TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 344/2018-RRC

Sucre, 18 de mayo de 2018


Expediente                 Pando 33/2017

Parte Acusadora         : Ministerio Público y otro

Parte Imputada                 Lorena Azad Bucett

Delito                         Peculado y otro

Magistrado Relator         Dr. Olvis Eguez Oliva


RESULTANDO


Por memorial presentado el 4 de agosto de 2017, cursante de fs. 73 a 75, el Ministerio Público, interpuso recurso de casación, impugnando el Auto de Vista de 16 de junio de 2017, de fs. 70 a 71 vta., pronunciado por la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, dentro del proceso penal seguido por el recurrente y el Gobierno Autónomo Departamental de Pando contra Lorena Azad Bucett, por la presunta comisión del delito de Peculado e Incumplimiento de Deberes, previstos y sancionados por los arts. 142 y 154 del Código Penal (CP) respectivamente.


  1. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1. Antecedentes.


  1. Mediante Sentencia 02/2017 de 19 de enero (fs. 25 a 29), el Tribunal Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, declaró absuelto de pena y culpa a Lorena Azad Bucett, por el delito de Peculado e Incumplimiento de Deberes, previstos y sancionados por los arts. 142 y 154 del CP, dejando sin efecto las medidas cautelares impuestas a la acusada.


  1. Contra la mencionada Sentencia, el Ministerio Publico (fs. 33 a 35 vta.) y el Gobierno Autónomo Departamental de Pando (fs. 42 a 44 vta.), interpusieron recurso de apelación restringida, resuelto por Auto de Vista de 16 de junio de 2017, dictado por la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, que declaró improcedentes los recursos interpuestos y en consecuencia confirmó la Sentencia apelada, motivando la interposición del presente recurso de casación.


I.1.1. Motivos del recurso de casación.


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo  842/2017-RA de 31 de octubre, se extraen el motivo a ser analizado en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


Que, el Auto de Vista impugnado carecería de fundamentación, siendo contradictorio, además de contener una incorrecta valoración e interpretación de la normativa, respecto a los motivos que dieron lugar a la confirmación de la Sentencia apelada, soslayando el principio de legalidad, el debido proceso, a la fundamentación, motivación y la seguridad jurídica. Asimismo, arguye que se cometieron una serie de errores insubsanables al no fundamentar adecuadamente la Resolución; toda vez, que no se le habría asignado el valor correspondiente a cada uno de los elementos de prueba, violando los arts. 124 y 173 del CPP.


Refiriéndose al Auto Supremo 104 de 20 de febrero de 2004 alega que, el Tribunal de apelación infringió las reglas de la sana crítica en la valoración de los documentos presentados “como presuntas pruebas para la sentencia absolutoria”, confirmando la Sentencia con el argumento de que ésta se encuentra debidamente fundamentada, concluyendo que tanto el acusador particular como el Ministerio Público, no demostraron con prueba fehaciente el origen del dinero del que se habría apropiado la acusada; y que tampoco, se habría demostrado el daño económico al no existir una auditoría que lo establezca, vulnerando los arts. 124 y 173 del CPP y consiguiente defecto por falta de fundamentación.


Señala que, el Tribunal de apelación asumió que no concurrieron los elementos constitutivos del peculado e incumplimiento de deberes, olvidando que el proceso emergió de toda la documentación y prueba testifical, que sindican a la acusada como la persona que habría enviado a Josué Bello Crespo testigo principal- a depositar Bs. 12.000.- (doce mil bolivianos 00/100) a sus cuentas personales y a la de su hijo, conforme se acreditó por los extractos bancarios; alegando en consecuencia vulneración del debido proceso en lo que rige a la legalidad de la prueba incorporada al proceso, además de vulneración del art. 13 y 407 del CPP, por existir defectuosa valoración de la prueba.


Haciendo alusión a los Autos Supremos 152 de 2 de febrero de 2007 y 411 de 20 de octubre de 2006; agrega que, el Tribunal de alzada vulneró el principio de legalidad y el derecho al debido proceso, constituyendo defectos absolutos, que al implicar inobservancia o violación de derechos y garantías previstos en la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados internacionales vigentes, no son susceptibles de convalidación, asegurando que se habría violado el art. 16.II de la Constitución Política del Estado (CPE) el inc. e) del numeral 3 del art. 14 del Pacto Internacional de los “Derechos Civiles” y el inc. f), numeral 2, art. 8 de la “Convención Americana Sobre Derechos Humanos de San José de Costa Rica”, además de vulnerarse el art. 124 del CPP.


Con relación a la debida fundamentación de los fallos judiciales, el recurrente refiere que, el Tribunal Constitucional se manifestó a través de la SC 0012/2002-R de 09 de enero, invocando como precedentes contradictorios en el otrosí segundo, los Autos Supremos 291/2015-RRC-L de 15 de junio, 53/2006, 308/2006 de 25 de agosto, 60/07 de 27 de enero de 2007, 237/08 de 17 de octubre de 2008 y 496 de 22 de diciembre de 2009 y la Sentencia Constitucional 2842/2010-R de 10 de diciembre.


I.1.2. Petitorio.


La parte recurrente solicita, una vez admitido su recurso de casación, se anule  el Auto de Vista de 16 de junio de 2017, procediendo a remitir antecedentes al Tribunal Departamental de Justicia de Pando, a efectos de que la Sala Penal dicte un nuevo Auto de Vista conforme a derecho.


I.2. Admisión del recurso.

Mediante Auto Supremo 842/2017-RA de 31 de octubre, cursante de fs. 90 a 93, este Tribunal admitió el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público,  para el análisis de fondo.


  1. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS

AL RECURSO PLANTEADO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se establece lo siguiente:


II.1.  De la Sentencia.


Mediante Sentencia 02/2017 de 19 de enero, el  Tribunal Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, declaró a Lorena Azad Bucett absuelta de pena y culpa por los delitos de Peculado e Incumplimiento de Deberes, previstos y sancionados por los arts. 142 y 154 del CP, con base en el art. 363 inc. 2) del CPP, dejando sin efecto las medidas cautelares impuestas a la acusada.


II.2.  De la apelación restringida interpuesta por el Ministerio Público.


Mediante memorial, de fs. 33 a 35 vta., el Ministerio Público interpuso apelación restringida contra la Sentencia Absolutoria 2/2017 acusando:


  1. Insuficiente fundamentación fáctica, probatoria y jurídica, señalando que no se habría valorado la prueba consistente en extractos bancarios, informe de Josué Bello Crespo mensajero de la Prefectura-, quien además en su atestación en juicio oral habría referido que por órdenes de la acusada realizó el depósito de Bs. 6.000 en su cuenta personal del Banco Bisa S.A. y Bs. 6.000.- (seis mil bolivianos) en la cuenta de su hijo Pablo Peñaranda Azad del Banco Mercantil Santa Cruz, prueba con la cual se habría demostrado que el dinero del proyecto denominado EDIMO fue usado en beneficio personal, causado un daño económico a la ex Prefectura de Pando, ahora Gobernación, en la suma de Bs. 12.000.- (doce mil bolivianos).


Acusan la violación del debido proceso en lo referente a la legalidad de la prueba incorporada al proceso, además de defectuosa valoración de la prueba, citando el art. 9 de la Constitución Política del Estado (CPE), además de los arts. 13 y 407 del CPP, constituyendo en defecto absoluto; asimismo, se denuncia error in iudicando, además de contradicción jurídica con respecto a la falta de claridad y especificidad en la adecuación de los hechos a los elementos constitutivos del delito, señalando como base legal el art.124 de la CPE, Autos Supremos 529 de 17 de noviembre de 2006 y 444 de 15 de octubre de 2005 y Sentencia Constitución 717/06-R de 21 de julio.


Finaliza denunciando carencia en la sentencia de razones y criterios sólidos que fundamenten la valoración de las pruebas, omisión que constituiría en un defecto insalvable de conformidad al art. 370 inc. 5) CPP.

  1. Vulneración al derecho al debido Proceso, citando el art. 30 inc. 12) de la LOJ, además de la “SSCC 1521/2011-R de octubre”, “SSCC 0405/2012 de 22 de junio”, “SSCC 1674/2003-R, SSCC 0119/2003-R y SSCC 0418/2000-R”.


  1. Falta de fundamentación y motivación, citando las Sentencias Constitucionales 1369/2001-R, 0752/2002-R, 1365/2005-R, 0816/2010-R, 0114/2013-L, 0888/2013-L de 16 de agosto y 0405/2012 de 22 de junio.


  1. Violación al principio de congruencia, invocando la Sentencia Constitución 1812/2012 de 01 de octubre, la que con relación al principio de congruencia cita la Sentencia Constitución 0477/2012 de 6 de julio, hace referencia además las Sentencias Constitucionales 0639/2011-R de 3 de mayo y 1009/2003-R de 18 de julio.


  1. Defectos en la valoración de la prueba, advierte que el Tribunal de Sentencia emitió sentencia absolutoria sin considerar que se habría acreditado la calidad de servidora pública de la acusada y la omisión dolosa de entregar los recursos económicos para el programa EDIMO, disponiéndolos en beneficio propio.


Acusa que, el Tribunal de sentencia realizó aseveraciones que no demuestran ser consecuencia de un análisis integral de todos los antecedentes  y hechos probados en juicio, al asumir la inexistencia de un daño económico al Estado, siendo que en la fundamentación de la sentencia se tendría como hecho probado el perjuicio al querellante y al Estado.


Continúa señalando que, se omitió explicar las circunstancias y razones por las que se dispuso la absolución en favor de la acusada en el marco de los arts. 37, 38, 39 y 40 del CP, existiendo una incorrecta aplicación de la dosimetría con relación a los agravantes y atenuantes.


Citando el Auto Supremo 50 de 27 de enero de 2007, manifiesta que los defectos y omisiones que vulneran derechos fundamentales como la seguridad jurídica y la tutela judicial efectiva, hacen que la resolución resulte incongruente en su forma omisiva, lo que constituiría un defecto absoluto.


Continúa citando el Auto Supremo 291/2015-RRC-L de 15 de junio, el “A.S. Nº 53/2006” y los Autos Supremos 308/2006 de 25 de agosto y 047/ 2012-RRC de 23 de marzo, acusando la vulneración del derecho al debido proceso, principio de congruencia, derecho a una debida fundamentación y motivación de la resolución, derecho a la seguridad jurídica, derechos y principios consagrados en los arts. 115.II, 117, 128, 129, 178, 225 de la CPE y Auto Supremo 122 de 24 de abril de 2006.


Finaliza señalando, como precedentes contradictorios los Autos Supremos 291/2015-RRC-L de 15 de junio, 53/2006 308/2006 de 25 de agosto, 60/2007 de 27 de enero, 237/2008 de 17 de octubre y 496 de 22 de diciembre de 2009 y Sentencia Constitucional 2842/2010-R de 10 de diciembre.


II.3. Del Auto de Vista impugnado.


La Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, dictó el Auto de Vista impugnado, declarando improcedente el recurso de apelación restringida del ahora recurrente, confirmando la sentencia apelada, concluyendo con relación a los agravios planteados:


  1. Con relación a la insuficiente fundamentación fáctica, probatoria y jurídica, el Tribunal de apelación señala que, la Sentencia emitida estaría debidamente fundamentada en el entendido de haberse concluido que, la acusada trabajaba como servidora pública en el cargo de secretaria de economía y fianzas de la ex Prefectura de Pando durante la gestión 2009; y que tanto, el Ministerio Público como el acusador particular no demostraron con prueba fehaciente sus afirmaciones; refiere que, con relación al delito de incumplimiento de deberes y peculado, no se habría demostrado que la conducta de la acusada se subsuma a los elementos constitutivos de los tipos penales investigados; puesto que, las fechas de los depósitos presentados como prueba no coinciden con las fechas señaladas por los acusadores, así como tampoco se tendría acreditado el origen del monto de dinero presuntamente apropiado por la encausada.


  1. Respecto a la vulneración al debido proceso, el apelante sólo se habría limitado a citar Sentencias Constitucionales sin precisar el agravio sufrido.


  1. Con relación a la falta de fundamentación y motivación, nuevamente el apelante habría citado Sentencias Constitucionales; refiriendo que, la sentencia apelada se encontraría debidamente fundamentada y motivada; toda vez, que establecería que la parte acusadora no demostró que la acusada haya cometido los delitos investigados.


  1. Respecto a la violación al principio de congruencia refiere que, el recurrente realizó la cita de la Sentencia Constitucional 1812/2012 de 1 de octubre, sin indicar el agravio sufrido, que de la lectura de la sentencia se evidenciaría la existencia de una debida fundamentación, motivación y congruencia.


  1. Respecto a los defectos en la valoración de la prueba señala que, los acusadores nunca demostraron el origen del dinero; asimismo, la inexistencia de una auditoría que establezca la falta de dinero del proyecto EDIMO, concluyendo que los elementos presentados como prueba no fueron suficientes para crear convicción en el Tribunal.


III. VERIFICACIÓN DE VULNERACIÓN DE DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES


En el caso concreto, el Ministerio Público denuncia la vulneración del debido proceso y con ello la vulneración del principio de legalidad y la seguridad jurídica, con el argumento de que, el Auto de Vista de 16 de junio de 2017 emitido por la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando carecería de fundamentación en cuanto a los hechos que dieron lugar a la confirmación de la Sentencia incurriendo por lo tanto en incongruencia omisiva; asimismo, denunció que no se le asignó un valor probatorio a cada uno de los elementos de prueba, vulnerando así los arts. 124 y 173 del CPP; finalmente, refirió la defectuosa valoración de la prueba, violentando el principio de la sana crítica.


III.1. Con relación a la falta de motivación del Auto de Vista impugnado.


Este Alto Tribunal de Justicia ha establecido en sus reiterados fallos, la obligación que tiene el ad quem de fundamentar sus fallos emergentes de un recurso de apelación restringida, al respecto, el Auto Supremo 026/2015-RRC de 13 de enero con relación a la debida fundamentación y motivación de las resoluciones emitidas por un Tribunal de apelación ha establecido:


“…el Auto Supremo 86/2013 de 26 de marzo de 2013 estableció: La garantía del debido proceso, consagrada en el parágrafo II del artículo 115 y parágrafo I del artículo 180 de la Constitución Política del Estado, cuyo fin es garantizar que los procesos judiciales se desarrollen en apego a los valores de justicia e igualdad, se vulnera y, con ella la tutela judicial efectiva y la seguridad jurídica cuando se infringe el derecho a la debida fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales que establece que toda resolución expedida por autoridad judicial o administrativa necesariamente tiene que encontrarse adecuadamente fundamentada y motivada.


En alzada, conforme ha establecido la amplia doctrina emanada por el Máximo Tribunal de Justicia, los Tribunales a momento de resolver las apelaciones restringidas, deben pronunciarse de forma puntual, precisa, y bajo ningún aspecto esgrimir fundamentos generales, evasivos, vagos o imprecisos que generen confusión y dejen es estado de indeterminación a las partes por ser vulneratorias del debido proceso en sus elementos derecho a la motivación de los recursos, a la tutela judicial efectiva, a la seguridad jurídica y al artículo 124 del Código de Procedimiento Penal, pues no es fundamentación suficiente la simple remisión a obrados o cita de alguna parte del proceso, doctrina y/o jurisprudencia, seguida de conclusiones, sin respaldo jurídico, ni explicación razonada del nexo entre la normativa legal y lo resuelto; es decir, el Tribunal de Apelación debe plasmar el porqué del decisorio, emitiendo criterios lógico-jurídicos sobre la base de las conclusiones arribadas por el Tribunal de mérito en cumplimiento a su obligación de ejercer el control de logicidad, con el cuidado de no expresar nuevos criterios respecto a la prueba producida en juicio.


En consecuencia, una vez más se deja establecido que el Tribunal de Apelación, al momento de resolver el o los recursos interpuestos, está obligado constitucionalmente (parágrafo II del artículo 115 de la Constitución Política del Estado) a circunscribir su actividad a los puntos apelados en cada recurso, dentro los límites señalados por los artículos 398 del Código de Procedimiento Penal y parágrafo II del artículo 17 de la Ley del Órgano Judicial, en sujeción a los parámetros especificidad, claridad, completitud, legitimidad y logicidad; respondiendo a cada recurso por separado o en conjunto cuando las denuncias estén vinculadas, dejando conocer claramente a cada recurrente la parte de la resolución que responde a cada pretensión; además, debe fundamentar y motivar sus conclusiones respecto a cada una de las alegaciones, las que inicialmente podrían clasificarse por motivo alegado, resumiendo y describiendo cada una de ellas por separado o de forma conjunta si estuvieran vinculadas (aclarando ese aspecto), con la finalidad de expresar los fundamentos y la motivación de la resolución de manera ordenada, lo contrario implica incurrir en defecto inconvalidable o insubsanable, al tenor del artículo 169 inciso 3) del Código de Procedimiento Penal, pues todo acto que vulnere derechos y/o garantías constitucionales, cuyo resultado dañoso no se enmarquen a la salvedad dispuesta en el artículo 167 de la misma norma legal, deriva en defecto absoluto y corresponde renovar el acto”.


Dentro de sus cuestionamientos de la motivación del Auto de Vista impugnado, el recurrente alega la inobservancia o errónea aplicación de la Ley afirmando que el Auto de Vista impugnado contendría una “incorrecta valoración e interpretación de la normativa jurídica”, por lo que habría realizado una insuficiente fundamentación respecto de los motivos por los que el Tribunal de Apelación llega a la determinación de confirmar la sentencia absolutoria dictada, por lo que a criterio suyo, se estaría “soslayando flagrantemente el principio de legalidad, el debido proceso, a la fundamentación, motivación y consecuentemente la seguridad jurídica”; sin embargo, de la revisión de antecedentes, se establece que la parte recurrente se limita a realizar una simple enunciación de la existencia de una incorrecta valoración e interpretación de la norma jurídica, sin precisar en qué consistiría la vulneración alegada, cual la norma aplicada e interpretada de manera errónea, lo que sin lugar a dudas se constituye en una carencia argumentativa por parte del recurrente, falencia que impide a este Tribunal ingresar al análisis del extremo reclamado.


Como cuarto motivo denuncia la existencia de incongruencia omisiva, señalando al respecto “Al evidenciarse con claridad meridiana la no realización de una fundamentación suficiente, expresa y específica sobre los motivos que determinan a la anulación de la sentencia condenatoria, de manera flagrante resulta ser una incongruencia omisiva, consecuentemente una contundente violación al debido proceso, al derecho a la fundamentación obligatoria de cualquier fallo, al principio de legalidad.”


De la revisión de antecedentes, se evidencia que el Ad quem a momento de emitir el Auto de Vista de 16 de junio de 2017, en el considerando I referido a los agravios reclamados por el recurrente, individualiza y desarrolla punto por punto cada una de las vulneraciones alegadas por el Ministerio Público en su apelación restringida, exponiendo en cada caso los fundamentos en que basa su decisión, así se tiene que, con relación a la insuficiente fundamentación fáctica, probatoria y jurídica, el Ad quem señaló que, la Sentencia emitida por el A quo estaría debidamente fundamentada en el entendido de haberse concluido que, la acusada trabajaba como servidora pública en el cargo de secretaria de economía y fianzas de la ex Prefectura de Pando durante la gestión 2009 y que tanto el Ministerio Público, como el acusador particular no demostraron con prueba fehaciente que la conducta de la acusada se subsuma a los tipos penales de Incumplimiento de Deberes y Peculado; puesto que, las fechas de los depósitos presentados como prueba no coinciden con las fechas señaladas por los acusadores, así como tampoco se tendría acreditado el origen del monto de dinero presuntamente apropiado por la encausada; respecto a la vulneración al debido proceso, falta de fundamentación y motivación, violación al principio de congruencia, y los defectos en la valoración de la prueba, el Ad quem señaló que el apelante se limitó a citar Sentencias Constitucionales sin precisar el agravio sufrido.

De lo expuesto se tiene que, la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, ha cumplido con los presupuestos de la debida motivación de las resoluciones, en este caso emitidas en apelación, circunscribiendo su fallo a los motivos apelados por el apelante; es decir, siendo congruente con la apelación interpuesta por el Ministerio Público, no siendo atribuible al Ad quem, la falta de carga argumentativa en el recurso de apelación del ahora recurrente, quien no cumplió con indicar y fundamentar debidamente el agravio sufrido con la Sentencia emitida por el Tribunal de Sentencia Segundo de Pando, limitándose a citar sentencias constitucionales, cuando su deber era exponer de manera clara y lógica el agravio sufrido, no habiendo cumplido con esta obligación el ahora recurrente, y habiéndose verificado por el contrario que el Ad quem cumplió con su deber de fundamentar debidamente la Resolución impugnada además de no haber incurrido en incongruencia omisiva como señala el recurrente, este motivo deviene en infundado.    


III.2. Respecto a la falta y/o defectuosa valoración de la prueba por el Ad quem.


Por otro de lado, el recurrente alega que, el Ad quem a momento de dictar el Auto de Vista de 16 de junio de 2017, no hubiera tomado en cuenta las declaraciones testificales, así como los extractos bancarios del Banco Bisa, como del Banco Mercantil Santa Cruz para confirmar la Sentencia absolutoria, sugiriendo que no se asignó un valor probatorio a los elementos de prueba mencionados vulnerando así la sana crítica; contrariamente, refiere también que el Tribunal de Alzada al no tener facultad para valorar prueba en segunda instancia, se encontraría imposibilitado de subsanar esta falencia, argumentos que resultan ser contradictorios entre sí y carentes de lógica.


Asimismo alega la falta de valoración de la prueba, vulnerando el debido proceso en su elemento de valoración de la prueba, sosteniendo que el ad quem al confirmar la sentencia absolutoria no habría valorado de manera correcta la prueba aportada; toda vez, que al manifestar que no existiría la concurrencia de los elementos constitutivos de los tipos penales de Incumplimiento de deberes y Peculado, los Vocales habrían olvidado que el proceso emergería de toda la documentación presentada en calidad de prueba, así como la prueba testifical que sindicaría a la acusada como autora de los delitos señalados.


Al respecto, el Auto Supremo 039/2016-RRC de 21 de enero estableció:


“En el régimen procesal penal vigente, la valoración de la prueba está regida por el sistema de valoración de la sana crítica, prevista en el art. 173 del CPP cuyas reglas fundamentales son la lógica, psicología y experiencia, siendo que la facultad de valorar la prueba introducida en el juicio oral, es competencia exclusiva de los Jueces y Tribunales de Sentencia, en resguardo y coherencia con los principios del juicio oral de inmediación, oralidad y contradicción; correspondiendo al Tribunal de alzada ejercer la labor de control sobre la valoración de la prueba realizada por el inferior; doctrina legal sentada en el Auto Supremo 438 de 15 de octubre de 2005, que estableció: ...la línea jurisprudencial sobre la valoración de la prueba y los hechos es de exclusiva facultad de Jueces y Tribunales de Sentencia, son ellos los que reciben en forma directa la producción de la prueba y determinan los hechos poniendo en práctica los principios que rigen el juicio oral y público; el análisis e interpretación del significado de las pruebas y de los hechos son plasmados en el fundamento de la sentencia, ahí es donde se expresa la comprensión del juzgador con claridad, concreción, experiencia, conocimiento, legalidad y lógica; esa comprensión surge de una interacción contradictoria de las partes, de esa pugna de validación de objetos, medios e instrumentos de prueba que se da dentro del contexto del juicio oral y público; la objetividad que trasciende de la producción de la prueba no puede ser reemplazada por la subjetividad del Tribunal de Apelación; éste se debe abocar a controlar que el fundamento sobre la valoración de la prueba y de los hechos tenga la coherencia, orden y razonamientos lógicos que manifiesten certidumbre.


Asimismo este Tribunal se determinó la labor de los Tribunales de apelación, a través a partir del Auto Supremo 504/2007 de 11 de octubre, al señalar: Para que la fundamentación de una sentencia sea válida se requiere no sólo que el Tribunal de juicio funde sus conclusiones en pruebas de valor decisivo, sino también, que éstas no sean contradictorias entre sí, ni ilegales y que en su valoración se observen las reglas fundamentales de la lógica, no puede considerarse motivación legal ni aplicación integral de las reglas de la sana crítica, a una simple y llana referencia a una prueba por parte del juzgador y que se formula de un modo general y abstracto, en el que se omite realizar una exposición razonada de los motivos en los que se funda.


El Tribunal de Sentencia, establece la existencia del hecho y la culpabilidad del procesado, mientras que los Tribunales de alzada tienen como objetivo verificar si el iter lógico expresado en la fundamentación del fallo se encuentra acorde con las reglas del recto entendimiento humano; analizando si la motivación es expresa, clara, completa y emitida con arreglo a las normas de la sana crítica, cuales son, la lógica, la experiencia común y la psicología, controlando si las conclusiones obtenidas responden a las reglas del recto entendimiento humano, sin que para ello les esté permitido ingresar a una reconsideración de los hechos o de las pruebas, de ahí que alegar como motivo del recurso de apelación restringida, la infracción a las reglas de la sana crítica, obliga al impugnante a señalar cuales son las normas del correcto entendimiento humano inaplicadas o aplicadas erróneamente, expresando las partes de la sentencia en las que consta el agravio.


Por su parte, el Auto Supremo 277/2008 de 13 de agosto, entre otros, precisó que: La función principal del Tribunal de alzada es pronunciarse respecto de la existencia de errores ´injudicando` o errores ´improcedendo` en que hubiera incurrido el tribunal a quo (Juez o Tribunal de Sentencia) de acuerdo a la previsión del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, consecuentemente el Tribunal de alzada sin necesidad de reenvío puede subsanar errores de derecho existentes en el proceso pero sin revalorizar la prueba, ya que lo contrario significaría desconocer el principio de inmediación que se constituye en el único eje central en la producción probatoria reservada exclusivamente para los Tribunales de sentencia sean estos colegiados o unipersonales”.


En ese entendido, siendo taxativa la prohibición de revalorizar la prueba ya valorada por el A quo, la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, no podía más que ejercer un control de logicidad y legalidad respecto de la labor de valoración efectuado por el a quo en el caso concreto, estándole vedada la posibilidad de asignarle otro valor o un nuevo valor probatorio del que le hubiere asignado el Tribunal de Sentencia Segunda de Pando, concluyéndose en la inexistencia de vulneración de la sana crítica, al advertirse que el Tribunal de alzada no revalorizó prueba alguna; en cuyo mérito, el presente motivo deviene también en infundado.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos