TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 337/2018-RRC

Sucre, 18 de mayo de 2018


Expediente        : La Paz 64/2017        

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otro

Parte Imputada        : Andrés Velasco Quispe y otros

Delitos        : Robo Agravado y otro

Magistrado Relator         : Dr. Olvis Eguez Oliva


RESULTANDO


Por memorial presentado el 26 de abril de 2017, cursante de fs. 945 a 963 vta., Wilson Velasco Huanca, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 15/2017 de 15 de febrero de fs. 865 869, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y el recurrente contra Andrés Velasco Quispe, Bertha Ali Vda. de Mamani, Luis Velasco Huanca, Aurora Velasco Huanca y Florencia Huanca de Velasco, por la presunta comisión de los delitos de Robo Agravado y Allanamiento de Domicilio, previstos y sancionados por los arts. 332 inc. 2) y 298 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


  1. Por Sentencias 14/2013 de 29 de octubre (fs. 515 a 526) y 16/2013 de 21 de noviembre (fs. 551 a 562) y el Auto Complementario de 9 de diciembre de 2013 (fs. 575 a 576), el Tribunal Primero de Sentencia de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a Andrés Velasco Quispe, Bertha Ali Vda. de Mamani, Luis Velasco Huanca y Aurora Velasco Huanca, autores  por la comisión de los delitos de Allanamiento de Domicilio y sus Dependencias y Robo Agravado, tipificados por los arts. 298 y 332 inc. 2) del CP, imponiendo la pena de diez años de presidio al primero y de cinco años de similar sanción a los tres últimos, más la imposición de costas al Estado y la reparación de pago de daño civil a favor de la víctima, a calificarse en ejecución de Sentencia; y por la segunda Sentencia, declaró a Florencia Huanca de Velasco, autora del delito de Allanamiento de Domicilio y sus Dependencias y Robo Agravado, fijando una pena de tres años de privación de libertad, concediendo la Suspensión Condicional de la Pena.


  1. Contra la mencionada Sentencia, los imputados Andrés Velasco Quispe, Bertha Ali Vda. de Mamani, Luis Velasco Huanca, Aurora Velasco Huanca y Florencia Huanca de Velasco (fs. 623 a 628 vta.), formularon recurso de apelación restringida, resuelto por los Autos de Vista 32/2014 de 11 de abril (fs. 708 a 712) y 06/2015 de 28 de enero (fs. 803 a 807 vta.), que fueron dejados sin efecto por los Autos Supremos 510/2014-RRC de 1 de octubre (fs. 766 a 773) y 104/2016-RRC de 16 de febrero (fs. 855 a 861); en cuyo mérito, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió el Auto de Vista 15/2017 de 15 de febrero, que declaró admisible y procedente la cuestiones planteadas en el recurso y anuló las Sentencias apeladas y el Auto Complementario, disponiendo la reposición de Juicio por otro Tribunal llamado por ley, dando lugar a la interposición del presente recurso de casación.


I.1.1. Motivo del recurso de casación.


Del recurso de casación y del Auto Supremo 838/2017-RA de 31 de octubre, se extrae el motivo a ser analizado en la presente Resolución, conforme al mandato establecido por los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


El recurrente señala que el Tribunal de apelación, desconoció el art. 414 del CPP, en relación al art. 180 de la Constitución Política del Estado (CPE), porque dispuso reposición del juicio por omisiones formales referente a la pena, sin que tenga competencia para la mencionada determinación que quebranta los anteriormente Autos Supremos emitidos en la presente causa. Alega que la Resolución ahora impugnada, vulnera el debido proceso en el ámbito de la debida fundamentación, desconociendo el art. 124 del CPP, porque dispuso la anulación de las Sentencias 014/2013 de 29 de octubre y 016/2013 de 21 de noviembre y sus Autos Complementarios.


Indica que el Auto de Vista recurrido, no guarda coherencia lógica entre lo que señaló en su parte considerativa con la parte dispositiva, porque en su Considerando III indicó que correspondería modificar el quantum de la pena, pero en la parte resolutiva no modifican la pena, sino que anulan la Sentencia y disponen juicio de reenvío por otro Tribunal, por lo que incumplió con la debida fundamentación, existiendo contradicción. Argumenta en sentido de que el Tribunal de alzada, no se pronunció respecto al quantum de la pena del acusado Andrés Velasco, sino que ilegalmente anuló las referidas Sentencias condenatorias, ordenando Juicio de reenvío, generando defecto absoluto previsto en el art. 169 inc. 3) del CPP, por vulneración del debido proceso en la esfera de la legalidad procesal relacionada al art. 114 del CPP y la celeridad procesal establecida en el art. 180 de la CPE. Que, de manera incompresible afirmó que estaría dando cumplimiento al Auto Supremo 104/2016-RRC de 16 de febrero, lo que considera alejado de la verdad; toda vez, que el mencionado Auto Supremo determinó que el Tribunal de apelación, emita nuevo Auto de Vista fundamentando las atenuantes y agravantes del acusado, sin necesidad de reenvío, por lo que generó defecto absoluto previsto en el art. 169 inc. 3) del CPP, por vulneración al debido proceso en la esfera de la fundamentación lógica y racional de los pronunciamientos, además que el Tribunal de apelación anuló una Sentencia inexistente signada con el número “016/2016” (sic) y que también su redacción estaría entrecortada, porque dispuso la anulación de las Sentencias y Autos Complementarios conforme a un artículo que no lo mencionan.


Incumplió el art. 398 del CPP, generando también defecto absoluto previsto en el art. 169 inc. 3) del CPP, porque vulneró el debido proceso en la esfera de la competencia que tendría; porque el recurso de casación interpuesto por los imputados, fue declarado inadmisible mediante Auto Supremo 308/2014-RA de 9 de julio y del recurrente fue admisible; consiguientemente, el Tribunal de apelación, sólo debió pronunciase respecto a las atenuantes o agravantes que podría tener el acusado, pero no ingresar al análisis del recurso de apelación restringida de la defensa, además que el Auto Supremo 510/2014-RRC de 1 de octubre, declaró fundado el recurso de Wilson Velasco Huanca, que dejó sin efecto el anterior Auto de Vista 32/2014 de 11 de abril, disponiendo que dicte nueva Resolución conforme a su Doctrina Legal, alegando el recurrente que era la “APLICACIÓN DEL ART. 114 DEL C.P.P.” (sic), observando las reglas de la fijación de la pena y que no existía ninguna disposición para que los Vocales nuevamente ingresen a conocer el recurso de apelación restringida de la defensa, menos ordenar la nulidad del juicio y reenvío del proceso por otro Tribunal, por lo que no tenía competencia para ello. Asimismo, indica que el Auto Supremo 104/2016-RRC de 16 de febrero, dejó sin efecto el Auto de Vista 6/2015 de 28 de enero, disponiendo se dicte nueva resolución conforme a su doctrina legal, que el recurrente refiere aspecto similar al anterior Auto Supremo; que consiguientemente, el Tribunal de alzada emitió el Auto de Vista ahora impugnado sin respetar la secuencia de los anteriores Autos Supremos, por lo que no podían ingresar a un nuevo análisis de la apelación restringida de los imputados, porque no tenían competencia para ello, principalmente para disponer Juicio de Reenvío, porque lo único que quedó pendiente fue la fundamentación de la pena del acusado Andrés Velasco Huanca, por lo que incumplió su deber de aplicar la Doctrina Legal establecida por el Tribunal Supremo de Justicia.


Alega que se vulneró y restringió su derecho constitucional al debido proceso en el ámbito de la debida fundamentación de la Resolución que no lo tiene el Auto de Vista impugnado, vulnerándose los arts. 398 y 124 del CPP y 180 de la CPE. Además que le provocó inseguridad jurídica e indefensión de la víctima y querellante; y finalmente, indica que el Auto de Vista atentó lo previsto en los arts. 115, 116, 117 y 180 de la CPE.


Señala que el Auto de Vista impugnado tenía que únicamente cumplir el Auto Supremo 104/2016-RRC, procediendo directamente a la fundamentación del quantum de la pena, aspecto que no fue cumplido, sino que anularon las Sentencias y sus Autos Complementarios, ordenando la reposición del juicio por otro Tribunal, en contradicción con los Autos Supremos 38/2013-RRC de 18 de febrero, 50 de 27 de enero de 2007 y 99 de 24 de abril de 2005, además de inobservar los arts. 114 y 414 del CPP, haciendo referencia a los parámetros para la imposición de la pena y partes de los mencionados Autos Supremos.


Refiere errónea consideración del Auto de Vista impugnado en relación a la obligación que tenía de fundamentar las agravantes del quantum de la pena del acusado; sin embargo, analizaron el recurso de apelación restringida de la defensa, disponiendo la anulación de las Sentencias y sus Autos Complementarios, ordenando la reposición del juicio oral por otro Tribunal, en contradicción con los Autos Supremos 104/2016-RRC de 16 de febrero y 510/2014-RRC de 1 de octubre; toda vez, que la Resolución ahora impugnada, no observó lo previsto en los arts. 114 y 414 del CPP, porque dispusieron la anulación de actuados cuando lo único que debería hacer era fundamentar el quantum de la pena del acusado; y posteriormente, transcribe partes de los mencionados Autos Supremos, alegando que lo único pendiente fue la fundamentación de la pena en relación al acusado Andrés Velasco Huanca, por lo que no tenían competencia para disponer Juicio de Reenvío por otro Tribunal.  Refiere que se atentó el debido proceso de la víctima, atentando la celeridad procesal y la tutela judicial pronta, oportuna y eficaz, más aún cuando ya existen dos Autos Supremos que establecieron las directrices que debió aplicar el Tribunal de alzada.


I.1.2. Petitorio.


El recurrente solicita que se deje sin efecto el Auto de Vista 15/2017 de 15 de febrero, por existir defectos procesales absolutos previsto por el art. 169 inc. 3) del CPP y por existir contradicción con los precedentes que establecen doctrina legal aplicable contradictoria al Auto de Vista recurrido, pidiendo costas judiciales y responsabilidad y sanción contra los Vocales suscribientes de la Resolución tanto disciplinaria como penal. 


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 838/2017-RA de 31 de octubre, cursante de fs. 988 a 991, este Tribunal admitió el recurso de casación de Wilson Velasco Huanca, para el análisis de fondo de lo pretendido, excluyendo del análisis al Auto Supremo 99 de 24 de abril de 2005.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación y precisado el ámbito de análisis del recurso, se tiene lo siguiente:


II.1.        De las Sentencias.


La Sentencia 14/2013 de 29 de octubre, declaró a los imputados Andrés Velasco Quispe, Bertha Alí Vda. de Mamani, Luis Velasco Huanca y Aurora Velasco Huanca, autores de la comisión de los delitos de Allanamiento de Domicilio y sus Dependencias y Robo Agravado, tipificados por los arts. 298 y 332 del CP, imponiendo la pena de diez años de presidio al primero y cinco años de reclusión a los tres últimos, con costas a favor del Estado y reparación del daño civil a favor de la víctima.


Por otro lado, la Sentencia 16/2013 de 21 de noviembre, declaró a Florencia Huanca de Velasco, autora de la comisión de los delitos de Allanamiento de Domicilio y sus Dependencias y Robo Agravado, tipificados en los arts. 298 y 332, imponiendo la pena privativa de libertad de tres años, suspendiendo al mismo tiempo la pena por el periodo de prueba de un año.


II.2.        De la Apelación Restringida.


Conocida la Sentencia, los acusados Andrés Velasco Quispe, Bertha Ali Vda. de Mamani, Luis Velasco Huanca, Aurora Velasco Huanca y Florencia Huanca de Velasco, formularon recurso de apelación restringida, argumentando la existencia de los defectos previstos por el art. 370 incs. 1), 2), 6) y 11) del CPP, argumentando respectivamente, que no se demostró la posesión del inmueble, que no existe prueba alguna respecto al delito de Robo, que no se consideraron los arts. 37, 38 y 39 del CP, con relación al imputado Andrés Velasco Quispe, que no se demostró el grado de participación de cada uno de los imputados, que no se valoró correctamente la prueba documental y que no existe relación entre la acusación y la Sentencia.


II.3.        Del primer Auto de Vista 32/2014.


La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, concluyó que el Tribunal de Sentencia, al momento de imponer el quantum de la pena al coacusado Andrés Velasco Huanca, no consideró el art. 38 del CP, señalando que se impuso la pena de diez años de presidio sin una debida justificación, ni fundamentación, menos motivación, observándose una notoria diferencia en relación a los otros coacusados a quienes se les impuso la pena de cinco años, concluyendo que la pena de diez años no está justificada por el Tribunal de mérito, siendo que a la coimputada Florencia Huanca de Velasco sólo se le impuso la pena de tres años por los mismos delitos, en consideración a los setenta y seis años de edad que tiene, por lo que modificó el quantum de la pena de Andrés Velasco Quispe, reduciendo la misma de diez años a cinco años, por tener setenta y tres años de edad, siendo desestimados los demás motivos alegados en la apelación restringida.


II.4.        De los primeros recursos de casación y su examen de admisibilidad.

Ambas partes interpusieron recursos de casación, que motivaron el pronunciamiento del Auto Supremo 308/2014-RA, por el cual esta Sala declaró inadmisible el recurso de casación de los imputados y admisible el interpuesto por el acusador particular, respecto a la falta de consideración de los parámetros establecidos en los arts. 37 y 38 del CP, al momento de rebajar la pena del acusado Andrés Velasco Quispe.   


II.5.        Del Auto Supremo 510/2014-RRC.

Ante el recurso de casación formulado por la parte querellante, en el que cuestionó la decisión del Tribunal de alzada de disminuir la condena de diez años de privación de libertad inicialmente determinada en la Sentencia, a cinco años de reclusión en favor del imputado Andrés Velasco Huanca sin una suficiente fundamentación, por lo que este Tribunal encontrando evidente la denuncia, pronunció el Auto Supremo 510/2014-RRC el 1 de octubre, señalando, en lo trascendental que, el Auto de Vista 32/2014 de 11 de abril recurrido, al rebajar la pena de diez a cinco años, habría incurrido en el mismo yerro que la Sentencia, porque sólo se limitó a enunciar las circunstancias de las agravantes y atenuantes; en cuyo mérito, dejó sin efecto la resolución emitida por el Tribunal de alzada.


II.6.        Del segundo Auto de Vista 06/2015.


La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de la Paz, con el antecedente antes referido, emitió nueva resolución, declarando admisible y procedente las cuestiones planteadas en el recurso de apelación restringida interpuesto por los acusados; con los siguientes argumentos:

  1. La Sentencia recurrida, incurrió en una errónea aplicación de la ley penal sustantiva, arts. 298 y 332 inc. 2), por cuanto el Tribunal de mérito no se pronunció sobre la posesión o no del inmueble por parte del acusado, no obstante debe ser relevante el hecho de la existencia de la reclamada posesión, por cuanto para la configuración del tipo penal de Allanamiento de Domicilio y sus dependencias, la supuesta víctima debe tener el pleno dominio o posesión del lugar donde se produjo el delito; en consecuencia, concluyó que el fallo no realizó fundamentación alguna sobre que el lugar de los hechos haya estado habitado o bajo la posesión de los sujetos procesales, ni explicó bajo el apoyo de qué pruebas habría arribado a dicha consideración.


  1. En cuanto a la probable concurrencia del defecto previsto en el art. 370 inc. 2) del CPP, concluye que: “…los fallos apelados no incurren en el defecto…”, por cuanto el Tribunal de mérito concluyó de forma categórica que fueron cinco los acusados quienes en horas de la noche habrían incurrido en el ilícito en contra del acusador particular, procediendo supuestamente a la sustracción de objetos y quema de otros, siendo evidente “que se ha omitido establecer cual el grado de participación de los hoy recurrentes, incumpliéndose con el principio de certeza…”, siendo muy diferente las atenuantes y agravantes que deben tomarse en cuenta a tiempo de calificar la pena.


  1. Con relación a la denuncia de defecto previsto en el art. 370 inc. 6) del Código Adjetivo Penal, concibió que el Tribunal de Sentencia, en vigencia del principio de inmediación concluyó en la acreditación de los hechos que motivaron la presente causa; asimismo, que los acusados fueron relativamente reconocidos por varios testigos. En el mismo punto, encontró que, los Jueces de mérito, no efectuaron una valoración probatoria razonable en relación a los medios de prueba documentales, teniendo en cuenta que la probanza del derecho propietario sucumbe en la jurisdicción penal, en la que no se dirime la titularidad de bienes, que si bien constituyen indicios para llegar a la verdad material, el Tribunal de Sentencia juzgó y sancionó sobre la base de los hechos acontecidos el 19 de marzo de 2009, por lo que como corolario, señaló que: “…en cierta medida ser cierto el hecho de que el a quo haya basado su decisión sobre la base de hechos inexistentes, no acreditados o a la defectuosa valoración de la prueba”.


  1. Respecto al defecto previsto en el art. 370 inc. 11) del CPP, fundamentó no ser evidente tal denuncia, por cuanto los hechos expuestos en la acusación presentada por el Ministerio Público, así como los hechos sobre los cuales se pronunció el Tribunal de Sentencia, son los mismos. Tampoco que se vulneraron las reglas de la congruencia entre la Sentencia y la acusación, en relación a los tipos penales acusados, existiendo una relación de correspondencia entre ambos actuados.


  1. El Tribunal de Sentencia, evidentemente incurrió en una actitud discrecional al aplicar la pena al coacusado Andrés Velasco Quispe, limitándose a sostener que el referido acusado es una persona de 73 años de edad, de estado civil casado, con grado de instrucción media y sin antecedentes penales, por lo que en aplicación del art. 332 del CP, le impuso una pena privativa de libertad de diez años; sin embargo, no estableció de forma específica si tales argumentos constituyen causales que se constituyan en atenuantes o agravantes, menos la medida que tomó como parámetro de aplicación de la pena (arts. 37, 38 y 39 del CP); por consiguiente, “…este Tribunal de alzada con la facultad reconocida por el art. 414 del CPP, sin embargo el juez a quo tiene la obligación de apreciar los principios de la doctrina como son la objetividad, la inmediatez ya que son ellos los que logran objetivizar con el desarrollo del juicio oral y no así en grado de apelación restringida…”, concluyendo más adelante que “…la sanción impuesta no ha sido fruto de un estudio íntegro y objetivo de los hechos así como las circunstancias acontecidas en la tramitación del proceso, por cuanto tampoco han considerado la finalidad de la pena…por lo que a tiempo de imponer la imposición de la pena ha incumplido con el deber de fundamentación, hecho que si bien constituye un defecto de la Sentencia, en aplicación del principio de economía procesal no puede ser subsanado de forma directa por esta instancia, siendo necesaria el disponer que otro Tribunal subsane estas deficiencias…”.


  1. Por lo expuesto, determinó anular las Sentencias 014/2013 de 29 de octubre, 016/2013 de 21 de noviembre y el Auto complementario de 9 de diciembre de 2013, disponiendo la reposición del juicio.


II.7.        Del segundo recurso de casación y su examen de admisibilidad.


Wilson Velasco Huanca interpuso posteriormente nuevo recurso de casación, que motivó el pronunciamiento del Auto Supremo 484/2015-RA, por el cual esta Sala Penal declaró admisible el recurso de casación del acusador particular, respecto a la denuncia de incumplimiento a la doctrina legal aplicable, vulneración de los principios de celeridad, concentración y el debido proceso y por falta de fundamentación al ordenar la nulidad y el reenvío del juicio oral.   


II.8.        Del Auto Supremo 104/2016-RRC.


       Ante el recurso de casación formulado por la parte querellante, en el que se denunció la falta de fundamentación al disponer el reenvío de la causa, sin observar el cumplimiento de la doctrina legal aplicable establecida por el Auto Supremo 510/2014-RRC el 1 de octubre, que disponía dejar sin efecto el Auto de Vista 32/2014 de 11 de abril, por no existir una adecuada fundamentación de la pena, cuál era la única observación que debió hacer el Tribunal de alzada, por lo que se emitió el Auto Supremo 104/2016-RRC de 16 de febrero, que nuevamente dejó sin efecto el Auto de Vista 06/2015, porque se soslayó la obligación contenida en el art. 420 párrafo segundo del CPP, al analizar de manera oficiosa todos los motivos del recurso de apelación restringida, omitiendo cumplir con los razonamientos expuestos en el Auto Supremo 510/2014-RRC, destinado solo a considerar los principios constitucionales, procesales y establecidos en los arts. 37, 38, 39 y 40 del CP, a través de la fundamentación y motivación de los aspectos circundantes que agravan o atenúan la pena de Andrés Velasco Quispe, resultando incorrecta la disposición de reenvío de la causa, en detrimento del principio de economía procesal.


II.9.        Del tercer Auto de Vista 15/2017 recurrido.


La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de la Paz, con el antecedente referido anteriormente, emitió nueva resolución, declarando admisible el recurso de apelación restringida (fs. 623 a 628) y procedente las cuestiones planteadas por el apelante y como consecuencia dispuso anular las Sentencias 14/2013 de 29 de octubre y 16/2016 de 21 de noviembre, más sus Autos Complementarios y reposición del juicio por otro Tribunal, con los siguientes argumentos:

  1. Que, en cumplimiento a lo determinado en la última parte del art. 409 del CPP, por providencia de 11 de febrero de 2014, se dispuso la remisión de los antecedentes por ante el Tribunal Departamental de Justicia, procediendo el Tribunal de alzada a dictar los Autos de Vista 32/2014 de 11 de abril y 06/2015 de 28 de enero, que al ser recurridos de casación, fueron dejados sin efecto por los Autos Supremos 510/2014-RRC de 1 de octubre y 104/2016-RRC de 16 de febrero, ordenando a este Tribunal la emisión de una nueva resolución de apelación, por lo que conforme a la providencia y nota de sorteo del sistema de gestión procesal, se dicta el fallo, en cumplimiento al Auto Supremo 104/2016-RRC.


  1. Con relación al primer agravio denunciado respecto a la vulneración del art. 370 inc. 1) del CPP, por inobservancia o errónea aplicación de la Ley sustantiva, al presente se denuncia que no existiría la configuración del tipo penal de allanamiento de domicilio; toda vez, que no existiría la configuración del derecho propietario. Al presente con referencia a la inobservancia de la Ley, la acusación Fiscal infiere que los tipos penales denunciados y ahora resueltos fueron adecuados perfectamente a la conducta de los acusados, que presumible errónea aplicación de la Ley, o se configuró; toda vez, que se cumplió con los elementos constitutivos del tipo penal y si bien se denuncia inobservancia o errónea aplicación, tampoco el recurrente menciona las condiciones por las cuales se habría vulnerado el art. 370 inc. 1) del CPP o fundamentar la ausencia de algún elemento para que se configure los ilícitos denunciados.


  1. Con relación al art. 370 inc. 2) del CPP, se señala que el imputado no estaría suficientemente individualizado, lo cual vulneraría el art. 20 del CP; toda vez, que en el presente proceso no se habría demostrado el grado de participación de cada uno de los acusados y contrariamente se les condenaría a una pena de diez años de presidio y a otro con 3, sin demostrarse la actividad criminal (cita el art. 20 del CP), mérito por el cual el Tribunal inferior dispuso un grado de participación a los acusados de autoría y si bien la explicación de los atenuantes y agravantes, ello implica la falta de individualización del imputado, más aún cuando es imperativo al juzgador su aplicación.


  1. Respecto al defecto previsto en el art. 370 inc. 11) del CPP, de la Sentencia y acusación concluida por el Ministerio Público, no se evidencia alguna incongruencia, se sancionó conforme a lo aportado en juicio y los elementos de convicción aportados por el señor Fiscal a objeto de sancionar la conducta criminal que infringió los tipos penales.


  1. El art. 173 del CPP refiere claramente la forma de valorar la prueba en base a la sana crítica, aspecto que el Tribunal de Sentencia otorgó valor correspondiente de manera armónica a todas las pruebas ofrecidas y valoradas en juicio.


  1. En cumplimiento al Auto Supremo 104/2016-RRC; analizados y compulsados los antecedentes señalan que el Tribunal ha decidido rebajar el quantum de la pena porque de acuerdo al art. 37 del CP se valoró la personalidad del autor en los siguientes elementos: a) No existió obstaculización en el proceso; b) No hubo intento de fuga en ninguna circunstancia; c) Sí aportó con la investigación; d) Al ser considerado como autor del delito de Allanamiento de Domicilio y Robo Agravado, no se lo consideró como un peligro para la sociedad; y, e) La víctima estuvo presente en el momento que allanaron su domicilio. De acuerdo al art. 38 del CP, el imputado Andrés Velasco Quispe autor de los delitos, cuenta con una edad de 73 años, de estado civil casado, con grado de instrucción media y sin antecedentes penales; aspectos que no fueron tomados en cuenta por el Tribunal de mérito, debiendo tener presente lo señalado en el Auto Supremo 529 de 17 de noviembre de 2006 (desglosa doctrina). Asimismo en cuanto a la doctrina legal de los Autos Supremos 99 de 25 de febrero de 2005 y 69 de 19 de abril de 2011 (desglosa texto), el quantum  de la pena de diez años de presidio no es justificada por el Tribunal de Sentencia, no tiene fundamentación, ni motivación alguna, siendo notoria la diferencia en la sanción de 5 años a los otros tres imputados, y al acusado Andrés Velasco Quispe, 10 años de presidio. Por otra parte, bajo el principio de igualdad, a Florencia Huanca de Velasco, se le condena a tres años, fundando la sanción por la edad de 76 años, al respecto, se tiene que el imputado Andrés Velasco Quispe cuenta con 73 años, por lo que corresponde modificar el quantum de la pena a cinco años de reclusión. Por otra parte señalan- que el Tribunal de origen no ha justificado su decisión de forma adecuada y coherente al momento de imponer la pena a Andrés Velasco Quispe; toda vez, que la sanción impuesta no fue fruto de un estudio íntegro y objetivo de los hechos así como de las circunstancias acontecidas en la tramitación del proceso, por cuanto tampoco han considerado la finalidad de la pena. Hecho que si bien constituye un defecto de la Sentencia, en aplicación del principio de economía procesal no puede ser subsanado de forma directa por esta instancia, máxime si se tiene presente la relación efectuada en la Sentencia 016/2013 de 21 de noviembre, lo que representa que no se ha obrado con igualdad al tratarse de dos casos similares. Por lo que, el Tribunal de alzada resuelve por anular ambas Sentencias emitidas en primera instancia.


III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN CON EL PRECEDENTE INVOCADO


De acuerdo a los argumentos del recurrente, circunscrito en la admisión del recurso de casación contenido en el Auto Supremo 838/2017-RA, se tiene que la Resolución ahora impugnada, vulnera el debido proceso en el ámbito de la debida fundamentación, desconociendo el art. 124 del CPP, porque se dispuso la anulación de las Sentencias 014/2013 de 29 de octubre y 016/2013 de 21 de noviembre y sus Autos Complementarios, porque en su Considerando III indicó que correspondería modificar el quantum de la pena, pero en la parte resolutiva no modifican la pena, sino que anulan la Sentencia y disponen juicio de reenvío por otro Tribunal, por lo que incumplió con la debida fundamentación, existiendo contradicción. Además que no se pronunció respecto al quantum de la pena del acusado Andrés Velasco Quispe que de manera incompresible afirmó que estaría dando cumplimiento al Auto Supremo 104/2016-RRC de 16 de febrero, incumpliendo el art. 398 del CPP, no debiendo ingresar al análisis del recurso de apelación restringida de la defensa, además que el Auto Supremo 510/2014-RRC de 1 de octubre, ha establecido la forma de resolución que se debía haber observado, alegando el recurrente que era la “APLICACIÓN DEL ART. 114 DEL C.P.P.” (sic), observando las reglas de la fijación de la pena y que no existía ninguna disposición para que los Vocales nuevamente ingresen a conocer el recurso de apelación restringida de la defensa, menos ordenar la nulidad del juicio y reenvío del proceso por otro Tribunal, por lo que no tenía competencia para ello porque lo único que quedó pendiente fue la fundamentación de la pena del acusado Andrés Velasco Huanca atentó lo previsto en los arts. 115, 116, 117 y 180 de la CPE, entrando en contradicción con los Autos Supremos 38/2013-RRC de 18 de febrero, 50 de 27 de enero de 2007, además de inobservar los arts. 114 y 414 del CPP, constituyendo defectos absolutos del art. 169 inc. 3) del CPP.


III.1.        La labor de contraste en el recurso de casación.


El art. 416 del CPP, instituye que: “El recurso de casación procede para impugnar autos de vista dictados por las Cortes Superiores de Justicia contrarios a otros precedentes pronunciados por otras Cortes Superiores o por la sala penal de la Corte Suprema”, en esa línea el art. 419 del CPP, establece como formas de resolución de aquel recurso dos supuestos, a saber: “Si existe contradicción la resolución establecerá la doctrina legal aplicable, caso contrario lo declarará infundado y devolverá los antecedentes a la Corte Superior de Justicia. En el primer caso y cuando se deje sin efecto el fallo que motivó el recurso, se devolverán actuados a la sala penal de la Corte Superior que dictó el Auto de Vista recurrido para que pronuncie nueva resolución de acuerdo con la doctrina legal establecida”.


En el caso que este Tribunal llegue a determinar la existencia de la contradicción señalada en el art. 419 del CPP; es decir, contradicción entre la Resolución recurrida en casación y el precedente contradictorio invocado, el art. 420 del CPP, señala que los efectos de la doctrina legal establecida: “…será obligatoria para los tribunales y jueces inferiores y sólo podrá modificarse por medio de una nueva resolución dictada con motivo de otro recurso de casación”, norma que es afín con el inc. 3) del art. 42 de la LOJ, que instituye como atribución de las Salas especializadas del Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo a las materias de su competencia, el sentar y uniformar la jurisprudencia.


La cuestión y el efecto de la doctrina legal a ser sentada por este Tribunal Supremo, contiene íntima y estrecha relación con la garantía constitucional contenida en el art. 119.I de la CPE, que garantiza el ejercicio pleno del principio de igualdad de las partes ante el Juez, dentro de las jurisdicciones del Estado, así como garantizar seguridad jurídica en la predictibilidad de las decisiones de los tribunales y un igual tratamiento jurídico a los ciudadanos. En resumen, la labor de sentar doctrina legal a partir del recurso de casación dentro de la jurisdicción ordinaria, se sintetiza en: a) Respeto a la seguridad jurídica; b) Realización del principio de igualdad; y, c) Unidad y uniformidad en la aplicación del derecho por parte de los servidores judiciales en la jurisdicción ordinaria.


En cuanto, al precedente contradictorio exigido como requisito procesal, de cumplimiento obligatorio a momento de la interposición del recurso de casación, es necesario precisar que el mismo en esencia constituye una cuestión jurídica que ha sido discutida y resuelta anteriormente, la cual puede aplicarse a casos similares, con posterioridad a ese primer pronunciamiento, como vía de solución a la propuesta o reclamo pretendido en casación; vienen a constituir, entonces, criterios interpretativos que han sido utilizados por los entes, que conforman la estructura de la jurisdicción ordinaria en materia penal en el Estado, integrada por los Autos Supremos pronunciados por el Tribunal Supremo y Autos de Vista emitidos por las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia.


Bajo esa línea, la legislación nacional dentro del tercer párrafo del art. 416 del CPP, manifiesta: “Se entenderá que existe contradicción, cuando ante una situación de hecho similar, el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista recurrido no coincida con el del precedente sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance”. En ese ámbito, este Tribunal a través del Auto Supremo 322/2012-RRC de 4 de diciembre, ha puntualizado: “Cuando la norma se refiere a una situación de hecho similar, considera esta Sala que el legislador se refiere a supuestos fácticos análogos, siendo necesario precisar que en materia sustantiva el supuesto fáctico análogo exige que el hecho analizado sea similar; en cambio, en material procesal el supuesto fáctico análogo se refiere a una problemática procesal similar.” (Las negrillas son nuestras).


De ello se concluye que el requisito de invocar un precedente contradictorio dentro del sistema de recursos que el Código de Procedimiento Penal, atinge a señalar a una resolución en específico, ya sea un Auto Supremo y/o un Auto de Vista, que dentro la materia, vislumbre la aplicación de la norma sustantiva o adjetiva a un caso determinado, donde se haya formado un criterio de decisión en un caso anterior, para que posteriormente en función de la identidad o de la analogía entre los hechos del primer caso (precedente contradictorio) y los hechos del segundo caso (resolución impugnada) se proceda a la determinación delegada por Ley a este Tribunal.

III.2. Sobre la obligatoriedad de la doctrina legal aplicable.

El art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.


En este contexto, el recurso de casación previsto en el art. 416 del CPP, procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los ahora Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; siendo la tarea principal de este Tribunal, el de unificar la jurisprudencia a fin de asegurar la vigencia del principio de igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual, evitando de esta manera que se produzca una anarquía en la aplicación de la ley; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la LOJ, que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia.


Asimismo, es importante destacar que la doctrina legal aplicable establecida en los Autos Supremos y que constituye la interpretación de la Ley efectuada por este máximo Tribunal de Justicia, tiene como efecto fundamental su obligatoriedad en cuanto a su cumplimiento; tal como lo prevé el Auto Supremo 322/2013-RRC de 6 de diciembre, que sobre la obligatoriedad de aplicación de la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia por parte de los Tribunales inferiores, señaló: “Bajo la premisa que los actos jurisdiccionales son la vía de materialización de la Ley, se concibe que ésta opere a partir de su puesta en frente ante una situación o problemática de conocimiento de la autoridad jurisdiccional; es decir, la aplicación de la ley, proviene de la interpretación que el juzgador le otorgue para la solución de un hecho en concreto, estableciendo a través de los fallos que emita la relación entre una y otra. En la eventualidad de aplicación divergente de una misma norma en diversos casos o bien que en la resolución de diversos hechos se aplique un alcance distinto de una misma norma, y dada la naturaleza abstracta de la Ley, emerge la necesidad de uniformar criterios de su aplicación, ello en pos de asegurar la igualdad de las partes ante la Ley, forjando un sentimiento colectivo de seguridad jurídica y predictibilidad en la aplicación de la norma. Tales criterios no sólo trascienden ámbitos de índole procesal y sustantivo, sino adquieren vigor y comprensión en los postulados que la propia Constitución Política del Estado sienta, véanse los arts. 119.I, 178.I. Una contingente inobservancia de los parámetros establecidos a partir de la doctrina legal aplicable, vulneraría los principios de celeridad y economía procesal que han sido plasmados en el art. 115.II de la CPE y 3.7 de la LOJ, que establecen que el Estado debe garantizar una justicia sin dilaciones.


El ordenamiento jurídico boliviano en materia penal, establece claramente que los fallos del Tribunal Supremo de Justicia son de cumplimiento obligatorio por los jueces inferiores; en ese sentido, el art. 420.II del CPP, establece como efectos de los fallos emergentes de un recurso de casación que: “La doctrina legal establecida será obligatoria para los tribunales y jueces inferiores y sólo podrá ser modificada por medio de una nueva resolución dictada con motivo de otro recurso de casación, de tal consecuencia que el cumplimiento de los fallos de este Tribunal, no está sujeto o reatado a la circunstancialidad o a la voluntad de las autoridades jurisdiccionales, sino que es el resultado de una estructura procesal recursiva, como de la vigencia de los principios de igualdad, tutela judicial efectiva y seguridad jurídica, que son base de la jurisdicción ordinaria; más aún en el ámbito penal, donde se debate la responsabilidad penal del procesado, que puede generar en su caso, la restricción de su derecho a la libertad o la imposición de una sanción penal.

El art. 419.II del propio CPP, a su turno señala: “Si existe contradicción, la resolución establecerá la doctrina legal aplicable, caso contrario lo declarará infundado y devolverá los antecedentes a la Corte Superior de Justicia. En el primer caso y cuando se deje sin efecto el fallo que motivó el recurso, se devolverán actuados a la Sala Penal de la Corte Superior que dictó el Auto de Vista recurrido para que pronuncie nueva resolución de acuerdo con la doctrina legal establecida; de esta norma, se desprende un entendimiento básico, sin lugar a interpretaciones, que se trata de la insoslayable obligación de parte de Jueces o Tribunales inferiores, de cumplir con los razonamientos jurídicos y la doctrina establecida en un Auto Supremo, ello en la circunstancia que se identifiquen hechos fácticos análogos o similares, así como tal obligación se ve visiblemente amplificada cuando un Auto Supremo deje sin efecto un Auto de Vista recurrido de casación y ordene el pronunciamiento de un nuevo, bajo los entendimiento de la doctrina legal emergente de un Auto Supremo; una omisión de naturaleza contraria a la expuesta, importa incumplimiento directo de la ley, trascendiendo en vulneración también de los principios de tutela judicial efectiva, igualdad, celeridad y economía procesal”. Consecuentemente, ningún juez o Tribunal inferior podrá sustraerse de su cumplimiento bajo ningún motivo, puesto que obrar en contrario implica evidente vulneración a los principios de celeridad y economía procesal constitucionalizados bajo el concepto de justicia pronta, oportuna, transparente y sin dilaciones; y, en caso de evidenciarse su cumplimiento, el Juez o Tribunal será pasible de las responsabilidades que emerjan de tal inobservancia.


III.3.        De la Fijación y Determinación de la Pena.        


La fijación de la pena es una labor no solo de facultad exclusiva de los Jueces o Tribunales de primera instancia, sino también de los Tribunales de segunda instancia, donde en ambos casos, debe otorgarse una adecuada fundamentación de la pena al momento de imponerla o modificarla. Sobre el particular, el Auto Supremo 507 de 11 de octubre de 2007, emitido dentro de un proceso sobre Transporte de Sustancias Controladas, donde se dictó Sentencia condenatoria, apelada esta, por Auto de Vista se determinó la improcedencia de la resolución, fallo que fue dejado sin efecto debido a que al igual que tanto el Tribunal apelación y de Sentencia se limitaron a enunciar circunstancias previstas por los arts. 38 y 40 del CP, pero sin vincularlos a la fijación de la pena, por consiguiente se pronunció la siguiente doctrina legal aplicable: La autoridad judicial al establecer la concurrencia de las circunstancias previstas por los arts. 37, 38, 39 y 40 del Código Penal, debe determinar su incidencia en la fijación de la sanción y no limitarse a una simple enunciación sin aplicación alguna, de modo, que debe establecer fundadamente si las circunstancias consideradas que modifiquen la responsabilidad del autor del delito, operan como atenuantes o agravantes a tiempo de imponer la sanción dentro de los límites previstos por la respectiva norma sustantiva penal”.


En cuanto a la finalidad de las sanciones, este Tribunal de Justicia, en el Auto Supremo 110/2013-RRC de 22 de abril, estableció: “…es necesario señalar que el art. 118.III de la CPE, establece que: El cumplimiento de las sanciones privativas de libertad y las medidas de seguridad están orientadas a la educación, habilitación e inserción social de los condenados, con respeto de sus derechos; a su vez, el párrafo segundo del mencionado artículo señala: La máxima sanción penal será de treinta años de privación de libertad, sin derecho a indulto; dichos preceptos constituyen el marco general constitucional, sobre el cual el legislador impone o define las penas mínimas y máximas para los distintos tipos penales, que a su vez se constituye en el espacio o margen que el legislador otorgó al Juez, para que éste proceda a valorar todas y cada una de las particularidades presentes en el caso a resolver, observando los arts. 37 y siguientes del CP.


La doctrina internacional con autores como Eugenio Raúl Zafaroni en su obra Manual de Derecho Penal, así como la doctrina nacional con Benjamín Miguel Harb, en su obra Derecho Penal Tomo II, distinguen tres etapas en la individualización de la pena: la legal, la judicial y la penitenciaria. En la primera, el legislador valora, desde el marco de la proporcionalidad, la gravedad del ilícito tipificado en un tipo penal y determina la pena aplicable en abstracto. En la segunda, el Juez penal, a la conclusión del proceso y establecida que sea conforme al debido proceso de ley, la responsabilidad penal del autor del hecho, fija la pena al caso concreto, tomando como base el marco punitivo determinado por el legislador. La tercera etapa, denominada ejecución penal, se halla destinada al cumplimiento de los pronunciamientos contenidos en el fallo de una sentencia penal ejecutoriada y se desarrolla por la administración penitenciaria, bajo control jurisdiccional.


Ahora bien, en lo que respecta a la primera etapa de individualización de la pena llamada legal, …en el marco penal, el legislador establece los límites de la pena en el caso individual para cada delitoLas valoraciones sociales respecto de un determinado delito quedan plasmadas dentro de este marco, y en él quedan recogidas, entre otras cosas, las razones de prevención general. Las valoraciones previamente dadas por el legislador, reflejadas en el marco penal, son vinculantes para el juez, quien debe dejar de lado sus propias valoraciones y aplicar las valoraciones legales (segunda etapa) (Determinación Judicial de la Pena - Patricia Ziffer P. y otros autores)”.




III.4. Análisis del caso concreto.


Sobre el motivo en análisis, el recurrente denuncia que el Auto de Vista 15/2017 de 15 de febrero, vulnera el debido proceso en el ámbito de la debida fundamentación, desconociendo el art. 124 del CPP, porque se dispuso la anulación de las Sentencias 14/2013 de 29 de octubre y 16/2013 de 21 de noviembre y sus Autos Complementarios, que en lugar de modificar la pena, anulan las Sentencias y disponen juicio de reenvío por otro Tribunal, existiendo contradicción. Que no se pronunció respecto al quantum de la pena del acusado Andrés Velasco Quispe que de manera incompresible afirmó que estaría dando cumplimiento al Auto Supremo 104/2016-RRC de 16 de febrero, incumpliendo el art. 398 del CPP, ingresando al análisis del recurso de apelación restringida de la defensa, además de incumplir nuevamente lo que el Auto Supremo 510/2014-RRC de 1 de octubre ha establecido, atentando lo previsto en los arts. 115, 116, 117 y 180 de la CPE, entrando en contradicción con los Autos Supremos 38/2013-RRC de 18 de febrero y 50 de 27 de enero de 2007, además de inobservar los arts. 114 y 414 del CPP, constituyendo defectos absolutos del art. 169 inc. 3) del CPP.


El recurrente ha señalado contradicción del Auto de Vista con el Auto Supremo 38/2013-RRC de 18 de febrero, que ha sido emitido dentro un proceso por el delito de Estafa, donde se asumió la siguiente doctrina legal aplicable: “….La determinación judicial de la pena que comprende todo el procedimiento; es decir, la evaluación, decisión y justificación del tipo y la extensión de la pena, tiene líneas de orientación previstas legalmente, de manera que no puede considerarse una cuestión propia de la discrecionalidad del juez. La individualización de la pena está sometida al principio de proporcionalidad recogido por el Código Penal en sus diferentes artículos y a la finalidad de la pena establecida constitucionalmente como la educación, habilitación e inserción social de los condenados, con respeto a sus derechos. En este ámbito, el juez o tribunal que fija una pena tiene la obligación de someterse a dichos principios, correspondiendo al Tribunal de alzada, ante la constatación de su incumplimiento, proceder directamente a la modificación del quantum de la pena, en sujeción a los principios constitucionales y procesales, en ejercicio de la facultad reconocida por el art. 414 del CPP, considerando los siguientes criterios para la fijación de la pena: a) La personalidad del autor, el cometido que la ley penal boliviana asigna al juez de apreciar la personalidad del autor, es una tarea compleja; aunque debe reconocerse que el Código Penal en los arts. 37 y 38 (atender la personalidad del autor) no exige la realización de un diagnóstico científico "de la personalidad", sino un perfil de la personalidad, vinculado al hecho concreto para aplicar la pena en la dimensión que corresponda a esa persona concreta e individual, distinta a los demás seres humanos. De tal manera que el reproche jurídico que merezca su comportamiento, guarde armonía con el hecho, su personalidad y las circunstancias. La edad, es un factor que, dependiendo del caso, puede operar como agravante o atenuante. En cuanto a la educación, por regla general como circunstancia agravante, pues el reproche será mayor cuando el autor ha tenido acceso a la educación y, por lo tanto, ha disminuido su vulnerabilidad al sistema penal. En similar sentido opera la posición económica, sobre todo en los casos vinculados a delitos económicos. La vida anterior libre de sanciones penales no se debe tomar sin más como atenuante para la determinación de la pena. Lo que sí debe considerarse como factor de atenuación, es que el autor haya desarrollado hasta la comisión del hecho punible una vida ordenada y acorde al derecho, de tal manera que el hecho delictivo signifique una notoria contracción con su conducta anterior. Respecto a la conducta posterior, debe tomarse en cuenta como factor para la fijación de la pena, el esfuerzo del autor por reparar el daño causado. También puede apreciarse como favorable la conducta del procesado en el proceso penal, cuando: i) Se haya entregado a la autoridad policial o judicial voluntariamente, pese a haber contado con la posibilidad de una fácil huida, o tener la posibilidad de no ser descubierto, y, ii) La confesión que manifieste arrepentimiento, o bien que haya ayudado significativamente al establecimiento de la verdad mediante su declaración. Sin embargo, la sola falta de arrepentimiento o confesión no puede valorarse para hacer más rigurosa la sanción. Ahora bien, si la confesión no es tal, sino un intento de lograr la impunidad y si el "arrepentimiento" no es sincero, sino una manera de procurar un trato benigno de los jueces, cuando se sabe, por la prueba, que no hay forma alguna de eludir la acción de la justicia, los jueces deben examinar ese dato como parte de las manifestaciones defensivas, pero deben ignorarlo al momento de fijar la pena, pues ni las mentiras, ni las falsas actitudes del acusado constituyen un factor que deba perjudicarlo cuando se decida sobre la sanción a imponer.La reparación del daño, consiste fundamentalmente en aliviar las consecuencias materiales del hecho delictivo son también factor de atenuación; empero, también pueden tener un efecto atenuante de la pena, los actos que denoten voluntad de reparar. La extensión del daño causado debe ser delimitada sólo para aquello que tenga vinculación con el hecho típico, directamente. Además, debe tenerse en cuenta que no es necesaria la concurrencia de todas las circunstancias descritas, pues dependerá de cada caso concreto. b) La mayor o menor gravedad del hecho, que tiene que ver con lo previsto por el art. 38 inc. 2) del CP; es decir, la naturaleza de la acción, los de los medios empleados, la extensión del daño causado y del peligro corrido. c) Circunstancias y las consecuencias del delito, que también deben ser consideradas en el caso concreto. La fundamentación de la fijación de la pena es inexcusable, en este ámbito la exigencia de fundamentación que debe satisfacer la sentencia condenatoria en el proceso de individualización de la pena, obliga al juez a observar los parámetros descritos por el legislador; por lo tanto la resolución debe contener un razonamiento capaz de dar cuenta de que se consideraron dichos parámetros de tal modo que a través de la exposición razonada del juez o tribunal se pueda evidenciar que su resolución se ha fundado en parámetros legales, y no es fruto de la apreciación estrictamente personal o arbitraria al efecto debe explicar cómo aplicó la pena, en término considero las previsiones de los arts. 37, 38 y 40 del CP, al caso concreto y qué atenuantes y agravantes tomo en cuenta para establecer la sanción dentro de los límites legales…”. En el mismo sentido ha resuelto el precedente invocado en el Auto Supremo 50/2007 de 27 de enero, atestando que: “... (…) Es facultad del Tribunal de alzada, ante la evidencia de que concurren en el fallo de mérito errores u omisiones formales que se refieran a la imposición o el cómputo de penas, modificar directamente el quantum observando los principios constitucionales y procesales (…)”.


Ambos precedentes establecen los parámetros que las autoridades judiciales deben plasmar al momento de realizar la ponderación de atenuantes, agravantes y circunstancias individuales, contextuales y procesales, para aplicar la sanción penal, al igual que el precedente citado en la presente resolución (Auto Supremo 507/2007 de 11 de octubre), constatándose además- que dichos precedentes son análogos a los defectos denunciados del Auto de Vista impugnado; que si bien, se reconoce que dichos criterios no están enmarcados taxativamente en la norma penal; empero, no es motivo para que las autoridades judiciales, ponderen la pena de manera discrecional, sino bajo estos cánones trazados por la jurisprudencia ordinaria; de la cual resalta un aspecto que es importante mencionar, analizando el caso particular del recurso de casación, el cual está relacionado con la facultad de los Tribunales de alzada al momento de resolver precisamente las cuestiones atinentes a la imposición de la pena, relativa a la reparación directa, al identificarse la falta de fundamentación de la pena, que sobre la cuestión, tal como lo ha dejado sentado la doctrina legal aplicable precitada y desglosada, no es necesario que al momento de realizar una nueva ponderación de la imposición de la pena, sea para ratificar la impuesta por el Tribunal de mérito, o modificar la pena ya determinada, el Tribunal de alzada tenga que disponer el reenvío del juicio, siendo que considerándose el defecto de la Sentencia sobre la imposición de la pena, se concibe como un defecto de errónea aplicación de la Ley sustantiva [art. 370 inc. 1) del CP], donde no se debaten hechos ni aspectos subjetivos tratados en el juicio oral, sino simplemente un aspecto normativo, sobre el que no es necesaria la reposición del juicio, cuando la propia doctrina legal aplicable ha previsto que ante esta situación, el Tribunal de alzada puede reparar directamente el defecto sobre la imposición de la pena sin mayor dilación, en aplicación estricta de la tutela judicial efectiva, el principio de celeridad y el principio de legalidad, en búsqueda de una correcta labor de impartir justicia.


Siendo así, de antecedentes se puede identificar que la presente causa en casación, ha sido producto de los Autos de Vista 32/2014 de 11 de abril, 06/2015 de 28 de enero y 15/2017 de 15 de febrero, sobre los cuales se han emitido los Autos Supremos 510/2014-RRC de 1 de octubre y 104/2016-RRC de 16 de febrero; es decir, que a la fecha la causa ha corrido reenvío por tres veces consecutivas, donde el Tribunal de alzada, no habría dado cumplimiento cabal y exacto a la doctrina legal aplicable establecida por los precedentes también invocados- establecidos en los mencionados Autos Supremos, los cuales han señalado que: “……Revisada la Sentencia, que al igual que el Auto de Vista impugnado, fue transcrita en lo pertinente, se evidencia que efectivamente, el fallo de mérito incurrió en errónea aplicación de la Ley sustantiva, por cuanto, se limitó a enunciar las circunstancias señaladas en la norma punitiva, omitiendo vincularlas al caso en concreto, estableciéndose así, la necesidad de que el Tribunal de apelación, con la facultad conferida por el art. 414 del CPP, proceda a rectificar el yerro, como pretendió hacerlo; sin embargo, en ese intento, incurrió en el mismo error que el Tribunal de Sentencia, pues se limitó a señalar la edad del imputado, su educación, etc., sin establecer de qué manera, cada una de ellas se constituía en agravante o atenuante, es decir, de qué manera la edad del imputado influyó positiva o negativamente en la imposición de la pena, labor que debió realizar con cada una de las circunstancias tenidas como probadas en la Sentencia y que pudieron tener su incidencia en la fijación de la pena, así como tampoco estableció, ante la comprobación de la participación del imputado en dos ilícitos, la aplicación de concurso de delitos, situación en la cual se reitera es imprescindible observar las reglas de fijación de la pena, pues conforme fue expresado en la doctrina legal citada en los fundamentos de este fallo, corresponde a quien imponga una pena privativa de libertad, expresar las razones o motivos que demuestren de forma clara el porqué del decisorio, para lo cual, la fundamentación jurídica de la Sentencia debe estar inexcusablemente apoyada en la normativa legal vigente que ataña y motiva con explicación del porqué corresponde aplicar dicha normativa e imponer la sanción impuesta al caso en concreto, siempre tomando en cuenta los fines de la pena y toda circunstancia modificatoria de la responsabilidad penal……” (Auto Supremo 510/2014-RRC de 1 de octubre). Asimismo se estableció que: “……el Tribunal de alzada pronunció el Auto de Vista impugnado, de cuyo contenido se observa objetivamente el incumplimiento al citado Auto Supremo emitido en la causa, pues no sólo omite fundamentar la decisión de rebajar la pena del acusado Andrés Velasco Quispe, sino que ingresa a analizar nuevamente todos los motivos denunciados en el recurso de apelación restringida formulado por los imputados, siendo que esas cuestiones además de haber sido resueltas por el mismo Tribunal al emitir el Auto de Vista 32/2014 de 11 de abril y cuestionadas por los imputados a través del recurso de casación, quedaron inalterables como consecuencia de la decisión adoptada por este Tribunal de declarar inadmisible el recurso de casación formulado por los imputados, mediante Auto Supremo 308/2014-RA de 9 de julio, por lo que el Tribunal de apelación no podía retrotraer y resolver nuevamente esos motivos, desconociendo la secuencia de resoluciones judiciales emitidas en la causa. (…) el Tribunal de alzada soslayó la obligación contenida en el art. 420 párrafo segundo del CPP, al analizar de manera oficiosa todos los motivos del recurso de apelación restringida, omitiendo cumplir con los razonamientos expuestos en el Auto Supremo 510/2014-RRC, destinados sólo a considerar los principios constituciones, procesales y lo establecido en los arts. 37, 38, 39 y 40 del CP, a través de la fundamentación y motivación de los aspectos o circunstancias que agravan o atenúan la pena de Andrés Velasco Quispe, resultando incorrecta por lo tanto la decisión de disponer el reenvío de la causa emergente de la anulación de la sentencia, en detrimento del principio de economía procesal (…)” (Auto Supremo 104/2016-RRC de 16 de febrero).


Los precedentes invocados en el recurso de casación así como los Autos Supremos emitidos dentro el proceso penal, en resumen, han ahondado en la debida fundamentación de la pena que los Jueces y Tribunales deben observar, que ante la modificación de la misma hecha por el Tribunal de alzada, respecto a la impuesta en Sentencia al imputado Andrés Velasco Quispe, se ha dejado claramente establecido que al instante de resolver el Auto de Vista, el Tribunal de alzada tenía que disponer y fundar adecuadamente la pena, sin necesidad de reenvío y sin pronunciarse nuevamente sobre las apelaciones restringidas de los acusados, las que han causado estado al momento en que los recursos de casación interpuestos por estos no merecieron pronunciamiento de fondo alguno, debatiéndose únicamente en casación los argumentos planteados por el acusador particular. Empero, tal como se ha demostrado por los precedentes establecidos en los Autos Supremos 510/2014-RRC de 1 de octubre y 104/2016-RRC de 16 de febrero, el Tribunal de alzada ha ingresado en los mismos errores, ya resueltos y delineados por dichos precedentes, en contraposición a los precedentes citados también- en los Autos Supremos 38/2013-RRC de 18 de febrero y 50/2007 de 27 de enero, incumpliendo el Tribunal de alzada la doctrina legal aplicable, inobservándose el Auto Supremo 322/2013-RRC de 6 de diciembre, sobre la obligatoriedad de aplicación de la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, máxime, si ésta doctrina legal es emitida dentro de la propia causa penal en casación.


Entonces, de la revisión de todos los Autos de Vista emitidos dentro el presente proceso penal, en primera instancia, se denota que al momento de resolver las cuestiones denunciadas por los acusados, el Tribunal de alzada se pronunció en cada resolución, resolviendo de diferente manera los mismos aspectos cuestionados en la apelación restringida de los imputados, cuando tal como lo ha establecido el Auto Supremo 104/2016-RRC de 16 de febrero, tales cuestiones quedaron inalterables; identificándose el primer elemento incumplido por el Tribunal de alzada en desobediencia a la doctrina legal aplicable establecidos por los Autos Supremos 510/2014-RRC de 1 de octubre y 104/2016-RRC de 16 de febrero, que de manea incompresible se ha llegado a identificar en la actitud asumida por el Tribunal de alzada, una flagrante inobservancia del art. 420 última parte del CPP, generando inseguridad jurídica y vulnerando el principio de tutela judicial efectiva.


En segunda instancia, respecto al quantum de la pena de Andrés Velasco Quispe, se ha identificado, que mediante Auto de Vista 32/2014 de 11 de abril, el Tribunal de alzada modificó la pena impuesta en Sentencia de 10 años de presidio a 5 años de reclusión; a lo que mediante Auto Supremo 510/2014-RRC de 1 de octubre, previa inadmisión del recurso de los imputados y admisión del recurso de la víctima, se dejó sin efecto el Auto de Vista impugnado, únicamente para que se fundamente adecuadamente la reducción de la pena que resolvió el Tribunal de alzada; es así que posteriormente se emite el Auto de Vista 06/2015 de 28 de enero, que de manera innecesaria, ingresa a resolver la apelación restringida de los imputados, además que señala de manera totalmente incongruente y fuera de los cánones de una correcta administración de justicia, que el Tribunal de alzada se encontraría impedido de reparar directamente la falta de fundamentación de la Sentencia sobre la pena, desconociendo el precedente emitido por el Tribunal Supremo de Justicia (origen del reenvío) y la amplia jurisprudencia existente al respecto, por lo cual, ante el recurso de casación de la víctima, nuevamente se deja sin efecto el segundo Auto de Vista impugnado mediante Auto Supremo 104/2016-RRC de 16 de febrero, al llegarse a identificar estos errores de juzgamiento en los que incurre nuevamente el Tribunal de alzada, además de reiterarse la falta de fundamentación de la pena; a lo que se dispone el reenvío de la causa nuevamente para que el Tribunal de alzada, dé correcto cumplimiento a los precedentes ya sentados por el Tribunal Supremo de Justicia dentro del caso de autos; emitiéndose el Auto de Vista 15/2017 de 15 de febrero, en el cual, de su revisión se observa, de manera incomprensible, irascible e incongruente, que el Tribunal de alzada nuevamente se pronuncia, exponiendo nuevos argumentos sobre la apelación restringida de los imputados, a pesar que mediante dos Autos Supremos (ya citados) se había limitado la forma de resolución que debían asumir en alzada los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal de Justicia de La Paz; incurriendo en un defecto de procedimiento por la incorrecta aplicación del art. 420 última parte del CPP.


En lo que respecta a los fundamentos centrales del recurso de casación, referido precisamente al incumplimiento de los precedentes emitidos en autos, plasmados en los Autos Supremos 510/2014-RRC de 1 de octubre y 104/2016-RRC de 16 de febrero, donde se puede identificar por más de reiterada ocasión, que el Tribunal de alzada, si bien fundamenta la imposición de la nueva pena establecida para Andrés Velasco Quispe, no lo hace de manera completa y coherente; completa porque no toma en cuenta ni fundamenta por qué se aplicaría la pena de 5 años de reclusión, cuando se tienen existentes delitos concursales al haber sido declarado autor de dos tipos penales, lo cual en definitiva influye en el quantum de la pena, debiendo ser observado este indicador para poder fundar una nueva pena, tal como se ha señalado en el Auto Supremo 510/2014-RRC de 1 de octubre, por lo que sobre este precedente, se puede observar su contradicción con el Auto de Vista, al no dar cumplimiento al parámetro de análisis fijado con anterioridad. Asimismo, continuando con la revisión de los fundamentos de la pena que deduce el Tribunal de alzada, ésta es incoherente, porque se ha obviado la aplicación del principio de proporcionalidad y la finalidad de la pena, al no haber el Tribunal de alzada,  valorado la mayor o menor gravedad del hecho, así como las circunstancias y consecuencias del delito, que también debieron ser consideradas por el Tribunal al momento de fundar la nueva pena a imponerse al acusado Andrés Velasco Quispe, conforme lo ha señalado el precedente establecido en el Auto Supremo 38/2013-RRC de 18 de febrero; siendo por ello -también-, el Auto de Vista 15/2017 de 15 de febrero contradictorio con este precedente, inobservando las previsiones del art. 124 del CPP.


Consiguientemente, continuando con la labor de contrastación, se ha identificado en el Auto de Vista 15/2017 de 15 de febrero, que posterior a realizar la incoherente e incompleta fundamentación de la pena, el Tribunal de alzada, incurre en una nueva falacia argumentativa, al momento de aplicar el art 414 del CPP, identificándose contradicción en la parte considerativa con la parte resolutiva, por ser que el Tribunal de alzada, luego de fundamentar la reducción de la pena, resuelve la necesidad de disponer el reenvío de la causa para que sobre este aspecto se pronuncie y valore otro Tribunal en una nueva Sentencia, a pesar de que en su labor de logicidad, ya determinó la nueva pena a imponerse. Sobre el particular, el art. 414 del CPP es claro al respecto: “….Los errores de derecho en la fundamentación dela resolución impugnada que no haya influido en la parte dispositiva, no la anularán, pero serán corregidos en la nueva Sentencia, así como los errores u omisiones formales y los que se refieran a la imposición o el cómputo de penas. Asimismo, el Tribunal, sin anular la Sentencia recurrida, podrá realizar una fundamentación complementaria…”. Entonces, el procedimiento no permite anular la Sentencia, es decir el reenvío, cuando los aspectos resueltos, modifiquen o complementen la Sentencia recurrida, sin alterar el fondo del asunto sometido a juicio, pudiendo por ello, todo Tribunal de alzada, reparar directamente tales falencias identificadas en primera instancia, lo que en definitiva no ha observado el Tribunal de alzada, considerando que los Autos Supremos 110/2013-RRC de 22 de abril, 50/2007 de 27 de enero y 104/2016-RRC de 16 de febrero, han establecido de manera clara que en cuanto a la fundamentación de la pena, el Tribunal de alzada puede obrar su corrección de manera directa, sin necesidad de disponer el reenvío de la causa, en atención precisamente al art. 414 del CPP, constituyéndose el Auto de Vista impugnado, en contradictorio a los precedentes invocados por el recurrente, así como a los citados en la presente resolución, debiendo el Tribunal de alzada dar correcto cumplimiento a la norma procesal penal y a los precedentes desglosados para así emitir una resolución acorde a derecho, respetando el principio de congruencia, como componente del debido proceso, que forma parte de los requisitos que deben cumplir los Tribunales de alzada, a fin de emitir una resolución fundamentada, cumpliendo los parámetros ya establecidos en el Auto Supremo 210/2015-RRC de 27 de marzo, señalando que: “Es importante que en el análisis de las circunstancias alegadas, para una mejor comprensión, el Tribunal realice una reseña de los hechos denunciados en contra de la Sentencia (motivos del recurso), sin que ello signifique todo el argumento del fallo, sino debe tener el debido cuidado de estructurar la Resolución, de forma tal que contenga: i) el objeto de impugnación (motivos del recurso); ii) las consideraciones argumentativas que servirán de sustento a la decisión final, es decir, fundamentación (normativa legal, doctrinal o jurisprudencial que respalda el fallo) y motivación (explicación clara, específica, completa, legítima y lógica del porqué la normativa o doctrina es aplicable al caso en concreto); iii) las conclusiones, que deben ser el fruto racional del análisis de las cuestionantes denunciadas, contrastadas con las actuaciones cursantes en el proceso y la normativa aplicable citada en el fallo, finalmente; iv) la parte resolutiva o dispositiva que debe ir en coherencia con lo analizado y las conclusiones arribadas (congruencia interna).. Por ello, considerando que es evidente la contradicción entre la parte resolutiva con la considerativa, siendo que al momento de resolver fundar la pena, no es necesario disponer el reenvío de la causa, ya que el Tribunal de mérito obró de manera contraria e incongruente, incurriendo en una falencia de congruencia interna, conforme lo señala el precitado precedente, por lo que corresponde que el Tribunal de alzada, resuelva acorde a los fundamentos del presente fallo y los precedentes contradictorios la correcta fundamentación de la pena, sin necesidad de anular la Sentencia y disponer el reenvío y reposición del juicio.


Concluyendo, por todos los argumentos expuestos, la doctrina legal sentada en la presente resolución; y las falencias argumentativas y legales que afectan el decisum del Auto de Vista, se tiene por fundado el recurso de casación del acusador particular, conminando a los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justica de La Paz, dar exacto, cabal y correcto cumplimiento a la doctrina legal aplicable impuesta por este Tribunal Supremo de Justicia y la ex Corte Supremo de Justicia, así como a los precedentes ampliamente glosados y explicados en el suscrito Auto Supremo, para su cumplimiento de acuerdo al art. 420 última parte del CPP, observando las reglas previstas en los arts. 124 y art. 414 del CPP de manera inexcusable, no habiendo óbice alguno para que el Tribunal de alzada se aparte de dichos entendimientos y normas procesales de cumplimiento obligatorio, debiendo evitar generar afectaciones a la celeridad y la economía procesal; sea bajo responsabilidad personal de reiterarse tales conductas que mellan la correcta administración y la potestad fiel de impartir justicia, correspondiendo, dejar sin efecto el Auto de Vista 15/2017 de 15 de febrero.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara FUNDADO el recurso de casación interpuesto por Wilson Velasco Huanca, de fs. 945 a 963 vta., bajo los alcances establecidos en la presente Resolución; y por consiguiente, con los fundamentos expuestos precedentemente; y en aplicación del art. 419 del CPP, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 15/2017 de 15 de febrero, disponiendo que la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, previo sorteo y sin espera de turno, pronuncie una nueva resolución en conformidad a la doctrina legal establecida en la presente resolución.


A los efectos de lo previsto por el art. 420 del CPP, hágase conocer mediante fotocopias legalizadas el presente Auto Supremo a los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, para que por intermedio de sus Presidentes, pongan en conocimiento a los Jueces en materia penal de su jurisdicción.


En aplicación del art. 17.IV de la LOJ, por secretaría de la Sala comuníquese el presente auto supremo al Consejo de la Magistratura.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos