TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 339/2018-RRC

Sucre, 18 de mayo de 2018


Expediente                        La Paz 66/2017

Parte Acusadora              Edgar Augusto Millares Reyes

Parte Imputada                Nelly Elena Jiménez de Cafferata

Delito                                    Cheque en Descubierto

Magistrado Relator        : Dr. Edwin Aguayo Arando


RESULTANDO


Por memorial presentado el 3 de febrero de 2017, cursante de fs. 1006 a 1011, Nelly Elena Jiménez de Cafferata, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 197/2016 de 3 de junio, de fs. 1001 a 1004 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por Edgar Augusto Millares Reyes, contra la recurrente, por la presunta comisión del delito de Cheque en Descubierto, previsto y sancionado por el art. 204 del Código Penal (CP).


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


  1. Por Sentencia 16/2006 de 25 de abril (fs. 236 a 238), el Juez Tercero de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, declaró a Nelly Elena Jiménez de Cafferata, autora de la comisión del delito de Cheque en Descubierto, previsto y sancionado por el art. 204 del CP, imponiéndole la pena de tres años y seis meses de reclusión, más cincuenta días multa a razón de Bs. 5.- por día, con costas y daños a calificarse en ejecución de sentencia.


  1. Contra la mencionada Sentencia, el acusador particular Edgar Augusto Millares Reyes (fs. 242 y vta.) y la imputada Nelly Elena Jiménez de Cafferata (fs. 245 a 250), interpusieron recursos de apelación restringida, resueltos por Auto de Vista 1058/07 de 14 de diciembre de 2007 (fs. 465 a 466), que fue dejado sin efecto por Auto Supremo 123/2013 de 29 de abril (fs. 859 a 864); en cuyo mérito, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió el Auto de Vista 197/2016 de 3 de junio, que declaró admisible y parcialmente procedente el recurso de la parte acusadora particular e improcedente las cuestiones planteadas en el recurso de la imputada y confirmó la Sentencia apelada, disponiendo que la condena debe ser cumplida en el Centro de Orientación Femenino de Obrajes, motivando la interposición del presente recurso de casación.


I.1.1. Motivos del recurso de casación.


Del memorial del recurso de casación interpuesto por Nelly Elena Jiménez de Cafferata y del Auto Supremo 843/2017-RA de 31 de octubre, se extrae el motivo a ser analizado en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


La recurrente, previa mención de que toda resolución debe estar fundamentada en observación del mandato contenido en los arts. 115 y 116 de la Constitución Política del Estado (CPE), reclama, que la Resolución recurrida no cumplió con lo determinado por el Auto Supremo 123/2013 de 29 de abril (emitido en el caso de autos), que evidenció la falta de fundamentación; no obstante, incurrió en el mismo defecto; puesto que, realizó una copia del Auto de Vista anulado, sin que se haya emitido una razón por la que desestime los fundamentos de su recurso de apelación restringida, implicando violación al debido proceso porque adolece de elementos de la lógica en el análisis intelectivo a momento de resolver la ausencia de elementos del tipo penal acusado, donde arguyó cuál el documento por el cuál se configuraría el tipo penal del delito de Cheque en Descubierto quebrantándose el debido proceso por la mala interpretación y errónea aplicación de la ley; sin que ello implique una revalorización; sin embargo, el Auto de Vista sin mencionar en base a qué elemento fáctico, alegó que en cuanto a que la Sentencia carecería de motivación y elementos de convicción para sustentar la sanción condenatoria, dicho extremo faltaría a la verdad, ya que se había tomado en cuenta la existencia del delito, así como su avanzada edad; empero, no explicó por qué su persona faltaría a la verdad.


Añade que el Auto de Vista no advirtió las deficiencias formales y de fondo contenidas en la Sentencia, como la ausencia de los elementos constitutivos del tipo penal al no haber sido previamente conminada al pago del monto del cheque; cuando debía realizar mínimamente un desglose pormenorizado de cada una de las piezas y elementos probatorios para llegar a una conclusión en base a una correcta valoración de la prueba, peor cuando se modifica el lugar y forma de cumplimiento de condena en un centro penitenciario sin que exista motivación, aspectos que denotan que los elementos reclamados en apelación no fueron absueltos por el Tribunal de alzada mediante una resolución fundamentada que solamente menciona que el Juez de mérito realizó una correcta valoración, sin indicar cuales son las pruebas valoradas y en qué parte de la Sentencia existe esa valoración, lo que demuestra una resolución incompleta, defectuosa y sin fundamentación.


Agrega que los defectos procedimentales señalados, provocan lesiones evidentes al debido proceso en sus vertientes al derecho a la igualdad entre partes en el ámbito de la falta de congruencia, ocasionando indefensión material y técnica al haberse demostrado el quebrantamiento de lo señalado en el art. 360 incs. 2) y 3) del CPP, de acuerdo a lo señalado en el art. 169 inc. 3) del mismo cuerpo Adjetivo Penal, a la seguridad jurídica contenidos en los arts. 115.II y 119.II de la CPE, que afectan y vician de nulidad a la resolución de alzada.


I.1.3. Petitorio.


La recurrente solicita, que se declare la nulidad del Auto de Vista impugnado, disponiendo que la misma sea dictada nuevamente observando los principios legales de la materia.



I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 843/2017-RA de 31 de octubre, de fs. 1019 a 1021 vta., este Tribunal admitió el recurso de casación formulado por Nelly Elena Jiménez de Cafferata, para el análisis de fondo del motivo identificado precedentemente.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación y precisado el ámbito de análisis del recurso, se establece lo siguiente:


II.1.        De la Sentencia.


Por Sentencia 16/2006 de 25 de abril (fs. 236 a 238), el Juez Tercero de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, declaró a Nelly Elena Jiménez de Cafferata, autora de la comisión del delito de Cheque en Descubierto, previsto y sancionado por el art. 204 del CP, imponiendo la pena de tres años y seis meses de reclusión, más cincuenta días multa a razón de Bs. 5.- por día, con costas y daños a calificarse en ejecución de sentencia, en base a los siguientes argumentos:


  1. La procesada Nelly Elena Jiménez de Caffareta, en fecha 28 de febrero de 2002, giró los cheques 91850 por $us. 23.729.- y 91852 por $us. 46.652.- para su cobro en el Banco Nacional de Bolivia a favor del querellante Edgar Millares Reyes, cheques que fueron rechazados por Cuenta Clausurada.


  1. La procesada fue notificada para su cancelación dentro de los tres días, según carta notariada de 5 de marzo de 2003, consignada en el reverso de dicha carta, sin que haya hecho efectivo el pago, cumpliéndose con lo dispuesto por el art. 204 del CP.


  1. Al haber girado la procesada dichos cheques, sin que tenga fondos en el Banco por estar la cuenta clausurada, se consumó la conducta de la misma por el delito acusado, considerándose que concurrieron los elementos constitutivos del ilícito de Cheque en Descubierto.


  1. La procesada es una persona mayor de 60 años, por lo que la pena a cumplirse debería adecuarse a las normas que rigen en la Ley de Ejecución de Penas 2298 y no se demostró que la procesada tuviera antecedentes penales con Sentencia ejecutoriada anterior al hecho acusado, lo cual fue considerado como una atenuante para fijar la pena.    


II.2.        De las apelaciones restringidas.


Contra dicha Sentencia el acusador particular Edgar Augusto Millares Reyes (fs. 242 y vta.) y la imputada Nelly Elena Jiménez de Cafferata (fs. 245 a 250), interpusieron recursos de apelación restringida, bajo los siguientes argumentos:


II.2.1. Apelación de Edgar Augusto Millares Reyes


  1. Refiere que en la Sentencia dictada se señala la pena y además se indica que por razones de edad y en cumplimiento del art. 196 de la Ley de Ejecución Penal deberá cumplir su pena en su domicilio; este aspecto, recaería en errónea aplicación del art. 196 de la referida Ley, por lo que el fallo no adquirió aún la condición de cosa juzgada y esa situación podría darse eventualmente una vez concluido el proceso en la ejecución de la condena.


  1. También señala que la Sentencia no presentó, ofreció, ni produjo prueba de descargo que pudiera atenuar la pena establecida en el tipo penal de Cheque en Descubierto, previsto y sancionado por el art. 204 del CP, teniendo en cuenta que el delito contenido es “instantáneo”; es decir, que se lo comete en el momento en que se gira el cheque.


  1. Refiere que en cuanto a la edad calificada por la autoridad no se presentó solicitud alguna como corresponde y además la documentación que permita acreditar su fecha de nacimiento con certificación de la Dirección Departamental de Registro Civil.


  1. Asimismo, señala que la figura de la detención domiciliaria, de acuerdo al art. 58 del CP, establece que: “…cuando la pena no excediera de seis meses podrán ser detenidas en sus propias casas las mujeres de buenos antecedentes y las personas mayores de sesenta años o valetudinarias…” y en el presente caso la pena privativa de libertad excedería los seis meses por lo que éste argumento legal no corresponde e impide a que en la sentenciada se pueda disponer el beneficio de la detención domiciliaria. Por lo que pide modificar la Sentencia disponiendo el cumplimiento de la pena en el Recinto Penitenciario conforme a los arts. 50 y 204 del CP.


II.2.2. Apelación de Nelly Elena Jiménez de Cafferata


  1. Señala como disposiciones violadas y erróneamente aplicadas las previstas en los arts. 169 inc. 3), 370 inc. 4), 172, 173 del CPP y 204 del CP.


  1. Indica que en el juicio oral de 21 de abril de 2006 se solicitó exclusión probatoria de la carta notariada de 5 de marzo de 2003, por la cual supuestamente se le habría notificado cuando en forma objetiva se demostró que la notificación la realizaron al Sr. Ancelmo Gironda y nunca a la imputada personalmente como manda el art. 204 del CP, concordante con el 493 del Código de Procedimiento Civil (CPC) “Citación al deudor”, ya que por procedimiento cuando existe un cheque o varios cheques rechazados, la persona afectada tiene la obligación de notificar personalmente al girador para que éste dentro del término de setenta y dos horas pague el monto adeudado, si es que verdaderamente debiera y si no, el afectado tiene el derecho de recurrir a las instancias judiciales; sin embargo, estos antecedentes no fueron de sus conocimientos ya que no se le notificó personalmente sino a una tercera persona y recién conocería el inicio de esta demanda donde no se demostraría de donde nació esta relación contractual económica. Empero, incurriendo en defecto absoluto se procedió a declarar improbada la exclusión probatoria a la que habría hecho reserva de apelación.


  1. Por otro lado, señala que se infringió el art. 172 del CPP, al haber tomado en cuenta la prueba de la carta notariada se habría vulnerado la garantía al principio del debido proceso consagrado en el art. 16 del CPE y 8 de la Convención Americana de Derecho Humanos y el Pacto de San José de Costa Rica, señalando que ante el Juzgado Segundo de Sentencia mediante resolución 393-B/2004, se excluyó la carta notariada y se anuló hasta fs. 4 inclusive, en razón de no haber cumplido con la intimación personal de pago, lo que debería ser rescatado.


  1. Afirma que la plena eficacia material de las garantías del debido proceso y el derecho a la defensa, no podría darse si la comunicación procesal no cumple su finalidad. Asimismo refiere que los emplazamientos, citaciones y notificaciones son las modalidades más usuales que se utilizan para hacer conocer a las partes o terceros interesados las providencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales o administrativos y para tener valor deben ser realizados de tal forma que se asegure su recepción por parte del destinatario y no por terceros, al respecto cita las Sentencias Constitucionales 0757/2003-R de 4 de junio, 0957/2004-R de 17 de junio, 618/2003; 731/2000-R, 787/2000-R y 820/2001-R.


  1. Por otro lado, también cita la Sentencia Constitucional 222/2002 e indica que una de las garantías básicas del debido proceso, es que toda resolución debe ser debidamente motivada y que la Sentencia 16/2006, carece de motivación y de elementos de convicción para sustentar la sanción condenatoria hacia su persona; por lo tanto, en una Sentencia arbitraria que lesiona de manera inadmisible las garantías del debido proceso, citando la Sentencia Constitucional 22/2001-R, señalando y pidiendo se declare procedente el recurso disponiendo el reenvió o nulidad del juicio.


II.3.  Del Auto de Vista 1058/07 de 14 de diciembre de 2017. 

       

La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Auto de Vista 1058/07 de 14 de diciembre de 2007, declaró procedentes las cuestiones planteadas por el querellante e Improcedentes las cuestiones impugnadas por la procesada, confirmando en parte la Sentencia impugnada, modificando la pena impuesta a la procesada, sancionándola con pena privativa de libertad de 3 años a ser cumplida en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes de la ciudad de La Paz y cincuenta días multa a razón de Bs. 5.- por día.


II.4. Del Auto Supremo 123/2013 de 29 de abril.


La Sala Penal Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia determinó dejar sin efecto la resolución jurisdiccional contenida en el Auto de Vista 1058/07 de 14 de diciembre de 2007, pronunciado por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, en base a los siguientes argumentos:


  1. Conforme previene el art. 398 (Competencia) del Código de Procedimiento Penal: “Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución”, de donde se tiene que debe existir una correlación entre lo apelado y lo resuelto por el Tribunal de apelación, de modo que los aspectos recurridos, que llegan a conformar el thema decidendum, fijan el límite máximo del pronunciamiento del Tribunal, al cual debe atenerse el Tribunal de alzada, por cuanto el principio del debido proceso exige que el Tribunal de apelación solo conozca y resuelva los aspectos impugnados de la resolución del Juez de Sentencia.


  1. Toda Resolución judicial, especialmente la Resolución pronunciada en grado de apelación, debe estar debidamente fundamentada y motivada, lo que obliga al Juez o Tribunal a exponer todos los fundamentos de hecho y de derecho en la parte de fundamentación jurídica que haga comprensible las razones de la decisión, por cuanto, esta exigencia responde al cumplimiento de deberes esenciales del Juez, que a su vez implican el respeto de derechos y garantías fundamentales de orden procesal expresamente reconocidos a los sujetos procesales a objeto de verificarse que la decisión jurisdiccional no obedece a la arbitrariedad del Juez, sino a la aplicación objetiva de la Ley.


  1. Dentro de los poderes de valoración jurídica del hecho, competen al Juez o Tribunal de la instancia ciertas facultades para cuyo ejercicio tiene una suerte de poder dispositivo sobre el contenido de la norma; estas facultades discrecionales que le son acordadas no se ejercen a través de una declaración valorativa que pueda ser generalizada, sino individualizando concretamente una consecuencia particular derivada del encuadramiento jurídico del hecho comprobado. El ejercicio de ese poder depender de la apreciación de circunstancias de hecho que solo el Juez o Tribunal de mérito puede apreciar en el debate.


  1. El control que ejercen los Tribunales de apelación con relación a las Sentencias pronunciadas por los Jueces y Tribunales de Sentencia no comprende la aplicación de las consecuencias que derivan de los hechos demostrados en juicio que es ejercida por estos últimos, si se encuentra dentro de los límites legales, procediendo el control sobre el ejercicio de esos poderes discrecionales de los jueces y Tribunales de mérito únicamente cuando han sido ejercidos sin que la norma le concediera la posibilidad del ejercicio de ese poder discrecional o cuando estando conferido, lo ejerció fuera del marco discrecional que se le otorga.


  1. Entre los poderes discrecionales conferidos por la norma a los Jueces y Tribunales de Sentencia están los relativos a la determinación de la pena, en cuya virtud, a través del recurso de apelación restringida no puede ingresarse a discutir su mayor o menor rigurosidad, máxime si la imposición de la sanción penal fue ejercida respetando el tipo de pena previsto en la norma penal sustantiva y dentro de la escala que la misma norma penal permite. Esto, sin embargo, no obsta que los Tribunales de apelación puedan corregir la Sentencia en cuanto a la aplicación de la pena, cuando no obstante haberse aplicado la sanción penal prevista en el tipo y en el marco de la escala legal prevista, el Juez o Tribunal de juicio se limitó a aplicar la sanción penal prevista en el tipo en inobservancia de otras normas penales de carácter sustantivo que también resultan aplicables al caso concreto y sean determinantes para la fijación de la pena, pues esta omisión puede ser también considerada como inobservancia o errónea aplicación de la Ley Penal Sustantiva. 


II.5.        Del Auto de Vista Impugnado.


La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió el Auto de Vista 197/2016 de 3 de junio, que declaró admisible y parcialmente procedente el recurso de la parte acusadora particular e improcedente las cuestiones planteadas en el recurso de la imputada y confirmó la Sentencia apelada, disponiendo que la condena debe ser cumplida en el Centro de Orientación Femenino de Obrajes, en base a los siguientes aspectos:


II.5.1. Respecto del recurso planteado por el querellante:


  1. Con relación al primer motivo, señala que el Juez de Sentencia en su condición de Juez natural determinó la forma de cumplimiento de la condena, la misma que indudablemente se va a producir una vez que la Sentencia adquiera calidad de cosa juzgada, es más el delito por el que se juzga es de orden privado.


  1. Respecto al segundo motivo, señala que tratándose de un delito a querella particular y al momento de la fijación de la pena la autoridad jurisdiccional está en la obligación de fundamentarla y en la misma Sentencia la autoridad jurisdiccional expresó en el punto D, (Valoración de la Prueba), y expresó las razones para la imposición y cumplimiento de la pena, mediante detención domiciliaria.


  1. Con relación al tercer motivo, señala que éste extremo debió haber sido solicitado por el apelante mediante complementación y/o aclaración conforme el art. 125 del CPP y este hecho (falta de certificado de nacimiento) no invalida la Sentencia.


  1. Respecto al cuarto motivo, expresó que es necesario tomar en cuenta el principio de legalidad, plasmado en el art 58 del CP, que señala en forma expresa: “Cuando la pena no excediere de los dos años, podrán ser detenidos en sus propias casas, las mujeres y las personas mayores de sesenta años o valetudinarias, en cuya virtud el Juez A quo no tomó en cuenta dicha disposición legal”, por cuanto la procesada fue sancionada con la pena de reclusión de tres años y seis meses, por lo que corresponde el cumplimiento de la condena dispuesta en la Sentencia en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes.


II.5.2. Del recurso interpuesto por la imputada:

 

  1. Encontrándose el recurso de apelación de la parte imputada circunscrito a la solicitud de resolverse el incidente de exclusión probatoria, se debe analizar primeramente dicha apelación al ser una cuestión incidental. En consecuencia, se tiene que la parte imputada ha realizado la respectiva reserva de apelación; en consecuencia, se apertura la competencia para que este Tribunal de alzada pueda analizar lo manifestado por la apelante.


  1. Refiere que la carta notariada de 5 de marzo de 2003 debió haber sido excluida ya que no se le notificó personalmente sino se ha demostrado que la notificación se la realizó al Sr. Ancelmo Gironda y de acuerdo al art. 172 del CPP, al haber tomado en cuenta la prueba de la carta notariada se vulneró la garantía del debido proceso consagrado en el art. 16 de la CPE y la Sentencia Constitucional 636/2002-R de 3 de junio, el art. 8 de la Convención Americana  sobre Derechos Humanos y el Pacto de San José de Costa Rica. Al respecto, se remite a lo previsto por el art. 172 del CPP, del cual señala que dicha norma establece que la exclusión probatoria resulta viable cuando se presentan los siguientes supuestos: 1) La prueba que se menciona vulnere derechos y garantías constitucionales consagrados en la Constitución Política del Estado, tratados convenios internacionales y el Código de Procedimiento Penal, de las que deberá especificarse igualmente su norma; 2) Que la prueba se haya obtenido en información originada en un procedimiento o medio ilícito; y, 3) Falta de formalidad en la incorporación de la prueba. De los puntos expuestos la apelante señala la afectación al debido proceso porque no se habría notificado en forma personal con dicha carta notariada, por lo que debería excluirse la misma de las pruebas judicializadas; al respecto, cabe puntualizar que denota amplia significación de lo que se entiende por el derecho al debido proceso y se tiene que la apelante refiere en forma general la afectación a esta garantías y pasa a mencionar posteriormente el fundamento de que fue notificado un tercero (su mayordomo) y no así su persona con la interpelación, lo que hace a la tipicidad de la conducta atribuida a su persona (art. 204 del CP), y no así a la exclusión probatoria.


  1. En cuanto a las actuaciones que se habrían realizado ante el Juez Sexto de Sentencia respecto a que mediante la Resolución 393-B/2004, se excluyó la carta notariada, se debe tener presente que no se pueden considerar actuaciones jurisdiccionales que fueron declaradas nulas y en el presente caso mediante la Resolución 239/2004 de 22 de diciembre, anuló totalmente la Sentencia emitida por la autoridad judicial mencionada y se dispuso la reposición del juicio por otro Juez de Sentencia; en consecuencia, este Tribunal no puede pasar al análisis de lo referido, puesto que conforme establece el art. 398 del CPP, debe existir una correlación entre lo apelado y lo resuelto por el Tribunal de apelación, de modo que los aspectos recurridos, que llegan a conformar el tema decidendum, fijan el límite máximo del pronunciamiento del tribunal, por cuanto el principio del debido proceso exige que el Tribunal de apelación solo conozca de los aspectos impugnados de la resolución del Juez de Sentencia.


  1. En cuanto a la Sentencia carecería de motivación y de elementos de convicción para sustentar la sanción condenatoria hacia su persona, dicho extremo faltaría a la verdad ya que se tomó en cuenta la existencia del delito, la autoría de la imputada hoy apelante así como su edad avanzada y que no tenga antecedentes penales con sentencia ejecutoriada. En consecuencia, los argumentos esgrimidos en el memorial de apelación interpuesta por la apelante, no tiene sustento legal de la cual se advierten vicios y/o defectos en la Sentencia que pueden dar lugar a la nulidad y/o modificación de la Sentencia en aplicación de los arts. 169, 370 y 413 del CPP; asimismo, se debe tener en cuenta lo previsto por el art 408 del CPP, la Sentencia Constitucional 1075/2003-R de 24 de julio, para sustentar que los impetrantes no ajustaron su pretensión a la apelación, con argumentos y fundamentos que demuestren que el Juez de Sentencia haya actuado en contra de la norma sustantiva y adjetiva que menciona la apelación conforme a los presupuestos exigidos por los arts. 407 y 408 del CPP.


III. VERIFICACIÓN DE LA PROBABLE CONTRADICCIÓN DEL PRECEDENTE INVOCADO.

En el recurso de casación plateado se denuncia que el Auto de Vista recurrido incurrió en falta de fundamentación; toda vez, que no explicó si hubo errónea aplicación de la norma, además cuál el documento por el que se configuraría el tipo penal del delito de Cheque en Descubierto y por qué modificó el lugar y forma de cumplimiento de su condena en un centro penitenciario, limitándose a señalar que la Sentencia estaba correcta sin referir en base a qué elemento fáctico; situación que hubiera generado la vulneración de su derecho al debido proceso, igualdad entre partes, defensa y seguridad jurídica, por lo que corresponde verificar dichos extremos.


III.1. Obligación de los Tribunales de emitir resoluciones fundadas en derecho y motivadas adecuadamente.


Las resoluciones para su validez y eficacia, requieren cumplir determinadas formalidades, dentro las cuales se encuentra el deber de fundamentarlas y motivarlos adecuadamente, debiendo entenderse por fundamentación la obligación de emitir pronunciamiento con base en la ley y por motivación el deber jurídico de explicar y justificar las razones de la decisión asumida, vinculando la norma legal al caso concreto; al respecto, el Auto Supremo 111/2012 de 11 de mayo, señaló que: “Este deber se halla sustentado en el principio lógico de la razón suficiente; al respecto, Juan Cornejo Calva, en su publicación Motivación como argumentación jurídica especial, señala: El derecho contemporáneo ha adoptado el principio de la Razón Suficiente como fundamento racional del deber de motivar la resolución judicial. Dicho principio vale tanto como principio ontológico cuanto como principio lógico. La aplicación o, mejor, la fiel observancia, de dicho principio en el acto intelectivolitivo de argumentar la decisión judicial no solamente es una necesidad de rigor (de exactitud y precisión en la concatenación de inferencias), sino también una garantía procesal por cuanto permite a los justificables y a sus defensores conocer el contenido explicativo y la justificación consistente en las razones determinantes de la decisión del magistrado. Decisión que no sólo resuelve un caso concreto, sino que, además, tiene impacto en la comunidad: la que puede considerarla como referente para la resolución de casos futuros y análogos. Por lo tanto, la observancia de la razón suficiente en la fundamentación de las decisiones judiciales contribuye, también, vigorosamente a la explicación (del principio jurídico) del debido proceso que, a su vez, para garantizar la seguridad jurídica.


En definitiva, es inexcusable el deber de especificar por qué, para qué, cómo, qué, quien, cuando, con que, etc., se afirma o niega algo en la argumentación de una decisión judicial en el sentido decidido y no en sentido diferente. La inobservancia del principio de la razón suficiente y de los demás principios lógicos, así como de las reglas de la inferencia durante la argumentación de una resolución judicial, determina la deficiencia en la motivación, deficiencia que, a su vez, conduce a un fallo que se aparta, en todo o en parte, del sentido real de la decisión que debía corresponder al caso o lo desnaturaliza. Esa deficiencia in cogitando, si es relevante, conduce a una consecuencia negativa que se materializa en una decisión arbitraria, (injusta)."


Por otra parte, la fundamentación y motivación de Resoluciones implica el deber jurídico de explicar y justificar de forma lógica y con base en la Ley, las razones de la decisión asumida en apego al principio de congruencia, que es aquella exigencia legal que obliga a establecer una correlación total entre la pretensión de quien recurre y la decisión de la autoridad jurisdiccional; es decir, a la existencia de concordancia entre lo planteado por las partes y la decisión asumida por el Juez o Tribunal; pero además, exige la concordancia o coherencia entre los fundamentos de la Resolución y su parte resolutiva, caso contrario la resolución podría incurrir en vicio de incongruencia que puede ser interna o externa.


III.2. Análisis del caso concreto.

Respecto a la denuncia realizada por la parte recurrente es preciso evidenciar si existió la vulneración de sus derechos y garantías constitucionales que le hubiera generado el Auto de Vista bajo el supuesto de que dicha resolución hubiera incurrido en falta de fundamentación; toda vez, que no hubiera explicado si hubo errónea aplicación de la norma, además cuál el documento por el que se configuraría el tipo penal del delito de Cheque en Descubierto y por qué modificó el lugar y forma de cumplimiento de su condena en un centro penitenciario, limitándose a señalar que la Sentencia estaba correcta sin referir en base para aquello.

Al respecto, con relación a la denuncia de que el Tribunal de alzada no explicó si hubo errónea aplicación de la norma, además de cuál el documento por el que se configuraría el tipo penal de Cheque en Descubierto; es preciso remitirnos, al contenido del expediente a efectos de verificar dicha alegación; en ese sentido, acudiendo al contenido del recurso de apelación restringida interpuesto por la imputada se advierte que todo su contenido emerge de la una exclusión probatoria, que no hubiera sido resuelta favorablemente para ella siendo ese el motivo de la errónea aplicación de los arts. 172 y 173 del CPP vinculados con la aplicación de la Ley sustantiva; es decir, el art. 204 del CP; al respecto, el Auto de Vista, verificando dicha situación se pronuncia al respecto señalando que resulta evidente que la recurrente al momento de rechazarse la exclusión probatoria respecto a la prueba (carta notariada de 5 de marzo de 2003), por la cual supuestamente se hubiera notificado a Anselmo Gironda y no a la imputada; en ese sentido, dicha resolución desarrolla su argumentación señalando que para que una exclusión probatoria sea viable (art. 172 del CPP) se deben presentar los siguientes supuestos: 1) La prueba que se menciona vulnere derechos y garantías constitucionales consagrados en la Constitución Política del Estado, tratados convenios internacionales y el Código de Procedimiento Penal, de las que deberá especificarse igualmente su norma; 2) Que la prueba se haya obtenido en información originada en un procedimiento o medio ilícito; y, 3) Falta de formalidad en la incorporación de la prueba. Posteriormente realiza una fundamentación vinculada a la denuncia orientada respecto a los puntos expuestos la apelante señala la afectación al debido proceso porque no se habría notificado en forma personal con dicha carta notariada, por lo que debería excluirse la prueba ya referida que fuera judicializada; ante dicha denuncia el Auto de Vista explica de manera puntual refiriendo respecto a lo denunciado haciendo a la tipicidad de la conducta atribuida a su persona (art. 204 del CP), y no así a la exclusión probatoria; aspecto que resulta sustentado debido a que la impetrante por la vía de la reserva de apelación de una cuestión incidental emergente de una exclusión probatoria pretendió reclamar un aspecto de aplicación de la Ley sustantiva, cuando mediante la reserva de apelación solamente podía ser viable para denunciar que dicha resolución de exclusión probatoria fue incorrectamente realizada o no; es decir, que debía girar exclusivamente sobre la legalidad o ilegalidad de la introducción como prueba de la carta notariada tantas veces señalada y no así sobre aspectos que hacen a la aplicación de la Ley sustantiva; finalmente, se advierte que la recurrente al momento de plantear su recurso de apelación restringida lo hace basado exclusivamente al rechazo de la exclusión probatoria realiza en audiencia de juicio oral respecto a la carta notariada de 5 de marzo de 2003; por lo que, el argumento realizado por el Tribunal de alzada resulta coherente con lo solicitado por la recurrente, en aplicación de los arts. 124 y 398 del CPP. Además, debe quedar claro que la pretensión de la recurrente es reclamar una cuestión que emerge de una exclusión probatoria; es decir, de una cuestión incidental, que no puede ser analizada y menos resuelta por este Tribunal, por cuanto la legislación no ha previsto recurso de casación para impugnar resoluciones sobre incidentes y excepciones; aclarando también que este impedimento tiene su excepción solo en el supuesto de incongruencia omisiva, caso en el que este Tribunal puede ingresar a verificar la veracidad de la denuncia, entendimiento asumido por el Auto Supremo 318/2013-RA de 6 de diciembre.


Por otro lado también la recurrente denuncia del porqué el Tribunal de alzada modificó el lugar y forma de cumplimiento de su condena en un centro penitenciario; al respecto, es preciso remitirnos al contenido del Auto de Vista a efectos de verificar tal situación, de donde se establece que dicha resolución al momento de resolver el recurso de apelación restringida interpuesto por el querellante en el puto cuarto explicó que resulta necesario tomar en cuenta el principio de legalidad, plasmado en el art 58 del CP, que señala en forma expresa que cuando la pena no excediere de los dos años, podrán ser detenidos en sus propios domicilios, las mujeres y las personas mayores de sesenta años o valetudinarias, en cuya virtud el Juez de Sentencia tomó en cuenta dicha disposición legal, por cuanto la procesada fue sancionada con la pena de reclusión de tres años y seis meses, por lo que corresponde el cumplimiento de la condena dispuesta en la Sentencia en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes; aspectos que hacen ver que el Tribunal de alzada realizó una fundamentación adecuada del por qué modificó el lugar y forma de cumplimiento de su condena en un centro penitenciario; aspecto que guarda relación con lo previsto en el art. 414 del CPP, que establece que podrán ser corregidos los errores de derecho en la fundamentación de la resolución impugnada; en consecuencia, no corresponde dar curso a lo solicitado al haberse advertido que lo denunciado no resulta evidente; porque el Tribunal de alzada al realizar el control de legalidad de la Sentencia en cuanto a la comisión del delito de Cheque en Descubierto, previsto y sancionado por el art. 204 del CP, obró de manera correcta con la debida fundamentación al haberse pronunciado respecto a todos los motivos expuestos en su recurso de apelación restringida, conteniendo en su argumento la debida motivación, explicando y justificando de forma lógica y con base en la Ley, las razones de la decisión asumida en apego al principio de congruencia.


Por todos los argumentos expresados en el presente fallo se pone en evidencia que el Auto de Vista realizó un correcto análisis al resolver los aspectos denunciados; en consecuencia, no resulta cierta la denuncia que el Auto de Vista incurrió en falta de fundamentación expuesto en el recurso de casación planteado, siendo que se advirtió lo contrario, debido a que se emitió un Auto de Vista enmarcado en la previsión de los arts. 124 y 398 del CPP; en consecuencia, no corresponde dar curso a lo solicitado al no haberse evidenciado la vulneración de los derechos supuestamente vulnerados, correspondiendo por lo tanto declarar infundado el recurso de casación intentado.



POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en aplicación de lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Nelly Elena Jiménez de Cafferata.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Edwin Aguayo Arando 

Magistrado Dr. Olvis Eguez Oliva

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos