TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 340/2018-RRC

Sucre, 18 de mayo de 2018


Expediente        : Oruro 32/2017

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otro

Parte Imputada        :        Renato Cortez Miranda

Delito                : Estafa

Magistrado Relator        : Dr. Olvis Eguez Oliva


RESULTANDO


Por memorial presentado el 16 de agosto de 2017, cursante de fs. 121 a 123, Renato Cortez Miranda, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 13/2017 de 25 de julio, de fs. 107 a 112, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Eduviges Martha Soto Villagómez contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del Código Penal (CP).


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


  1. Por Sentencia 23/2016 de 17 de agosto (fs. 57 a 69), el Tribunal Primero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, declaró a Renato Cortez Miranda, autor de la comisión del delito de Estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del CP, imponiendo la pena de cinco años de reclusión y ciento cincuenta días multa a razón de Bs. 10.- (diez bolivianos) por día, más costas a favor del Estado y pago de la responsabilidad civil a favor de la acusación particular.


  1. Contra la mencionada Sentencia, el imputado Renato Cortez Miranda (fs. 74 a 76), interpuso recurso de apelación restringida, resuelto por Auto de Vista 13/2017 de 25 de julio, emitido por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, que declaró improcedente el recurso planteado y confirmó la Sentencia apelada, motivando la interposición del presente recurso de casación.


I.1.1. Motivo del recurso de casación.


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo  873/2017-RA  de 3 de noviembre, se extrae el motivo a ser analizado en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


El recurrente señala que el Auto de Vista contradice la Doctrina Legal contenida en el Auto Supremo 277 de 13 de agosto de 2008; por cuanto, no fue resuelto conforme al art. 414 del CPP; sino que confirmó una Sentencia dictada con defecto absoluto y sin cumplir la normativa sustantiva y procesal, que dicha doctrina establece que: “el tribunal de alzada debe velar por los errores injudicando y improcedendo”  y “que en la doctrina legal aplicable que hace referencia el auto supremo señala que el tribunal de alzada debe ser revisada los fallo como es la sentencia”, “de encontrarse errores inprocedendo resolver conforme al art. 414 del Código de Procedimiento Penal” (sic); para luego indicar que no fue cumplido por el Tribunal de alzada en el caso de autos, porque argumentó que no tiene competencia para valorar prueba, facultad que es propia del Tribunal de Sentencia; sin embargo, el sentido de la apelación, no fue para valorar prueba, sino que los hechos supuestamente probados por el Ministerio Público en el desarrollo del juicio oral tanto mediante la prueba de cargo como la descargo, fueron mal valoradas sin cumplir las reglas de la sana crítica, la lógica y la experiencia, alegando que en su expresión de agravios, individualizó cada prueba, que sólo llegó a comprobar que había un acuerdo entre la querellante y él por el que le entregó dineros para que gane intereses, sin que se haya comprobado el delito de Estafa, existiendo errónea aplicación de la ley sustantiva, alegando que el Tribunal de alzada no revisó el error in iudicando denunciado en su recurso de apelación, contradiciendo la línea jurisprudencial mencionada.


También, denunció error in procedendo, al señalar que respecto a las pruebas literales, durante el juicio, no se cumplió con lo previsto en el art. 333 del CPP; asimismo, que se valoró estas pruebas que no fueron introducidas en el juicio conforme al procedimiento penal, argumentando el recurrente, que el Tribunal de alzada pese a establecer este error in procedendo, no resolvió conforme a la línea jurisprudencial del mencionado Auto Supremo y que sólo fundamentó que era responsabilidad del imputado introducir “su lectura de la prueba” (sic), por lo que la Sentencia apelada no fue corregida en el defecto señalado en el art. 370 inc. 4) del CPP, por lo que el Tribunal de apelación no resolvió conforme a las facultades previstas en el art. 414 de CPP.


Indica que otro agravio de la apelación, fue que la pena se fundó en “decisiones subjetivas” (sic), al referir que no se vio arrepentimiento y no se reparó el daño, que según el recurrente, contraviene el art. 40 inc. 3) del CP.


Por lo expuesto, el Auto de Vista restringió su derecho a la impugnación “…para que sea corregida por el tribunal de alzada”, limitándole sus derechos constitucionales previstos en el art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), que garantiza el derecho de impugnación y que coincide con el precedente invocado. Finalmente, alega que el art. 115.1. de la CPE, reconoce el derecho de acceso a la justicia, al disponer que toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos, al derecho de recurrir ante el Juez o Tribunal superior para hacer valer sus pretensiones, por lo que interpuso recurso de apelación para que sea corregido los agravios que expresó, pero que el Auto de Vista impugnado le limitó su pretensión de acceder a la justicia al confirmar una Sentencia injusta, fundada en defecto absoluto


I.1.2. Petitorio.


El recurrente solicitó se deje sin efecto el Auto de Vista 13/2017 de 25 de julio, fundado en el art. 416 y 417 del CPP.


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 873/2017-RA de 3 de noviembre, este Tribunal admitió el recurso de casación formulado por Renato Cortez Miranda, únicamente para el análisis de fondo vía flexibilización en lo que respecta a la falta de revisión del error in iudicando denunciado en alzada.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se establece lo siguiente:


II.1.        De la Sentencia.


Por Sentencia 23/2016 de 17 de agosto, el Tribunal Primero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, declaró a Renato Cortez Miranda, autor de la comisión del delito de Estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del CP, en base a los siguientes argumentos:


  1. El hecho acusado existió y ocurrió; toda vez, que el acusado Renato Cortez Miranda al mantener una estrecha relación de amistad con la víctima y comunicado sobre su decisión de separación, la engaña sobre los alcances de su divorcio ante la justicia boliviana, al pedirle que le entregue todo su dinero en calidad de custodia y con esto evitar que su esposo le arrebate el 50% de su patrimonio.


  1. Habiendo inducido ya en error a la víctima, la disposición patrimonial de $us. 54.000,00.- (cincuenta y cuatro mil dólares) en favor Renato Cortez Miranda, se realiza el 15 de septiembre de 2009, aspecto plasmado en el documento privado elaborado por el propio imputado que reconoce haber recibido dicho patrimonio, así como las testificales de Geovana Norah Cortez Zelaya y Patricia Daisy Cortez Zelaya.


  1. La declaración de Eduviges Martha Soto Villagómez, constituye a la víctima en una testigo nuclear quien da a conocer aspectos relevantes tales como la confianza entre el imputado y la víctima por la amistad de varios años y la calidad profesional como economista y director de la Mutual El Progreso; así también, el conocimiento de la suma de dinero de la víctima fruto de su trabajo en los Estados Unidos.


  1. El imputado despliega todo un argumento de grave peligro de pérdida patrimonial de la víctima por efecto de su divorcio, aprovechando el desconocimiento de las leyes bolivianas ante su radicatoria de cuarenta años en los Estados Unidos.


  1. Se concluye la existencia innegable del dolo por parte del imputado y no de una simple confusión o mentira verbal del mismo; o, error de percepción de la víctima al momento de la entrega del patrimonio.


  1. En cuanto a la actitud posterior del imputado que voluntariamente devuelve una parte del dinero, no se dejó sin efecto el delito al haberse consumado en el momento de la disposición patrimonial.


  1. De la subsunción realizada conforme las pruebas aportadas y valoradas en su conjunto de acuerdo a la lógica en términos de lo establecido por los arts. 173 y 359 del CPP, se concluye que son suficientes para generar la convicción plena sobre la responsabilidad penal del imputado en la comisión del delito de Estafa.

 

II.2.        Del recurso de apelación restringida.


       Contra la referida Sentencia, el imputado Renato Cortez Miranda interpuso recurso de apelación restringida, arguyendo en síntesis que:


  1. Se dictó Sentencia en base a una defectuosa valoración probatoria; ya que, no existe prueba literal alguna aparejada al proceso que haga creíble la relación de hechos de la querella. Asimismo, no existe prueba alguna que establezca que la víctima fue engañada usándose un ardid o mentira, siendo insuficiente la afirmación de la querella y la declaración testifical de la víctima.


  1. El fallecimiento de Rosmery Ajhuacho -deudora que no pagó el monto que recibió en calidad de préstamo-, no fue valorado por el Tribunal de mérito, por lo que existe una errónea aplicación de la ley sustantiva, puesto que el dinero entregado por la víctima era para realizar préstamos y por este medio recibir intereses.


  1. Las pruebas literales MP-D2, MP-D3, MP-D6, MP-D7 y MP-D8, no fueron introducidas a juicio por su lectura, incumpliendo el art. 355 del CPP, constituyendo el defecto de Sentencia previsto por el inc. 1) del art. 370 del CPP.


  1. Se aplicó la pena máxima del delito endilgado basado en fundamentos subjetivos al señalar que el imputado no mostró arrepentimiento alguno ante el Tribunal, sin considerar las atenuantes generales previstas por el art. 40 inc. 3) del CP, en lo que respecta a la devolución $us. 30.000,00.- (treinta mil dólares), como tampoco que el imputado es adulto mayor.


  1. Se declara infundado el incidente de actividad procesal defectuosa bajo el supuesto que se formuló el mismo incidente en etapa preparatoria, sin considerar que el incidente esta fundado en el hecho de que la acusación del Ministerio Público y la particular no cumplen con el art. 341 inc. 2) del CPP, hecho que constituye el defecto absoluto previsto por el art. 169 inc. 3) del CPP y carece de fundamento conforme la exigencia del art. 124 del mismo cuerpo legal.


II.3.  Del Auto de Vista impugnado.


La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, emite el Auto de Vista 13/2017 de 25 de julio, que declara improcedente el recurso de apelación restringida interpuesto por Renato Cortez Miranda, confirmando la Sentencia 23/2016 de 17 de agosto, señalando entre sus argumentos lo siguiente:


  1. La conducta del recurrente se subsume al tipo penal de Estafa; puesto que, aprovechando la situación psicológica de sentimientos afectados por los problemas conyugales que atravesaba la víctima, resultó ser un ardid, un engaño, aprovecharse de esa situación para señalar que la justicia le quitaría el 50% de su patrimonio, existiendo la relación de causalidad entre engaño y error.


  1. Si bien el recurrente sostiene que la víctima le entregó el dinero para otorgar en préstamo y ganar intereses, cabe recordar que el delito de Estafa se consuma con el acto de disposición patrimonial y al momento de la consumación del delito, el imputado recibió el dinero bajo pretexto de custodio, por lo que el préstamo a Rosmery Ajhuacho no afecta la consumación del ilícito.


  1. El recurrente, al sostener una defectuosa valoración de la prueba sostiene que no existe prueba alguna que establezca que la víctima fue engañada usando un ardid o mentira; sin embargo, la jurisprudencia señalada en el Auto Supremo 67/2006 de 27 de enero, establece que al Tribunal de alzada no le compete observar si existe o no prueba al respecto a la existencia del delito.


  1. Se tiene un examen pormenorizado de los elementos constitutivos del tipo penal, que explica que se comprobó la doble relación causal que debe existir para que se configure el delito de Estafa, en observancia de los criterios de la lógica y la experiencia.


  1. En lo referente a la pena, se permite indicar que no se habría tomado en cuenta los arts. 38 inc. 1) y 40 inc. 3) del CP, referidos a la personalidad del autor, así como la reparación del daño; sin embargo, en Sentencia se hizo referencia a este aspecto al señalar que no hubo signo de arrepentimiento y tampoco se reparó el daño causado con la comisión del ilícito.


  1. En el proceso de introducción de pruebas las partes intervienen de modo directo, en observación a los principios de inmediación y contradicción que rige en el juicio oral; por estas razones, el recurrente tenía todo el derecho de exigir el cumplimiento del art. 355 del CPP, en audiencia de modo directo.


  1. Al declarar infundado el incidente de actividad procesal defectuosa, el Tribunal de mérito ha obrado de modo correcto; ya que, de los datos que se desprenden de antecedentes, se tiene el lugar donde se consumó el delito de Estafa con la entrega de los $us. 54.000,00.- (cincuenta y cuatro mil dólares).


III. VERIFICACIÓN DE VULNERACIÓN DE DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES DEL RECURRENTE


Precisado el motivo, este Tribunal deberá verificar si el Auto de Vista recurrido no revisó el error in iudicando consistente en la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva denunciado en el recurso de apelación restringida; corresponde en consecuencia, resolver la problemática planteada conforme a los límites establecidos en el Auto Supremo 873/2017-RA de 3 de noviembre de 2017.


III.1.        De la errónea aplicación de ley sustantiva.


Este Tribunal ha precisado mediante Auto Supremo 255 de 23 de abril de 2009, en cuanto a las denuncias de errónea aplicación de la ley sustantiva que: “se debe considerar que aparentemente parece dependiente o emergente de otros defectos de la sentencia, como el de defectuosa valoración de la prueba, empero de trata de un defecto totalmente independiente, puesto que el mismo se refiere al hecho de que consentidos y aceptados los elementos probatorios extraídos por el Juez de mérito de los diferentes medios de prueba puestos en su conocimiento, determinada la relación de hechos, la conducta de los procesados, su participación así como otras circunstancias concomitantes, el defecto se opera a tiempo de aplicar la norma sustantiva, de ahí que este defecto in iudicando es preciso, no cuestiona la prueba misma, ni los elementos que de ella se han obtenido sino, más al contrario, se encuadra en lo que se denomina la teoría general del delito, y se debe razonar sobre la premisa incuestionable que provee la sentencia a través de la fundamentación intelectiva.”


III.2. Análisis del caso concreto.


       Acusa el recurrente que en alzada denunció el defecto de Sentencia previsto por el inc. 1) del art. 370 del CPP, referido a que no se comprobó el delito de Estafa; ya que, en juicio fueron mal valoradas las pruebas de cargo y descargo sin cumplir con las reglas de la sana crítica, la lógica y la experiencia, habiendo individualizado además que solo se llegó a comprobar el acuerdo civil entre la víctima y el imputado para realizar préstamos y recibir intereses con el dinero entregado; sin embargo, el Tribunal de apelación hubiere fundamentado que no cuenta con competencia para la revalorización de prueba. 


Al respecto y de la revisión de antecedentes, se constata que bajo el numeral “2.-“ del recurso de apelación restringida, el imputado Renato Cortez Miranda, denunció no haber cometido el delito de Estafa, en atención a que “existía una deudora la señora ROSMERY AJHUACHO, quien no pago EL MONTO QUE RECIBIO EN CALIDAD DE PRESTAMO ES DECIR EL CAPITAL DE LA SEÑORA MARTHA EDUVIGES SOTO POR HABER FALLECIDO conforme se acredito con prueba extraordinaria de descargo con el correspondiente certificado de defunción ante el tribunal aspecto que no fue valorado por el tribunal. Por lo que existe errónea aplicación de la ley sustantiva penal” (sic). Finalmente, señala sobre el delito de Estafa, que debe existir la relación de causalidad entre el engaño y el error, hecho que no se estableció en el presente caso.

Por su parte, el Tribunal de alzada en el acápite “Errónea aplicación de la Ley sustantiva art. 370.1 del CPP” del Auto de Vista impugnado, inicialmente rememoró la doctrina legal aplicable establecida por los Autos Supremos 463/2010 de 1 de octubre y 257/2011 de 6 de mayo, referidos a la prohibición de revalorización de prueba por parte de los Tribunales de alzada; posterior a ello, el Tribunal de alzada expone sobre la acción delictiva del delito de Estafa, haciendo énfasis en la condición objetiva de antijuricidad en el empleo de artificios o engaños con el fin de motivar el acto de disposición patrimonial a la víctima, acotando que en la Resolución de mérito el Tribunal de Sentencia sostiene la existencia del hecho y que el imputado mediante engaños induce en el error a la víctima para la entrega del dinero.


Ya abordando el defecto de Sentencia denunciado -370 inc. 1) del CPP-, el Tribunal de alzada luego de señalar los elementos constitutivos del tipo penal previsto por el art. 335 del CP y la exigencia de la doble relación causal que debe existir para que se configure el delito de Estafa -el ardid o engaño como causa del error y el error como causa de la  disposición patrimonial-, puntualiza que “En el caso de autos, la conducta del recurrente se subsume a este tipo penal; puesto que aprovechando la situación psicológica de sentimientos afectados por los problemas conyugales que atravesaba, resulto ser un ardid, un engaño, aprovecharse de esa situación para señalar que la justicia le quitaría el 50% de su patrimonio, provocando con ello el suficiente temor en la querellante de perder su patrimonio; y debido a ese temor, inducido en error, la victima hace acto de disposición patrimonial  de 54.000 dólares, entregando la referida suma al recurrente el 15 de septiembre de 20109 causándose disminución patrimonial y perjuicio en la víctima. Existe la relación de causalidad entre engaño y error, conforme se tiene descrito, estableciéndose la presencia del dolo, siendo la estafa un delito eminentemente doloso; de consiguiente no existe errónea aplicación de la ley sustantiva.


Si bien el recurrente sostiene que la víctima entregó el dinero para otorgar en préstamo y ganar interés; cabe recordar que el delito de estafa se consuma con el acto de disposición patrimonial, hecho ocurrido el 15 de septiembre de 209, donde no se tenía ningún acuerdo entre el recurrente y la víctima sobre el referido préstamo e intereses, como se sostiene en el recurso de apelación; pues el recurrente al momento de la consumación del delito recibió el dinero bajo el pretexto de custodio. Por lo que, la postura que adopta el recurrente, de que se hubo dado en préstamo la suma de 24.000 dólares a Rosmery Ajhuacho, con aceptación de la víctima para que gane intereses y que este monto no fue devuelto por el fallecimiento de la misma, no afecta la consumación del delito de estafa. El delito quedó consumado con la entrega del dinero al recurrente; de modo que, no existe errónea aplicación de la ley sustantiva, como sostiene el recurrente” (sic).


Ahora bien, de lo descrito es posible determinar que la denuncia del imputado carece de veracidad; puesto que, si bien el Tribunal de apelación hizo referencia a la prohibición de revalorización de prueba en alzada, no fue óbice para el pronunciamiento en el fondo del agravio planteado referido la errónea aplicación de la ley sustantiva; dado que tal como se tiene demostrado, los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro sí consideraron la denuncia del defecto de Sentencia contenido en el inc. 1) del art. 370 del CPP, al fundamentar -de manera independiente del defecto de Sentencia previsto por el inc. 6) del art. 370 del CPP-, la aplicabilidad de la norma sustantiva prevista por el art. 335 del CP sin cuestionar las supuestas pruebas de cargo y de descargo mal valoradas ni los elementos que de ellas se obtuvieron; sino más bien, el ardid desplegado por el imputado como causa del error y el error como causa de la disposición patrimonial de la víctima, argumentos que evidencian que el Tribunal de alzada cumplió con su deber de fundamentación como se tiene extractado en el párrafo precedente.


Por consiguiente, al resultar que lo denunciado en casación en cuanto al error in iudicando no condice con la realidad de los actuados contenidos y reflejados inequívocamente en el cuaderno procesal y demostrado que el Tribunal de alzada, actuó en consonancia con la doctrina desarrollada por este Tribunal en lo que respecta al defecto de Sentencia contenido en el art. 370 inc. 1) del CPP, el presente motivo deviene en infundado.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Renato Cortez Miranda.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos