TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO N° 334/2018-RRC

Sucre, 18 de mayo de 2018


Expediente                          : Cochabamba 57/2017

Parte Acusadora                : Ministerio Público y otra

Parte Imputada                 : Juan Justo Ricaldes

Delito                                : Violación de Infante Niña, Niño o Adolescente

Magistrado Relator        : Dr. Edwin Aguayo Arando


RESULTANDO


Por memorial presentado el 28 de agosto de 2017, de fs. 218 a 224 vta., Juan Justo Ricaldes, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 9 de 24 de julio de 2017, de fs. 209 a 215, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Remigia Ricaldes Copa contra el recurrente, por el delito de Violación de Infante Niña, Niño o Adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 Bis en relación a los incs. 2), 3) y 7) del art. 310 del Código Penal (CP).


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


a)   Por Sentencia 6/2013 de 6 de marzo (fs. 146 a 153), el Tribunal Primero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, declaró a Justo Juan Ricaldes, autor de la comisión del delito de Violación de Infante Niña, Niño o Adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 Bis, con la Agravante del art. 310 inc. 3) del CP, imponiendo la pena de veinticinco años de presidio, sin derecho a indulto, con costas a favor del Estado y de la víctima una vez que la sentencia adquiera la calidad de “firme”. 


b)           Contra la referida Sentencia, Justo Juan Ricaldes (fs. 165 a 168 vta.), que previo memorial de subsanación, interpuso recurso de apelación restringida, resuelto por Auto de Vista 9 de 24 de julio de 2017, dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que declaró improcedente el recurso planteado y confirmó la Sentencia apelada.


I.1.1. Motivos del recurso de casación.


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo  869/2017-RA de 3 de noviembre, se extraen los siguientes motivos a ser analizados en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


1)         Respecto a la defectuosa valoración de la prueba, el Tribunal de apelación manifestó que no se puede revalorizar la misma, sin considerar que ninguna norma avala la ilegalidad de un proceso, pues debe darse un valor a cada prueba. El Tribunal de alzada no realizó una adecuada fundamentación conforme dispone el art. 124 del CPP, limitándose a la simple relación de documentos aportados como pruebas por la parte acusadora, omitiendo los motivos de hecho y de derecho, vulnerando el art. 173 del CPP, constituyendo un defecto absoluto, al tenor de los incs. 3) y 4) del art. 169 del CPP. 


2)         En el punto II.2 del Considerando 2,  el fallo impugnado manifiesta que no advierte ninguna contradicción de la víctima, dando por válido todo lo aportado por la parte acusadora, presumiendo desde un comienzo la culpabilidad del imputado sin haber sido oído y juzgado correctamente. 


3)         El Auto de Vista respecto a la exclusión de la prueba, realiza una fundamentación ilógica; toda vez, que la prueba que ha sido excluida en la etapa conclusiva, ya no puede ser tomada en cuenta por el Tribunal de Sentencia ni ser judicializada, o si esta prueba se judicializó en la audiencia conclusiva, ya está de por sí judicializada para su introducción en juicio oral, lo cual corresponde a un defecto absoluto no susceptible de convalidación.


Invoca como precedentes contradictorios los Autos Supremos 724 de 26 de noviembre de 2004 y 349 de 28 de agosto del 2006, señalando que la fundamentación debe ser expresa, clara y legítima.


III. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


III.1. De la Sentencia.


El Tribunal Primero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, emitió la Sentencia 6/2013 de 1 de marzo, con los siguientes argumentos:


  1. Hecho acusado: el acusado en su condición de primo de la víctima de 13 años de edad, tenía acceso a la vivienda habitada por ésta y su madre; en tales circunstancias aprovechando la confianza generada en los lazos familiares, el acusado, al día siguiente del cumpleaños de la menor, ingresó en su habitación y después de despojarla de sus prendas de vestir abusó sexualmente de ella, siendo sorprendido por la madre de la menor.


  1. Hechos probados: a) La víctima nació el 29 de julio de 1997, contando al momento del hecho y la revisión médica con trece años de edad; b) Del examen genital practicado sobre la víctima se diagnosticó, desgarro himeneal antiguo a horas 2, 6 y 9 según las manecillas del reloj; c) Justo Juan Ricaldes agredió sexualmente a la víctima introduciendo su miembro viril en la vagina de la menor, para ello aprovechaba su visita a la casa donde vivía ella conjuntamente su madre, habiendo siso sorprendido por la madre de la menor; d) El imputado ingresaba a la vivienda diariamente porque guardaba el vehículo que conducía, además de que ese inmueble es de propiedad de su hermana; y, e) Entre el imputado y la víctima existe una relación de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad.


  1. Hechos no probados: 1) Que como consecuencia de la agresión la víctima sufre de graves traumas psico-fisiológicos con la exteriorización de indicadores, o tal vez conflictos cognitivos que afecten su desarrollo integral; y, 2) Las condiciones vejatorias o degradantes a las que el imputados habría sometido a la víctima.


III.2. De la apelación restringida.


Contra la citada sentencia el imputado opuso recurso de apelación restringida, reclamando que la sentencia se basó en valoración defectuosa de la prueba, bajo el paraguas normativo brindado por el art. 370 inc. 6) del CPP, expresando al efecto:


  1. Que sobre la prueba MP1, no se valoró la incorrecta consignación de su nombre, la fecha de ingreso de la querella, ni el certificado médico forense practicado sobre la víctima.


  1. Sobre la prueba MP2, el Tribunal no fundamentó el por qué la consideró ilícitamente obtenida, más cuando no se estableció si hubo o no defloración.


  1. Que en torno a la prueba MP4, no se tuvo en cuenta las contradicciones entre esa documental y la atestación de su autor, descartando su introducción al considerarse que no fue introducida al proceso a través de un medio lícito.


  1. Las pruebas MP6 y MP8, denotan contradicciones sobre las fechas y lugares en que los supuestos hechos se habrían suscitado, arrojando la existencia de dos hechos distintos.


e)  No se dieron razones sobre el por qué las pruebas MP2, MP4 y MP11 no fueron valoradas, si pasaron el filtro de la audiencia conclusiva, como tampoco se explicó las razones de la obtención ilícita sostenida por el Tribunal de Sentencia.


III.3. Del Auto de Vista impugnado. 


Previa, priorización de sorteo del expediente y llevada a cabo audiencia de fundamentación, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, resolvió el recurso de apelación restringida interpuesto por el imputado, en base a las siguientes consideraciones:


  1. Transcribiendo porciones de los Autos Supremos 229/2012 de 27 de septiembre y 151 de 2 de febrero de 2007, referentes a la limitación que los Tribunales de apelación tienen sobre revalorizar la prueba, se señala que el en ese momento apelante “no puede pretender que el tribunal de alzada vuelva a valorar las pruebas que se produjeron en el juicio oral, sino que tiene que atacar la logicidad de la sentencia, en lo que ataña a la actividad probatoria y su relación con la vulneración de las reglas de la sana crítica.” (sic), para luego, expresar que “el apelante se ha limitado a exponer criterios de valoración desde su perspectiva, estimando supuesta incongruencia, sin indicar concretamente los motivos por los que considera que en la sentencia existe valoración defectuosa de la prueba en el ámbito, previsto por el inc. 6) del art. 370 del CPP; es decir, no especifica qué reglas de la lógica, la experiencia y la psicología han sido quebrantadas en la valoración de la prueba” (sic).


Los de apelación “de la lectura íntegra de la sentencia apelada y revisión del acta de juicio oral” (sic), concluyen se aplicó las reglas de la sana crítica, haciendo una apreciación conjunta y armónica de toda la prueba de conformidad a los arts. 173 y 3596 del CPP, sin que se advierta acciones u omisiones que evidencien defectuosa valoración probatoria. De modo tal, el Tribunal de apelación, consideró que tales acciones bajo los principios de inmediación y contradicción, permitieron a los de sentencia lograr convencimiento sobre el objeto del proceso y la corroboración de la hipótesis acusatoria.


  1. Sobre la valoración de las pruebas MP6 y MP8, se advirtió la presencia de “prueba que se complementa entre sí por la coherencia en su aporte informativo” (sic), descartando dar criterio sobre las aseveraciones de fondo ante la prohibición de revalorización.


  1. En relación al reclamo de no haberse valorado las pruebas MP2, MP4 y MP11, por considerarse en sentencia que no fueron obtenidas a través de medios procesalmente lícitos, establecidos en los arts. 193, 206 y 218 del CPP. El Auto de Vista impugnado menciona que la decisión de no sustentar una decisión judicial con base a ellas, por haberse considerado inobservado formalidades relativas a su recolección, es razonable en resguardo del debido proceso; así como, el apelante no hubo fundamentado cuáles las razones por las que, por su relevancia, la valoración de esas pruebas superaría la convicción arribada por los de sentencia, sin que pueda darse curso a una petición de nulidad por la nulidad misma.


  1. Luego de una extensa transcripción de pasajes que sobre conceptos y consideraciones fueron realizadas en distintos ámbitos jurídicos, cuya eje central es la protección integral de menores en delitos de agresión sexual, el Tribunal de apelación concluye “ese contexto constitucional, convencional, legal, jurisprudencial, no condice con la pretensión de que se declare la nulidad de la sentencia y se disponga el reenvío, por el solo hecho de haberse valorado las pruebas de cargo MP2, MP4 y MP11 de manera justificada y suficientemente fundamentada, cuando de ninguna manera constituye, ni ha causado, vulneración de los derechos del imputado, menos con relevancia constitucional, tampoco se le ha causado indefensión práctica” (sic).    


               IV. VERIFICACIÓN DE LA CONTRADICCIÓN PLANTEADA


Juan Justo Ricaldes, en casación pretende la censura del Auto de Vista 9 de 24 de julio de 2017, alegando insuficiencia argumentativa y falta fundamentación, apuntando a tres aspectos que a su juicio poseerían tal defecto y por ende generasen vulneración al art. 124 del CPP. En primer término alega que “no existe fundamentación que haga referencia a las pruebas en las que se fundaron para llegar a confirmar la sentencia impugnada” (sic) y la existencia de “serias contradicciones cuando se lo condena por un delito que jamás cometido ni admitido a una pena privativa de libertad, que al no estar acreditados los hechos y al haber una mala valoración de la prueba de cargo, al no haberse demostrado la existencia del supuesto delito” (sic). En un segundo momento expresa que al validar la atestación de la víctima, que en perspectiva del recurso fuera contradictoria en torno a la fecha del hecho y no otorgar valor a la prueba aportada por la defensa hace que su culpabilidad sea presumida. Finalmente, consideró que la fundamentación realizada por el Tribunal de apelación, sobre la prueba que fuera excluida en etapa conclusiva, constituye en sí un defecto absoluto.


Así las cosas, habiéndose invocado como precedentes contradictorios los Autos Supremos 724 de 26 de noviembre de 2004 y el 349 de 28 de agosto de 2006, a continuación se consignará la doctrina legal aplicable de estas resoluciones, para después ingresar a verificar la contradicción aludida por el recurrente.   


Auto Supremo 724 de 26 de noviembre de 2004.


Emitido por la Sala Penal de la extinta Corte Suprema de Justicia dentro del proceso penal seguido por WLMC contra VACG por los delitos de Estafa y Estelionato, dio mérito a una denuncia de omisión de pronunciamiento de agravios planteados en apelación restringida, dejando sin efecto el Auto de Vista impugnado y sentando la siguiente doctrina legal aplicable:


“Que el juicio oral, público y contradictorio conforme dispone el artículo 1 del Código de Procedimiento Penal, se halla tutelado por las garantías constitucionales y las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio. En su desarrollo las partes asumen el papel protagónico de someterse a las reglas del debido proceso en igualdad de condiciones. Los Tribunales de Sentencia o el Juez, deben emitir la sentencia fundamentada, consignando todos y cada uno de los hechos debatidos en el juicio, con un análisis de todas y cada una de las pruebas de cargo y descargo incorporadas legalmente en el proceso, debiendo la fundamentación ser clara sin contradicción entre la parte considerativa y la resolutiva, con indicación de las normas sustantivas o adjetivas que respalden el fallo requisitos que toda sentencia debe contener, constituyendo su omisión defectos de sentencia insubsanables al tenor del arts. 370 incs. 3) y 5) del Código de Procedimiento Penal, por lo que en esos casos corresponde aplicar el primer parágrafo del artículo 413 del Código de Procedimiento Penal”.


Auto Supremo 349 de 28 de agosto del 2006.


Fue emitido por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Suprema de Justicia, en un proceso penal por los delitos de Hurto Agravado y Manipulación Informática, previstos y sancionados por los arts. 326 y 363 bis del Código Penal. Ante la anulación de una Sentencia absolutoria y la disposición de juicio de reenvío, se recurrió en casación denunciando fundamentación insuficiente y contradicción que existe en el Auto de Vista impugnado. El citado Auto Supremo determinó que las denuncias de casación eran evidentes, determinando dejar sin efecto el Auto de Vista recurrido, sentando la siguiente doctrina legal:


“En ningún fallo puede omitirse la fundamentación que justifique lo determinado en la parte dispositiva de la resolución, no pudiendo ser reemplazado por la simple relación de documentos o la mención de los requerimientos de las partes; tampoco puede existir incongruencia y contradicción entre los fundamentos expuestos en la parte considerativa y la resolutiva.


Por otra parte, se deja en `indefensión´ a las partes y se viola la garantía constitucional del `debido proceso´ cuando el Auto de Vista deviene en `infrapetita´ es decir cuando el Tribunal de apelación omite pronunciarse respecto a cada uno de los puntos de reclamación que contiene el recurso de apelación restringida.


Por lo que es esencial que el Auto de Vista que resuelve el recurso de apelación restringida, contemple fundadamente todos los puntos de impugnación contenidos en el recurso de apelación restringida a efecto de no vulnerar los derechos y garantías constitucionales de las partes.”


Ya en materia, de la jurisprudencia sentada por los precedentes contradictorios invocados, se hace patente el pronunciamiento sobre un escenario de derecho procesal, referido al alcance de la competencia de los tribunales de apelación y el consiguiente deber de otorgar respuestas completas y congruentes en los recursos de apelación restringida que les sea puestos a conocimiento; así como la forma en la que deben ser controladas las sentencias de grado, a las que debe exigírseles su completitud y coherencia.


El Auto de Vista 009 de 24 de julio de 2017, conforme lo reseñado en el apartado III.3 de esta Resolución, brindó respuesta a todas las problemáticas planteadas en el recurso de apelación restringida, que a su turno estuvieron circunscritas a cuestionar la valoración en torno a las pruebas consignadas como MP1, MP2, MP4, MP6, MP8 y MP11 y cuya respuesta se halla en los numerales II.1, II.2 y II.3 del Auto de Vista recurrido, en cuyo transcurso se otorgan las razones de hecho y derecho por las que el Tribunal de apelación tomó en cuenta para emitir su resolución, ello dentro del límite legal que sus competencias establecen; ello es, sin adentrarse en la valoración (positiva o  negativa) de las pruebas producidas en juicio oral y menos aún en la determinación o modulación de hechos. Primer aspecto, en el que la Sala no encuentra la contradicción pretendida por el recurrente.


En cuanto a la vulneración de los arts. 124 y 173 del CPP y la existencia de defectos absolutos en el marco de los incs. 3) y 4) del art. 169 de la misma norma procesal, con base al reclamo de una posible fundamentación limitada a la relación de documentos aportados como pruebas por la parte acusadora, debe considerarse, que bajo el paraguas de las competencias delegadas a los tribunales de apelación por la norma y los razonamientos que sobre ésta la jurisprudencia ha sentado (en la que se hallan justamente la doctrina legal de los AASS 724 de 26 de noviembre de 2004 y 349 de 28 de agosto de 2006) es evidente que por respeto al principio de inmediación la valoración de pruebas en apelación restringida está vedada, siendo que el análisis en esta etapa se circunscribe al control de la legalidad de los razonamientos contenidos en sentencia. Este marco procesal, fue justamente en el que el Auto de Vista 009 de 24 de julio de 2017, emitió criterio, sin entrar en la consideración positiva o negativa- de las pruebas a partir de la emisión de criterios de hecho y derecho, con la confrontación de los argumentos del recurso y la sentencia apelada, razón por la que la transgresión de los arts. 124 y 173 del CPP, por parte del Fallo impugnado no es evidente.


Lo expuesto en el párrafo que precede, se ajusta al cuestionamiento vertido por el recurrente en sentido que dentro del punto II.2 del Considerando 2, el Auto de   la fallo impugnado manifiesta que no advierte ninguna contradicción de la víctima, dando por válido todo lo aportado por la parte acusadora, presumiendo que el Tribunal de apelación desde un comienzo consideró la culpabilidad del imputado sin haber sido oído y juzgado correctamente, el recurrente en apelación restringida planteó una tesis que hubiera orillado a una revalorización de la prueba por cuanto partiendo de una afirmación (como lo fuera el caso del caso de la fecha de ocurrido el hecho) solicitó se proceda a cotejar o bien confrontar las versiones; empero, en una fase procesal donde esa eventualidad está prohibida. La postura del Tribunal de apelación es coherente; por cuanto, exteriorizando la imposibilidad de revalorización probatoria, atiende los reclamos del entonces apelante dando por bien hecha la determinación del Tribunal de sentencia, en la conclusión de que la tesis acusatoria fue probada, más cuando el hecho debatido en juicio oral se trató de uno de agresión sexual cuya propia tesis acusatoria se centró a partir de ser considerado un delito en flagrancia.


Finalmente, el imputado reclama que el Auto de Vista, respecto a la exclusión de la prueba realiza una fundamentación ilógica, “toda vez que la prueba que en la etapa conclusiva ha sido excluida en la etapa conclusiva, ya no puede ser tomada en cuenta por el Tribunal de Sentencia ni ser judicializada, o si esta prueba se judicializó en la audiencia conclusiva ya está de por sí también ya se judicializada para su introducción en juicio oral y no es como fundamenta el tribunal de alzada”, de igual manera el recurrente sobre la eventual valoración de la prueba a la que hace referencia, asegura “hubiera dado lugar a mi absolución” (sic).


De aquí en más se concluye que este particular aspecto, en iguales consideraciones que los anteriores, a su turno carece de mérito. Por una parte el reclamo en casación, tomando como base una presunta falta de fundamentación a la que se adiciona la identificación de un posible defecto absoluto que el Tribunal de alzada no declaró, apunta indirectamente a la posibilidad sobre una posible absolución a partir de la valoración de tres pruebas en juicio oral; es decir, se recurre de nueva cuenta al ejercicio de inclinar el análisis de apelación restringida a la valoración de la prueba, inclusive si la misma no haya sido tomada en cuenta por los de sentencia.


El Tribunal de apelación en el punto II.3 del Auto de Vista 9, revisó los motivos por los que el tribunal de origen restó considerar las pruebas MP2, MP4 y MP11, reseñando las actuaciones procesales sobre el particular y concluyendo que: “el Tribunal a quo ha fundamentado razonablemente los motivos por los que en resguardo del debido proceso, los derechos fundamentales y garantías constitucionales del imputado, no podía fundamentar la sentencia en dichos elementos” (sic), además de mencionar más adelante sobre le defecto absoluto señalado- que la nulidad procesal no procede sin una causal que la justifique como único remedio para la reparación de un agravio; empero, que en el caso de referencia ello era imposible dado que el recurrente, más allá de la llana afirmación, no argumentó las razones (o bien el planteamiento de una hipótesis) que haga ver que aquellas pruebas en efecto poseían trascendencia sobre el resultado final del fallo. Opiniones que la Sala comparte y que considera como fundamentación suficiente sobre los reclamos del recurrente.


Por todo lo expuesto hasta acá, la Sala concluye que la contradicción acusada por Juan Justo Ricaldes no es evidente; por cuanto, el Auto de Vista 9 de 24 de julio de 2007, no tomó un sentido contrario a la doctrina legal aplicable, contenida en los Autos Supremos 724 de 26 de noviembre de 2004 y 349 de 28 de agosto del 2006.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Juan Justo Ricaldes.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Edwin Aguayo Arando 

Magistrado Dr. Olvis Eguez Oliva

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos