TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 336/2018-RRC

Sucre, 18 de mayo de 2018


Expediente                        : La Paz 63/2017        

Parte Acusadora                : Justo Germán Quispe Huanca y otros

Parte Imputada                : Ricardo Huaranca Perca

Delitos                                : Apropiación Indebida y otros

Magistrado Relator        : Dr. Edwin Aguayo Arando


RESULTANDO


Por memorial presentado el 3 de febrero de 2017, cursante de fs. 615 a 623 vta., Ricardo Huaranca Perca, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 112/2016 de 28 de noviembre de fs. 587 a 591, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por Justo Germán Quispe Huanca, Arturo Quispe Pucho y Tomás Pacasi Alcón contra el recurrente, por la presunta comisión de los delitos de Apropiación Indebida, Abuso de Confianza y Agravación y Atenuación, previstos y sancionados por los arts. 345, 346 y 349 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


  1. Por Sentencia 211/2015 de 7 de diciembre (fs. 500 a 502 vta.), el Juez Segundo de Partido y Sentencia de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a Ricardo Huaranca Perca, “INOCENTE”; por ende, absuelto de pena y culpa por la comisión de los delitos de Apropiación Indebida, Abuso de Confianza y Agravación y Atenuación, previstos y sancionados por los arts. 345, 346 y 349 del CP, ordenando la cesación de todas las medidas de carácter personal y real.


  1. Contra la mencionada Sentencia, los acusadores particulares Justo Germán Quispe Huanca, Arturo Quispe Pucho y Tomás Pacasi Alcón, interpusieron recurso de apelación restringida (fs. 562 a 566 vta.), que fue resuelto por Auto de Vista 112/2016 de 28 de noviembre, emitido por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que declaró procedente el mencionado recurso y anuló la Sentencia apelada, disponiendo la reposición del juicio por otro Juzgado más próximo, motivando la interposición del presente recurso de casación.


I.1.1. Motivos del recurso de casación.


Del memorial de recurso de casación y Auto Supremo 837/2017-RA de 31 de octubre, se extraen los motivos a ser analizados en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


  1. Falta de fundamentación y motivación en el Auto de Vista.


El recurrente alega que la Resolución ahora impugnada, además de no haberse pronunciado respecto a los incs. 1) y 6) del art. 370 del CPP, planteados en recurso de apelación restringida, habiendo sólo realizado en relación al inc. 5) del mencionado artículo, indica que se limitó a señalar que existió falta de valoración de las pruebas, contradicción entre la parte considerativa y la dispositiva por los términos utilizados de “absuelto” e “inocente” que le deja en “PENUMBRAS” (sic), porque de acuerdo al Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Ciencias Sociales, ambos términos refieren el mismo concepto “LIBRE DE CULPA” (sic); por lo que el Auto de Vista carece de fundamentación, motivación y congruencia. Asimismo, argumenta que la Resolución recurrida, no fundamentó si existió defecto absoluto, mucho menos si la anulación de la sentencia es total o parcial, limitándose a señalar que anula la Sentencia, ordenando la reposición del juicio.


Como precedente contradictorio, invoca el Auto Supremo 442 de 10 de septiembre de 2007, alegando que la Resolución ahora impugnada, sólo estableció que existe falta de valoración de la prueba, sin señalar qué pruebas no se habría tomado en cuenta; además, de reiterar lo señalado en párrafo precedente. Asimismo, hace alusión a los Auto Supremo 418/2006 de 10 de octubre, argumentando finalmente que el Auto de Vista, no estableció de manera objetiva si la Sentencia incurrió en defecto absoluto o relativo, menos si se violó derechos y garantías constitucionales.


Asimismo, respecto a la supuesta falta de valoración de la prueba, hace referencia al Auto Supremo 214 de 28 de marzo de 2007, alegando que para demostrar la violación a las reglas de la sana crítica, es preciso que la motivación de la sentencia esté fundada en un hecho no cierto, que invoque afirmaciones imposibles o contrarias a las leyes de la lógica, la ciencia o que se refiera a un hecho que sea contrario a la experiencia común, que analice arbitrariamente un elemento de juicio o que el razonamiento se haga, sobre pruebas que demuestren cosa diferente a las que se tiene como cierta; pero que el Tribunal de alzada a momento de emitir su fallo, debió considerar si corrían estos presupuestos para declarar procedente o no el recurso; aspecto que, no sucedió en el caso de autos. También indica que respecto a falta de valoración de la prueba y si corresponde la anulación total o parcial de Sentencia, que el Auto Supremo 515/2006 de 16 de noviembre, señaló doctrina legal aplicable, transcribiendo parte del mismo, para posteriormente alegar que el Tribunal de apelación debió fundamentar qué presupuesto no se advirtió en la Sentencia sobre la valoración de la prueba, porque no explica si concurrió la falta de procedimiento lógico, razonabilidad, valorativo o teleológico, menos puntualizó que la Sentencia se anuló de forma total o parcial.


  1. Principio de congruencia.


El recurrente después de invocar como precedentes contradictorios, los Autos Supremos 417 de 19 de agosto de 2003 y 141 de 22 de abril de 2006, alega que el Auto de Vista debió circunscribirse a los puntos denunciados y que tenía la obligación de resolver cada uno de ellos, como los que fueron de fundamento en el recurso de apelación en relación al art. 370 incs. 1), 5) y 6) del CPP, fundamentando, si son evidentes o no esos reclamos, pero que “NO FUERON RESUELTAS POR EL TRIBUNAL DE ALZADA” (sic). Al respecto, a fs. 619 el recurrente señala que el Auto de Vista impugnado dio la razón al recurso de apelación, respecto del defecto del art. 370 inc. 5) del CPP, sin haberse pronunciado respecto a los otros supuestos de los incs. 1) y 6) del mismo artículo, que le dejó en incertidumbre jurídica sobre los puntos planteados en el recurso, vulnerando el principio de la seguridad jurídica y el debido proceso. Asimismo, en la parte subtitulada como fundamento de derecho y petitorio, el recurrente alega que el Auto de Vista impugnado violó derechos y principios, entre los que hace referencia al principio de congruencia, incurriendo en actividad procesal “DEFECTUOSA ABSOLUTA”.


I.1.3. Petitorio.


El recurrente solicita que se deje sin efecto el Auto de Vista impugnado, disponiendo que se dicte nuevo fallo de acuerdo a la doctrina legal establecida en la presente casusa.

I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 837/2017-RA de 31 de octubre, cursante de fs. 641 a 644, este Tribunal admitió el recurso de casación formulado por Ricardo Huaranca Perca, para el análisis de fondo de los motivos identificados precedentemente.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación y precisado el ámbito de análisis del recurso, se establece lo siguiente:


II.1.        De la Sentencia.


Por Sentencia 211/2015 de 7 de diciembre, el Juez Segundo de Partido y Sentencia de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a Ricardo Huaranca Perca, “INOCENTE”; por ende, absuelto de la comisión de los delitos de Apropiación Indebida, Abuso de Confianza y Agravación y Atenuación, previstos y sancionados por los arts. 345, 346 y 349 del CP, ordenando la cesación de todas las medidas de carácter personal y real, en base a los siguientes argumentos:


  1. Refiere que para la existencia del delito de Apropiación Indebida, consiste en el acto de apropiarse para sí o a su favor de un tercero, bienes, objetos o valores, de los cuales el actor tuviese ilícita posesión, pero que no solamente no los entrega y/u omite devolverlos, sino que además se los apropia cual si fuera dueño sin tener potestad para hacerlo, conducta que no se subsume al tipo penal acusado.


  1. Respecto del delito de Abuso de Confianza, señala que el mismo es un delito patrimonial, por el que el sujeto activo, emplea la confianza brindada a su favor para descuidar a la víctima y de esta forma aprovecharse de sus bienes y de su patrimonio. La condición objetiva de antijuridicidad es aprovecharse o valerse de la confianza dispensada. Extremo que no se adecua al acaso de autos.


  1. Con relación a la Agravación y Atenuación, señala que en los casos de los arts. 345 y 346 y 348, la pena será aumentada en un tercio, cuando el autor hubiere recibido la cosa en depósito necesario, como tutor, curador, sindico, liquidador, inventariante, albacea, testamentario o depositario judicial o en razón de su oficio, empleo o profesión y atenuación en un tercio, si el autor solo hubiere hecho uso indebido de la cosa recibida en los casos anteriores. Aspecto que, no se adecua al presente caso al no haberse dado los hechos delictivos de Apropiación Indebida y Abuso de Confianza.


  1. Por las razones anotadas se establece que la conducta del acusado no se adecua a los tipos penales de Apropiación Indebida, Abuso de Confianza y Agravación y Atenuación. Correspondiendo dictar Sentencia Absolutoria.


II.2.  De las apelaciones restringidas.


Contra dicha Sentencia los acusadores particulares Justo Germán Quispe Huanca, Arturo Quispe Pucho y Tomás Pasaci Alcón, interpusieron recurso de apelación restringida, bajo los siguientes argumentos:


  1. Señalan que existió errónea aplicación de la Ley sustantiva comprendida en el art. 370 inc. 1) el CPP, particularmente por la incorrecta aplicación de los art. 345 y 346 del CP.


  1. La Sentencia incurrió en el defecto de previsto por el art. 370 inc. 5) del CPP; es decir, que realizó una fundamentación insuficiente y contradictoria.


  1. De la misa manera señala que la Sentencia incurrió en el defecto previsto en el art. 370 inc. 6) del CPP, al haber realizado valoración defectuosa de la prueba.


  1. Refiere que el Juez de mérito, admitió prueba extraordinaria defectuosa ofrecida por el acusado, después de producida toda la prueba, incumpliendo lo establecido por el art. 335 del CPP inc. 1) del CPP, porque efectivamente no se dispuso la suspensión del proceso como indica la norma legal citada y la jurisprudencia comprendida en el Auto Supremo 92 del 28 de marzo de 2013.


II.3.  Del Auto de Vista Impugnado.


La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió el Auto de Vista 112/2016 de 28 de noviembre, declarando procedente el mencionado recurso y anuló la Sentencia apelada, disponiendo la reposición del juicio por otro Juzgado más próximo, en base a los siguientes aspectos:

  1. Con relación a la prueba extraordinaria que la parte acusada produjo en audiencia de juicio oral, es necesario aclarar en primer lugar que la Ley a través del art. 335 del CPP, se establece que las situaciones que constituyen una excepción de la continuidad de la audiencia de juicio oral y esta proseguirá cuando se haya superado tales situaciones, así lo respaldaría la Sentencia Constitucional 0279/2004-R, las partes pueden ofrecer o producir pruebas durante el desarrollo del juicio (prueba extraordinaria), las cuales serán debatidas en audiencia a objeto de su admisión o rechazo, en el presente caso como se puede evidenciar del acta de audiencia de juicio oral de 26 de noviembre de 2015, en la cual se hizo la inspección ocular en presencia de las partes el cual también fue debatido generando prueba que usó la parte acusada y que ésta no se opuso la acusación particular; consiguientemente, el Tribunal de alzada sostuvo que se convalidó el acto por lo que no existiría la ilegalidad aducida, más aún cuando no se solicitó la exclusión probatoria.


  1. Que, la parte apelante reclama la falta de valoración probatoria respecto a la prueba documental y testifical, por lo que realizando un control de legalidad de la Sentencia emitida por el Juez A quo, se advierte que los reclamado resulta ser evidente y efectivamente no se ha otorgado un valor probatorio a cada prueba judicializada; ya que, sea positiva o negativamente se debe otorgar el valor correspondiente, a lo cual se invoca el Auto Supremo 354/2014-RRC de 30 de julio, que estableció dos momentos en los cuales el Tribunal de origen debe exponer la fundamentación probatoria dentro de la decisión a la que arribe, en primer lugar, se tiene la fundamentación probatoria descrita por la que la Sentencia debe contener la enunciación del hecho y circunstancias que han sido objeto del juicio; es decir, la relación de hecho que dieron origen al proceso, además de todas las circunstancias probadas, las que exclusivamente deben encontrarse apropiadamente sustentadas por los medios de prueba y en segundo momento se debe consignar la fundamentación probatoria intelectiva cuando el Tribunal de origen debe asignar el valor correspondiente a cada uno de los medios de prueba aplicando la sana critica, justificando y fundamentando adecuadamente las razones por las que les otorga un determinado valor ya sea negativo, positivo, relevante irrelevante, útil o pertinente; sin embargo, la determinación de origen carece de fundamentación probatoria que se señaló anteriormente.


  1. En cuanto, a los defectos inmersos en la Sentencia se tiene con relación al art. 370 inc. 5) del CPP, respecto a que no existiera fundamentación de la Sentencia o que sea insuficiente o contradictoria, se evidencia que la misma, objeto de apelación carece de fundamentación; toda vez, que se encuentra en contradicción entre la parte considerativa y la resolutiva, puesto que el Tribunal A quo, en la Sentencia recurrida no ha guardado congruencia ya que con relación a la misma en el punto V. “Motivos y fundamentos de derecho”, hace una simple relación de la parte considerativa y consignan escuetos argumentos que pasarían a formar la parte de la fundamentación jurídica; además, que textualmente señala ”Correspondiendo dictar sentencia absolutoria”, entrando en contradicción con el resultado final de dicha resolución que declaró inocente al acusado; asimismo, de la presente Sentencia se evidencia una clara ausencia de fundamentación; ya que, no se estableció con precisión como la conducta del acusado no se adecuaría a los tipos penales establecidos simplemente se limita a hacer una transcripción de los arts. 345, 346 y 349 del CP, teniendo en cuenta que simplemente argumenta que la conducta no se adecua, sin hacer una análisis efectivo de los tipos penales, tampoco hace referencia a jurisprudencia legal aplicable al caso concluyendo que el Tribunal A quo, ha cometido una inobservancia que vulnera el principio de seguridad jurídica derivada del debido proceso.


  1. En consecuencia, concluyó que la motivación y/o fundamentación resulta insuficiente y contradictoria al no compulsar correctamente, todos los elementos probatorios desarrollados en el presente caso, incurriendo de esta manera en el defecto inmerso en el art. 370 inc. 5) del CPP.


  1. Con todo lo expuesto anteriormente se establece que la autoridad judicial A quo, al emitir la Sentencia no cumplió con lo establecido por el art. 124 del CPP, sin tener en  cuenta que las resoluciones judiciales deben demostrar el convencimiento a los sujetos procesales respecto a los argumentos expuestos en la Sentencia, ya sea la misma absolutoria o condenatoria, realizando un debido razonamiento explicando lógica, explicita y detalladamente el por qué esta autoridad judicial adoptó una decisión.



III. VERIFICACIÓN DE LA PROBABLE CONTRADICCIÓN DEL PRECEDENTE INVOCADO.

En el recurso de casación plateado se denuncia que: 1) En este motivo denuncia que: a) Falta de fundamentación del Auto de Vista impugnado, porque el Tribunal de alzada además de no haberse pronunciado respecto a los incs. 1) y 6) del art. 370 del CPP, planteados en recurso de apelación restringida, sólo se pronunció al inc. 5) del mencionado artículo, limitándose a señalar que existió falta de valoración de las pruebas, sin señalar qué pruebas no se habría tomado en cuenta; asimismo, no se hubiera fundamentado si existió defecto absoluto, mucho menos si la anulación de la sentencia es total o parcial; y b) Falta de valoración de la prueba o identificación, de que prueba fue defectuosamente valorada, para posteriormente alegar en sentido de que el Tribunal de apelación debió fundamentar qué presupuesto no se advirtió en la Sentencia sobre la valoración de la prueba, porque no explica si concurrió la falta de procedimiento lógico, razonabilidad, valorativo o teleológico, menos puntualizó que la Sentencia se anuló de forma total o parcial; y 2) Denuncia la existencia de  incongruencia omisiva incurrida por el Tribunal de alzada en la emisión del Auto de Vista; ya que, conforme lo señalado en el primer agravio solo se hubiera dado respuesta la denuncia de infracción del inc. 5) del CPP, sin haberse pronunciado respecto a los otros supuestos de los incs. 1) y 6) del mismo artículo, que le dejó en incertidumbre jurídica sobre los puntos planteados en el recurso, vulnerando el principio de la seguridad jurídica y el debido proceso, por lo que corresponde verificar dichos extremos.


III.1. Requisitos que debe cumplir el precedente contradictorio.


Siendo el recurso de casación, un mecanismo que busca otorgar a los ciudadanos la posibilidad de cuestionar la inadecuada aplicación o interpretación de las disposiciones legales realizadas por el Tribunal de apelación, contrarios a otros precedentes, debe señalarse que el precedente contradictorio en materia penal, constituye una decisión judicial, previa al caso analizado, que al ser emanado por un Tribunal superior en grado o por uno análogo, debe ser aplicado a casos que contengan similitud con sus hechos relevantes; al respecto, la normativa procesal penal en el país, ha otorgado al precedente contradictorio carácter vinculante (art. 420 del CPP). La importancia de precedente contradictorio, deviene del objetivo y fin del recurso casacional; toda vez, que el más alto Tribunal de Justicia del Estado, tiene la tarea u objetivo de unificar o uniformar la jurisprudencia nacional, con el fin de brindar seguridad jurídica a las partes inmersas en un proceso judicial, asegurando la aplicación uniforme de la ley; y por ende, la efectivización del principio de igualdad y la tutela judicial efectiva,  atribución que se encuentra descrita en los arts. 419 del CPP y 42 inc. 3) de la LOJ y que es conocida como función nomofiláctica (interpretación de la norma en procura de una jurisprudencia uniforme e integrada).


De lo anterior, se establece que únicamente son recurribles en casación, aquellos Autos de Vista que resulten indudablemente contrarios a la jurisprudencia establecida en un hecho similar; por este motivo, para que el planteamiento del recurso casacional sea certero, el recurrente no debe limitarse únicamente a presentarlo dentro el plazo dispuesto por ley y señalar la contradicción en la que creyere que incurrió el Tribunal de alzada respecto al fallo citado, lo que podría derivar en la admisibilidad del recurso, sino debe asegurarse que el o los precedentes invocados, correspondan a situaciones fácticas análogas, como exige el art. 416 del CPP; lo contrario, por simple lógica, imposibilita a este Tribunal, verificar en el fondo la denuncia de contradicción por ser inexistente; es decir, que al no tratarse de situaciones fácticas similares, bajo ningún aspecto podría existir contradicción en la resolución entre uno y otro fallo.


Refiriéndose a la labor de contraste que debe realizar este Tribunal, el Auto Supremo 219/2014-RRC de 4 de junio señaló: “El art. 416 del CPP, instituye que: El recurso de casación procede para impugnar autos de vista dictados por las Cortes Superiores de Justicia contrarios a otros precedentes pronunciados por otras Cortes Superiores o por la sala penal de la Corte Suprema, en esa línea el art. 419 del CPP, establece como formas de resolución de aquel recurso dos supuestos, a saber: Si existe contradicción la resolución establecerá la doctrina legal aplicable, caso contrario lo declarará infundado y devolverá los antecedentes a la Corte Superior de Justicia. En el primer caso y cuando se deje sin efecto el fallo que motivó el recurso, se devolverán actuados a la sala penal de la Corte Superior que dictó el Auto de Vista recurrido para que pronuncie nueva resolución de acuerdo con la doctrina legal establecida.


En el caso que este Tribunal llegue a determinar la existencia de la contradicción señalada en el art. 419 del CPP; es decir, contradicción entre la Resolución recurrida en casación y el precedente contradictorio invocado, el art. 420 del CPP, señala que los efectos de la doctrina legal establecida: …será obligatoria para los tribunales y jueces inferiores y sólo podrá modificarse por medio de una nueva resolución dictada con motivo de otro recurso de casación, norma que es afín con el inc. 3) del art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que instituye como atribución de las Salas especializadas del Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo a las materias de su competencia, el sentar y uniformar la jurisprudencia.


La cuestión y el efecto de la doctrina legal a ser sentada por este Tribunal Supremo, contiene íntima y estrecha relación con la garantía constitucional contenida en el art. 119.I de la CPE, que garantiza el ejercicio pleno del principio de igualdad de las partes ante el Juez dentro de las jurisdicciones del Estado, así como garantizar seguridad jurídica en la predictibilidad de las decisiones de los tribunales y un igual tratamiento jurídico a los ciudadanos. En resumen la labor de sentar doctrina legal a partir del recurso de casación dentro de la jurisdicción ordinaria, se sintetiza en: a) respeto a la seguridad jurídica; b) realización del principio de igualdad; y c) unidad y uniformidad en la aplicación del derecho por parte de los servidores judiciales en la jurisdicción ordinaria.


En cuanto al precedente contradictorio exigido como requisito procesal de cumplimiento obligatorio a momento de la interposición del recurso de casación, es necesario precisar que el mismo en esencia constituye una cuestión jurídica que ha sido discutida y resuelta anteriormente, la cual puede aplicarse a casos similares, con posterioridad a ese primer pronunciamiento, como vía de solución a la propuesta o reclamo pretendido en casación; vienen a constituir, entonces, criterios interpretativos que han sido utilizados por los entes que conforman la estructura de la jurisdicción ordinaria en materia penal en el Estado, integrada por los Autos Supremos pronunciados por el Tribunal Supremo y Autos de Vista emitidos por las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia.


Bajo esa línea, la legislación nacional dentro del tercer párrafo del art. 416 del CPP, manifiesta: Se entenderá que existe contradicción, cuando ante una situación de hecho similar, el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista recurrido no coincida con el del precedente sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance. En ese ámbito, este Tribunal a través del Auto Supremo 322/2012-RRC de 4 de diciembre, ha puntualizado: Cuando la norma se refiere a una situación de hecho similar, considera esta Sala que el legislador se refiere a supuestos fácticos análogos, siendo necesario precisar que en materia sustantiva el supuesto fáctico análogo exige que el hecho analizado sea similar; en cambio, en material procesal el supuesto fáctico análogo se refiere a una problemática procesal similar.


De ello se concluye que el requisito de invocar un precedente contradictorio dentro del sistema de recursos que el Código de Procedimiento legal prevé, atinge a señalar a una resolución en específico, ya sea un Auto Supremo y/o un Auto de Vista, que dentro la materia, vislumbre la aplicación de la norma sustantiva o adjetiva a un caso determinado, donde se haya formado un criterio de decisión a un caso anterior, para que posteriormente en función de la identidad o de la analogía entre los hechos del primer caso (precedente contradictorio) y los hechos del segundo caso (resolución impugnada) se proceda a la determinación delegada por Ley a este Tribunal”.


III.2. Obligación de los Tribunales de emitir resoluciones fundadas en derecho y motivadas adecuadamente.


Las resoluciones para su validez y eficacia, requieren cumplir determinadas formalidades, dentro las cuales se encuentra el deber de fundamentarlas y motivarlos adecuadamente, debiendo entenderse por fundamentación la obligación de emitir pronunciamiento con base en la ley y por motivación el deber jurídico de explicar y justificar las razones de la decisión asumida, vinculando la norma legal al caso concreto; al respecto, el Auto Supremo 111/2012 de 11 de mayo, señaló que: “Este deber se halla sustentado en el principio lógico de la razón suficiente; al respecto, Juan Cornejo Calva, en su publicación Motivación como argumentación jurídica especial, señala: El derecho contemporáneo ha adoptado el principio de la Razón Suficiente como fundamento racional del deber de motivar la resolución judicial. Dicho principio vale tanto como principio ontológico cuanto como principio lógico. La aplicación o, mejor, la fiel observancia, de dicho principio en el acto intelectivolitivo de argumentar la decisión judicial no solamente es una necesidad de rigor (de exactitud y precisión en la concatenación de inferencias), sino también una garantía procesal por cuanto permite a los justificables y a sus defensores conocer el contenido explicativo y la justificación consistente en las razones determinantes de la decisión del magistrado. Decisión que no sólo resuelve un caso concreto, sino que, además, tiene impacto en la comunidad: la que puede considerarla como referente para la resolución de casos futuros y análogos. Por lo tanto, la observancia de la razón suficiente en la fundamentación de las decisiones judiciales contribuye, también, vigorosamente a la explicación (del principio jurídico) del debido proceso que, a su vez, para garantizar la seguridad jurídica.


En definitiva, es inexcusable el deber de especificar por qué, para qué, cómo, qué, quien, cuando, con que, etc., se afirma o niega algo en la argumentación de una decisión judicial en el sentido decidido y no en sentido diferente. La inobservancia del principio de la razón suficiente y de los demás principios lógicos, así como de las reglas de la inferencia durante la argumentación de una resolución judicial, determina la deficiencia en la motivación, deficiencia que, a su vez, conduce a un fallo que se aparta, en todo o en parte, del sentido real de la decisión que debía corresponder al caso o lo desnaturaliza. Esa deficiencia in cogitando, si es relevante, conduce a una consecuencia negativa que se materializa en una decisión arbitraria, (injusta)."


Por otra parte, la fundamentación y motivación de Resoluciones implica el deber jurídico de explicar y justificar de forma lógica y con base en la Ley, las razones de la decisión asumida en apego al principio de congruencia, que es aquella exigencia legal que obliga a establecer una correlación total entre la pretensión de quien recurre y la decisión de la autoridad jurisdiccional; es decir, a la existencia de concordancia entre lo planteado por las partes y la decisión asumida por el Juez o Tribunal; pero además, exige la concordancia o coherencia entre los fundamentos de la Resolución y su parte resolutiva, caso contrario la resolución podría incurrir en vicio de incongruencia que puede ser interna o externa.


III.3.        Consideraciones doctrinales y normativas sobre la incongruencia

       omisiva.


El art. 115.I de la Constitución Política del Estado (CPE), hace hincapié en la protección oportuna y efectiva de los derechos e interés legítimos, cuando señala que: “Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos”. Este derecho en su contenido evidencia distintas dimensiones como el derecho de libre acceso al proceso, el derecho a la defensa, el derecho al pronunciamiento judicial sobre las pretensiones planteadas, el derecho a la ejecución de las sentencias y resoluciones ejecutoriadas y el derecho a los recursos previstos por ley.


En ese contexto, se incurre en el defecto de la incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio), al no pronunciarse una autoridad jurisdiccional sobre las denuncias planteadas, vulnerando las disposiciones contenidas en los arts. 124 y 398 del CPP, temática que fue ampliamente desarrollada por este Tribunal en el Auto Supremo 297/2012-RRC de 20 de noviembre, refiriendo que: “sin embargo, debe exigirse el cumplimiento de los siguientes requisitos para la concurrencia del fallo corto: i) Que la omisión denunciada se encuentre vinculada a aspectos de carácter jurídico y no a temas de hecho o argumentos simples; ii) Que las pretensiones ignoradas se hayan formulado claramente y en el momento procesal oportuno; iii) Que se traten de pretensiones en sentido propio y no de meras alegaciones que apoyan una pretensión; y, iv) Que la Resolución emitida no se haya pronunciado sobre problemáticas de derecho, en sus dos modalidades; la primera que la omisión esté referida a pretensiones jurídicas, y la segunda cuando del conjunto de los razonamientos contenidos en la Resolución judicial puede razonablemente deducirse no sólo que la autoridad jurisdiccional ha valorado la pretensión deducida, sino además los motivos que fundamentan la respuesta tácita.


Siendo así, que la incongruencia omisiva o fallo corto constituye un defecto absoluto, referido en esencia a la vulneración por el juez o tribunal del deber de atender y resolver a las pretensiones que se hayan traído al proceso oportuna y temporalmente, frustrando con ello el derecho de la parte a obtener una respuesta fundada en derecho sobre la cuestión formalmente planteada.


La incongruencia omisiva quebranta el principio tantum devolutum quantum apellatum, así lo ha establecido la doctrina legal aplicable citada en el Auto Supremo 6 de 26 de enero de 2007; aforismo que a decir del tratadista Hugo Alsina, significa que los poderes del Tribunal de apelación se hallan limitados por la extensión del recurso, por lo cual, ...sufre una limitación en los casos en que el recurso se interpone contra una parte determinada de la sentencia, pues, entonces, el tribunal no puede pronunciarse sino sobre lo que es materia del mismo (Alsina, Hugo. Tratado teórico práctico de derecho procesal civil y comercial. Editorial Ediar Soc. Anón. Buenos Aires 1961. Segunda Edición, Tomo IV, Pág. 416).


Igualmente, refiere el versado Couture, que: El juez de la apelación conviene repetir, no tiene más poderes que los que caben dentro de los límites de los recursos deducidos. No hay más efecto devolutivo que el que cabe dentro del agravio y del recurso: tantum devolutum quantum apellatum (Couture, Eduardo J. Fundamentos del Derecho Procesal Civil. Editorial IB de F. Montevideo - Buenos Aires 2005. Euro Editores S.R.L. 4ta. Edición. Pág. 300).


Lo anterior significa que el Tribunal de alzada debe dar respuesta fundamentada a todos y cada uno de los agravios denunciados por el apelante; lo contrario significaría la vulneración del art. 124 del CPP, que señala que las Sentencias y Autos interlocutores serán fundamentados; expresarán los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba; así también, la fundamentación no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; finalmente el art. 398 del CPP textualmente refiere: Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución, se entiende con la adecuada motivación en las resoluciones que pronuncie el Tribunal de alzada”.


III.4. Análisis del caso concreto.


Respecto del primer motivo, se advierte que el recurrente a tiempo de denunciar la falta de fundamentación, identificó que el Auto de Vista hubiera incurrido en dicho aspecto, que resultaría contradictorio a la doctrina legal aplicable emitida por los Autos Supremos 442/2007 de 10 de septiembre y 418/2006 de 10 de octubre, invocados al efecto:


Auto Supremo 442/2007 de 10 de septiembre

I. Es deber del tribunal de apelación y de todo administrador de justicia realizar una adecuada motivación de las resoluciones que pronuncie, porque constituye un elemento esencial del debido proceso, que permite a las partes asumir conocimiento sobre el razonamiento intelectivo desarrollado por los juzgadores; en ese entendido, es pertinente señalar que la falta de fundamentación constituye un defecto absoluto en la tramitación de la causa, por lo que el Tribunal de Casación, en resguardo de los principios del debido proceso, seguridad jurídica, derecho a la defensa y tutela judicial efectiva, establece que cada punto impugnado en el recurso de apelación debe ser resuelto sobre la base de un argumento jurídico individualizado, sólido y convincente, pronunciando una resolución congruente y exhaustiva.

Con respecto a la falta de fundamentación en la resolución pronunciada por el Juez o Tribunal, se tiene el Auto Supremo Nº 141 de 22 de abril de 2006, que establece "(...) el Tribunal de Apelación al circunscribir su competencia a los puntos impugnados o a los defectos absolutos, los mismos deben encontrarse con el fundamento respectivo, obligación que debe cumplir ineludiblemente, la falta de fundamento en uno de ellos en la resolución emitida por el Tribunal de Alzada vulnera los principios de tutela judicial efectiva, derecho a la defensa y debido proceso.

II. Por otro lado, es preciso establecer que el Tribunal de alzada, a tiempo de conocer el recurso de apelación restringida, tiene la obligación de observar si el recurso cumple con los requisitos formales para su admisión concediendo, en caso contrario, el plazo de tres días para que el recurrente subsane las omisiones conforme determina el artículo 399 del Código Adjetivo Penal, precisando de manera clara y expresa en el decreto respectivo los requisitos que extraña. En el caso de inobservancia por parte del recurrente, para realizar la corrección y complementación dentro del término razonablemente otorgado, se debe aplicar lo previsto en la parte in fine del artículo 399 de la referida normativa de rito, rechazando el recurso”.

Al respecto, se advierte que el precedente tiene como base de su argumentación que todas las resoluciones judiciales deben encontrarse debidamente fundamentadas y la denuncia en concreto, versa sobre que el Auto de Vista carece de fundamentación; por lo que se advierte el hecho fáctico similar procesal, correspondiendo en consecuencia corroborar la veracidad de lo denunciado.     

Auto Supremo 418/2006 de 10 de octubre:

“El Tribunal de apelación se encuentra en el deber de cuidar que los actos procesales y los actuados jurisdiccionales se encuentren dentro del marco del imperio de la legalidad, además de precautelar que dichos actos no afecten los derechos y garantías constitucionales. El control y tutela jurisdiccional debe ser efectivo, riguroso, exento de contradicciones, cuidando que no afecte los principios procesales, sustanciales y/o constitucionales.

Cuando el Tribunal de Apelación detecte un defecto absoluto de procedimiento, sentencia, vicio sustantivo y/o constitucional, debe ponderar el acto que ocasiona el defecto, calificar el defecto si es absoluto o relativo, en cualquier de los casos debe describir con precisión el acto señalado como defecto; asimismo evidenciar si afecta a derechos y garantías constitucionales; para luego comprobar si es imprescindible la realización de un nuevo juicio o prescindir de él y resolver directamente; finalmente el Tribunal de Apelación resuelve asuntos de puro derecho tomando en cuenta hechos comprobados en el juicio oral y contradictorio, debiendo necesariamente llevar la resolución que dicte el Tribunal de Alzada el fundamento jurídico correspondiente.

En esta misma línea jurisprudencial, referido a los defectos absolutos, donde las resoluciones carecen de fundamento jurídico, y que dicha omisión se constituye en defecto absoluto, se ha pronunciado el Auto Supremo Nº 479 Sucre 08 de diciembre de 2005 que establece: "Se consideran defectos absolutos cuando en la resolución, sea sentencia o Auto de Vista, no existen razones ni criterios sólidos que fundamenten los alcances de la resolución basados en normas sustantivas, adjetivas penales o correspondan a Convenios o Tratados Internacionales, omisión que se constituye en defecto insalvable porque genera incertidumbre a los sujetos procesales, este defecto está previsto en el artículo 370 inciso 5) en relación al artículo 169 inciso 3) ambos del Código de Procedimiento Penal”.

Respecto de la doctrina legal emitida en el precedente referido, se advierte que la misma tiene como sustento argumentativo, que se constituye un defecto absoluto cuando en una resolución, sea Sentencia o Auto de Vista, no existan razones ni criterios sólidos que fundamenten los alcances de la resolución basados en normas sustantivas, adjetivas penales o correspondan a Convenios o Tratados Internacionales y en este caso lo denunciado justamente versa sobre que el Auto de Vista, no contiene la fundamentación necesaria para su emisión, por lo que se advierte la existencia del hecho fáctico similar procesal; y como consecuencia de ello, corresponde ingresar a la verificación si es evidente o no lo denunciado por el impetrante.

Con relación al primer motivo en el que se denuncia: a) Falta de fundamentación del Auto de Vista impugnado, porque el Tribunal de alzada demás de no haberse pronunciado respecto a los incs. 1) y 6) del art. 370 del CPP, planteados en recurso de apelación restringida, sólo se pronunció al inc. 5) del mencionado artículo, limitándose a señalar que existió falta de valoración de las pruebas sin señalar qué pruebas no se habría tomado en cuenta; asimismo, no se hubiera fundamentado si existió defecto absoluto, mucho menos si la anulación de la sentencia es total o parcial; y b) Falta de valoración de la prueba o identificación de que prueba fue la prueba defectuosamente valorada, para posteriormente alegar en sentido de que el Tribunal de apelación debió fundamentar qué presupuesto no se advirtió en la Sentencia sobre la valoración de la prueba, porque no explica si concurrió la falta de procedimiento lógico, razonabilidad, valorativo o teleológico, menos puntualizó que la Sentencia se anuló de forma total o parcial. Al respecto, corresponde verificar si el Tribunal de alzada hubiera incurrido en falta de fundamentación porque no se hubiera pronunciado respecto a los incs. 1) y 6) del art. 370 del CPP, con relación a esta denuncia se debe tener en cuenta que el Auto de Vista, ante la advertencia de las deficiencias de la Sentencia emergentes de una falta de fundamentación denunciada por la parte querellante, donde se determinó de manera fundada que la Sentencia no contenía la más mínima fundamentación respecto de la decisión adoptada, resultando los otros argumentos denunciados por el querellante innecesarias, teniendo en cuenta que lo analizado ya hacía a la identificación de una de las causales que hacen a la nulidad de la Sentencia; por otro lado, se debe considerar que de pronunciarse respecto de esos otros puntos de ser acogidos de manera positiva se llegaría al mismo resultado; es decir, a la nulidad de la Sentencia, porque las denuncias extrañadas también giran sobre qué se debe anular dicha resolución; por otro lado, de ser considerado de manera negativa, esta argumentación no revertiría dicha decisión de la nulidad de la Sentencia, porque la falta de fundamentación advertida, ya hace a una sustentada decisión de anular la Sentencia; por otro lado, es preciso tener en cuenta, que el ahora impetrante no hizo uso de su derecho impugnativo en virtud a que el fallo de mérito les fue favorable al declararlo absuelto de los delitos acusados, de lo señalado se tiene que el recurrente de casación, al no haber hecho uso de su derecho de apelación restringida, no se encuentra facultado para presentar recurso de casación sobre aspectos que no solicitó, salvo que la resolución impugnada le hubiera causado algún agravio; aspecto que, no fue fundamentado en esta denuncia, más aún si se toma en cuenta que solo se refiere que el Auto de Vista no se pronunció respecto de los defectos de la Sentencia comprendidos en el art. 370 inc. 1) y 6) del CPP, situación que no fue pedida por el ahora impetrante; en consecuencia, se tiene que lo expuesto en este motivo de su recurso no justifica ni demuestra un interés legítimo conforme lo dispuesto por el art. 115.I de la Constitución Política del Estado. Por otro lado, respecto a la alegación de que el Auto de Vista se limitó a señalar que existió falta de valoración de las pruebas sin señalar qué pruebas no se habría tomado en cuenta; al respecto, no resulta evidente lo denunciado siendo que el Auto de Vista fue preciso en señalar que la Sentencia no otorgó un valor probatorio a ninguna de las pruebas judicializadas ni de manera positiva, ni negativamente y este aspecto corroborado con el contenido de la Sentencia resulta coherente y sustentado lo afirmado por el Tribunal de alzada, por lo que tampoco se advierte la veracidad de lo denunciado. Finalmente, con relación a que no se hubiera fundamentado si existió defecto absoluto, mucho menos si la anulación de la sentencia es total o parcial, se entiende del contenido del Auto de Vista es preciso en señalar que se anula la Sentencia y ordena el reenvió de la causa por el Juzgado más próximo, situación que resulta clara y concreta y no lleva a la duda de que el juicio oral se debe realizar nuevamente, razones por las cuales hace ver que el supuesto agravio no es evidente; en consecuencia, no corresponde dar curso a lo pretendido.


Respecto del segundo motivo, se advierte que el recurrente a tiempo de denunciar que el Auto de Vista incurrió en incongruencia omisiva, identificó que dicha resolución incurrió en dicho aspecto, que resultaría contradictorio a los Autos Supremos 417/2003 de 19 de agosto y 141/2006 de 22 de abril, invocados al efecto, los cuales en su doctrina legal señalan lo siguiente:


Auto Supremo 417/2003 de 19 de agosto.

(Congruencia) El Auto de Vista deberá circunscribirse indefectiblemente a los puntos resueltos por el inferior y que hubieren sido objeto de apelación y fundamentación, por ello la pertinencia del Auto de Vista con los puntos resueltos por el inferior, deriva de la correspondencia que aquél debe tener con los extremos de la apelación y que inexcusablemente debe contener la fundamentación, respecto a los hechos fácticos debatidos y traídos en apelación”    

Auto Supremo 141/2006 de 22 de abril:

“Que el Tribunal de Apelación al circunscribir su competencia a los puntos impugnados o a los defectos absolutos, los mismos deben encontrarse con el fundamento respectivo, obligación que debe cumplir ineludiblemente, la falta de uno de ellos en la resolución emitida por el Tribunal de Alzada vulnera los principios de tutela judicial efectiva, derecho a la defensa y debido proceso”.

Respecto de la doctrina legal emitida en los precedentes referidos, se advierte que las mismas tienen como sustento argumentativo, que hecho de que el Tribunal de alzada no se pronuncie respecto de alguno de los puntos denunciados, constituye defecto absoluto insubsanable y el aspecto reclamado justamente radica en que el Tribunal de alzada no se hubiera pronunciado respecto de los defectos de la Sentencia previstos en el art. 370 inc. 1) y 6) del CPP, por lo que se advierte la existencia del hecho fáctico similar procesal; y como consecuencia de ello, corresponde ingresar a la verificación si es evidente o no lo denunciado por el impetrante.

En ese sentido, es preciso tener presente lo denunciado, que consiste en la incongruencia omisiva incurrida por el Tribunal de alzada en la emisión del Auto de Vista; ya que, conforme lo señalado en el primer agravio sólo se hubiera dado respuesta la denuncia de infracción del inc. 5) del CPP, sin haberse pronunciado respecto a los otros supuestos de los incs. 1) y 6) del mismo artículo, que le dejó en incertidumbre jurídica sobre los puntos planteados en el recurso, vulnerando el principio de la seguridad jurídica y el debido proceso; tal como se dijo en el primer motivo resuelto, este Tribunal no advierte la trascendencia de dicha denuncia, por lo que corresponde remitirnos al entendimiento establecido al momento de responder la denuncia referida a la falta de fundamentación respecto de la denuncia de los defectos comprendidos en el art. 370 incs. 1) y 6) del CPP, siendo que se debe tener en cuenta que si bien es cierto que el precedente invocado en su doctrina que los Tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución; en este caso, dicha denuncia no le generó agravio al ahora recurrente porque se advierte que dicha omisión no es reclamada por el querellante que se constituiría en el directo agraviado por dicha omisión; en consecuencia, no corresponde dar curso a lo solicitado; por ende, el Tribunal de alzada al realizar el control de legalidad de la Sentencia en cuanto a la existencia de la infracción del art. 124 del CPP, por parte del Juez de Sentencia al momento de absolver al imputado de la comisión de los delitos de Apropiación Indebida, Abuso de Confianza y Agravantes y Atenuantes, previstos y sancionados por los arts. 345, 346 y 349 del CP, obró de manera correcta con la debida fundamentación anulando la Sentencia, conteniendo en su argumento la debida motivación, explicando y justificando de forma lógica y con base en la Ley, las razones de la decisión asumida.

Por todos los argumentos expresados, en el presente fallo se pone en evidencia que el Auto de Vista realizó un correcto análisis al resolver los aspectos denunciados; en consecuencia, no resulta cierta la denuncia que el Auto de Vista incurrió en falta de fundamentación e incongruencia omisiva denunciado en el recurso de casación interpuesto, siendo que se advirtió lo contrario, debido a que se emitió un Auto de Vista enmarcado en la previsión de los arts. 124 del CPP; en consecuencia, no corresponde dar curso a lo solicitado al no haberse evidenciado la contradicción con los precedentes contradictorios invocados, correspondiendo en consecuencia declarar infundado el recurso de casación intentado.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en aplicación de lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Ricardo Huaranca Perca.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Edwin Aguayo Arando 

Magistrado Dr. Olvis Eguez Oliva

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos