TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 345/2018-RRC

Sucre, 18 de mayo de 2018


Expediente                        : Potosí 42/2017        

Parte Acusadora                : Ministerio Público y otro

Parte Imputada                : Ramiro Gilberto Gómez Quispe y otros

Delito                                : Contrabando

Magistrado Relator        : Dr. Edwin Aguayo Arando


RESULTANDO


Por memorial presentado el 3 de agosto de 2017, cursante de fs. 377 a 387 vta., Ramiro Gilberto Gómez Quispe, Ariel Quispe Huayllani y Misael Pérez Ignacio, interponen recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 23/17 de 25 de mayo de 2017, de fs. 328 a 331, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y la Aduana Regional de Potosí contra los recurrentes, por la presunta comisión del delito de Contrabando de Mercadería, previsto y sancionado por el art. 181 del Código Tributario (CT).


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


  1. Por Sentencia 1/2015 de 30 de abril (fs. 201 a 209 vta.), el Juez de Partido Mixto, Liquidador y de Sentencia de Uyuni del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, declaró a Ramiro Gilberto Gómez Quispe, Ariel Quispe Huayllani y Misael Pérez Ignacio, autores del delito de Contrabando, previsto y sancionado por el art. 181 incs. a), b) y f) del CT, en relación al art. 20 del Código Penal (CP), imponiendo la pena de cinco años de reclusión y diez mil días multa equivalente a 0.50 centavos por día, con costas, más el pago de daños y perjuicios; además, de disponer la confiscación definitiva de la mercadería decomisada.


  1. Contra la referida Sentencia, los imputados Ramiro Gilberto Gómez Quispe, Ariel Quispe Huayllani y Misael Pérez Ignacio (fs. 214 a 226 vta.), interpusieron recurso de apelación restringida, resuelto por Auto de Vista 07/2016 de 23 de febrero (fs. 265 268), que fue dejado sin efecto por Auto Supremo 791/2016-RRC de 14 de octubre (fs. 310 a 313 vta.); en cuyo mérito, se emitió el Auto de Vista 23/17 de 25 de mayo de 2017, dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, que declaró improcedente el recurso planteado y confirmó totalmente la Sentencia apelada, motivando la interposición del presente recurso de casación.


I.1.1. Motivos del recurso de casación.


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 876/2017-RA de 3 de noviembre, se extraen los siguientes motivos, a ser analizados en la presente Resolución, conforme al mandato establecido por los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


  1. Los recurrentes refieren que el Auto de Vista impugnado incurre en contradicción con el precedente invocado, porque realizó una deficiente fundamentación con relación al análisis sobre la concurrencia del defecto de la Sentencia descrito en el art. 370 inc. 5) del CPP, reclamado en su recurso de apelación restringida, debido a que el Tribunal de alzada incurrió en vulneración al derecho al debido proceso en su vertiente de la debida fundamentación suplantándola por una incongruente relación circunstanciada de los hechos y un confuso análisis que desestima la existencia del defecto de Sentencia inmerso en el art. 370 inc. 5) del CPP; al respecto, transcribe la respuesta que le otorga el Auto de Vista al motivo denunciado para sostener que dicho entendimiento es deficiente e insuficiente en cuanto a su fundamentación, la misma que se contrapone a lo previsto en el art. 124 del CPP. Posteriormente refiere que existe contradicción entre el precedente invocado y el Auto de Vista impugnado porque no existe una base fáctica acreditada que lo sustente para un debate jurídico respecto de la trascendencia por la modificación de incremento de las UFVs y que el Tribunal de Sentencia hubiera cumplido con lo estipulado por el art. 124 del CPP, lo que hace ver que en toda la argumentación del Auto de Vista no existe una precisión fáctica que nos permita entender con claridad el por qué los Vocales dan por bien hecho el razonamiento del Tribunal de Sentencia limitándose a hacer lo contrario a lo establecido por la doctrina legal establecida en el precedente invocado, que establece que la debida fundamentación debe contener la especificad, claridad, completitud y logicidad; sin embargo, estos parámetros no fueron aplicados por el Auto de Vista, por lo que resulta totalmente contrario al precedente e incurre en una evidente violación al debido proceso en su vertiente de la debida fundamentación en su componente de motivación y congruencia, advirtiéndose la infracción de los arts. 115 y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE) y 420 del CPP, invocan como precedente contradictorio el Auto Supremo 141/2013 de 28 de mayo.


  1. El Auto de Vista incurre en contradicción con el precedente invocado y también generó vulneración al principio de legalidad, pues incumplió el factor vinculante de los fallos en materia penal, tal como establece el art. 420 del CPP, que justamente expresa la obligatoriedad horizontal de los fallos del Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Penal, debido a su poder uniformador de jurisprudencia que debe ser aplicada por todos los Tribunales inferiores y el no aplicar correctamente la doctrina legal genera defecto absoluto insubsanable y conlleva la vulneración del derecho al debido proceso y el principio de legalidad. En consecuencia, señala que el Auto de Vista es contradictorio al precedente porque los Vocales no cumplieron con la doctrina emitida por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia incumpliendo lo previsto en el art. 420 del CPP, lo que hace que se infrinja la seguridad jurídica siendo que los argumentos del Auto de Vista, del cual transcribe su argumentación segunda, referida a la vulneración del principio de legalidad en el cual también incurrió el Auto de Vista, infringiendo la verdad material de los hechos, porque habría hecho referencia a supuestos tres hechos distintos, en la fundamentación probatoria intelectiva de la Sentencia en los putos 1º, 2º, 3º y 4º y se tendría concretada una relación fáctica como efecto de un operativo realizado el 14 de agosto de 2012, donde se decomisó doscientos treinta y un paquetes de cigarrillos y seis vehículos, a horas 17:00 y 17:30, que se cuantificó en 294,652.00 UFVs, determinándose que el mencionado operativo se realizó en un tiempo y espacio en el que en una secuencia convergieron también otras personas al margen de los recurrentes, vinculados a los hechos y como antecedentes también se tendría que las otras personas ya fueron sentenciadas. De lo desarrollado se establecería que no resulta evidente la existencia de tres hechos, pues en contrario se tendría que en la Sentencia se expresan conductas y escenarios conexos que contextualizan la comisión del delito imputado que en concreto se refieren a contrabando de cajas de cigarrillos con la participación de otros ciudadanos, conjuntamente los recurrentes, realizados en varios vehículos con un valor de acuerdo a lo establecido, superior a los 200.00 UFVs, estableciéndose que no se tiene concretado en la Sentencia conductas y hechos imputados a otros que no sean los recurrentes, lo que expresa la Sentencia como hechos probados en un decomiso de mercadería superior al valor de 200.000 UFVs, no teniéndose discriminado valores ni conductas diferenciadas; consiguientemente, los hechos establecidos en la Sentencia, que para revisión referida a una aplicación o interpretación errónea de la Ley se parte precisamente de considerar el principio de intangibilidad de los hechos; al respecto el Auto de Vista ingresó en contradicción con el precedente porque el defecto absoluto de no contar con una previsión diferenciada, independiente y precisa respecto del grado de participación de cada uno de los acusados y sobre todo la subsunción de sus conductas conforme al principio de legalidad, la debida fundamentación y motivación no responden a la verdad material de los hechos, dando por materializado el delito de Contrabando -así como lo estableció la Sentencia impugnada- les resulta un total agravio.  

   

Al respecto invocan el Auto Supremo 021/2012-RRC de 14 de febrero.

 

  1. Señalan que el Auto de Vista incurrió en contradicción con el precedente invocado, debido a que generó vulneración a la debida valoración de la prueba con relación al análisis sobre la concurrencia del defecto de la Sentencia, previsto en el art. 370 inc. 6) del CPP; respecto a la defectuosa valoración de las pruebas MP-3, MP-1 al MP-17; alegando el Tribunal de alzada que verificó la sola mención y relación de hechos inconexa realizada, situación que no hubiese permitido realizar el control sobre tal valoración, no pudiendo advertir que contenía y que se extrajo de la misma, si fue un valor total de la mercadería decomisada incluyendo las movilidades o solamente el valor de los paquetes de cigarrillos y qué otros elementos de juicio se extrajo de otros medios o que prueba corrobora la cuantía de la mercadería decomisada que se menciona y que determina que fueron demostrados por las pruebas que las menciona (MP-1 a la MP-17); además, se observó la fundamentación descriptiva de la prueba en la que no se devela de manera coherente, cuando se refiere el informe de valoración final de 17 de septiembre de 2012, del que se extrajo que los acusados no tienen  antecedentes penales, ni policiales, cuando ese medio de acuerdo a lo señalado en la propia Sentencia, contiene una valoración definitiva de la mercadería incautada, no siendo coherente que de ese medio probatorio se haya extraído antecedentes de orden penal o policial lo que cuestionaría la valoración. Respecto de la valoración intelectiva de la prueba en referencia a una relación de la prueba testifical con la documental que se realizó en la Sentencia, se estableció que era insuficiente y no tiene congruencia, recayendo en una valoración subjetiva e incoherente, porque no se hubiese determinado con precisión de donde se extrajo la cantidad o valor de la mercadería decomisada consistente en paquetes de cigarrillos objeto de juicio, si ese valor es diferenciado o no, respecto al de los vehículos decomisados, o es un valor global, y en definitiva qué valor se le otorga a la mencionada acta inicial MP-3 y si tal prueba es corroborada por el acta de informe final signado como MP-14. En consecuencia, de la valoración otorgada no se contaría con la certeza de la cantidad de mercadería decomisada, aspecto relevante para poder establecer la imposición de una pena o no; por ende, el agravio resultaría evidente; y como lógica consecuencia, el Auto de Vista ingresa en contradicción con el precedente, porque la correcta valoración de la prueba en base a las sub reglas como la lógica y la sana critica no fueron aplicadas en el presente caso, prevaleciendo solamente la arbitrariedad de sostener hechos que no fueron probados y que ocasionaron la fijación de una pena que correspondía por la defectuosa valoración de la prueba.

 

Con relación a la temática planteada invocan como precedente contradictorio el Auto Supremo 104/2004 de 20 de febrero.


I.1.2. Petitorio.


Los recurrentes solicitan, que se deje sin efecto el Auto de Vista recurrido, estableciendo la línea jurisprudencial vinculante, disponiendo que el Tribunal de alzada realice una debida fundamentación.


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 876/2017-RA de 3 de noviembre, de fs. 412 a 415 vta., este Tribunal admitió el recurso de casación formulado por los imputados Ramiro Gilberto Gómez Quispe, Ariel Quispe Huayllani y Misael Pérez Ignacio, para el análisis de fondo de los motivos identificados precedentemente.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se tiene lo siguiente:


II.1.        De la Sentencia.


Por Sentencia 1/2015 de 30 de abril, el Juez de Partido Mixto, Liquidador y de Sentencia de Uyuni del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, declaró a Ramiro Gilberto Gómez Quispe, Ariel Quispe Huayllani y Misael Pérez Ignacio, autores del delito de Contrabando, previsto y sancionado por el art. 181 incs. a), b) y f) del CT, en relación al art. 20 del CP, bajo los siguientes hechos probados:


  1. Que, el 14 de agosto de 2012 a eso de las 17:00 horas, en Sillajuaj de la Provincia Daniel Ocampos del departamento de Potosí, Ramiro Gilberto Gómez Quispe, Ariel Quispe Huayllani, Misael Pérez Ignacio y Waldo Condori Paiva (imputados), son sorprendidos y aprehendidos cuando se encontraban en posesión de varias cajas que contenían cajetillas de cigarrillo de industria Paraguaya marcas K&T y FOX, haciendo un total de 231 cajas, encontrándoseles también con una movilidad marca Nissan Pathfainder, color guindo.


  1. Que en la misma fecha se hacen presentes personas de nacionalidad chilena conduciendo cuatro movilidades con placas chilenas, llegando uno de los vehículos minutos después y cuyos ocupantes se dieron a la fuga.


  1. Que el 17 de agosto de 2012 a horas 10:50 se procedió a realizar la valoración correspondiente, arrojando un total de doscientos noventa y cuatro mil seiscientos cincuenta y cinco 00/100 UFVs. (294.652,00 UFVs.), y las correspondientes actas de intervenciones y secuestro de las movilidades y mercadería, arrojando un total de mercadería decomisada 231 cajas de cartón color café conteniendo en el interior cigarrillos de industria extranjera, cigarrillos de marca FOX 141 cajas, y marca K&T 90 cajas, haciendo un total de 231 cajas de cigarrillo; y, vehículos decomisados 6.


II.2.        Del recurso de apelación restringida de los imputados.


       Notificados con la Sentencia, Ramiro Gilberto Gómez Quispe, Ariel Quispe Huayllani y Misael Pérez Ignacio, interponen recurso de apelación restringida, bajo los siguientes argumentos:

       

  1. Concurrencia del defecto de la Sentencia establecido en el inc. 5) del art. 370 del CPP, refiriendo que en dicha resolución no se consideró la fundamentación de la defensa técnica, generando la vulneración a la garantía del debido proceso y al derecho a la defensa, previstos en los arts. 115.II, 117.I y 119.II de la CPE; señalan que su defensa se fundó en el hecho de que los 231 paquetes de cigarrillos, no alcanzaban en su valor a 200.000 UFVs y que en inteligencia del art. 181 del CT, resultaba necesaria su comprobación a los fines de la sanción y que en todo caso la demás mercadería decomisada no les pertenecía por ser de propiedad de otros seis aprehendidos.


  1. Vulneración al principio de legalidad, señalando que en la valoración probatoria intelectiva de la Sentencia, se hizo mención a tres hechos distintos y que solamente se juzgó a los recurrentes, pues de estos tres hechos se llegaría a un total de 294.652.00 UFVs; sin embargo, refieren que no se consideró que de acuerdo al art. 24 del CP, sólo fueron juzgados los recurrentes; en consecuencia, no se les podía imponer una sanción porque los doscientos treinta y un paquetes de cigarrillos no superaban los 200.000 UFVs. Expresaron también que no se consideró que la cláusula sexta adicional de la Ley 137 que incrementa las UFVs, de 50.000 a 200.000 y modifica el art. 181.I del CT, es posterior pero más favorable si se compara con los elementos cuantitativos de esta última; en consecuencia, no podían ser condenados a cinco años sólo por 231 cajas de cigarrillos.


  1. Defectuosa valoración de la prueba prevista en el inc. 6) del art. 370 del CPP, con relación al derecho a una resolución fundamentada y a la defensa, previstos en los arts. 115 y 117.II de la CPE, que acarrea además el defecto absoluto señalado en el inc. 3) del art. 169 del CPP, refiriendo que las contradicciones de la Sentencia resultan evidentes entre los hechos que fueron objeto de juicio y su conclusión, resultando condenados a 5 años de privación de libertad cuando la mercancía no sobrepasan las 200.000 UFVs, lo peor se los condenó con mercadería de otras personas, teniendo la defectuosa valoración de la prueba su origen en la prueba MP3, pues en esta se verificaría la cantidad de mercadería decomisada y que la misma no alcanza a las 200.000 UFVs.


II.3.  Del Auto de Vista 07/2016 de 23 de febrero.


La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, dictó el Auto de Vista 07/2016 de 23 de febrero, declarando procedente el recurso planteado; en consecuencia, anuló la Sentencia apelada, disponiendo se realice un nuevo juicio de reenvío ante el Juez llamado por Ley.


II.4.  Del Auto Supremo 791/2016-RRC de 14 de octubre.


Conforme a los datos del proceso, se advierte que la presente causa fue radicada anteriormente ante la Sala Penal de éste Tribunal, como emergencia del recurso de casación interpuesto por el acusador particular Waldo Aramayo Medinaceli en representación de la Aduana Nacional (fs. 293 a 295), impugnando el Auto de Vista 07/2016 de 23 de febrero, en el que acusó, que los fundamentos de la Resolución recurrida incurrieron en contradicción al haber denegado los agravios primero y segundo del recurso de apelación restringida interpuesto por los imputados alegando que el valor de la mercadería incautada era superior a los 200.000 UFVs, y que no era evidente la supuesta vulneración al principio de legalidad; empero, en contradicción arguyó que el tercer agravio referente a la defectuosa valoración de la prueba era evidente. Recurso, que inicialmente fue declarado admisible, mereciendo el pronunciamiento del Auto Supremo 791/2016-RRC de 14 de octubre, que sobre la referida denuncia constató que era evidente que los argumentos del Auto de Vista incurrieron en contradicción; puesto que, para rechazar los motivos primero y segundo de la apelación restringida, habían estado fundados en que la Sentencia apelada en los puntos 1, 2, 3 y 4, concretó una relación fáctica que cuantificó como mercadería decomisada 294652.00 UFVs; y, para que haya llegado a estas conclusiones, tuvo que haber verificado los hechos probados, resultando contradictorio que a tiempo de resolver el punto tercero haya alegado que no existió una correcta fundamentación probatoria en la Sentencia, quedando duda de qué bases probatorias y argumentativas le sirvieron para tomar la decisión de rechazar los dos primeros agravios, aspectos que llevaron a establecer que el Tribunal de alzada no efectuó un correcto control de legalidad sobre la Sentencia, por lo que, fue dejado sin efecto el impugnado Auto de Vista, disponiendo se dicte uno nuevo, siguiendo la doctrina legal aplicable.


II.5.  Del Auto de Vista ahora impugnado.


Como consecuencia del referido Auto Supremo, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí emitió el Auto de Vista ahora impugnado, que declaró improcedente el recurso planteado; en consecuencia, confirmó totalmente la Sentencia apelada, bajo los siguientes argumentos:


  1. Respecto al defecto de Sentencia inmerso en el art. 370 inc. 5) del CPP; la Sentencia en la parte de hechos probados determinó que la mercadería incautada es superior a los 200.000 UFVs., determinando un valor de 294,652.00 conforme consta en el punto 2 de la fundamentación probatoria descriptiva, sustentando también en el punto 4 de la fundamentación probatoria intelectiva de la Sentencia, aspectos definidos en respeto al principio de verdad material, hecho que para una revisión in iure en alzada es intangible por lo que lo alegado por los recurrentes es solo una percepción de parte; ya que, la Sentencia determina lo contrario, en ese margen, la cuantificación viene a ser un elemento que tenga incidencia y merezca pronunciamiento particular, expreso porque no existe una base fáctica acreditada que lo sustente para un debate jurídico respecto a su trascendencia por la modificación de incremento de las UFVs., y su incidencia en la modificación de la pena cuando ha quedado establecido como un hecho probado en la Sentencia que el valor es superior a los 200.000 UFVs., y no una menor, lo cual hace un análisis innecesario al respecto, tácitamente y directamente se responde al alegato con la mencionada determinación. Por otra parte en el considerando I de la Sentencia referido a la fundamentación Probatoria Descriptiva, Fundamentación probatoria Intelectiva, hechos probados, fundamentación jurídica, fundamentación de la sanción penal y fundamentación de la pena de estos contenidos estructurados, se establece que el Tribunal de mérito llegó a determinar los hechos fácticos de manera puntual y cronológica describiendo cómo sucedieron e indicando en base a qué pruebas fueron establecidos y cómo concuerdan con todos los otros elementos de prueba; es decir, que el Tribunal recurrido valoró toda la prueba producida en juicio, fundamentando adecuadamente su Resolución conforme manda el art. 124 del CPP, no incurriendo en el defecto del art. 370 inc. 5) del CPP, ni que se hubiere vulnerado derecho o garantía constitucional.


  1. En cuanto a la vulneración al principio de legalidad; en la fundamentación probatoria intelectiva de la Sentencia en los puntos 1º, 2º, 3º y 4º se tiene concretada una relación fáctica como efecto de un operativo realizado el 14 de agosto de 2012, donde se comisa 231 paquetes de cigarrillos y 6 vehículos a horas 17:00 y 17:30 la cual es cuantificada en 294.652.00 UFVs, en la que se determina que el mencionado operativo se realizó en un tiempo y espacio en el que en una secuencia convergieron también otras personas al margen de los recurrentes vinculados a los hechos y como un antecedente se tiene que las otras personas ya fueron sentenciadas. Tales hechos concretados en la Sentencia impugnada, expresan conductas, escenarios conexos que contextualizan la comisión del delito imputado que en concretado refieren al contrabando de cajas de cigarrillos con la participación de otros ciudadanos, más conjuntamente los recurrentes realizados en varios vehículos con un valor de acuerdo a lo establecido superior a los 200.00 UFVs, no se tiene concretado en la Sentencia una conducta y hechos imputados a otros que no sean los recurrentes y lo que expresa la Sentencia como hechos probados es un comiso de mercadería superior al valor de 200.000 UFVs, y no se tiene discriminado valores ni diferenciadas conductas, consecuentemente los hechos establecidos en la Sentencia que para una revisión referida a una aplicación o interpretación errónea de la ley parten precisamente de considerar el principio de intangibilidad de los hechos, no expresan una vulneración al principio de legalidad por un valor de UFVs, inferior al alegado y que en consecuencia incidan en la imposición de la pena o que determine que el delito acusado no constituye delito de acuerdo a una política criminal ulterior, tampoco expresa que esa concreción es decir el valor de UFVs, se dio acumulando conductas imputables a otros contrariamente a la incomunicabilidad prevista por el art. 24 del CP, no advirtiéndose la vulneración al principio de legalidad.


  1. Respecto a la defectuosa valoración de la prueba art. 370 inc. 6) del CPP; se debe establecer que conforme al principio de intangibilidad la apelación restringida, no es un medio para revalidar prueba, por lo que no puede ingresar a revisar la base fáctica de la Sentencia o revisar cuestiones de hecho; sin embargo, puede ejercer control sobre la valoración de la prueba, a ese efecto del análisis de la Sentencia, tiene que efectuó una labor conforme establece el art. 173 del CPP, en relación al art. 124 del mismo cuerpo legal, denotando una fundamentación coherente y congruente, habiendo relacionado los hechos con el delito querellado, cuando explica en derecho por qué se considera suficiente la prueba. Del análisis de toda la Sentencia y en la parte referida al Considerando I en el punto II.1 de fundamentación probatoria descriptiva, punto II.2 Fundamentación probatoria intelectiva, valoración de la prueba de cargo y descargo, testifical, valoración de la prueba literal y valoración de los informes, la Sentencia contiene la debida fundamentación respecto a la prueba en concreto sobre el caso, porque se denota que efectuó una labor otorgando la valoración correspondiente a cada uno de los elementos de prueba, por parte del Juez de Sentencia, con aplicación de las reglas de la sana crítica, justificando y fundamentando adecuadamente las razones por las cuales les otorga determinado valor, en base a la apreciación conjunta y armónica de toda la prueba esencial producida, que hace la fundamentación de forma coherente y congruente relacionando el hecho con el delito querellado, como dispone el art. 173 del CPP, en forma correcta, en base al principio de legalidad de la prueba, estableciendo que los recurrentes no presentaron prueba, por lo que el Juez de mérito obró correctamente ofreciendo certidumbre en la valoración realizada.


III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN

CON LOS PRECEDENTES INVOCADOS


Este Tribunal Supremo de Justicia, admitió el recurso de casación interpuesto por la parte imputada, con la finalidad de verificar si el Auto de Vista recurrido incurrió en contradicción con la doctrina legal invocada, puesto que, había incidido en: i) Deficiente fundamentación respecto a su denuncia del defecto de la Sentencia descrito en el art. 370 inc. 5) del CPP; ii) Vulneración al principio de legalidad, porque incumplió el factor vinculante que prevé el art. 420 del CPP; pues a tiempo de resolver el segundo agravio no observó la existencia de una previsión diferenciada, independiente y precisa respecto al grado de participación de cada uno de los acusados y sobre todo la subsunción a sus conductas, dando por materializado el delito de Contrabando; y, iii) Vulneración a la debida valoración de la prueba con relación al análisis sobre la concurrencia del defecto del art. 370 inc. 6) del CPP; por lo que corresponde resolver las problemáticas planteadas, mediante la labor de contraste.


III.1. Respecto a la deficiente fundamentación.


Los recurrentes denuncian, que el Auto de Vista impugnado incurre en contradicción con el precedente invocado, porque realizó una deficiente fundamentación con relación al análisis sobre la concurrencia del defecto de la Sentencia descrito en el art. 370 inc. 5) del CPP; puesto que, desestimó el reclamo, suplantando la fundamentación con una incongruente relación circunstanciada de los hechos y un confuso análisis que les resulta insuficiente, que se contrapone a lo previsto en el art. 124 del CPP, al señalar que no existiría una base fáctica acreditada que lo sustente para un debate jurídico respecto de la trascendencia por la modificación del incremento de las UFVs; lo que hace ver que en la argumentación del Auto de Vista no existe una precisión fáctica que les permita entender con claridad por qué dieron por bien hecho el razonamiento del Juez de Sentencia, incumpliendo los parámetros de fundamentación por lo que resulta contrario al precedente e incurre en violación al debido proceso en su vertiente de la debida fundamentación en su componente de motivación y congruencia.


Al respecto, invocaron el Auto Supremo 141/2013 de 28 de mayo, que fue dictado por la Sala Penal Primera de este Tribunal Supremo de Justicia, en la resolución de un recurso de casación en una causa seguida por el delito de Despojo, Perturbación de Posesión, Usurpación Agravada y Daño Simple, donde se constató que el Auto de Vista recurrido omitió pronunciarse respecto a dos denuncias formuladas en el recurso de apelación restringida, aspecto que vulnera los arts. 124 y 398 del CPP, que quebrantó el derecho a la defensa, tutela judicial efectiva y debido proceso, por lo que fue dejado sin efecto, estableciéndose la siguiente doctrina legal aplicable: “Es una premisa consolidada que todo Auto de Vista se encuentre debidamente fundamentado y motivado, cumpliendo con los parámetros de especificidad, claridad, completitud, legitimidad y logicidad; respondiendo y emitiendo los criterios jurídicos sobre cada punto impugnado que se encuentre en el recurso de apelación restringida.


En ese entendido, no existe fundamentación en el Auto de Vista cuando en el mismo se evidencia que el Tribunal de Alzada no se pronunció sobre todos los motivos en los que se fundó el recurso de apelación restringida, lo cual constituye un vicio de incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio) que vulnera el artículo 124 del Código de Procedimiento Penal y que desconoce el artículo 398 del citado adjetivo penal, pues los Tribunales de Alzada deben circunscribir sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución impugnada. Por lo que, la omisión de pronunciamiento de un aspecto reclamado se constituye en un defecto absoluto inconvalidable que vulnera el derecho a recurrir, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva; sin perjuicio de destacar que en caso de que el Tribunal de Alzada advierta defecto u omisión de forma deberá imprimir el trámite previsto en el artículo 399 del Código de Procedimiento Penal, en el marco del respeto al principio pro actione”. (Las negrillas nos corresponden).


Al respecto, del precedente se tiene que si bien la doctrina legal aplicable surgió a raíz de que el Tribunal de casación constató que el Auto de Vista recurrido no se pronunció sobre dos denuncias formuladas en el recurso de apelación restringida, lo que constituye vicio de incongruencia omisiva que infringe el art. 398 del CPP; no obstante, el precedente también refiere que se infringió el art. 124 de la citada norma, defecto que reclaman los recurrentes en el que hubiere incurrido el Auto de Vista recurrido; consiguientemente, al encontrarnos ante una temática similar como es la  vulneración del art. 124 del CPP, corresponde ingresar al análisis de la denuncia.


Conforme se precisó en los antecedentes procesales vinculados al recurso, ante la emisión de la Sentencia condenatoria, los imputados interpusieron recurso de apelación restringida alegando como primer agravio la concurrencia del defecto establecido en el inc. 5) del art. 370 del CPP, refiriendo, que en la Sentencia no se consideró la fundamentación de la defensa técnica, que se fundó en el hecho de que los 231 paquetes de cigarrillos, no alcanzaban en su valor a 200.000 UFVs y que en inteligencia del art. 181 del CT, resultaba necesaria su comprobación a los fines de la sanción; además, que la demás mercadería decomisada no les pertenecía por ser de propiedad de otros seis aprehendidos; respecto a lo cual, el Tribunal de alzada conforme se advierte de lo extractado en el acápite II.5 de este Auto Supremo, abrió su competencia, y desestimó la denuncia alegando que la Sentencia en su parte hechos probados determinó que la mercadería incautada era superior a los 200.000 UFVs., con un valor de 294,652.00 UFVs., conforme constaba en el punto 2 de la fundamentación probatoria descriptiva y punto 4 de la fundamentación probatoria intelectiva; que respecto a la cuantificación que venía a ser un elemento que tenga incidencia y merezca pronunciamiento particular expreso porque no existe una base fáctica acreditada que lo sustente para un debate jurídico respecto a su trascendencia por la modificación de incremento de los UFVs., y su incidencia en la modificación de la pena; constató que quedó establecido como un hecho probado en la Sentencia que el valor era superior a los 200.000 UFVs., y no una menor, lo que hacía innecesario un análisis al respecto y tácitamente respondía al alegato. Añadió, que en el considerando I de la Sentencia referido a la fundamentación Probatoria Descriptiva, Fundamentación probatoria Intelectiva, hechos probados, fundamentación jurídica, fundamentación de la sanción penal y fundamentación de la pena; el Tribunal de mérito, llegó a determinar los hechos fácticos de manera puntual y cronológica describiendo cómo sucedieron e indicando en base a qué pruebas fueron establecidos y cómo concuerdan con todos los otros elementos de prueba; es decir, que valoró toda la prueba producida en juicio, fundamentando adecuadamente conforme prevé el art. 124 del CPP.


De esa relación necesaria de antecedentes se constata que el Auto de Vista recurrido no incurrió en una deficiente fundamentación, como aseveran los recurrentes; puesto que, al constatar que la Sentencia en su parte hechos probados determinó que la mercadería incautada era superior a los 200.000 UFVs., con un valor de 294,652.00 UFVs.; lógicamente resultó innecesario un debate jurídico respecto a la comprobación de los UFVs, que pretendían los recurrentes a los fines de la modificación de la sanción; argumentos que no resultan deficientes, incongruentes ni confusos; sino, que de manera explícita y suficiente dan a entender por qué el Auto de Vista desestimó la denuncia por evidenciar que el valor de la mercadería incautada era superior a los 200.000 UFVs., y no menor como afirmaron los recurrentes; concluyendo además el Auto de Vista, que la Sentencia valoró toda la prueba producida en juicio, encontrándola adecuadamente fundamentada conforme prevé el art. 124 del CPP.


Consecuentemente del análisis del Auto de Vista impugnado, se advierte que contiene una fundamentación suficiente; puesto que, resulta expresa; ya que, señaló los fundamentos que sustentan su decisión, clara, por cuanto, resulta comprensible que desestimó la denuncia por evidenciar que el valor de la mercadería incautada había sido probado en un valor superior a los 200.000 UFVs., y no menor como afirmaron los recurrentes; por lo que le resultó innecesario la comprobación de las UFVs, que habían reclamado los recurrentes; completa; toda vez, que del análisis que desarrolló a la Sentencia en sus diferentes fundamentaciones, le permitió llegar al conocimiento de que la denuncia alegada por los recurrentes no era evidente, por lo que emitió su decisión de no dar lugar al reclamo, legítima, porque evidenció que la Sentencia se pronunció en base a hechos debidamente probados (que el valor de la mercadería decomisada fue superior a los 200.000 UFVs.), por lo que desestimó la denuncia al resultarle innecesario un debate jurídico respecto a cuestiones que constató y explicó se encontraban probadas en la Sentencia; y, lógica, pues cumplió con la secuencia de los referidos requisitos; consecuentemente, este Tribunal observa que la Resolución recurrida reúne los requisitos de validez necesarias.


Por los argumentos expuestos, se tiene que el Tribunal de alzada respecto a este punto cumplió con los parámetros de una debida fundamentación; no incurriendo en contradicción con el precedente invocado, ni advirtiéndose violación al debido proceso en su vertiente de la debida fundamentación en su componente congruencia; toda vez, que el Auto de Vista se circunscribió a los aspectos cuestionados por los recurrentes cumpliendo con lo previsto por los arts. 124 y 398 del CPP; en consecuencia, el presente motivo deviene en infundado.


III.2. En cuanto a la vulneración al principio de legalidad.


Reclaman los recurrentes que el Auto de Vista les generó vulneración al principio de legalidad, puesto que, incumplió el factor vinculante de los fallos en materia penal, conforme lo establece el art. 420 del CPP, pues el no aplicar correctamente la doctrina legal generaría defecto absoluto insubsanable, conllevando a la vulneración del derecho al debido proceso y el principio de legalidad, ya que, los argumentos del Auto de Vista, respecto a la vulneración del principio de legalidad, infringe la verdad material de los hechos; toda vez, que haría referencia a supuestos tres hechos distintos, en la fundamentación probatoria intelectiva de la Sentencia en los putos 1º, 2º, 3º y 4º y se tendría concretada una relación fáctica como efecto de un operativo realizado el 14 de agosto de 2012, donde se decomisó doscientos treinta y un paquetes de cigarrillos y seis vehículos, a horas 17:00 y 17:30, que se cuantificó en 294,652.00 UFVs, determinándose que el mencionado operativo se realizó en un tiempo y espacio en el que en una secuencia convergieron también otras personas al margen de los recurrentes, vinculados a los hechos y como antecedentes también se tendría que las otras personas ya fueron sentenciadas. De lo desarrollado se establecería que no resulta evidente la existencia de tres hechos, pues en contrario se tendría que en la Sentencia se expresan conductas y escenarios conexos que contextualizan la comisión del delito imputado que en concreto se refieren a contrabando de cajas de cigarrillos con la participación de otros ciudadanos, conjuntamente los recurrentes, realizados en varios vehículos con un valor de acuerdo a lo establecido, superior a los 200.00 UFVs, estableciéndose que no se tiene concretado en la Sentencia conductas y hechos imputados a otros que no sean los recurrentes, lo que expresa la Sentencia como hechos probados en un decomiso de mercadería superior al valor de 200.000 UFVs, no teniéndose discriminado valores ni conductas diferenciadas; consiguientemente, los hechos establecidos en la Sentencia, que para revisión referida a una aplicación o interpretación errónea de la Ley se parte precisamente de considerar el principio de intangibilidad de los hechos; al respecto, aseveran que el Auto de Vista recurrido ingresaría en contradicción con el precedente porque el defecto absoluto de no contar con una previsión diferenciada, independiente y precisa respecto del grado de participación de cada uno de los acusados y sobre todo la subsunción de sus conductas conforme al principio de legalidad, la debida fundamentación y motivación no responden a la verdad material de los hechos, dando por materializado el delito de Contrabando como lo estableció la Sentencia, resultándoles un total agravio.  


Como una consideración previa antes de ingresar a resolver la problemática planteada mediante la labor de contraste entre el precedente citado con el Auto de Vista recurrido, corresponde señalar que el recurso de casación es un mecanismo de impugnación que se encuentra garantizado por la Constitución Política del Estado y regulado por la Ley, así, la Constitución Política del Estado, en el marco de las garantías recogidas, establece el principio de impugnación en su art. 180.II, como un medio eficaz para buscar el control de la actividad de los administradores de justicia, precautelando la vigencia de los derechos y garantías constitucionales, esto es, la aplicación correcta de la norma sustantiva como adjetiva. En ese contexto normativo, este Tribunal, ha reiterado constantemente en sus exámenes de admisibilidad que el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción, cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincide con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente que en el actual régimen de recursos establecido por el CPP, el recurso de casación tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia a fin de asegurar la vigencia del principio de igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y sustantiva será efectivamente aplicada por igual.


       De tal manera que, en la labor de verificación o contraste entre lo resuelto en un caso concreto, con lo resuelto en los precedentes invocados, primero se identifiquen plenamente la similitud de los supuestos de hecho, para que en segundo término, se analice si el fundamento jurídico que da origen a la doctrina legal, es aplicable al caso examinado, correspondiendo hacer hincapié en que el precedente establecido por el Tribunal Supremo o los Tribunales Departamentales de Justicia, es de estricta observancia conforme impone el art. 420 del CPP, en los casos en que se presente una situación de hecho similar, en coherencia con los principios de seguridad jurídica e igualdad.


       En esa línea esta Sala Penal a través del Auto Supremo 322/2012-RRC de 4 de diciembre, ha precisado que: “Cuando la norma se refiere a una situación de hecho similar, considera esta Sala que el legislador se refiere a supuestos fácticos análogos, siendo necesario precisar que en materia sustantiva el supuesto fáctico análogo exige que el hecho analizado sea similar; en cambio, en material procesal el supuesto fáctico análogo se refiere a una problemática procesal similar”.


       A los fines de resolver la problemática planteada necesariamente debe acudirse al Auto Supremo invocado por los recurrentes, a objeto de verificar si se contradijo o no el mismo. Es así que el Auto Supremo 021/2012-RRC de 14 de febrero, que fue dictado por la Sala Penal Segunda de este Tribunal Supremo de Justicia, en la resolución de un recurso de casación en una causa seguida por el delito de Hurto, donde constató que ante la denuncia de que se vulneró la ley vigente; toda vez, que la acusación fiscal había sido presentada el 2 de junio de 2010, cuando ya se encontraba vigente la Ley 007 de 18 de mayo de 2010, que modificó el art. 323 inc. 1) y 325 del CPP, que establece, que si el Ministerio Público tiene los suficientes elementos de convicción debe presentar acusación ante el Juez de Instrucción Cautelar, a efecto de que se lleve a cabo la audiencia conclusiva; sin embargo, el Ministerio Público, incumpliendo dicha norma había presentado directamente la acusación ante el Juez de Sentencia, el Tribunal de apelación en vez de corregir el procedimiento, permitió la aplicación de una norma que no se encontraba vigente al momento de presentarse la acusación; lo que constituye un defecto absoluto no susceptible de convalidación; toda vez, que se apartó del nuevo procedimiento previsto para la presentación de la acusación; no observando que el art. 323 del CPP, fue modificado por la Ley 007 de 18 de mayo de 2010; al no observarlo, vulneró el debido proceso; ya que, privó a la imputada del acceso a la audiencia conclusiva donde tenía la posibilidad de realizar y ejercer plenamente su derecho a la defensa, tomando en cuenta que podía deducir excepciones e incidentes y pedir la resolución de los mismos; por lo que fue dejado sin efecto el Auto de Vista, sentándose la siguiente doctrina legal aplicable: “Se considera defectos absolutos no subsanables, cuando la resolución sea sentencia o Auto de Vista, no se enmarca en las disposiciones vigentes previstas en la Constitución Política del Estado y la ley. En ese entendido queda establecido que la ley procesal aplicable debe ser siempre la vigente (siempre y cuando no defina derechos sustantivos), tanto a las causas en trámite como a las que se inicien con posterioridad a su vigencia, aunque los hechos se hubieran cometido con anterioridad a su entrada en vigor; pues lo contrario implicaría vulneración a derechos y garantías constitucionales, como es el debido proceso.


Empero, también se debe aclarar que ello no significa infracción al principio de irretroactividad de la Ley, en el sentido del artículo 123 de la CPE, dado que el objeto de las leyes procesales son los actos del proceso; es decir, actuaciones meramente procedimentales; pues, la aplicación de un precepto procesal nuevo a un hecho y conducta delictiva realizada con anterioridad a su entrada en vigor no significa vulneración a dicho principio”.


Ahora bien, en el caso en examen, no se presenta el mismo supuesto de hecho; toda vez, que los recurrentes reclaman una cuestión de índole procesal en sentido de que el Auto de Vista recurrido infringió la verdad material de los hechos, ya que, no cuenta con una previsión diferenciada, independiente y precisa respecto al grado de participación de cada uno de los acusados y la subsunción de sus conductas, dando  por materializado el delito de Contrabando; denuncia, que no guarda relación alguna con los fundamentos del precedente invocado, que estableció que la ley procesal aplicable debe ser siempre la vigente.


Por los fundamentos expuestos y por la naturaleza del recurso de casación, queda establecido que el precedente invocado respecto a este motivo no resulta aplicable al Auto de Vista recurrido; toda vez, que no contiene una problemática similar; en consecuencia, deviene en infundado.


III.3. Respecto a la “vulneración a la debida valoración de la prueba”.


Denuncian, que el Auto de Vista incurrió en contradicción con el precedente contradictorio invocado, debido a que se generó vulneración a la debida valoración de la prueba con relación al análisis sobre la concurrencia del defecto de la Sentencia previsto en el art. 370 inc. 6) del CPP; sostienen, que el cuestionamiento a la defectuosa valoración de las pruebas MP-3, MP-1 al MP-17, el Tribunal de alzada refiere que verificó la sola mención y relación de hechos inconexa realizada, situación que no hubiese permitido realizar el control sobre tal valoración, no pudiendo advertir que contenía y que se extrajo de la misma, si fue un valor total de la mercadería decomisada incluyendo las movilidades o solamente el valor de los paquetes de cigarrillos y qué otros elementos de juicio se extrajo de otros medios o qué prueba corrobora la cuantía de la mercadería decomisada que se menciona y que determina que fueron demostrados por las pruebas que las menciona (MP-1 a la MP-17); además, se observó la fundamentación descriptiva de la prueba en la que no se devela de manera coherente, cuando se refiere el informe de valoración final de 17 de septiembre de 2012, del que se extrajo que los acusados no tienen  antecedentes penales, ni policiales, cuando ese medio de acuerdo a lo señalado en la propia Sentencia, contiene una valoración definitiva de la mercadería incautada, no siendo coherente que de ese medio probatorio se haya extraído antecedentes de orden penal o policial lo que cuestionaría la valoración. Respecto de la valoración intelectiva de la prueba en referencia a una relación de la prueba testifical con la documental que se realizó en la Sentencia, se estableció que era insuficiente y no tiene congruencia, recayendo en una valoración subjetiva e incoherente, porque no se hubiese determinado con precisión de donde se extrajo la cantidad o valor de la mercadería decomisada consistente en paquetes de cigarrillos objeto de juicio, si ese valor es diferenciado o no, respecto al de los vehículos decomisados, o es un valor global, y en definitiva qué valor se le otorga a la mencionada acta inicial MP-3 y si tal prueba es corroborada por el acta de informe final signado como MP-14. En consecuencia, de la valoración otorgada no se contaría con la certeza la cantidad de mercadería decomisada, aspecto relevante para poder establecer la imposición de una pena o no; por ende, el agravio resultaría evidente; y como lógica consecuencia, el Auto de Vista ingresa en contradicción del precedente porque la correcta valoración de la prueba en base a las sub reglas como la lógica y la sana crítica no fueron aplicadas en el presente caso, prevaleciendo solamente la arbitrariedad de sostener hechos que no fueron probados y que ocasionaron la fijación de una pena que correspondía por la defectuosa valoración de la prueba.

 

Conforme se expresó en el punto anterior, a los fines de resolver la problemática planteada necesariamente debemos remitirnos al precedente invocado, así se tiene que el Auto Supremo 104/2004 de 20 de febrero, que fue dictado por la Sala Penal de la entonces Corte Suprema de Justicia, en la resolución de un recurso de casación en una causa seguida por los delitos de Resoluciones Contrarias a la Constitución y Desobediencia a Resoluciones en proceso de Amparo Constitucional, donde constató que el Tribunal de alzada a tiempo de absolver a la imputada de la comisión de los delitos acusados, incurrió en revalorización de las pruebas testificales y documentales, en vulneración del principio de inmediación, situación por el que fue dejado sin efecto la Resolución impugnada, sentándose la siguiente doctrina legal aplicable: “Que, de acuerdo con la nueva concepción doctrinaria, la apelación restringida es el medio legal para impugnar errores de procedimiento o de aplicación de normas sustantivas en los que se hubiera incurrido durante la substanciación del juicio o la sentencia; no siendo la resolución que resuelve la apelación restringida el medio impugnativo idóneo para revalorizar la prueba o revisar cuestiones de hecho a cargo de los jueces o Tribunales inferiores, sino para garantizar los derechos y garantías constitucionales, los Tratados Internacionales, el debido proceso y la correcta aplicación de la ley. Por ello, no existiendo doble instancia en el actual sistema procesal penal, el Tribunal de alzada se encuentra obligado a ajustar su actividad jurisdiccional ya sea a anular total o parcialmente la sentencia y ordenar la reposición del juicio por otro Juez o Tribunal, cuando no sea posible reparar directamente la inobservancia de la ley o su errónea aplicación y cuando sea evidente que para dictar una nueva sentencia no sea necesaria la realización de un nuevo juicio, se entiende por no requerir la práctica de prueba de ninguna naturaleza, podrá resolver directamente”; sin embargo, en el caso en examen, no se presenta el mismo supuesto de hecho; toda vez, que los recurrentes reclaman una cuestión de índole procesal en sentido de que el Auto de Vista recurrido generó vulneración a la debida valoración de la prueba; puesto que, no cumplió las sub reglas como la lógica y la sana crítica, prevaleciendo los argumentos de hechos probados en base a una defectuosa valoración de la prueba; reclamo, que no guarda relación alguna con los fundamentos del precedente invocado, que estableció la prohibición del Tribunal de alzada de revalorizar la prueba; consecuentemente, por la naturaleza del recurso de casación que fue explicado en el análisis del Punto III.2 de este Auto Supremo, queda establecido que el precedente invocado respecto a este motivo no resulta aplicable al Auto de Vista recurrido; toda vez, que no contiene una problemática similar; por lo que el presente motivo deviene en infundado.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Ramiro Gilberto Gómez Quispe, Ariel Quispe Huayllani y Misael Pérez Ignacio.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Edwin Aguayo Arando 

Magistrado Dr. Olvis Eguez Oliva

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos