contradicción entre la resolución impugnada y los precedentes invocados como contradictorios, será de aplicación obligatoria para los Tribunales y Jueces inferiores y sólo podrá modificarse por medio de una nueva resolución dictada con motivo de otro recurso de casación, en previsión de lo dispuesto por el 420 del CPP.


III.2. De los precedentes invocados.


Auto Supremo 252/2012-RRC de 12 de octubre.- Por el que la Sala Penal Primera del Tribunal Suprema de Justicia en un proceso penal seguido por los delitos de injurias, difamación y daño simple previstos y sancionados por los arts. 287, 282 y 357 del CP, estableció.


“III.4. Doctrina legal aplicable.-


Conforme precisa el art. 418 del CPP, admitido el recurso, se pondrá en conocimiento de las salas penales de todas las Cortes Superiores de Justicia ahora Tribunales Departamentales de Justicia los antecedentes del caso para que se inhiban de dictar Autos de Vista en aquellos recursos en los que se debaten las mismas cuestiones de derecho; resuelto el recurso, las resoluciones en las que se establezca doctrina legal aplicable, será de cumplimiento obligatorio para los jueces y tribunales del Estado boliviano, siendo este su efecto relevante conforme lo establece el art. 420 del CPP, y sólo podrán modificarse a través de una nueva resolución dictada con motivo de otro recurso de casación; y en caso de inobservancia como en el presente caso, se vulnera los principios de celeridad y economía procesal que han sido plasmados en el art. 115.II de la CPE y 3.7 de la LOJ, que establecen que el Estado debe garantizar una justicia sin dilaciones, mandato expreso que ha sido absolutamente incumplido en el caso de autos por la inobservancia de la doctrina legal contenida en el Auto Supremo 065/2012-RRC de 19 de abril”.


Auto Supremo 26/2013 de 8 de febrero, dictado por la Sala Penal Primera de este Alto Tribunal de Justicia dentro de un proceso penal seguido por la presunta comisión de los delitos de homicidio en grado de tentativa, lesiones gravísimas y graves, previstos y sancionados por los artículos 251, con relación al 8, 270 incs. 2), 4) y 5), y 271 incs. 1) del CP, estableciendo la siguiente doctrina:


De acuerdo a la jurisprudencia contenida en el Auto Supremo Nro. 6 de 26 de enero de 2006 y el entendimiento desarrollado por el Auto Supremo Nro. 12 de 30 de enero de 2012, todo Auto de Vista debe ser debidamente fundamentado y motivado, cumpliendo con los parámetros de especificidad, claridad, completitud, legitimidad y logicidad, respondiendo y emitiendo los criterios jurídicos sobre cada punto impugnado que se encuentre en el recurso de apelación restringida; asimismo es preciso dejar sentado de que toda fundamentación debe circunscribirse a absolver de manera puntual y objetiva el fondo de la denuncia o denuncias realizadas, sin que la argumentación vertida sea evasiva, incongruente o haga alusión a aspectos distintos a los denunciados, toda vez que ésta circunstancia deja en estado de indeterminación e incertidumbre a las partes, al no haberse absuelto de manera efectiva sus acusaciones.


En ese entendido, no existe fundamentación en el Auto de Vista cuando en el mismo se evidencia que el Tribunal de Alzada no se pronunció sobre todos los puntos impugnados que se encuentre en el recurso de apelación restringida, aspecto que deriva en vicio de incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio) que vulnera lo establecido por los artículos 124 y 398 del Código de Procedimiento Penal constituyendo defecto absoluto inconvalidable que vulnera el derecho a recurrir, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado y los Tratados y Convenios Internacionales.


En consecuencia, se evidencia la existencia de un fallo dictado sin la observancia de las reglas del debido proceso y las garantías constitucionales, que constituye defecto absoluto al tenor del artículo 169 inciso 3) del Código de Procedimiento Penal, lo que amerita en aplicación del artículo 419 del Código de Procedimiento Penal, dejar sin efecto el Auto de Vista recurrido, para que las omisiones observadas sean subsanadas”.


Auto Supremo 171/2012 de 9 de julio, dictado dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra U.H.A. y otros, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas tipificado por el art. 48 con relación al inc. m) del art. 33 de la Ley de Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, en el que, se verificó que, el Auto de Vista impugnado vulneró derechos y garantías constitucionales que constituyen defectos absolutos, al no haberse pronunciado el ad quem sobre la reserva de la apelación restringida efectuada en juicio, vulnerando así el derecho a la seguridad jurídica, al debido proceso y el art. 398 del CPP. Este antecedente generó la siguiente doctrina legal:


De acuerdo al entendimiento establecido por el Auto Supremo Nro. 6 de 26 de enero de 2007 se considera que existe incongruencia omisiva (citra petrita o ex silentio) cuando en el Auto de Vista no se resolvieron todos y cada uno de los puntos denunciados en el recurso de apelación restringida, los cuales deben ser absueltos uno a uno con la debida motivación y con base de argumentos jurídicos sólidos e individualizados, a fin de que se pueda inferir respuesta con criterios jurídicos al caso en concreto; lo contrario constituye infracción del principio tantum devolutum quantum apellatum, y al deber de fundamentación que vulnera lo establecido por los arts. 124 y 398 del Código de Procedimiento Penal, siendo obligación del Tribunal de Apelación, realizar la adecuada motivación en las resoluciones que pronuncie cumpliendo con los parámetros de especificidad, claridad, completitud, legitimidad y logicidad establecidos en los Autos Supremos Nros 12 de 30 de enero de 2012 y 99 de 4 de mayo de 2012”.


También, el Auto Supremo 186/2016-RRC de 8 de marzo, en el que la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, dentro de un proceso penal sustanciado por la presunta comisión de los delitos de Transporte de Sustancias Controladas, Asociación Delictuosa y Confabulación, previstos y sancionados por los arts. 55 y 53 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley 1008) señaló:


“En ese contexto, el Tribunal de casación constató que el Tribunal de alzada admitió el recurso de apelación restringida sin hacer alusión la falta de cumplimiento del art. 408 del CPP; de ser así debió otorgársele el plazo de los tres días conforme el art. 399 del CPP, con el fin de que la recurrente subsane su recurso, sin que esto hubiese sucedido, motivo por el cual, correspondía que el Tribunal de alzada ingrese el análisis de fondo del motivo primero y tercero, de lo que se establece la vulneración del derecho de la recurrente de la concesión del plazo establecido por ley para subsanar los defectos u omisiones de forma de su recurso de apelación restringida; en cuyo mérito, se vulneró el derecho al debido proceso en su elemento a recurrir.


(…).


De lo que se concluye, que el Tribunal de alzada al emitir el Auto de Vista impugnado, no resolvió los puntos impugnados por la recurrente basándose en  errores incurridos por el mismo Tribunal de alzada a momento del examen de admisibilidad, que extemporáneamente es utilizado como fundamento para el rechazo y por otro, al no haberse aplicado a cabalidad su función de control sobre la  defectuosa valoración de la prueba, fundamentación que únicamente se limitó a mencionar los agravios, sin realizar un mínimo de análisis;  a cuyo efecto vulnero los derechos de la representante del Ministerio Publico, al debido proceso y acceso a la justicia, correspondiendo dejar sin efecto el Auto de Vista recurrido”.


Doctrina legal que según el recurrente, sería concordante con los Autos Supremos 292/2017-RRC de 18 de abril y 186/2016-RRC de 8 de marzo.


Y Auto Supremo 251/2012 de 17 de septiembre, emitido por la Sala Penal Primera del Tribunal Supremo de Justicia, dentro de un proceso penal sustanciado por la presunta comisión de delitos contra la salud pública, lock-out, huelgas y paros ilegales y atentados contra la libertad de trabajo, previstos y sancionados por los arts. 216, 234 y 303 del Código Penal, señalando la siguiente doctrina legal.


“DOCTRINA LEGAL APLICABLE


El debido proceso, considerado como instrumento jurídico de protección de otros derechos, cuyo fin es garantizar que los procesos judiciales se desarrollen dentro del marco de los valores de justicia e igualdad, conforme lo disponen los arts. 115 parágrafo II, 117 parágrafo I, 137 y 180 de la Constitución Política del Estado, en la que se reconoce su triple dimensión como garantía, derecho y principio; se vulnera, cuando el poder sancionador del Estado se aplica arbitrariamente, sin el cumplimiento de un proceso en el cual se respeten los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las partes, infringiendo en consecuencia el principio de legalidad y la seguridad jurídica, respecto a la normativa constitucional, conforme el cual, el ejercicio de potestades debe obligatoriamente sujetarse a la Ley. Siendo componente del debido proceso, el derecho a la debida fundamentación de las resoluciones judiciales, es exigencia constitucional que toda resolución debe ser fundamentada y motivada en sujeción a los parámetros especificidad, claridad, completitud, legitimidad y logicidad; respondiendo y emitiendo los criterios jurídicos sobre cada punto impugnado en apego al principio de congruencia, que fija el limite al poder discrecional del juzgador”.


Considerando el recurrente, concordante la doctrina invocada con los entendimientos del Auto Supremo 454/2015-RRC de 29 de junio, confirmando el Auto de Vista 185/2014 de 26 de diciembre.


III.3. Análisis del caso concreto.


El recurrente cuestionando la motivación del Auto de Vista impugnado, denuncia la inobservancia de la doctrina legal emanada de este Alto Tribunal de Justicia en el caso concreto, así como la vulneración del debido proceso, la seguridad jurídica y el derecho a la defensa, afirmando que el Ad quem incurrió en incongruencia omisiva y fundamentación arbitraria.


En tal sentido y antes de ingresar en el anunciado contraste propiamente conviene precisar que, la motivación de las resoluciones es considerada como elemento configurador del debido proceso, consagrado este último en los arts. 115.II, 117.I y 180 de la CPE y los arts. 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La jurisdicción constitucional ha desarrollado ampliamente tanto el debido proceso como el derecho a la motivación, así por ejemplo la SCP 1169/2012 de 6 de septiembre, señaló:  


“Al respecto la SC 1684/2010-R de 25 de octubre, señaló: Como derecho fundamental de los justiciables, de quien accede reclamando justicia, la víctima y de quien se defiende el imputado, a la vez es un principio procesal, que involucra la igualdad de las partes y una garantía de la administración de justicia, previniendo que los actos del proceso se ciñan estrictamente a reglas formales, de ello se colige que el debido proceso, consagrado en la actual Constitución Política del Estado como derecho fundamental por su art. 137, como garantía en sus arts. 115.II y 117.I, y como principio procesal en su art. 180; y como derecho humano en los arts. 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, protege al ciudadano en primer orden de acceso a la justicia oportuna y eficaz, como así de los posibles abusos de las autoridades que se originan no sólo en actuaciones u omisiones procesales, sino también en las decisiones que adopten a través de las distintas resoluciones dictadas para dirimir situaciones jurídicas o administrativas y que afecten derechos fundamentales, constituyéndose en el instrumento de sujeción a las reglas establecidas por el ordenamiento jurídico.


La exigencia de fundamentación y motivación de las resoluciones, implica que todas las autoridades que conozcan de un reclamo, solicitud o dicten una resolución, dictaminando una situación jurídica, deben exponer los motivos que sustentan su decisión. En este contexto, corresponde recordar la jurisprudencia establecida en cuanto a la motivación de las resoluciones emitidas en general y por los tribunales de alzada en particular; la SC 0577/2004-R de 15 de abril, señala: {…este Tribunal en la SC 0752/2002-R, recogiendo lo señalado en la SC 1369/2001-R [que el derecho al debido proceso, en el ámbito de presupuestos exige que toda resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. Que, consecuentemente cuando un juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al juez a tomar la decisión].


Esta exigencia de fundamentar las decisiones, se torna aún más relevante cuando el juez o tribunal debe resolver en apelación la impugnación de las resoluciones pronunciadas por las autoridades de primera instancia; (…), es imprescindible que dichas resoluciones sean suficientemente motivadas y expongan con claridad las razones y fundamentos legales que las sustentan y que permitan concluir, que la determinación sobre la existencia o inexistencia del agravio sufrido fue el resultado de una correcta y objetiva valoración de las pruebas, del mismo modo que se exige al apelante cumplir con la obligación de fundamentar los agravios; por cuanto, en la medida en que las resoluciones contengan, los fundamentos de hecho y de derecho, el demandado tendrá la certeza de que la decisión adoptada es justa; por lo que no le está permito a un juez o tribunal, reemplazar la fundamentación por la relación de antecedentes, la mención de los requerimientos de las partes o hacer alusión de que el juez de instancia obró conforme a derecho…; con mayor razón, si se tiene en cuenta que el contar con una resolución debidamente fundamentada y motivada es un derecho fundamental de la persona y forma parte del debido proceso…}'.


De lo precedentemente expuesto, se advierte que los tribunales de casación como los de apelación, tienen la obligación de respetar el debido proceso en todas las etapas procesales, fundamentando o motivando las resoluciones”.


Con relación a la congruencia que deben observar las resoluciones judiciales a momento de resolver impugnaciones, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0731/2014 de 10 de abril estableció:


“Entre los elementos integradores del debido proceso, es posible identificar el principio de congruencia. Al respecto, el Diccionario de la Real Academia Española, entiende a la congruencia como: 1. f. Conveniencia, coherencia, relación lógica. 2. f. Der. Conformidad entre los pronunciamientos del fallo y las pretensiones de las partes formuladas en el juicio.


En el marco de la premisa anterior y, desde una óptica doctrinal, la congruencia de las resoluciones judiciales amerita una comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta, impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, el principio de congruencia se constituye en una prohibición para que el juzgador considere aspectos ajenos a la controversia; es decir, cuestiones que no fueron identificados por las partes como puntos de discusión o consideración; y, segundo, la congruencia interna, referida a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella debe existir un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión. 


Con relación al punto analizado, la jurisprudencia constitucional, a través de la SC 1494/2011-R de 11 de octubre, señaló que: …la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, (…). En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes.


(…)

De lo expuesto se confirma, que el órgano encargado de dictar la resolución, debe circunscribir su fallo a lo peticionado y no resolver más allá de lo pedido, que sería un pronunciamiento ultra petita, o, conceder algo distinto a lo solicitado por las partes, conocido en doctrina procesal como un pronunciamiento extra petita. En el mismo sentido, la SC 0863/2003-R de 25 de junio, precisó que: …el juez o tribunal ad quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley.


Conforme a las precisiones expuestas, la transgresión al principio de congruencia, especialmente en los recursos de apelación, puede producirse ante una incongruencia ultra petita cuando existe un pronunciamiento más allá del petitorio o los hechos; extra petita, cuando el tribunal se pronuncia sobre un petitorio o hechos no alegados; citra petita, en el caso que el tribunal omite totalmente el pronunciamiento sobre las pretensiones formuladas; e, infra petita, cuando el tribunal no se pronuncia sobre todos los petitorios o todos los hechos relevantes del litigio, en todos los casos la transgresión importa la vulneración al debido proceso (Auto Supremo 251/2012 de 17 de septiembre de 2012).


Bajo estos conceptos, corresponde ingresar en el contraste entre los parámetros jurisprudenciales invocados y el Auto de Vista cuestionado, siendo que por cuestiones de hermenéutica agruparemos los motivos del recurso de casación de la siguiente manera.  


III.3.1.  De la incongruencia omisiva en que hubiera incurrido el ad quem respecto a la defectuosa valoración de la prueba reclamada en apelación.


El recurrente señala que, el Ad quem incurrió en el defecto absoluto establecido en el art. 169 inc. 3) del CPP, referido a la inobservancia o violación de derechos y garantías previstos en la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados internacionales, al incumplir la doctrina legal contenida en el Auto Supremo 082/2017-RRC de 24 de enero emitido en el caso de autos; ya que, el Auto de Vista impugnado en sus acápites II.1, II.3 y II.4 no consideró el fundamento de la apelación restringida consistente en la defectuosa valoración de las pruebas MP1, MP2, MP5 y PD3, emitiendo por ello conclusiones de manera directa que impidieron verificar el iter lógico, limitándose a explicar el procedimiento para el cambio de régimen temporal a definitivo. Añade que, al no existir un pronunciamiento sobre este reclamo, tampoco hubo un pronunciamiento sobre los derechos fundamentales vulnerados, menos sobre las disposiciones legales de la Ley General de Aduanas, del Código Tributario Boliviano y de la Constitución Política del Estado.


Invoca como precedente contradictorio el Auto Supremo 252/2012-RRC de 12 de octubre, referido al carácter obligatorio de la doctrina legal emanada de este Alto Tribunal de Justicia, la cual solo es modificada por medio de una nueva resolución dictada con motivo de un nuevo recurso de casación, y en caso de inobservancia se vulneran los principios de celeridad y economía procesal; aclarándose que, el Auto Supremo “87/2017-RRC de 24 de enero” citado por el recurrente, es en realidad un Auto de admisibilidad de un recurso de casación, siendo su correcta nomenclatura 87/2017-RA de 24 de enero, el cual no constituye doctrina legal en los términos del art. 420 del CPP.


Corresponde ahora hacer un análisis del Auto de Vista 30/2017 de 24 de julio que, en su Considerando II haciendo expresa mención al primer agravio de la apelación restringida consistente en la denuncia de valoración defectuosa de la prueba en que hubiera incurrido el A quo, refiere textualmente:


“II.1 Como primer agravio, se denuncia que la sentencia se basa en valoración defectuosa de la prueba; porque se hubiese quebrantado al resolver el principio de identidad por considerar el Tribunal ad quo al mismo tiempo referiría que la planilla actualizada, es por un lado un tributo y al mismo tiempo sostener que la misma son intereses. A fin de resolver es necesario efectuar consideraciones fácticas y legales que permitan determinar si evidentemente concurre el agravio denunciado: En el caso presente el Régimen de admisión Temporal determina el no pago de tributos, porque la importación es temporal porque el bien tiene que volver a salir del país e ir al país de origen. Ahora bien, antes del vencimiento de la admisión temporal el importador tiene dos opciones: 1. Nacionalizar mediante el pago de tributos y de la planilla de actualización y; 2. Re exportar al país de origen.


El cambio de régimen temporal a definitiva tiene dos exigencias: 1. Pago del tributo (DUI); y, 2. Pago de la actualización de tributo (planilla de actualización de tributos).


Debe tenerse presente que, no hay impuesto o arancel aduanero que por el paso del tiempo no conlleve la inclusión de accesorios adicionales, tales son los casos de intereses, multas e incumplimiento de deberes formales. Por consiguiente, no es posible argüir como lo hace el recurrente que se podría excluir el pago de accesorios sin el impuesto, o arancel aduanero, esto no es solo ilógico sino imposible que suceda; razón por la que al resolver el Tribunal ad quo no ha vulnerado el principio de identidad”.


Advirtiendo este Alto Tribunal de Justicia por lo glosado precedentemente que, el ad quem incumplió el mandato establecido en el art. 124 de la norma adjetiva penal, pues en la apelación restringida, de fs. 655 a 673 vta. se denunció la valoración defectuosa de la prueba MP1, MP2, MP5 y PD3, la primera referida al Acta de Intervención ANGRTYACTZ 002/03 donde consta la DUIIM 2009/631 C-1011 de 29 de septiembre de 2009, la segunda a la DUIIM5 2008/631 C1290 de 5 de noviembre de 2008, la tercera al Acta de reconocimiento/informe de variación del Valor AN-GRT-YACTZ 18/09, y la última referida a la prueba testifical del perito Hilarión Adel Aparicio España, cuestionando el en ese entonces apelante que las tres primeras pruebas serían contradictorias con la última, denunciando por ello la vulneración del principio de identidad y el de razón suficiente, aspectos sobre los cuales el ad quem, como se puede advertir, no desarrolla o plasma argumento alguno en el Fundamento II.1, y tampoco lo hace en los Fundamentos II.3 y II.4 como refiere el recurrente, atinando solo a definir los regímenes de admisión temporal y definitiva de mercancías para el pago o no de tributos y referirse a los impuestos o aranceles aduaneros y sus accesorios (intereses, multas e incumplimiento de deberes formales), dificultando así el seguimiento del iter lógico desplegado para sostener su conclusión, cuando de lo que se trata, es más bien que el Tribunal de Apelación realice el control del iter lógico efectuado por el a quo respecto de la prueba valorada, pues así lo pidió el apelante de la sentencia, incurriendo nuevamente por ello el Tribunal de Apelación en incongruencia omisiva, pues ya en el Auto Supremo 082/2017-RRC de 24 de enero emitido dentro de la misma causa, este Alto Tribunal de Justicia ya estableció respecto a este idéntico reclamo:


“Al respecto, debemos referirnos en primera instancia, a los argumentos del Tribunal de apelación, quien a tiempo de resolver el primer agravio de apelación, por el cual el imputado denunció: Que, el Tribunal de Sentencia incurrió en el defecto previsto por el inc. 6) del art. 370 del CPP, por vulneración del principio de identidad respecto a la conclusión de que la omisión de la facción de la planilla de tributos aduaneros actualizados, sería una omisión de actualización y el ajuste de intereses, conclusión realizada por el A quo con base a  las pruebas FAX ANGNNGC  DNPNC  F  0096/2004 de 28 de mayo, MP1, MP2 y MP5, y la cual sería contraria a la conclusión que llegó con base a la declaración testifical del perito Hilarión Adel Aparicio España y la prueba PD3, señalando que la planilla actualizada es un tributo; es decir, que por un lado se sostendría que la actualización de planillas es de intereses, y al mismo tiempo que dicha actualización sería de tributos; argumento del Tribunal de mérito, que demostraría a decir del imputado, inobservancia del art. 25 de la Ley General de Aduana, que identifica cuáles son tributos aduaneros de importación y en la cual no se describe los tributos aduaneros actualizados, vulnerando el art. 6.I.1 del CT, 158.I.23 y 115.II de la CPE, e inobservancia del art. 124, 173 y 359 del CPP. En el considerando II punto II.1 del Auto de Vista impugnado, -el Ad quem- argumentó que: a) La actividad probatoria, es una facultad exclusiva de jueces y Tribunal de Sentencia y que su labor se circunscribe a la determinación de que la misma, haya sido realizada dentro de los marcos de la lógica, sana crítica y psicología; b) Que, en el caso de autos el A quo, había realizado la valoración individual y conjunta de toda la prueba, detallando las razones de hecho y derecho que motivaron el valor asignado a las pruebas, y los cuales el Ad quem consideró sólidos y apegados a la lógica, psicología y experiencia, sin advertir vulneración a las reglas del razonamiento; y, c) Que, las premisas manejadas por el recurrente parten de su convicción técnica, y la cual es distinta a la postura del Ministerio Público, la Aduana y los jueces técnicos de Sentencia.


(…).


En el caso de autos, se advierte incumplimiento del mandato establecido por el art. 124 de la norma adjetiva penal, pues conforme al Auto Supremo invocado precedentemente, una resolución debe ser suficiente en sí misma; es decir, que quien lo lea no tenga la necesidad de remitirse a otros antecedentes del caso, por ello en primera instancia, debe contener el objeto de la impugnación, el mismo que si bien no implica transcribir todo el argumento del apelante, el mismo debe ser expuesto de manera clara y precisa; empero, no de forma lacónica como ocurrió en el caso de autos, donde el Tribunal de apelación, en el considerando I punto I.1 refiere como primer agravio La sentencia impugnada incurre en defectuosa valoración de la prueba [370 num. 6) cpp] (sic)”.

Concluyéndose que, ante la incongruencia omisiva advertida por la no correspondencia entre lo apelado por el hoy recurrente y lo resuelto en el Auto de Vista analizado, el Ad quem en principio no observó los fundamentos expuestos en el Auto Supremo 082/2017-RRC de 24 de enero, emitido dentro de la presente causa que ordenó precisamente se dé respuesta fundamentada a todos los motivos expresados por el ahora recurrente en su apelación restringida; y por consiguiente, no observó la doctrina legal invocada, vulnerando el principio de congruencia, el debido proceso y la seguridad jurídica, correspondiendo atender el presente reclamo y declarar fundado este primer motivo.

                  

III.3.2. De la supuesta incongruencia en la falta de pronunciamiento sobre la errónea aplicación de la ley sustantiva, de la fundamentación arbitraria, y del pronunciamiento respecto de cuestiones no planteadas en el recurso de apelación.


El recurrente señala al respecto que, al no tomar en cuenta el Tribunal de Apelación el agravio referido a la inobservancia y errónea aplicación de la Ley sustantiva, este incurrió en incongruencia considerando que: A. No existe respuesta que evidencie la labor de subsunción del hecho al tipo penal de defraudación aduanera art. 178 inc. c) del CTB- juzgado por el a quo, siendo trascendente este agravio en virtud a que, la Ley 812 y su Decreto Reglamentario modifican artículos del Código Tributario entre ellos, el art. 47 referido a los componentes de la deuda tributaria, estableciendo que esta se constituye por intereses y no por tributos; asimismo, modifica el art. 157 referido al arrepentimiento eficaz, concordante con la Resolución Administrativa RA-PE-01-029-16 de 30 de diciembre de 2016 del Directorio de la Aduana Nacional que, en su art. 38 conmina al cumplimiento taxativo de la etapa prejudicial antes del inicio del proceso penal, radicando entonces el accionar ilícito según el a quo en haber cancelado los tributos de importación aduanera el 29 de septiembre de 2009 y las actualizaciones e intereses recién el 30 del mismo mes y año, habiéndose acogido en ese caso según el recurrente- al arrepentimiento eficaz, lo cual sería correcto en virtud a que el art. 54.II del CT establece que en ningún caso y bajo responsabilidad funcionaria la administración tributaria puede negarse a recibir los pagos que efectúe el contribuyente, constituyendo en ese caso la conducta en contravención aduanera por mandato de la RD 01.001.08 y no así un delito, quedando automáticamente extinguida la sanción pecuniaria por contravención de omisión de pago a la cancelación de la deuda tributaria hasta el décimo día de notificada la Vista de Cargo o Auto Inicial por el sujeto pasivo o tercero responsable, o hasta el inicio de la ejecución tributaria de las declaraciones juradas que determinen tributos y no hubiesen sido pagados totalmente; circunstancias que modificarían los fundamentos jurídicos de la Sentencia y que de haberse tomado en cuenta se habrían emitido conclusiones opuestas a las arribadas; B. Es arbitraria, incongruente y vulneratoria del principio de legalidad art. 180 de la CPE-, el fundamento del Ad quem en el punto II.1 al indicar que no hay impuesto o arancel aduanero que por el paso del tiempo no conlleve la inclusión de accesorios adicionales como intereses, multas e incumplimiento de deberes, pues la obligación de pago en aduanas en los regímenes suspensivos, únicamente emerge del incumplimiento de las condiciones a las que está sujeto el régimen aludido, como lo señala el art. 9 de la Ley General de Aduanas (LGA), condiciones que según el art. 126 de la misma norma y el art. 167 de su Reglamento, sólo se dan a la finalización del plazo otorgado en el régimen suspensivo, sin que se haya re-exportado o realizado el cambio al régimen de consumo, supuestos que no serían aplicables al caso de autos, concretamente respecto de los intereses, multas e incumplimiento de deberes formales, pues el art. 178 del CTB, según el recurrente se refiere únicamente a tributos aduaneros, cuando éstos como elemento normativo del tipo penal, se encuentran identificados en el art. 25 de la LGA; C. En relación al punto II.2 del Auto de Vista, el simple incumplimiento refiriéndose a la omisión prevista en el tipo penal de defraudación aduanera, tipificada por el art. 178 del CTB- no puede ser considerado como hecho delictuoso, debiendo acreditarse el elemento subjetivo del tipo penal tributario consistente en el ánimo del agente a inducir en error a la administración tributaria; D. El Ad quem en los puntos II.3 y II.4 no se pronunció sobre los fundamentos ni las normas referidas en la apelación restringida verificados en los puntos I.3 y I.4 del Auto de Vista impugnado, atinando solo a relacionar la diferencia entre proceso administrativo sancionador y proceso penal, sin fundamentar la diferencia entre delito aduanero y contravención, contrariamente refiere que, la diferencia sin sustento normativo, doctrinal o jurisprudencial entre delito y contravención radica en el monto, cuando las citas doctrinales y normativas demuestran que la diferencia radica en la existencia de dolo en el accionar del agente; E. Otro error en la argumentación sería el haber señalado que el delito de defraudación aduanera es formal, siendo los delitos tributarios de resultado como lo expresa la primera parte del art. 152 del CTB, cuando el mismo Tribunal de apelación dentro de la misma causa ya refirió en el Auto de Vista 185/2014 de 26 de diciembre que el delito de defraudación aduanera constituye delito de resultado; y, F. El Tribunal de Apelación se manifestó sobre el desistimiento y arrepentimiento eficaz previsto en el art. 9 del CP y no así sobre el arrepentimiento eficaz establecido en el art. 157 del CTB, que sería la norma aplicable al proceso penal tributario por mandato de la Disposición Final Segunda del Código Tributario, emitiendo así el Ad quem conclusiones ajenas a la normativa tributaria penal que lleva como fruto la emisión de “argumentación arbitraria”.


Ahora bien, de los fundamentos expresados por el A quem con relación a la aplicación de la ley sustantiva se tiene que, en el Fundamento II.1 del Auto de Vista impugnado se afirma que, el régimen de admisión temporal determina el no pago de tributos y antes del vencimiento de este, el importador tiene la posibilidad de nacionalizar su mercancía mediante el pago de tributos y de la planilla de actualización, o re exportar la misma al país de origen; para lo cual el exportador deberá pagar el tributo además de su actualización a través de la respectiva planilla, aclarando que no hay impuesto o arancel aduanero que por el transcurso del tiempo no genere cuestiones accesorias como los intereses, multas además del incumplimiento de deberes formales, lo contrario sería ilógico e imposible de que suceda. A su turno el Fundamento II.3 refiere que, la diferencia entre contravención aduanera y delito aduanero, es la cuantía, siendo el delito aduanero superior a UFVs50 000 00 como en el caso concreto, no afectando al hecho procesado el trámite administrativo interno expresado en los papeles de trabajo, entendiendo al delito de defraudación aduanera art. 178 inc. c) del CT como formal que se consuma por la actividad desplegada por el contribuyente, que en este caso no responde a una continuidad de actos; sino, a un hecho específico, la declaración y pago del tributo, el cual fue el acusado por el Ministerio Público. Finalmente, el Fundamento II.4 establece que, siendo el tipo penal endilgado de naturaleza formal, cualquier acción anterior al hecho puede considerarse como tentativa o arrepentimiento eficaz, mas no así el pago al siguiente día acto ex post- cuando el delito ya se cometió, entendiéndose en este último caso la reparación del daño causado.


En tal razón, resulta no ser evidente el reclamo del recurrente de que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental no se haya pronunciado con relación a la inobservancia o incorrecta aplicación de la ley sustantiva reclamada en la apelación restringida, correspondiendo en consecuencia el análisis respecto a la fundamentación arbitraria resultando lo siguiente. 


En el caso concreto, el recurrente invocó como precedente contradictorio, el Auto Supremo 251/2012 de 17 de septiembre, el cual estableció lo siguiente:

“DOCTRINA LEGAL APLICABLE.

El debido proceso, considerado como instrumento jurídico de protección de otros derechos, cuyo fin es garantizar que los procesos judiciales se desarrollen dentro del marco de los valores de justicia e igualdad, conforme lo disponen los arts. 115 parágrafo II, 117 parágrafo I, 137 y 180 de la Constitución Política del Estado, en la que se reconoce su triple dimensión como garantía, derecho y principio; se vulnera, cuando el poder sancionador del Estado se aplica arbitrariamente, sin el cumplimiento de un proceso en el cual se respeten los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las partes, infringiendo en consecuencia el principio de legalidad y la seguridad jurídica, respecto a la normativa constitucional, conforme el cual, el ejercicio de potestades debe obligatoriamente sujetarse a la Ley. Siendo componente del debido proceso, el derecho a la debida fundamentación de las resoluciones judiciales, es exigencia constitucional que toda resolución debe ser fundamentada y motivada en sujeción a los parámetros especificidad, claridad, completitud, legitimidad y logicidad; respondiendo y emitiendo los criterios jurídicos sobre cada punto impugnado en apego al principio de congruencia, que fija el limite al poder discrecional del juzgador”.

Ahora bien, a los fines de resolver la problemática planteada y efectuar la labor de contraste entre el precedente invocado y el Auto de Vista impugnado, resulta necesario primeramente identificar de manera clara y precisa las circunstancias o hechos que dieron lugar al establecimiento de la doctrina legal que se pretende su aplicación en el caso concreto, resultando que en el Auto Supremo 251/2012 de 17 de septiembre, el recurrente denunció: 1) Falta de fundamentación del Auto de Vista al asumir el Tribunal de alzada como dogma legal que los delitos contra la salud son delitos de peligro abstracto, sin explicar y fundamentar como debiera de entenderse dicho extremo, vulnerando el debido proceso en su componente fundamentación de las resoluciones; 2) Inobservancia de los arts. 398 y 413.III del CPP del Auto de Vista impugnado, agregando de forma ultra petita y contradictoria el defecto contemplado en el art. 370 inc. 1) del mismo cuerpo legal, mismo que no habría sido apelado por ninguna de las partes, constituyendo en defecto absoluto señalado en el art. 169 inc. 3) del mismo adjetivo penal, además de vulnerar la segunda parte del art. 122 de la CPE. Ante lo cual este Alto Tribunal de Justicia, evidenciando que el Auto de Vista impugnado fue emitido sin observar el debido proceso, en su elemento debida fundamentación, incurriendo en el defecto absoluto previsto en el art. 169 del CPP no susceptible de convalidación y que además constituye motivo de nulidad cuando, en aplicación del art. 419 del adjetivo penal, determinó que se deje sin efecto el Auto de Vista recurrido.

En el caso de autos, el recurrente afirma que el Auto de Vista impugnado incurrió en fundamentación arbitraria, vulnerando el debido proceso en sus elementos debida fundamentación y legalidad, constituyendo en defecto absoluto, al indicar: I. En su Fundamento II.1 que no hay impuesto o arancel aduanero que por el paso del tiempo no conlleve la inclusión de accesorios como intereses, multas e incumplimiento de deberes, sin considerar que la obligación de pago en aduanas en los regímenes suspensivos, únicamente emerge del incumplimiento de las condiciones a las que están sujetos los mismos como lo señala el art. 9 de la LGA, condiciones que según el art. 126 de la misma norma y el art. 167 de su Reglamento, solo se dan a la finalización del plazo otorgado en el régimen suspensivo sin que se haya reexportado o realizado el cambio al régimen de consumo, supuestos que según el recurrente no son aplicables al caso de autos y tampoco habrían sido objeto de debate; II. En su Fundamento II.2 que no se adicionó nuevos hechos al factum por el que fue condenado el imputado, habiéndose demostrado el dolo del tipo penal de defraudación aduanera, afirmando el recurrente que el simple incumplimiento no puede ser considerado como hecho delictuoso; y, III. En los fundamentos II.3 y II.4, no se manifiesta sobre los fundamentos ni las normas referidas en su recurso de apelación restringida, limitándose a relacionarlos a la diferencia entre proceso administrativo sancionador y proceso penal, sin expresar fundamentación respecto al delito aduanero y la contravención, refiriéndose al art. 9 del CP y no así respecto al art. 157 del CTB, esta última considerada la norma aplicable al proceso penal tributario por mandato de la Disposición final Segunda del CTB.

Con relación al primer y segundo punto, se advierte del contraste realizado que los argumentos del recurrente consistentes en el cuestionamiento a qué debe entenderse por impuestos y obligaciones aduaneras a que tiene derecho la Administración Tributaria en los regímenes suspensivos, así como la afirmación de que el incumplimiento en el pago de la obligación tributaria no constituye un hecho doloso, constituyen cuestiones que hacen a la sustantividad del tipo penal de defraudación aduanera, previsto y sancionado por el art. 178 del CTB, por lo cual no se ha cumplido con el art. 416 del CPP que refiere que existirá contradicción ante una situación de hecho similar; es decir, cuando concurran supuestos fácticos similares, en el caso concreto, el precedente invocado hace referencia al incumplimiento del Ad quem en explicar en qué consiste la calidad de delitos de peligro abstracto de los delitos contra la salud; y en el caso concreto, el recurrente cuestiona los elementos integradores de la deuda tributaria a que está obligado el contribuyente en sede de la Aduana, así como cuestiona que, el simple incumplimiento del pago de la deuda no constituye un elemento doloso, no siendo atendible por ello este reclamo al no ser los hechos similares.

Bajo este mismo entendimiento, el Tribunal Supremo de Justicia mediante el Auto Supremo 322/2012-RRC de 4 de diciembre al referirse al art. 416 del CPP, estableció: “…considera esta Sala que el legislador se refiere a supuestos fácticos análogos, siendo necesario precisar que en materia sustantiva el supuesto fáctico análogo exige que el hecho analizado sea similar; en cambio, en material procesal el supuesto fáctico análogo se refiere a una problemática procesal similar” (AASS 322/2012 de 4 de diciembre, 219/2014 de 4 de junio y 219/2014 de 4 de junio entre otros).

Con relación a que el Ad quem, no se habría pronunciado respecto a los fundamentos ni las normas expuestas en su recurso de apelación restringida, limitándose a relacionarlos a la diferencia entre proceso administrativo sancionador y proceso penal, sin expresar fundamentación respecto al delito aduanero y la contravención, refiriéndose al art. 9 del CP y no así respecto al art. 157 del CTB; sin embargo, de la revisión del Auto de Vista recurrido compulsado con la apelación restringida del recurrente se advierte que, éste individualizó tres agravios en su apelación restringida, referido el primero a la defectuosa valoración de la prueba, invocando el art. 370 inc. 6) del CPP vulnerando el principio de identidad; el segundo referido a la inclusión de aspectos que no fueron parte de la acusación fiscal ni particular, citando el inc. 6) del art. 370 del CPP, incumpliendo lo previsto por los arts. 6, 8, 9, 360 inc. 2) y 342 de la norma adjetiva penal; y, el tercer agravio consistente en el defecto previsto por el inc. 1) del art. 370 del CPP, argumentando errónea aplicación de los arts. 157 y 178 del CT. Ahora bien, el Auto de Vista emitido por el Ad quem, respecto de la defectuosa valoración se pronunció refiriéndose al principio de identidad aludido por el entonces apelante  señalando que no es posible argüir la exclusión del pago de accesorios sin el impuesto o el arancel aduaneros; asimismo, con relación a los hechos no contemplados en la acusación fiscal ni particular, refirió que no se provocó agravio al no modificarse los hechos acusados pues las testificales habrían sido valoradas con relación al análisis del elemento subjetivo; finalmente con relación a la errónea aplicación de los arts. 157 y 178 del CT, el Ad quem señala que la diferencia para considerar si se trata de una contravención o un delito aduanero es el monto, ya que para un delito aduanero debe ser superior a los 50.000 UFVs como en el caso concreto, señalando que el delito en cuestión es de naturaleza formal, y cualquier acción anterior a ese momento puede considerarse como tentativa, pero no arrepentimiento eficaz.                                        

Concluyéndose al respecto que, el ad quem se pronunció sobre los agravios y las normas expuestas por el recurrente en su recurso de apelación restringida, explicando la diferencia entre proceso administrativo sancionador y el proceso penal, no siendo atendible por ello este reclamo. 

III.3.3.        Con relación a la supuesta inexistencia de pronunciamiento sobre la inobservancia de la ley procesal. 


Al respecto, el recurrente afirma en el primer agravio que, el Ad quem incumplió su obligación de hacer conocer los errores en que aquel hubiera incurrido a tiempo de interponer su apelación restringida, inobservando la doctrina legal del Auto Supremo 82/2017 respecto a la aplicación del art. 399 del CPP y vulnerando el principio de legalidad, citando el art. 420 del CPP, además de limitar su derecho a la impugnación previsto en el art. 180.II de la CPE al privarle subsanar su recurso; asimismo, denuncia la vulneración a su “derecho” a la igualdad previsto en el art. 14.III de la CPE, haciendo alusión a la Sentencia Constitucional 1781/2004-R, Auto Supremo 186/2016-RRC de 8 de marzo y el Auto de Vista 85/2016 de 4 de agosto que se encontraría ejecutoriado por Auto Supremo 292/2017-RRC de 18 de abril. Cita como precedentes contradictorios los Autos Supremos 87/2017-RRC de 24 de enero, 186/2016-RRC de 8 de marzo y 292/2017-RRC de 18 de abril.


La doctrina legal invocada respecto de este punto en concreto, hace referencia al examen de admisibilidad del recurso de la apelación restringida realizado por el Tribunal de alzada, en el que en observancia de los arts. 399 y 408 del CPP, éste debe cuidar que el recurrente cumpla los requisitos de forma establecidos en la normativa citada, no pudiendo alegar de forma posterior la inobservancia de los mismos para el rechazo de la apelación, como ocurrió en el caso analizado en la doctrina legal contenida en el Auto Supremo 186/2016-RRC de 8 de marzo, en el que el Ad quem observó de manera extemporánea las formalidades exigidas por la norma adjetiva; de ahí que, no existe contradicción con el Auto de Vista impugnado, pues como se tiene glosado en los Fundamentos Jurídicos anteriores, el Tribunal de Apelación incurrió en incongruencia omisiva simple y llanamente sin que se haya rechazado motivo alguno de la apelación del recurrente por incumplimiento de los requisitos formales establecidos en los arts. 408 y 399 del CPP, deviniendo en consecuencia este motivo en infundado. 


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara FUNDADO el recurso de casación interpuesto por Hernán Humberto Barroso Antelo con los fundamentos precedentemente expuestos y DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 30/2017 de 24 de julio, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, disponiendo que ésta, previo sorteo y sin espera de turno, pronuncie nuevo Auto de Vista, en conformidad a la doctrina legal establecida en la presente Resolución.


A los efectos de lo previsto por el art. 420 del CPP, hágase conocer mediante fotocopias legalizadas el presente Auto Supremo a los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, para que por intermedio de sus Presidentes, pongan en conocimiento de los Jueces en materia Penal de su jurisdicción.


En aplicación del art. 17.IV de la LOJ, por Secretaría de Sala, comuníquese el presente Auto Supremo al Consejo de la Magistratura.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos