TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 338/2018-RRC

Sucre, 18 de mayo de 2018


Expediente                        La Paz 65/2017

Parte Acusadora                Ministerio Público y otros

Parte Imputada                Jorge Chura Alanoca y otros

Delitos                                Estafa y otro

Magistrado Relator        : Dr. Edwin Aguayo Arando        


RESULTANDO


Por memoriales presentados el 23 y 24 de marzo de 2017, Rene Limachi Flores, de fs. 3921 a 3925 vta., Jorge Chura Alanoca de fs. 3928 a 3931 y Justo Pastor Mamani Mayta de fs. 3943 a 3946 vta., interponen recursos de casación, impugnando el Auto de Vista 03/2017 de 20 de enero, de fs. 3902 a 3905 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, Martín Alanoca Mamani, Mercedes Limachi Quispe y Raúl Mamani contra los recurrentes, por la presunta comisión de los delitos de Estafa y Estelionato, previstos y sancionados por los arts. 335, 337 del Código Penal (CP), respectivamente.


  1. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


  1. Por Sentencia S-39/2015 de 25 de septiembre (fs. 3442 a 3456), el Tribunal Quinto de Sentencia de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró: a Jorge Chura Alanoca, autor de la comisión del delito de Estafa Agravada, previsto y sancionado por el art. 335 con relación al art. 346 bis del CP y culpables del mismo delito a Rene Limachi Flores y Justo Pastor Mamani Mayta, imponiendo al primero la pena de diez años de presidio, más el pago de doscientos días multa a razón de Bs. 50.- por día, al segundo y tercero a ocho años de presidio y cien días multa a razón de Bs. 20.- por día, todos fueron sancionados con la reparación de daños y costas a favor de las víctimas y del Estado a calificarse en ejecución de sentencia, siendo absueltos del delito de Estelionato; por otra parte, fueron complementadas las solicitudes de complementación y enmienda de la parte imputada, mediante Resoluciones de 1 de octubre de 2015, (fs. 3525 a 3526; y, de fs. 3529 y vta.).


  1. Contra la referida Sentencia, los imputados Jorge Chura Alanoca (fs. 3648 a 3655 vta.); Rene Limachi Flores (fs. 3680 a 3689 vta.); y, Justo Pastor Mamani Mayta (fs. 3697 a 3705 y adhesión a fs. 3827); respectivamente, interpusieron recursos de apelación restringida, que fueron resueltos por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz mediante Auto de Vista 03/2017 de 20 de enero, que declaró improcedentes los recursos planteados; en consecuencia, confirmó la Sentencia apelada y los Autos Complementarios de 1 de octubre de 2015, siendo rechazada la solicitud de complementación y enmienda del acusador particular mediante Resolución de 22 de marzo de 2017 (fs. 3909), motivando la interposición de los presentes recursos de casación.


I.1.1. Motivos De Los Recursos.


La Sala Penal a través del Auto Supremo 839/2017-RA de 31 de octubre, emitió juicio de admisibilidad sobre los recursos de casación planteados, estableciendo el margen de análisis de fondo, bajo el siguiente detalle y conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ):


I.1.2. Recurso de casación de René Limachi Flores.


  1. El Auto de Vista recurrido ante su denuncia concerniente a la errónea aplicación de la ley sustantiva, manifestó que su persona pretendería probar la falta de materia justiciable en el contenido, que hacía referencia a la errónea aplicación sin señalar lo que pretendía o la doctrina aplicable; aspectos que no serían evidentes; al respecto invocó el Auto Supremo 329 de 29 de agosto de 2006, que establecería que la Sentencia debe precisar y calificar adecuadamente el delito; señalando el recurrente que en su caso debió calificarse adecuadamente el delito de Estafa, ya que su conducta no se encuadraría al ilícito.


  1. Denuncia que el citado Auto de Vista vulneró su derecho a conocer fundadamente las resoluciones impugnadas, así como el debido proceso y el derecho a la defensa; toda vez, que en el tercer considerando punto 5.2 adujo que ante el reclamo de que la Sentencia es insuficiente y contradictoria se denegó su petición con base a la ausencia de solicitud de complementación además que no hubiera especificado en qué modo se vulneraría derechos y garantías; argumento, que asevera el recurrente no tiene asidero, ya que por la ausencia de solicitud de complementación su petición no podría ser denegada, no considerando el Tribunal de alzada que reclamó que la Sentencia lo calificó como Cómplice, previsto por el art. 23 del CP y posteriormente alegó que su participación fue con relación al art. 20 del CP, fundamentos que no fueron precisados en el Auto de Vista recurrido. Este motivo fue admitido por flexibilización de requisitos procesales en vista a una presunta vulneración del derecho al debido proceso y el derecho a la defensa.


  1. Denuncia de falta de pronunciamiento respecto a sus reclamos concernientes a: a) Que exista contradicción en su parte dispositiva y entre la parte considerativa art. 370 inc. 8) del CPP; b) La inobservancia de las reglas previstas para la deliberación y redacción de la sentencia art. 370 inc. 10) del CPP; y, c) La inobservancia de las reglas relativas a la congruencia entre la Sentencia y la acusación art. 370 inc. 11) del CPP; aspecto que vulnera el debido proceso y el derecho a tener una respuesta fundamentada a la resolución que se impugna. Este motivo al igual que el anterior fue admitido por flexibilización de requisitos procesales ante la exposición de una presunta vulneración al debido proceso.


I.1.2.        Recurso de casación de Justo Pastor Mamani Mayta.


El Auto de Vista recurrido al ratificar la injusta Sentencia vulneró el debido proceso; por cuanto, incurrió en ausencia de fundamentación, respecto a sus reclamos concernientes a: 1) La inobservancia o errónea aplicación de la Ley sustantiva [art. 370 inc. 1) del CPP]; arguyendo el Tribunal de alzada que no podía revalorizar prueba, cuando debió analizar el iter lógico que adecue el hecho al delito que se le atribuyó, lo que no constituye una revalorización de la prueba, además que indicó la aplicación que pretendía; empero, no fue considerado, lo que vulneraría el debido proceso; 2) Que la Sentencia se base en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba [art. 370 inc. 6) del CPP]; y, Que exista contradicción en su parte dispositiva o entre ésta y la parte considerativa [art. 370 inc. 8) del CPP]; manifestando el Tribunal de alzada que no puede revalorizar prueba, cuando debió analizar el iter lógico del hecho si era posible que se realice el supuesto hecho criminal, evidenciando si la Sentencia cumplió con los lineamientos de la sana crítica; empero, dichos aspectos no fueron considerados por el Tribunal de alzada; 3) Que no exista fundamentación en la Sentencia o que ésta sea insuficiente o contradictoria [art. 370 inc. 5) del CPP]; limitándose a señalar el Tribunal de alzada que no podía revalorizar prueba cuando no se le pidió ello, sino que no podía atribuírsele el delito de Estafa ya que, no constituyeron los elementos; además debió efectuarse una adecuada fijación de la pena puesto que, la Sentencia alegó que su persona era responsable de Estafa en grado de complicidad que tiene una pena no mayor a 5 años; no obstante, fue condenado a 8 años cuando no refiere si fue responsable de alguna agravante; y, 4) Que en el otrosí segundo de su memorial de apelación restringida denunció la violación al debido proceso; empero, el Auto de Vista recurrido simplemente alegó que no podía revalorizar prueba, no habiendo analizado la violación a dicho derecho.


Este motivo fue admitido en el orden del Auto Supremo 839/2017-RA de 31 de octubre, el que consideró cumplidos los presupuestos de flexibilización.


I.2. Petitorios.


Rene Limachi Flores instó que el Tribunal Supremo de Justicia, case el Auto de Vista recurrido y anule el Auto de Vista 03/2017; en tanto que, Justo Pastor Mamani Mayta, en similar línea solicitó que este Tribunal case el Auto de Vista impugnado, y anule el Auto de Vista 03/2017 y se emita nueva Sentencia cumpliendo las observaciones que anotó.


III. ANTECEDENTES PROCESALES VINCULADOS AL RECURSO


Si bien, el esquema del sistema de recursos determina la existencia de una cadena procesal que haga necesaria que la decisión casatoria se vincule con los antecedentes procesales, en algunos casos vinculados incluso a consideraciones de la Sentencia, el presente caso, posee una característica especial, cual es, todos los motivos de análisis de fondo son coincidentes en denunciar al Auto de Vista recurrido como carente de fundamentación en sus distintas facetas, incongruencia omisiva, falta de fundamentación, etc. (aspectos esencialmente formales), lo que conduce a desechar como plataforma de este Auto Supremo antecedentes que no sean vinculados a los recursos de apelación restringida y el Auto de Vista que los resuelve.


III. FUNDAMENTOS DE LA SALA PENAL


III.1 Recurso de casación de Rubén Limachi Flores.


III.1.1. Contradicción a la doctrina legal del Auto Supremo 329 de 29 de agosto de 2006.


En apelación restringida denunció errónea calificación de los hechos bajo el marco procesal del art. 370 inc. 1) del CPP, alegando sobre ese particular que su conducta no se adecuó al delito de Estafa (art. 335 del CP). Argumenta ello transcribiendo una porción del Auto Supremo “2000102- Sala Penal-2-086”, para que a continuación sostener la inexistencia de los elementos constitutivos del tipo relativos al engaño o ardid (numeral 1.1 fs. 3680 vta.); el acto de disposición patrimonial por parte de a quien se indujo el engaño (numeral 1.2 fs. 3680 vta. y 3681); ausencia de beneficio económico a favor del agente o un tercero (numeral 1.3 fs. 3681); inexistencia de doble relación causal, engaño como causa de error y error como causa de disposición patrimonial (numeral 1.4 fs. 3681).


Seguidamente alegó que la Sentencia de grado, contradijo el Auto Supremo 329 de 29 de agosto de 2006, transcribiendo una porción y enfatizando que la adecuación de la conducta humana a la descripción objetiva del delito endilgado debe ser correcta y exacta. Asimismo, enunció el Auto Supremo 417/03 de 19 de agosto, sobre un tópico similar. Por último, el en ese momento apelante, manifestó: “siendo que el hecho que se me endilga no se adecua al delito incoado y no se ha adecuado la conducta a la descripción objetiva del delito de estafa, y corresponde declarar la declaratoria de absolución” (sic)


La respuesta del tribunal de alzada es presente en el numeral 5, Considerando III del Auto de Vista 03/2017 de 20 de enero, con la siguiente cita textual: “con relación a la apelación de René Limachi Flores, el mismo refiere que la sentencia le causa agravios porque vulneraría el debido proceso y la seguridad jurídica, incurriría en la errónea aplicación de la Ley sustantiva establecida en el art. 370 num. 1) del Código de Procedimiento Penal, refieren la errónea calificación de los hechos, señalan que la conducta del acusado no se adecua al delito de estafa, sin embargo de ello se plantea una petición en un doble sentido, se pretende probar falta de materia justiciable, siendo que el contenido de la apelación la errónea aplicación sin señalar  lo que se pretende o la doctrina aplicable que se ha invocado” [sic] 


El Auto Supremo 329 de 29 de agosto de 2006, fue pronunciado por la extinta Corte Suprema de Justicia, resolviendo un recurso de casación basado en el reclamo de inadecuada aplicación del art. 48 con relación al inc. m) del art. 33 de la Ley 1008. En esa ocasión el análisis del Máximo Tribunal de la Jurisdicción Ordinaria, consideró que la "inobservancia o errónea aplicación de la ley" (término contenido en el Art. 407 del Código de Pdto. Penal), se interpreta como inobservancia de la ley y errónea aplicación de la misma, en tanto que la inobservancia de la ley se produce cuando el órgano jurisdiccional no ha observado la norma o creado causes paralelos a los estipulados en la ley; mientras que la errónea aplicación de la ley; se da cuando, si bien se observa la norma, se la aplica de manera errónea, y la inobservancia de la ley o su aplicación errónea, se produce tanto en la ley sustantiva como en la adjetiva”; de igual manera y realizado el examen de la denuncia opuesta se concluyó que la misma poseía mérito por lo que se dejó sin efecto el Auto de Vista impugnado, sentando la siguiente doctrina legal aplicable:


“La calificación del delito en el Código de Procedimiento Penal, se entiende como la apreciación que cada una de las partes hace de los hechos, de las leyes aplicables y de la resultante relacionada al acusado, y, cuando no se la califica adecuadamente, se genera una errónea aplicación de la ley sustantiva, por la errónea calificación de los hechos (tipicidad), porque la adecuación de la conducta humana a la descripción objetiva del o de los delitos endilgados, debe ser correcta y exacta. 


Por otra parte, conviene recordar que el Auto Supremo Nº 417/03 de 19 de agosto de 2003, estableció que la "tipicidad, es la adecuación de la conducta del sujeto al tipo penal, es decir que el hecho se adecua al tipo". 


Teniendo como punto de partida las consideraciones que sobre el fin del recurso de casación posee el art. 420 del CPP, y teniendo presente que las autoridades jurisdiccionales se hallan reatadas a la competencia estipulada por el art. 398 de la misma norma procesal, además de tenerse presente, que la actividad recursiva en general se halla alentada por el principio dispositivo, cabe precisar que los supuestos planteados en este motivo en específico por René Limachi Flores no son contradictorios a la orientación asumida por el Auto de Vista 03/2017 de 20 de enero, por cuanto la situación de hecho similar es ampliamente disímil.


El recurrente pretende por medio de este motivo, descender al examen de subsunción realizado en la Sentencia; sin embargo, con una argumentación insuficiente, basada en criterios que no condicen los argumentos del Auto Supremo 329 de 29 de agosto de 2006, por cuanto éste fue pronunciado ante la denuncia de errónea calificación de la conducta al tipo penal; empero, partiendo de los hechos determinados y consolidados en Sentencia, algo que en el caso de autos no ocurre, pues la alegación del imputado sobre la inexistencia de los elementos constitutivos del tipo penal, es realizada desde la propia valoración de los hechos, algo inadmisible tanto en apelación como en sede casacional.


De igual forma inducir a la posibilidad de pronunciar una nueva sentencia basada en la simple afirmación de inocencia o bien apoyado en la especulación sobre la valoración de los medios de prueba, no condice en absoluto la doctrina legal aplicable prevista por el multicitado Auto Supremo 329 de 29 de agosto de 2006, razones por las que este motivo carece de mérito. 


III.1.2.        Supuesta vulneración al debido proceso en su vertiente de conocer fundadamente las resoluciones judiciales.


René Limachi Flores manifiesta que el Auto de Vista impugnado vulneró el debido proceso y el derecho a la defensa; toda vez, que en el tercer considerando punto 5.2 ante el reclamo de que insuficiencia y contradicción de la Sentencia se denegó su petición con base a la ausencia de solicitud de complementación además que no hubiera especificado en qué modo se vulneraría derechos y garantías; ello dice el recurrente- no tiene asidero, ya que la ausencia de solicitud de complementación no inhibía la respuesta a su solicitud. Agregó que el Auto de Vista no consideró que la Sentencia lo calificó como Cómplice, previsto por el art. 23 del CP y posteriormente alegó que su participación fue con relación al art. 20 del CP, sin que en el Auto de Vista halle precisión sobre tal particular.


Como se precisa en el párrafo anterior, al momento de la interposición del recurso de apelación restringida René Limachi Flores, planteó insuficiencia y contradicción en los argumentos de la Sentencia, describiendo ocho observaciones, en torno al valor que el apelante consideró sobre algunos elementos de prueba, confrontaciones en referencia a las conclusiones obtenidas en Sentencia; y, precisiones sobre el grado de participación criminal determinado, arguyéndose que de manera simultánea el Fallo de grado contemplase la autoría y complicidad en el hecho.


La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, sobre esos reclamos precisó:


“señalan que la sentencia es insuficiente y contradictoria en el fundamento del punto X de la Sentencia y que esta genera duda y que sería errada no siendo suficiente para emitir una Sentencia, y que en el punto XI referiría a la complicidad y la autoría de René Limachi establecidas en los arts. 23 y 20 del Código Penal aspectos que serían contradictorios, más cuando la pena no guarda relación con la complicidad. Refieren que la sentencia adolecería de escasa fundamentación vulnerando garantías y derechos constitucionales. En el presente caso, se ha valorado la prueba haciendo un análisis integral, siendo que estos aspectos no han merecido complementación, además pero no especifica de qué forma se vulneraría sus derechos y/o garantía constitucional” (sic)


Como es visto, sobre los reclamos específicos de valoración de la prueba el Auto de Vista estimó que la prueba había sido valorada de manera integral y que tales aspectos no habían sido objeto de complementación, respuesta que por su generalidad es abierta a varias interpretaciones; empero, sin que por ello pueda ser considerada como una respuesta fundada en derecho. La Sala pronunciante limita su respuesta a una afirmación lacónica e imprecisa por su basta generalidad, que no nutre ni siquiera de manera mínima las expectaciones que la norma y jurisprudencia tienen como parámetros para considerar a una respuesta como fundamentada.


De hecho las contemplaciones sobre fundamentación en fallos emergentes del recurso de apelación restringida, fueron abordados por la jurisprudencia de este Tribunal de manera coherente y constante, tal es así que, “de acuerdo a la jurisprudencia contenida en el Auto Supremo 6 de 26 de enero de 2006 y el entendimiento desarrollado por el Auto Supremo 12 de 30 de enero de 2012, todo Auto de Vista debe ser debidamente fundamentado y motivado, cumpliendo con los parámetros de especificidad, claridad, completitud, legitimidad y logicidad, respondiendo y emitiendo los criterios jurídicos sobre cada punto impugnado que se encuentre en el recurso de apelación restringida; asimismo es preciso dejar sentado de que toda fundamentación debe circunscribirse a absolver de manera puntual y objetiva el fondo de la denuncia o denuncias realizadas, sin que la argumentación vertida sea evasiva, incongruente o haga alusión a aspectos distintos a los denunciados, toda vez que esta circunstancia deja en estado de indeterminación e incertidumbre a las partes, al no haberse absuelto de manera efectiva sus acusaciones.


En ese entendido, no existe fundamentación en el Auto de Vista cuando en el mismo se evidencia que el Tribunal de Alzada no se pronunció sobre el fondo de los puntos cuestionados en el recurso de apelación restringida, no siendo suficiente acudir a fundamentos o argumentaciones evasivas, sin que se absuelvan expresamente los cuestionamientos deducidos por el o los procesados, aspecto que deriva en un vicio de incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio) que vulnera lo establecido por los arts. 124 y 398 del Código de Procedimiento Penal constituyendo un defecto absoluto inconvalidable que vulnera el derecho a recurrir, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado y los Tratados y Convenios Internacionales”.


En suma, teniendo presente los anteriores argumentos, la Sala Penal concluye que él presente motivo posee mérito, pues ante la proposición recursiva expuesta por René Limachi Flores, el Tribunal de apelación emitió una respuesta insuficiente, limitada en la generalidad y sin absolver parámetros mínimos establecidos en la norma y la jurisprudencia vinculante a las Salas Penales del país.


III.1.3. Vulneración al debido proceso por incongruencia omisiva.


Bajo un criterio similar, el recurrente acusa al Auto de Vista de incongruencia omisiva, en el entendido que no se habría pronunciado respecto a sus reclamos, sobre defectos de la Sentencia en el orden de los incs. 8), 10) y 11) del art. 370 en el CPP. Así las cosas, el recurso de apelación restringida (fs. 3680 a 3689 vta.), en efecto en sus numerales 2.4 (“que exista contradicción en su parte dispositiva y entre la parte considerativa art. 370.8 CPP”), 2.5 (“la inobservancia de las reglas previstas para la deliberación y redacción de la sentencia art. 370.10 CPP”) y 2.6 (“inobservancia de las reglas relativas a la congruencia entre la sentencia y la acusación art. 370.1 CPP”), contiene los agravios que el ahora recurrente considera omitidos en su respuesta; siendo que, en todos ellos la estructura expositiva es común, siguiendo la forma de fundamento, disposición legal violada y aplicación que se pretende. 


Del cotejo entre el catálogo de agravios desarrollados y su correspondiente respuesta por parte del Tribunal de apelación, es evidente que lo expresado en el recurso de casación es evidente, pues el Auto de Vista pese a contener una breve reseña de los numerales 2.4, 2.5 y 2.6 del recurso de apelación restringida promovido por Rene Limachi Flores, en el Considerando II numeral 2 (fs. 3903), obvia su pronunciamiento expreso en el desarrollo de la resolución. La estructura utilizada por los de apelación orienta que en el numeral 5 del Considerando III, son absueltos aquellos agravios; sin embargo, ello no es evidente, razón que hace patente que, más allá del mérito o no de los agravios planteados, la ausencia de respuesta deja al recurrente en incertidumbre sobre una respuesta a la que el Tribunal de apelación está obligada por efecto del art. 398 del CPP.


Sobre el particular, la jurisprudencia del Máximo Tribunal de la Jurisdicción ordinaria, tiene dicho en el Auto Supremo 5 de 26 de enero de 2007, que: “El vicio de incongruencia como desajuste entre el fallo judicial y los términos en los que las partes han formulado su pretensión o pretensiones, en definitiva constituyen el objeto del recurso. Al conceder más, menos o cosa distinta a lo pedido, el órgano judicial incurre, en las formas de incongruencia conocidas como ultra petita, citra petita o extra petita partium”.


III.2.  Del recurso de Casación de Justo Pastor Mamani Mayta.


El Auto de Vista recurrido al ratificar la Sentencia vulneró el debido proceso; por cuanto, incurrió en ausencia de fundamentación, respecto a sus reclamos concernientes en: i) Defecto de la sentencia contenido en el art. 370 inc. 1) del CPP; el Tribunal de alzada arguye no poder revalorizar prueba, cuando debió analizar el iter lógico que adecue el hecho al delito que se le atribuyó; ii) Defecto contenido en el art. 370 inc. 6) del CPP; y, que exista contradicción en su parte dispositiva o entre ésta y la parte considerativa [art. 370 inc. 8) del CPP]; iii) Inexistencia de fundamentación en la sentencia o que esta sea insuficiente o contradictoria [art. 370 inc. 5) del CPP]; limitándose a señalar el Tribunal de alzada que no podía revalorizar prueba cuando no se le pidió ello, sino que no podía atribuírsele el delito de Estafa ya que, no constituyeron los elementos; además debió efectuarse una adecuada fijación de la pena puesto que, la Sentencia alegó que su persona era responsable de Estafa en grado de Complicidad que tiene una pena no mayor a 5 años; no obstante, fue condenado a 8 años cuando no refiere si fue responsable de alguna agravante; y, iv) Violación al debido proceso; empero, el Auto de Vista recurrido simplemente alegó que no podía revalorizar prueba, no habiendo analizado la violación a dicho derecho.


Emitida la Sentencia S-39/2015 de 25 de septiembre, fueron activados tres recursos de apelación restringida, de entre los cuales se halla el opuesto por Justo Pastor Mamani (fs. 3697 a 3705). En el Auto de Vista impugnado, la porción dedicada a la apelación restringida de Justo Pastor Mamani Mayta, se halla en el Considerando II numeral 3, y en el Considerando III dentro de la subnumeración del numeral 6, en esta última parte se encuentra la respuesta a los agravios contemplados en el recurso que en opinión de esta Sala Penal en evidencia es carente de fundamentación.


La orientación jurisprudencial del Auto Supremo 354/2014-RRC de 30 de julio entre muchos otros-, estima que la construcción de una resolución judicial desde la perspectiva procesal de un recurso, debe procurar que su entendimiento sea fácilmente hallado en el texto y los razonamientos que preceden a la decisión sea de igual manera verificables de la simple lectura, aspecto de capital importancia, dado que por un lado el proceso (en toda su extensión) es el escenario propicio para ver satisfecha el ejercicio de la acción penal y el lugar donde el derecho a la defensa debe ostentar solidez. Con tales antecedentes, un fallo que recaiga en la ambigüedad, que eluda dar respuesta a lo debatido, o bien que se base en consideraciones que se aparten del correcto entendimiento humano, en suma genera injusticia. Se ha repetido hasta lo extenuante que la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales forma parte del derecho al debido proceso, y que el Estado desde el Texto Constitucional lo reconoce y garantiza en sus arts. 115.II, 117.I y 180.I; sin embargo, la Sala Penal, sin desconocer ninguna de esas situaciones, considera que la motivación y fundamentación de las decisiones judiciales no es un fin en sí mismo, ya que más allá de la divergencia y textura que la doctrina del derecho procesal le ha brindado, responde a fines más prácticos y utilitarios; como: 1) La verificación pública sobre el impacto que una norma promulgada conforme procedimiento legislativo posea; 2) Los motivaciones que condujeron a un juez o Tribunal a decidir en una u otra forma; y, 3) El mecanismo idóneo para transparentar las razones por las que una autoridad judicial asumió una decisión.


El Auto de Vista 03/2017 de 20 de enero, argumenta el rechazo del recurso de apelación restringida de Justo Pastor Mamani a partir de razones no expuestas, por tanto no verificables, la carencia de elementos (incluso sintácticos es harto palpable), que motiven y fundamenten la decisión son inexistentes, si bien se encuentra una respuesta escueta a varios de los agravios del recurso de apelación restringida, la inquietante austeridad de su construcción no transmite cuáles fueron las razones por las que los Vocales de la Sala Penal Segunda tomaron esa decisión; dicho de otro modo la ausencia de los motivos y fundamentos que demuestren que la decisión haya seguido el camino orientado por la norma procesal, hace que la decisión degenere en un fallo de facto, más no de derecho.


Aquella inquietante austeridad en la confección de las respuestas a los agravios del recurso de Justo Pastor Mamani, son extensibles también a la forma en la que fueron reseñados y delimitados, por cuanto la reseña o resumen previo de cada una de las quejas expuestas por el apelante, son también insuficientes, al no transmitir de modo verosímil cuál fue el margen de resolución que el Tribunal de alzada brindó al recurso.


Aspectos todos por los que se considera que el Auto de Vista 03/2017 de 20 de enero, incumplió el mandato del art. 124 del CPP, al emitir respuestas evasivas cuando no incompletas o incluso obviar las mismas en la resolución del recurso de apelación restringida que es antecedente en este motivo.


Finalmente la Sala Penal, reitera, enfatiza y conmina bajo apercibimiento de incumplimiento al deber procesal contenido en el segundo párrafo del art. 420 del CPP, el cumplimiento de las directrices jurisprudenciales emanadas por este Tribunal relativas al deber de fundamentación de las resoluciones judiciales, contenidas tanto en este Auto Supremo como en la consolidada línea jurisprudencial del AUTO SUPREMO 050/2013-RRC de 1 de marzo, que a la letra señala:


“…las resoluciones judiciales, como expresión tanto de la voluntad del juez como la expresión de un mandato soberano, deben ser el resultado de un razonamiento explicitado y verificable, a ello alude el art. 124 del CPP, que consagra, la necesidad de fundamentar los fallos a partir de la exigencia de plantear las consideraciones de hecho y de derecho que sostienen lo decidido. La argumentación y estructura de las decisiones judiciales implica una construcción basada en consensos racionales, un método a través del cual se procura, mediante la objetividad hermenéutica, un resultado razonable y aceptable de la contienda procesal, dónde se facilite la identificación de cuáles fueron las motivaciones externas, y en lo posible internas, que llevaron al que juzga a asumir, la solución y decisión arribada. Una arquitectura puramente técnica, plagada de rebuscamientos técnicos y con retórica innecesaria, no lograría el fin de impartir justicia a las partes en eventual disputa o bien denotaría insuficiencia real y evidente en ese cometido; esta circunstancia se hace más evidente cuando en las sentencias se usa un mayor volumen de contenidos supuestamente técnicos, se emplean lenguajes esotéricos y extravagantes, y se sofistica la comunicación de tal manera que se excluye la propia comprensión de los motivos de las decisiones.


(…)


Este Tribunal Supremo, en forma continua y coherente, ha manifestado criterios sobre la falta de fundamentación de las decisiones judiciales, en sentido de que constituye una vulneración al principio y garantía del debido proceso; así esta Sala Penal a través del Auto Supremo 319/2012-RRC de 4 de diciembre ha opinado: “La Constitución Política del Estado (CPE) reconoce y garantiza los derechos: del debido proceso en sus arts. 115.II y 117.I y 180.I y, de la publicidad en sus arts. 178.I y 180.I; siendo así que, la garantía del debido proceso contiene entre uno de sus elementos la exigencia de la fundamentación y motivación de las resoluciones, lo que significa que el juzgador al emitir el fallo debe resolver los puntos denunciados, mediante el conjunto de razonamientos de hecho y de derecho en los que apoya su decisión; además, esta expresión pública de las razones justificadas de la decisión judicial, garantiza también el derecho a la publicidad otorgado a las partes como a la sociedad en general respecto a la información de la resolución; fallo que debe ser: expreso, claro, completo, legítimo y lógico; exigencia que también se halla establecida en el art. 124 del CPP y cuya inobservancia constituye defecto absoluto conforme el art. 370 inc. 5) del CPP”.


Por las razones anotadas y siendo evidente el mérito de los motivos de casación denunciados resta declararlos fundados con los efectos procesales que el caso disponga.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara FUNDADOS los recursos de casación interpuestos por Rene Limachi Flores, de fs. 3921 a 3925 vta. y Justo Pastor Mamani Mayta de fs. 3943 a 3946 vta., con los fundamentos expuestos precedentemente; y en aplicación del art. 419 del CPP, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 03/2017 de 20 de enero, disponiendo que la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, previo sorteo y sin espera de turno, pronuncie un nuevo Auto de Vista en conformidad a la doctrina legal establecida en la presente resolución.


A los efectos de lo previsto por el art. 420 del CPP, hágase conocer mediante fotocopias legalizadas el presente Auto Supremo a los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, para que por intermedio de sus Presidentes, bajo responsabilidad, pongan en conocimiento de los Jueces en materia penal de su jurisdicción.


En aplicación del art. 17.IV de la LOJ, por Secretaría de Sala, ofíciese nota al Consejo de la Magistratura, para que tome conocimiento del presente Auto Supremo.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Edwin Aguayo Arando 

Magistrado Dr. Olvis Eguez Oliva

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos