TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 335/2018-RRC

Sucre, 18 de mayo de 2018

 

Expediente                        Cochabamba 58/2017

Parte Acusadora                Ministerio Público y otro

Parte Imputada                Héctor Cleome Aguilar Maldonado

Delito                        Feminicidio en Grado de Tentativa

Magistrado Relator        Dr. Edwin Aguayo Arando

 

RESULTANDO

 

Por memorial presentado el 28 de agosto de 2017, de fs. 215 a 221 vta., Héctor Cleome Aguilar Maldonado, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista de 11 de agosto de 2017, de fs. 209 a 211, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Juan Carlos Fuentes Alcocer contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Feminicidio en Grado de Tentativa previsto y sancionado por el art. 252 Bis inc. 1) con relación al art. 8 del Código Penal (CP), con la modificación establecida en la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (Ley 348 de 9 de marzo de 2013).

 

I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


  1. Por Sentencia de 13 de octubre de 2015 (fs. 130 vta. a 132 vta.), el Juez Primero de Instrucción Penal Cautelar de Sacaba del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba en aplicación de la solicitud de salida alternativa de procedimiento abreviado declaró a Héctor Cleome Aguilar Maldonado, autor de la comisión del delito de Feminicidio en Grado de Tentativa, previsto y sancionado por el art. 252 bis inc. 1) con relación al art. 8 del CP, con la modificación establecida en la Ley 348, imponiendo la pena de veinte años de presidio, más el pago de costas, daños y perjuicios emergentes de la comisión del ilícito.

 

  1. Contra la referida Sentencia, el imputado, formuló recurso de apelación restringida (fs. 168 a 170), que fue complementada (fs. 197 a 201); en cuyo mérito, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba emitió el Auto de Vista de 11 de agosto de 2017 (fs. 209 a 211), declarando inadmisible el recurso planteado; en consecuencia, sin pronunciarse sobre el fondo fue rechazado.

  

II. SOBRE EL MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN

 

Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 871/2017-RA, se extraen el motivo a ser analizado en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


El recurrente previa relación de antecedentes fácticos y procesales, denuncia que el Auto de Vista recurrido vulneró su derecho a la impugnación al declarar inadmisible  su recurso de apelación restringida con el argumento de que en procedimiento abreviado el imputado no puede hacer uso del recurso, puesto que, había aceptado voluntariamente someterse al procedimiento abreviado, aspecto por el que no ingresó a resolver los puntos denunciados, dejándole en completa indefensión vulnerando su derecho al debido proceso, seguridad jurídica y tutela judicial efectiva, inobservando el Auto Supremo 185/2016-RRC de 8 de marzo, ya que no absolvió cada uno de los agravios expuestos por su persona en su recurso de apelación restringida donde denunció la vulneración de derechos y garantías constitucionales a raíz de un procedimiento abreviado del cuál no se le informó las consecuencias; no obstante, el Tribunal de alzada tomó en cuenta una Sentencia Constitucional que no resulta aplicable a su caso.

 

Añade, que se vulneró el derecho al debido proceso y el principio de legalidad según enseña el Auto Supremo 213/2013-RRC de 27 de agosto, ya que, toda resolución debe estar enmarcada dentro de los parámetros legales y no a la voluntad de los administradores de justicia, debiendo tener en cuenta el art. 123 de la Constitución Política del Estado (CPE), donde la ley y una línea jurisprudencial solo son aplicables para lo venidero, mal podría aplicarse en casos con anterioridad; sin embargo, el Tribunal de alzada fundamentó la inadmisibilidad de su recurso de apelación restringida en la Sentencia Constitucional 0233/2016-S1 de 18 de febrero; sin considerar, que su recurso fue presentado el 24 de noviembre de 2015; es decir, con anterioridad a la mencionada jurisprudencia; que pese a ello, abre la competencia del Tribunal de alzada cuando se impugna la vulneración de derechos y garantías constitucionales emergentes de un procedimiento abreviado, por lo que correspondía al Tribunal de alzada resolver el fondo de su recurso de apelación restringida.

 

III. ANTECEDENTES PROCESALES VINCULADOS AL RECURSO

 

III.1. Inicio de investigaciones y Requerimiento conclusivo.

 

El Ministerio Público por requerimiento de 13 de octubre de 2015, imputó formalmente a Héctor Cleome Aguilar Maldonado la comisión del delito de Feminicidio en grado de tentativa, previsto en el art. 252 bis inc. 1) en relación al art. 8 ambos del CP; y, a Pedro Orlando Aguilar Maldonado (hermano del recurrente) la comisión del delito de Encubrimiento previsto en la sanción del art. 171 del CP. En ambos casos y en ese mismo acto se dio comunicación al juez cautelar sobre el inicio de investigaciones, se puso en su consideración la situación procesal de los imputados -quienes a ese momento se encontraban aprehendidos- y se solicitó la aplicación de medidas cautelares, para el caso del último y en el caso del primero el Ministerio Público señaló que “se demuestra la existencia de los extremos establecidos en los arts. 233 num. 1), 2), art. 234 Num. 1), 2), 4) y 10) y art. 235 Nums. 1), 2) y 4) del Código de Procedimiento Penal, modificado por la Ley Nº 007 de 18 de mayo de 2010, en consecuencia la fundamentación será realizada en forma oral en la audiencia correspondiente” (sic).


De la lectura de la solicitud del Ministerio Público se desprende que: “…a horas 01:00 a.m. del 12 de octubre de 2015, la víctima se encontraba en su casa, y llegó su esposo en estado de ebriedad y comenzaron a pelear, quien sin ninguna razón valedera había agarrado un arma punzo cortante y le habrían ocasionado múltiples lesiones en varias partes del cuerpo, para después del hecho con la ayuda de sus familiares darse a la fuga” (sic).


El 13 de octubre de 2015, a las 17:35, en audiencia se consideró la aplicación de medidas cautelares contra Pedro Orlando Aguilar Maldonado, imponiéndosele la pena de presentación ante la autoridad fiscal, arraigo y prohibición de acudir al lugar de los hechos y causar molestias a las víctimas, y una fianza económica de tres mil quinientos bolivianos.


III.2. De la Sentencia.

         

El 13 de octubre de 2015, a horas 17:10, se llevó a cabo audiencia de consideración de aplicación de procedimiento abreviado en contra de Héctor Cleome Aguilar Maldonado, acto en el que con la presencia del imputado y su abogado defensor, el querellante (quien es padre de la víctima), el Ministerio Público fundamentó que se había llegado a un acuerdo con el imputado para someterse de manera voluntaria a procedimiento abreviado para lo que admitió la comisión del hecho y su participación en el mismo. El Ministerio Público, conforme los antecedentes cursantes a esa fecha, solicitó la aplicación de la pena de 20 años de presidio por la comisión del delito de Feminicidio en grado de tentativa.

 

La relación de hechos, sobre la comisión del hecho como así la participación del imputado en el mismo, fue fundamentada tomando en cuenta las alegaciones depuestas por el querellante, la entrevista de Tatiana Fuentes Silvestre y la hija de la víctima y recurrente CAF (de las que se extractaron que las agresiones hayan sido constantes y las formas en las que el imputado se hubiera dado a la fuga luego de ocurridos los hechos); el acta de intervención policial directa; el certificado médico forense de la víctima que diagnosticó “trauma toráxico penetrante por arma blanca neumotórax y trauma abdominal, otorgando 45 días de incapacidad médico legal” (sic). 


La autoridad jurisdiccional en esa audiencia concedió la palabra al imputado para saber si éste “conoce o entiende lo que es el procedimiento abreviado y su diferencia con el juicio oral” (sic) a lo que respondió “si señor juez, mi abogado me ha explicado” (sic), luego, a la pregunta de “si pese a tener dicho conocimiento renuncia al juicio oral aceptando someterse al procedimiento abreviado” (sic) el imputado respondió “si, yo renuncio al juicio oral y acepto someterme al procedimiento abreviado por favor” (sic).

 

Acto seguido, se pronunció Auto de admisión de la solicitud de salida alternativa de procedimiento abreviado, bajo el argumento de tenerse por cumplidos los requisitos previstos en el art. 373 del CPP; para después, ser pronunciada la Sentencia de 13 de octubre de 2015, en la que previa enunciación del hecho imputado por el Ministerio Público y la reseña de los elementos de convicción colectados a ese momento, se condenó a Héctor Clemome Aguilar Maldonado a la pena de 20 años de presidio, por la comisión del delito de Feminicidio en grado de tentativa [art. 252 bis . 1) en relación al art. 8 del CP].

 

En la misma audiencia ante la renuncia de uso de recurso de apelación restringida por parte del abogado de la defensa, la parte querellante y el representante del Ministerio Público, mediante Auto motivado se declaró la ejecutoria de la Sentencia.

 

III.3.        De la apelación restringida.

 

Por memorial de 24 de noviembre de 2015, saliente de fs. 168 a 170, el imputado interpuso recurso de apelación restringida, expresando los siguientes agravios:


 Vulneración al debido proceso, relatando que “una vez que me entregué…me presentaron un abogado para que me defienda, no tuve la oportunidad de acceder a un abogado de mi elección o confianza…posteriormente me hicieron firmar un documento que desconocía en que consiste el abogado que me asistía me dijo que firmara y así lo hice” (sic).


  1. “Vulneración del derecho del inculpado a que se le conceda el tiempo y los medios adecuados para la preparación de su defensa” (sic) con el argumento de que “no existió posibilidad de presentar pruebas de descargo debido al tiempo de 24 horas en el que fui juzgado y sentenciado” (sic).


3.          Errónea aplicación de la ley sustantiva, pues del certificado médico forense que fue considerado para la sentencia se desprende la existencia de 45 días de impedimento, por lo que correspondía la aplicación del art. 272 bis del CP, más no por el que se emitió condena.

 

III.4. Del Auto de Vista impugnado.

 

En conocimiento de aquel recurso la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba emitió el Auto de Vista de 11 de agosto de 2017, rechazando el recurso, bajo los siguientes argumentos:

 

  1. Previa reseña de los arts. 373 y 374 del CPP, se concluye que el debido proceso se encuentra en cada uno de los actos procesales de la tramitación del procedimiento abreviado.


b)  Precisando que “en aplicación estricta de la jurisprudencia constitucional sobre el tema, conforme lo establece el art. 203 del CPE, corresponde…aplicar el siguiente entendimiento jurisprudencial, que modula de manera fundamentada resoluciones anteriores con determinaciones diferentes” (sic) el Tribunal de apelación transcribe porciones de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0233/2016-S1 de 18 de febrero, para concluir que “en función al entendimiento de la Sentencia Constitucional Plurinacional aludida que, bajo la vinculatoriedad exige el cambio de la línea de las resoluciones de esta naturaleza…se advierte que la resolución impugnada [ya sea aceptando o negando el procedimiento abreviado] no es apelable conforme lo establece la SCP 0233/2016-S1 de 18 de febrero”

IV. FUNDAMENTOS DE LA SALA Y VERIFICACIÓN DE VULNERACIÓN DE DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES


En casación el imputado pretende la censura del Auto de Vista de 11 de agosto de 2017, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, resolución que rechazó su recurso de apelación restringida por considerar que la apelación en los supuestos de sentencias emergentes de procedimiento abreviado, no son pasibles a ser recurridas. El recurrente acusa la vulneración a su derecho de impugnación de los fallos judiciales y colateralmente la afectación de sus derechos al debido proceso, seguridad jurídica y tutela judicial efectiva.


El caso en particular propone varios tópicos de análisis, de hecho la problemática principal señalada expresamente como vulneración al derecho a la impugnación, en el caso de autos repercute sobre la eventual afectación de otros derechos procesales y sustantivos, de tal cuenta que el análisis a realizar para mejor contextualización abordará primeramente, los fundamentos por los que el Tribunal de alzada optó por el rechazo como forma de resolución; y, posteriormente corresponderá el análisis sobre cuál el papel y rol de los tribunales de apelación en el específico caso de recurribilidad de una sentencia de procedimiento abreviado.


IV.1. Fundamentos y argumentación en el Auto de Vista de 11 de agosto de 2017.


El Auto de Vista impugnado posee un argumento central cual es el rechazo de la apelación restringida por su inadmisiblidad al considerar en el procedimiento abreviado “que las previsiones contenidas en el Código ritual Penal que rigen este instituto jurídico no reconoce recurso de impugnación ulterior alguno” (sic). Argumento que se apoya en la SCP 0233/2016-S1 de 18 de febrero, que en opinión de la Sala pronunciante, “corresponde…aplicar…el entendimiento jurisprudencial, que modula de manera fundamentada Resoluciones anteriores con determinaciones diferentes” (sic).


Inicialmente dejar sentado que el art. 179 de la CPE, distingue la existencia de cuatro jurisdicciones en el Estado, la ordinaria ejercida por el Tribunal Supremo de Justicia, los Tribunales Departamentales de Justicia, los Tribunales de Sentencia y los Jueces; la Jurisdicción Agroambiental por el Tribunal y Jueces Agroambientales; la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina que se ejerce por sus propias autoridades; y la Jurisdicción Constitucional ejercida por el Tribunal Constitucional Plurinacional, de ahí en más, el propio Texto Constitucional, determina la composición básica de cada una de estas jurisdicciones y estima parámetros orientadores sobre la naturaleza de su competencia, en ese sentido se hallan los arts. 180, 186, 190 y 196 Constitucionales.


Ahora bien, si se parte del punto cardinal de que la jurisdicción es la potestad de administrar justicia en una materia determinada y que derivada de la soberanía del Estado, que en el caso boliviano deriva del pueblo conforme el art. 178 de la CPE, ciertamente se entenderá también que su ejercicio es sistemático y estructuralmente ordenado desde la norma positiva, persiguiendo en cada caso fines específicos y obedeciendo la propia naturaleza de cada una de las jurisdicciones.


Como los otros órganos públicos y los entes que cumplen funciones de control de defensa de la sociedad y de defensa del Estado, los tribunales de la jurisdicción ordinaria, están sometidos al derecho constitucional como ley suprema del Estado en la realización de su misión de interpretación y aplicación del derecho a casos concretos, aspecto que en la práctica se encarna con el respeto y la aplicación de la ley especial en cada materia en específico, y claro dentro de cada procedimiento que rija también para cada materia.


Bien es cierto que el art.  203 de la CPE, estipula que las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno; sin embargo, debe considerarse que la Norma de desarrollo constitucional especial, como es el Código de Procedimiento Constitucional, ordena en su art. 15.I que las sentencias, declaraciones y autos del Tribunal Constitucional Plurinacional son de cumplimiento obligatorio para las partes intervinientes en un proceso constitucional; excepto las dictadas en las acciones de inconstitucionalidad y recurso contra tributos que tienen efecto general, es decir, la norma especial no induce a una aplicación mecánica de las decisiones asumidas por el máximo tribunal de la jurisdicción constitucional.


Si bien el parágrafo II del -también- art. 15, manifiesta que las razones jurídicas de la decisión, en las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional constituyen jurisprudencia y tienen carácter vinculante para los Órganos del poder público, no es menos cierto que la aplicación vinculante de la jurisprudencia opera en casos en los que se halle identidad de hecho similar, más nunca de manera mecánica o vertical a esta jurisdicción. De hecho, los tribunales de la jurisdicción ordinaria por mandato constitucional, e incluso su propia estructura orgánica, tienen amplia independencia para ejercer jurisdicción en el ámbito de sus competencias, ejercicio regulado por la Ley especial en cada materia en específico y orientada desde la propia Constitución Política del Estado en su art. 180.I.


En efecto el art. 180.I Constitucional postula que la jurisdicción ordinaria entre otros- se fundamenta en los principios procesales de legalidad y debido proceso, postulados de aplicación primaria en la tramitación de los procesos, y a partir de los que se desprende que la actividad jurisdiccional debe estar fundada en el respeto de los derechos de las partes en la aplicación de la norma ponderando a partir de ella el cumplimiento de los componentes que hacen al debido proceso.


El Auto de Vista de 11 de agosto de 2017, aplica inadecuadamente la jurisprudencia de la justicia constitucional a través de la SCP 0233/2016-S1 de 18 de febrero, por cuanto, más allá de la certeza expresada de manera lacónica en el tercer párrafo de fs. 210, no se tiene entendido cual la vinculación del citado fallo constitucional con la situación en concreto presente en el recurso de apelación restringida de Héctor Cleome Aguilar Maldonado. Si bien en apariencia resultaría sencillo afirmar que ambos casos se tratasen de pretensiones de apelación restringida rechazadas por los tribunales de alzada por ser consideradas no recurribles dada su procedencia de procedimiento abreviado, no debe escapar al análisis que para el caso en concreto, las alegaciones realizadas por el recurrente poseen, distinto índole jurídico.


Desde ya el alcance de tanto la situación de hecho como los derechos denunciados como vulnerados son distintos, en el caso del Fallo constitucional, se denunció vulneración al derecho a la libertad y a la impugnación en el hecho de no haber podido recurrir en apelación restringida dada a la ejecución inmediata de un mandamiento de condena; hechos distintos a los antecedentes que preceden a casación, que dan cuenta que Héctor Cleome Aguilar Maldonado, recurrió en apelación restringida denunciando vulneración al debido proceso, al derecho a la defensa por la restricción del tiempo para la preparación de su defensa; y, errónea aplicación de la Ley sustantiva.        


Como es visto el fundamento de rechazo ostentado por el Auto de Vista de 11 de agosto de 2017, se apoyó en una imprecisión argumentativa, pues la aplicación de la SCP 0233/2016-S1 de 18 de febrero no posee paralelismo al caso de autos, menos efecto vinculante a las determinaciones con situación de hecho similar disímil.


IV.2.  El Proceso Abreviado en la legislación Nacional.


El Tribunal de apelación afirma, en la Resolución objeto de análisis, que las sentencias procedentes de procedimiento abreviado no son recurribles, asegurando que “si bien el art. 180-II de la Constitución Política del Estado, garantiza el principio de impugnación, bajo el principio de reserva legal, lo que implica que el mismo se encuentra regulado por la Ley a efectos de evitar caos procesal y dilaciones de justicia, en sujeción a lo establecido en la parte in fine del art. 399 del CPP…corresponde proceder al rechazo de la apelación restringida por su inadmisibilidad” (sic)

Sobre la naturaleza del Procedimiento Abreviado, el Auto Supremo 109/2013-RRC de 22 de abril, en referencia a los fundamentos expuestos por la Comisión Redactora del Órgano Legislativo, estableció que: “… constituye una simplificación de los trámites procesales, ya que se elimina el debate oral, público y contradictorio, quedando el juez plenamente facultado para dictar la sentencia sobre la base de la admisión de los delitos por parte del propio imputado…”, estableciendo el Código de Procedimiento Penal, con la modificaciones insertas por la Ley 586 de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal de 30 de octubre de 2014, en el art. 373, lo siguiente: “I. Concluida la investigación, la o el imputado, la o el Fiscal podrá solicitar que se aplique el procedimiento abreviado; en la etapa preparatoria ante el Juez de Instrucción conforme al numeral 2 del artículo 323 del presente Código; y en la etapa de juicio hasta antes de dictarse sentencia, tanto en el procedimiento común como en el inmediato para delitos flagrantes. II. Cuando la solicitud sea presentada por la o el fiscal, para que sea procedente deberá contar con la aceptación de la o el imputado y su defensor, la que deberá estar fundada en la admisión del hecho y su participación en él…”.


La aplicación del procedimiento abreviado, tiene como base que el acusado reconozca haber cometido el hecho acusado, teniendo como característica la celeridad, en el cual ya no es necesaria la producción de pruebas periciales ni testificales, porque ya no existen hechos contradictorios que demostrar, el contenido fundamental del procedimiento es el acuerdo firmado entre el fiscal, el imputado y su abogado defensor, donde renuncia al juicio oral; además, de contener la pena privativa de libertad a imponerse, resaltando que la admisión de los hechos por parte del imputado debe ser libre y voluntaria sobre su culpabilidad.


Ahora bien, con relación a la impugnabilidad de la Sentencia, como efecto del procedimiento abreviado, el artículo intitulado: “El procedimiento Abreviado en el Sistema Procesal Penal Boliviano”, dejó sentado el siguiente criterio: “Al ser la sentencia condenatoria y definitiva, es posible, pues, deducir que es pasible de ser recurrida de apelación restringida y hasta muy probablemente, si el caso se diera, de casación. Se trata, por ende, de los mismos recursos de apelación restringida y casación de cualquier sentencia según las reglas comunes, aunque la lógica permite suponer que es sumamente peregrina su interpretación. Ello porque la dinámica misma del procedimiento abreviado implica un consenso de partes, y por lo tanto se torna infrecuente la existencia de un agravio que lleve al fiscal o al imputado a intentar la vía recursiva. Solo la eventualidad de una sentencia absolutoria o de una condena que disminuya grandemente el monto de la pena solicitada, lleva a imaginar un supuesto donde exista interés del fiscal en recurrir la sentencia. La peripecia de que el imputado intente impugnar la sentencia podría ser totalmente aceptable, toda vez, que el acuerdo no autoriza a presumir una renuncia a la aplicación de las reglas constitucionales del debido proceso. Acaso sean los excluidos del acuerdo, -querellante, víctima y actor civil- quienes se presenten como los posibles recurrentes si resultan agraviados?, creyendo que la pena impuesta está muy por debajo de la magnitud del hecho y no basándose estrictamente en el material probatorio recolectado”. (Reflexiones sobre el Nuevo Procesal Penal Boliviano. GTZ. Talleres Gráficos Gaviota del Sur S.R.L. 2007, pág. 39)”. En similar criterio se ha adherido en el trabajo titulado “Guía de Solución de Problemas Prácticos en Salidas Alternativas”, también publicado por la GTZ, ha señalado, respecto a la debida fundamentación, que la Sentencia emitida en procedimiento abreviado, debe cumplir con los parámetros de la debida fundamentación, congruencia y motivación, pues señala: “(…) no se debe olvidar que esta Sentencia puede ser objeto de apelación restringida, por lo que la Sentencia deberá reunir los mismos requisitos que para cualquier otra sentencia” (pág. 277); que ante el planteamiento de las preguntas ¿Cuáles son los medios de impugnación tratándose del procedimiento abreviado? ¿Se puede apelar la Sentencia?, refiere que: “La sentencia que se dicta dentro de este procedimiento, es una sentencia como cualquier otra y por tanto, caería dentro de la previsión de la última parte del art. 407 del CPP que, refiriéndose al recurso de apelación restringida, indica que este recurso sólo podrá ser planteado contra las sentencias y con las limitaciones establecidas por la normativa respectiva” (requisitos de fondo y forma) (pág. 290).

Por su parte, este Tribunal por Auto Supremo 397 de 23 de julio de 2004 señaló que: “De conformidad con el art. 416 concordante con el art. 50 del Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación es procedente para impugnar Autos de Vista dictados por las Cortes Superiores que resuelvan las apelaciones restringidas interpuestas contra las sentencias de primera instancia”, entendimiento que fue reiterado en el Auto Supremo 628 de 27 de noviembre de 2007, al precisar que: “...el recurso de casación únicamente procede para impugnar autos de vista dictados por las cortes superiores en ejercicio de la competencia reconocida por el art. 51 inc. 2) del Código de Procedimiento Penal, es decir, en la sustanciación y resolución del recurso de apelación restringida que procede exclusivamente respecto a Sentencias emergentes de juicios sustanciados ante el tribunal de sentencia y juez de sentencia o como consecuencia de la aplicación del procedimiento abreviado por parte del juez de instrucción", siendo asumido también este criterio de manera uniforme por este Tribunal donde se considera que es aplicable la apelación restringida de la Sentencia emitida dentro un procedimiento abreviado.


El art. 373 y 374 del CPP, en lo particular, no han determinado de manera expresa que la Sentencia en procedimiento abreviado, sea pasible de recurso alguno, que si bien el art. 326 y siguientes del CPP, tampoco establecen un medio de impugnación expreso sobre la Sentencia, al momento de aplicar el procedimiento abreviado, delineado por la Ley Nº 586, el vacío legal, no puede aplicarse o considerarse como una negativa tácita del derecho a recurrir, siendo que como nos encontramos ante un Estado Constitucional de Derecho, cuya realidad jurídica ha significado el cambio de las formas por la ampliación de lo favorable, es necesario para tal efecto, ante la carencia, acudir a la norma suprema constitucional, en aplicación del principio de integración de las normas, considerando que la propia constitución nacional, en su art. 8 ha establecido la base fundamental sobre la que se asientan los valores del Estado, así como el reconocimiento de los derechos que proclama la propia constitución y los establecidos por los Convenios y Tratados Internacionales conforme a los arts. 13, 109, 115, 117.I, 119.I y 120.I de la CPE, donde tal como se conoce, se ha reconocido el derecho al debido proceso, el cuál es tutelado en su triple dimensión (garantía, derecho y principio) por la justicia nacional, siendo unos de los componentes que integran los fundamentos del debido proceso precisamente el reconocido derecho a recurrir así como el acceso a los medios de defensa que se le concede al inculpado en la tramitación del proceso como parte de su derecho a la defensa (también integrador del debido proceso). Por ello, estando reconocido el derecho al debido proceso, está inmerso el reconocimiento expreso del derecho al recurso, como parte complementaria del derecho a la defensa, por lo que no es posible considerar su restricción, máxime si la propia constitución política del Estado en su art. 180 par. I lo ha establecido como un principio constitucional que rige la actividad de la justicia ordinaria.


Considerando, que ante el reconocimiento expreso del derecho al recurso, como sinónimo de la impugnación, en su sentido amplio, haciendo énfasis en la interpretación del derecho más garantista y favorable en pro de los derechos y garantías fundamentales, no resulta sostenible para esta Sala Penal, asumir de manera categórica que la Sentencia emitida en procedimiento abreviado carezca de recurribilidad con el argumento de que los arts. 373 y 374 del CPP no prevén expresamente la procedencia de un medio de impugnación, porque de reconocerse aquello, devendría en una vulneración flagrante, no solo al debido, sino a los propios derechos reconocidos por el Estado Boliviano mediante los Tratados y Convenios Internacionales y la misma Constitución, desconociéndose el bloque constitucional de derecho previsto en el art. 410 de la CPE. Por ello, admitir en ese entendido, que ante la emisión de una Sentencia dentro de la jurisdicción ordinaria, no sería posible considerar su impugnación, por no estar contemplada en la Ley, sería desconocer no solo el derecho interno, sino también el derecho internacional, lo que no puede ser admisible en nuestro Estado normativo procesal y legal.


En consecuencia, esta Sala Penal asume con base al análisis efectuado, que la sentencia emitida en procedimiento abreviado es recurrible a través del recurso de apelación restringida prevista por el art. 407 del CPP, ostentando las partes legitimación subjetiva para hacerlo, teniendo en cuenta los principios en los que se fundamenta la jurisdicción ordinaria, como los de legalidad, impugnación, accesibilidad, debido proceso e igualdad, conforme establece el art. 180 par. I y II de la CPE, pues si bien el procedimiento abreviado como mecanismo de simplificación procesal, resulta una expresión de económica procesal y de mucha utilidad para el descongestionamiento de las causas penales, su objetivo de ningún modo está destinado a limitar los derechos de las partes, luego de su sustanciación o negar las facultades que les asisten conforme a la ley procesal, los derechos, garantías y principios constitucionales; siendo de observación primordial y obligatoria por parte de los administradores de justicia al momento de emitir sus fallos o asumir sus decisiones, de acuerdo a lo reglado por el art. 15 de la Ley Nº 025.


Bajo todo lo hasta aquí argumentado, en la revisión del Auto de Vista, el Tribunal de alzada aplicó incorrectamente la norma con relación al derecho a la impugnación, basando su fundamento para no ingresar al fondo del litigio en la aplicación vinculante de la Sentencia Constitucional Plurinacional  0233/2016-S1 de 18 de febrero, interpretando de manera errónea el citado precedente constitucional, desconociendo la doctrina legal aplicable impuesta por el Tribunal Supremo de Justica, mediante los Autos Supremos Nº 199/2013 de 11 de julio y 041/2012-RRC de 16 de marzo, razones bastantes que llevan a la Sala en aplicación del art. 419 y 420 del CPP dejar sin efecto al Auto de Vista impugnado.


 POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara FUNDADO el recurso de casación interpuesto por Héctor Cleome Aguilar Maldonado, con los fundamentos expuestos precedentemente y en aplicación del art. 419 del CPP, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista  de 11 de agosto de 2017, disponiendo que la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, previo sorteo y sin espera de turno, pronuncie un nuevo Auto de Vista en conformidad a la doctrina legal establecida en la presente resolución.


A los efectos de lo previsto por el art. 420 del CPP, hágase conocer mediante fotocopias legalizadas el presente Auto Supremo a los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, para que por intermedio de sus Presidentes, bajo responsabilidad, pongan en conocimiento de los Jueces en materia penal de su jurisdicción.


En aplicación del art. 17.IV de la LOJ, por Secretaría de Sala, ofíciese nota al Consejo de la Magistratura, para que tome conocimiento del presente Auto Supremo.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Edwin Aguayo Arando 

Magistrado Dr. Olvis Eguez Oliva

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos