TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 333/2018-RRC

Sucre, 18 de mayo de 2018


Expediente                          Cochabamba 53/2017

Parte Acusadora                Ministerio Público y otro

Parte Imputada                 Fabiola Juany Rojas Lafuente y otros

Delitos                                Asesinato y otros

Magistrado Relator        : Dr. Edwin Aguayo Arando


RESULTANDO


Por memoriales presentados el 31 de agosto, el 2, 3 y 4 de septiembre de 2015, Inés La Fuente de Rojas, de fs. 691 a 693 vta., Jhonny Richard La Fuente García, Wilson La Fuente García, Teodolinda García Maldonado, de fs. 715 a 717 vta., Seyla Emilia Toledo Cornejo, de fs. 727 a 732 vta., Fabiola Juany Rojas La Fuente, de fs. 757 a 761 vta. y José Torrejón Choque, 778 a 781 vta., a su turno interponen recursos de casación, impugnando el Auto de Vista 19 de 31 de julio de 2015, de fs. 673 a 682, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Leovigildo Porfirio Ríos Rojas contra Félix La Fuente Quiroga, María Elizabeth La Fuente García y los recurrentes, por la presunta comisión de los delitos de Asesinato, Robo Agravado y Asociación Delictuosa, previstos y sancionados por los arts. 252 incs. 3) y 6), 332 incs. 1), 2) y 3) y 132 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


  1. Por Sentencia 21/2011 de 7 de noviembre (fs. 519 a 544), el Tribunal de Sentencia de Quillacollo de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, declaró a Teodolinda García Maldonado, Wilson La Fuente García, Jhonny Richard La Fuente García y José Torrejón Choque, autores de la comisión de los delitos de Asesinato, Robo Agravado y Asociación Delictuosa, previstos y sancionados por los arts. 252 inc. 3) y 6), 332 incs. 1), 2) y 3) y 132 del CP, condenándoles a la pena de treinta años de presidio sin derecho a indulto. Por otra parte, declaró a Fabiola Juany Rojas La Fuente, Seyla Emilia Toledo Cornejo, Inés La Fuente de Rojas, Félix La Fuente Quiroga, autores de los delitos de Asesinato y Robo Agravado, en grado de Complicidad y Asociación Delictuosa, tipificados por los arts. 252 incs. 3) y 6), 332 incs. 1), 2) y 3) con relación a los arts. 23 y 132 del CP, condenándoles a la pena de quince años de presidio. Asimismo, declaró a María Elizabeth Lafuente García, autora de la comisión del delito de Encubrimiento, previsto y sancionado por el art. 171 del CP, condenándole a la pena de dos años de privación de libertad, pudiendo acogerse al beneficio del perdón judicial. Con costas a favor del Estado y de las víctimas averiguables en ejecución de sentencia.


  1. Contra la referida Sentencia, los imputados Fabiola Juany Rojas La Fuente (fs. 549 a 551 vta.), Inés La Fuente de Rojas (Fs. 556 a 558 vta.), Seyla Emilia Toledo Cornejo (fs. 563 a 573), Félix La Fuente Quiroga (fs. 578 a 583), José Torrejón Choque (fs. 597 a 603), Jhonny Richard La Fuente García (fs. 606 a 610), Wilson La Fuente García (fs. 613 a 617) y Teodolinda García Maldonado (fs. 620 a 625), interpusieron recursos de apelación restringida, que fueron resueltos por Auto de Vista 19 de 31 de julio de 2015, dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que declaró improcedentes los recursos planteados y confirmó la Sentencia apelada, motivando a la interposición del presente recurso de casación.


I.1.1. Motivo del recurso de casación.


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 849/2017-RA de 31 de octubre, se extrae el motivo a ser analizado en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


Previa mención de que a tiempo de formular su recurso de apelación restringida invocó los Autos Supremos 451 de 13 de septiembre de 2007, 436/2006 de 20 de octubre, 111/2012 de 11 de mayo, denuncia defectos procesales absolutos e insubsanables por violación al debido proceso por parte del Auto de Vista impugnado; ya que contendría sólo una relación de hechos, con transcripciones parciales de la sentencia y los memoriales de apelación, manteniéndose la subsunción al tipo penal descrito en la sentencia, sin ninguna fundamentación descriptiva e intelectiva de los delitos cometidos; por cuanto, su persona jamás participó en la comisión de los delitos expresados en la sentencia, no existiendo prueba alguna que esté relacionada a su participación directa. Añade, que el Tribunal de alzada no individualizó los supuestos delitos cometidos por cada uno de los imputados, en relación a tiempo y espacio, no existiendo prueba alguna de la participación de su persona; evidenciándose, a su criterio que el Auto de Vista no efectuó una valoración correcta de todo el proceso; puesto que, no existe prueba material, testifical, intelectual, pericial que determinen su participación en los actos delictivos.


Refiere, actividad procesal defectuosa y defectos absolutos del inc. 3) del art. 169 del CPP, además cita el art. 8.2 inc. h) del Pacto de San José de Costa Rica, y el art. 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, normas que consagran el derecho que tiene toda persona a impugnar, arguyendo que el Auto de Vista recurrido infringió los arts. 167, 169 inc. 2) párrafo segundo y el art. 370 incs. 1), 3), 4), 5) y 6) del CPP; asimismo, los arts. 109, 115, 116-I y 117-I de la Constitución Política del Estado (CPE).


I.1.2. Petitorio.


La recurrente solicita, se anule el Auto de Vista recurrido, disponiendo que el Tribunal de alzada emita nueva Resolución, disponiendo la absolución de su persona.


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 849/2017-RA de 31 de octubre, cursante de fs. 811 a 816, este Tribunal ante la concurrencia de los presupuestos de flexibilización admitió  únicamente el recurso de casación formulado por la imputada Seyla Emilia Toledo Cornejo, para el análisis de fondo del motivo identificado precedentemente.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se tiene lo siguiente:


II.1.        De la Sentencia.


Por Sentencia 21/2011 de 7 de noviembre, el Tribunal de Sentencia de Quillacollo de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, declaró a Teodolinda García Maldonado, Wilson La Fuente García, Jhonny Richard La Fuente García y José Torrejón Choque, autores de la comisión de los delitos de Asesinato, Robo Agravado y Asociación Delictuosa, condenando a la pena de treinta años de presidio sin derecho a indulto. Por otra parte, declaró a Fabiola Juany Rojas La Fuente, Seyla Emilia Toledo Cornejo, Inés La Fuente de Rojas, Félix La Fuente Quiroga, autores de los delitos de Asesinato y Robo Agravado, en grado de Complicidad y Asociación Delictuosa, imponiendo la pena de quince años de presidio. Asimismo, declaró a María Elizabeth Lafuente García, autora de la comisión del delito de Encubrimiento, previsto y sancionado por el art. 171 del CP, condenando la pena de dos años de privación de libertad, bajo los siguientes hechos probados:


  1. Que, Teodolinda Gracia Maldonado, frecuentaba el mercado de Vinto los días de feria para adquirir al contado y a crédito productos para  comercializarlos en la zona de Confital, en esa actividad conoció a Rosalía Ríos de Cuba que era comerciante mayorista de cebollas y zanahorias para comercializarlo en camionadas en el interior del país como La Paz, Oruro, Santa Cruz, en Vinto vendía el día que se realizaba la feria.


  1. Rosalía Ríos de Cuba se encontraba unida en matrimonio con Cordiano Cuba Guzmán, dedicándose ambos a la venta de cebollas y zanahorias, colaborados por Marizabeth Guzmán Mamani que trabajaba con ellos desde hace nueve años atrás, estando con ellos también su hijo adolescente Brayan y sus dos nietas gemelas Soraya y Sabrina de apellidos Quispe Cuba de dos años de edad. Toda la familia salían de su casa en horas de la madrugada en un camión de su propiedad para realizar sus actividades, administrando Rosalía Ríos de Cuba el negocio que tenía la familia y por no haber personas que se quedaran en su casa llevaba con ella sus ahorros en un monto aproximado de $us. 60.000 y Bs. 60.000, en un mandil especial que estaba debajo de sus polleras.


  1. Teodolinda García Maldonado conocedora de las actividades de Rosalía de Cuba y su familia, comenzó a ganarse su confianza, llevando comida para la familia Cuba Ríos, ayudándolos con la intención de conocer todos los aspectos, acercándose junto a su hija Inés La Fuente de Rojas, yendo madre e hija a la casa de los esposos Cuba Ríos, brindándose a limpiar el chiquero y dar de comer a los cerdos, insistiendo Teodolinda que su hija Inés trabaje con Rosalía en el cuidado de sus nietas, todo para saber cuánto de dinero tenía la familia, dónde los guardaba y cuáles eran las intenciones para invertir sus ahorros.
  2. Teodolinda al tener conocimiento de los dineros que tenía la familia Cuba Ríos, donde se encontraban guardados y en qué querían invertir, como adquirir un camión o un terreno, convocó a sus hijos para avisarles que la familia Cuba Ríos tenía suficientes dineros ahorrados y también un buen capital en efectivo, planificó la forma de apoderarse de esos recursos.


  1. Que, ante el llamado de Teodolinda algunos miembros de su familia como su esposo Félix La Fuente Quiroga, sus hijos Wilson, Jhonny Richard La Fuente García, la hija Inés La Fuente de Rojas, la nieta Fabiola Juany Rojas La Fuente, esposo de esta José Torrejón Choque, Seyla Emilia Toledo Cornejo esposa de Jhonny Richard, comenzaron a organizarse y planificar como apoderarse de los dineros que tenían las víctimas, estableciendo quienes ejecutarían el hecho y quienes colaborarían con el hecho.


  1. Teodolinda García de La Fuente y su hijo Wilson La Fuente García dirigían la operación, por lo que comenzaron a convencer a sus víctimas sobre la existencia de un lote de terreno que estaba en venta de una persona conocida de ellos, por lo que intercederían para convencer al propietario del lote para que los venda a cambio de supuesta comisión de $us. 500.


  1. Convencidos los esposos Cuba Ríos para la adquisición del lote de terreno que los imputados habían ubicado, según lo planificado quedan con Teodolinda y su hijo Wilson encontrarse el sábado 19 de junio de 2010 a horas 14:30 en inmediaciones de la Fábrica Manaco, para llegar al lugar del lote, encontrarse con el propietario y realizar la transacción de la compra de lote y para asegurar que la víctima estaría a la hora indicada en el lugar de la cita, Teodolinda por la mañana se apersona al puesto de venta de las víctimas ubicado en el mercado Santa Bárbara y para evitar ser reconocida se cubre la mayor parte del rostro con una mantilla, gorro y sombrero, después de confirmar la presencia de las víctimas en el lugar acordado vuelve a su casa para continuar con lo planificado, mientras que su esposo a horas 7:00 am aproximadamente, sale de su casa para dirigirse al lugar donde estaba el lote supuestamente en venta, para observar el movimiento de personas, los alrededores y otros aspectos, de acuerdo a lo planificado a horas 13:45 los hermanos Jhonny Richard y Wilson La Fuente salen de su casa dirigiéndose al lote de terreno, por su parte José Torrejón sale a la misma hora de su casa para constituirse en el mismo lugar que los hermanos La Fuente, ubicándose de acuerdo a lo planificado en un lugar oculto, después de ello Wilson La Fuente vuelve a su casa para concurrir junto a su madre al lugar donde los esposos Cuba Ríos tenían que aguardarlos en su camión, dejando el mercado los esposos Cuba Ríos junto a sus nietas gemelas para acudir a la cita con Wilson y Teodolinda, para ubicarse en inmediaciones de la Fabrica Manaco  y allí aguardan a Teodolinda y a su hijo Wilson, quine suben al camión a la parte de la cabina y en el camarote va Rosalía y sus nietas, los imputados conducen a los esposos hacia el lote de terreno, cerciorándose de que llevaban el dinero.


  1. En el lugar, según lo planificado Teodolínda y Wilson se baja del camión con la excusa de que irían en busca del propietario del lote de terreno, para realizar la transacción, después de alejarse un poco del lugar Teodolinda se aleja del lugar mientras que Wilson, Jhonny Richard y José se acercan al camión donde los esposos Cuba Ríos, estaban aguardando al supuesto propietario del lote comiendo cítricos y papa cocida con cáscara; los imputados ya nombrados, al llegar al lugar empiezan a disparar en primer lugar a Cordiano Cuba de frente en la cara, sorprendiéndole sin oportunidad de defenderse, Rosalía Ríos pretende escapar y recibe 4 impactos de bala, que la menor Soraya al levantarse para escapar cae de rodillas y recibe un impacto de la cabeza, la otra menor Sabrina  queda en el lugar viva posiblemente porque se les acabó los proyectiles a los imputados, que se acercan a la cabina y sacan el aguayo con el dinero, también sacan del mandil de la occisa todo el dinero que tenía, producto de la venta de sus productos y se dan a la fuga hacia el cerro Cota.


  1. Los imputados Wilson, José, Teodolinda y Fabiola viajan a La Paz esa misma noche con la finalidad de armar una coartada.


  1. Que, Fabiola Juany Rojas Lafuente colaboró activamente con lo planificado por Teodolinda, Wilson y otros, viajó después del hecho junto a su esposo José Torrejón a La Paz, para ponerse de acuerdo, dando información falsa a los efectivos policiales, realizando los preparativos de fuga.


  1. Seyla Emilia Toledo Cornejo vino junto a su esposo Jhonny Richard La fuente desde Santa Cruz al llamado de Teodolinda García para la comisión del hecho delictivo, se quedó en esa localidad planificando la realización del hecho doloso, colaboró activamente, dio información falsa a los efectivos policiales, estaba preparada para darse a la fuga, que Félix Lafuente Quiroga también colaboró activamente, realizando vigilancia en el lugar, dando información falsa sobre el paradero de su esposa Inés Lafuente de Rojas; así también, María Elizabeth La Fuente García posterior a la comisión del hecho delictivo, sabiendo que sus hermanos estaban siendo buscados por efectivos policiales, colaboró con ellos para evitar que sean detenidos.


II.2.  Del recurso de apelación restringida de la imputada.


       Notificada con la Sentencia, Seyla Emilia Toledo Cornejo formuló recurso de apelación restringida, bajo los siguientes argumentos:

       

  1. “FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA DEL PROCESO QUE VULNERAN LOS DERECHOS DE LA RECURRENTE”; manifiesta que en el Considerando II de la Sentencia, ninguna de las declaraciones de los imputados señaló o informó un solo acto de participación imputable a su persona en los hechos delictivos acusados. Que, en el considerando III de la Sentencia no la menciona en nada a su persona en los subtítulos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, décimo y décimo primero, solo la menciona en el subtítulo noveno no existiendo ningún medio probatorio consistente en testigos presenciales, pruebas literales, periciales, materiales o extraordinarias que demuestren que su persona hubiere venido junto a su esposo Jhonny Richard Lafuente desde Santa Cruz al llamado de Teodolinda García para la comisión del hecho delictivo; ni que se quedó en esa localidad planificando la realización del hecho doloso o que colaboró activamente para la comisión del hecho delictivo no evidenciándose ningún acto doloso de participación, tampoco se demostró que su persona dio información falsa a los efectivos policiales, no siendo un presupuesto de Complicidad, ni que estaba preparada para darse a la. Que, en el considerando IV de la Sentencia, las pruebas testificales de cargo no mencionaron ni reconocen a su persona, menos establecieron su participación antes, durante o después de la comisión de los hechos delictivos, que con relación a los testigos Eduardo Huanaco Salgado y Erwin Zenón Morales Rosas sus testimonios sobre sus actuaciones policiales se basan en un Allanamiento, cuya acta no refleja lo declarado, pues en el acta no refleja que su persona haya tenido su ropa lista, para escapar ni que haya facilitado o cooperado en la ejecución del hecho doloso, menos demostrado que su persona en virtud a promesas  haya prestado ayuda con posterioridad a los hechos delictivos, configurando su participación en calidad de Cómplice. Que, las pruebas literales de cargo y descargo no mencionan, demuestran, ni establecen un solo acto de participación de su persona en la comisión del hecho delictivo. Que, en el considerando V de la Sentencia, no existe ningún medio probatorio que demuestre que su persona haya colaborado activamente ni haya realizado un acto de planificación, ni que ocultaba donde se encontraba su esposo y que lo mantenía informado sobre las actuaciones de la policía o que estaba preparada para darse a la fuga con la ropa lista cuando los efectivos allanaron la casa de su suegra, aspecto que no se encuentra registrado en el acta de allanamiento de la casa de su suegra signado como prueba MP P-20.


  1. Inobservancia o errónea aplicación de la Ley sustantiva art. 370 inc. 1) del CPP: i) Errónea aplicación del art. 23 del CP, asevera que la sentencia, contiene una errónea calificación de los hechos; puesto que, ninguna de las pruebas de cargo evidenció un solo acto de omisión de su persona que demuestren que haya prestado a los autores una colaboración dolosa para ejecutar el hecho delictivo, que a efectos de que se configure la complicidad  debe existir dos elementos: i) Que, el cómplice preste una colaboración dolosa para ejecutar el hecho; y, ii) Que, exista promesas realizadas con anterioridad a la comisión del hecho punible y que amparados en dichas promesas presten ayuda una vez cometido el delito; pues si la ayuda prestada por el cómplice se realizara sin promesa anterior, la conducta del autor no estará en grado de complicidad sino de encubrimiento previsto por el art. 171 del CP, que en su caso, de la prueba judicializada su conducta no se subsume en los elementos constitutivos del tipo penal de complicidad en los delitos de Asesinato y Robo Agravado; y, ii) Inobservancia del art. 13 del CP; por cuanto, no existe ninguna prueba testifical, literal, pericial, material o extraordinaria que evidenciare que su persona hubiere prestado a los autores una colaboración dolosa para ejecutar el hecho delictivo.


  1. Violación al art. 370 inc. 5) del CPP; alega que: i) La fundamentación de la sentencia es insuficiente y contradictoria; ya que, no ha cumplido con lo previsto por los arts. 124 y 173 del CPP; puesto que, no le otorgó un determinado valor a cada uno de los elementos de prueba; adoleciendo además, la sentencia de falta de fundamentación probatoria intelectiva, pues si bien realiza una mención de las pruebas y los puntos que resultan más resaltantes, no establece porque les merece crédito, no efectuó una valoración detallado de las declaraciones de los policías testigos Eduardo Huanaco Salgado y Erwin Zenón Morales Rosas, con aplicación de las reglas de la sana crítica; ya que, no toma en cuenta que las declaraciones de los referidos testigos no se encuentran avaladas, respaldadas ni sustentadas  con otros medios probatorios, tampoco valora el acta de allanamiento signada como prueba MP P-20. Añade, que la sentencia adolece de fundamentación jurídica toda vez, que no aplicó el art. 13 del CP; además no logró establecer suficientemente la existencia de los elementos materiales en su conducta que se subsuman a los delitos acusados, no analizando las contradicciones en las declaraciones de los testigos policías con el acta de allanamiento, tampoco las declaraciones testificales con toda la prueba literal, pericial y material, no logrando establecer ningún acto u omisión que refleje su participación que demuestre que su persona haya prestado a los autores una colaboración dolosa para ejecutar los hechos delictivos.


  1. Violación al art. 370 inc. 6) del CPP; toda vez, que: i) La sentencia se basa en hechos no acreditados; puesto que, no existe ninguna evidencia material que demuestre que su persona haya realizado algún acto de cooperación o que haya facilitado la ejecución de los hechos delictivos, pues tampoco se demostró que en virtud de promesa anterior haya prestado ayuda o asistencia con posterioridad al hecho; y, ii) La Sentencia se basa en valoración defectuosa de la prueba; puesto que, no valora correctamente las pruebas testificales de cargo de los testigos Leovigildo Porfirio Ríos, Brayan Cuba Ríos, Walter Bravo Zambrana, Honorata Cabrera de Alí, Mercedes Arteaga Huarachi, Pedro Chambilla Rojas, María Erlinda Terrazas Guevara, Narcisa Solís, Benigna Paichucama Escalera, Marizabeth Guzmán Mamani, María Aída Grageda Viscarra, “TESTIGO NN”, Basilia Herbas Silvestre de Medrano, Miriam Rosario Rocabado de Ricaldez y Tomás Centeno Ríos, que no reconocen a su persona como una de las personas que participó de la comisión de los hechos delictivos, como tampoco valoran las pruebas literales, materiales y periciales.


  1. Con relación al Ilícito de Asociación Delictuosa, considera que se aplicó erróneamente el art. 132 del CP; puesto que, en su conducta existe falta de tipicidad incurriendo en el defecto del art. 370 inc. 1) del CPP; no existiendo además, en la sentencia fundamentación probatoria intelectiva ni jurídica; ya que, no establece los motivos que le llevan a condenarla por el delito de Asociación Delictuosa Cayendo en el defecto del art. 370 incs. 5) y 6) del CPP.


II.3.        Del Auto de Vista impugnado.


La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, emitió el Auto de Vista impugnado, que declaró improcedentes los recursos planteados; en consecuencia, confirmó la sentencia apelada bajo los siguientes argumentos, vinculados al motivo del recurso de casación de la imputada Emilia Seyla Toledo Cornejo:


Refiere el Tribunal de alzada, que de la revisión y lectura inextensa de los recursos de apelación planteados por los imputados, infiere que existen puntos de agravios que resultan coincidentes a varios de ellos, por lo que ingresa a resolverlas de forma conjunta:


  1. Respecto a la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, prevista por el art. 370 inc. 1) del CPP, donde los imputados alegan que no existen elementos constitutivos de los delitos de Asesinato, Robo Agravado y Asociación Delictuosa en grado de autor para Teodolinda García Maldonado, Wilson Lafuente García, Jhonny Richard Lafuente García y José Torrejón Choque; y en cuanto, a Fabiola Juany Rojas Lafuente, Seyla Emilia Toledo Cornejo, Inés Lafuente de Rojas, Félix Lafuente Quiroga por ser cómplices de los delitos de Asesinato y Robo Agravado y autores del delito de Asociación Delictuosa. Que, los argumentos planteados por la defensa de los imputados guardan estrecha vinculación con otro de los puntos de apelación como es la insuficiente fundamentación probatoria contenida en la Sentencia prevista por el art. 370 inc. 5) del CPP, que establece como defecto de Sentencia que no exista fundamentación de la sentencia o que esta sea insuficiente o contradictoria y que la sentencia se base en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba. Previa exposición doctrinal respecto a la fundamentación de la sentencia, refiere, que de la lectura de la Sentencia el Tribunal identificó en principio los hechos probados lo que se conoce como la fundamentación fáctica; posteriormente, pasó a describir los elementos probatorios que han sido desfilados o judicializados en juicio oral; es decir, ha descrito las pruebas testificales y documentales o literales que han ingresado al juicio oral, detallando específicamente a qué se refieren las mismas, de igual manera describió lo esencial de las declaraciones de los testigos; es decir, explica que es lo que han manifestado cada uno de los testigos respecto del hecho; posteriormente, el Tribunal ingresó a valorar de manera intelectiva la prueba y analizar íntegramente las pruebas producidas, apreciando uno por uno los elementos de convicción producidos, explicando el por qué da un determinado valor a una prueba, aplicando las reglas de la sana crítica, explicó expresamente los motivos por los que a mérito de dicha valoración ha llegado a determinada convicción, para finalmente realizar una fundamentación jurídica y subsumir la conducta de cada uno de los imputados a cada uno de los tipos penales acusados.


En ese contexto, la Sentencia ha efectuado una valoración descriptiva e intelectiva de la prueba y además una valoración conjunta y armónica de todo el material probatorio producido dentro de la audiencia de juicio oral, corresponde destacar que si bien la defensa de los imputados casi en su generalidad indican que la valoración de la prueba es contradictoria  y que no existen los elementos de convicción suficientes para el pronunciamiento de una sentencia condenatoria en su contra; sin embargo, en dicho agravio tampoco se efectúa mayor fundamentación, limitándose  a dichas expresiones, que por sí solas resultan insuficientes, por cuanto como bien se tiene señalado en la doctrina del Tribunal Supremo de Justicia para cuestionar la errónea valoración de la prueba no solo deben existir referencias a dicho error; sino, que se debe expresar y en su caso acreditar de manera objetiva que el Tribunal al momento de valorar la prueba ha vulnerado los principios de la lógica, la razón, del recto entendimiento humano, de tal suerte que lo expresado por el Tribunal respecto a la prueba y en concreto las conclusiones extraídas de dicho material, resulten absolutamente irracionales, ilógicas, incomprensibles; aspectos que, en el caso planteado no se observa, primero porque los imputados apelantes no saben explicar en qué, cómo y de qué forma existe errónea valoración de la prueba; y segundo, porque tampoco observa dicha falta de logicidad en la sentencia, por el contrario observa que el Tribunal después de la valoración conjunta y armónica de la prueba arriba a la conclusión de la existencia de los delitos acusados y la intervención y grados de participación de cada uno de los imputados.

  1. Con relación al inc. 6) del art. 370 del CPP; en la fundamentación de la sentencia, se establecieron hechos concretos, acreditados objetivamente a través de la prueba desfilada y valorada por la Sentencia; es así que, en el considerando III, describe once hechos probados, entre los que se señala que algunos miembros de la familia Lafuente García como ser el esposo de Teodolinda Félix Lafuente Quiroga, sus hijos Wilson, Jhonny Richard e Inés Lafuente García la nieta Fabiola Juany Rojas Lafuente el esposo José Torrejón Choque; además de Seyla Emilia Toledo Cornejo esposa de Jhonny Richard Cuba Ríos organizaron y planificaron como apoderarse de los dineros que tenían los esposos Cuba Ríos, estableciendo para ello quienes ejecutarían el hecho y quienes colaborarían en su ejecución y consumación; es así que, una vez que lograron convencer a los esposos Cuba Ríos para la adquisición de un lote de terreno ubicado en la zona de Purgatorio, Teodolinda y su hijo Wilson quedan de encontrarse el día sábado 19 de junio de 2010 a horas 14:30, en inmediaciones de la fábrica manaco, para dirigirse al lugar del lote y encontrarse con el supuesto propietario y realizar la transacción de la compra del lote. Que, de acuerdo a lo planificado a horas 13:45 los hermanos Jhonny Richard y Wilson Lafuente salen de su casa para dirigirse al lote de terreno, por su parte José Torrejón también sale de su casa casi a la misma hora para constituirse al mismo lugar, allí se ubican en un lugar oculto, estratégico para aguardar la llegada de los esposos Cuba Ríos. Wilson retorna a su casa para que junto a su madre se dirijan al lugar donde los esposos Cuba Ríos tenían que aguardarlos con su camión. Teodolinda y su hijo al llegar al lugar se suben al camión y conducen a los esposos hacia el lugar del lote, en el lugar Teodolinda y su hijo Wilson se bajan del camión indicando que irían en busca del propietario para realizar la transacción, mientras Teodolinda se aleja del lugar, Wilson, Jhonny Richard y José se acercan al camión donde aguardaban los esposos Cuba Ríos junto a sus dos nietas, empiezan a disparar primero a Cordiano Cuba de cerca y de frente en su cara, sin darle oportunidad de defenderse, Rosalía pretende escapar y recibe cuatro impactos de bala y una de las nietas cae de rodillas al suelo y recibe un impacto de bala en la cabeza mientras que la otra menor Sabrina queda en el lugar viva posiblemente porque se le acabó los proyectiles; posteriormente, se acercan a la cabina y sacan el aguayo con el dinero que tenía la venta de sus productos y se dan a la fuga. Así también se describe que Fabiola Juany Rojas Lafuente colaboró con lo planificado por Teodolinda Wilson y los otros imputados, así se tiene que viajó después del hecho a La Paz junto a su esposo José Torrejón Choque, su abuela Teodolinda y su tío Wilson para ponerse de acuerdo con los actos posteriores que realizarían como ser los actos preparatorios de fuga. Así también, se señala que Seyla Emilia Toledo Cornejo junto a su esposo Jhonny Richard vino desde Santa Cruz al llamado de Teodolinda García para la comisión del hecho delictivo, se quedó en la localidad de Quillacollo planificando y colaborando para la comisión del hecho delictivo, dando información falsa a los funcionarios policiales.


De expuesto, descrito y fundamentado por el Tribunal A quo concluye, que no es evidente lo afirmado por los imputados en sentido de que la sentencia se base en hechos inexistentes; por cuanto, como se tiene señalado anteriormente todos y cada uno de los hechos descritos como probados por el Tribunal se encuentran respaldados con la valoración descriptiva e intelectiva de toda la prueba que ha sido producida y consiguientemente debatida por las partes dentro de la audiencia de juicio oral.


III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE

VULNERACIÓN AL DEBIDO PROCESO


En el presente caso, este Tribunal ante la concurrencia de los presupuestos de flexibilización admitió únicamente el recurso de casación de la imputada Seyla Emilia Toledo Cornejo a los fines de evidenciar la vulneración del debido proceso por parte del Auto de Vista impugnado; ya que, contendría sólo una relación de hechos, con transcripciones parciales de la sentencia y los memoriales de apelación, manteniendo la subsunción al tipo penal descrito en la sentencia, no considerando, que jamás participó en la comisión de los delitos expresados en la sentencia, no existiendo prueba alguna que esté relacionada a su participación directa. Además, que el Tribunal de alzada no individualizó los supuestos delitos cometidos por cada uno de los imputados, en relación a tiempo y espacio; evidenciándose, que no efectuó una valoración correcta de todo el proceso, infringiendo el art. 370 incs. 1), 3), 4), 5) y 6) del CPP; en cuyo efecto, corresponde resolver la problemática planteada.


III.1.        El debido proceso en su elemento de fundamentación de las resoluciones.

Entre los componentes que rige el debido proceso como garantía constitucional de protección del Estado a las personas, se encuentra la fundamentación de las resoluciones judiciales, que a lo largo de la jurisprudencia ha sido ampliamente desarrollada; no obstante, resulta conveniente recalcar los parámetros de su entendimiento; es así que el Tribunal Constitucional, a través de la Sentencia Constitucional 1289/2010-R de 13 de septiembre, refirió: “La jurisprudencia del Tribunal Constitucional, contenida en la SC 0752/2002-R de 25 de junio, recogiendo lo señalado en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre, ha establecido que el derecho al debido proceso 'exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. Que, consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión”.

Así también, sobre la debida fundamentación, la doctrina legal aplicable de este Tribunal en el Auto Supremo 5 de 26 de enero de 2007, estableció que: La exigencia de motivación es una garantía constitucional de justicia, fundada en el régimen republicano de gobierno que, al asegurar la publicidad de las razones que tuvieron en cuenta los jueces para pronunciar sus sentencias, permiten el control del pueblo, sobre su conducta, resguardando con ello a los particulares y a la colectividad contra las decisiones arbitrarias de los jueces; la motivación responde también a otros fines, ya que podrán los interesados conocer las razones que justifican el fallo y decidir su aceptación o fundar su impugnación por los medios que la ley concede. Al mismo tiempo brinda al Tribunal de alzada el material necesario para ejercer su control, y finalmente sirve para crear la jurisprudencia, entendida como el conjunto de las enseñanzas que derivan de las sentencias judiciales.


De ahí que la motivación de los fallos emergentes de los recursos, debe ser expresa, clara, legítima y lógica.


a) Expresa: porque el Tribunal, no puede suplirla por una remisión a otros actos, o a las constancias del proceso, o reemplazarlas por una alusión de la prueba. La ley exige que el juzgador consigne las razones que determinan su decisorio, expresando sus propias argumentaciones de modo que sea controlable el iter lógico seguido por él, para arribar a la conclusión.


b) Clara: en la resolución, el objeto del pensar jurídico debe estar claramente determinado, de manera que produzca seguridad en el ánimo de quienes la conozcan, aún por los legos.


c) Completa: la exigencia comprende a todas las cuestiones planteadas por las partes en los diferentes recursos que se analizan, y a cada uno de los puntos decisivos que justifican cada conclusión. El Tribunal está obligado a considerar todas las cuestiones esenciales o fundamentales que determinan el fallo. En este sentido, cualquier aspecto de la indagación susceptible de valoración propia, asume individualidad a los fines de la obligación de motivar; y sobre la base del principio de exhaustividad habrá falta de motivación, cuando se omita la exposición de los razonamientos efectuados sobre un punto esencial de la decisión y sobre los hechos secundarios alegados en el mismo, porque la obligación de motivar alcanza también a ellos en cuanto comprenden el iter a través del cual el Tribunal llega a la conclusión sobre la causa petendi.


La motivación de los fallos emergentes de los recursos, para ser completa, debe referirse al petitum y al derecho, analizando la resolución impugnada y expresando las conclusiones a las que se arribe luego de un examen sobre la veracidad de las denuncias formuladas, resolver apartándose del petitum significa que el fallo incurre en un vicio de incongruencia.


El vicio de incongruencia como desajuste entre el fallo judicial y los términos en los que las partes han formulado su pretensión o pretensiones, en definitiva constituyen el objeto del recurso. Al conceder más, menos o cosa distinta a lo pedido, el órgano judicial incurre, en las formas de incongruencia conocidas como ultra petita, citra petita o extra petita partium.


d) Legítima: la legitimidad de la motivación se refiere tanto a la consideración de las denuncias formuladas, como a la obligación de revisar ex oficio la legitimidad del proceso. Por lo tanto, el fallo que se funda en la consideración de cuestiones alejadas del objeto particular del recurso deducido, no esta debidamente motivada.


e) Lógica: finalmente se exige que la sentencia cumpla con las reglas de logicidad, de ahí que el Tribunal valorará las cuestiones formuladas de un modo integral, empleando el razonamiento inductivo, verificando la observancia de las reglas de la sana crítica y exponiendo los razonamientos en que se fundamenta la decisión; es decir, sustentándolos en las reglas de la lógica, psicología y experiencia”.


De anterior, se establece que los Tribunales de alzada a momento de emitir sus fallos deben tener presente los referidos requisitos, pues su función de controlador debe abocarse a responder de manera fundamentada, no siendo necesaria una respuesta extensa o ampulosa, lo contrario sería incurrir en insuficiente fundamentación, vulnerando el debido proceso, incumpliendo las exigencias del art. 124 del CPP.


III.2. Valoración de la prueba según la sana crítica y su control por el Tribunal de alzada.


En el régimen procesal penal vigente, la valoración de la prueba está regida por el sistema de valoración de la sana crítica, así, el art. 173 del CPP señala: “El Juez o Tribunal asignará el valor correspondiente a cada uno de los elementos de prueba, con aplicación de las reglas de la sana crítica, justificando y fundamentando adecuadamente las razones por las cuales les otorga determinado valor, en base a la apreciación conjunta y armónica de toda la prueba esencial producida.” Ahora bien, la sana crítica implica que en la fundamentación de la Sentencia, el juzgador debe observar las reglas fundamentales de la lógica, la psicología y la experiencia.


Esta fundamentación o motivación sobre la base de la sana crítica, consiste en la operación lógica fundada en la certeza, observando los principios lógicos supremos que gobiernan la elaboración de los juicios (conclusiones) y dan base cierta para determinar si son verdaderos o falsos. Las leyes del pensamiento son leyes que se presentan en el raciocinio como necesarias, evidentes e indiscutibles a momento de analizar esas conclusiones. Leyes que, como es conocido en la doctrina, están regidas por los principios lógicos de identidad, contradicción, tercero excluido y razón suficiente.


Ante la impugnación de errónea valoración de la prueba; es decir, incorrecta aplicación de los anteriores criterios en la fundamentación de la Sentencia por el Juez o Tribunal de Sentencia, es el Tribunal de alzada el encargado de verificar si los argumentos y conclusiones de la Sentencia, reúnen los requisitos para ser considerados lógicos; esto es, que no contengan afirmaciones falsas, incoherentes o absurdas, lo que se podrá verificar, haciendo un análisis respecto de la valoración de la prueba, contrastando justamente con las señaladas leyes del pensamiento humano.


Ahora bien, el Tribunal de alzada para verificar y efectuar un análisis respecto a la valoración de la prueba, es obligación de quien interpone un recurso en la inobservancia de las reglas de la sana crítica, señalar las partes de la sentencia donde constarían los errores lógico-jurídicos, proporcionando además la solución que pretende en base a un análisis lógico explícito.


III.3. Análisis del caso concreto.


Sintetizada la denuncia en la que alega, vulneración al debido proceso por parte del Auto de Vista impugnado; ya que, contendría sólo una relación de hechos, con transcripciones parciales de la sentencia y los memoriales de apelación, manteniendo la subsunción al tipo penal descrito en la sentencia, pues jamás participó en la comisión de los delitos expresados en la sentencia, no existiendo prueba alguna que esté relacionada a su participación directa. Añade, que el Tribunal de alzada no individualizó los supuestos delitos cometidos por cada uno de los imputados, en relación a tiempo y espacio; evidenciándose, que no efectuó una valoración correcta de todo el proceso infringiendo el art. 370 incs. 1), 3), 4), 5) y 6) del CPP.

Ingresando al análisis del presente recurso, de la revisión de antecedentes, conforme se tiene extractado en el acápite II.2 de este Auto Supremo, la parte recurrente formuló recurso de apelación restringida alegando: 1. Inobservancia o errónea aplicación de la Ley sustantiva art. 370 inc. 1) del CPP: donde cuestionó la: a) Errónea aplicación del art. 23 del CP; puesto que, ninguna de las pruebas evidenciaría que hubiere prestado a los autores una colaboración dolosa para ejecutar el hecho delictivo; y, b) Inobservancia del artículo 13 del CP; por cuanto, no existe prueba testifical, literal, pericial, material o extraordinaria que hubiere evidenciado que su persona hubiere prestado a los autores una colaboración dolosa para ejecutar el hecho delictivo. 2. Violación al art. 370 inc. 5) del CPP; cuestionando que: i) La fundamentación de la sentencia es insuficiente y contradictoria; ya que, no cumpliría con lo previsto por los arts. 124 y 173 del CPP; ii) Falta de fundamentación probatoria intelectiva, ya que no efectuó una valoración detallada de las declaraciones de los policías testigos Eduardo Huanaco Salgado y Erwin Zenón Morales Rosas; y, iii) Adolece de fundamentación jurídica toda vez, que no aplicó el art. 13 del CP; 3. Violación al art. 370 inc. 6) del CPP; cuestionando que: a) La sentencia se basa en hechos no acreditados; puesto que, no existe ninguna evidencia material que demuestre que su persona haya realizado algún acto de cooperación o que en virtud de promesa anterior haya prestado ayuda o asistencia con posterioridad al hecho; y, b) La Sentencia se basa en valoración defectuosa de la prueba; puesto que no valora correctamente las pruebas testificales de cargo, que no reconocieron a su persona como partícipe de la comisión de los hechos delictivos, tampoco valoran las pruebas literales, materiales y periciales; y, 4. Considera que se aplicó erróneamente el art. 132 del CP; que en su conducta existiría falta de tipicidad, incurriendo en los defecto del art. 370 incs. 1), 5) y 6) del CPP.

Al respecto, el Tribunal de alzada abrió su competencia arguyendo que, de la revisión y lectura inextensa de los recursos de apelación planteados por los diferentes imputados, infiere que existen puntos de agravios que resultan coincidentes, por lo que ingresó a resolverlos de forma conjunta: así, respecto a la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, prevista por el art. 370 inc. 1) del CPP manifestó, que los argumentos planteados por la defensa de los imputados guardaban estrecha vinculación con otro de los puntos de apelación como es la insuficiente fundamentación probatoria contenida en la Sentencia prevista por el art. 370 inc. 5) del CPP; respecto a los cuales, previa exposición jurisprudencial sobre la debida fundamentación que debe contener una Sentencia, refiere que de la lectura de la Sentencia, identificó en principio los hechos probados, lo que se conoce como la fundamentación fáctica; posteriormente pasó a describir los elementos probatorios que han sido desfilados o judicializados en juicio oral, describiendo las pruebas testificales y documentales o literales que ingresaron a juicio oral, detallando específicamente a qué se refieren las mismas, que de igual manera había descrito lo esencial de las declaraciones de los testigos, explicando que es lo que manifestaron cada uno de los testigos respecto del hecho; posteriormente, el Tribunal de mérito ingresó a valorar de manera intelectiva la prueba y analizar íntegramente las pruebas producidas, apreciando uno por uno los elementos de convicción producidos, explicando el por qué dio un determinado valor a una prueba, aplicando las reglas de la sana crítica, explicó expresamente los motivos por los que a mérito de dicha valoración llegó a determinada convicción, para finalmente realizar una fundamentación jurídica y subsumir la conducta de cada uno de los imputados a cada uno de los tipos penales acusados. Añade el Tribunal de alzada, que la Sentencia efectuó una valoración descriptiva e intelectiva de la prueba y además una valoración conjunta y armónica de todo el material probatorio producido dentro de la audiencia de juicio oral; destacando, que si bien la defensa de los imputados casi en su generalidad indican que la valoración de la prueba es contradictoria y que no existen los elementos de convicción suficientes para el pronunciamiento de una sentencia condenatoria en su contra; sin embargo, enfatiza el Tribunal de alzada, que en dicho agravio, no efectuaron mayor fundamentación, limitándose a dichas expresiones, que por sí solas resultan insuficientes; ya que, como se tenía señalado en la doctrina del Tribunal Supremo de Justicia para cuestionar la errónea valoración de la prueba no solo debía existir referencias a dicho error; sino que se debía expresar y en su caso acreditar de manera objetiva que el Tribunal al momento de valorar la prueba ha vulnerado los principios de la lógica, la razón, del recto entendimiento humano, de tal suerte que lo expresado por el Tribunal respecto a la prueba y en concreto las conclusiones extraídas de dicho material, resulten absolutamente irracionales, ilógicas, incomprensibles; aspectos que no observó, primero, porque los imputados no supieron explicar en qué, cómo y de qué forma existe errónea valoración de la prueba; y, segundo porque tampoco observa, dicha falta de logicidad en la sentencia, por el contrario observa que después de la valoración conjunta y armónica de la prueba arriba a la conclusión de la existencia de los delitos acusados y la intervención y grados de participación de cada uno de los imputados.

Continuando con los fundamentos del Auto de Vista recurrido, con relación al inc. 6) del art. 370 del CPP; señaló que en la fundamentación de la sentencia se establecieron hechos concretos, acreditados objetivamente a través de la prueba desfilada y valorada por la Sentencia; es así que en el considerando III, describió once hechos probados, por lo que concluyó, que de lo expuesto, descrito y fundamentado por el Tribunal A quo, no era evidente lo afirmado por los imputados en sentido de que la sentencia se base en hechos inexistentes; por cuanto, de cada uno de los hechos descritos como probados, encontró respaldados con la valoración descriptiva e intelectiva de toda la prueba que fue producida; y consiguientemente, debatida por las partes dentro de la audiencia de juicio oral, fundamentos por los que desestimó la denuncia de la ahora recurrente.

De esa relación necesaria de antecedentes, se observa, que el Auto de Vista recurrido, no sólo contiene una relación de hechos, con transcripciones parciales de la Sentencia y los memoriales de apelación como afirma la recurrente; por el contrario, se tiene que ante la denuncia concerniente al defecto de la sentencia previsto por el art. 370 incs. 1) y 5) del CPP, el Auto de Vista efectuando su deber de control previa explicación de que ambos reclamos serán analizados de manera conjunta ante la similitud de las fundamentaciones de los motivos en los diferentes recursos de apelaciones interpuestos, constató, que la Sentencia contiene la debida fundamentación fáctica, la fundamentación probatoria descriptiva, la fundamentación probatoria intelectiva y la fundamentación jurídica; aspecto por el que mantuvo la subsunción a los tipos penales descritos en la Sentencia; toda vez, que explicó que la Sentencia efectuó una valoración descriptiva e intelectiva de la prueba y una valoración conjunta y armónica de todo el material probatorio producido dentro de la audiencia de juicio oral; aclarando que si bien los imputados alegaban que no existen los elementos de convicción suficientes para el pronunciamiento de una sentencia condenatoria, éstos no efectuaron mayor fundamentación; puesto que, para cuestionar la errónea valoración de la prueba no solo debía existir referencias a dicho error; sino que se debía expresar de manera objetiva que el Tribunal de mérito a momento de valorar la prueba vulneró los principios de la lógica, la razón, del recto entendimiento humano, lo que no había ocurrido; no obstante, constató que dicha falta de logicidad extrañada en la sentencia no era evidente, sino que observó, que la Sentencia de manera correcta arribó a la conclusión de la existencia de los delitos acusados y la intervención y grados de participación de cada uno de los imputados; argumentos que resultan suficientes y evidencian que el Tribunal de alzada efectuó una valoración de la sentencia, cumpliendo con los parámetros de la fundamentación; toda vez, que no solo se limitó a efectuar una relación de hechos, con transcripciones parciales de la sentencia y los memoriales de los recursos de apelación, sino que constató que la sentencia contiene la debida fundamentación en todos sus tipos; por lo que encontró, coherente la subsunción de la conducta de la imputada a los tipos penales en los grados por los que fue condenada.

Así también, aclaró que de los hechos descritos como probados en la Sentencia, encontró respaldado la valoración descriptiva e intelectiva de toda la prueba; entonces constató, la existencia de prueba relacionada a la participación de la recurrente en la comisión de los tipos penales por los que fue condenada, por lo que desestimó las denuncias; consiguientemente, no se advierte la vulneración del debido proceso, ni que hubiere infringido el art. 370 inc. 1), 3), 4), 5) y 6) del CPP como arguye la recurrente; pues, la misma no dio mayores argumentaciones de cómo se hubiere infringido el referido artículo en sus diferentes incisos; consecuentemente, este punto del motivo de casación deviene en infundado.

En cuanto, a que el Tribunal de alzada no individualizó los supuestos delitos cometidos por cada uno de los imputados, en relación a tiempo y espacio. Al respecto, de la revisión del recurso de apelación restringida conforme se tiene de antecedentes, se advierte que el referido cuestionamiento no fue puesto a conocimiento del Tribunal de alzada; entonces, resultaría ilógico, exigir pronunciamiento alguno, sobre una temática que dicho Tribunal no tuvo oportunidad de conocer; aspecto que, evidencia, que de ninguna manera se quebrantó el derecho al debido proceso que alega la recurrente; por cuanto, el Auto de Vista recurrido resolvió los puntos expresamente recurridos en apelación restringida, no encontrándose en ellos el motivo que recién trae a casación; toda vez, que dicho reclamo debió efectuarlo en la interposición de su recurso de apelación restringida, lo que no ocurrió; en consecuencia, el presente punto del motivo deviene en infundado.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Seyla Emilia Toledo Cornejo.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Edwin Aguayo Arando 

Magistrado Dr. Olvis Eguez Oliva

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos