TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO N° 346/2018-RRC

Sucre, 18 de mayo de 2018


Expediente                 Santa Cruz 126/2017                

Parte Acusadora                 Ministerio Público y otros

Parte Acusada                 Albano Serrano Tordoya

Delito                         Uso de Instrumento Falsificado

Magistrado Relator         Dr. Olvis Eguez Oliva

       

RESULTANDO


Por memorial presentado el 16 de agosto de 2017, cursante de fs. 864 a 866 vta., Albano Serrano Tordoya, interpuso recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 53 de 27 de julio de 2017, de fs. 853 a 866 vta., pronunciad por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público e Inocencia Escobar Vda. de Serrano, Froilan, Sandro, Rubén y Fabio todos de apellido Serrano Escobar contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Uso de Instrumento Falsificado, previsto y sancionado por el art. 203 del Código Penal (CP).


  1. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


  1. Por Sentencia 05/2016 de 24 de marzo (fs. 756 a 763), el Tribunal de Sentencia de Valle Grande del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Albano Serrano Tordoya, absuelto de pena y culpa de la comisión del delito de Uso de Instrumento Falsificado, previsto y sancionado por el art. 203 del CP, dejando constancia que al emitirse la Sentencia sólo participaron  acusado, haciendo constar que en la emisión de la Sentencia sólo participaron dos jueces técnicos, que fueron disidentes a tiempo de emitir la Resolución, por lo que la absolución se basó en el principio de “favorabilidad”, con costas a la parte acusadora.


  1. Contra la referida Sentencia, los acusadores particulares Inocencia Escobar Vda. de Serrano, Froilan, Sandro, Rubén y Fabio todos de apellido Serrano Escobar (fs. 779 a 783 vta.) interpusieron recurso de apelación restringida, resuelto por Auto de Vista 66 de 19 de agosto de 2016 (fs. 801 a 804), que fue dejado sin efecto por Auto Supremo 319/2017-RRC de 3 de mayo (fs. 841 a 846); a cuyo efecto, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió el Auto de Vista 53 de 27 de julio de 2017, que declaró admisible y procedente el recurso planteado, anulando totalmente la Sentencia absolutoria y ordenando la reposición del juicio por otro Tribunal de Sentencia llamado por ley.


I.1.1. Motivo del recurso de casación.


De un análisis del memorial de recurso de casación, se extrae el siguiente motivo:


El recurrente afirma que, mediante Auto Supremo 075/2017-RA de 24 de enero, se declaró admisible el recurso de casación planteado por los acusadores particulares- únicamente respecto del cuarto motivo, en consecuencia el Auto Supremo 319/2017-RRC de 3 de mayo, declaró fundado el recurso interpuesto, dejando sin efecto el Auto de Vista 66 de 19 de agosto de 2016, en aplicación del el art. 419 del Código de Procedimiento Penal (CPP), ordenando la emisión de un nuevo fallo.


Señala que, el nuevo Auto de Vista dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz es ultra petita; es decir, más allá del cuarto motivo resuelto en el recurso de casación por este Alto Tribunal, incurriendo en defectos absolutos, tal cual prevé el art. 169 inc. 3) del CPP, al considerar aspectos que no fueron ordenados en casación, resolver el fondo de la apelación restringida y cambiar el rumbo de la nueva resolución, desconociendo la decisión primigenia que declaró admisible e improcedente la apelación restringida, al disponer finalmente la reposición del juicio por otro Tribunal, vulnerando así la seguridad jurídica, así como los principios procesales de economía y celeridad.


Invocando el Auto Supremo 369/2014 de 17 de septiembre, como precedente contradictorio, el recurrente afirma que la Sala Penal Segunda actuó de forma ilegal al anular totalmente la Sentencia y ordenar su reenvío, cuando por imperio de los arts. 413 y 419 del CPP, el Tribunal de Alzada tiene la facultad de resolver el recurso sin necesidad de ordenar un nuevo juicio; siendo que, en el caso concreto sólo se hizo mención a una mala valoración de la prueba y que la Sentencia no tenía congruencia entre su parte considerativa y la resolutiva, por lo que al advertir estos defectos, el Tribunal de Alzada debió dictar un nuevo Auto de Vista, reparando los defectos sin necesidad de ordenar la anulación de la Sentencia y el reenvío; al no haberse obrado de esta forma, denuncia la vulneración de los referidos arts. 413 y 419 del CPP, pues no se precisó sobre qué bases se debe sustanciar el nuevo juicio.


I.1.2. Petitorio.


El recurrente solicita, se declare fundado su recurso y en definitiva se deje sin efecto el Auto de Vista impugnado, emitiéndose uno nuevo sin necesidad de anular la Sentencia.


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 836/2017-RA de 31 de octubre, cursante de fs. 875 a 877, este Tribunal admitió el recurso de casación interpuesto por el recurrente, para el análisis de fondo.


  1. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS

AL RECURSO PLANTEADO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se establece lo siguiente:


II.1.  De la Sentencia.


Por Sentencia 05/2016 de 24 de marzo, el Tribunal de Sentencia de Valle Grande del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Albano Serrano Tordoya, absuelto de pena y culpa de la comisión del delito de Uso de Instrumento Falsificado, previsto y sancionado por el art. 203 del CP, concluyendo que:


El documento privado de 22 de octubre de 1980, reconocido ante el Juez de Mínima Cuantía de Saipina, referido a la venta de un lote de terreno en la misma localidad de Froilán Serrano Arandia y Gregoria Tordoya de Serrano a favor del acusado, por la suma de Bs. 8.000.00 (ocho mil 00/100 bolivianos), de acuerdo al dictamen pericial y la demás prueba producida es falso, pericia dispuesta dentro de un juicio ordinario de reivindicación de derecho propietario tramitado ante el Juzgado de Partido y Sentencia de Valle Grande, demandado por Juan Serrano Tordoya contra el encausado, en el que este último habría presentado el documento cuestionado para acreditar su derecho propietario; no obstante, el acusado negó que hubiera falsificado y utilizado dicha escritura, afirmando más bien que el inmueble lo compró de sus padres y su propio hermano Juan Serrano Tordoya.


A pesar de esta conclusión, el Tribunal resolvió no valorar la prueba pericial signada como PD3 y PD9 de la Fiscalía y P7 a P11 de la acusación particular por considerarla prueba ilícita, porque no fue obtenida en la etapa de investigación dentro de la presente causa, reputando en suma insuficiente e idónea la prueba para destruir el principio constitucional de inocencia del encausado y ante el “empate técnico” de los dos miembros del Tribunal, votando el uno por la absolución y el otro por la condena, la decisión se orientó por el favorecimiento al acusado absolviéndolo de pena y culpa.               


II.2.   Del recurso de apelación restringida.


Mediante memorial los recurrentes Inocencia Escobar Vda. de Serrano, Froilan, Sandro, Rubén y Fabio todos de apellido Serrano Escobar, denunciando defectos absolutos, establecidos en los arts. 167 y 169 inc. 3) del CPP, la vulneración del debido proceso “la protección judicial” seguridad jurídica y verdad material, citando los arts. 173 y 159 del CPP y 115 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE), solicitaron la anulación de la Sentencia apelada y se ordenó la reposición del juicio por otro Tribunal, en cumplimiento del art. 413.I del CPP y en el caso de dictarse una nueva Sentencia, por considerarse innecesaria la realización de un nuevo juicio, en aplicación del último párrafo del art. 413 del CPP, se condena al acusado a la pena máxima, solicitud fundada en los siguientes argumentos.  


Que, la Sentencia incurre en los defectos contenidos en el art. 370 incs. 5) y 8) del CPP, por considerar la fundamentación insuficiente y contradictoria en la parte considerativa respecto a la resolutiva, habiendo el Tribunal de Sentencia rechazado y declarado infundados e improcedentes los incidentes de nulidad por defecto absoluto de la acusación fiscal, Auto de apertura y exclusión probatoria de la literal PD3 de la Fiscalía y P7, 8, 9, 10, 11 y 18 de la acusación particular, considerando válida, lícita y legal la misma de conformidad a los arts. 171, 173, 314 y 315 del CPP; sin embargo, contradictoriamente en la Sentencia se la declaró ilícita. Otra contradicción advertida es que, la Sentencia solo hace mención a hechos probados y no así a hechos no probados, infiriendo que todo lo denunciado se encuentra probado, cuando la Sentencia declaró la absolución.


Que, concurren los defectos establecidos en el art. 370 incs. 5) y 6) del CPP, por falta de fundamentación, contradicción y valoración defectuosa de la prueba, en alusión nuevamente a la pericia grafotécnica ordenada dentro del proceso civil por autoridad jurisdiccional competente, siendo por lo mismo legal y lícita, al no haber violado ningún derecho constitucional, convenio o tratado internacional, observando los arts. 13, 71, 171 y 172 del CPP y 114 de la CPE, por lo que por el principio de celeridad, economía procesal y verdad material ni si quiera correspondía volver a producirla, conforme establece el art. 143 del Código Procesal Civil al instituir la prueba trasladada, concurriendo en este caso la identidad de sujeto y objeto y si bien es cierto que las normas civiles no son supletorias sino cuando está expresamente establecido en la ley; en el presente caso, nos encontramos ante actos de prueba; además que, el acusado en el ejercicio de su derecho a la defensa y el debido proceso pudo observar la pericia; sin embargo, no lo hizo ni en el juicio civil ni en el penal en su etapa preparatoria, consintiendo de esta forma en el dictamen, no pudiendo reclamarse nulidades procesales que no fueron reclamadas oportunamente, conforme prevé el art. 17.III de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).                      


Que, concurre el defecto establecido en el art. 370 inc. 6) del CPP, por falta de fundamentación y valoración defectuosa de la prueba; ya que, no obstante de haberse concluido que la escritura reconocida el 22 de octubre de 1980 es falsa, se declaró la absolución del autor de dicha falsedad; es decir, al haberse demostrado que el documento es falso, también se habría demostrado que el autor es el acusado; ya que, era la única persona que tenía interés en inscribir su derecho propietario, habiendo presentado la documentación cuestionada en el Proceso Civil, como consta de la prueba P-18, consistente en fotocopias legalizadas del proceso por reivindicación de derecho propietario de la acusación particular, en donde se encuentra la contestación a la demanda Civil de fs. 49 y 49 vta., por el que el acusado presentó el documento falso de fs. 40 a 41, demostrándose así su uso, máxime cuando consta en la P-25 de la acusación particular y PD-10 de la acusación fiscal, el instrumento público 164/2013 de 25 de junio, por el que se realiza una aclaración del documento falsificado, existiendo por ello una valoración defectuosa de la prueba, además de errores en la redacción de la Sentencia y una falta de valoración e individualización de cada una de las pruebas como establece los  arts. 173 y 359 del CPP.


Que, se advierte el defecto previsto en el art. 370 inc. 9) del CPP, concordante con los arts. 360 inc. 5) y 361 del mismo adjetivo penal, por considerar que la Sentencia fue dictada sin guardar los requisitos establecidos en la norma, al no existir la firma de los Jueces sino solamente la del secretario.


II.3.  Del primer Auto de Vista emitido por el Tribunal ad quem.


Mediante Auto de Vista 66 de 19 de agosto de 2016, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, con el argumento de que la Sentencia apelada,  no incurrió en ninguno de los defectos señalados en la apelación, declaró admisible e improcedente la apelación restringida, ante lo cual los acusadores particulares plantearon recurso de casación.


Mediante Auto Supremo 074/2017-RA de 24 de enero, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia declaró admisible el cuarto motivo del recurso interpuesto, referido a que el Tribunal ad quem, no habría realizado una valoración jurídica exhaustiva de las normas constitucionales procesales, incurriendo en los mismos defectos del Tribunal a quo; no habría fundamentado debidamente su decisión, al omitir pronunciamiento sobre el defecto del art. 370 inc. 8) del CPP contradicción entre la parte considerativa y resolutiva de la Sentencia- y tampoco realizar un control de legalidad fundamentada de la Sentencia, existiendo solo un relato de los hechos probados, más no así de los no probados; finalmente, no existiría pronunciamiento respecto del voto disidente emitido por uno de los miembros del Tribunal de Sentencia.   


En dicho mérito, mediante Auto Supremo de 319/2017-RRC de 3 de mayo (fs. 841 a 846) este Alto Tribunal de Justicia declaró fundado el recurso planteado, dejando sin efecto el Auto de Vista apelado y ordenando al Ad quem, dicte uno nuevo, evidenciándose incongruencia omisiva, al haberse pronunciado únicamente sobre el defecto del art. 370 inc. 5) del CPP, concluyendo que la sentencia apelada no incurrió en el mismo, omitiendo pronunciarse respecto del defecto del inc. 8) del citado artículo, siendo que los recurrentes alegaron contradicción entre la parte considerativa y la dispositiva de la Sentencia, refiriendo que los incidentes y la exclusión probatoria de la literal PD-3 de la Fiscalía y P7, 8, 9, 10, 11 y 18 de la acusación particular, relacionados al dictamen pericial de documentoscopía y dactiloscopia fueron declarados improcedentes, significando que la misma fue válida; sin embargo, en la sentencia, se señaló que dichos elementos de prueba debieron ser apartados del proceso y que solo hubieran tenido valor de haberse obtenido a través de medios lícitos e incorporados al proceso, conforme a la Constitución Política del Estado y el Código de Procedimiento Penal, absolviendo en la parte dispositiva de culpa y pena al imputado. Con relación al voto disidente, este Alto Tribunal concluyó que, el Tribunal ad quem, no se pronunció al respecto porque no fue motivo de apelación, dirigiendo directamente este reclamo en casación. Asimismo, este Alto Tribunal advirtió la falta de debida fundamentación, prevista en el art. 124 del CPP, al relatar la Sentencia solo hechos probados y no así los improbados; por cuanto, el Tribunal de Alzada si bien respondió que las sentencias no siempre deben contener los hechos no probados, no estableció de manera expresa, clara, completa, lógica y legítima, si al encontrarse únicamente en la sentencia impugnada los hechos probados, significa que todo lo acusado se encuentra probado, entonces porqué se habría emitido una sentencia absolutoria.


II.4.  Del Auto de Vista impugnado.


En virtud a los antecedentes referidos, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dictó el Auto de Vista 53/2017 de 27 de julio, declarando admisible y procedente la apelación restringida interpuesta por los acusadores particulares, anulando totalmente la Sentencia absolutoria, de fs. 756 a 783 vta., y ordenando la reposición del juicio por otro Tribunal llamado por ley, con los siguientes argumentos: 


Que, la Sentencia absolutoria impugnada no cumple con las formalidades establecidas por los arts. 124 y 360 incs. 1), 2) y 3) del CPP, al no contener los motivos de hecho y derecho en que basa sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba; es decir, no se fijan de manera clara, precisa y circunstanciada la especie; por otro lado, la absolución no se sustenta en hechos existentes y debidamente acreditados en la audiencia de juicio, incumpliendo lo previsto en el art. 370 incs. 5) y 8) del mismo adjetivo penal, al no haber desarrollado una actividad intelectual de forma conjunta y armónica con el fin de determinar si los datos fácticos obtenidos en la producción de la prueba desfilada en audiencia de juicio oral poseían entidad y cualidad suficiente para corroborar la presunción de inocencia o permitir con certeza plena e incontrastable la pretensión punitiva del proceso de acuerdo a la sana crítica, lógica y sentido común, en el caso concreto los jueces simplemente se limitaron a describir los hechos probados y no así aquellos no probados, no se explicó adecuadamente cual fue la prueba que determinó que la conducta del acusado no se adecuó al tipo penal y cuales las pruebas consideradas insuficientes para generar convicción en el Tribunal, teniendo en cuenta además la disidencia de uno de los jueces técnicos que no fue considerada en la sentencia absolutoria, constituyendo lo anterior un motivo para anular la sentencia.


Que, las pruebas obtenidas por el Ministerio Público y la acusación particular son válidas y fueron introducidas al juicio por su lectura legalmente, conforme prevé el art. 333 del CPP, habiendo sido rechazados los incidentes por defectos absolutos de la acusación fiscal, auto de apertura y exclusión probatoria de la literal PD3 del Ministerio Público y P7, 8, 9, 10, 11 y 18 de la acusación particular, referidas al dictamen pericial de documentología y dactiloscopia, estribando la contradicción en que inicialmente el Tribunal afirmó que las pruebas fueron convincentes y tienen eficacia probatoria y luego afirmó que las mismas son simples indicios, concluyéndose en la falta de fundamentación y contradicción prevista en el art. 370 inc. 5) del CPP, así como una defectuosa valoración de la prueba para forzar una Sentencia absolutoria.


III. VERIFICACIÓN DE CONTRADICCIÓN DEL AUTO IMPUGNADO RESPECTO DE LOS PRECEDENTES INVOCADOS


En el presente caso, el recurrente considera el Auto de Vista impugnado vulneratorio de la seguridad jurídica y los principios procesales de economía y celeridad, incurriendo en defecto absoluto previsto en el art. 196 inc. 3) del CPP, en virtud a que: 1) Se actuó de manera ultra petita al disponer la anulación de la Sentencia y su reenvío para la reposición del juicio por otro Tribunal, cuando debió pronunciarse estrictamente sobre el cuarto motivo de apelación admitido por el Auto Supremo 075/2017-RA y resuelto por el Auto Supremo 319/2017-RRC; 2) Por imperio de los arts. 413 y 419 del CPP, debió resolver el recurso dictando un nuevo Auto de Vista reparando los defectos sin necesidad de ordenar la anulación de la Sentencia y su reenvío; y, 3) Para el caso de disponerse el reenvío, por mandado de los referidos arts. 413 y 419 del CPP, debió haberse precisado el objeto del nuevo juicio.

Correspondiendo en consecuencia, resolver la problemática planteada a partir del siguiente análisis.


III.1. La labor de contraste en el recurso de casación.


Conforme lo dispuesto por los arts. 42.I.3 de la LOJ y 419 del CPP, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia tiene la atribución de sentar y uniformar la jurisprudencia estableciendo la doctrina legal aplicable, cuando un Auto de Vista dictado por una Sala Penal de un Tribunal Departamental de Justicia, sea contrario a otros precedentes pronunciados por otros Tribunales Departamentales de Justicia o por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia.


Al respecto, el art. 416 del CPP establece: “Se entenderá que existe contradicción, cuando ante una situación de hecho similar, el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista recurrido no coincida con el del precedente, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance”; en ese caso, la labor de este Tribunal Cimero de sentar y unificar jurisprudencia, contiene íntima relación con la garantía constitucional establecida en el art. 119.I de la CPE, referida al ejercicio pleno del principio de igualdad de las partes ante los Jueces y Tribunales dentro del Estado Plurinacional, así como garantizar la seguridad jurídica en la predictibilidad de las decisiones de aquellos con relación a un igualitario tratamiento jurídico a los ciudadanos. En resumen, el establecimiento de la doctrina legal a partir del recurso de casación dentro de la jurisdicción ordinaria, se sintetiza en: a) Respeto a la seguridad jurídica; b) Realización del principio de igualdad; y, c) Uniformidad en la aplicación del derecho por parte de jueces y tribunales.


En tal virtud, la decisión de este Alto Tribunal en el supuesto de verificarse la existencia de contradicción entre la Resolución impugnada y el o los precedentes invocados como contradictorios, será de aplicación obligatoria para los Jueces y Tribunales inferiores por constituirse doctrina legal aplicable por mandato de la ley y sólo podrá modificarse por medio de una nueva resolución, dictada con motivo de otro recurso de casación, en previsión de lo dispuesto por el art. 420 del CPP.


Ahora bien, la invocación del precedente contradictorio en casación, resulta ser de gravísima importancia no solamente por un mero formalismo, sino por una cuestión de hermenéutica inherente al presente recurso, así también lo ha entendido la jurisdicción constitucional al declarar la constitucionalidad de los arts. 416 y 417 del CPP, mediante la Sentencia Constitucional 0895/2012 de 22 de agosto, que resolvió una acción de inconstitucionalidad concreta estableciendo: 


“A objeto de materializar y efectivizar los fines y objeto del recurso de casación, el legislador boliviano incluyó en el actual Código Procesal Penal la figura jurídica del precedente, mismo que conceptualmente es un evento pasado que sirve para juzgar una situación presente, para ello un elemento sustancial es la analogía, es decir que entre la situación presente y la pasada existan supuestos de hecho que permitan aplicar los razonamientos pasados al presente. Al respecto, la tradición jurídica boliviana fuertemente arraigada en la aplicación de la Ley como fuente principal de aplicación del Derecho fue matizada con la inclusión del precedente jurisprudencial como fuente de aplicación del Derecho. Transitando del precedente persuasivo al precedente vinculante.


El referido tránsito se sustenta en cuatro elementos importantes: 1) En la necesidad de uniformar la interpretación de la ley. Que es la tarea fundamental de la instancia de casación y, en general, de todas las cortes supremas sobre la base del principio de igualdad, tal como se expresa en el sentido de la isonomía aristotélica, trata las situaciones iguales en modo igual. Ya que si se producen resoluciones sucesivas incoherentes contravienen el principio de igualdad de tratamiento de los sujetos que recurren a la tutela jurisdiccional. igualdad (y respeto) del precedente representan, respectivamente, el perfil espacial y el perfil temporal del más amplio principio normativo de coherencia; 2) El segundo aspecto de suma trascendencia para la inclusión del precedente en casación en materia penal es la predecibilidad de las decisiones. Una praxis de precedentes uniformes reduce la conflictualidad y permite seguridad y programabilidad del tráfico jurídico. Las partes de una relación pueden valorar mejor las futuras consecuencias de sus acciones, precisamente en base a las directrices impartidas por consolidadas orientaciones jurisprudenciales; 3) En tercer lugar, la autoridad misma del Tribunal Supremo de Justicia. La coherencia interna determinada por decisiones estandarizadas en un sistema de precedentes produce un reforzamiento de la institución judicial en el cuadro de los poderes del Estado, que resulta al contrario debilitada por la disminución de credibilidad conexa a una jurisprudencia signada por contrastes, deserciones y oscilaciones; y, 4) Finalmente, la eficiencia, se resalta que una praxis jurisprudencial uniforme requiere de los jueces que se adecúen a una cantidad de trabajo intelectual incomparablemente menor de la requerida a quien se dedica a resolver cada caso en particular.


Establecido el núcleo esencial del precedente contradictorio y su importancia en la procedencia del recurso de casación, se evidencia el por qué el legislador ha determinado que en el recurso de casación es el recurrente quien debe adjuntar el precedente que resulta contradictorio y expresar los términos precisos de la contradicción, sumándose a ello la necesidad de generar un filtro procesal destinado a restringir la presentación del recurso a quienes puedan argumentar en el recurso la existencia de un precedente contradictorio, sólo con la finalidad de dilatar el proceso impidiendo en muchos casos el ejercicio del ius puniendi del Estado”


Bajo este mismo entendimiento, el Tribunal Supremo de Justicia mediante el AS 322/2012-RRC de 4 de diciembre, estableció: “Cuando la norma se refiere a una situación de hecho similar, considera esta Sala que el legislador se refiere a supuestos fácticos análogos, siendo necesario precisar que en materia sustantiva el supuesto fáctico análogo exige que el hecho analizado sea similar; en cambio, en material procesal el supuesto fáctico análogo se refiere a una problemática procesal similar”.


III.2. Del precedente invocado y análisis del caso concreto.

El recurrente invoca como precedente contradictorio el Auto Supremo 369/2014 de 17 de septiembre, dictado por la Sala Penal Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, dentro de un proceso en el que el encausado fue condenado por los delitos de violación y tentativa de asesinato y se determinó la realización de un nuevo juicio con relación al tipo penal de homicidio, sosteniendo el procesado que el Auto de Vista impugnado no fundamentó su decisión y por tanto denunció la existencia de un defecto absoluto, siendo la doctrina legal aplicable en lo pertinente la siguiente: 


6.7. EN RELACIÓN AL JUICIO DE REENVIO.- En este punto el Tribunal Supremo de Justicia, ha seguido la doctrina señalada por Gimeno Sendra y el Profesor Cafferata Nores. A fin de precisar sus alcances, se entiende que: ´…el reenvío deja sin efecto la resolución impugnada, y ordena que otro tribunal deberá desarrollar una actividad tendiente a renovar la decisión anulada y todos los actos anteriores o contemporáneos que tengan conexión con ella a los que alcance la nulidad. En ese sentido CLARIA OLMEDO agrega que: …las consecuencias de la resolución que acoge el recurso por considerarlo fundado han de ser diversas según cual sea la naturaleza del agravio que hubiere sido estimado y el tipo de pronunciamiento casado´. El juicio de reenvío es la fase eventual del proceso penal que tiene por objeto la renovación total o parcial de la sentencia posterior al debate que el tribunal de Casación ha declarado nulo y de todos aquellos actos anteriores, contemporáneos o consecutivos que tengan conexión con ella, por parte del mismo órgano jurisdiccional que la dictó, o uno distinto, de igual grado y con diferente integración, por ello la facultades señaladas por los artículo 413 y 419 del Código Procedimiento Penal, que determinen un juicio de reenvió debe ser expresamente fundamentada en su alcance, ESTABLECIENDO EL OBJETO CONCRETO DEL NUEVO JUICIO en la eventualidad que fuera necesario celebrar dicho juicio.


Siguiendo a Cafferata Nores, el juicio de reenvío es una fase del proceso penal, con características y fines propios, no es un juicio original, sino una subdivisión del proceso determinada por la anulación de la resolución anterior como consecuencia de la admisión del recurso de casación. Tampoco es una simple repetición por retroceso, habida cuenta que presenta particularidades que lo distinguen del juicio anterior anulado. El reenvío está ligado a la resolución impugnada, pues ésta no pierde existencia desde los puntos de vista real y jurídico, y se conserva en el curso ulterior del proceso (Manuel, AYAN).  Los caracteres del juicio de reenvío, entonces, derivarán de las limitaciones que le impone su naturaleza de juicio condicionado por el pronunciamiento decidido por el Tribunal Supremo de Justicia.

 

La finalidad que lo define debe estar claramente definida por el Auto de Vista o el Auto Supremo, no es necesario reproducir la integridad del juicio y no debe realizarse si el vicio impugnado se encuentra únicamente en la argumentación de la Sentencia. Los defectos valorativos, facticos, axiológicos y constitucionales que no requieren un nuevo juicio, no necesitan del reenvió y únicamente corresponde dictar una nueva resolución por parte del Tribunal que determina la existencia de ese defecto de la Sentencia. De ahí la centralidad en la fundamentación de la decisión que determina el juicio de reenvió. En conclusión para la doctrina procesal contemporánea: la naturaleza jurídica del juicio de reenvío es la que corresponde a una fase del proceso derivada, entendiéndose por tal el conjunto de actos que se llevan a cabo a causa de la anulación de una actividad procesal defectuosa que, no obstante serlo, subsiste como precedente, no sólo [histórico] sino también jurídico. (Giovanni LEONE, Ejea, 1989).


Desde este enfoque, CARNELUTTI sostiene que la Casación de la sentencia no es más que la primera etapa de un camino que debe terminar en la sustitución de una sentencia injusta (ilegal) por otra sentencia justa (legal). Las dos decisiones no se encuentran divididas por el sujeto que dictara la nueva sentencia (Tribunal de Sentencia o Juez) sino por la decisión de reenvió, por ello el Tribunal de Casación debe ser exhaustivo a tiempo de sentar la doctrina vinculante que habilite el trabajo del Tribunal que resolvió el recurso de apelación restringida.  La dualidad de nuestro sistema al contar con un Tribunal de Casación y otro Tribunal de Apelación restringida, lleva a que la doctrina procesal no sea aplicable directamente. En nuestro país el derecho a recurrir está dividido entre el Tribunal de Apelación que garantiza la doble instancia y el Tribunal de Casación que preserva la seguridad jurídica garantizando que en el mismo caso (supuestos facticos, probatorios y axiológicos) la decisión o la pena no sean diferentes. La decisión judicial representa particularidades, aspectos únicos que son analizados por los jueces, esa facultad exige que la fundamentación sea rigurosa cuando en el caso concreto el Juez se aparta de la regla establecida por el Tribunal Supremo de Justicia, de ello se concluye que la fundamentación de la decisión abarca a todos los Jueces y Magistrados, al ser un garantía del justiciable aplicable en todas las instancias.


6.8. LA RECTIFICACION Y NUEVA SENTENCIA DETERMINADA POR EL ARTICULO 413 Y 414 DE LA LEY 1970.- La actividad del tribunal de Casación, en estos casos según explica DE LA RÚA, se limita a la aplicación de la norma jurídica que corresponda, conforme a la doctrina o interpretación que se declare. Su decisión viene, de este modo, a integrar la sentencia originaria que constituye la verdadera condena. Contrariamente la casación positiva en la que se declara fundado el recurso de un imputado condenado injustamente representa la verdadera sentencia que pone fin al proceso y que formalmente es derivado a los Tribunales de Apelación y Sentencia para que ejecuten la decisión del Tribunal de Casación para el caso concreto. Esta atribución esta reglada y solo puede existir si la base fáctica del recurso está regida por un proceso exento de defectos absolutos, en el que la actividad probatoria se hubiera desarrollado de acuerdo al debido proceso, solo en dichos casos los Tribunales de Apelación y Casación podrán determinar una decisión que corrija la injusticia existente y defina la interpretación jurídica correcta Constitucional y Convencional- dejando sin efecto la sentencia irrita y el Auto de Vista que la hubiera confirmado.


La determinación precisa y circunstanciada del hecho que se juzga contiene derivaciones constitucionales del principio nec bis in ídem, el cual determina la obligación judicial de utilizar el reenvió bajo estrictos criterios de justicia y control del juzgamiento en plazo razonable.  La decisión de reenvió debe determinar, con base a la doctrina de la ponderación y el conflicto de derechos, la validez de la decisión y sus alcances; todo ello debe estar expresamente fundamentado en cada caso en concreto”.


III.2.1. De la supuesta actuación ultra petita del Tribunal de Alzada.


Según el recurrente, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, al emitir el Auto de Vista impugnado que resolvió anular totalmente la Sentencia absolutoria y dispuso la reposición del juicio por otro Tribunal de Sentencia, resolvió más allá del cuarto motivo expresado en el recurso de casación interpuesto por la acusación particular, considerando y resolviendo aspectos que no fueron ordenados en casación.


A tal efecto, es menester recordar que este Alto Tribunal de Justicia mediante Auto Supremo 075/2017-RA de 24 de enero, declaró admisible solo el cuarto motivo del recurso de casación interpuesto por los acusadores particulares quienes cuestionaron que el Tribunal ad quem, a tiempo de emitir el Auto de Vista 66 de 19 de agosto de 2016, no habría realizado una valoración jurídica y exhaustiva de las normas constitucionales procesales, no se habría pronunciado sobre la apelación específicamente sobre la denuncia referida al art. 370 inc. 8) del CPP, no habría realizado un control de legalidad de manera fundamentada; ya que, en la Sentencia existiría contradicción al referirse solo a hechos probados y no así a los hechos no probados y tampoco se habría pronunciado respecto al voto disidente.


En dicho mérito, mediante Auto Supremo 319/2017-RRC de 3 de mayo, este Alto Tribunal declaró fundado el recurso de casación interpuesto en función al motivo admitido, dejando sin efecto el Auto de Vista 66 de 19 de agosto de 2016 y ordenando al Tribunal de Apelación la emisión de un nuevo fallo tras haberse evidenciado: 1) Incongruencia omisiva, al haberse pronunciado únicamente sobre el defecto del art. 370 inc. 5) del CPP, concluyendo que la sentencia apelada no incurrió en el mismo, omitiendo pronunciarse respecto del defecto del inc. 8) del citado artículo, siendo que los recurrentes alegaron contradicción entre la parte considerativa y la dispositiva de la Sentencia; ya que, los incidentes y la exclusión probatoria de la literal PD3 de la Fiscalía y P7, 8, 9, 10, 11 y 18 de la acusación particular, referidos al dictamen pericial de documentoscopia y dactiloscopia, fueron declarados improcedentes, significando que la misma fue válida; sin embargo, en la sentencia se señaló que dichos elementos de prueba debieron ser apartados del proceso y que solo hubieran tenido valor de haberse obtenido a través de medios lícitos e incorporados al proceso conforme a la Constitución Política del Estado y el Código de Procedimiento Penal, absolviendo en la parte dispositiva de culpa y pena al imputado. Con relación al voto disidente, este Alto Tribunal concluyó que, el Tribunal ad quem no se pronunció al respecto porque no fue motivo de apelación, habiéndose efectuado este reclamo recién en casación; y, 2) Falta de debida fundamentación prevista en el art. 124 del CPP, al relatar solo hechos probados y no así los improbados; por cuanto, el Tribunal de Alzada si bien respondió que las sentencias no siempre deben contener los hechos no probados, no estableció de manera expresa, clara, completa, lógica y legítima, si al encontrarse únicamente en la sentencia impugnada los hechos probados, significa que todo lo acusado se encuentra probado, entonces porqué se habría emitido una sentencia absolutoria.


Siendo que, conforme a la doctrina legal invocada por los recurrentes, el fallo del Tribunal ad quem debe circunscribirse a lo dispuesto en casación, se pasa a analizar si el Auto de Vista impugnado observó la doctrina legal sentada por este Máximo Tribunal de la Justicia ordinaria, circunscribiéndose a lo resuelto en el Auto Supremo 319/2017-RRC, siendo los fundamentos de la Resolución cuestionada los siguientes: a) La Sentencia absolutoria impugnada no cumplió con las formalidades establecidas por los arts. 124 y 360 incs. 1), 2) y 3) del CPP, al no contener los motivos de hecho y derecho en que basa sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba; es decir, no se fijan de manera clara, precisa y circunstanciada la especie; por otro lado, la absolución no se sustenta en hechos existentes y debidamente acreditados en la audiencia de juicio, incumpliendo lo previsto en el art. 370 incs. 5) y 8) del mismo adjetivo penal, al no haber desarrollado una actividad intelectual de forma conjunta y armónica con el fin de determinar si los datos fácticos obtenidos en la producción de la prueba desfilada en audiencia de juicio oral poseían entidad y cualidad suficiente para corroborar la presunción de inocencia o permitir con certeza plena e incontrastable la pretensión punitiva del proceso de acuerdo a la sana crítica, lógica y sentido común, en el caso concreto los jueces simplemente se limitaron a describir los hechos probados y no así aquellos no probados, no se explicó adecuadamente cual fue la prueba que determinó que la conducta del acusado no se adecuó al tipo penal y cuales las pruebas consideradas insuficientes para generar convicción en el Tribunal, atendiendo además la disidencia de uno de los jueces técnicos que no fue considerada en la sentencia absolutoria, constituyendo este un motivo para anular la sentencia; y, b) Las pruebas obtenidas por el Ministerio Público y la acusación particular son válidas y fueron introducidas al juicio por su lectura legalmente, conforme prevé el art. 333 del CPP, habiendo sido rechazados los incidentes por defectos absolutos de la acusación fiscal, auto de apertura y exclusión probatoria de la literal PD3 del Ministerio Público y P7, 8, 9, 10, 11 y 18 de la acusación particular, referidas al dictamen pericial de documentología y dactiloscopia, estribando la contradicción en que inicialmente el Tribunal, afirmó que las pruebas fueron convincentes y tuvieron eficacia probatoria y luego afirmó que las mismas eran simples indicios, concluyéndose en la falta de fundamentación y contradicción prevista en el art. 370 inc. 5) del CPP y una defectuosa valoración de la prueba para forzar una sentencia absolutoria.


Advirtiéndose en consecuencia que, el Tribunal ad quem no ha emitido un Auto de Vista ultra petita, habiendo circunscrito su decisión a los puntos expresamente resueltos y ordenados por el Tribunal de Casación en el Auto Supremo 319/2017-RRC; es decir, la incongruencia omisiva ante la falta de pronunciamiento respecto a la contradicción entre la parte considerativa y la resolutiva de la Sentencia y la falta de fundamentación con relación a los hechos no probados, observándose la doctrina sentada por este Tribunal, sin que se advierta contradicción con el precedente jurisprudencial invocado, correspondiendo en consecuencia desestimar el recurso planteado por este motivo.

III.2.3. Respecto a la emisión de una nueva sentencia sin necesidad de ordenar el reenvío.


En este punto el recurrente refiere que, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz actuó de forma ilegal al anular totalmente la Sentencia y ordenar el reenvío de la causa, cuando por imperio de los arts. 413 y 419 del CPP, debió simplemente dictar un nuevo Auto de Vista reparando los defectos sin necesidad de disponer el reenvío; siendo que, en el caso concreto sólo se hizo mención a una mala valoración de la prueba y que la Sentencia no tenía congruencia entre su parte considerativa y la resolutiva.


Al respecto, el art. 413 del CPP establece que ante la imposibilidad de reparar directamente la inobservancia de la ley o su errónea aplicación, el Tribunal ad quem anulará total o parcialmente la sentencia y ordenará la reposición del juicio por otro juez o tribunal, por un razonamiento en contrario sensu, si es evidente que para dictar una nueva sentencia no es necesaria la realización de un nuevo juicio, el Tribunal ad quem resolverá directamente; en el primer caso, resulta inevitable el reenvío pues la inobservancia o errónea aplicación de la ley no puede enmendarse de forma directa por el Tribunal ad quem y en el segundo caso estamos ante una circunstancia palmaria en donde no se requiere un nuevo juicio debiendo simplemente dictarse un nuevo fallo; la doctrina legal emanada de este Alto Tribunal de Justicia refiere que, efectivamente no es necesario reproducir el juicio en su integridad, es más no debiera volver a celebrarse el mismo, si el vicio se encuentra únicamente en la argumentación de la sentencia; en cuanto, a elementos valorativos, fácticos, axiológicos y constitucionales, correspondiendo en ese caso dictar una nueva sentencia sin necesidad del reenvío, por el contrario si el vicio se encuentra en la apreciación de los hechos, lo cual implica la modificación de los mismos, o en la valoración de la prueba, necesariamente deberá procederse al reenvío.


A mayor abundamiento, el Auto Supremo 225/2017-RRC de 21 de marzo, en el que la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia señaló: 


“…conforme a la doctrina legal establecida y desarrollada por este Tribunal Supremo, el recurso de apelación restringida es un medio legal de impugnación para reclamar errores procesales o de aplicación de normas sustantivas, en los que se hubiera incurrido a tiempo de emitir la Sentencia de mérito; empero, por ninguna razón es un mecanismo competente para revalorizar la prueba o revisar cuestiones de hecho, dado que ambas cuestiones, es decir, tanto los hechos como la valoración probatoria, son intangibles; por lo tanto, ante el descubrimiento de violaciones de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales, en cualquiera de estos dos casos; corresponderá al Tribunal de alzada, anular el fallo de mérito y disponer la reposición del juicio por otro tribunal; ello en razón a que la valoración de los hechos y de la prueba es una atribución exclusiva y privativa del Juez o Tribunal de Sentencia, dado que estas autoridades, según sea el caso, gozan de los principios de inmediación y contradicción; empero, ante la denuncia de errónea, deficiente o falta de valoración probatoria por parte del Juez o Tribunal de Sentencia; le corresponderá al Tribunal de alzada, realizar el control de logicidad de dicha labor, verificando el proceso lógico seguido por el juzgador en su razonamiento a través del examen sobre la aplicación de las reglas de la sana crítica en la argumentación de la sentencia, cotejando si en su fundamentación se observaron las reglas de la lógica, la psicología y la experiencia.


(…) el tribunal de alzada, a tiempo de cumplir con su obligación de revisión de la Sentencia de mérito, según sea el caso, puede asumir la determinación de anular total o parcialmente la sentencia, ordenando la reposición del juicio por otro Juez o Tribunal, cuando no sea posible reparar directamente la inobservancia de la ley o su errónea aplicación, indicando el objeto concreto del nuevo juicio, en caso de haber dispuesto una nulidad parcial; o bien, podrá resolver el caso directamente cuando no sea necesaria la realización de un nuevo juicio.


En este último supuesto, es decir, si el Tribunal de alzada comprueba la inobservancia de la ley o su errónea aplicación; pero sin embargo, tiene la convicción plena de la culpabilidad del imputado, no resulta pertinente anular totalmente la Sentencia y disponer un nuevo juicio, sino que debe dictar directamente una nueva Sentencia, modificando la situación jurídica del imputado, tal como corroboró el Auto Supremo 660/2014, que en su sub regla estableció que, en aplicación de lo preceptuado por la última parte del art. 413 del CPP, puede inclusive pronunciar un fallo, cambiando la situación jurídica del imputado, de absuelto a condenado o viceversa; empero, dicha atribución, sólo será factible, cuando no resulte necesario realizar una nueva valoración probatoria ni modificar los hechos probados en juicio; puesto que, tal como se señaló precedentemente, ambos aspectos son inmodificables”.


En el caso concreto, el Auto de Vista impugnado arguyendo defectuosa valoración de la prueba, anuló totalmente la Sentencia absolutoria 05/2016 de 24 de marzo, dictada por el Tribunal de Sentencia de Valle Grande, ordenando la reposición del juicio por otro Tribunal llamado por ley, por considerar que la Sentencia que declaró la absolución: 1) No contiene los motivos de hecho y derecho en que basa sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba; 2) No se sustenta en hechos existentes y debidamente acreditados en la audiencia de juicio, limitándose los jueces a describir los hechos probados y no así aquellos no probados; 3) No se explicó adecuadamente cual fue la prueba que determinó que la conducta del acusado no se adecuó al tipo penal y cuales las pruebas consideradas insuficientes para generar convicción en el Tribunal; 4) No se consideró la disidencia de uno de los Jueces Técnicos; y, 5) Incurre en contradicción, al haber rechazado el A quo el incidente planteado por el encausado de exclusión probatoria del dictamen pericial de documentología y dactiloscopia planteado por el acusado, para luego en la Sentencia considerar que el mismo no fue obtenido legalmente y establecer por ello que no sea tomada en cuenta.


Si bien la Resolución analizada hace referencia a la falta de motivación de la Sentencia 05/2016, al concluir por otra parte en la incongruencia del A quo por disponer en principio el rechazo de la exclusión probatoria del dictamen pericial de documentología y dactiloscopia y luego declarar en sentencia que el mismo no fue obtenido por medios legales en la etapa preparatoria, se infiere la omisión valorativa de un elemento probatorio al cual por su trascendencia en tratándose de un dictamen pericial documentológico y dactiloscópico dentro de un proceso penal por un delito de falsedad, resulta en sumo grado relevante para determinar la existencia o no del hecho juzgado, labor que al implicar el ejercicio intelectivo de valoración de la prueba, como ya se tiene explicado, es intangible para el Tribunal ad quem, correspondiendo en consecuencia la sustanciación de un nuevo juicio donde valorado individual e integralmente el acervo probatorio, incluyendo el dictamen pericial aludido, se dicte sentencia condenatoria o absolutoria observando el principio de exhaustividad de la prueba, debido proceso e imparcialidad, correspondiendo en consecuencia disponerse el reenvío y declarar infundado el recurso de autos, habiendo el Ad quem obrado conforme a derecho y aplicando la doctrina legal sentada por este Alto Tribunal.


III.2.4.  Con relación a la fijación del objeto del nuevo juicio.


Finalmente el recurrente refiere que, al disponer el Ad quem el reenvío de la causa por los motivos ya conocidos, en aplicación de los arts. 413 y 419 del CPP, debió haber precisado el objeto del nuevo juicio; sin embargo, el segundo párrafo del citado art. 413 del CPP establece que: “Cuando la anulación sea parcial, se indicará el objeto concreto del nuevo juicio”, aclarándose que en el caso concreto, el Tribunal de Apelación dispuso la anulación total de la Sentencia 05/2016 de 24 de marzo dictada por el Tribunal de Sentencia de Valle Grande, no siendo necesario en ese caso conforme prevé la norma glosada indicar el objeto del nuevo juicio cuando existe la necesidad de su reposición por las razones expresadas en el punto anterior.  


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Albano Serrano Tordoya.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos